La cantaleta*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Luis Javier Garrido

La cantaleta de Felipe Calderón sobre el narco es también, y sobre todo, una forma de encubrir los vínculos del PAN y del gobierno panista con el crimen organizado y con los cárteles, y es por ello que el gobierno de facto la está acentuando con vistas a las elecciones legislativas de este año.

1. México no había tenido a lo largo de su historia un gobierno tan inepto y de espaldas a la realidad como el de Felipe Calderón, que para paliar su ilegitimidad, su falta de respaldo popular y su impotencia frente a los problemas, no deja pasar ocasión para fotografiarse con los militares y preconizar una guerra contra el crimen organizado que no existe, tratando de aparentar una fortaleza de la cual carece, y olvidándose de que los mexicanos saben bien que su gobierno se instaló tras un fraude orquestado precisamente por diversas facciones del crimen organizado: de defraudadores, traficantes de influencia y lavadores de dinero, y que las campañas panistas se han apoyado tanto o más en el dinero sucio que las de sus aliados priístas, de los cuales busca tomar distancias.

2. Las acusaciones en un principio veladas y después abiertas de Calderón y sus amigos, primero al PRI y a los priístas y luego al gobierno de Vicente Fox, de haber favorecido el narcotráfico, dirigidas en lo esencial por motivos electorales, y que han terminado por revertírseles, se originaron por el nerviosismo de los panistas instalados en Los Pinos, que advierten que a pesar de las groseras manipulaciones con las que están organizando el proceso electoral de 2009, éste se va a saldar por un repudio.

3. Resulta evidente, como tantas veces se ha señalado, que de haber una real lucha contra el narcopoder Calderón habría tenido que proceder penalmente, antes que otra cosa, contra una serie de prominentes empresarios protectores suyos y contra muchos responsables de los bancos y de otras instituciones de crédito, por lavado de dinero, como no lo ha hecho tampoco contra prominentes panistas y priístas amigos suyos, ni contra Vicente Fox y los hijos de Marta Sahagún, sobre quienes existen múltiples evidencias de su vinculación con el crimen organizado.

4. El hecho de que el PAN se hundiese el año pasado en las elecciones locales y municipales como tercera fuerza electoral y que todas las encuestas efectuadas hasta ahora le otorguen sólo 30 por ciento del respaldo de los votantes que irían a las urnas, con más de 10 puntos por abajo del PRI, ha llevado al gobernante espurio a una mayor descomposición anímica y a buscar obsesivamente todos los respaldos y arreglos para mejorar el resultado electoral de los panistas (que sería al fin un referendo sobre su gobierno), para lo cual no ha tenido prurito de intentar todo tipo de acuerdos con el nuevo gobierno estadunidense, que no lo está dejando desamparado del todo.

5. Los gobiernos de Estados Unidos, sean republicanos o demócratas, han buscado desde la administración de Ronald Reagan someter por completo a México en función de sus intereses estratégicos, para lo cual han buscado que se consolide en el poder económico y político de nuestro país una mafia entreguista, integrada tanto por salinistas y zedillistas como por panistas, profundamente corrupta y vinculada al narco, lo que le ha permitido a la Casa Blanca tener al sur gobiernos mexicanos cada vez más sumisos y fáciles de manipular, pues su propia corrupción y dependencia ante el crimen organizado, como es el caso de la administración espuria de Calderón, los hace extremadamente débiles, máxime si como éste fue impuesto por un fraude electoral grosero.
6. La política del gobierno de Obama, que carece de un proyecto reformista y sólo busca –y sin mucho empeño, por cierto– lavar la imagen de Estados Unidos al exterior, no está siendo por consiguiente diferente. A nadie puede sorprender por ello que el mismo día que Calderón envía a otro traficante a Estados Unidos en un vergonzoso acto entreguista más y en correspondencia el procurador Eric Holder se suelta unas declaraciones de corte bushiano sobre el riesgo que los cárteles mexicanos representan para la seguridad interna de Estados Unidos y el gobernador de Texas demanda más tropas federales para proteger la frontera (La Jornada, 26 de febrero), el Departamento de Estado publique su Informe anual sobre derechos humanos señalando que existen impunidad y corrupción en todos los niveles del gobierno de Calderón, que queda como un trapeador.

7. En México las organizaciones defensoras de los derechos humanos han repetido en múltiples ocasiones que con Calderón se han multiplicado los desaparecidos, que no son sólo los miembros del EPR, y los asesinatos de periodistas; que las fuerzas policiales y militares del régimen cometen cotidianamente todo género de tropelías, y que las cárceles están llenas de presos políticos, no sólo Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (FPDT), y sus compañeros, entre ellos el estudiante de derecho Héctor Galindo, sino indígenas y campesinos pobres en todo el país, pero ahora los señalamientos han venido en menos de un mes de la ONU en Ginebra (10 de febrero) y del gobierno de Obama (25 de febrero), en quien Calderón ve su salvación.

8. En nuestro país, millones de mexicanos estiman que Calderón encabeza (al menos formalmente) un gobierno espurio, antinacional y antipopular que viola reiteradamente los derechos humanos y sólo se sostiene por el respaldo de un sector de los medios, del Ejército y del clero, y en el extranjero no es muy diferente la percepción que se tiene del que asume como su mayor orgullo el ser considerado el Uribe mexicano, ignorando que el presidente colombiano es reputado como un genocida.

9. La cantaleta de Calderón sobre la guerra que libra contra el narco está como era de suponerse revirtiéndose contra el propio gobierno panista, que no puede ya llevar al país a un mayor baño de sangre en un afán de supervivencia política y por afanes de propaganda electoral.

10. Un gobierno democrático pugna por resolver los problemas del pueblo y uno espurio como el panista de Felipe Calderón por sobrevivir, utilizando de manera patrimonial para ello todos los recursos del Estado, y una buena parte de la crisis nacional tiene su origen precisamente en ello: en el precio que México está teniendo que pagar por tener un gobierno impuesto ilegalmente por la vía de la fuerza, y cada vez más de espaldas a la nación.


++++++++++++++


Contabilidad mañosa y oscura en el ejercicio del gasto público: ASF*

· El gobierno se autorroba cada día y a cada instante, afirma González de Aragón

· El auditor denuncia subejercicios presupuestales para desviar recursos hacia fines distintos a los aprobados

· Los fondos transferidos a estados y municipios, de las áreas más turbias, dice


Juan Antonio Zúñiga

La existencia de subejercicios presupuestales en dependencias y entidades del sector público revela el exceso de trámites y burocracia, la insuficiencia de proyectos y una evidente incapacidad de ejecución, lo cual provoca que los programas públicos no se cumplan con oportunidad, afirmó Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al dictar una conferencia magistral sobre las áreas sensibles de opacidad y riesgo de la gestión pública, González de Aragón apuntó que el primero de estos temas se ubica en la necesidad de instrumentar una contabilidad de carácter patrimonial con sistemas y mecanismos apropiados de registro y control, que eviten las prácticas corruptas y la desaparición constante de los activos. Cada día y a cada instante, sostuvo, el gobierno se autorroba.

Ante unos 250 integrantes del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el auditor superior de la Federación apuntó que en los tres niveles, federal, estatal y municipal, el gobierno aprendió a aplicar sistemas contables mañosos, oscuros y discrecionales, similares a los que puso en práctica la quebrada compañía estadunidense Enron.

González de Aragón explicó la mecánica contable, utilizada por los ejecutores del presupuesto de gastos del sector público, para obtener recursos de la Tesorería de la Federación (Tesofe), simular su uso, colocarlos en fondos y utilizarlos con fines distintos para los que fueron aprobados. El Congreso de la Unión, dijo, aprueba recursos presupuestales para unas cosas que son destinados a otras por los responsables de ejercerlos.

Describió: “Siendo que los montos no aplicados se ejercen mediante la expedición de ‘Cuentas por Liquidar Certificadas’, la Cuenta Pública correspondiente registra estos importes como totalmente ejercidos, sin haberse erogado efectivamente. A través de esta práctica irregular, los montos presupuestales no ejercidos, pero sí retirados de la Tesorería de la Federación, son utilizados para incrementar las disponibilidades que, en algunos casos, son excesivas, o bien son canalizados a la creación de distintos fondos, o a incrementar el patrimonio de otros, con el propósito de destinarlos hacia fines distintos de los aprobados”.

El titular de la ASF identificó al uso de los recursos federales que se transfieren a estados y municipios, mediante los ramos generales 23 y 33 del presupuesto, como una de las áreas más oscuras en materia de transferencia y rendición de cuentas. A través de sus distintos fondos, los recursos federales transferidos por estos ramos ascienden a unos 400 mil millones de pesos, que representan 21 por ciento del total del gasto federal programable.

La Auditoría Superior, precisó, ha practicado numerosas revisiones al ejercicio presupuestal de dichos fondos, las cuales han derivado en cuantiosas y recurrentes observaciones asociadas a incumplimiento y laxitud de la norma, así como a deficiencias en el control interno.

El auditor superior de la Federación, Arturo González de AragónFoto Francisco Olvera
Abundó: en el caso del ramo general 33, los recursos federales no ejercidos permanecen intocables en los fondos respectivos, con el riesgo de desviarlos hacia fines ajenos a los previstos. E hizo énfasis en que tanto el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación como la Ley de Coordinación Fiscal no establecen la obligación de reintegrar esos recursos a la Tesorería de la Federación ni tampoco de sujetarse a un plazo para su aplicación.

Por lo mismo, González de Aragón, quien el 12 de marzo dará a conocer los detalles de la Cuenta Pública del primer año de la administración encabezada por Felipe Calderón, manifestó que es urgente fijar un límite de tiempo para ajercer estos recursos, con el fin de inhibir la discrecionalidad que existe en su uso, y evitar los retrasos y la pérdida de oportunidades que se presentan en la ejecución de las acciones.

Abundó que también es urgente impulsar una regulación que obligue a reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos federales no ejercidos, con el fin de evitar desvíos y acumulación de disponibilidades que impiden aplicarlos en necesidades prioritarias.

El titular de la ASF resumió: hemos detectado actos de discrecionalidad en la gestión gubernamental, tales como el manejo y aplicación de excedentes petroleros; otorgamiento de donativos, estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; manejo de recursos de derechos de trámite aduanero; administración y manejo de fondos y fideicomisos; así como la entrega de préstamos y donativos a sindicatos, entre otros.

Por la noche, la Secretaría de Hacienda manifestó que el ejercicio de los recursos públicos es transparente y apegado estrictamente a lo que marca la ley. Declaró que esperará a la recepción oficial del Informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública, que tiene como límite el próximo 15 de marzo, para conocer el detalle de los comentarios vertidos por el auditor, antes de documentar y aclarar lo contenido en dicho informe.

La dependencia destacó el compromiso fundamental del actual gobierno con la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, y recordó incluso la reforma hacendaria donde se consideró la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyo objetivo –dijo Hacienda– es el establecimiento de un sistema contable armónico en los tres órdenes de gobierno y que incluye la contabilidad patrimonial para hacer más eficiente la toma de decisiones administrativas en los gobiernos y transparentar el manejo de los recursos públicos.

*Tomados de La Jornada.