El secuestro contradicciones y falsedades*
Tomado de La Jornada, Hernández.Verónica Espinosa
Tan compleja como el personaje mismo, la naturaleza del plagio contra el exsenador Diego Fernández de Cevallos revela los vicios del sistema panista: mentiras, contradicciones, torpezas... Del tamaño del poder adquirido por el Jefe Diego a base de relaciones inconfesables y tráfico de influencias es la incapacidad del gobierno de Felipe Calderón para conducirse con transparencia, con eficacia. Cerrazón informativa gubernamental, autocensura en medios electrónicos, son la norma... Y entretanto las especulaciones toman por asalto la credibilidad de los mexicanos.
SAN JUAN DEL RÍO, QRO.- “Es él. Es Diego”.
Eran las cinco de la tarde del viernes 21 cuando las procuradurías general de la República y la de Querétaro tuvieron que admitir la realidad que ocultaron durante seis días: el exsenador panista no estaba “desaparecido”, sino secuestrado.
El jueves 20 por la noche comenzó a circular en las redes sociales una fotografía de Diego Fernández de Cevallos enviada desde el correo electrónico misteriosos.desaparecedores@yahoo.com.mx. La imagen fue publicada el viernes 21 en los periódicos El Universal y Reforma y en ella aparece el exsenador con los ojos vendados.
Está de pie y tiene frente a él un letrero con la fecha del domingo 16 de mayo. Desnudo su torso y casi blancos el bigote y la barba, piel apiñonada, frente amplia y algunas manchas en el rostro. Sus hombros están encogidos.
Junto a la fotografía, el siguiente mensaje: “El Jefe Diego goza de cabal salud, y manda enternecido saludo a quienes lo quieren y hasta rezan por él”. Asimismo, ordena a su hijo exigir a las autoridades desbloquear la comunicación y mantenerse al margen de la negociación que su familia ofrece de manera pública por su liberación.
Y remata: “Seguiremos informando.
“Los misteriosos desaparecedores.
“20-05-10”.
“Es él”, comentan sus hermanos a Proceso el mismo viernes 21 por la tarde. “Si lo tuviera enfrente y le pusiera una venda en los ojos, lo reconocería de inmediato”, dice uno de ellos.
Poco antes los peritos que apoyan a la familia del panista les confirmaron la autenticidad de la imagen. Los especialistas les explicaron que Diego fue puesto de pie ante un muro por sus secuestradores. El plástico negro que se observa al fondo es para ocultar los detalles del sitio donde lo tienen secuestrado e impedir su localización.
Sobre el torso desnudo y con los brazos a los costados, le amarraron con una cinta el papel que muestra la fecha del domingo 16. Sus hombros se ven tensos, incluso tiene un golpe en el lado izquierdo, encima del labio superior. Esa parte del rostro y la nariz están hinchadas.
Lo que sorprendió a la familia Fernández de Cevallos es que en el mensaje atribuido a Diego el exsenador utiliza el término “enternecido saludo”, una expresión que, dicen, emplea con frecuencia.
Con esas pruebas, los familiares de Fernández de Cevallos pidieron al exprocurador Antonio Lozano Gracia, amigo y colaborador de Diego, que difundiera un mensaje en el que pedían a los gobiernos federal y estatal dejar de investigar.
“Agradecemos a las autoridades su diligente y comprometido actuar desde que se confirmó la desaparición del Lic. Diego Fernández de Cevallos, pero solicitamos encarecidamente que se mantengan al margen de este proceso, para así favorecer la negociación, anteponiendo la vida e integridad de nuestro padre”, decía el mensaje entregado a los medios de comunicación de la Ciudad de México.
El lunes 17 Lozano Gracia entregó un primer comunicado firmado por Diego Fernández de Cevallos Gutiérrez, hijo del plagiado, a través de medios electrónicos, para pedir “a quienes tuvieran cautivo a Diego Fernández establecer contacto para entablar una negociación que permitiera su liberación”.
Había molestia entre hijos y hermanos de Diego puesto que, a pesar de que las líneas de investigación y todas las señales apuntaban al secuestro, la PGR y la procuraduría estatal insistían en desplegar operativos de búsqueda, realizar peritajes en la finca y sus alrededores, rastreos con agentes de la Dirección de Investigación del Delito, así como en manejar la versión de que el político queretano estaba desparecido.
El domingo 16, en Santander, España, durante su visita oficial en ese país, Calderón declaró que, “si pudiera”, transmitiría un mensaje a Diego para decirle que sus hijos “están orando” por él, “pero también siguiendo su ejemplo de valor, entereza y gallardía, y están firmes en la esperanza de recuperar a su padre”. Y el propio anfitrión, el jefe de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, condenó el “secuestro” del exsenador panista.
Despliegues ostentosos
Desde el sábado 15, los aparatosos operativos de los agentes federales y estatales se concentraron en las inmediaciones de la finca del rancho La Cabaña, una de las tantas propiedades que Fernández de Cevallos tiene entre San Juan del Río y Querétaro, en el municipio de Pedro Escobedo, a unos pocos kilómetros de la autopista federal 57.
Para el domingo 16, un avión con radar y peritos del Ejército llegaron al lugar con sus equipos para rastrear armas. El despliegue se prolongó durante varios días, pero no se instaló ningún retén carretero. Los vehículos circulaban por la carretera federal sin ningún problema.
Los familiares del secuestrado aseguran que ese inusual despliegue policiaco era pura simulación. Las autoridades estatales y federales querían demostrar que Lse estaba haciendo todo lo posible por localizar a Fernández de Cevallos”, pero en realidad sólo dificultaron el contacto con los plagiarios, quienes desde el principio exigieron el retiro de las fuerzas de seguridad de las inmediaciones del rancho La Cabaña.
También comentan que les extrañó que desde el principio la Procuraduría General de la República (PGR) no atrajera la investigación del caso, aun cuando el procurador Arturo Chávez Chávez trabajó en el despacho de Fernández de Cevallos.
Durante seis días fue la procuraduría estatal, encabezada por Arsenio Durán, la que inició la averiguación previa SC/31/2010. Durante ese lapso hubo jaloneos. Y aunque el gobierno del priista José Calzada Rovirosa esperaba que la PGR atrajera el asunto, asegura a Proceso una fuente cercana a las investigaciones, la dependencia federal no actuó.
Los tres comunicados oficiales sobre la “desaparición” del excandidato panista a la Presidencia en 1994 fueron emitidos por la procuraduría estatal. El primero se difundió el sábado 15 a las 20:30 horas.
A Calzada Rovirosa le preocupaban las consecuencias que traería el secuestro de Diego a la entidad, así como la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad locales; incluso modificó su agenda para dedicarse ciento por ciento al caso.
El mandatario organizó encuestas a lo largo del país para saber con detalle lo que se opinaba sobre el secuestro de Fernández de Cevallos. La PGR fue la dependencia “más golpeada” mediáticamente por el plagio del exsenador.
El Comité Estatal del PAN optó por organizar a sus correligionarios para que oraran por la aparición de Diego. El miércoles 19, el presidente estatal del partido, el diputado Ricardo Anaya Cortés, decidió colocar anuncios espectaculares en distintos puntos de la capital queretana con el mensaje: “Diego, estamos contigo”; otros tenían la leyenda: “Por un Querétaro seguro y en paz”.
Sin embargo, desde el martes 18 el gobierno federal y el propio Calzada Rovirosa sabían que Diego había sido secuestrado. Aun así prefirieron seguirlo ocultando a los medios de comunicación. En la víspera, la intervención de Lozano Gracia, así como de los hijos mayores de Fernández de Cevallos y algunos de sus hermanos tensaron el ambiente, sobre todo por el rechazo de las autoridades federales y estatales.
Los hijos Diego se quejan porque, dicen, aun cuando asistieron a las reuniones de Gabinete de Seguridad desde el principio, nunca vieron ninguna pista concreta en las investigaciones.
El cerrojazo
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, optó por decir a los medios que guardaran silencio sobre el plagio, luego de que Lozano Gracia, a nombre de la familia Fernández de Cevallos, pidió a las autoridades ser discretas en el manejo de las investigaciones.
Joaquín López Dóriga, conductor de El Noticiero, fue el primero en plegarse a la estrategia del silencio. El gobernador Calzada Rovirosa también lo hizo a su manera y retomó su agenda pública, mientras que los panistas queretanos tuvieron que retirar el miércoles 19 los anuncios panorámicos por instrucciones del presidente del CEN de su partido, César Nava.
Con todo, el gobierno federal no aguantaba la presión. El viernes 21, conocida ya la foto en la que Diego Fernández de Cevallos aparece vendado y ante la presión de la familia del secuestrado, el presidente nacional del PAN, César Nava, todavía intentó ocultar el secuestro.
Gómez Mont también quiso atenuar la situación: “Ustedes deben entender que nosotros estamos obligados a ser respetuosos, cautelosos y discretos”, dijo Gómez Mont a reporteros en un evento del Club de Industriales. Incluso rezó, dijo, con la esperanza de “encontrar a Diego con vida”.
El jueves 13 y el viernes 14, los dos días previos al secuestro, Fernández de Cevallos estuvo en el municipio de Jerécuaro, Guanajuato, en la hacienda La Barranca, que adquirió hace cinco años.
Llegó el jueves para supervisar la construcción de viviendas que pretendía regalar a los habitantes del rancho en un terreno que donó para ese fin, informaron el sábado 15 al diario local Correo varios trabajadores del exsenador.
Durmió en La Barranca y el viernes 14 por la tarde salió en su camioneta rumbo a Querétaro, señalaron al diario Correo dos hombres y dos mujeres que trabajan en el rancho La Barranca. También comentaron que lo vieron por última vez poco antes de las seis de la tarde.
El sábado 15, cuatro empleados del rancho La Barranca, ubicado en el municipio de Yerécuaro, Guanajuato, comprado por Diego Fernández de Cevallos, declararon a Correo que vieron a su patrón por última vez el viernes 14 alrededor de las seis de la tarde.
Ese mismo día el velador del rancho La Cabaña declaró ante el Ministerio Público que alrededor de las 23 horas oyó llegar la camioneta de su patrón. Sin embargo, aclaró que no lo vio. Fue hasta el sábado 15, a las 7 de la mañana, cuando se dio cuenta de que Diego no estaba.
Al día siguiente, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, y el gobernador de Querétaro, José Calzada, anunciaron, al término de una reunión de cinco horas en las instalaciones de la XVII Zona Militar, la constitución de un grupo interinstitucional en el que participarían las corporaciones de los estados vecinos.
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Diego, el general y Amado Carrillo*
Jesusa Cervantes, Jorge Carrasco y José Gil Olmos
Ambos tienen gran influencia en sus ámbitos, el político y el militar. Diego Fernández de Cevallos y Arturo Acosta Chaparro han sido acusados de tener vínculos con el cártel de Juárez y se movieron con recobrada fuerza en el sexenio de Felipe Calderón. Sus destinos se cruzaron a raíz del secuestro del exsenador el viernes 14, y para el martes 18 ya los unía otra circunstancia: el pez gordo de la política seguía desaparecido y el general era baleado.
Las investigaciones para localizar al exsenador panista Diego Fernández de Cevallos, desaparecido desde la noche del viernes 14, están a cargo del general Arturo Acosta Chaparro, quien hace tres años fue exonerado por el Ejército de las acusaciones que lo implicaban con el narcotráfico y actualmente permanece en el Hospital Central Militar después de que un hombre lo baleó la noche del martes 18.
A los dos se les han atribuido, en distintos momentos, relaciones con el crimen organizado, en particular con el cártel de Juárez y quien fuera su líder, Amado Carrillo Fuentes. Ambos fueron blanco de agresiones en menos de una semana.
Consultadas por Proceso, fuentes que han estado cerca de la indagatoria que se sigue en Querétaro y otras cercanas al general afirman que éste fue “contratado” por “un despacho” ligado a Diego Fernández de Cevallos y a Lozano Gracia.
Este semanario también recabó versiones en el sentido de que los servicios de Acosta los solicitó directamente la familia del político y de que el militar había comenzado a trabajar en algunas hipótesis iniciales:
Una de ellas es que el plagio habría sido motivado por asuntos que involucran a Miguel Fernández de Cevallos, hermano de Diego.
De hecho, uno de los hijos de Miguel –dice una de las fuentes– aseguró en sus primeras declaraciones ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el viernes 14 iba en su auto por la carretera federal cuando vio a su tío Diego en el asiento trasero de una camioneta, custodiado por dos hombres vestidos de blanco; declaración que no fue creíble para las autoridades.
Otras hipótesis que presuntamente verificaba Acosta Chaparro son las del narcosecuestro y la guerrilla.
Uno de sus primeros objetivos fue el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), por su supuesta relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dicen a Proceso fuentes cercanas al militar.
Con un destacado historial en la represión de la guerrilla entre los años sesenta y ochenta, y ahora en su condición de asesor de primera línea de la Sedena, Acosta Chaparro se concentró en la información sobre la alegada relación de las FARC con grupos guerrilleros y del narcotráfico en México.
Desarrollaba esa línea de investigación cuando, la noche del martes 18, en la colonia Roma de la Ciudad de México, fue atacado por un sujeto que le disparó con un arma de fuego al momento de que el militar salía de la empresa de seguridad privada Elim.
Apenas unas horas antes, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se había deslindado de la desaparición de Fernández de Cevallos.
“Se están deslindando, pero no les creas. Ese deslinde no quiere decir nada”, le comentó Acosta Chaparro a uno de sus hermanos con quien estaba llevando la investigación, según refieren las fuentes, y advirtió: “La agresión en su contra no fue un accidente. Fue un aviso para que no se meta”.
El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Guillermo Garduño Valero, especializado en fuerzas armadas y seguridad nacional, coincide: “Por el sistema de información que manejó por décadas y gracias a las puertas que le abrió el actual gobierno para seguir manejando información sobre grupos guerrilleros, se puede focalizar por dónde pudo venir el ataque”.
En esa línea, señala: “El atacante sabía quién era, que no debía matarlo sino dejarlo fuera de la investigación. Eso explicaría que a pesar de haber ingresado por su propio pie al Hospital Central Militar lo hayan declarado grave”.
Quienes informaron a Proceso de la participación de Acosta Chaparro en la indagatoria corroboran que desde su exoneración y liberación el general empezó a prestar servicios a la Presidencia de la República.
Incluso, afirman, entrenó a un grupo de élite del Ejército para constituir la avanzada en operativos contra el crimen organizado, específicamente en el estado de Chihuahua. No obstante, aclaran que el militar ya no trabaja para la Presidencia y únicamente brinda asesoría a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Al cierre de esta edición su estado de salud aún era grave, porque el único proyectil que hizo blanco en su cuerpo lo hizo por el abdomen y salió por un costado.
La certeza sobre la relación entre el atentado contra el general y la desaparición de Diego Fernández está en manos del Ejército, porque el primer delito fue denunciado ante el Ministerio Público Militar. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal únicamente es coadyuvante en el caso y hasta el momento no cuenta con la declaración de Acosta.
Las medallas del general
Como resultado de una investigación que la PGR abrió en enero de 1996 –justo cuando su hasta entonces titular, Antonio Lozano Gracia, iba de salida–, la dependencia dio a conocer al año siguiente que se había detectado que el general Acosta Chaparro, junto con otro militar, protegía a Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez.
También el Ejército lo investigaba. Uno de los reportes de la Subjefatura de Inteligencia de la Sección Segunda del Ejército, fechado el 4 de abril de 1997 y dirigido a un general de apellido Sánchez, refiere una reunión del general Acosta Chaparro con Amado Carrillo. “Esta reunión –dice el informe– se realizó en una casa, en Jalisco, del exlíder nacional del PRI Javier García Paniagua”.
Tres meses después de ese encuentro, en julio de 1997, Amado Carrillo murió en el hospital Santa Mónica.
Al año siguiente, como parte del llamado Maxiproceso que realizó la PGR, Acosta Chaparro fue nuevamente investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico junto con el también general Francisco Quiroz Hermosillo.
Ambos fueron señalados por tres testigos protegidos: Carlos Colín Padilla, operador financiero del cártel de Juárez; Adrián Carrera Fuentes, exdirector de la Policía Judicial Federal, y Tomás Colsa MacGregor, un joyero que fue proveedor de varios narcotraficantes.
Las indagaciones sobre Acosta Chaparro continuaron hasta 2000. En septiembre de ese año fue detenido y procesado por sus presuntos vínculos con El Señor de los Cielos. El procurador militar que inició las indagaciones en su contra y determinó que era culpable fue Rafael Macedo de la Concha, quien meses más tarde, el 1 de diciembre, fue nombrado procurador general de la República por Vicente Fox, el primer presidente panista.
Tras el consejo de guerra al que fue sometido Acosta Chaparro en 2002, el general Tomás Ángeles Dahuajare lo condenó también a perder el grado y todos sus derechos.
Al iniciarse ese proceso, organizaciones de derechos humanos y familias afectadas por la desaparición de activistas sociales de Guerrero durante la guerra sucia de los años setenta interpusieron denuncias en su contra. Lo responsabilizaron de la desaparición y asesinato de varios líderes sociales. Estos cargos se sumaron al proceso por vínculos con el narcotráfico.
Poco antes de que concluyera el sexenio de Vicente Fox, en junio de 2006 Acosta fue absuelto por el Juzgado Cuarto Militar de la acusación de homicidio calificado, relacionada con la desaparición de 22 presuntos guerrilleros.
Con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia, la suerte de Acosta Chaparro cambió por completo: el “máximo jefe de las fuerzas armadas” lo exoneró siete meses después de su accidentada toma de posesión. El 29 de junio de 2007 Acosta Chaparro abandonó el Campo Militar número 1; y el 23 de abril de 2008, en la ceremonia de retiro de 23 generales del Ejército, se le devolvieron todas las condecoraciones que en 2002 le quitó el general Ángeles Dahuajare (actualmente en retiro).
No sólo eso: Acosta Chaparro recibió una nueva condecoración por 45 años de servicio con “patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.
Tan compleja como el personaje mismo, la naturaleza del plagio contra el exsenador Diego Fernández de Cevallos revela los vicios del sistema panista: mentiras, contradicciones, torpezas... Del tamaño del poder adquirido por el Jefe Diego a base de relaciones inconfesables y tráfico de influencias es la incapacidad del gobierno de Felipe Calderón para conducirse con transparencia, con eficacia. Cerrazón informativa gubernamental, autocensura en medios electrónicos, son la norma... Y entretanto las especulaciones toman por asalto la credibilidad de los mexicanos.
SAN JUAN DEL RÍO, QRO.- “Es él. Es Diego”.
Eran las cinco de la tarde del viernes 21 cuando las procuradurías general de la República y la de Querétaro tuvieron que admitir la realidad que ocultaron durante seis días: el exsenador panista no estaba “desaparecido”, sino secuestrado.
El jueves 20 por la noche comenzó a circular en las redes sociales una fotografía de Diego Fernández de Cevallos enviada desde el correo electrónico misteriosos.desaparecedores@yahoo.com.mx. La imagen fue publicada el viernes 21 en los periódicos El Universal y Reforma y en ella aparece el exsenador con los ojos vendados.
Está de pie y tiene frente a él un letrero con la fecha del domingo 16 de mayo. Desnudo su torso y casi blancos el bigote y la barba, piel apiñonada, frente amplia y algunas manchas en el rostro. Sus hombros están encogidos.
Junto a la fotografía, el siguiente mensaje: “El Jefe Diego goza de cabal salud, y manda enternecido saludo a quienes lo quieren y hasta rezan por él”. Asimismo, ordena a su hijo exigir a las autoridades desbloquear la comunicación y mantenerse al margen de la negociación que su familia ofrece de manera pública por su liberación.
Y remata: “Seguiremos informando.
“Los misteriosos desaparecedores.
“20-05-10”.
“Es él”, comentan sus hermanos a Proceso el mismo viernes 21 por la tarde. “Si lo tuviera enfrente y le pusiera una venda en los ojos, lo reconocería de inmediato”, dice uno de ellos.
Poco antes los peritos que apoyan a la familia del panista les confirmaron la autenticidad de la imagen. Los especialistas les explicaron que Diego fue puesto de pie ante un muro por sus secuestradores. El plástico negro que se observa al fondo es para ocultar los detalles del sitio donde lo tienen secuestrado e impedir su localización.
Sobre el torso desnudo y con los brazos a los costados, le amarraron con una cinta el papel que muestra la fecha del domingo 16. Sus hombros se ven tensos, incluso tiene un golpe en el lado izquierdo, encima del labio superior. Esa parte del rostro y la nariz están hinchadas.
Lo que sorprendió a la familia Fernández de Cevallos es que en el mensaje atribuido a Diego el exsenador utiliza el término “enternecido saludo”, una expresión que, dicen, emplea con frecuencia.
Con esas pruebas, los familiares de Fernández de Cevallos pidieron al exprocurador Antonio Lozano Gracia, amigo y colaborador de Diego, que difundiera un mensaje en el que pedían a los gobiernos federal y estatal dejar de investigar.
“Agradecemos a las autoridades su diligente y comprometido actuar desde que se confirmó la desaparición del Lic. Diego Fernández de Cevallos, pero solicitamos encarecidamente que se mantengan al margen de este proceso, para así favorecer la negociación, anteponiendo la vida e integridad de nuestro padre”, decía el mensaje entregado a los medios de comunicación de la Ciudad de México.
El lunes 17 Lozano Gracia entregó un primer comunicado firmado por Diego Fernández de Cevallos Gutiérrez, hijo del plagiado, a través de medios electrónicos, para pedir “a quienes tuvieran cautivo a Diego Fernández establecer contacto para entablar una negociación que permitiera su liberación”.
Había molestia entre hijos y hermanos de Diego puesto que, a pesar de que las líneas de investigación y todas las señales apuntaban al secuestro, la PGR y la procuraduría estatal insistían en desplegar operativos de búsqueda, realizar peritajes en la finca y sus alrededores, rastreos con agentes de la Dirección de Investigación del Delito, así como en manejar la versión de que el político queretano estaba desparecido.
El domingo 16, en Santander, España, durante su visita oficial en ese país, Calderón declaró que, “si pudiera”, transmitiría un mensaje a Diego para decirle que sus hijos “están orando” por él, “pero también siguiendo su ejemplo de valor, entereza y gallardía, y están firmes en la esperanza de recuperar a su padre”. Y el propio anfitrión, el jefe de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, condenó el “secuestro” del exsenador panista.
Despliegues ostentosos
Desde el sábado 15, los aparatosos operativos de los agentes federales y estatales se concentraron en las inmediaciones de la finca del rancho La Cabaña, una de las tantas propiedades que Fernández de Cevallos tiene entre San Juan del Río y Querétaro, en el municipio de Pedro Escobedo, a unos pocos kilómetros de la autopista federal 57.
Para el domingo 16, un avión con radar y peritos del Ejército llegaron al lugar con sus equipos para rastrear armas. El despliegue se prolongó durante varios días, pero no se instaló ningún retén carretero. Los vehículos circulaban por la carretera federal sin ningún problema.
Los familiares del secuestrado aseguran que ese inusual despliegue policiaco era pura simulación. Las autoridades estatales y federales querían demostrar que Lse estaba haciendo todo lo posible por localizar a Fernández de Cevallos”, pero en realidad sólo dificultaron el contacto con los plagiarios, quienes desde el principio exigieron el retiro de las fuerzas de seguridad de las inmediaciones del rancho La Cabaña.
También comentan que les extrañó que desde el principio la Procuraduría General de la República (PGR) no atrajera la investigación del caso, aun cuando el procurador Arturo Chávez Chávez trabajó en el despacho de Fernández de Cevallos.
Durante seis días fue la procuraduría estatal, encabezada por Arsenio Durán, la que inició la averiguación previa SC/31/2010. Durante ese lapso hubo jaloneos. Y aunque el gobierno del priista José Calzada Rovirosa esperaba que la PGR atrajera el asunto, asegura a Proceso una fuente cercana a las investigaciones, la dependencia federal no actuó.
Los tres comunicados oficiales sobre la “desaparición” del excandidato panista a la Presidencia en 1994 fueron emitidos por la procuraduría estatal. El primero se difundió el sábado 15 a las 20:30 horas.
A Calzada Rovirosa le preocupaban las consecuencias que traería el secuestro de Diego a la entidad, así como la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad locales; incluso modificó su agenda para dedicarse ciento por ciento al caso.
El mandatario organizó encuestas a lo largo del país para saber con detalle lo que se opinaba sobre el secuestro de Fernández de Cevallos. La PGR fue la dependencia “más golpeada” mediáticamente por el plagio del exsenador.
El Comité Estatal del PAN optó por organizar a sus correligionarios para que oraran por la aparición de Diego. El miércoles 19, el presidente estatal del partido, el diputado Ricardo Anaya Cortés, decidió colocar anuncios espectaculares en distintos puntos de la capital queretana con el mensaje: “Diego, estamos contigo”; otros tenían la leyenda: “Por un Querétaro seguro y en paz”.
Sin embargo, desde el martes 18 el gobierno federal y el propio Calzada Rovirosa sabían que Diego había sido secuestrado. Aun así prefirieron seguirlo ocultando a los medios de comunicación. En la víspera, la intervención de Lozano Gracia, así como de los hijos mayores de Fernández de Cevallos y algunos de sus hermanos tensaron el ambiente, sobre todo por el rechazo de las autoridades federales y estatales.
Los hijos Diego se quejan porque, dicen, aun cuando asistieron a las reuniones de Gabinete de Seguridad desde el principio, nunca vieron ninguna pista concreta en las investigaciones.
El cerrojazo
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, optó por decir a los medios que guardaran silencio sobre el plagio, luego de que Lozano Gracia, a nombre de la familia Fernández de Cevallos, pidió a las autoridades ser discretas en el manejo de las investigaciones.
Joaquín López Dóriga, conductor de El Noticiero, fue el primero en plegarse a la estrategia del silencio. El gobernador Calzada Rovirosa también lo hizo a su manera y retomó su agenda pública, mientras que los panistas queretanos tuvieron que retirar el miércoles 19 los anuncios panorámicos por instrucciones del presidente del CEN de su partido, César Nava.
Con todo, el gobierno federal no aguantaba la presión. El viernes 21, conocida ya la foto en la que Diego Fernández de Cevallos aparece vendado y ante la presión de la familia del secuestrado, el presidente nacional del PAN, César Nava, todavía intentó ocultar el secuestro.
Gómez Mont también quiso atenuar la situación: “Ustedes deben entender que nosotros estamos obligados a ser respetuosos, cautelosos y discretos”, dijo Gómez Mont a reporteros en un evento del Club de Industriales. Incluso rezó, dijo, con la esperanza de “encontrar a Diego con vida”.
El jueves 13 y el viernes 14, los dos días previos al secuestro, Fernández de Cevallos estuvo en el municipio de Jerécuaro, Guanajuato, en la hacienda La Barranca, que adquirió hace cinco años.
Llegó el jueves para supervisar la construcción de viviendas que pretendía regalar a los habitantes del rancho en un terreno que donó para ese fin, informaron el sábado 15 al diario local Correo varios trabajadores del exsenador.
Durmió en La Barranca y el viernes 14 por la tarde salió en su camioneta rumbo a Querétaro, señalaron al diario Correo dos hombres y dos mujeres que trabajan en el rancho La Barranca. También comentaron que lo vieron por última vez poco antes de las seis de la tarde.
El sábado 15, cuatro empleados del rancho La Barranca, ubicado en el municipio de Yerécuaro, Guanajuato, comprado por Diego Fernández de Cevallos, declararon a Correo que vieron a su patrón por última vez el viernes 14 alrededor de las seis de la tarde.
Ese mismo día el velador del rancho La Cabaña declaró ante el Ministerio Público que alrededor de las 23 horas oyó llegar la camioneta de su patrón. Sin embargo, aclaró que no lo vio. Fue hasta el sábado 15, a las 7 de la mañana, cuando se dio cuenta de que Diego no estaba.
Al día siguiente, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, y el gobernador de Querétaro, José Calzada, anunciaron, al término de una reunión de cinco horas en las instalaciones de la XVII Zona Militar, la constitución de un grupo interinstitucional en el que participarían las corporaciones de los estados vecinos.
+++++++++++++++
Diego, el general y Amado Carrillo*
Jesusa Cervantes, Jorge Carrasco y José Gil Olmos
Ambos tienen gran influencia en sus ámbitos, el político y el militar. Diego Fernández de Cevallos y Arturo Acosta Chaparro han sido acusados de tener vínculos con el cártel de Juárez y se movieron con recobrada fuerza en el sexenio de Felipe Calderón. Sus destinos se cruzaron a raíz del secuestro del exsenador el viernes 14, y para el martes 18 ya los unía otra circunstancia: el pez gordo de la política seguía desaparecido y el general era baleado.
Las investigaciones para localizar al exsenador panista Diego Fernández de Cevallos, desaparecido desde la noche del viernes 14, están a cargo del general Arturo Acosta Chaparro, quien hace tres años fue exonerado por el Ejército de las acusaciones que lo implicaban con el narcotráfico y actualmente permanece en el Hospital Central Militar después de que un hombre lo baleó la noche del martes 18.
A los dos se les han atribuido, en distintos momentos, relaciones con el crimen organizado, en particular con el cártel de Juárez y quien fuera su líder, Amado Carrillo Fuentes. Ambos fueron blanco de agresiones en menos de una semana.
Consultadas por Proceso, fuentes que han estado cerca de la indagatoria que se sigue en Querétaro y otras cercanas al general afirman que éste fue “contratado” por “un despacho” ligado a Diego Fernández de Cevallos y a Lozano Gracia.
Este semanario también recabó versiones en el sentido de que los servicios de Acosta los solicitó directamente la familia del político y de que el militar había comenzado a trabajar en algunas hipótesis iniciales:
Una de ellas es que el plagio habría sido motivado por asuntos que involucran a Miguel Fernández de Cevallos, hermano de Diego.
De hecho, uno de los hijos de Miguel –dice una de las fuentes– aseguró en sus primeras declaraciones ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el viernes 14 iba en su auto por la carretera federal cuando vio a su tío Diego en el asiento trasero de una camioneta, custodiado por dos hombres vestidos de blanco; declaración que no fue creíble para las autoridades.
Otras hipótesis que presuntamente verificaba Acosta Chaparro son las del narcosecuestro y la guerrilla.
Uno de sus primeros objetivos fue el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), por su supuesta relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dicen a Proceso fuentes cercanas al militar.
Con un destacado historial en la represión de la guerrilla entre los años sesenta y ochenta, y ahora en su condición de asesor de primera línea de la Sedena, Acosta Chaparro se concentró en la información sobre la alegada relación de las FARC con grupos guerrilleros y del narcotráfico en México.
Desarrollaba esa línea de investigación cuando, la noche del martes 18, en la colonia Roma de la Ciudad de México, fue atacado por un sujeto que le disparó con un arma de fuego al momento de que el militar salía de la empresa de seguridad privada Elim.
Apenas unas horas antes, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se había deslindado de la desaparición de Fernández de Cevallos.
“Se están deslindando, pero no les creas. Ese deslinde no quiere decir nada”, le comentó Acosta Chaparro a uno de sus hermanos con quien estaba llevando la investigación, según refieren las fuentes, y advirtió: “La agresión en su contra no fue un accidente. Fue un aviso para que no se meta”.
El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Guillermo Garduño Valero, especializado en fuerzas armadas y seguridad nacional, coincide: “Por el sistema de información que manejó por décadas y gracias a las puertas que le abrió el actual gobierno para seguir manejando información sobre grupos guerrilleros, se puede focalizar por dónde pudo venir el ataque”.
En esa línea, señala: “El atacante sabía quién era, que no debía matarlo sino dejarlo fuera de la investigación. Eso explicaría que a pesar de haber ingresado por su propio pie al Hospital Central Militar lo hayan declarado grave”.
Quienes informaron a Proceso de la participación de Acosta Chaparro en la indagatoria corroboran que desde su exoneración y liberación el general empezó a prestar servicios a la Presidencia de la República.
Incluso, afirman, entrenó a un grupo de élite del Ejército para constituir la avanzada en operativos contra el crimen organizado, específicamente en el estado de Chihuahua. No obstante, aclaran que el militar ya no trabaja para la Presidencia y únicamente brinda asesoría a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Al cierre de esta edición su estado de salud aún era grave, porque el único proyectil que hizo blanco en su cuerpo lo hizo por el abdomen y salió por un costado.
La certeza sobre la relación entre el atentado contra el general y la desaparición de Diego Fernández está en manos del Ejército, porque el primer delito fue denunciado ante el Ministerio Público Militar. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal únicamente es coadyuvante en el caso y hasta el momento no cuenta con la declaración de Acosta.
Las medallas del general
Como resultado de una investigación que la PGR abrió en enero de 1996 –justo cuando su hasta entonces titular, Antonio Lozano Gracia, iba de salida–, la dependencia dio a conocer al año siguiente que se había detectado que el general Acosta Chaparro, junto con otro militar, protegía a Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez.
También el Ejército lo investigaba. Uno de los reportes de la Subjefatura de Inteligencia de la Sección Segunda del Ejército, fechado el 4 de abril de 1997 y dirigido a un general de apellido Sánchez, refiere una reunión del general Acosta Chaparro con Amado Carrillo. “Esta reunión –dice el informe– se realizó en una casa, en Jalisco, del exlíder nacional del PRI Javier García Paniagua”.
Tres meses después de ese encuentro, en julio de 1997, Amado Carrillo murió en el hospital Santa Mónica.
Al año siguiente, como parte del llamado Maxiproceso que realizó la PGR, Acosta Chaparro fue nuevamente investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico junto con el también general Francisco Quiroz Hermosillo.
Ambos fueron señalados por tres testigos protegidos: Carlos Colín Padilla, operador financiero del cártel de Juárez; Adrián Carrera Fuentes, exdirector de la Policía Judicial Federal, y Tomás Colsa MacGregor, un joyero que fue proveedor de varios narcotraficantes.
Las indagaciones sobre Acosta Chaparro continuaron hasta 2000. En septiembre de ese año fue detenido y procesado por sus presuntos vínculos con El Señor de los Cielos. El procurador militar que inició las indagaciones en su contra y determinó que era culpable fue Rafael Macedo de la Concha, quien meses más tarde, el 1 de diciembre, fue nombrado procurador general de la República por Vicente Fox, el primer presidente panista.
Tras el consejo de guerra al que fue sometido Acosta Chaparro en 2002, el general Tomás Ángeles Dahuajare lo condenó también a perder el grado y todos sus derechos.
Al iniciarse ese proceso, organizaciones de derechos humanos y familias afectadas por la desaparición de activistas sociales de Guerrero durante la guerra sucia de los años setenta interpusieron denuncias en su contra. Lo responsabilizaron de la desaparición y asesinato de varios líderes sociales. Estos cargos se sumaron al proceso por vínculos con el narcotráfico.
Poco antes de que concluyera el sexenio de Vicente Fox, en junio de 2006 Acosta fue absuelto por el Juzgado Cuarto Militar de la acusación de homicidio calificado, relacionada con la desaparición de 22 presuntos guerrilleros.
Con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia, la suerte de Acosta Chaparro cambió por completo: el “máximo jefe de las fuerzas armadas” lo exoneró siete meses después de su accidentada toma de posesión. El 29 de junio de 2007 Acosta Chaparro abandonó el Campo Militar número 1; y el 23 de abril de 2008, en la ceremonia de retiro de 23 generales del Ejército, se le devolvieron todas las condecoraciones que en 2002 le quitó el general Ángeles Dahuajare (actualmente en retiro).
No sólo eso: Acosta Chaparro recibió una nueva condecoración por 45 años de servicio con “patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.
*Tomado de la Revista Proceso.
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9:29 a.m.
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