Entre la prepotencia y la impotencia*

Tomado de Monosapiens, Hernández y Helguera.

El país empezó a cobrarle facturas a Felipe Calderón: su secretario del Trabajo fue vituperado y humillado en la Cámara de Diputados, mientras el desempleo alcanzaba proporciones no conocidas desde 1995; el golpe de tintes fascistoides que extinguió a Luz y Fuerza exhibe poco a poco la oculta intención de poner un gran negocio en manos privilegiadas; el paquete financiero, negociado por el presidente y su secretario de Hacienda a espaldas de la población, recibió el repudio generalizado y su verdadero alcance quedó en manos de la oposición; el líder de su propio partido, colaborador y amigo suyo actúa como si fuese su enemigo; empresarios y medios de comunicación complacientes le pusieron un alto precio a sus aplausos; el SME, sin duda, le cobrará igualmente caro el sabadazo, y el país al que pretende gobernar desde 2006 sobrevive entre la desesperanza económica y el caos político. Para colmo, dos altos funcionarios del gobierno que lo antecedió, el de Vicente Fox, exponen con desenfado una tesis: la guerra contra el narco que emprendió Calderón era innecesaria, ha sido excesiva y sólo tiene una razón de ser: la de legitimar a un presidente bajo sospecha.



En San Lázaro, la debacle*


CARLOS ACOSTA CóRDOVA

Dentro del paquete fiscal para 2010, en medio de una galopante crisis, el presidente Calderón quiso aplicar a toda costa su impuesto “contra la pobreza”. Lo que consiguió dista de ser la herramienta recaudatoria de sus sueños y desató el malestar generalizado de trabajadores, empresarios y partidos. Pero debe prepararse para una decepción mayor: el paquete está en manos del PRI, cuyas facciones se lo disputan con clara intención electoral.
Si ya habían quedado con la piel muy sensible por no haber podido modificar en su esencia la propuesta económica del gobierno federal para 2010 –en materia de ingresos y sobre todo en lo que se refiere a los impuestos–, los priistas explotaron con las declaraciones del dirigente nacional del PAN, el diputado César Nava Vázquez.

Al sucesor de Germán Martínez le ganó, como con frecuencia a éste, la impericia, la inmadurez y la falta de oficio político, según acusaron diversos analistas y legisladores de todos los partidos, aun del suyo: el mismo día que en la Cámara de Diputados se aprobaron la Ley de Ingresos y diversos cambios en materia tributaria, Nava responsabilizó a los diputados del PRI de que se aprobara un paquete fiscal “incompleto e insuficiente”.

Dijo: “Ante su negativa, su cerrazón y su rechazo a la propuesta del presidente de la República de crear una contribución antipobreza, se tuvo que recurrir a esta alternativa”. Se refería al aumento del IVA a 16%, más endeudamiento y más dependencia de los recursos petroleros.

Diputados, senadores y dirigentes priistas reaccionaron con virulencia. La emprendieron contra el presidente Felipe Calderón, contra el PAN, y Nava se ganó epítetos nada amables: “chamaco irresponsable”, “oportunista”, “llorón”, “maricón”, “puto”, “perverso”, “cobarde”… entre muchos otros.

Más allá de los calificativos, Nava puso en un brete al gobierno federal, que luego de largas y tensas negociaciones con el PRI había logrado la aprobación de un paquete más o menos “aceptable” para librar las dificultades del próximo año en materia de finanzas públicas.
La tarde del miércoles 21 y toda la mañana del jueves 22 hubo un verdadero revuelo entre diputados y senadores priistas. Expresaron abiertamente su enojo y acusaron al gobierno y al PAN de emplear un doble discurso con el ánimo de endilgarle al PRI el costo político de las alzas impositivas aprobadas.

Pero los senadores fueron más allá: amagaron con modificar por completo lo aprobado por los diputados, para no dejar pasar el alza de los impuestos. El propio coordinador de los legisladores priistas, Manlio Fabio Beltrones, cabildeó con el PRD y el PVEM para que juntos echaran abajo el aumento al IVA, los cambios en el esquema de consolidación fiscal, el aumento de dos puntos a la tasa del Impuesto Sobre la Renta y el nuevo gravamen de 3% a las telecomunicaciones.

Como alternativa, propuso a los senadores perredistas y a los verdes que impulsen juntos un mayor déficit fiscal (más deuda), incrementen el precio de referencia del petróleo y suban de un solo golpe el precio de las gasolinas en 20 centavos por litro.

Ante la inminencia de que los senadores regresen a la Cámara de Diputados el paquete fiscal con sus modificaciones, el gobierno se vio obligado a aplicar un rápido control de daños.

Los secretarios de Hacienda y de Gobernación, Agustín Carstens y Fernando Gómez Mont, tuvieron que emitir un posicionamiento oficial en el que, en pocas palabras, reconocen “el profundo espíritu de responsabilidad” y la actitud “patriótica” de los diputados del PRI, pues a pesar de que los acuerdos alcanzados puedan “generar irritación en algunos sectores”, tuvieron la “valentía” de cumplir “con los deberes que exige este país”.

No quedó ahí. El sainete provocado por César Nava fue aprovechado por los senadores priistas, en particular por su coordinador, Manlio Fabio Beltrones, para insistir en que se cancelaran las alzas de impuestos aprobadas por los diputados. “Si el señor presidente del PAN dice que el paquete aprobado es incompleto e insuficiente, estamos de acuerdo; lo vamos a cambiar”, dijo Beltrones.

Pero también la febril actividad de Beltrones en buscar alianzas y apoyos para echar abajo lo acordado por los diputados, tiene encolerizada a la bancada priista de esa cámara. Primero, dicen, porque Beltrones pretende hacer creer que los senadores estuvieron al margen de los acuerdos de los diputados con el gobierno federal, cuando ellos y la dirigencia del partido estuvieron presentes en las negociaciones y avalaron los acuerdos finales. “Nos quiere hacer quedar como pendejos”, dijo un diputado priista, y lo recogieron diarios capitalinos.

Y en segundo término, de acuerdo con versiones obtenidas por este semanario entre diputados del PRI, porque Beltrones es el que salió perdiendo con lo aprobado en la cámara, toda vez que desde antes de que iniciaran las discusiones formales del paquete económico, él se había comprometido con grandes empresarios –en congruencia con sus aspiraciones presidenciales– a que no habría nada en ese paquete que los dañara económicamente, o a que la afectación fuera mínima.

Pero como fueron aprobadas las propuestas oficiales de incrementar en dos puntos la tasa del Impuesto Sobre la Renta (que pasaría de 28% a 30%), el nuevo impuesto a telecomunicaciones y los impuestos especiales a la cerveza, los cigarros y juegos y sorteos –así fueran en tasas menores a las propuestas por el gobierno–, los empresarios se encresparon y le reclamaron a Beltrones.

Aunque el mayor enojo de los empresarios se debió a que sí pasó el cambio en el esquema de consolidación, uno de los regímenes preferenciales del ISR, que ahora obligará sobre todo a los grandes corporativos a pagar los impuestos que estaban acostumbrados a diferir hasta el infinito.

De hecho, el jueves 22 el Consejo Coordinador Empresarial tuvo una reunión privada con todos sus agremiados, incluido el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que congrega a los empresarios con las mayores fortunas del país, para presentar próximamente un posicionamiento público respecto de las alzas impositivas.

Y ahora, cuentan a Proceso, Beltrones quiere salvar la cara, quedar como héroe y, si no prosperan sus esfuerzos, por lo menos demostrar que lo intentó hasta el final.

Pero la actividad y los cabildeos de Beltrones tienen verdaderamente preocupado al gobierno de Felipe Calderón. Hasta el viernes 23 prosperaba entre senadores del PRI, PRD, PVEM y los demás partidos, salvo el PAN, el acuerdo de echar abajo el aumento de un punto porcentual al IVA.

Para el fin de semana discutirían los argumentos para eliminar el 3% en telecomunicaciones y la retroactividad en el esquema de consolidación, así como para revisar las tarifas del ISR con el fin de que el incremento en la tasa, de 28% a 30%, les pegue a los contribuyentes de más altos ingresos.

Todo ello ha llevado a funcionarios de Hacienda y de Gobernación a una febril actividad de cabildeo con los gobernadores priistas y perredistas, para convencerlos de que los cambios que intentan hacer los senadores serían lesivos para las arcas estatales, toda vez que con lo que proponen aquéllos bajarían sustancialmente los recursos participables.

Sobre los cautivos otra vez

Una revisión de los principales cambios a la propuesta gubernamental que se aprobaron en la Cámara de Diputados puede ayudar a contextualizar el debate sobre los ingresos públicos para el próximo año, que tiene confrontados a los priistas, en el agobio y la desazón al gobierno federal, encolerizados a los empresarios y en el más completo encono a la sociedad.

La propuesta central del gobierno fue la llamada “Contribución para el combate a la pobreza”, un impuesto de 2% generalizado a todo el consumo, incluidos alimentos y medicinas. El gobierno pensaba recaudar por esa vía 71 mil 775 millones de pesos, de los cuales 21 millones serían para los estados y el resto se etiquetaría para programas de combate a la pobreza extrema.

Aunque al final el rechazo fue absoluto, no fueron pocos los gobernadores que al principio se entusiasmaron con la idea. Se interpretó de inmediato como un IVA disfrazado, que en la práctica llevaría la tasa de ese impuesto a 17%. Entre la población privó la incredulidad y la desconfianza hacia el gobierno, pues ese aumento implicaba un ataque directo a los bolsillos.

Los empresarios apoyaron la idea. Entre los partidos distintos del PRI y el PAN ni se discutió: por definición, ante cualquier aumento de impuestos la respuesta fue no. El PAN tenía que defender la propuesta del gobierno. Y el PRI tuvo dificultades para decidir pero finalmente la rechazó, pues en su plataforma electoral –y así lo prometieron abiertamente sus candidatos en las campañas electorales de este año– expresamente rechaza los impuestos a alimentos y medicinas.

La solución fue incrementar el IVA en un punto porcentual, para dejar la tasa general en 16%, y 11% en la frontera. La recaudación por esta vía será muy inferior a la que se esperaba con el 2% al consumo generalizado, pues se estima en poco más de 29 mil millones de pesos, contra los casi 72 mil millones que dejaría la “contribución contra la pobreza”.

Sin embargo, la menor recaudación será compensada con otras fuentes. El gobierno propuso, en su marco macroeconómico para 2010, un precio del petróleo de 53.9 dólares por barril; los diputados le aumentaron 5.1 dólares al precio estimado y lo dejaron en 59 dólares, con lo que se obtendrán 63 mil 243 millones de pesos adicionales.

Otra parte saldrá de un aumento del déficit público, que el gobierno propuso en 0.5% del PIB y los diputados subieron a 0.75%, con lo que el ingreso por endeudamiento pasará de los 60 mil millones de pesos previstos por el gobierno, a 90 mil millones.

La propuesta oficial de subir temporalmente la tasa del ISR de 28% a 30% –que bajaría a 29% en 2013 y volvería al actual 28% en 2014– fue aceptada por los diputados, pero fue, junto con el IVA a 16%, la que más irritó a los contribuyentes, personas y empresas. Implica que, para los próximos tres años, los asalariados que ganen más de 6 mil 663 pesos brutos al mes verán incrementada su carga fiscal.

En pesos, por la actualización de tarifas, quiere decir que si una persona gana 8 mil pesos brutos al mes, pagará casi 53 pesos más de impuesto; a quien tenga un salario de 10 mil, le retendrán casi 78 pesos más cada mes; para un salario de 20 mil, el ISR será de 219 pesos más; el que gane 31 mil, pagará 391 pesos más al mes; si gana 40 mil brutos, dejará para el fisco 563.48 pesos mensuales más de lo que venía pagando hasta este año. Y así, durante los años que le restan al actual gobierno.

La queja generalizada fue que otra vez el fisco se recarga sobre los de siempre: los contribuyentes cautivos, asalariados y por honorarios, y las empresas. Los que siempre pagan.
Los empresarios en general también manifestaron su rechazo al aumento en la tasa del ISR, porque –argumentaron– necesariamente eleva sus costos y complica sus planes de inversión. Obviamente amagan con reducir sus plantillas laborales. Aunque como dicho aumento en el ISR es temporal, no hicieron mayor ruido.

Pero quienes sí armaron escándalo fueron los grandes empresarios, porque al aumento de la tasa en ISR deben sumar los cambios en el esquema de consolidación, que les permitía diferir el pago de este impuesto.

Desde que presentó la iniciativa, la Secretaría de Hacienda reconoció que muchas empresas han abusado permanentemente con ese régimen tributario especial que es la consolidación fiscal, pues nunca pagan o pagan muy poco. En 2008 unos 400 grandes grupos empresariales pagaron en promedio 1.7% de sus ingresos por ISR, cuando la tasa general es de 28%.

El gobierno propuso acotar a cinco años la consolidación y que a partir de 2010 pagaran el saldo de los impuestos diferidos bajo este esquema: el próximo año deberán pagar 60% del saldo de los impuestos diferidos desde 2004, y el restante 40% lo aportarán en cuatro parcialidades de 10%. Y así será en lo sucesivo: tendrán que liquidar los impuestos que no pagaron en los cinco años anteriores.

Los diputados aceptaron el acotamiento en la consolidación, pero cambiaron los montos: en 2010 las empresas que consolidan pagarán 40% del saldo acumulado y las siguientes cuatro anualidades serán de 15%.

La aceptación de los cambios en la consolidación fiscal por parte de los diputados es, sin duda, la que tiene más encolerizados a los grandes empresarios. En breve, anunciaron, darán una respuesta unificada de rechazo. Mientras tanto, cabildean al máximo con los senadores para echarla abajo.

Quienes también expresaron un abierto descontento fueron los empresarios de las telecomunicaciones, pues finalmente se le impuso al sector un impuesto especial de 3% –el gobierno proponía que fuera de 4%– a los servicios de televisión por cable, internet y telefonía celular.

En este caso, los diputados aceptaron el argumento oficial de que será la población de mayores recursos la que cargue con el mayor peso de ese gravamen, además de que es un grupo muy reducido de empresas las que prestan esos servicios, por lo que el nuevo impuesto no impactará mayor cosa en sus costos.

Los diputados también aceptaron elevar las tasas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aunque en montos menores que los propuestos por el gobierno, para las bebidas alcohólicas, la cerveza, los cigarros y los juegos con apuestas y sorteos.

Pasó sin cambios, además, la propuesta de subir la tasa de 2% a 3% al Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y de bajar el límite exento, de 25 mil pesos, actual, a 15 mil pesos. El propósito es atacar más decididamente la informalidad, pues los contribuyentes que pagan correctamente sus impuestos podrán acreditar el IDE contra el ISR o bien solicitar la compensación o devolución del mismo.

El miércoles 21, cuando se aprobaron la Ley de Ingresos y las modificaciones en materia de impuestos, todos los sectores empresariales manifestaron su rechazo. Y unánime fue también su crítica al gobierno federal y a los diputados. Los calificaron de “miopes”, “carentes de visión”, “incapaces que sólo pueden hacer parches y no soluciones de fondo”, “temerosos de asumir costos políticos”, entre otros.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes Arroyo, no escondió su enojo: “No se vayan a quejar el próximo año de que no hay inversión, empleos y oportunidades. Ni se vayan a sorprender por la cascada de amparos que habrá”.
Y desde ese mismo día se volcaron hacia los senadores, priistas sobre todo, con la esperanza de que reviertan lo aprobado en la Cámara de Diputados

Esta semana será también de intenso debate y mucho jaloneo. No sólo entre diputados y senadores del PRI, sino también con un gobierno sin capacidad de decisión, con su suerte atrapada en lo que otros dispongan.

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Corrupción que ahoga*


ROSALíA VERGARA

Para justificar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal ha presentado a la Comisión Federal de Electricidad como paradigma de eficiencia y rentabilidad. Lo que nunca mencionó es la corrupción que ahoga a la paraestatal y encarece el servicio en todo el país, y que se disparó desde 2003, cuando Felipe Calderón era el secretario de Energía de Vicente Fox.

Al decretar el 11 de octubre la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el presidente Felipe Calderón comparó a esa empresa pública descentralizada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En su balance, ésta es más eficiente y rentable. Desde ese momento, la paraestatal dirigida por Alfredo Elías Ayub opera el servicio en el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

Sin embargo, un análisis en torno a las prácticas internas de CFE lo desmiente: ahí “se hacen negocios sin escrúpulos, inflando costos; compra de equipo obsoleto; pagando obras inexistentes; incurriendo en fraudes en perjuicio del patrimonio de las entidades; pagando dos y hasta cinco veces la misma obra”, entre otras muchas irregularidades.

La corrupción en la paraestatal que ahora controla el servicio eléctrico en todo el país fue exhibida en un estudio presentado el 30 de julio pasado por la asociación civil “Energía y Desarrollo” –que ahora se denomina Energía y Rendición de Cuentas A.C.–, dirigida por Cuauhtémoc Velasco Oliva, del partido Convergencia, entonces secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

El documento titulado La Corrupción en la Comisión Federal de Electricidad eleva las tarifas eléctricas muestra “la dimensión del saqueo patrimonial de CFE” y denuncia la existencia de un “cártel de la electricidad” en la paraestatal, al que responsabiliza de extorsiones para otorgar licitaciones, la rescisión de contratos a pequeñas empresas, la adjudicación de obras a empresas inexistentes y la elaboración de documentos apócrifos para justificar gastos, bajo la protección –dice– del director Alfredo Elías Ayub.

También incluye copias de licitaciones públicas realizadas entre 2008 y 2009, comunicados de prensa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y copias de los “fallos de obras públicas” que concluyeron este año en Compranet y que demuestran cómo desde 2003, cuando el ahora presidente Felipe Calderón Hinojosa era secretario de Energía, CFE benefició a las empresas Iberdrola, Siemens y Unión Fenosa con millonarios contratos para la compra de gas y de energía eléctrica.

La mafia interna

El exdiputado Velasco Oliva asegura que tres de las empresas más beneficiadas por contratos de CFE –Iberdrola, Siemens y Unión Fenosa– son las mismas que se dispu­tan la concesión para operar la red de mil 100 millones de kilómetros de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro, hasta que Calderón decretó su liquidación.

El estudio transcribe una conversación grabada el 12 de junio pasado entre un asesor de Velasco Oliva con un ingeniero de CFE –en funciones desde hace 25 años–, quien afirma que la corrupción en la paraestatal se recrudeció con Calderón como secretario de Energía. Además, dice sospechar que todos los funcionarios de la paraestatal han creado o se han asociado con empresas, a las cuales adjudican obras, modifican contratos e inflan costos.
Según la fuente anónima, éste sería el caso de Isolux, una empresa filial de Iberdrola.
El documento está plagado de ejemplos de corrupción. Uno ellos es el del ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz, director de Operación de CFE, quien fue destituido del puesto e inhabilitado por 10 años por la extinta Secodam, según el oficio DGAC/GOD-A/135/98 de marzo de 1998, por “conductas irregulares cometidas en el desem­peño de sus funciones”.
Dos años después, el 26 de mayo de 2000, el apoderado general para pleitos y cobranzas de CFE, Ismael Macías Barrón, presentó una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República en contra de Moreno Díaz (entonces Coordinador de Transmisión y Transformación de la Subdirección de Transmisión) porque presuntamente estuvo al tanto de un préstamo indebido de materiales por 16 millones 208 mil 927 pesos a la empresa Apycsa S.A. de C.V., en un contrato fechado el 22 de diciembre de 1995, y no lo denunció.

El documento cita otro caso: en mayo de 2008, el ingeniero Rubén Loredo, subgerente de división de la CFE en Puebla, presuntamente solicitó y recibió 2 millones 625 mil 87 pesos de la empresa Dobsa Construcciones S.A. de C.V., por adjudicarle el contrato DV000-18/08 por 43 millones 751 mil 465 pesos más IVA para la construcción del Centro de Operación de respaldo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en ese estado.

“Al conocer Rubén Loredo que la mejor propuesta económica era la presentada por Dobsa, se abocó a contactar al apoderado legal y plantearle que él era la persona enviada para ofrecerle la ayuda para que la entidad le adjudicara el contrato mencionado, y el costo de la adjudicación del contrato era 6% del monto total, ya que sin esta ayuda era imposible que le otorgara CFE el contrato, a pesar de cumplir con los requisitos técnicos y ser la propuesta más económica de la entidad.”

El administrador de Dobsa, Leonel López Sánchez, narró su experiencia con Loredo en un oficio que envió a Elías Ayub el 19 de marzo de este año, en el que señala que el 5 de diciembre de 2008 Loredo le pidió que se deslindara de una carpeta informativa elaborada por Velasco Oliva relativa a contratos de gas, regasificación y líneas de transmisión que el entonces legislador entregó un día antes a Elías Ayub y al presidente Calderón.

López se queja porque su proyecto fue rescindido y enfrentó una demanda en su contra interpuesta por la Afianzadora Sofimex, por incumplimiento de contrato.

Las ganonas

La construcción de la hidroeléctrica El Cajón llevó cuatro años y costó 800 millones de dólares. Ubicada en el municipio La Yesca, en Nayarit, tiene la capacidad de generar 750 megavatios de electricidad, que representan 2% de la energía eléctrica del país.
El ingeniero que habló con el asesor de Velasco Oliva le pidió investigar esa obra, que Calderón inauguró el 1 de junio de 2007, apenas seis meses después de haber asumido la Presidencia:

–Por ejemplo, El Cajón, que le escarben a El Cajón ahí, en las observaciones –dice el ingeniero.

–¿Pero qué, desviaciones sobre qué? –responde el asesor de Velasco Oliva.

–Sobre pagos exagerados, sin justificación, sin soporte, cuando va a ser inaugurada por el presidente, ahí está todo…

Cuando Calderón inauguró la hidroe­léctrica, reconoció que estuvo pendiente de su desarrollo desde que estaba al frente de Banobras y participó en el esquema “novedoso” de financiamiento, porque “el gobierno mexicano no contaba con 800 millones de dólares que implica la construcción”.

Resaltó que después, como secretario de Energía, vigiló la construcción de la cortina hasta la derivación del río Santiago, mediante túneles. Ese día felicitó al director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, al que llamó el “autor intelectual y promotor de la presa”.

Entre las irregularidades señaladas en el estudio La Corrupción en la Comisión Federal de Electricidad eleva las tarifas eléctricas destaca la adjudicación directa para el suministro de gas natural licuado en Manzanillo, Colima, otorgada en 2006 a Repsol Comercializadora de Gas, S.A.

Perú le vendió a Repsol el gas a precio nacional: 6 mil millones de dólares; luego, Repsol le vendió a CFE a precio de Texas, que es el costo más alto para el gas a nivel mundial. “La irregular transacción generó una sobreutilidad estimada en 15 mil millones de dólares”, indica el reporte, y sostiene que “es claro que se puede evitar esta triangulación y ahorrar 15 mil millones de dólares. Hasta el momento (julio pasado), Repsol no ha entregado un pie cúbico de gas”.

El análisis considera que “Repsol se adjudicó una estratosférica y ofensiva utilidad por 15 mil millones de dólares por su actividad de ‘coyote’, causando un daño patrimonial a las dos naciones”.

De acuerdo con el contrato 9100005181, del 6 de junio de 2006, Repsol fue la única empresa que ofertó sus servicios de suministro de gas y se le adjudicó de manera directa. El contrato estipulaba un servicio por 25 años, pero Repsol lo redujo a sólo 20, por lo cual Alfredo Granados Gallardo, subgerente de Adquisiciones de la CFE, modificó la licitación para adecuarla a los requerimientos de la trasnacional. El contrato fue por 183 mil 51 millones 215 mil 337 pesos. Se iniciaría el 28 de octubre de 2006, indica la licitación pública internacional 18164067-009-06.

Con esta triangulación en la compra de gas a las transnacionales se encarece el precio del energético y por ende las tarifas en el suministro eléctrico, impactando directamente en el uso doméstico de gas y electricidad, señala el estudio.

La favorita

El documento resalta que la empresa Iberdrola es la más beneficiada por la CFE desde 2003, cuando Calderón era secretario de Energía. Cita que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó el incumplimiento, daño patrimonial, incrementos en plazos de ejecución y montos injustificados, entre otras irregularidades, en los contratos y permisos otorgados a la empresa.

Según la ASF, Iberdrola cobró la obra por adelantado, para lo cual la CFE debió contratar un crédito de largo plazo, “incrementando los pasivos de la empresa, violando la Ley General de la Deuda Pública”.

Indica otro caso: la Central de Ciclo Combinado Altamira, obra por 5 mil 601 millones de pesos que comenzó a operar 80 días después del plazo fijado en el contrato con Iberdrola.
El 21 de enero de 2004 Iberdrola recibió uno de los 15 permisos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó a empresas privadas para distribuir, transportar y almacenar gas natural, el G/153/TUP/2004. Pero la ASF descubrió incumplimientos al Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, pues la concesión no estaba planeada, programada, organizada ni controlada.

En la revisión de la Cuenta Pública de 2006, la ASF fiscalizó el proyecto de Líneas de Transmisión 807 Durango y detectó la colusión de funcionarios de la CFE para modificar las especificaciones planteadas en la obra original para pagarle a Iberdrola precios adicionales a lo estipulado en el contrato PIF-022/2004.

Iberdrola ejecutó el proyecto entre julio de ese año y enero de 2005. No tenía dictámenes, permiso, licencia, derecho de bancos de materiales ni derechos de vía, según la ASF. En octubre de ese año, Iberdrola pidió una prórroga porque el helicóptero que transportaba materiales tuvo un accidente, pero la Auditoría determinó que fue un permiso ilegal porque los materiales debían ser transportados a cuenta y riesgo de la contratista. Aún más, la CFE debió aplicar una pena de 12 millones de pesos a la empresa española.

Otra beneficiaria de la CFE es la alemana Siemens S.A. de C.V., que fue investigada a nivel internacional por la Comisión de Valores de Estados Unidos el año pasado y descubrió que pagó sobornos de mil 300 millones de dólares para conseguir, acelerar y resolver disputas de contratos entre 2001 y 2007 en China, Rusia, Argentina, Israel, Venezuela y México. Siemens fue multada con mil 400 millones de dólares.

El 29 de noviembre de 2005, la desa­parecida Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Siemens por infringir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, por tres años y nueve meses, y le impuso una sanción económica de 948 mil 375 pesos por no cumplir con los requisitos de un contrato con el Hospital Juárez de México, en 2002.

Sin embargo, entre recursos jurídicos interpuestos por ésta y otras inhabilitaciones, Siemens obtuvo de la CFE los contratos 700161600, de agosto de 2006, para el proyecto llave en mano con PLC mod. LC 700 (sistema integral para golpeadores y precipitador); PIF-011/2007 para la construcción e instalación de siete bancos capacitadotes en líneas con voltajes de 13.8 y 23 kilovatios en Zacatecas y Aguascalientes; PIF-004/2008, del 6 de febrero de 2008, para la construcción e instalación de dos líneas de transmisión, y PIF-022/2008 para la construcción e instalación de ocho líneas de media tensión en Guerrero, Morelos y Estado de México.

En diciembre de 2008, Siemens firmó con la CFE el contrato 900001394 por 31 millones 308 mil 129 pesos para mantenimiento y reparación de máquinas y herramientas. El 20 de marzo pasado firmó el contrato PIF-003/2009 “para la ejecución de todas las obras necesarias para la construcción e instalación de líneas de voltaje en los estados”, señala el contrato en poder de Proceso. El monto es por 30 millones 207 mil 740 pesos.

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En la cuna de Luz y Fuerza*


ROSALíA VERGARA

NUEVA NECAXA, PUE.- Cuna de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC), el pueblo de Nueva Necaxa, municipio de Juan Galindo, en la Sierra Norte de Puebla, ve cómo decae su actividad económica desde que, el domingo 11, el gobierno de Felipe Calderón decretó la extinción de ese organismo.

Les duele a los electricistas de la localidad, cuya población asciende a 10 mil habitantes, que el gobierno federal “le haya quitado el pan de la boca a sus hijos”, dice el presidente municipal, Luis Gerardo Martínez Gómez.

Así lo perciben también el cronista del municipio, Jorge Álvarez, y el subsecretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Domingo Aguilar: cada día los trabajadores tienen menos dinero para alimentar a su familia, vestir a sus hijos y comprarles un juguete, un dulce.

Los mil 100 jubilados y los 570 sindicalistas de esta planta empotrada en la serranía poblana, camino a Poza Rica, Veracruz, en las inmediaciones del río Necaxa, temen que la zona se convierta en un “pueblo fantasma”. La razón: 80% de la población productiva era electricista, el resto vivía de la derrama económica del sector.

Hoy, las instalaciones de esta histórica planta creada en las postrimerías del porfiriato, están custodiadas por militares armados, disfrazados con uniformes nuevos de la Policía Federal.
A su lado, las puertas de acceso a la Base de Operaciones de la planta están tapizadas de cartulinas en las que los sindicalistas de LFC plasmaron sus reclamos por la medida del gobierno calderonista. En los alrededores, algunos pescan en el río truchas, carpas o mojarras para la cena.

Al ver a los reporteros y fotógrafos, los uniformados se esconden. La gente dice que está asustada. Fred, quien laboraba como oficinista en la empresa, cuenta que a las ocho de la noche del sabadazo vio cuando llegaron cinco camionetas con elementos de la PF a las puertas de la planta. “Nunca me imaginé que tomarían LFC”.

Dice que él y otros compañeros sacaron a tres trabajadores que cubrían su turno y metieron las camionetas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En una de ella iba el ingeniero Ricardo Castelán, quien todavía está adentro. “Sus familiares nos han dicho que lo tienen a la fuerza”, comenta Fred.

Cuenta que para las 11 de la noche, cuando los noticiarios comenzaron a informar sobre el operativo, “los policías ya estaban adentro”. Él permaneció ahí toda la noche, en la incertidumbre. Luego se enteró que habían sacado a sus compañeros de las áreas de los turbojets, termoeléctricas e hidroeléctricas.

Domingo Aguilar, quien había tomado protesta como subsecretario del SME el día anterior al sabadazo, relata que se encontraba en el local sindical cuando se enteró de la noticia. Tuvo que refugiarse en la subestación El Salto. Y ahí permaneció hasta que entró la policía a la sala de tableros y lo sacaron.

“Fue un despojo. Me sentí como delincuente”, comenta. Explica que en toda la extensión de la División Necaxa hay 6 mil trabajadores activos y 600 jubilados; sólo en la Sierra Norte de Puebla hay 2 mil 500 trabajadores. Además, ahí viven muchos familiares de electricistas que trabajaban en el Distrito Federal.

“El 95% de los habitantes de las comunidades que conforman el municipio Juan Galindo –Nueva Necaxa, Huauchinango, Jilotepec y Berinstáin– son electricistas. Si dejamos que el presidente Felipe Calderón se salga con la suya este será un pueblo fantasma, porque no hay tierras para sembrar o hacer otra cosa. Es un pueblo electricista”, apunta Aguilar.
Las “familias SME”

Fred es padre soltero. Tiene cuatro hijos de 11, ocho, seis y dos años. Los tres mayores están bajo su custodia. Comenta que no saben lo que está pasado, pues “para ellos estoy de vacaciones”.

Después del decretazo tuvo que mudarse con su papá, jubilado de LFC; tiene tres hermanos que trabajaban en la planta con un sueldo de entre mil y mil 500 pesos quincenales, y una hermana menor que está casada con un electricista.

“Mi papá está muy desmoralizado. Todas las noches esperamos a que los niños se duerman para platicar sobre qué haremos de nuestra vida. A mis hermanos les está ganando la desesperación y quieren aceptar la liquidación”, reconoce.

Él, por su parte, dice que continuará resistiendo hasta donde pueda. Confía en que el SME promueva un amparo y demande ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) a quien resulte responsable por su despido injustificado. “No veo que estén liquidando a la empresa. Lo que veo es que están quitándole el alimento a mis hijos. El domingo 25 es cumpleaños de uno de ellos y no sé qué voy a hacer. Lo único cierto es que no aceptaré la liquidación, por amor a la camiseta”, asegura.

El caso de Fred es sólo un ejemplo de la desesperación que sienten las llamadas “Familias SME”. Otro ejemplo es el del subsecretario del Trabajo del sindicato, Román Olvera García. Desde su abuelo, la familia ha sido electricista durante cuatro generaciones. Relata que los primeros Olvera llegaron cuando se comenzó a construir la planta de Necaxa.

Hoy, el centro de Nueva Necaxa está lleno de cartulinas de colores fosforescentes con leyendas y consignas de apoyo al SME: “Aguanta, pueblo, estamos en la lucha”, reza una de ellas.

La señora Rosario, quien vende café todas las mañanas cerca del mercado popular y por las tardes ofrece comida para los trabajadores, se queja porque la liquidación de LFC ha perjudicado a su economía.

“Aunque no tengamos familia SME, la situación nos afecta. Pago renta, soy madre soltera, tengo cuatro hijos que van a la escuela. Todos ellos dependen del negocio y la venta ha estado muy baja”, dice a la reportera.

En la pared de su negocio hay un anuncio con la siguiente leyenda: “Este bimestre no pagues tu recibo de luz. Tu contrato está con LFC, no con CFE.”

Las muestras de apoyo a los electricistas se observan por doquier: “Los comerciantes apoyan al SME”, dice una manta desplegada a lo largo del mercado. Las vendedoras, a su vez, comentan: “Es feo lo que hizo el gobierno”; “El gobierno no quiere pagar, hubieran recortado el salario en lugar de quitarles el empleo”.

Los taxistas, cuyas corridas han disminuido en las últimas dos semanas dicen que su asociación apoya al SME en su lucha. “Las acciones del gobierno repercuten en nuestra economía”, dice una pancarta. El domingo 18 tuvieron una reunión urgente “para la organización de proyectos productivos”, dice uno de los entrevistados. El jueves 15, las mujeres electricistas realizaron un encuentro.

Los sindicalistas se coordinaron con la organización católica Cruz y Fuerza para organizar jornadas de oración dentro en las instalaciones del SME, que se iniciaron el lunes 19 y terminarán el jueves 29. Inauguraron también un comedor popular y entonaron consignas como: “Échale ganas, no te deprimas. Esto pasará y ya tendrás que contarle a tus hijos y nietos ¡Ánimo!”

Solidaridad sindical

En un recorrido por las instalaciones de LFC de Necaxa, Huauchinango, Tepeji y Beristáin se observó a militares vestidos de Policía Federal, con trajes nuevos y armas militares, así como de ingenieros de la CFE. En las calles de esas comunidades también hay federales.
Por el contrario, en las oficinas que utilizan para la liquidación de los empleados sólo se ve a cinco policías con uniformes distintos a los que resguardan las instalaciones. Gustosos, posan para la foto y afirman que son de la Ciudad de México y apenas tienen una semana en Puebla.

El miércoles 21 por la noche, en una asamblea general, el SME Necaxa presentó un plan de acción en defensa de los trabajadores, que entre otras demandas plantea exigir atención a los hijos de las trabajadoras en las áreas de terapia del IMSS. Asimismo, se anunció que los petroleros de Poza Rica apoyarán con víveres a la población. La sección 18 del SNTE de Michoacán entregará 9 mil 960 pesos al SME de Necaxa.

Solidarios también se han mostrado los integrantes de la sección 22 del SNTE de Oaxaca y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), así como la Organización Nacional del Poder Popular y el Consejo Nacional de los Trabajadores.

Durante la asamblea, un abogado del SME central informó a los necaxistas que la dirigencia sindical luchará por que sean recontratados en el nuevo organismo que cree el gobierno.

El presidente municipal de Juan Galindo, Luis Gerardo Martínez Gómez, aplaudió al abogado y se mostró contento con la propuesta. “De lo contrario –dijo– se acabará el pueblo. La gente comenzará a emigrar en busca de sustento”.

La situación es crítica, al grado de que el gobernador Mario Marín ordenó que se enviaran mil despensas a Necaxa para que el SME las reparta entre sus agremiados.

Un grupo de electricistas roqueros anunciaron que el domingo 26 habrá un concierto en el centro de Huauchinango y se presentarán en Villa Juárez. Esas actividades son parte de las jornadas de resistencia de los trabajadores electricistas de esta región, donde el 25 de junio de 1895 el empresario francés Arnold Vaquier creó la Sociedad de Necaxa.

Desde entonces data la organización necaxista. En 1900, Vaquier intentó aprovechar las corrientes del río Necaxa para generar fluido eléctrico. Su idea no prosperó.

Dos años después, los derechos de la empresa fueron cedidos a Frederick Stara, quien fundó The Mexican Ligth and Power Company Limited con capital canadiense. Así surgió la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. En 1903 logró un contrato para generar energía con el gobierno del general Porfirio Díaz.

La zona hidroeléctrica de Necaxa está compuesta por tres divisiones y comprende obras de captación, conducción y almacenamiento de agua, así como plantas generadoras, zona administrativa y un centro de control de la energía eléctrica.
La de Necaxa fue la primera planta que se creó para impulsar la industria eléctrica. Su objetivo era brindar luz a la Ciudad de México y de ahí a El Oro, creándose la línea de transmisión de energía más grande del mundo, dice el cronista Jorge Álvarez.

Entrevistado en la Casa de Cultura local, señala que esta actividad, novedosa en la región, hizo nacer a un “nuevo obrero”: el electricista. “Y hasta apareció un nuevo lenguaje: watts, voltímetro, presas y vasos, líneas y torres de transmisión, amperes, generación, contenedores, bancos, turbinas, estaciones y subestaciones eléctricas, plantas, casa de máquinas, generadores, cuchillas, malacates…”

El subsecretario general del SME, Domingo Aguilar, lo secunda. Y se queja: “Desde hace 30 años el gobierno no ha invertido en plantas de generación. Necaxa fue creada para operar por 50 años y tiene ya 55 años. Durante todo este tiempo ha venido realizando trabajo extra y las ganancias han sido para los gobiernos en turno”.

Y remata: Con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, en Necaxa todos temen que el pueblo y todo lo que nació con él desa­parezcan también.

“Aquí nació Luz y Fuerza y esta puede ser su tumba”, dice.

*Tomado de la revista Proceso.