La sumisión*

Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Luis Javier Garrido

¿Existe aún un gobierno nacional en México, o la administración de facto de Felipe Calderón ha cedido ya todas las facultades esenciales del Estado a los poderes trasnacionales con la complicidad de la cúpula del PRI?

1. La crisis financiera y económica hace estragos en el país, pero no puede ocultar que el gobierno ilegítimo, lejos de atender las exigencias de los mexicanos, sigue sumiso a Washington, continuando el desmantelamiento del país y entregando el control del mismo a agentes estadunidenses.

2. La intervención de Hillary Clinton, la secretaria de Estado estadunidense, el miércoles 22 ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes quedará no como el testimonio de la voluntad de su gobierno de dar una supuesta ayuda técnica a su vecino –como Barack Obama ha pretendido presentar sus políticas injerencistas–, sino como uno de los discursos intervencionistas más denigrantes para nuestro país que se hayan pronunciado en décadas recientes. Para la señora Clinton, tareas sustantivas del Estado mexicano son ya responsabilidad del gobierno de Washington y van a cumplirlas, incluyendo la prerrogativa que informó se están arrogando de “matar mexicanos”, como destacó Televisa en sus informativos del mismo día.

3. La secretaria de Estado Clinton afirmó ante los legisladores que en su viaje a México constató la incapacidad del gobierno de Calderón para enfrentar al crimen organizado, pues “el gobierno, las policías y el ejército están rebasados por los cárteles de las drogas”, por lo que demandó más recursos para esa lucha, asumiendo que el diseño de las políticas contra la delincuencia de México son responsabilidad de Estados Unidos al margen de la legalidad mexicana y que en los hechos la persecución de los delitos cometidos en territorio nacional es asunto suyo. “Tenemos que liberar a México”, dijo, y derrotar, desarmar y capturar a los dirigentes de los cárteles o “matarlos”, enfatizó (El Universal, 23/4/09).

4. La política debe entenderse sobre todo a partir de los hechos y no sólo de las palabras o de las apariencias, como han pretendido hacerlo quienes se han encantado con la presencia de un afroestadunidense en la Casa Blanca, creyendo que este hecho, aunado a la partida de Bush II auguraba políticas radicalmente distintas de Estados Unidos. La noción de “corresponsabilidad” en el discurso del equipo de Obama, que tanto están reiterando, significa para ellos vía libre para el intervencionismo y la obligación de una subordinación absoluta para “los estados” sometidos a su hegemonía, como es cada vez más el caso de México bajo la administración ilegítima de Calderón, que está creándole al país una situación de extrema gravedad en sus relaciones con Washington, lo mismo en pactos y acuerdos que en las prácticas indignas, la que va a ser muy difícil de enfrentar en el futuro a un gobierno democrático.

5. La “corresponsabilidad” no significa para Washington más que sumisión, y el único papel que la administración de Obama parece conferir a Calderón es fungir como su personero en tareas sucias, como la de lograr un cambio de régimen en Cuba, según lo sentenció Carlos Pascual, vicepresidente de la Institución Brookings y futuro embajador, ya en tono de procónsul (22 de abril). En la cumbre de Trinidad y Tobago, Obama preconizó “el diálogo” con Cuba (lo que suscitó una respuesta afirmativa del presidente Raúl Castro), pero muy pronto se precisó que dicho “diálogo” no podría tener más objetivo que el cambio de régimen en la isla, según el diccionario obamita (El País, 19/4/09), lo que determinó el análisis clarísimo de Fidel Castro sobre lo que está aconteciendo.
6. Las resistencias en el interior del gobierno panista para mantener la onerosa “guerra contra el narco”, impuesta por la DEA a Calderón, y que ha hundido en el desprestigio a su gobierno, se han venido abajo en consecuencia, y tras el anuncio de Fernando Gómez Mont (titular de Bucareli) de que las fuerzas armadas mexicanas regresarían a los cuarteles como exigen diversos sectores (17 de abril), Alejandro Rubido, el nuevo secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, le rectificó diciendo que los militares seguirán en las calles por lo menos hasta 2012 (22 de abril), lo que hace ver que se plantean mantener el escenario de amedrentamiento de la población para las elecciones presidenciales.

7. La guerra contra el narcotráfico ha fracasado totalmente y éste sigue floreciente en el país porque no se ha tocado la estructura de los políticos coludidos con los cárteles, como afirmaba Raúl Vera, obispo de Saltillo, (El Universal, 23/4/09), ni la estructura financiera, vinculada con los intereses de bancos y corporaciones trasnacionales. Los señalamientos de que el narco penetró las campañas de Fox en 2000 y de Calderón en 2006 cobran así mayor vigencia.

8. La clave de lo anterior está en la naturaleza del poder económico y político que gobierna a México, y, por encima de los intereses en el narco de panistas y priístas, aparece también el papel institucional del PRI. La responsabilidad por el desmantelamiento del Estado mexicano no es sólo del equipo de un mediocre extremista de derecha, sino de quienes lo impusieron y siguen protegiendo. El PRI ha respaldado la “guerra contra el narco” a sabiendas de que es una patraña y de que está sirviendo como puerta de entrada para un intervencionismo sin precedente, porque es la mano de Carlos Salinas de Gortari la que mueve las tres cunas del PRI –la de Beltrones, la de Peña Nieto y la de Beatriz–, como reconocía Proceso 1694, y con tal de salvar sus intereses no duda en sacrificar al país.

9. La mano metida en el narco la han tenido todas las instancias de poder en México y ahora buscan tomar distancias.

10. La derechización que se vive en el país para ocultar la gravedad de la crisis es muy grave y no extraña, por lo mismo, que en una de las cuatro iniciativas de corte franquista llamadas de “anticrimen” enviadas por Calderón al Congreso el pasado 22 de abril, pretenda que se le otorgue la facultad de poder declarar él solo –y al margen del artículo 29– la suspensión de hecho de las garantías constitucionales, olvidándose que ese desprecio a la sociedad es el que conlleva el propio fracaso histórico del proyecto entreguista.

*Tomado de La Jornada.