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jueves, mayo 29, 2008

Pierden "debate" de nuevo







Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

En el sexto “debate” organizado por la Cámara de Senadores volvió a repetirse la misma historia que ha tenido lugar desde que empezaron los foros, demagogia, histrionismo y repetición de “propuestas” y recriminaciones, todas ellas mediante tarjetitas que les pasaron a los gobernadores y “legisladores” de derecha, los asesores de la Secretaría de Energía. Tal fue el descaro del ir y venir de tarjetas que hizo al senador del PRD –ex miembro del PRI- Arturo Núñez cuestionarlos si no tenían suficiente conocimiento del tema que tenían que estar leyendo las mencionadas tarjetas para poder “opinar” y recriminar a las dos voces disidentes, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón y al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.

Los ataques se centraron en Ebrard Casaubón porque durante sus intervenciones sin ambigüedades afirmó que se trata de privatizar sin sentido, de violar la Constitución cambiando una ley secundaria. Les comunicó que el próximo 27 de julio se hará una consulta a la ciudadanía del Distrito Federal para que externe su opinión sobre Pemex y dijo que de esta manera el Congreso de la Unión tendría mayor información sobre lo que piensa la gente de un tema trascendental para el país. Sin histrionismos ni elevar el volumen o tono de la voz –como si lo hicieron los panistas Manuel Oliva Ramírez y el senador panista Rubén Camarillo Ortega, además del del Verde Arturo Escobar y Vega- propuso que se haga una consulta a nivel nacional y que si el usurpador Felipe Calderón Hinojosa no la hacía, que la llevaran a cabo los gobernadores de todos los estados. Si están tan convencidos de la bondad y constitucionalidad del proyecto ¿por qué no lo hacen?, les argumentó.

Muestra de la ignorancia de los gobernadores fue la participación del de Guanajuato, Manuel Oliva Ramírez –miembro de la organización fascista El Yunke- quien en diversas ocasiones reiteró que Pemex no cuenta con dinero para modernizarse, ni siquiera tiene los 8 mil millones de dólares para construir una sola refinería, insistió. En el clásico lenguaje de los políticos dinosaurios –este lo es del PAN, para que no se diga que sólo el PRI o Nueva Izquierda del PRD los tiene- utilizó todos los lugares comunes posibles, desde la idílica nación unida en las causas justas hasta el futuro promisorio y lleno de luces. Claro todo si se privatiza la paraestatal, ya que a decir del “experiodista” es el único camino.

Fue el senador del PRD Pablo Gómez el encargado de ponerlo en su lugar al señalarle con cifras, apenas entregadas la víspera por el director de Pemex, que por excedentes petroleros habían ingresado al país 11 mil millones de dólares en el primer trimestre del año. Con sorna el legislador –de los pocos que hay en el Congreso- lamentó la ignorancia de Oliva Ramírez sobre todo por su condición de gobernador de una entidad federativa. También aclaró que ese dinero según Hacienda ya se había esfumado así que no habría participación para los estados, aunque le dijo a manera de consuelo que a lo mejor a él si le tocaba por el apoyo irrestricto que hace de la privatización planteada por el pelele Felipe Calderón Hinojosa.

Quien a fungido como golpeador en los seis foros ha sido el senador panista Rubén Camarillo Ortega. Originario de Aguascalientes se da baños de pureza al decir que ésta “soberanía”, los “elegidos por el voto del pueblo” y demás sandeces, cuando él es senador por mayoría. Es decir nadie votó por él. Fue el jefe del PAN de ese entonces, Manuel Espino, quien con su dedo lo colocó en los primeros lugares de las listas plurinominales para asegurarle su hueso en el Congreso. ¿Cuál voto popular?

El francotirador quiso aprovechar que el famoso “debate” perdió la única parte de debate. Al final se realizaba una ronda de preguntas por parte de los “legisladores” y respuestas por parte de los “invitados”. Para no alargar una hora más el tiempo del foro, los “legisladores” tendrían la oportunidad de cuestionar a los invitados, pero no obtendrían respuesta alguna. Los que si entendieron, no hicieron preguntas y aprovecharon el tiempo –como el mentado Camarillo Ortega- para sus ataques, confiando en la impunidad del momento.

No fue así Ebrard Casaubón solicitó la palabra y le fue concedida –el “legislador” de dedo no tuvo que esperar para el reto que segundos antes había lanzado, cual vulgar peleador callejero- en tiempo y forma recibió la respuesta a su perorata de los martes y jueves. Tal vez haría bien la Secretaría de Energía en pasarle a él otro tipo de tarjetitas que cambien su discurso, después de seis repeticiones pierde todo sentido. Digo, el ridículo lo seguirá haciendo, pero al menos con un nuevo libreto.


Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso.










Mentiras petroleras

jenaro villamil

México, D.F., 27 de mayo (apro).- Conforme se desarrolla el debate energético en el Senado, quedan al descubierto no sólo contradicciones, sino mentiras evidentes en torno de la política petrolera.

En los temas sobre los excedentes petroleros, del supuesto agotamiento de nuestras reservas, de las exploraciones en aguas profundas y de los alcances de la reforma energética, las mentiras son flagrantes.

Veamos cada una.

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, argumentó en dos eventos diferentes la semana pasada que no se registraron excedentes petroleros en los tres primeros meses del año, a pesar que el precio del barril ha rebasado la barrera de los 110 dólares y que México exportó a un precio de 85.79 dólares, casi 40 dólares más de lo que se programó en la política de ingresos fiscales para este año, de 49 dólares el barril.

Carstens ofreció una explicación estrambótica. El robusto responsable de las finanzas públicas dijo que no hubo excedentes para repartir entre estados, municipios y en Pemex mismo, porque los ingresos se destinaron a pagar la importación de petrolíferos, en especial las gasolinas (40% de lo que México consume, se importa), entre otros gastos.

Incluso, Hacienda llegó a afirmar que lejos de existir excedentes, lo que existe es un déficit de 8 mil 400 millones de pesos.

Un día después de estas aseveraciones, el 23 de mayo Petróleos Mexicanos informó que en el primer cuatrimestre del 2008 ingresaron divisas por exportaciones de petróleo por 15 mil 404 millones de dólares, monto sin precedente, 52% mayor a lo registrado en 2008.

En otras palabras, el problema no es la falta de excedentes sino la voracidad de la Secretaría de Hacienda para consumir esos recursos en decisiones discrecionales y el uso electoral que se planea hacer con estos ingresos, disfrazándolos de combate a la pobreza y de plan emergente para prevenir una hipotética escasez de alimentos básicos.

Si no existieran recursos excedentes, ¿cómo planea el gobierno de Felipe Calderón financiar los apoyos de 2 mil millones de pesos a los productores de maíz y tortillas que anunció el domingo 25 de mayo? ¿De dónde saldrán los recursos para otorgar 120 pesos mensuales a través del Programa de Oportunidades para las familias más pobres?

La mentira sobre los excedentes quiere abonar en el diagnóstico catastrofista de que Pemex no cuenta con recursos para emprender la modernización en las áreas de refinería, transporte, ductos y exploración de aguas profundas y que debe ser la iniciativa privada la que emprenda estas labores.

La otra mentira, ampliamente difundida en los medios, es que México sólo cuenta con reservas probadas de petróleo para los próximos nueve años.

Se consignó en el diagnóstico de la Secretaría de Energía y lo reafirmó Calderón la semana pasada. Sin embargo, la propia titular de Energía, Georgina Kessel, y los informes de Petróleos Mexicanos, han afirmado que disponemos de cien mil millones de barriles de recursos y reservas que alcanzan para 61 años, al ritmo de la explotación actual.

Esta mentira está relacionada con el tema de las aguas profundas, “nuestro tesoro escondido” en el fondo del mar, como rezaron los fallidos e idílicos spots de Pemex.

La Secretaría de Energía y las iniciativas de Calderón señalan que es necesario llegar a aguas profundas porque ahí existen reservas por 54 mil millones de barriles de petróleo equivalentes. Lo que nunca han dicho que la factibilidad de esta explotación comercial es de cero por ciento. Es decir, nada garantiza que con invertir en aguas profundas se obtendrán los recursos petroleros pronosticados.

Un documento elaborado por la Fundación Colosio revela que el verdadero interés en aguas profundas no radica en los 54 mil millones de barriles posibles. Son 10 mil millones de barriles que se encuentran en el llamado “Cinturón plegado perdido”, cerca de la costa de Tamaulipas. Las petroleras estadunidense están interesadas en esta franja.

Las restricciones ecológicas impuestas en Estados Unidos no les permiten extraer el crudo en Alaska y otras zonas. La costa de Tamaulipas, fronteriza con Texas –para mayor abundamiento, estado gobernado por la elite petrolera de la familia Bush-- les concretaría esta posibilidad.

Las verdaderas reservas probadas y factibles de ser explotadas no están en aguas profundas sino en aguas someras. En el sureste se calculan 18 mil millones de barriles, y en la Cuenca de Burgos existen 3 mil millones de barriles, con una factibilidad entre 50 y 95%, según los datos de la propia Secretaría de Energía.

La última mentira es que las iniciativas de Calderón conforman una reforma energética. No es así. Constituyen una limitada y sesgada reforma petrolera. Ignoran una política integral para conseguir fuentes alternas de energía y, en lugar de disminuir, crean más burocracia, con la instauración de la Comisión del Petróleo.

Tampoco se modifican las redes de corrupción que vinculan a una elite sindical y menosprecia el apoyo a institutos, como el Mexicano del Petróleo (IMP), en donde están los mejores ingenieros en la materia.

Esta carencia de una reforma energética integral la subrayó el premio Nobel de Química, Mario Molina, durante la quinta sesión del debate en el Senado. La frase de Molina, experto en el tema del cambio climático, fue exacta: “La atmósfera se nos agotará antes que el petróleo”.

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx


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Reprobado

josé gil olmos

México, D.F., 28 de mayo (apro).- El gobierno de Felipe Calderón ha sido puesto en el banquillo de los acusados por todas las organizaciones internacionales de derechos humanos. No hay una sola que le dé su aprobación. Al contrario, critican su falta de política en la materia y su desinterés porque se aplique la justicia, principalmente contra los militares que han incurrido en abusos contra la ciudadanía en su función de persecutores de la delincuencia organizada.

La comparación que se está haciendo del gobierno de Calderón no es nada agradable, pues se asemeja a las peores administraciones que tuvo el PRI, en las cuales la constante era la tortura, la violación a las garantías individuales, casos de desapariciones forzadas, la persecución por cuestiones políticas y la esquizofrenia de defender los derechos humanos en los foros internacionales, mientras que a nivel nacional es todo lo contrario.

A principios de año, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos puso el dedo en la llaga al criticar la utilización de tropas militares para la persecución de los narcotraficantes. Louis Arbour, titular de ésta representación de las Naciones Unidas, consideró “inapropiado” darle esta función policiaca al Ejército y alertó del peligro para la población civil de abusos de los militares.

La muerte de civiles en los retenes militares de Sinaloa y Tamaulipas, así como los casos de violaciones a mujeres en Michoacán por soldados en un operativo contra el narcotráfico, dieron la razón a los representantes de la ONU.

Pero, en lugar de corregir, el gobierno de Calderón y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, criticaron y presionaron para que Amerigo Incalcaterra, representante en México de dicha oficina de las Naciones Unidas, saliera del país.

Este hecho, jamás desmentido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, deja un antecedente muy preocupante para el gobierno mexicano, pues confirma la insensibilidad y la intolerancia de Calderón para con el tema de los derechos humanos.

Amnistía Internacional, por su parte, en su Informe Anual 2008 recriminó al gobierno de Calderón su indolencia para detener la práctica de la tortura, la corrupción, la impunidad, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en México y, aún más, el regreso de delitos considerados de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, como es el caso de los dos miembros del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

La respuesta del gobierno calderonista ahora fue descalificar las observaciones de la agrupación internacional, con sede en Londres. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño dijo que en México no hay “desaparecidos políticos” y el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora puso en duda la veracidad de las observaciones hechas por Amnistía Internacional.

Human Rights Watch también ha hecho observaciones muy críticas sobre la situación de los derechos humanos en México, pero sobre todo a la actuación limitada y “decepcionante” de la CNDH que no ha ejercido todo su peso ni sus facultades para mejorar las condiciones.

Los juicios que a nivel internacional se han hecho a Felipe Calderón en materia de derechos humanos, no se habían formulado a los últimos presidentes.

Las organizaciones mexicanas de derechos humanos, como el Centro Agustín Pro Juárez y la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh) advierten que esta deficiencia del gobierno federal se debe a la falta de legitimidad con la que Calderón llegó a Los Pinos y la polarización social que provocó en su campaña electoral, en que utilizó la llamada “guerra sucia” de spots

Explican que, ante esta deficiencia, Calderón echó mano del Ejército para ganar legitimidad y, al mismo tiempo, combatir el narcotráfico. Pero que ante los nulos resultados obtenidos ha salido contraproducente el ejercicio de la fuerza militar, porque ni ha conseguido el reconocimiento social, ni tampoco ha logrado abatir al crimen organizado.

De ahí una de las causas de la grave crisis por la que atraviesan los derechos humanos en el país. Pero también está la ausencia de una política clara en la materia y el desinterés por aplicar la justicia en los casos en que soldados y policías han cometido graves faltas contra la población.

Por la actitud que ha mostrado el gobierno calderonista ante las críticas de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, es previsible que no veamos cambios en las políticas oficiales ni en la forma en que las autoridades vienen desempeñándose.

La intolerancia y la soberbia del gobierno de Calderón quedarán así demostradas. Mientras tanto, no se descarta que se sigan presentando casos de impunidad, tortura, desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos de parte de policías, soldados y funcionarios de los tres niveles de gobierno.