Tardía, omisa, cómplice...*

Tomado de Monosapiens, Helguera y Rocha

Jorge Carrasco Araizaga



La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tardó nueve meses en responder a la queja presentada por el director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, acerca del intento del titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, de asociar a Proceso con el cártel de La Familia michoacana. Emilio Álvarez Icaza, exombudsman del Distrito Federal, considera que al desechar la queja el responsable del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, Andrés Calero Aguilar, sólo confirma que la CNDH es una “institución inocua”. Y advierte: al avalar la actuación de la SSP legitima las violaciones a los derechos humanos.



En tiempos de agresión sin precedentes contra la prensa en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) avaló los actos de intimidación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal a Proceso.

El organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva decidió archivar la queja presentada por la revista en agosto de 2009 a raíz de que la dependencia a cargo de Genaro García Luna mostró ejemplares del semanario en una conferencia de prensa y en un video como parte de los implementos con que ha operado el cártel del narcotráfico conocido como La Familia michoacana.

Para la CNDH, la SSP sólo cumplió con sus atribuciones informativas cuando la Policía Federal –adscrita a la SSP– incluyó ejemplares de cuatro ediciones de Proceso al presentar a la prensa, el 29 de julio del año pasado, a seis detenidos identificados como una célula de esa organización delictiva.

Al día siguiente, la secretaría distribuyó un video editado en el que uno de los detenidos subraya el interés de uno de los liderazgos de La Familia… en allegarse ejemplares de la revista.

El semanario promovió la queja por considerar que, con esos actos, la SSP violó los derechos humanos de sus integrantes y directivos y puso en riesgo su integridad física.

Para desechar la queja, la CNDH argumentó que lo hecho por la SSP fue un mero “acto de difusión” que no tuvo ningún efecto legal, pues el Ministerio Público federal no le dio ni a las revistas ni al video el carácter de instrumentos u objetos del delito en la indagatoria consignada al Juez Segundo de Distrito en materia de procesos penales federales en el estado de Tamaulipas.

En defensa de la autoridad, la comisión sostiene que ni la Policía Federal ni la SSP pretendieron atentar contra la libertad de expresión de la revista, en cuyos ejemplares exhibidos documentó no sólo las bajas causadas por La Familia michoacana a la PF, sino las quejas de elementos de esa corporación por las condiciones precarias en las que fueron enviados para enfrentar al cártel.

En cualquier caso, si hubo alguna irregularidad por parte de funcionarios de la SSP al exhibir los impresos, será el propio gobierno de Felipe Calderón el que investigue al respecto por medio del Órgano Interno de Control (OIC) de la secretaría, determinó la Quinta Visitaduría General de la CNDH, responsable del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos.



Una respuesta sesgada



La decisión del director del Programa, Andrés Calero Aguilar, deja que la autoridad se investigue a sí misma, toda vez que los titulares de los OIC de cada una de las dependencias gubernamentales son designados por el secretario de la Función Pública, nombrado a su vez por el titular del Ejecutivo federal.

Al igual que Raúl Plascencia, Calero trabajó con el anterior ombudsman nacional, José Luis Soberanes. En septiembre de 2005 pasó de director general de Quejas y Orientación a tercer visitador de la CNDH.

Con la llegada de Plascencia al organismo –en noviembre del año pasado, luego de la intervención del exalcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon (Proceso 1727)–, Calero se hizo cargo de la Quinta Visitaduría.

El visitador hizo llegar la respuesta a la revista a través de correo ordinario, que fue recibido el jueves 27, casi dos meses después de que se elaboró la contestación, fechada el 31 de marzo.

En su valoración, Calero soslayó uno de los principales argumentos de la queja: que al sugerir una relación de la revista con La Familia michoacana, la secretaría bajo el mando de García Luna coloca en un riesgo al personal y a las instalaciones de la publicación (Proceso 1710).

“En función de los antecedentes corroborados por organizaciones defensoras de periodistas, respecto a las agresiones a periodistas y medios de comunicación por parte de diversos grupos y organizaciones delictivas que se sienten afectados por alguna publicación, consideramos que la actuación de la autoridad coloca en un riesgo al personal y a las instalaciones de la revista”, expuso el director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, en la queja presentada ante la CNDH el 4 de agosto de 2009.

Calero nada contestó sobre esta consideración. En cambio, se hizo eco de los argumentos de la SSP al decir que cuando la PF presentó los videos donde aparecen ejemplares de la revista junto a los presuntos delincuentes y un detenido que habla sobre el interés de La Familia michoacana en Proceso, los días 29 y 30 de julio de 2009, se limitó a cumplir sus tareas de difusión.

“Del contenido de los citados videos se advierte que, efectivamente fueron tomadas imágenes de algunos ejemplares de la revista Proceso junto con los demás objetos y documentos asegurados a los detenidos, sin que se observe una tendencia a enfocar particularmente tales publicaciones o se mantenga la imagen por más tiempo que en los otros bienes”, evaluó el organismo.

Según el visitador, lo mismo pasa con el video de la entrevista que la SSP hizo a uno de los detenidos, “quien menciona al referido semanario como parte del relato que está ofreciendo a la autoridad”.

En esa grabación, la SSP identificó al detenido como Armando Quintero Guerra, El Licenciado. En la edición del video presentada a los medios, Quintero insiste en las instrucciones de uno de los jefes de La Familia…, Servando Gómez Martínez, La Tuta, para que obtenga ejemplares en los que la revista publicó información sobre la SSP y ese cártel del narcotráfico.



Desdén de la CNDH



La CNDH rechazó que la inclusión de los ejemplares en esas presentaciones pudiera ser considerada “como un medio indirecto de presión o censura contra de la línea editorial que maneja la revista”, como aduce Rodríguez Castañeda en su querella.

Con ese argumento, la revista quiso hacer valer el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información protegidos por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política mexicana, así como por los artículos 19 y 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el punto 13 de los Principios sobre Libertad de Expresión, de los que México forma parte.

Sin embargo, para la CNDH, que sólo se apoyó en lo dicho por la SSP, ni por asomo se trató de una afectación a esos derechos:

“La Secretaría de Seguridad Pública federal sostiene en los informes rendidos que con este tipo de acciones no pretende involucrar a institución, organización o persona alguna en actos atribuibles a la delincuencia organizada y reitera que esa dependencia es respetuosa de la libertad de expresión de la revista Proceso, así como de cualquier otro medio de comunicación, y que en ningún momento se ha pretendido menoscabar dicha prerrogativa.”

Emilio Álvarez Icaza, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, considera que esa respuesta representa una “grave omisión” de la CNDH al negar que la SSP sí “implicó una relación” de la revista con el cártel del narcotráfico.

No se trataba de considerar si el Ministerio Público federal incluyó en la consignación ante el juez los videos donde aparece implicado Proceso, sino de defender derechos colectivos como la libertad de expresión y el derecho a la información, dice Álvarez Icaza, quien el año pasado intentó llegar a la presidencia de la CNDH.

“La revista no se quejó por haber sido considerada o no en una consignación ministerial, sino por sentirse afectada en el ejercicio de libertades que van más allá del propio semanario”, asegura en entrevista telefónica.

En la conversación, realizada el viernes 28 de mayo, Álvarez Icaza califica la respuesta de la CNDH de “pésimo mensaje” en el contexto de las afectaciones que está teniendo en la población civil la llamada guerra al narcotráfico de Felipe Calderón.

En este contexto, el ex ombudsman capitalino insiste: “nos hemos centrado en las acciones violatorias a los derechos humanos por parte del Ejército, pero la gran ausente ha sido la SSP... Con su decisión, la CNDH avala estos atropellos u otros que pueda cometer no sólo la autoridad militar, sino también la civil”.

Cuestiona asimismo que la Quinta Visitaduría no haya buscado al querellante para propiciar el diálogo con la SSP. La función de la CNDH es justamente generar entendimiento entre las partes, pero eso no ocurrió en este caso, añade.

Álvarez Icaza señaló también que al desechar la queja, la CNDH confirmó que es una “institución inocua” porque con el aval que le da a actuaciones como la de la SSP acaba por legitimar las violaciones a los derechos humanos.

La respuesta de la CNDH soslayó también el punto de acuerdo aprobado de manera unánime por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 19 de agosto del año pasado, en el que le pidió a García Luna garantizar “el libre ejercicio de las libertades de prensa y expresión” y evitar actos que pongan en riesgo a los periodistas, toda vez que al vincular a Proceso con La Familia michoacana, puede “generar diversas interpretaciones que deriven en actos de agresiones hacia los integrantes de la revista”.

Durante 2009 la CNDH abrió 79 expedientes de queja por parte de periodistas y medios de información, lo que hace de México uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Según las organizaciones no gubernamentales Artículo 19 y Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en los tres primeros años del gobierno de Calderón se han registrado 22 asesinatos de periodistas, además de los nueve desaparecidos desde el año 2000.

En ese punto de acuerdo, que incluso aprobó el PAN, el Congreso pidió además a la CNDH que le diera prioridad a las denuncias de los medios de comunicación, comunicadores, periodistas o editoriales. La respuesta de la comisión llegó poco menos de un año después de la presentación de la queja por parte del director de Proceso.

*Tomado de la revista Proceso.