Fracaso tras fracaso, mentira tras mentira

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Durante la campaña electoral del año 2000 el corrupto Vicente Fox Quesada vendió la idea del cambio como única salida para dejar atrás los problemas de pobreza, desempleo y violencia. Aseguró a quien quiso escucharlo que si ganaba las elecciones presidenciales la economía crecería 7 por ciento anual y México se colocaría entre los mejores países del mundo para vivir. El saldo de sus mentiras fue: mayor desempleo y migración, principalmente a Estados Unidos; empobrecimiento generalizado de la población, se considera que más de la mitad de la población padece pobreza o extrema pobreza; privatización de playas y litorales; privatización de hasta el 30 por ciento e la producción de electricidad. Además, están documentados los fraudes realizados por el y su familia en contra del erario, del Fobaproa -hoy IPAB- y de Pemex, donde goza de contratos millonarios. Después de 8 años nada de lo que prometió el conocido ladrón Fox Quesada se cumplió.

Hoy con igual cinismo el pelele Felipe Calderón promete que si se cumplen todas sus condiciones al final del sexenio de la usurpación se crecería a un 6 por ciento. De la misma manera ha reiterado que si se privatiza el petróleo los beneficios se verán dentro de muchos años, y ese es precisamente el mayor “argumento” de los PRIANistas. Es decir que de hacerle caso al espurio Calderón Hinojosa, dentro de muchos años podríamos reclamarle el incumplimiento de sus promesas. Claro no hace falta esperar tanto.

Sus fracasos se acumulan debido a la ignorancia, prepotencia y negligencia que le son características. El desempleo campea en el país y los trabajos que hay son malos y mal pagados, sin prestación social alguna y en condiciones de esclavitud laboral. La violencia se generalizó en todo México gracias a la ineficacia y torpeza con la que los “cuerpos de seguridad” y el ejército han enfrentado al crimen organizado, que ha infiltrado todos los cuerpos policiacos y a los militares. Prueba de ello es la matanza ocurrida ayer en Sinaloa, pese al mega operativo militar que cuenta con la presencia de miles de efectivos. El incremento en el costo de la vida se debe no sólo a la especulación alimentaria internacional, sino al desmantelamiento del campo desde hace décadas y a los especuladores locales (léase Bimbo y Maseca, entre otros), todo con la complacencia del usurpador Calderón Hinojosa, ya sea como dirigente del PAN, diputado de ese partido, funcionario del desgobierno del traidor Fox Quesada, o como usurpador de la presidencia de la república ha solapado y hasta apoyado esa política.

En los 18 meses que van de la presidencia espuria el pelele Calderón Hinojosa no cuenta con ningún acierto, menos con algún triunfo o beneficio que justifique los millonarios salarios, prestaciones y prebendas que se embolsa de nuestros impuestos. Por eso cada vez es más claro que su único fin al robarse la presidencia del país es saquear a la nación, apoyado por sus patrones y cómplices: los poderes fácticos. Ellos se reparten el país ante los atónitos ojos de quienes no vemos televisión la ingenuidad de los que todavía esperan que papá gobierno los saque del atolladero. La realidad está colocando a cada uno en su lugar.




A continuación materiales tomados de la revista Proceso.




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Las fallas del ejecutivo

Jorge Carrasco Araizaga

En su “¡Ya basta!”, el presidente Calderón acusó a los jueces de liberar a muchos de los delincuentes que el Poder Ejecutivo –PGR, SSP y Sedena– pone en sus manos. Pero destacados integrantes del Poder Judicial aportan cifras y datos muy distintos. Muestran, por ejemplo, que en la reciente puesta en libertad de 10 presuntos integrantes del cártel de los Arellano Félix los factores determinantes fueron la negativa del Ejército a ratificar sus acusaciones y las deficiencias del Ministerio Público Federal al integrar las averiguaciones...

La negativa del Ejército a ratificar sus acusaciones abrió la puerta a la confrontación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial por la liberación de un grupo de presuntos integrantes del cártel de los Arellano Félix, en un caso de impunidad donde todos se señalan pero nadie se responsabiliza.

El pasado 23 de febrero, militares adscritos a la II Zona Militar detuvieron a 18 personas en el ejido Mariano Matamoros, zona de la periferia del este de Tijuana que es controlada por una de las facciones del cártel de los hermanos Arellano Félix al mando de Teodoro García Simental, conocido como El Teo o El Tres Letras.

Pero 48 horas después cinco de los detenidos fueron exculpados por el Ministerio Público Federal, a cargo de la PGR, por no haber sido detenidos en “flagrancia delictiva”. A los otros 13 los consignó fincándoles los cargos de posesión de cocaína con fines de venta, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y portación de arma de fuego sin licencia.

Además, los vinculó con tres homicidios, incluido uno de un agente del Ministerio Público Federal, pero lo hizo apoyado en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Poco después, el 1 de marzo, los 13 detenidos quedaron en libertad por resolución del juez sexto de Distrito en Baja California, Sergio Darío Maldonado Soto. El juzgador aseguró que el Ministerio Público “no aportó datos incriminatorios” en ninguno de los cargos, y que no debió vincular los homicidios con la ley mencionada, por tratarse de casos del fuero común.

Entre los liberados estaba Luis Romero Fierro o Mauricio Eduardo Nieto Navarro, El Sombrero o Don Luis, considerado líder de una célula del cártel en esa parte de la ciudad y en la vecina Tecate, además de que, según la prensa local, figura en las listas de los más buscados por el FBI.

También se le menciona en los procesos que se siguen en el mismo juzgado por aquellos homicidios, así como en las investigaciones de un narcotúnel descubierto en Tecate el 3 de diciembre de 2007.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) reaprehendió de inmediato a ocho de los liberados –incluido El Sombrero– en el momento en que abandonaban la prisión, pero dejó que otros cinco gozaran de la libertad decretada por el juez.

Después de una semana, sólo ocho de los 18 detenidos quedaron bajo proceso penal a pesar de que el Ejército presentó a todos como integrantes de una célula del cártel de los Arellano Félix, la de El Teo, quien mantiene una sangrienta disputa con Fernando o Francisco Sánchez Arellano, El Fer o El Ingeniero, por el liderazgo de la organización.

Hasta ahora, el único que ha explicado la liberación de algunos de los implicados es el instructor de la causa penal, el juez Maldonado Soto. El funcionario no sólo asegura que el Ministerio Público Federal, a través de la delegación de la PGR en Tijuana, no le ofreció suficientes elementos para ordenar la prisión, sino que el Ejército –como responsable de la detención– se negó a confirmar los cargos.

En un hecho poco común en el Poder Judicial, el juez Maldonado tuvo que explicar públicamente su resolución luego de que la PGR anunció la apelación de su fallo ante un Tribunal Unitario y se ventiló que habrá acciones legales contra los secretarios del juzgado bajo el cargo de evasión de reos.

El juez no actuó por cuenta propia para responder a la PGR. Tuvo el respaldo del Consejo de la Judicatura Federal. El organismo encargado de la administración y vigilancia de los juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito de todo el país dejó al criterio del juzgador la decisión de responder de manera pública a los amagos del Ministerio Público Federal.

El Consejo de la Judicatura es presidido por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde causaron sorpresa y molestia los reclamos hechos el 12 de mayo pasado por Felipe Calderón en contra del Poder Judicial y otros actores sociales y políticos a los que endilgó responsabilidad por el avance del narcotráfico.

En su malogrado “¡Ya basta!”, el presidente Calderón arremetió contra el Poder Judicial: “Esta tarea es un llamado para los jueces y para el Poder Judicial que tiene también que cerrarle el paso a la impunidad que se da, precisamente, en la liberación de muchos delincuentes que el Poder Ejecutivo –la PGR, el Ejército o la Secretaría de Seguridad Pública– pone en la cárcel y salen a los pocos meses por su propio pie”.

Lo ocurrido en Tijuana pone en entredicho el discurso presidencial por lo que hace a la actuación de la delegación de la PGR y del propio Ejército, aunque el Poder Judicial optó por no responder a la imputación de Calderón, sobre todo porque las cifras de la Suprema Corte desacreditan lo dicho por el habitante de Los Pinos.

Ortiz Mayagoitia así se lo hizo ver al mismo Calderón en diciembre pasado, cuando el primero dio su primer informe como presidente de la Corte. En un discurso que leyó ante el presidente, aseguró que durante 2007, en el caso de delitos penales federales, cuatro de cada cinco sentencias dictadas por jueces y magistrados fueron condenatorias; es decir que, según la Suprema Corte, son muy pocos los casos en que un acusado por la PGR de un delito federal es liberado por los tribunales.

Por lo que se refiere a las apelaciones tramitadas por la PGR en contra de decisiones de jueces federales, en ocho de cada 10 la justicia federal confirmó la sentencia recurrida.

Y a pesar de que a principios del año pasado el propio Calderón pasó por encima del Poder Judicial al autorizar la extradición de 15 narcotraficantes requeridos por Estados Unidos –lo que provocó el malestar de los jueces encargados de la instrucción de esos casos (Proceso 1579)–, Ortiz Mayagoitia le señaló a su ahora reclamante que en 2007 el Poder Judicial tramitó 96 procedimientos de extradición –en su mayoría de personas que requirió Estados Unidos– autorizados por el gobierno de Calderón.

Inclusive las cifras de la administración federal, tomadas del primer informe de gobierno de Calderón, indican que la tendencia desde el año 2000 es que nueve de cada 10 acusados por delincuencia organizada son condenados desde la primera instancia por un juez federal.

Más todavía, de acuerdo con el primer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el primer año de la administración calderonista disminuyeron 4.4% las consignaciones del Ministerio Público Federal, en tanto que “el porcentaje de sentencias condenatorias por cada 100 delitos federales cometidos fue de 35.2, equivalente a 2.3 puntos porcentuales mayor que lo alcanzado en 2006”.

A pesar de que esas cifras echan abajo el reclamo presidencial, la liberación de los presuntos integrantes del cártel de los Arellano Félix en Tijuana aún está lejos de resolverse, pues el Ministerio Público reclamó ante un tribunal unitario la decisión del juez, quien a su vez asegura que la detención no ocurrió como lo reportó el Ejército.

Las otras versiones

La aprehensión de las personas mencionadas estuvo a cargo de elementos de la II Zona Militar, bajo la jurisdicción del comandante de la II Región Militar, el general Sergio Aponte Polito, quien en abril pasado causó una crisis política entre los aliados de Calderón al acusar a las autoridades civiles municipales, estatales y federales de proteger a narcotraficantes en el estado (Proceso 1644).

En un operativo que según el Ejército fue resultado de una denuncia anónima, 18 personas fueron capturadas en la calle Benito Juárez del ejido Mariano Matamoros, en posesión de 12 armas de fuego –entre ellas varias de alto calibre, como rifles R15 y ametralladoras Uzi–, 392 gramos de crystal, 74 gramos de cocaína y dinero.

Los detenidos fueron presentados por el Ejército en el cuartel Morelos, asiento de la Zona Militar, donde se aseguró que el operativo fue resultado de una denuncia anónima y como parte del programa “Nosotros Sí Vamos”, puesto en marcha por el general Aponte Polito.

A diferencia de otras acciones reportadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte de los operativos contra el narcotráfico, ésta no fue consignada por la Sedena en la Ciudad de México.

Después de ser presentados ante la prensa en las instalaciones militares, las personas capturadas fueron trasladadas a la delegación de la PGR en Tijuana, donde el Ministerio Público Federal dejó en libertad a cinco. Las otras 13 quedaron a disposición del juez en el penal de La Mesa.

Pero Maldonado Soto aseguró no haber encontrado elementos para procesarlas por delitos de delincuencia organizada, por lo que el 1 de marzo ordenó su libertad. En el caso de las drogas, según la resolución del juez, no se comprobó que fueran para venta, y en el de las armas, tampoco se acreditó que pertenecieran a los detenidos.

Cuando salían del penal, agentes de la SIEDO detuvieron a ocho de ellos y dejaron libres a cinco. Los primeros fueron trasladados y arraigados en la Ciudad de México. La SIEDO no informó quiénes fueron los liberados.

El caso está lleno de acusaciones entre la PGR y la justicia federal, así como de inconsistencias sobre la manera como se produjo la captura. Según el Ejército, fue a las cuatro de la mañana del 23 de febrero en cuatro vehículos y en la vía pública. Pero los acusados declararon al Ministerio Público que se les detuvo un día antes en un inmueble dedicado a la pelea de gallos, pero que no tenían armas.

De acuerdo con el semanario Zeta, de Tijuana, los 18 detenidos iban a arreglar una deuda por droga con una pelea de gallos en un inmueble del ejido. Entre los capturados estaba un joven que llevaba mil 356 dólares y portaba un rosario dorado con dije de Cristo y un reloj Cartier. Según la misma versión, El Teo ofreció medio millón de dólares para la libertad de dos de los detenidos, y ninguno era El Sombrero.

La negativa del Ejército

A la liberación de cinco personas dispuesta por el Ministerio Público el 25 de febrero siguió la decisión del juez de liberar a los 13 restantes. La resolución levantó ámpula y Maldonado Soto tuvo que salir a explicar su sentencia. Lo hizo en una entrevista con el semanario Zeta.

El juez habló avalado por el Consejo de la Judicatura Federal, que “después de aprobar una nota de prensa elaborada en el juzgado de Distrito, dejó en el juzgador la decisión de salir a los medios”, aseguró personal del juzgado a Proceso.

Maldonado se presentó acompañado de los cinco secretarios del juzgado, pues todos participaron en la integración del expediente debido a la cantidad de declaraciones y a los tiempos legales para emitir el fallo.

El juzgador defendió su decisión con un señalamiento directo al Ministerio Público Federal por integrar mal la averiguación previa: “Lo que pasa es que están tratando de desviar la atención hacia acá, señalando que nosotros somos responsables de algo que no hicieron bien ellos”.

Según el juez, el Ministerio Público Federal consignó por delincuencia organizada con una hipótesis relativa a la comisión de homicidio, “pero legalmente el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada no considera el homicidio como delincuencia organizada; no está en la lista y no podemos configurarlo”.

Más aún, de acuerdo con lo informado a Proceso en el Juzgado Sexto de Distrito de Tijuana, la defensa de uno de los indiciados solicitó que el Ejército ratificara sus acusaciones, pero éste se negó con un argumento burocrático: que la solicitud se debía hacer con 10 días de anticipación a la Sedena, en el DF, además de que varios de los participantes en la detención ya habían salido de esa jurisdicción militar.

En el encuentro con el semanario tijuanense, uno de los secretarios del juzgado, Luis Garza, aseguró que el Ejército también pudo haberse equivocado: “El hecho de que sean autoridades no les da la calidad de testigos irrefutables; no quiere decir que lo que narren sea la verdad a pie juntillas, sino que deberá analizarse todo el expediente y ver su veracidad o mendacidad. Ellos en la actualidad ya no pueden tomar confesiones”.

Al final, la sentencia del juez hizo eco de los argumentos de los detenidos y no de los del Ejército y la PGR, aunque el juzgador considera que la SIEDO podría allegarse los elementos sobre la probable responsabilidad de los ocho arraigados, no los que aportó el Ministerio Público en Tijuana.

El magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el DF, Miguel Ángel Aguilar López, asegura en entrevista que la mayoría de este tipo de casos se debe a una mala consignación del Ministerio Público.

“El juez normalmente dice que el Ministerio Público no integra bien sus averiguaciones previas, pero no puede suplir esa deficiencia. La Constitución, las leyes secundarias, la doctrina y la jurisprudencia se lo prohíben. Sin embargo, añade, los jueces dejan el expediente a disposición del Ministerio Público para que siga investigando.”

Exagente del Ministerio Público Federal, el magistrado asegura que si los jueces corrigieran esas deficiencias, “entraríamos en un estado de control social en donde las garantías, entre ellas la de presunción de inocencia, se verían restringidas o limitadas en aras de castigar”.

Considera que los Ministerios Públicos son más vulnerables que los jueces y magistrados a las presiones de la delincuencia organizada para maniatarlos. “Socialmente así se ha evidenciado. Además de que nosotros somos vigilados permanentemente, sin soslayar que algunos jueces han muerto por cuestiones de delincuencia organizada, aunque aun eso no se ha determinado del todo”, acota.

Refiere que como juez, magistrado de apelación y magistrado de amparo ha conocido asuntos relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero, y ha juzgado y procesado a numerosas personas por delitos contra la salud. Pero también ha fallado en contra del Ministerio Público a pesar de los intereses especiales que éste pueda tener.

Uno de esos casos fue el conocido como “Casa Blanca”, una investigación de lavado de dinero en México instigada por el gobierno de Estados Unidos. “Cuando vi el expediente y me tocó ser ponente en el Tribunal Colegiado, pude advertir que las pruebas del Ministerio Público no eran suficientes para acreditar exactamente los delitos imputados.

“Los argumentos se desvanecieron y, pese a que el caso representaba una problemática para algunos, determiné en conciencia conceder el amparo a los procesados. Entre otras razones, porque en México sólo puede investigar el Ministerio Público, y aquí hubo investigaciones de policías que no tienen facultades ni competencias en territorio mexicano. Además de que los otros supuestos delincuentes eran agentes encubiertos.

“Era un asunto preestablecido en el que estaban acotadas las circunstancias para la acusación. Además, a los acusados no se les podía fincar el delito de lavado de dinero porque éste tendría que haber sido de origen ilícito, y en el caso se trataba de dinero lícito del Tesoro estadunidense.”

Para el magistrado, el caso demuestra que, no obstante la gravedad de las acusaciones, muchas veces el Ministerio Público no acredita la acusación. “Pero en todo caso –dice– no se trata de ver quién es el culpable. Y si se va a hacer, tenemos que declararnos todos culpables”.


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Transparencia ciudadana

John M. Ackerman

La actual Ley Federal de Transparencia no fue una dádiva del gobierno, sino una conquista ciudadana ganada a pulso. Su aprobación en 2002 se debió al activismo y arrojo de un conjunto de académicos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que empujaron nuestro derecho a saber hasta las últimas consecuencias. En aquel momento, las propuestas de los funcionarios de Vicente Fox incluían una serie de reformas mañosas que hubieran vaciado de sentido la nueva legislación. Si no hubiera sido por los integrantes del Grupo Oaxaca, actualmente tendríamos una ley totalmente disfuncional.

Hoy, ante el mandato constitucional de reformar la ley antes del próximo 21 de julio, la voz ciudadana empieza a articularse para defender el terreno ganado y proponer nuevas vías para consolidar nuestro derecho a la información. El gobierno ya se ha pronunciado al respecto. Hace un par de meses, desde el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), los cuatro comisionados más cercanos a la administración de Felipe Calderón hicieron llegar un documento a la Cámara de Diputados que implicaría un franco retroceso en la materia.

En contraste, en días recientes, en el marco de un importante seminario internacional organizado por Fundar y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se impulsó la creación de un frente a favor de una reforma auténticamente garantista y ciudadana. Allí se dieron cita expertos internacionales, periodistas, académicos y miembros de organizaciones sociales para construir una nueva agenda en la materia. Daniel Lizárraga, de Proceso, y Cecilia García, de Excélsior, hicieron un enérgico llamado para mejorar el cumplimiento de la ley, así como para evitar las supuestas “inexistencias” de documentos públicos. Los organizadores del encuentro, Irma Eréndira Sandoval, Miguel Pulido y Jorge Romero, hicieron votos por que los legisladores cuiden los detalles a la hora de distinguir entre información pública e información privada, ya que muchas veces el gobierno busca esconder documentos con el argumento de que supuestamente contienen “datos personales”.

En esta materia el comisionado del IFAI, Juan Pablo Guerrero, nos ha recordado que la propuesta de sus homólogos podría implicar “el fin de la historia”, ya que impondría una confidencialidad absurda y generalizada sobre cualquier dato personal contenido en documentos gubernamentales históricos, incluyendo nombres, fotografías, actas, etcétera. Con la propuesta de la mayoría de los comisionados también podríamos perder nuestro derecho a conocer los nombres y las firmas de los representantes legales de los contratistas del Estado. Pemex, por ejemplo, podría borrar todos los datos de Juan Camilo Mouriño en los contratos con Ivancar. En este caso, sin duda se volvería mucho más difícil utilizar la Ley de Transparencia para combatir la corrupción y el tráfico de influencias.

Habría que distinguir, abunda el comisionado Guerrero, entre los datos personales que tienen que ver con la intimidad de la persona, como son su condición médica, preferencias sexuales o actividades recreativas, y aquellos otros datos que tienen una relación directa con su trabajo gubernamental, como su formación académica, sus declaraciones patrimoniales o su agenda de trabajo. Los primeros deben mantenerse en la confidencialidad, pero los segundos tienen que ser públicos. Desafortunadamente, los otros comisionados han decidido hacer caso omiso a esta importante recomendación e impulsan una reforma a la ley que hundiría las actividades de los servidores públicos en una nube de opacidad.

Llama la atención que el comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, quien había confirmado su asistencia al evento referido, sorpresivamente canceló su participación la noche anterior alegando problemas de agenda. Esta decisión demuestra su evidente desprecio por las iniciativas ciudadanas y un abierto rechazo al debate. También revela la debilidad de la propuesta de reforma de Lujambio y sus homólogos, ya que resulta que ni siquiera los mismos autores de la propuesta están dispuestos a defenderla públicamente.

Por fortuna, existe ya una gran diversidad de académicos, periodistas e integrantes de la sociedad civil organizada dedicados a la redacción de una propuesta alternativa para reformar la actual Ley Federal de Transparencia. Este nuevo Grupo Oaxaca procurará fungir como un contrapeso de las propuestas gubernamentales y buscará incidir en el debate parlamentario desde una perspectiva ciudadana. El grupo está en plena formación y se encuentra abierto a todos los conocedores de la materia que deseen participar.

Entre las propuestas que se manejan en este espacio alternativo se incluyen, por ejemplo, modificar radicalmente la forma de nombramiento de los comisionados del IFAI para que ya no sean designaciones directas de la Presidencia de la República; fortalecer las capacidades de seguimiento y sanción de los organismos garantes; ampliar la utilización de la ley por la sociedad civil en acciones de contraloría social; expandir la cantidad de información que los servidores públicos tendrán que “documentar” en el ejercicio de sus funciones, y defender la figura de la “positiva ficta”.

Existen dos caras de la transparencia: una que sirve al gobierno para legitimarse al dar la imagen de ser “limpio” y “honesto”, y otra que sirve a la ciudadanía como una poderosa herramienta para fiscalizar al gobierno y combatir la corrupción. Si las próximas reformas a la Ley de Transparencia no se dirigen en un sentido ciudadano, todos los esfuerzos realizados el año pasado para reformar el artículo 6º constitucional no pasarán de ser un titánico desperdicio de tiempo, recursos y esperanzas.