Desfiladero*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera.

· Estado fallido: ¿en México hay un monopolio o un duopolio de la violencia?

Jaime Avilés

Patrullaje del Ejército en Ciudad Juárez, luego del asesinato de tres policías, incluido el director de operaciones de Seguridad Pública local, el pasado día 17Foto Ap
Salgamos de una vez por todas de la duda. ¿Vivimos en un Estado fallido –como aseguran los expertos del Pentágono– y estamos en peligro de que nuestro sistema político se colapse de repente? A discutir la primera parte de esta pregunta invité la otra noche a un joven artista plástico y a dos intelectualas que lo acompañaban. Una de ellas dijo: el concepto de Estado fallido se deriva de la conocida afirmación de Max Weber en cuanto a que el Estado posee el monopolio de la violencia.

No hace mucho, anotó el artista plástico, Felipe Calderón dijo que él tenía el monopolio de la violencia. Pobre, ni siquiera distingue entre gobierno y Estado, se condolió la otra intelectuala. En la Libre de Derecho nadie le enseñó que el Estado posee tres componentes: territorio, población y gobierno. Sí, pero el Estado, insistió la intelectuala que llevaba la voz cantante, tiene el monopolio de la violencia y, en el caso de México, ese monopolio se convirtió en duopolio.

Permíteme, discrepó su colega, pero Weber habló del monopolio legítimo de la violencia. Le-gí-ti-mo. ¿Y cuál es ese monopolio legítimo?, abundó. Pues el que permite al Estado disponer de las fuerzas armadas. ¡Ahí está el detalle!, salté, evocando a Cantinflas. El Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, pero Calderón no es legítimo, medio México lo considera espurio. Y dos, el monopolio legítimo de la violencia, o sea, las fuerzas armadas, cívicas y militares, han perdido el control de franjas territoriales en la frontera norte y en otros estados donde el narcotráfico es el que manda. Por eso en Texas ya están las tropas del Tío Sam…

Parodiando a Weber, el Estado mexicano ha perdido asimismo el monopolio legítimo de la justicia, pues ahora el narco juzga a criminales, sospechosos e inocentes con el mismo rasero, y los castiga mediante la aplicación mecánica de la pena de muerte. Y por si lo anterior fuera poco, el Estado mexicano también ha perdido el monopolio legítimo de la recaudación fiscal, porque de manera creciente el narco está cobrando impuestos en casi todo el país, tanto a los hombres de negocios como a los pequeños vendedores de productos piratas.

De acuerdo con lo anterior, ¿vivimos en un Estado fallido o no? Manden sus puntos de vista al buzón de esta columna y el próximo sábado véanlos publicados en el blog de El Patín del Diablo. Ahora bien, ¿estamos en riesgo de que el sistema político se colapse en forma repentina?

Castidad de lujo

Nos quedan 80 mil millones de dólares en las reservas internacionales, casi mil millones menos que la semana pasada y, no obstante, el peso continúa hundiéndose. A este ritmo, dentro de 80 semanas, o menos, las arcas del Estado podrían estar vacías y el país en riesgo de quedarse, como la Argentina de Fernando de la Rúa (diciembre de 2001), sin circulante, es decir, en el corralito.

Cada 24 horas pierden su empleo 890 personas (según el Inegi, por tanto, la cifra debe ser mucho mayor). En lo que va del año, las exportaciones se redujeron en más de 30 por ciento, cayendo a su nivel histórico más bajo. Y la inflación sigue creciendo porque el diesel se mantiene a la alza, mientras las gasolinas, la luz y el gas conservan precios de escándalo. Pero el descontento popular no traza siquiera una arruga en la frente de Carstens.

Pese a la urgencia de cambiar inmediatamente de política económica, el presupuesto de egresos de 2009 contempla que más de la mitad del dinero que será ejercido servirá para pagar los sueldos de la burocracia, entre ellos las insultantes percepciones de los magistrados de la Tremenda Corte, sus bonos extras, sus vales de comida y combustible, sus viáticos en otras ciudades y países, sus gastos médicos, sus vacaciones y aguinaldos, que en suma les reditúan cerca de 10 millones de pesos por toga al año, o, en grupo, 110 millones, o 660 millones al sexenio (sin contar los salarios de magistrados y jueces de menor rango, secretarios, tinterillos y demás) que el pueblo dilapida, mediante sus impuestos o de la renta de Pemex, con la ilusa pretensión de garantizar que sus máximos jueces no se corrompan. ¿No sería más barato asignarles 11 cinturones de castidad de oro, con incrustaciones de diamantes y esmeraldas? O quizá, simplemente, dejar que se corrompan. Total, para las sentencias que dictan, en beneficio invariable de los ricos…
Carecemos de un Poder Judicial que actúe como factor de equilibrio, en un país marcado por la desigualdad extrema; el gobierno federal parece una fiesta infantil en la que todos los niños andan con los ojos vendados dándose palos unos a otros. Y el Poder Legislativo, que por su pluralidad podría abrir una salida de emergencia con el consenso de todos los partidos, está a punto de ser despojado de cualquier legitimidad por el IFE, cuyos consejeros, encabezados por Vazurita, ya echaron a perder cuatro veces la elección de julio (y eso que la gente todavía no vota): una, al castigar enérgicamente al PRD por su campaña contra el PAN, y sólo amonestar al PAN por su campaña contra el PRD; dos, al arrodillarse ante las televisoras y perdonarles las multas; tres, al arrodillarse de nuevo ante ellas, y ahora sí multarlas, debido a las burlas que provocaron con su actitud inicial y, cuatro, al subirse y de inmediato bajarse los sueldos, con una celeridad que anticipa lo que seguirán haciendo, tantas veces como sea necesario, con sus propios calzones.

Estado fallido, pérdida de control territorial, duopolio de la violencia, tropas estadunidenses en la frontera de Texas, evaporación paulatina de las reservas federales, desempleo galopante, inflación a tope, desplome histórico de exportaciones, parálisis mental en el gabinete económico, y pronto, muy pronto, crisis política después de las elecciones que se combinará, según todos los pronósticos, con una espectacular reducción del dinero circulante debido a la desaceleración prevista para el segundo semestre de 2009.

¿Colapso repentino del sistema político cualquier día de estos? Lorenzo Meyer lo dijo la otra noche en la televisión cultural con palabras más claras: no estamos en proceso de transición hacia una forma de gobierno más democrática, ni retrocediendo hacia los antiguos métodos de control priísta; no vamos a ninguna parte, nos estamos hundiendo.

El brasier de Emma

Por fortuna, por segunda semana consecutiva sigue en cartelera la nueva creación de Maryse Sistach y José Buil, El brasier de Emma, una comedia de alta calidad, ubicada en el México de 1962, cuando vino a visitarnos Marilyn Monroe con sus legendarios pechos desnudos bajo la ropa, lo que en esta cinta da pie a una reflexión feminista, sumamente humorística, sobre las glándulas mamarias, en torno de una niña (Sofía Espinosa) y su madre (Arcelia Ramírez), que sufren problemas pectorales de distinta índole, en un DF en que por las calles, con bandera de taxi, circulaban enormes cocodrilos.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

La cantaleta*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Luis Javier Garrido

La cantaleta de Felipe Calderón sobre el narco es también, y sobre todo, una forma de encubrir los vínculos del PAN y del gobierno panista con el crimen organizado y con los cárteles, y es por ello que el gobierno de facto la está acentuando con vistas a las elecciones legislativas de este año.

1. México no había tenido a lo largo de su historia un gobierno tan inepto y de espaldas a la realidad como el de Felipe Calderón, que para paliar su ilegitimidad, su falta de respaldo popular y su impotencia frente a los problemas, no deja pasar ocasión para fotografiarse con los militares y preconizar una guerra contra el crimen organizado que no existe, tratando de aparentar una fortaleza de la cual carece, y olvidándose de que los mexicanos saben bien que su gobierno se instaló tras un fraude orquestado precisamente por diversas facciones del crimen organizado: de defraudadores, traficantes de influencia y lavadores de dinero, y que las campañas panistas se han apoyado tanto o más en el dinero sucio que las de sus aliados priístas, de los cuales busca tomar distancias.

2. Las acusaciones en un principio veladas y después abiertas de Calderón y sus amigos, primero al PRI y a los priístas y luego al gobierno de Vicente Fox, de haber favorecido el narcotráfico, dirigidas en lo esencial por motivos electorales, y que han terminado por revertírseles, se originaron por el nerviosismo de los panistas instalados en Los Pinos, que advierten que a pesar de las groseras manipulaciones con las que están organizando el proceso electoral de 2009, éste se va a saldar por un repudio.

3. Resulta evidente, como tantas veces se ha señalado, que de haber una real lucha contra el narcopoder Calderón habría tenido que proceder penalmente, antes que otra cosa, contra una serie de prominentes empresarios protectores suyos y contra muchos responsables de los bancos y de otras instituciones de crédito, por lavado de dinero, como no lo ha hecho tampoco contra prominentes panistas y priístas amigos suyos, ni contra Vicente Fox y los hijos de Marta Sahagún, sobre quienes existen múltiples evidencias de su vinculación con el crimen organizado.

4. El hecho de que el PAN se hundiese el año pasado en las elecciones locales y municipales como tercera fuerza electoral y que todas las encuestas efectuadas hasta ahora le otorguen sólo 30 por ciento del respaldo de los votantes que irían a las urnas, con más de 10 puntos por abajo del PRI, ha llevado al gobernante espurio a una mayor descomposición anímica y a buscar obsesivamente todos los respaldos y arreglos para mejorar el resultado electoral de los panistas (que sería al fin un referendo sobre su gobierno), para lo cual no ha tenido prurito de intentar todo tipo de acuerdos con el nuevo gobierno estadunidense, que no lo está dejando desamparado del todo.

5. Los gobiernos de Estados Unidos, sean republicanos o demócratas, han buscado desde la administración de Ronald Reagan someter por completo a México en función de sus intereses estratégicos, para lo cual han buscado que se consolide en el poder económico y político de nuestro país una mafia entreguista, integrada tanto por salinistas y zedillistas como por panistas, profundamente corrupta y vinculada al narco, lo que le ha permitido a la Casa Blanca tener al sur gobiernos mexicanos cada vez más sumisos y fáciles de manipular, pues su propia corrupción y dependencia ante el crimen organizado, como es el caso de la administración espuria de Calderón, los hace extremadamente débiles, máxime si como éste fue impuesto por un fraude electoral grosero.
6. La política del gobierno de Obama, que carece de un proyecto reformista y sólo busca –y sin mucho empeño, por cierto– lavar la imagen de Estados Unidos al exterior, no está siendo por consiguiente diferente. A nadie puede sorprender por ello que el mismo día que Calderón envía a otro traficante a Estados Unidos en un vergonzoso acto entreguista más y en correspondencia el procurador Eric Holder se suelta unas declaraciones de corte bushiano sobre el riesgo que los cárteles mexicanos representan para la seguridad interna de Estados Unidos y el gobernador de Texas demanda más tropas federales para proteger la frontera (La Jornada, 26 de febrero), el Departamento de Estado publique su Informe anual sobre derechos humanos señalando que existen impunidad y corrupción en todos los niveles del gobierno de Calderón, que queda como un trapeador.

7. En México las organizaciones defensoras de los derechos humanos han repetido en múltiples ocasiones que con Calderón se han multiplicado los desaparecidos, que no son sólo los miembros del EPR, y los asesinatos de periodistas; que las fuerzas policiales y militares del régimen cometen cotidianamente todo género de tropelías, y que las cárceles están llenas de presos políticos, no sólo Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (FPDT), y sus compañeros, entre ellos el estudiante de derecho Héctor Galindo, sino indígenas y campesinos pobres en todo el país, pero ahora los señalamientos han venido en menos de un mes de la ONU en Ginebra (10 de febrero) y del gobierno de Obama (25 de febrero), en quien Calderón ve su salvación.

8. En nuestro país, millones de mexicanos estiman que Calderón encabeza (al menos formalmente) un gobierno espurio, antinacional y antipopular que viola reiteradamente los derechos humanos y sólo se sostiene por el respaldo de un sector de los medios, del Ejército y del clero, y en el extranjero no es muy diferente la percepción que se tiene del que asume como su mayor orgullo el ser considerado el Uribe mexicano, ignorando que el presidente colombiano es reputado como un genocida.

9. La cantaleta de Calderón sobre la guerra que libra contra el narco está como era de suponerse revirtiéndose contra el propio gobierno panista, que no puede ya llevar al país a un mayor baño de sangre en un afán de supervivencia política y por afanes de propaganda electoral.

10. Un gobierno democrático pugna por resolver los problemas del pueblo y uno espurio como el panista de Felipe Calderón por sobrevivir, utilizando de manera patrimonial para ello todos los recursos del Estado, y una buena parte de la crisis nacional tiene su origen precisamente en ello: en el precio que México está teniendo que pagar por tener un gobierno impuesto ilegalmente por la vía de la fuerza, y cada vez más de espaldas a la nación.


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Contabilidad mañosa y oscura en el ejercicio del gasto público: ASF*

· El gobierno se autorroba cada día y a cada instante, afirma González de Aragón

· El auditor denuncia subejercicios presupuestales para desviar recursos hacia fines distintos a los aprobados

· Los fondos transferidos a estados y municipios, de las áreas más turbias, dice


Juan Antonio Zúñiga

La existencia de subejercicios presupuestales en dependencias y entidades del sector público revela el exceso de trámites y burocracia, la insuficiencia de proyectos y una evidente incapacidad de ejecución, lo cual provoca que los programas públicos no se cumplan con oportunidad, afirmó Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al dictar una conferencia magistral sobre las áreas sensibles de opacidad y riesgo de la gestión pública, González de Aragón apuntó que el primero de estos temas se ubica en la necesidad de instrumentar una contabilidad de carácter patrimonial con sistemas y mecanismos apropiados de registro y control, que eviten las prácticas corruptas y la desaparición constante de los activos. Cada día y a cada instante, sostuvo, el gobierno se autorroba.

Ante unos 250 integrantes del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el auditor superior de la Federación apuntó que en los tres niveles, federal, estatal y municipal, el gobierno aprendió a aplicar sistemas contables mañosos, oscuros y discrecionales, similares a los que puso en práctica la quebrada compañía estadunidense Enron.

González de Aragón explicó la mecánica contable, utilizada por los ejecutores del presupuesto de gastos del sector público, para obtener recursos de la Tesorería de la Federación (Tesofe), simular su uso, colocarlos en fondos y utilizarlos con fines distintos para los que fueron aprobados. El Congreso de la Unión, dijo, aprueba recursos presupuestales para unas cosas que son destinados a otras por los responsables de ejercerlos.

Describió: “Siendo que los montos no aplicados se ejercen mediante la expedición de ‘Cuentas por Liquidar Certificadas’, la Cuenta Pública correspondiente registra estos importes como totalmente ejercidos, sin haberse erogado efectivamente. A través de esta práctica irregular, los montos presupuestales no ejercidos, pero sí retirados de la Tesorería de la Federación, son utilizados para incrementar las disponibilidades que, en algunos casos, son excesivas, o bien son canalizados a la creación de distintos fondos, o a incrementar el patrimonio de otros, con el propósito de destinarlos hacia fines distintos de los aprobados”.

El titular de la ASF identificó al uso de los recursos federales que se transfieren a estados y municipios, mediante los ramos generales 23 y 33 del presupuesto, como una de las áreas más oscuras en materia de transferencia y rendición de cuentas. A través de sus distintos fondos, los recursos federales transferidos por estos ramos ascienden a unos 400 mil millones de pesos, que representan 21 por ciento del total del gasto federal programable.

La Auditoría Superior, precisó, ha practicado numerosas revisiones al ejercicio presupuestal de dichos fondos, las cuales han derivado en cuantiosas y recurrentes observaciones asociadas a incumplimiento y laxitud de la norma, así como a deficiencias en el control interno.

El auditor superior de la Federación, Arturo González de AragónFoto Francisco Olvera
Abundó: en el caso del ramo general 33, los recursos federales no ejercidos permanecen intocables en los fondos respectivos, con el riesgo de desviarlos hacia fines ajenos a los previstos. E hizo énfasis en que tanto el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación como la Ley de Coordinación Fiscal no establecen la obligación de reintegrar esos recursos a la Tesorería de la Federación ni tampoco de sujetarse a un plazo para su aplicación.

Por lo mismo, González de Aragón, quien el 12 de marzo dará a conocer los detalles de la Cuenta Pública del primer año de la administración encabezada por Felipe Calderón, manifestó que es urgente fijar un límite de tiempo para ajercer estos recursos, con el fin de inhibir la discrecionalidad que existe en su uso, y evitar los retrasos y la pérdida de oportunidades que se presentan en la ejecución de las acciones.

Abundó que también es urgente impulsar una regulación que obligue a reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos federales no ejercidos, con el fin de evitar desvíos y acumulación de disponibilidades que impiden aplicarlos en necesidades prioritarias.

El titular de la ASF resumió: hemos detectado actos de discrecionalidad en la gestión gubernamental, tales como el manejo y aplicación de excedentes petroleros; otorgamiento de donativos, estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; manejo de recursos de derechos de trámite aduanero; administración y manejo de fondos y fideicomisos; así como la entrega de préstamos y donativos a sindicatos, entre otros.

Por la noche, la Secretaría de Hacienda manifestó que el ejercicio de los recursos públicos es transparente y apegado estrictamente a lo que marca la ley. Declaró que esperará a la recepción oficial del Informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública, que tiene como límite el próximo 15 de marzo, para conocer el detalle de los comentarios vertidos por el auditor, antes de documentar y aclarar lo contenido en dicho informe.

La dependencia destacó el compromiso fundamental del actual gobierno con la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, y recordó incluso la reforma hacendaria donde se consideró la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyo objetivo –dijo Hacienda– es el establecimiento de un sistema contable armónico en los tres órdenes de gobierno y que incluye la contabilidad patrimonial para hacer más eficiente la toma de decisiones administrativas en los gobiernos y transparentar el manejo de los recursos públicos.

*Tomados de La Jornada.

¿Y las leyes?*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Octavio Rodríguez Araujo

El Presidente de la República tiene la atribución de preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente para la seguridad interior de la Federación (artículo 89, VI, de la Constitución). Pero también es el primer obligado a respetar la Carta Magna de la nación, misma que en su artículo 16 establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Este artículo también establece que las órdenes de aprehensión sólo pueden librarse por la autoridad judicial, pero que cualquier persona (¿un miembro del Ejército también?) puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. En los casos de delincuencia organizada la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, podrá decretar el arraigo de personas y expedir órdenes de cateo que expresarán el lugar que ha de inspeccionarse y las personas que serán aprehendidas, además de los objetos que se buscan. En tiempos de paz los militares en activo no podrán alojarse en ninguna casa particular contra la voluntad del dueño. En tiempos de guerra sí, pero una guerra debe ser declarada por el Congreso (artículo 73, XII) con base en los datos que le presente el Ejecutivo, o éste (artículo 89, VIII) en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.

No estamos en guerra con ninguna nación del planeta, no se ha decretado guerra alguna, aunque se le ha llamado guerra a las acciones emprendidas por el Ejecutivo contra el crimen organizado. En esta guerra se ha sustituido, sin fundamento constitucional alguno, a la autoridad judicial y al Ministerio Público, por la fuerza armada permanente, o sea el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que lejos de estar coadyuvando a la seguridad interior han convertido al país, junto con todo tipo de policías, en un espacio territorial inseguro, sobre todo en una decena de entidades de la Federación (en lo que va del año ya se contabilizan mil muertos, más los otros miles de los dos años pasados). El artículo 16 constitucional, del que he citado algunas partes, no se ha respetado y muchos ciudadanos (recientemente en Durango), además de organizaciones defensoras de derechos humanos, protestan precisamente porque los cateos han sido anticonstitucionales, las aprehensiones también, y porque ha habido hechos de tortura o de trato salvaje sobre ciudadanos mexicanos, sean o no presuntos delincuentes.

Estas violaciones a los derechos humanos y a lo que expresamente dicta el artículo 16 constitucional, han sido cometidas por miembros del Ejército que, indebidamente, ha estado ejerciendo funciones que corresponden a las autoridades judiciales y, concretamente, a la Procuraduría General de la República (Ministerio Público Federal). ¿Y quién es el jefe del Ejército, es decir del que dependen los secretarios de la Defensa y de Marina? El Presidente de la República. ¿No protestó Felipe Calderón guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen?
El artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en su fracción II, señala que una de sus misiones generales es garantizar la seguridad interior. Y el artículo 2 establece que esta misión, entre otras que tiene encomendadas por su propia ley, podrá ser realizada de forma conjunta con otras dependencias de los tres niveles de gobierno conforme lo ordene o lo apruebe el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales.

Habremos de asumir que la participación del Ejército, y también de la Marina, es para garantizar la seguridad interior. ¿Y qué debemos entender por seguridad interior o por peligros o amenazas a la seguridad interior? El concepto seguridad interior es muy amplio y se presta a ambiguas interpretaciones (mas no debe confundirse con el concepto de seguridad pública también contemplado en la Constitución). Simplifiquemos: la seguridad interior no está amenazada, como tampoco nuestra soberanía; hay inseguridad en el país, pero es de otro tipo. La existente es contra las personas y sus bienes, como ocurre en cualquier lugar donde hay delincuentes, pocos o muchos, da igual. Y garantizar la seguridad pública es tarea del gobierno, ciertamente, pero de acuerdo con las leyes, comenzando por la Constitución, y no con el Ejército

El problema es doble: 1) que al zangolotear Calderón el avispero del crimen organizado están pagando algunas avispas, cierto, pero también muchos ciudadanos inocentes, unos porque estaban en el lugar y el momento equivocados y otros porque los soldados entraron a sus casas o negocios y arrasaron con todo, incluyendo sus derechos humanos y su integridad física; y 2) que al usar a la fuerza armada permanente en funciones de policía dependiente del Ministerio Público y sin apego al artículo 16 constitucional, no sólo no se está respetando éste sino que se está poniendo en juego el prestigio de una de las instituciones que mejor imagen debería tener en el país: el Ejército.

Lo que está ocurriendo en los hechos, tal vez por una interpretación excesivamente amplia del concepto seguridad interior, y suponiendo que la base jurídica está en el artículo 89-VI citado, es similar a lo que ocurrió en tiempos de Ernesto Zedillo, cuando se inventó que el Ejército era coadyuvante del Ministerio Público Federal y se violaron varios artículos constitucionales y hasta la ley agraria en Chiapas. Todos los que estuvimos allá en 1995, incluyendo a la prensa internacional, fuimos testigos de que en la realidad el Ministerio Público estaba a las órdenes del Ejército, que incluso usaba a los agentes de la Procuraduría General de la República como mensajeros. ¿No estará ocurriendo lo mismo, indebidamente?

*Tomado de La Jornada.

Téllez, "el que llama paga"*

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y El Fisgón y El Universal, Helioflores y Naranjo.

JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F., 24 de febrero (apro).- En menos de un mes el sector de las telecomunicaciones se ha visto envuelto en un enredo que tiene tintes lo mismo de telecomedia que de escándalo de espionaje, al estilo Juan Orol, con no pocos ingredientes de vendetta.

La historia de estos sucesos no comenzó a escribirse el 1 de febrero –fecha en que se oficializó la renuncia de la subsecretaria Purificación Carpinteyro--, sino el 4 de noviembre de 2008, día del fatídico avionazo que le costó la vida al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y al exsubprocurador José Luis Santiago Vasconcelos.

Como en las famosas cajas chinas, la disputa de poder entre Carpinteyro y Téllez está cubierta por otra caja, que es una disputa mayor por el sector de las telecomunicaciones, cuyos actores principales son empresas con gran poder de presión y amplias ramificaciones políticas: Televisa y las empresas cableras, por un lado, Telmex y su poderío en telefonía fija y móvil, Telefónica con el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, al frente, así como una variedad de jugadores intermedios (MVS, Axtel, TV Azteca, Iusacell, Nextel, etcétera) e inversiones que superan los 20 mil millones de pesos anuales.

En esta disputa cada actor defiende su territorio como si fuera de su propiedad y no una concesión. Las televisoras han presionado para evitar una tercera cadena y frenar el ingreso de Telmex al triple play. Telmex prefiere invertir en el extranjero en tanto no le cumplan lo prometido en el Acuerdo de Convergencia y la gran mayoría de las empresas siente un clima de incertidumbre jurídica y falta de liderazgo.

Pero un contexto político mucho más delicado ha agudizado este pleito por el control de las telecomunicaciones y los medios electrónicos. Este contexto está relacionado con el papel que protagonizó el secretario Luis Téllez desde que el 5 de noviembre de 2008 empeñó su cargo, su palabra y, quizá, su prestigio para explicarle a la nación que el avionazo fue el resultado de un lamentable accidente, cuyos responsables fueron los pilotos (sin posibilidad alguna de defenderse) y descartando otros posibles factores.

Antes de este suceso, el papel de Téllez en el gabinete calderonista era más bien gris. Se quejaba en privado por su falta de interlocución con Calderón. Los panistas lo veían con desconfianza por su participación protagónica en los sexenios de Salinas y Zedillo. Su vínculo con Carlyle y la familia Bush pudo beneficiarle antes de la derrota de los republicanos en Estados Unidos. Sus relaciones con Televisa ya estaban deterioradas, a pesar de haber sido consejero de Cablevisión.

Si algo revelan las grabaciones difundidas el 13 de febrero es que hasta octubre del año pasado, el titular de Comunicaciones y Transportes no tenía interlocución directa con Calderón, estaba ansioso porque no lo invitaban a los eventos en Los Pinos y necesitaba maniobrar con su asesor jurídico Juan Velázquez para evitar que en el equipo presidencial se enteraran que posiblemente él violó el amparo que había ganado Telcel en su litigio por "El que llama paga" con Axtel, empresa vinculada a Lorenzo Zambrano, uno de los respaldos más fuertes de Téllez en el gobierno federal.

Desde el 4 de noviembre la ecuación cambió. Téllez ocupó un lugar privilegiado en "el afecto presidencial", han insistido diversos observadores. De ser un expriista incorporado al gabinete (como en el caso de Javier Lozano), Téllez se transformó en una pieza clave para enfrentar la más grave crisis al interior del equipo de gobierno calderonista.

¿A quiénes afectó este protagonismo? ¿Qué tuvo que aceptar Téllez a cambio? ¿Qué secretos existen en los sucesos de noviembre de 2008 que anteceden a la fiebre de "filtraciones" y llamadas telefónicas de un funcionario que nunca se ha caracterizado por su discreción o su temperancia? ¿Se trata de un ajuste de cuentas o de una advertencia? ¿Es Téllez el único destinatario de esta embestida o es un mensaje también para Calderón?

Estas preguntas están en el ambiente político. Por esta razón, Téllez intentó "vacunarse" este martes reconociendo que se darán a conocer nuevas llamadas interceptadas y, de antemano, pidió disculpas a todos aquellos que pudieran sentirse ofendidos por su falta de elegancia al expresarse en privado. E insistió en el tema del chantaje y de la extorsión.

"Como lo ha observado la opinión pública, estoy siendo víctima de una extorsión como secretario de Comunicaciones y Transportes y como ciudadano. Lo he dicho, no he incurrido en acciones ilegales. Me he conducido en todo momento de acuerdo a mis atribuciones, es decir, dentro de la ley. Reconozco que he utilizado lenguaje altisonante, como lo hacen muchos en conversaciones privadas", afirmó durante su participación en la Expo Comm 2009 que inició este 24 de febrero.

"Sé que más grabaciones pueden venir como se amenaza, pero también reflejan actos indebidos", advirtió Téllez.

Por lo visto, la telenovela no ha finalizado. La SCT ha orientado sus baterías en contra de Purificación Carpinteyro, quien pasó de subsecretaria consentida de Los Pinos a ciudadana denunciada en la PGR. El presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, cuya mala relación con Téllez siempre ha sido pública, se desmarcó y hoy le dio un espaldarazo al titular de la SCT.

Ellos pueden ser los personajes menores de un pleito de ramificaciones más complejas. Si así fuera, conviene no sólo admitir que vendrá un mayor escándalo, sino una presión muy fuerte en un sector que genera no sólo las mayores inversiones, sino las interceptaciones más delicadas. "El que llama paga o al que pegan, llama".

Email: jenarovi@yahoo.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

¿Rumbo? ¿Austeridad? ¡Qué tonterías!*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, D.F., 23 de febrero (apro).- Para nadie era un secreto, antes del 2006, que Felipe Calderón era un tipo habitualmente dominado por la iracundia --"mecha corta", se le moteaba--, pero había quienes veían ese talante como sinónimo de ímpetu para vencer problemas, sobre todo ante la dejadez y la pachorra de Vicente Fox en el ejercicio de gobierno.

Calderón ha cumplido, apenas, un tercio de la gestión de la que se hizo a la mala y ya ha dado claras muestras de no sólo no tener carácter para enfrentar problemas, sino de agotamiento ante la responsabilidad que formalmente tiene de encabezar el aparato administrativo del Poder Ejecutivo y, como lo establece la Constitución, de todas las instituciones del Estado.

No se trata de un agotamiento desde el punto de vista corporal ni de su paciencia –que parece haber cambiado a la vista del desgarriate en el gabinete, una reedición del foxiato en ineptitud y frivolidad--, sino de no tener más capacidad para enfrentar, al menos para paliar, la recesión económica que ya se instaló en México, y la operación impune de criminales que a diario amplían el reguero de cadáveres por todo el territorio nacional.

Y no sólo eso: Como parte de la involución que padece México --y gracias a la cual Calderón usufructuó el cargo--, se multiplican las violaciones a los derechos humanos mediante hostigamientos y asesinatos, alguno de ellos con el aparato policial detrás; el doble homicidio de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), en Guerrero, y la persecución contra los periodistas de la revista Contralínea.

Es previsible que esas conductas, con un claro ingrediente político, se multipliquen después de que casos de represión tan claramente documentados, como el de Lydia Cacho y Atenco, han sido convalidados por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pronto resolverá en el mismo sentido de impunidad en el de Oaxaca.

Otro retroceso más, que sólo ratifica la simulación democrática en México, es el desprecio de Calderón a la Ley Federal de Transparencia, a la que ha neutralizado con numerosas maniobras legaloides y francas chicanadas, entre ellas la recurrencia de que proveer a los ciudadanos de información pública pone en riesgo la "seguridad nacional", en un comportamiento semejante al de George Bush y al que Barak Obama ya puso fin.

Pero hay una perla informativa que describe la verdadera estatura del ciudadano Calderón: La gigantesca transferencia de recursos públicos a los medios de comunicación, sobre todo a Televisa y a Televisión Azteca, para compensarles que los partidos políticos ya no puedan contratar publicidad en radio y televisión.

La información, que hoy lunes destaca el diario Reforma, establece que el gobierno de Calderón gastará en 2009 el doble de lo que presupuestó al año pasado en publicidad de televisión, radio y medios impresos.

Así, justo en el año en que se celebrarán elecciones para renovar la Cámara de Diputados y habrá comicios concurrentes en diez estados –seis para gobernador--, Calderón presupuestó mil 791 millones de pesos, más del doble de los 803 millones presupuestados para todo el 2008.

Otro dato es que Calderón no sólo se gastó la cantidad autorizada, sino que la amplió hasta llegar a mil 118 millones, lo que hace prever un comportamiento semejante este año, aun con la crisis económica encima.

Llama la atención que el monto presupuestado en publicidad gubernamental es semejante a los mil 912 millones de pesos que ya no se transfirieron a los partidos políticos como consecuencia de la reforma electoral, que disminuyó en 70% sus prerrogativas, y que en realidad han sido vistas como "pérdidas" de las dos principales televisoras.

Con toda razón, el senador panista Ricardo García Cervantes condena este despilfarro del gobierno de Calderón, no sólo por canalizarse estos recursos públicos a las dos principales televisoras, sino por no emplearse en actividades productivas en un contexto de recesión.

"Me preguntan: '¿Es una compensación por los ingresos que dejarán de recibir los concesionarios, vía las campañas electorales?'. Pues la respuesta, en principio, pareciera que es sí. Es lo que parece."

"En las crisis de seguridad, de empleo, de necesidad de reactivar la economía a partir del gasto público de inversión, que genera empleo, transferir más recursos vía comunicación social a los medios electrónicos va a tener, si se hace, muy poco sustento lógico, ético y político."

Pues sí, pero esta es una prueba contundente de la suprema debilidad de Calderón que nomás no puede y que compra vitalidad con aparecer en las pantallas, pero además –y esto es el inicio de un nuevo escándalo-- pronto se verá que es una estrategia para favorecer al PAN en las elecciones y evitar una mayor catástrofe electoral.

Apuntes

La devaluación del peso frente al dólar --y no hay que olvidar el euro--, es imparable. Costará muchos miles de millones de dólares de las reservas internacionales mantener el dólar a menos de los 15 pesos, como es el empeño del gobierno… Un semana después de que el IFE perdonó a Televisa y a Televisión Azteca por violar la ley con la "manipulación y el manoseo" de las pautas de transmisión de los promocionales que la ley ordena –y un día después de darles un rasguño con una multa de 2 millones de pesos--, Ricardo Salinas Pliego confesó, en Monterrey, que las dos empresas se pusieron de acuerdo para protestar por la medida que, según él, es expropiatoria. "Es como si llegas a Wall Mart y dices: 'qué caro, qué bruto está el gasto'. Y sales con la bolsa llena y sin pagar. Eso fue lo que hicieron estos políticos", exclamó el sicario de Emilio Azcárraga.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Anthony Placido México, como en Colombia en los 80*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

J. JESúS ESQUIVEL

Ninguno de los capos mexicanos de la droga se siente verdaderamente amenazado por la guerra desatada en su contra por el gobierno de Felipe Calderón, porque les resulta fácil comprar protección de las propias autoridades, lamenta el jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA, Anthony P. Placido. Si bien afirma que México ganará esta lucha, advierte que antes de eso los ciudadanos "pagarán un precio alto" por la narcoviolencia. En entrevista con Proceso, Placido revela una de las preocupaciones actuales de Washington: las reiteradas alusiones a los nexos criminales de los colaboradores más cercanos del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.



WASHINGTON.- Para la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), la narcoviolencia y el grave problema de corrupción por narcotráfico en las más altas esferas del gobierno mexicano se deben a que "ninguno de los capos de los cárteles de la droga" se considera realmente en riesgo ante las acciones del presidente Felipe Calderón.

Y "la razón principal por la que no se sienten amenazados es porque tienen un amplio poder de corrupción que les brinda un tipo de inmunidad, digamos, garantizada", explica Anthony P. Placido, el jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA, en entrevista con Proceso.

Añade que el gobierno de Calderón se esfuerza para erradicar la corrupción por narcotráfico, pero acabar con esa práctica, dice, tomará tiempo y provocará luchas sangrientas.

"La situación que vive México en estos momentos es similar a la que se vivió en Colombia a principios de la década de los ochenta", afirma. Y vaticina: "El reto del gobierno mexicano es transformar una amenaza a la seguridad nacional en un problema que pueda ser resuelto por la policía civil. Y, desde nuestro punto de vista, ese es el rumbo que está siguiendo México, pero tomará tiempo y se requerirá de un mayor sacrificio de la gente en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán y otros puntos del estado de Sinaloa donde hay demasiada violencia. Allí la situación empeorará un poco antes de que se resuelva el problema".

Placido refiere que la DEA incluso podría aceptar acuerdos con narcotraficantes mexicanos, similares a los que pactó en Colombia para facilitar que los capos se entreguen, aunque, dice, por ahora no ve condiciones para ello.

"Si están dispuestos a rendirse en términos que sean aceptables para nosotros, estaríamos felices de aceptar sus propuestas, (pero) ninguna de las organizaciones criminales mexicanas se rendiría en estos momentos, a menos que se sientan realmente amenazadas por las operaciones del gobierno mexicano."

A finales de los años ochenta y durante casi toda la década de los noventa, varios capos de los principales cárteles de Colombia (Medellín, Cali y Norte del Valle) negociaron, por medio de la DEA, su rendición ante las autoridades estadunidenses.

"La gente que por años ha estado involucrada en el narcotráfico y acepta cooperar ofreciendo información y evidencias para resolver el problema, puede recibir una reducción en su sentencia, y eso, creo, es una de las formas más apropiadas para acceder a negociar con los narcotraficantes", subraya el encargado de planear y operar las acciones de la DEA contra el narcotráfico a escala mundial.



El inquietante García Luna



El narcotráfico en México, indica Placido, cuenta con un poder de corrupción gubernamental que le proporciona ventajas, lo cual le preocupa mucho al gobierno de Estados Unidos.

Explica que por esa razón en el Congreso estadunidense hay voces que rechazan respaldar abiertamente a las autoridades mexicanas en una lucha común. De hecho, apunta, decenas de legisladores en el Capitolio se oponen ahora a darle a México los mil 400 millones de dólares pactados como parte de la Iniciativa Mérida.

"Nos preocupa, por ejemplo, que de manera constante se mencione que varios de los colaboradores más cercanos del secretario (de Seguridad Pública) Genaro García Luna podrían estar involucrados con grupos criminales como el de los (hermanos) Beltrán Leyva", acota, y evita dar nombres o más detalles sobre este rumor que inquieta al gobierno de Barack Obama.

El jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA señala que, pese a ello, el gobierno de Obama confía en Calderón porque está actuando con transparencia y determinación en el desmantelamiento de las redes gubernamentales corrompidas por el crimen organizado.

"Honestamente, el gobierno de Estados Unidos no estaría invirtiendo mil 400 millones de dólares en la Iniciativa Mérida si no estuviéramos seguros de que se está moviendo en la dirección correcta", destaca Placido, que también fue jefe en México de la DEA:

–¿Cuál es el cártel más poderoso de México?

–La federación del cártel de Sinaloa es la más asesina y poderosa. Ciertamente, el cártel del Golfo sigue siendo violento; el de los Arellano Félix está luchando por su sobrevivencia, apoyado en una sola pata; las facciones del cártel de Sinaloa, como la de los Beltrán Leyva, se están alineando con Vicente Carrillo Fuentes (del cártel de Juárez). Pero sin duda podemos decir que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán son los capos más poderosos de México.

Las más recientes investigaciones de la DEA sobre la federación del cártel de Sinaloa, que lideran El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán, concluyen que esta organización criminal controla toda la costa del Pacífico y las principales rutas del trasiego de cocaína y heroína de México.

"Les da más poder el hecho de que son los dueños absolutos de las zonas de arribo a México de la cocaína procedente de Sudamérica, pero además poseen el lucrativo mercado de la mariguana, que les permite conseguir mucho dinero en efectivo y les cubre las pérdidas que sufren cuando se les confiscan los cargamentos de cocaína, heroína y otras drogas aquí en Estados Unidos o en México", subraya.

Con todo, Placido no comparte el punto de vista del Comando del Estado Mayor Conjunto del Pentágono según el cual México es un "Estado fallido" por su incapacidad para contener al narcotráfico.

"No creo que estemos cerca siquiera de decir que el gobierno de México ha fracasado y que los narcotraficantes han salido victoriosos, o que México es una tierra sin leyes y sin un gobierno que lo controle… No hay duda que en México hay mucha violencia, pero es el resultado de los esfuerzos del gobierno para detener el poder y la impunidad del narcotráfico", afirma Placido, quien hace una pausa para recapacitar en lo que dice y luego hace una anotación:

"Ciertamente, sí podría aplicarse lo del Estado fallido a lugares de México como Ciudad Juárez o Tijuana, donde hay un muy alto nivel de violencia. Pero al decir esto no quiero que se piense de ninguna forma que intento minimizar el gran problema de la violencia que sufren los mexicanos en otros lugares del país.

"Mi pronóstico sobre lo que puede pasar en México es que la gente primero pagará un precio alto por esta violencia, pero el gobierno va a ganar la guerra y romperá el circulo de impunidad que disfruta el narcotráfico y acabará con su influencia de corrupción y poder de intimidación."



Penetración en EU



Al jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA se le inquiere sobre la presencia de los cárteles mexicanos en 195 ciudades de Estados Unidos. Responde que la DEA y otras agencias federales de su país están haciendo todo lo posible por desmantelar a estas células, aunque reconoce que se expanden con rapidez y que es cada vez más difícil descubrirlas.

"Son una fuerza poderosa en Estados Unidos", acepta Placido, y explica que a partir de que los narcotraficantes colombianos comenzaron a utilizar a los operadores mexicanos para transportar droga en este país, grupos como el de los Arellano Félix, el de Vicente Carrillo Fuentes y el de El Chapo Guzmán empezaron a convertirse en los dueños absolutos del mercado estadunidense.

Por ejemplo, dice, "el mercado de drogas de Miami se proveía de los cargamentos que metían los colombianos por barco o por aviones procedentes de varios puntos del Caribe y Sudamérica. Actualmente esta droga es llevada por los narcotraficantes mexicanos en camiones de carga que salen de varios puntos de la frontera con México; El Paso, Texas, es uno de ellos", ejemplifica Placido, quien señala a Atlanta, Georgia, y a Los Ángeles, California, como dos ciudades donde los cárteles de México tienen un dominio "muy consolidado", y desde donde lanzan sus redes de distribución para las costas este y oeste.

"Aquí están activos todos los cárteles mexicanos. Entre ellos están compitiendo por el control de las ciudades, pero aún no se desata una guerra sangrienta como la que hay en México por esta situación; digamos que aquí son menos violentos", añade.

Sentado ante una pequeña mesa redonda en el noveno piso de las oficinas centrales de la DEA, Placido no se atreve en esta ocasión a pronosticar cuándo podría ser arrestado El Chapo Guzmán, uno de los criminales más buscados por la agencia estadunidense.

Considera que, ante la ola de narcoviolencia que afecta a casi todos los estados de la República Mexicana, no es este el momento indicado para hacer sus acostumbrados vaticinios. Y revela:

"Han sido varias, muchas, las ocasiones que (en territorio mexicano) hemos estado muy cerca y a punto de atrapar a El Chapo; pero al final algo pasa que nos impide su detención. Por alguna razón (El Chapo) recibe algún pitazo de que estamos cerca de él y se escapa en el momento preciso."

Aclara que en todas las operaciones de este tipo los agentes de la DEA van siempre acompañados de agentes federales y de soldados mexicanos, quienes son los encargados de ejecutar los arrestos.

Y advierte: "Nosotros simplemente proveemos de información de inteligencia, como parte de las acciones bilaterales y compromisos de intercambio de información que mantenemos con México en la guerra contra el narcotráfico".

Para el jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA, "el éxito de México (en esta lucha) es el éxito de Estados Unidos, pero sin duda este triunfo se consolidará el día que arrestemos a los capos del narcotráfico mexicano y cuando sean extraditados a Estados Unidos".

*Tomado de la revista Proceso

Imparable, la militarización de los mandos policíacos*

Tomado de La Jornada, Hernández.

JORGE PéREZ ALBARRáN

MÉXICO, D.F., 20 de febrero (apro).- El teniente coronel, Eusebio Alecio Villatoro Cortez fue designado hoy director de la Policía Estatal Preventiva de Baja California.

Villatoro Cortez se suma así a la lista de militares que actualmente están al frente de las corporaciones policiales en por lo menos nueve entidades del país.

A pesar de las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para regresar a los militares a sus cuarteles y de las denuncias de vejaciones, abusos y asesinatos cometidos contra la población civil, el proceso de militarización de los cuerpos de seguridad estatales sigue en marcha: la expansión del rol de las fuerzas armadas se intensificó cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República y decidió echar mano del Ejército para combatir al crimen organizado.

El nombramiento del teniente coronel Villatoro Cortez no es casual: Baja California es uno de los estados que registra el mayor índice de homicidios dolosos en el país, junto con Ciudad Juárez.

De hecho, desde agosto del año pasado, las labores de seguridad pública en Tijuana están a cargo de militares, en este caso del también teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez.

En la llamada "guerra contra el crimen organizado", el presidente Calderón sacó a las calles a más de 20 mil militares para combatir la ola de ejecuciones en el país. Esa modalidad ha sido copiada por algunos gobernadores y alcaldes que, ante la corrupción y descomposición de los cuerpos policiales, habilitaron a militares en retiro para garantizar la seguridad y reorganizar a los cuerpos encargados de velar por la ciudadanía.

Actualmente, militares de alto rango, retirados y en activo, encabezan las labores de seguridad pública en Aguascalientes, Coahuila, Baja California, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

En Aguascalientes, el general de División Diplomado de Estado Mayor, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado desde el 6 de octubre del año pasado.

Un caso singular es el del estado de Tabasco, que, en menos de tres años, tuvo a tres generales de División al frente de la Secretaría de Seguridad Pública: Francisco Fernández Solís, Alberto Espinosa Ramírez y Héctor Sánchez Gutiérrez.

En marzo de 2007, el general Fernández Solís fue víctima de un atentado, presuntamente perpetrado por miembros de la misma SSP del estado, encabezados por Juan Cano Torres, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Manuel Andrade, líder de un grupo denominado "La Hermandad".

Otros generales que encabezan secretarías de Seguridad Pública estatales son: Juan Heriberto Salinas, en Guerrero; Mario Ayón Rodríguez, en Puebla; y Juan Manuel Orozco Méndez, en Veracruz.

En tanto, en Tlaxaca, el expresidente del Supremo Tribunal Militar, el general de División, José Leopoldo Martínez González, es subsecretario de Seguridad Pública.

En Coahuila, el director de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado, es el general de Brigada, Jesús Ernesto Estrada, mientras que el director de la Policía Preventiva de Saltillo, es otro militar retirado: el general Brigadier, Marco Antonio Delgado.

Y en Gómez Palacio, Durango, el teniente coronel Ignacio Ramírez, encabeza la secretaría de Seguridad Pública Municipal, que anteriormente presidieron el general Abelardo Díaz Pedroza y el mayor Roberto Orduña.

La participación de militares en tareas de seguridad pública tiene sustento legal en un acuerdo adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1996.

En ese entonces, la Corte resolvió cinco tesis que allanaron el camino para que los gobiernos federal y estatal puedan recurrir a las fuerzas armadas. Y es que aprobaron su participación "en acciones civiles en favor de la seguridad pública en auxilio de las autoridades civiles".

*Tomado de la revista Proceso.

Desfiladero*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera.

Nuevo fraude pactan Calderón y Elba Esther: el TFCA a cambio de votos

Jaime Avilés
Después de lanzarle la jauría mediática a Carlos Slim, el hombre, a veces, más rico del mundo, y de recibir la cristiana bendición del panadero Lorenzo Servitje, para quien su gobierno de hecho, no de derecho, ya terminó, Felipe Calderón acaba la semana rodeado por la desconfianza que inspira: luego de escuchar su arenga del jueves en Nuevo León, acerca de que no modificará en absoluto su guerra contra el narcotráfico, los más ricos entre los ricos volvieron a atacar las reservas federales, de tal modo que el dólar cerró en 14.95.

Al mismo tiempo, hubo una fuerte caída (1.9 por ciento) en la Bolsa Mexicana de Valores, y el gobierno de Estados Unidos emitió una nueva alerta para que los ciudadanos de aquel país eviten cruzar la frontera, debido a la inseguridad que impera en la franja entre Tijuana y Matamoros.

Quien durante la campaña electoral de 2006 afirmó que Andrés Manuel López Obrador era un espantachambas, se ha vuelto un espantadólares, bien porque la nula confianza que genera en los inversionistas provoca el derrumbe del peso y de la bolsa, bien porque su derrota ante el narcotráfico ahuyenta a los turistas estadunidenses.

Incapaz de darle una mínima coherencia a su gabinete, donde cada secretario declara lo primero que se le ocurre, Calderón muestra, además, una notoria falta de carácter para pedirle la renuncia a Luis Téllez, o en su defecto, para salir a respaldarlo en su cargo ante las intrigas que van y vienen por los medios electrónicos contra él. Intrigas, todo así lo indica, promovidas por Purificación Carpinteyro, la ex subsecretaria de Comunicaciones, amiga íntima de Los Pinos, a quien la gente de Calderón le habría dado alas para serrucharle el piso a Téllez.

¿Alguien confía en Calderón a estas alturas? Sí, todavía hay alguien que cree en él porque estima que puede volver a sacarle provecho. Esa persona se llama Elba Esther Gordillo y, de acuerdo con fuentes que piden el anonimato, habría ya negociado con Fernando Gómez Mont, el representante de Televisa y Tv Azteca en Bucareli, para ayudarle a ganar las elecciones de julio a los candidatos del PAN, a cambio de quedarse con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), una instancia que se encarga de dirimir las controversias entre el gobierno federal y sus trabajadores, así como las del gobierno capitalino con los suyos.

De concretarse este pacto, doña Elba Estéril controlaría no sólo el sindicato de maestros sino toda la justicia laboral del apartado B, misma que regula las relaciones entre los burócratas y el gobierno. En vía de mientras, agregan las fuentes, se ha aprobado un presupuesto de varios miles de millones de pesos para duplicar el número de salas con que actualmente cuenta el TFCA, y la señora Gordillo nombrará a su antojo a los magistrados que allí despachen, con lo que su poder se multiplicaría de manera exponencial.

Aunque Gómez Mont es quien acordó la jugada con la líder vitalicia del gigantesco sindicato charro de los trabajadores, es un tal David Luque, de la secretaría particular de Calderón, quien arregla los detalles. Para que el pacto quede sellado, como decían antiguamente los novelistas, falta la aprobación de la reforma laboral que promueve, con un frenesí que ahora se entiende mejor, el secretario del Trabajo, y porro mayor del gabinete, Javier Lozano Alarcón. Este insistió, hace unos días, en que la reforma debe salir en abril… justo a tiempo para que Elba Estéril ponga de nuevo en marcha la maquinaria del fraude electoral.

Palos, gracias a la Corte

Eduardo Bours, el pollero gobernador de Sonora, leyó el dictamen de la Tremenda Corte sobre el caso Atenco en el mismo sentido que esta columna, es decir, como una virtual sentencia que legaliza la represión en México. Y ni tardo ni perezoso, mandó 200 agentes de la Policía Federal Preventiva y de la estatal –calcando el esquema de Enrique Peña Nieto y Eduardo Medina Mora en mayo de 2006– para disolver con la mayor brutalidad posible un plantón de ancianos jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, que el martes pasado se sentaron sobre las vías del tren en el poblado de Benjamín Hill, para exigir el pago de las pensiones que el gobierno les adeuda desde 1998.
Los togados estarán orgullosos de su decisión, ya que gracias a ésta Bours ordenó golpear con garrote a ancianos, niños y mujeres (una de ellas embarazada) y desaparecer al líder del movimiento, Humberto Francisco Tapia Madrid, de acuerdo con la denuncia publicada ayer por Julio Hernández López.

Y a propósito de la Corte, Víctor Adrián Trujillo Muñoz opina que don Genaro Góngora Pimentel “es el patiño que procura la coartada de ‘pluralismo de posiciones, propuestas y proyectos de resolución’, y por supuesto siempre pierde porque su función no es ganar batallas sino simularlas. Gran favor le haría a la nación renunciando a su sueldo de 600 mil pesos mensuales, para dejar a esa recua de bien cebados farsantes sin coartada…”.

Diez años sin Galo

Ayer el tiempo cumplió 10 años desde la trágica muerte del periodista Galo Gómez Ogalde, amigo de muchos lectores de esta columna. Ayer también se conmemoró el primer aniversario del fallecimiento de su padre, don Galo Gómez Oyarzún, ex rector de la Universidad de Concepción, en Chile, durante el gobierno de Salvador Allende. En digna representación de esos dos grandes luchadores sociales, Felipe Gómez, hermano de Galo, dirige un pequeño y delicioso lugar de comidas rápidas, llamado Sol y Sombra, frente a la puerta 3 de la Plaza México, en Mixcoac, donde los buenos sabores son uno de los placeres de la nostalgia… Y ya que se habla de negocios alternativos, la crisis inauguró un servicio denominado Bar en Calma, que en realidad es un teléfono (5564-2654) al que usted puede hablar entre las 21:00 y las 4:00, y pedir que le lleven a su casa bebidas, refrescos o tabaco, y evitarse la molestia de salir a la calle en busca de una ventanita y quedar a merced de los alcoholímetros…

Tal como lo anticipó López Obrador el martes frente a la Cámara de Diputados, ya abrieron sus puertas las casas del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, en las 16 delegaciones del DF. Las direcciones son: Álvaro Obregón, Juan Cousin 43, col. Alfonso XIII; Azcapotzalco, Totonacas 90, col. Tezozómoc; Benito Juárez, Víctor Hugo 19, col. Albert. Coyoacán; Pensilvania y División del Norte, col. Parque San Andrés; Cuajimalpa, José María Castorena 226, col. Centro; Cuauhtémoc, Dr. Navarro 5, col. Doctores; Gustavo A. Madero, Bustamante 98, col. Martín Carrera; Iztacalco, Retorno 2 de Sur 16 número 34, col. Agrícola Oriental; Iztapalapa, calle 14, número 336, col. Leyes de Reforma 2da sección; Contreras, av. San Jerónimo 15, col Potrerillo; Miguel Hidalgo, Lago Mask 198, col Anáhuac; Milpa Alta, Nuevo León 222, barrio Santa Cruz Villa Milpa Alta; Tláhuac, Barranca s/n, col. San Juan Ixtayopan; Tlalpan, San Fernando 410; Venustiano Carranza, Berriozábal 48, col. Morelos, y Xochimilco, Xaltocan 50, barrio Xaltocan.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

El miedo*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Luis Javier Garrido

El miedo a perder sus privilegios está llevando a los grupos mafiosos que gobiernan el país a una creciente fascistización del poder en México, y al mismo tiempo que éstos buscan cómo deshacerse del presidente espurio que colocaron en Los Pinos y del equipo de ineptos que lo acompaña, que se han tornado en un obstáculo para cualquier política, han incrementado la campaña mediática de amedrentamiento de la población que les permite prevalecer.

1. El desastre administrativo, político y financiero del gobierno de facto de Calderón y su incapacidad para actuar ante la situación crítica que vive la mayoría de los mexicanos, le ha concitado un creciente encono popular, una animadversión cada vez más evidente de algunos grupos empresariales y la burla de los columnistas, sin que el gobierno panista tenga otra propuesta que encubrir su incompetencia en la cantaleta de la guerra contra el narco.

2. Los diversos sectores sociales le urgen diariamente en todos los tonos al gobierno de facto que cambie de políticas; los priístas le demandan, una y otra vez, que ponga orden entre los integrantes del gobierno para terminar con las declaraciones contradictorias y descabelladas que son el hazmerreír de todos los días; muchos empresarios hacen señalamientos críticos que no se escuchaban desde hace varios lustros, y todos parecen coincidir en la misma propuesta: hay que cambiar de política económica y social y modificar sustancialmente la ilegal y fracasada estrategia sobre las drogas, pero el gobierno parece incapaz de actuar de otra manera.

3. Los integrantes de la administración panista actúan cada uno por su lado obedeciendo a los poderes fácticos, y el caos político, administrativo y declarativo no hace más que crecer, así como las líneas contradictorias de acción, el caso más evidente es el de la supuesta “guerra contra el narco”. Luego del viraje en las políticas anunciado hace algunas semanas, se han multiplicado las resistencias de los halcones en Estados Unidos y de la ultraderecha en México a que se abandone la estrategia de guerra y el Ejército se someta al marco constitucional mexicano, y el gobierno calderonista parece a la deriva.

4. El señalamiento de carácter fascistoide de Felipe Calderón, acusando durante la celebración de ayer del Día del Ejército (19 de febrero) de cobardes a quienes demandan replegar al Ejército, es un indicador de que él mismo, valido de sus relaciones con prominentes republicanos estadunidenses, está dispuesto a seguir obedeciendo esa misma línea y a intentar que se mantenga su política de provocaciones y de violencia que ha ensangrentado muchas regiones del país.

5. La realidad es, sin embargo, muy diferente y las necesidades de diversos grupos empresariales y la urgencia de poner un alto al deterioro nacional pueden desembocar en un nuevo viraje. El pronunciamiento hecho el 12 de febrero por el empresario Lorenzo Servitje, fundador del Grupo Industrial Bimbo, quien fuera uno de los golpistas que trabajaron para imponer a Calderón en la silla presidencial y ahora le da un puntapié, ha sido multicitado, pero poco analizado, pues puede abrir una vía de análisis sobre lo que pudiera pasar: el pobre del presidente Felipe Calderón, dijo luego de evaluar la situación, está a punto de que termine su mandato: de hecho, no de derecho (El Financiero, 13 de febrero), y las razones para ello son muy claras si se atiende a su razonamiento: su ineptitud para responder a los requerimientos de la sociedad.
6. La política de provocación hacia los grupos dedicados al narcotráfico que Washington impuso a Calderón como eje de su gobierno, no ha supuesto que 45 mil militares mexicanos hayan estado combatiendo a los cárteles bajo las directivas de la DEA en los poco más de dos años de este desastroso sexenio, sino algo muy distinto: que las organizaciones de narcotraficantes, que a la llegada de Calderón estaban sustentadas en lo esencial en grupos destinados al comercio de estupefacientes, se reconvirtieran con celeridad en organizaciones paramilitares y se armaran, y esto a costa del propio Ejército federal, con lo que en realidad lo que se ha visto en estos meses son los combates de militares contra ex militares.

7. El gobierno espurio de Calderón ha tenido como su principal logro en este terreno el del mayor desmantelamiento del Ejército Mexicano a lo largo de su historia. En semanas recientes, 18 mil soldados más abandonaron las fuerzas armadas, de los cuales 560 eran elementos de elite, lo cual suma 150 mil en los añosrecientes, y la casi totalidad de ellos ha pasado a engrosar las filas del narco, según informó la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados (La Prensa, 9 de febrero).

8. La “guerra contra el narco” de Calderón lo primero que ha logrado es, por consiguiente, transformar a los cárteles, que en su necesidad de defenderse se han reconvertido en verdaderas organizaciones paramilitares, y ello gracias a la administración panista que les ha dotado de un personal capacitado y de un armamento sofisticado: con los recursos de la Iniciativa Mérida, que para eso están sirviendo.

9. El Plan México de los halcones washingtonianos no ha fracasado como muchos piensan, sino que está imponiéndose en su fin último, que es el de destruir al Estado nacional mexicano con la complicidad, por perversidad o imbecilidad, de los panistas y de la extrema derecha. Las consecuencias de estas políticas no han sido, desde luego, destruir a las organizaciones, que están más fuertes que nunca, ni debilitar el mercado de las drogas, que florece como nunca antes, sino contribuir al deterioro de las instituciones políticas mexicanas y al desmantelamiento del Estado. Las consecuencias de las políticas del Presidente que los empresarios dicen que ya no es ni siquiera de facto estuvieron desde un comienzo a la vista, y están ahora muy claras.

10. La estrategia pre-emptiva de la re-action ha tenido éxito para devaluar también a Calderón, cuyo gobierno para algunos empresarios ya no es ni siquiera de facto.

*Tomado de La Jornada.

Odio-amor-odio*

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

CARLOS ACOSTA CóRDOVA

Aunque Carlos Slim y Felipe Calderón saben cuánto les conviene estar de acuerdo, cuando el magnate se atrevió a contradecir el optimismo decretado por el presidente sobre los efectos de la crisis en el empleo, medio gabinete se lanzó contra el dueño de Telmex. El PAN incluso amenazó con promover, ahora sí, medidas antimonopólicas... Y lo que pudo ser un debate interesante, se transformó en otra farsa preelectoral de temporada.

Al presidente Felipe Calderón le pasó con Carlos Slim lo que a Rafael Márquez, el capitán de la Selección nacional de futbol, con el portero estadunidense: ante la desesperación y la impotencia –ausentes los argumentos tácticos y mentales–, optó por el golpe bajo, la patada artera.

El lunes 9, durante su participación en el foro México ante la crisis. ¿Qué hacer para crecer?, al magnate se le ocurrió hacer un pronóstico muy severo para el futuro inmediato: “No cabe duda que el Producto Interno Bruto mexicano se va a desplomar, se va a caer, va a ser negativo, (que) ya (lo fue) desde el último trimestre del año pasado. No sabemos cuánto dure, pero va a ser muy fuerte el efecto”.

Y explicó por qué: el PIB “va a ser sustancialmente negativo por la caída del petróleo y de la exportación, entre otras cosas”.

Pero hizo un peor augurio: “Se va a caer el empleo, va a haber mucho desempleo; va a subir el desempleo como no teníamos noticia en nuestra vida personal desde los años treinta; van a quebrar empresas, muchas, chicas, medianas y grandes; van a cerrar los comercios; va a haber locales cerrados por todos lados, va a haber inmuebles vacíos”.

Y la puntilla: “Es una situación que va a ser delicada. No quiero ser catastrofista, pero hay que prepararse para prever y no estar viendo las consecuencias y después estar llorando”.
Hipersensible, Felipe Calderón reaccionó visceralmente ante ese pronóstico, pero sobre todo ante el término “catastrofista”, que asumió personalmente, pues apenas cuatro días antes, el jueves 5, en el marco de la ceremonia conmemorativa del 92 aniversario de la Constitución, había pedido justamente hacer a un lado el catastrofismo y el alarmismo.

Dijo en Querétaro: “No es tiempo de demeritar, sino de aportar. Valoramos la crítica, valoramos la crítica que orienta soluciones y el análisis que alerta responsablemente sobre riesgos latentes. Pero debemos rechazar todos el catastrofismo sin fundamento, particularmente ahora llevado a extremos absurdos, que daña sensiblemente al país, a su imagen internacional, ahuyenta inversiones y destruye los empleos que los mexicanos necesitan. Hagamos a un lado el alarmismo, que ignora los esfuerzos que todos hacemos por superar nuestros desafíos”.

Por eso, el “no quiero ser catastrofista” de Slim –que, aparte, nunca habla inocentemente– lo tomó el gobierno como agresión, y más porque semanas antes desde Los Pinos había salido una instrucción expresa para todas las dependencias públicas: bajar el tono cuando se hablara de la crisis, para evitar el pánico entre la población y la incertidumbre en los mercados financieros.

En consecuencia, desde el gobierno se soltó una fuerte andanada de críticas y cuestionamientos para el empresario, de la que dieron cuenta hasta la saciedad los medios informativos.

En la arremetida participaron todos, desde los secretarios Javier Lozano, del Trabajo, y Alberto Cárdenas, de Agricultura, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, y líderes legislativos del PAN, hasta el propio presidente Calderón y su partido.

No fue poco lo que le dijeron al magnate. Desde las expresiones floridas de Cárdenas, muy propias de él, de “que la boca se le haga chicharrón” a Slim, o que éste tiene “mala leche”, pues “quiere que le vaya mal al país” para aprovecharse y hacerse más rico; hasta calificativos de “cínico” (dice estar a favor de la competencia cuando él mismo la impide), que le endilgaron legisladores panistas, o de “exagerado” (el desempleo no será tan brutal ni se espera un desplome del PIB de 6% o 7% como en 1995), que le propinó el subsecretario Werner.

Pero el encargado gubernamental de confrontar a Slim fue el secretario Javier Lozano. En el marco del mismo foro en el que también participó el empresario; en entrevistas “banqueteras”, en apariciones en radio y televisión, y en una conferencia de prensa expresa para tal fin, la hizo –otra vez– de fajador oficial.

Dijo Lozano, en su típico estilo desmedido, que Slim debería hablar y criticar menos y contribuir más a superar la crisis. Que debe comprometerse a invertir más y a cuidar el empleo de los mexicanos. Que Slim es el segundo hombre más rico del mundo gracias a “las condiciones de nuestro mercado y de nuestra economía”.

También, que no hace nada para incentivar la competencia en el sector de telecomunicaciones. Que es un inconsciente, pues sus declaraciones “realmente pueden tener un impacto en las inversiones, en el empleo y en el ánimo de la gente”. Que… mil cosas más.


Y no tuvo empacho, Lozano, en interpretar la actitud de Slim como una estrategia “para obtener las modificaciones al título de concesión (de Telmex) que hasta ahora no se le han concedido para poder entrar a otros mercados (como la televisión de paga)”, o que sus dichos responden “al deseo de que las empresas se abaraten para luego comprarlas”.

Como parte de la embestida oficial, el Partido Acción Nacional anunció que en la próxima legislatura impulsará cambios –con dedicatoria para Carlos Slim– con el fin de combatir los monopolios en el país, para que “con la competencia económica podamos beneficiar a los consumidores con mejores productos y a más bajos precios”. Así lo dijo Rogelio Carbajal, secretario general del partido.

El propio presidente Calderón hizo lo suyo en la campaña contra el empresario. Lo acusó, entre líneas, de provocador, de infundir temor, de contribuir poco con la solución de la crisis… cuando él ha sido uno de los grandes beneficiarios de las políticas públicas.

Dijo: “Lo importante no es ver quién genera el pronóstico más grave, o quién es capaz de infundir el mayor temor entre los mexicanos, sino qué es lo que cada quien, desde su trinchera y desde su responsabilidad… qué es lo que cada quien, desde su capacidad de acción, puede hacer por México para enfrentar la crisis”.

Reconoció el presidente que el gobierno “tiene la mayor responsabilidad” en esa tarea “y así lo hemos reconocido”, pero que también “es una responsabilidad compartida por todos”, en todos los ámbitos.

Así, remató, “pienso que todos estamos obligados a apoyar a México, particularmente en estos momentos de dificultad y en especial quienes más hemos recibido de esta gran nación”.

La elipsis fue clara: a Slim se le ha dado todo, ha sido uno de los grandes beneficiarios del país, pero no actúa en consecuencia: no apoya al país que lo hizo multimillonario.

Discrepancias

Calderón dio así un giro brusco en su relación con el magnate, al que llegó a calificar de “mexicano ejemplar”, “gran empresario respetable y responsable, visionario”.

O, en todo caso, Calderón regresó a la percepción real que siempre ha tenido de Carlos Slim: un empresario protegido por el gobierno, gran beneficiario de las políticas privatizadoras de los años noventa.

Al menos así lo señalaba cuando era un aguerrido y vehemente diputado federal. En la sesión del 2 de junio de 1992 –Carlos Salinas de Gortari en la Presidencia–, se discutía en el pleno de la Cámara de Diputados sobre política económica. El diputado Calderón acusó:
La privatización de Teléfonos de Mexico (concretada un año antes) no fue “una privatización competitiva, sino una privatización monopólica, en un esquema que no es ni siquiera liberal o neoliberal, sino un sistema mercantilista orientado a proteger intereses económicos señalados y representados, en el caso de esa empresa, por el señor Carlos Slim y sus asociados”.

También: los esquemas de privatización, como el de Telmex, “en lugar de distribuir sus beneficios a la sociedad, han trasladado el control monopólico del poder económico del gobierno, a pequeños grupos de empresarios muy localizados”.

De hecho, Calderón mantuvo esa percepción hasta la época de las campañas presidenciales de 2006, durante las cuales mantuvo con Slim un trato seco, indiferente y discrepante, al menos en el discurso.

En su edición 1565, Proceso reseñó:

Durante las campañas, Slim no se cansaba de decir que los tres principales candidatos presidenciales (Madrazo, López Obrador y Calderón) estaban diciendo “puras tonterías”, que no proponían nada serio y que se la pasaban sacándose “los trapos sucios”. En fin, que no había a cuál irle.

Y Calderón, por su parte, cuando bravucón decía que Andrés Manuel López Obrador era “el más salinista de los salinistas”, le daba un repasón a Carlos Slim. “La verdad es que (López Obrador) tendría exactamente el mismo equipo que tuvo Salinas. Tendría a Manuel Camacho como operador político, ayudado por Ricardo Monreal; a Socorro Díaz en Comunicación; a Federico Arreola ahí, tratando de llevarla bien y peleándose con todo el mundo. Y de remate, su empresario favorito sería Carlos Slim”, dijo Calderón, en marzo, en una entrevista televisiva.

Es más, Felipe le reclamaba al empresario que se definiera, que dijera lo que pensaba realmente de López Obrador y que reconociera, inclusive, que el perredista era quien iba a detener el progreso y la capacidad del país de salir adelante.

Pasó el tiempo. Atrás quedaron campañas, agresivas como nunca; las elecciones cuestionadas; el país en vilo después de la jornada comicial y, finalmente, la decisión del Tribunal Electoral de nombrar a Calderón como presidente electo. Las cosas cambiaron: Calderón y Slim iniciaron el romance. El interés tiene pies, dice el proverbio.

Sí. Ahora Slim es, para Calderón, un mexicano ejemplar, gran empresario respetable y responsable, visionario. Y Felipe, para Slim, es un hombre que “sí tiene una idea clara para lograr un mayor crecimiento económico, como lo expone en su proyecto México 2030”. No sólo eso, sino que ahora resulta que desde la campaña Calderón planteaba “posiciones de fondo”, dijo Slim en su primera declaración pública después del 2 de julio, en la que de paso avaló el triunfo del panista y pintó su raya respecto de AMLO: “El candidato que ganó, Felipe Calderón, habló de ser el presidente del empleo. Yo estoy convencido de que la pobreza se combate con empleo”.

Pero el idilio se rompió el lunes 9. En el ínterin, Slim fue acompañante frecuente de Calderón en sus viajes internacionales. Era tal la relación, que Calderón llegó a abogar por el empresario cuando tenía dificultades con gobiernos de otros países.

Un ejemplo fue aquella llamada de Calderón al presidente de Ecuador, Rafael Correa, en mayo del año pasado, para que le hiciera un descuento en la renovación de la concesión de Porta, filial de América Móvil (Telcel), que en ese país, como en México, concentra el mayor número de clientes: 7.1 millones, contra 2.6 millones de la española Telefónica (Movistar).

La posición del gobierno ecuatoriano era: o América Móvil paga 500 millones de dólares por la renovación o se va del país. Con la intervención de Calderón –y así lo admitió públicamente el mandatario ecuatoriano–, la empresa de Slim logró quedarse… y con un descuento de 20 millones de dólares.

Pero el empresario cometió el pecado de ser “catastrofista” y abonar el pánico de la gente y la incertidumbre de los mercados, según la percepción del gobierno.

Los detractores del magnate se enfocaron en el discurso “catastrofista”, pero no negaron su contenido. Ni un dato aportaron para decir que las cosas no están tan mal.

Y para su muina, resulta que la realidad está resultando más cruda. El pesimista Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, que ya había dicho que la economía se iba a caer hasta 1.8%, el martes pronosticó un severo retroceso de la actividad industrial y, dentro de ella, la industria automotriz experimentaría un desplome de la producción de 30% a 40%.
Se quedó corto: al día siguiente, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) dio los datos escalofriantes de enero: la producción se desplomó 51%; las ventas cayeron 28% y las exportaciones bajaron 57%.

Todavía el viernes 13, el Inegi dio a conocer los datos de empleo y ocupación en el último trimestre de 2008: se perdieron en el año 750 mil empleos; la tasa de desempleo pasó de 3.5% en el último trimestre de 2007 a 4.3% en el mismo período de 2008; es decir, casi 2 millones de personas en la calle, sin sustento.

Y a ellos se suman, según el Inegi, 3.1 millones de personas en el subempleo, con ingresos de sobrevivencia. Peor: la informalidad alcanza ya a 11.7 millones de personas, el 27% de la población ocupada.

La realidad, pues, está resultando más catastrofista.

*Tomado de la revista Proceso.