Calderón y Televisa, el ogro “telegénico”*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (apro).- El poeta Octavio Paz tituló como El Ogro Filantrópico un extenso y profundo alegato en contra del intervencionismo estatal heredado de la era del Estado de bienestar. Para el premio Nóbel este término era una forma también de destacar el carácter monstruoso, que limitaba las libertades ciudadanas y económicas de los ciudadanos.

Imaginemos que Octavio Paz vive en esta era hipermediatizada: sintoniza la televisión y observa que a la misma hora, en diferentes señales abiertas y de paga se escucha el mismo spot de Felipe Calderón para convencernos de los logros de sus cinco años de gobierno. Levanta el teléfono y una voz anónima le receta el invasivo e insistente mensaje de los call centers para promover al primer mandatario que se ha escuchado en los últimos días. Quiere escuchar los noticiarios y se encuentra con una especie de teletón declarativo de la farándulocracia y la partidocracia que “cierra filas” en torno al llamado de unidad del mismo Calderón, a raíz de la tragedia del casino Royale de Monterrey, como ocurrió el lunes 29 de agosto en la emisión de Primero Noticias y luego en El Noticiero, de las 22:30 horas.

A pesar de su cercanía con Televisa en el ocaso de su vida, Paz tal vez no dudaría en llamar a esta nueva era como los tiempos del Ogro Telegénico. Nadie se escapa de la fascinación o de los tentáculos que este ogro cierne sobre la clase política, sobre los dirigentes empresariales, los actores, los deportistas y hasta los intelectuales.

No sólo la saturación e intoxicación de los mismos mensajes caracteriza a este Ogro Telegénico. También la explotación de las emociones más primarias de la sociedad (odio, dolor, miedo o tristeza) para infantilizar a sus audiencias masivas y pretender cambiar, no la realidad sino la percepción de la misma. De hecho, El Ogro Telegénico confunde la realidad con el reflejo virtual de la misma.

Justamente lo que ha sucedido tras los trágicos sucesos del casino Royale, vinculados a la promoción del V Informe de Gobierno de Felipe Calderón constituyen una demostración de lo que sucede cuando se sacraliza el poder del Ogro Telegénico:

1. Se insiste primero en sobredimensionar como “terrorismo” lo ocurrido en el casino Royale, como ocurrió con el mensaje de Calderón transmitido en cadena nacional, para luego forzar a un “cierre de filas” en torno al primer mandatario y su cuestionada política de enfrentar a la violencia criminal con violencia policíaca y militar.

2. Se aprovecha la tragedia para hacer una pasarela de egos y de autopromoción política, excluyendo a los propios afectados y víctimas de lo sucedido en casino Royale. Como en las labores filantrópicas de Televisa, lo importante no es solucionar las discapacidades, sino utilizarlas para el lucimiento de la empresa.

3. Se construye una “república de pantalla” que evade las diferencias, la corrupción y la impunidad que anidan en el seno de las mismas instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública. Las “buenas conciencias” se pronuncian y quien critique o demande información y no propaganda, puede ser señalado como un “mal mexicano”, aliado a los criminales.

4. Nada de esto es gratis. El gobierno federal de Felipe Calderón no sólo ha destinados sumas multimillonarias para promoverse en la pantalla televisiva. También ha ido cediendo terreno de decisión política al Ogro Telegénico, al grado de que tenemos un “Estado capturado” por los intereses de esos mismos grupos. Calderón y las fracciones legislativas del Congreso de la Unión simplemente ya se olvidaron de la necesidad de una reforma al régimen de medios de comunicación y de telecomunicaciones.

5. El efecto efímero, circunstancial y no institucional del Ogro Telegénico no modifica la percepción social, simplemente fabrica un falso consenso y divulga una imagen virtual de unidad y fortaleza que se derrumban cuando otro acto criminal como el de casino Royale demuestra que la realidad es insistente y persistente: el fracaso de la guerra contra el crimen organizado no se resuelve con spots ni con teletones a modo.

www.homozapping.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

La urdimbre mafiosa que engendró el PAN*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Jesusa Cervantes

Podría decirse que el ataque terrorista al Casino Royale de Monterrey estaba más que anunciado. Voces de la oposición advirtieron que los casinos eran un peligro: junto a ellos, señalaron, se desarrollan estructuras tipo mafioso que explotan la trata de blancas, el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia. Una legisladora perredista pidió a la PGR que investigara algunas casas de apuestas regiomontanas, pero la ignoraron. Y Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación, afirma que el gobierno federal es responsable de la proliferación de los casinos por “quitar el dique a la prohibición del juego”, con lo que puso en peligro “la seguridad del país”.

El gobierno emanado del PAN legalizó el juego, dejó de supervisar en los estados la operación de los casinos, provocó un crecimiento desbocado de las casas de apuestas –de 122 a 550 en una década– y “se coludió con poderosas organizaciones”, con lo que puso en peligro “la seguridad” del país. Una muestra de ello fue el ataque terrorista perpetrado contra el Casino Royale de Monterrey el jueves 25, con saldo de 52 muertos.
Hace menos de dos meses, en su edición 1810, Proceso dio cuenta de cómo imperan en los casinos de Monterrey la anarquía, los abusos y ciertas actividades ligadas al narcotráfico, como el lavado de dinero. Además, operan centros de apuestas ilegales –que según algunas organizaciones empresariales son poco más del doble de los legales–, las cuales dejan de pagar al Estado por concepto de impuestos al menos 2 mil millones de pesos anuales.
Concesionarios que pidieron el anonimato afirmaron a este semanario: “Vemos con gran preocupación que los establecimientos que operan de manera ilegal son caldo de cultivo para la participación del crimen organizado; existen datos que arrojan que dichos lugares son utilizados como pantallas en la red de estrategias para el lavado de dinero producto de actividades ilícitas”.
Igualmente mencionaban la corrupción gubernamental: “Es evidente que detrás de cada uno de los 185 casinos ilegales detectados existe la participación, por acción o por omisión, de funcionarios públicos desleales. Existe la fuerte presunción de que los casinos ilegales se utilizan para blanquear dinero producto del crimen organizado” (Proceso 1810).
El 17 de septiembre de 2004 el entonces presidente Vicente Fox emitió el decreto de Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, promovido por el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel y respaldado por el titular de Hacienda del sexenio foxista, Francisco Gil Díaz.
La Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 15 de octubre de 2004 por considerar que el reglamento violaba La Ley Federal de Juegos y Sorteos; finalmente los magistrados fallaron a favor del Ejecutivo.
De 1973 a 2000 –bajo gobiernos priistas– el país tenía 16 permisos que permitían establecer 301 centros de apuestas, aunque sólo operaban 122. Al fallar la Corte en pro del gobierno federal en 2005, Creel otorgó siete permisos para que se establecieran en el país 198 establecimientos; el 17 de marzo de ese año autorizó cinco más y el 29 de abril, en un solo día, avaló 193, se indica en el reporte de la comisión especial creada por la Cámara de Diputados para revisar la entrega de los nuevos permisos y que presidió el legislador federal priista Héctor Gutiérrez de la Garza.
Según la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, a la fecha hay 26 concesionarios autorizados que han instalado en todo el país 550 casas de apuestas, aunque tienen permiso para abrir 840. La asociación no precisa si los que están en funciones son legales o ilegales.
De acuerdo con el estudio de uno de los permisionarios más poderosos –por su número de centros y sus redes políticas y quien pidió el anonimato por temor a represalias– en 2010 había 311 casinos en el país, de los cuales sólo 126 eran legales.

Sin dique, la inseguridad

Uno de los políticos que durante 12 años verificó que no se instalaran juegos de apuestas en el país, primero como director de Gobierno y luego como secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, acusa al gobierno federal panista de “quitar el dique a la prohibición del juego”, generar “la explosión” de casas de juego y poner en peligro “la seguridad del país”.
Recuerda que desde el presidente Lázaro Cárdenas el Estado mexicano consideró la instalación de los casinos un inconveniente para la salud social “porque traen la posibilidad de muchas cosas, como prostitución, trata de blancas, etcétera.
“La explosión y las consecuencias empiezan al abrir en 2005 un reglamento. El gobierno panista rompe, quita el dique que se puso en Gobernación. ¿Y por qué el tema está en Gobernación y no en Turismo? Porque es un tema delicado, por todo lo que implica: narcotráfico, trata de blancas, lavado de dinero, y pone en peligro la seguridad nacional”, sostiene.
–¿Los casinos ponen en peligro la seguridad del país?
–Todo lo que sea promover actividades riesgosas pone en peligro la seguridad. Por eso tienes una política que te dice: “Esto no conviene para la seguridad del país”.
El exgobernador de Puebla sostiene que el gobierno panista legalizó el juego a través de un reglamento que está por encima de la Ley de Juegos y Sorteos. “Fox siempre buscó pasar por encima de las leyes con la creación de reglamentos –como lo hizo con el de energía eléctrica, para permitir la entrada de trasnacionales a la producción de energía y someterse a intereses económicos–. La actitud de Fox siempre fue ligera en materia legal, como lo es también la de Calderón.
“Se empieza a resquebrajar la línea de defensa de ‘no al juego’ al salto panista de buscar la legalización del juego a través de un reglamento; es un cambio ético, político y económico. Es un cambio, ¡es el gobierno panista!”, acusa.
El exsecretario de Gobernación considera que ante el ataque al Casino Royale, no se puede considerar que el gobierno federal cayó en omisión, y los acusa de “colusión”.
“¡En estos hechos hay colusión, no hay omisión! Porque la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación es estar gobernando todo… y todo es todo. Es el instrumento de control del país, el control para la gobernabilidad. La gobernabilidad está en Gobernación, es el pivote. Por eso está ahí el dique de cerrar el paso a los casinos.”
Y amplía: “Si existe un mecanismo para que los presidentes municipales participen en el aval de los casinos, pues Gobernación tiene que intervenir; si los jueces federales están dando amparos, pues tiene que intervenir. Gobernación tiene la obligación de hacerlo permanentemente y no puede considerar por autonomía estatal o municipal que un juez o un presidente municipal dejen pasar la instalación de casinos que no tienen permiso. Eso es falso, la autonomía tiene límites”.

Advertencia ignorada

El pasado 2 de mayo, la diputada federal perredista Lizbeth García Coronado advirtió a las autoridades de Gobernación y de la Procuraduría General de la República las irregularidades que estaban ocurriendo con varios permisionarios, demandó una investigación y, en tanto se resolviera, la suspensión de actividades en los casinos.
Entre los permisionarios denunciados está Atracciones y Emociones Vallarta, operadora del Royale de Monterrey, que cuenta con un permiso desde 1992 pero a la que el gobierno de Calderón le autorizó –el 10 de junio de 2009– la instalación de otros 41 centros de apuestas.
Según la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, en Nuevo León hay 57 casinos. Antes del reglamento propuesto por Creel tenía cinco (cuatro en Monterrey); con el exsecretario de Gobernación se instalaron 10 (dos en Monterrey) y a partir del sexenio de Calderón empezaron a operar otros 42.
Según el estudio de uno de los permisionarios que pidió el anonimato, en esa entidad operan en la ilegalidad 24 casinos; le sigue el Distrito Federal con 24 y luego Coahuila con 16.
En Nuevo León han sido justamente las administraciones locales panistas las que les han permitido validar el permiso nacional e instalar los casinos. Por ejemplo, Adalberto Madero, alcalde de Monterrey de 2006 a 2009, autorizó la instalación de 10, entre ellos el Royale entre cuyos propietarios hay tres parientes suyos: Rodrigo Madero Covarrubias y sus dos hijos José Francisco y Agustín Madero Dávila. Otro caso es el del exedil panista de San Nicolás de los Garza, Zeferino Salgado, quien autorizó dos, y la actual presidenta municipal de Guadalupe, Ivonne Álvarez, que ya autorizó tres.
Lizbeth García Coronado, quien advirtió de la ilegalidad, documentó que el Royale permitía juegos prohibidos, como naipes, ruleta y dados. Otros tres casinos propiedad de los Madero fueron denunciados: el Jubileé, el Crystal Palace y el Paradise.
Con este último se relaciona al secretario de acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Esiquio Martínez Hernández, quien entregó al Paradise un amparo, el 1276/2007, contra una visita de inspección y clausura y un día después recibió en su cuenta personal 500 mil pesos, según información no desmentida difundida por el periódico Reforma.
Además “este año la PGR incluyó en su indagatoria una llamada anónima donde se dice que los dueños del Paradise lavan dinero de la organización de Los Zetas”, reportó Reforma, el 4 de junio pasado, cuando dio a conocer parte del expediente contra el secretario del juzgado.
A éste se le detectaron varios depósitos por un total de 9.5 millones de pesos; provenían de 13 entidades y 12% era de Nuevo León. Entre los depositantes está el abogado Santiago Francisco Rosario, del Bufete Becerra Pocoroba, que fundó el actual diputado federal Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien durante años fue encargado de las finanzas del Grupo CIE, que tiene permiso para operar 130 centros de apuestas y un hipódromo.
Además denunció que están en la ilegalidad el Folliati, Viva México!, New York, Miravalle Palace, Red, Club 209, Hollywood en Degollado, y Hollywood en la carretera nacional kilómetro 271, La Isla del Tesoro, Revolución, Poker Room y Windland.
Otra de las advertencias de la legisladora y denunciadas ante PGR fue la entrega de permiso de Gobernación a Entretenimiento Chihuahua para instalar 120 centros de apuestas. La diputada considera que ese permiso es apócrifo y revela que esa razón social no está en los registros de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos.
Finalmente dio a conocer que la Secretaría de Gobernación, el 22 de marzo pasado, revalidó el permiso a Operadora Megasport para operar 31 centros de apuestas y un hipódromo, luego de que un juzgado federal demandó su activación, que la propia secretaría había suspendido por incumplimiento de requisitos.
A tres meses de la denuncia, Gobernación no ha respondido a la legisladora y la PGR no ha dicho si dio seguimiento a las denuncias.

¿Quiénes son?

Bartlett, quien acusa al gobierno de coludirse con “organizaciones” –prefiere no aclarar si se trata de organizaciones económicas o de narcotráfico– para el establecimiento de casinos, advierte que Gobernación “rompió el dique de contención a casinos” por razones poderosas.
“Cuando rompes los diques lo haces por razones poderosas; hay poderosas organizaciones y poderosos intereses.”
–¿Son organizaciones criminales o empresariales?
–No sé… bueno, si hay colusión con autoridades y organizaciones, pues ahí ya son ilegales ¿no?
El exsecretario considera que es tiempo de saber quién y para quién se realizó “toda esta urdimbre” de autorizar casinos; “se habla de muchos dueños, de personalidades… el gobierno supo que iba a haber esta explosión de casinos, pero hay que ver quién está detrás, qué organizaciones o individuos, y hay que checar si son empresariales o criminales”.
Durante el recorrido que Proceso hizo la primera semana de julio pasado en Monterrey por diversos casinos se habló también con autoridades de la delegación de Gobernación, quienes, pidiendo el anonimato, revelaron que desde el 18 de septiembre de 2009, cuando realizaron un operativo en un restaurante llamado La Costilla al momento en que se realizaban apuestas ilegales de más de 100 mil dólares, recibieron la orden de las oficinas centrales de no realizar más inspecciones.
La Costilla era propiedad de Rogelio Garza Cantú, también dueño del casino Revolución y quien fue ejecutado el 26 de junio de 2009.
Desde entonces la delegación de Gobernación en Monterrey no verifica que en los casinos se realicen apuestas ilegales.
Bartlett dijo que esta falta de verificación sólo puede obedecer a la “colusión” del gobierno.
–Con esta apertura a los casinos, ¿usted cree que el gobierno ignoraba los riesgos a los que exponía a la población, como lo ocurrido en el Royale?
–Creo que los autorizaron con plena conciencia. El rompimiento del dique, la decisión de Estado de permitir la existencia de lugares de juego con apuestas es deliberado rompimiento, es un cambio de política radical. Y una vez que existe el camino ilegal, irregular, y el fallo de la Corte que avaló el reglamento de Creel, pues con todo respeto le digo que no habían hecho una nueva ley y la que hay prohíbe esos lugares; por lo tanto el reglamento tampoco puede ser.
El reglamento no puede ir un milímetro más allá de la ley y si lo haces es romper abiertamente el estado de derecho, dice y agrega: “Hay un juego en Gobernación con este tema en donde algunos sí tienen permiso, otros no; donde hay jueces que dan amparos, ayuntamientos que permiten la instalación y no pasa nada. Tan no pasa que ya hay más de 700 casinos en todo el país en sólo una década de panismo. Eso también es una colusión de Gobernación y ahí está un efecto (refiriéndose al Royale).
Sostiene que el gobierno no se puede decir engañado de las consecuencias que traería abrir las puertas a los casinos pues desde siempre el PRI se opuso y dio sus razones: los casinos traen muchos problemas de inseguridad, drogas, etcétera.
“Estamos viendo las consecuencias de un mal gobierno de Fox y Calderón; me preguntas si habrán previsto lo que está pasando y sostengo que sí porque esos son los efectos de la autorización.”
–Calderón habló de terrorismo, ¿no abrió él las puertas a ello con sus actos?
–Son dos temas que se juntan: su guerra contra el narcotráfico, censurada por todos, es una guerra que genera problemas. Porque es terrorismo el cobro de piso que sucede en Ciudad Juárez, los coches bomba, y ahora incendian un casino. Eso fue un acto de terrorismo, espeluznante, deshumanizado; pero eso nos lleva al otro problema que son los casinos. Las casas de juego que operan en un estado que no respeta el derecho, porque la responsabilidad de la Secretaria de Gobernación es vigilar eso, entonces sí es terrorismo y entran (gobierno) en un pantano del que ya no salen. El tema de casinos te lleva a un fenómeno que está destruyendo al país: la ausencia de un estado de derecho.
–¿Lo ocurrido en el Casino Royale era predecible?
–Siempre.
Y concluye: “Hay un estudio que dice que uno de los riesgos de un país, de su seguridad, es el mal gobierno”.
El Sistema de Administración Tributaria anunció la noche del viernes 26 que realiza 11 auditorías a casinos en Nuevo León: nueve en Monterrey (uno de ellos es el Hollywood), una en Apodaca (el Abu Dhabi) y otra en San Pedro, donde sólo opera el Alegro, propiedad de Entretenimiento Vallarta, empresa dueña del Royale.

*Tomado de la revista Proceso.

El fin del PRIAN*

Tomados de La Jornada, Hernández y Helguera y El Universal, Naranjo.


John M. Ackerman

La alianza del autoritarismo de Estado y la derecha neoliberal se encuentra en riesgo. Desde 1988, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) han administrado en conjunto la alternancia política. Pero los acontecimientos más recientes parecen indicar que Felipe Calderón y el PAN han decidido poner fin a esta etapa histórica para confrontar de manera directa al viejo partido de Estado de cara a las elecciones de 2012. Esta nueva fase en la política nacional podría generar grandes beneficios para la sociedad mexicana.
La época del cogobierno PRI-PAN inició hace 23 años, cuando Acción Nacional escogió la vía de la “concertacesión” después del fraude electoral de 1988. Manuel J. Clouthier del Rincón, Diego Fernández de Cevallos y otros dirigentes del albiazul pactaron reconocer la presidencia de Carlos Salinas a cambio de tres compromisos fundamentales: 1) Reforma electoral y reconocimiento de victorias locales y legislativos del PAN; 2) Reforma económica, incluyendo privatización de la banca y el ejido; y 3) Reconciliación entre el Estado y la Iglesia.
Salinas cumplió: privatizó la banca y el ejido; acercó el Estado a la Iglesia tanto legal como políticamente; entregó al PAN gobiernos estatales claves (Guanajuato, Baja California y Chihuahua) y patrocinó una reforma electoral que aparentó avances democráticos (pero en los hechos implicó graves retrocesos). A cambio, el PAN ofreció “gobernabilidad” y “paz social” al sistema priista.
En las últimas dos elecciones presidenciales, el PRI le devolvió el favor al PAN. En 2000, Ernesto Zedillo se apresuró a “levantarle el brazo” a Vicente Fox el mismo día de la elección a cambio de una “transición de terciopelo” que asegurara impunidad total para los anteriores gobernantes, así como la permanencia de las políticas neoliberales. En 2006, la alianza PRI-PAN se tejió meses antes de los comicios del 2 de julio, cuando amplios sectores del PRI abandonaron la candidatura de Roberto Madrazo para sumarse a la campaña del panista Calderón.
Un botón de muestra lo constituye Coahuila, un bastión del PRI y entidad natal del actual presidente del partido, Humberto Moreira, que de manera sorpresiva votó mayoritariamente a favor de Calderón en 2006. El rápido reconocimiento de la victoria del PAN por parte del PRI después de la elección se explica precisamente porque la victoria era en los hechos también la del mismo viejo partido de Estado.
Calderón, como Salinas, ha cumplido en tiempo y forma con los compromisos adquiridos. Durante la presente administración, el PRI se ha convertido en un socio indispensable del gobierno federal cuyo símbolo más claro es el poder creciente de Manlio Fabio Beltrones. Hoy, el senador cumple el mismo papel que Diego Fernández de Cevallos caracterizara durante el sexenio de Salinas: bisagra y enlace entre las dos fuerzas políticas para el trueque de favores y complicidades con el fin de mantener unida la alianza autoritaria-neoliberal del PRIAN.
Pero este pacto histórico podría estar a punto de romperse. La reciente exhibición de Humberto Moreira como un mentiroso y un corrupto podría ser mucho más que una simple revancha política ante sus constantes críticas al gobierno federal. Asimismo, la virulencia de los ataques a los gobiernos estatales del PRI por su irresponsabilidad financiera y su complicidad en la expansión de la delincuencia, va más allá de la mera respuesta a la demanda priista de modificar la Ley de coordinación fiscal para aumentar las participaciones federales.
Además, cuando estos acontecimientos se concatenan con la aprensión de Jorge Hank Rhon por militares, las acusaciones entre Miguel Ángel Yunes y Elba Ester Gordillo, y las alianzas electorales entre el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en estados claves, se vislumbra la configuración de una nueva coyuntura histórica. La amenaza de Moreira de empezar a abrir “otros temas” si el gobierno federal no frena los cuestionamientos en su contra, demuestra también que los ataques empiezan a afectarle al PRI. Recordemos que algunos informes indican que Calderón ha jurado en la tumba de su padre que jamás entregaría el poder al PRI.
Lo más probable es que en los próximos meses el diferendo entre el PAN y el PRI se aumente en lugar de que amaine. Una vez que Enrique Peña Nieto entregue la gubernatura a Eruviel Ávila el 15 de septiembre y que los aspirantes presidenciales panistas renuncien a sus cargos se inaugurará la temporada de un verdadero cruce de lanzas.
Este desencuentro histórico podría tener un saldo sumamente positivo para la sociedad. Si cada bando empieza a revelar la infinidad de abusos, complicidades y corruptelas que tiene guardados sobre el otro en su “cofre de secretos”, la ciudadanía podría tener acceso a la información necesaria para esclarecer la verdad sobre el pasado y exigir cuentas a los gobernantes actuales para caminar hacia la construcción de una nueva forma de hacer política. Asimismo, si bien un encontronazo entre el PRI y el PAN en el Congreso podría obstaculizar el nombramiento de los consejeros faltantes del IFE y la aprobación del presupuesto, también ayudaría a parar en seco una serie de contrarreformas que solamente buscan perjudicar a la sociedad mexicana, como las de la Ley de seguridad nacional, la Ley federal de trabajo y la Ley de asociaciones público-privadas.
Muchas veces este tipo de conflictividad política beneficia mucho más que la falsa “unidad” a la generación del cambio social. Un nuevo “pacto” entre los integrantes de la misma clase política de siempre podría ayudar a sacar algunos asuntos en el corto plazo. Pero al país en su conjunto le ayudaría mucho más que el proceso electoral de 2012 propiciara una sana confrontación entre el PRI y el PAN para abrir así una nueva oportunidad para que la sociedad mexicana se convierta en protagonista de su propio destino. l

johnackerman.blogspot.com
Twitter:@ajohnMAckerman

*Tomado de la revista Proceso.

El narcoterrorismo echa raíces*

Tomado de La Jornada, Hernández.


Jorge Carrasco Araizaga

Un “doliente” Felipe Calderón ante la tragedia de Monterrey, donde 52 personas murieron asesinadas tras un ataque al Casino Royale, tiene como antecedente un mandatario cuya popularidad va en picada y un panismo que se halla en riesgo de perder la Presidencia, un territorio nacional controlado en amplias regiones por narcotraficantes y por políticos corruptos, un Estado, pues, declaradamente fallido. El acto terrorista contra esa casa de apuestas activó las alarmas en el Pentágono, que desplazó de inmediato a expertos militares desde Afganistán e Irak hasta las instalaciones del Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado, en prevención de una eventual incursión del narcoterrorismo en su territorio.

El ataque del jueves 25 al Casino Royale, en el centro de Monterrey, consolidó la transformación del narcotráfico en terrorismo en México a escasos 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, donde el temor de una mayor violencia narcoterrorista llevó al Pentágono a desplazar de Irak y Afganistán hacia el Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado, a militares de alto rango expertos en antiterrorismo.
Altos oficiales de Estados Unidos que participaron en la persecución de Al Qaeda y ahora están involucrados en el combate al narcotráfico, se han dedicado a elaborar material de inteligencia sobre los cárteles mexicanos con un propósito definido: evitar que la violencia se extienda hacia territorio de su país, el principal mercado de drogas ilegales.
Contenida aún al territorio mexicano, la violencia puede escalar más por tratarse de una confrontación entre empresas delictivas que buscan afectar sus respectivos intereses económicos y políticos. No sería extraño, advierte el consultor uruguayo Edgardo Buscaglia, que se incrementen los ataques contra objetivos políticos, como lo hizo la delincuencia organizada en Italia, Colombia y Rusia.
La magnitud del ataque al Casino Royale, con un saldo de 52 muertos, llevó al gobierno de Felipe Calderón a admitir por primera vez la existencia en México de terrorismo vinculado a la delincuencia organizada, a pesar de que, desde el 15 de septiembre de 2008, el primer ataque contra población civil se registró en Morelia, Michoacán, a manos de presuntos zetas.
Un segundo acto de terror ocurrió el 15 de julio del año pasado, al estallar un coche bomba en el centro de Ciudad Juárez en plena hora de actividad. La acción fue adjudicada a La Línea, el grupo armado del cártel de Juárez.
El atentado en Monterrey quintuplicó el número de víctimas mortales causadas en Michoacán y Chihuahua, aunque en el ataque en Morelia, ocurrido durante la celebración del Grito de Independencia, hubo más de 100 heridos.
De acuerdo con Buscaglia, el gobierno de Calderón pudo evitar esa nueva agresión: Si después del ataque en Morelia hubiera solicitado a la ONU incluir a los narcotraficantes mexicanos en la lista internacional de terroristas, se habría desplegado una acción internacional para contener a estos grupos.
“La omisión y la negligencia son imperdonables” porque gobiernos como los de los tres países mencionados llevaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a esos grupos para ser perseguidos internacionalmente, dice desde su condición de asesor de esa organización en delincuencia organizada.
A diferencia de la lista que elabora el gobierno de Estados Unidos, la de Naciones Unidas tiene legitimidad. Pero además, facilita recursos y cooperación internacional, con lo que se evita la proliferación de mercenarios estadunidenses, observa el también profesor e investigador que ha trabajado en universidades e institutos de Estados Unidos, de países europeos, de Argentina y de México.
Desde el momento mismo del ataque al casino, el gobierno de Calderón, a través del vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré, lo calificó como un acto de terror.
Como abogado, el presidente Calderón sabe que cuando menciona actos de terrorismo hace una aseveración jurídica, prevista en convenciones internacionales. Ya no tiene mucho espacio para dejar de ir a la ONU y cumplir con esa acción legal plasmada en una Convención ratificada por el Senado mexicano, dice el experto a Proceso.
Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 por parte de Al Qaeda en Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1373 en la que, entre otras consideraciones, refiere “la conexión estrecha entre el terrorismo internacional y la delincuencia trasnacional organizada, las drogas ilícitas, el lavado de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación de materiales potencialmente letales.
Además, los Estados miembros de la ONU están obligados a congelar las fuentes de financiamiento de los grupos terroristas y de las instituciones financieras o empresariales que les den servicio, así como actuar contra los funcionarios públicos y políticos que los apoyen.

Delincuencia de alta intensidad

Si México lleva el caso a Naciones Unidas, “lograríamos una cooperación internacional muy amplia”, como ocurrió en el caso de Colombia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que se les retiraron todos los apoyos en el mundo, empezando por el cierre de las “embajadas virtuales” que tenían en varios países, incluido México.
Pero Buscaglia no ve en Calderón disposición para que el organismo internacional haga esa declaratoria, con la que se tendría la cooperación de las unidades antiterroristas de varios países, no sólo de Estados Unidos: “Tengo la sospecha de que por razones mediáticas no quiere llevar adelante esa acción” por las implicaciones en lo que ha sido su principal acción de gobierno.
Estados Unidos “tampoco está muy entusiasmado” en que los narcotraficantes mexicanos sean incluidos en la lista de la ONU porque “tendría una amenaza formalmente declarada en su frontera sur”. Además, estaría obligado a establecer controles fronterizos que causarían impacto económico y social.
Ni México ni Estados Unidos han querido dar ese paso formal. Washington prefiere manejar el problema sólo como un asunto que tiene con México. El viernes 26, un día después del atentado en Monterrey, el diario The New York Times publicó que Estados Unidos ha permitido a agentes mexicanos encubiertos perseguir a narcotraficantes mexicanos en territorio estadunidense.
Conocida como Operación Boomerang, ese tipo de acciones fue permitido desde hace dos años como consecuencia de la violencia desatada precisamente en el corredor industrial que forman Monterrey y Nuevo Laredo, en Texas.
El diario recuerda que hace pocos meses, el gobierno de Calderón aprobó el establecimiento de agentes de la DEA, operativos de la CIA y militares retirados de Estados Unidos en una instalación militar, precisamente en el norte de México, “para ayudar a conducir operaciones de inteligencia y reforzar el trabajo de una “célula de fusión” similar que ya opera en la Ciudad de México y que fue dada a conocer por Proceso en su edición 1776 en noviembre de 2010. Además, ha permitido la participación de elementos de diversas agencias estadunidenses en investigaciones, detenciones y labores de vigilancia en aeropuertos.
En su edición del viernes 26, el periódico neoyorquino también mencionó la forma en que está operando el Pentágono: “De manera regular revisa las partes de la responsabilidad militar en la lucha contra las drogas, poniendo particular atención en las lecciones de casi una década de operaciones de contraterrorismo en Afganistán e Irak”.
Varios oficiales de alto nivel, con años de experiencia en combatir a Al Qaeda y grupos afiliados fueron movilizados al Comando Norte, como se conoce al centro responsable de las operaciones militares de Estados Unidos en América del Norte, ubicado en Colorado Springs, al norte de Nuevo México. Su nueva tarea es elaborar información de inteligencia sobre las redes de la droga mexicanas.
“Esos militares están tratando de llevar lo que hicieron en Afganistán y hacer lo mismo en México”, citó el diario apoyado en fuentes oficiales no identificadas.
El señalamiento del Times confirma la visión ya expresada por Paul Rexton, quien fue asesor antinarcóticos de la OTAN en Kabul, Afganistán, y que recientemente estuvo en la frontera México-estadunidense para investigar sobre la violencia de los cárteles mexicanos desde la perspectiva de la seguridad nacional de Estados Unidos.
Actual profesor de Estudios de Seguridad Nacional en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, Rexton publicó apenas el 12 de junio pasado en el sitio electrónico smallwarsjournal.com el texto: México, un mosaico de la guerra de los cárteles, en el que asegura que el país vive una violencia de alta intensidad que se traduce en un conflicto multidimensional, de múltiples partes y múltiples escenarios de conflicto armado entre grupos criminales que tienen metas esencialmente delictivas… y en el que el Estado es parte del conflicto (Proceso 1815).
Asegura que México vive una delincuencia de alta intensidad por “una guerra motivada por empresarios violentos que buscan predominar sobre otros y el Estado para controlar o tener una porción importante del mercado ilegal hipercompetitivo” de las drogas y otras actividades delictivas. De acuerdo con Rexton, la violencia como la de Monterrey “es un medio, no un fin”.

Por una salida multilateral

En otro texto publicado en el mismo portal el 30 de junio, titulado México: ¿el narco accidental?, Rexton recuerda que durante la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó las operaciones antinarco de forma secundaria ante su cruzada anticomunista, pero cuando el gobierno de Bill Clinton desarrolló el Plan Colombia, en el periodo que siguió a la Guerra Fría, “las operaciones de contrainsurgencia fueron conducidas bajo la tapadera de operaciones antinarcóticos”.
Asegura que después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, las operaciones antidrogas se han subsumido bajo el contraterrorismo. “Cada presidente de Estados Unidos ha estado en condiciones de incrementar o disminuir el perfil de la batalla de Colombia contra el narcotráfico apoyado en el ambiente internacional prevaleciente”. En México, no fue el caso, por lo que se creó la Iniciativa Mérida, que no consideraba ataques como el perpetrado en el Casino Royale.
Son muchos los analistas estadunidenses que insisten en que el combate al narcotráfico en México siga una estrategia militar antidrogas para detener la violencia en su frontera, por lo que piden que Estados Unidos desplace su “imperativo estratégico” de Afganistán e Irak a México.
Edgardo Buscaglia insiste en la salida multilateral: “México debe decirle de manera formal a la ONU las acciones que están realizando los cárteles mexicanos. Eso sería un paso enorme hacia la cooperación internacional. Sin ella, no puede; es un problema que ya se le salió de las manos”.
Una segunda medida que propone es ir contra la base patrimonial de esos grupos, tal como han hecho 17 países que han incluido a grupos armados que cometen actos terroristas.
Son los casos, entre otros, del Medio Oriente, Líbano, Perú, Colombia, Rusia, que al ser incluidos en la lista de la ONU “se les comenzó a desmantelar con una efectividad que no se veía antes. No es un invento. Cuando ha pasado, caen políticos, como en Colombia: No es que desaparezca la delincuencia organizada, sino que se atomiza, se transforma y se vuelve menos violenta”.
Pero en México, “siempre se protege a esas personas”, pese a estar demostrado que el aumento de la violencia se debe a que las organizaciones delictivas atacan las bases patrimoniales y de protección política del grupo adversario.
Ante ello, califica de “mito” la relación que hace Calderón entre el consumo de drogas en Estados Unidos y el aumento de la violencia en México, como lo señaló la mañana del viernes 26 en cadena nacional.
“El consumo de drogas aumentó en Estados Unidos desde hace décadas y antes fue incluso mayor y México no tenía los niveles de violencia que hoy padece. Lo que ha ocurrido es que el Estado mexicano se ha fragmentado y sus recursos ahora son utilizados por los grupos criminales. Cada organización tiene su parte”, dice el consultor que ha trabajado para la ONU en Afganistán y Timor.
Señala “otro mito” de Calderón: pensar que una Ley de seguridad nacional “militarizada, fascistoide, de los años cuarenta”, va a resolver el problema, como también lo hizo ver en su mensaje al reprocharle al Congreso que no haya aprobado su iniciativa de ley.
“El presidente está desesperado. Toma esa ley como un instrumento para delimitar las acciones del Ejército. Es muy miope. Debe replantear las acciones para contener cualquier amenaza que impida al Estado satisfacer la seguridad de la población”, lo cual significa incorporar al Gabinete de Seguridad Nacional a secretarías como la de Desarrollo Social, Hacienda y Economía.
Las Fuerzas Armadas, precisa, son sólo una dimensión de la seguridad nacional, es un enfoque que está a décadas de lo que plantean el propio Estados Unidos o la Unión Europea.
En lugar de eso, “la estrategia miope del gobierno federal ha sido la de esperar que una alianza centrada en el cártel de Sinaloa se consolide en el país. Están esperando lo pasó parcialmente en Tijuana: “pan para hoy, hambre para mañana”.
Buscaglia corrige: “Decir estrategia es un elogio. Se trata de acciones improvisadas, con unas Fuerzas Armadas que no están preparadas para combatir en teatros de operaciones, sin que se actúe contra la protección de los grupos criminales y sin que se haya hecho algo a largo plazo para la prevención social”.
Advierte que la violencia va a seguir escalando, no porque los delincuentes sean irracionales, sino porque se trata de empresas que en su afán de control atacan centros patrimoniales y políticos de sus adversarios. Tan sólo en el caso de los alcaldes, ya son 26 los asesinados.
Insiste: La violencia se mantendrá mientras no se desmantelen las redes de protección a esos grupos, pero peor aún puede dar lugar a escenas que ya se han visto en América Latina con ataques a centros comerciales o bombas en estadios o cines.
Cuando los grupos delictivos se transforman en terroristas y empiezan a atacar objetivos comerciales de grupos rivales, también atacan a políticos, congresistas, jueces; es decir, “el corazón mismo del poder que los ha protegido”.

*Tomado de la revista Proceso.

Desfiladero*

Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón.

∙ ¿Seguridad nacional?

Jaime Avilés

Si en estos momentos ya estuviera vigente la Ley de Seguridad Nacional, reformada tal y como la quieren los diputados del bloque PAN-PRI-Chuchos-Panal-Verde Ecologista, Felipe Calderón podría ordenar –mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación– la suspensión de las garantías individuales, por ejemplo, en Monterrey, tras el ataque al casino Royale, donde el jueves murieron decenas de personas.

¿Cómo se traduciría esto en los hechos? Habla Enrique Ibarra Pedroza, miembro de las comisiones de Gobernación y Defensa de la Cámara de Diputados, y dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Jalisco.

–El Ejército podría tomar el control de Monterrey; entrar a los domicilios particulares sin orden de juez, detener a transeúntes y automovilistas en la calle, incomunicar a cualquier ciudadano hasta por 24 horas y obtener información de la manera que considerara más eficaz.

–¿La Ley de Seguridad Nacional legalizaría la tortura?

–No solamente. Haría legal todo lo que es ilegal.

–Pero las fuerzas armadas ya están haciendo todo esto: ponen retenes, matan civiles inocentes y los presentan como sicarios, como ocurrió a tres profesionistas en Jalapa; los policías entran a las casas rompiendo todo, como le pasó a Efraín Bartolomé en el DF, o como les sucede a los más pobres en el estado de México o en Tamaulipas; marinos uniformados se llevan a plena luz del día a tres miembros del Frente Democrático Campesino, en Campeche, y los desaparecen.

“Los altos mandos –señala el diputado Ibarra Pedroza– están presionando para que se apruebe la ley porque les preocupa el futuro. Los abusos que tropas y mandos medios cometen actualmente están tipificados como crímenes de lesa humanidad, y estos delitos pueden ser juzgados hoy, mañana o dentro de 20 o 30 años, porque no prescriben. En pocas palabras, los altos mandos temen que más adelante, cuando las circunstancias cambien, un tribunal los juzgue y los condene”.

–¿Entonces, quieren que se aprueben las reformas a la ley para usarlas como disculpa, como atenuantes, para pretextar que “sólo cumplían órdenes” si llegan a ser juzgados?

–Sí, pero no olvidemos que en México los tratados internacionales tienen el mismo rango que la Constitución. Y de acuerdo con ellos, los militares también pueden ser juzgados y condenados por tribunales internacionales.

Como legislador federal e integrante de la bancada de Morena, Enrique Ibarra ha dado una eficaz y discreta batalla jurídica en las comisiones a las que pertenece, a fin de evitar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, por las que ya votaron en favor, “en lo general”, senadores y diputados de todas las fuerzas políticas, menos la que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

–¿En qué consisten, exactamente, las reformas que están pendientes de ser discutidas y aprobadas en lo particular?

–La reforma tiene dos ejes. Uno propone modificar el artículo 129 constitucional, que señala que “en tiempos de paz, las fuerzas armadas permanecerán en sus cuarteles”. Si la reforma entra en vigor, las fuerzas armadas estarán facultadas para realizar tareas de seguridad interior fuera del marco jurídico vigente. El otro eje tiene que ver con el artículo 29, que se refiere a la suspensión de las garantías individuales. La última vez que se suspendieron en México fue durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ante una situación como la de Monterrey, el Ejecutivo podría declarar a esa ciudad como “zona de afectación”, o sea, suspender las garantías individuales, y para ello sólo tendría que publicar un decreto en el Diario Oficial.
–Pero como nadie lee el Diario Oficial, sería casi un decreto clandestino.

–Exacto. Además, los militares que quedaran encargados de esa zona de afectación tendrían que dar cuenta de sus actos al Congreso, pero solamente por escrito y mucho tiempo después de haber intervenido.

–¿Como un trámite burocrático?

–Cumplirían con la ley si mandan su informe a la Cámara de Diputados y lo meten por oficialía de partes. Esto es incompatible con una sociedad democrática. No nos engañemos: se pretende legalizar una dictadura militar.

–¿Las reformas a la ley se aprobarán el mes próximo?

–No lo sé, pero el asunto es muy grave, y como miembro de la Comisión de Defensa, en varias ocasiones he planteado que los secretarios de Defensa y Marina comparezcan ante el pleno del Congreso. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Gozan de fueros especiales?

¿Llegó Spielberg?

Atrás quedaron los tiempos en que Genaro García Luna montaba modestos espectáculos, como la captura de Florence Cassez o la supuesta detención de La Barbie. Ante el fracaso de sus telenovelas, la inminente llegada del nuevo representante de Hillary y los “acuerdos” secretos dictados por Obama a Calderón, que ahora permiten y hacen visible la abierta intervención militar de Estados Unidos en México, García Luna al parecer fue sustituido por una especie de Spielberg del terror en 3D, que ha comenzado a trabajar intensamente.

Si esta hipótesis se confirma, su debut se produjo el sábado pasado en el estadio Corona, de Torreón, donde miles de aficionados fueron víctimas del pánico causado por pistoleros invisibles. Al día siguiente sobrevino una balacera en un centro comercial de Morelia. Ambas noticias dieron la vuelta al mundo.

Luego, en Tepic, fue asesinado un nieto de Ricardo Pozas Horcasitas; en Veracruz, mensajes de Twitter impulsaron a miles de madres de familia a sacar a sus hijos de las escuelas; en Ciudad Juárez, unos matones que iban pasando por una avenida dispararon porque sí contra un grupo de personas que esperaban el camión, y en Culiacán fue asesinado Humberto Millán, periodista que incomodaba al gobernador Malova. Entonces, como cereza del pastel, seis paramilitares provocaron la matanza de Monterrey.

Cinco estados donde el supuesto Spielberg aplicó la magia de Hollywood son gobernados por el PRI (Coahuila, Veracruz, Nayarit, Chi- huahua y Nuevo León) y dos por el PRD (Michoacán y Sinaloa, donde cogobierna, pero no cuenta, el PAN). En el caso de Nuevo León, la moraleja es obvia: el gobernador Rodrigo Medina, que vive en McAllen, Texas, y despacha por teléfono, pero es menos que un cero a la izquierda, tiene que renunciar, pero Peña Nieto no lo deja, porque si se va antes de octubre habría nuevas elecciones en la entidad, y no sólo arrasaría el PAN, sino que los votos para el copetón mexiquense en aquellos desiertos del noreste serían mínimos.

Por lo tanto, la población de Monterrey tal vez seguirá sufriendo ataques que huelen a terrorismo de Estado, como el del casino Royale, hasta que Medina se vaya. Y lo mismo pueden sufrir los michoacanos, hasta que se convenzan de que su martirio acabará si, y sólo si, eligen gobernadora a Cocoa Calderón Hinojosa.

Lo otro, lo obvio, fue lo que dijo Poiré al leer un comunicado en Los Pinos sobre la matanza de Monterrey: ojalá que el Congreso apruebe, “por fin”, las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Con las palabras de su vocero, el régimen firmó los charcos de sangre que se espesan por todo el país.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

Los riesgos*

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Naranjo.


Luis Javier Garrido

El gobierno de la derecha panista está tratando de venderle a Washington la tesis de que su proyecto de intervención militar y económica en México y en otros países del continente, sustentado en la Iniciativa Mérida, estaría en grave riesgo de no imponerse a otro miembro del PAN en Los Pinos en 2012, y esto lo está llevando a un mayor entreguismo y a intensificar la violencia originada por el Estado.

1. Las elecciones presidencial y legislativas de 2012 se están presentando de esta manera, desde hace tiempo, como coyuntura crucial no nada más para los intereses de los grupos mafiosos en el poder en México sino también para las políticas de Washington tendientes a controlar América Latina, en vistas a disponer de los recursos estratégicos del continente, y es cada vez mayor la injerencia de múltiples grupos de interés extranjeros en el proceso político de México, de manera que los meses previos a los comicios se presentan bajo el signo de múltiples conflictos.

2. La administración Reagan impuso desde inicios de los años 80 del siglo pasado la tesis de que políticos de derecha, por muy ineptos e ineficientes que fuesen, servirían mejor en México a sus intereses que los surgidos del PRI, marcado a juicio de Washington por el estatismo y el populismo –sobre todo tras la nacionalización de la banca de 1982– o desde luego que políticos con un compromiso social y una visión de Estado que respondieran a las expectativas populares. Fue así que las siguientes administraciones de George Bush (1989-1993) y William Clinton (1993-2001) impulsaron decididamente ese objetivo, que más tarde las de George Bush Jr. (2001-2009) y Barack Obama (2009-…) han buscado consolidar con ese mismo criterio de que personajes mediocres de la derecha oscurantista, clerical y fanática del PAN, como Felipe Calderón, son más útiles y efectivos para sus intereses.

3. La pretensión de Felipe Calderón de que luego del desastre absoluto de su administración en todos los órdenes, Estados Unidos, avale su pretensión de dejar a un panista en Los Pinos, y que ha sido vista como descabellada hasta para el mismo capital nacional y trasnacional, sigue vigente por lo mismo, por mucho que aparezca como un absurdo. Eso explica que dos aspirantes señalados como ineptos, como el titular de Hacienda, Ernesto Cordero (candidato de Felipe), y el secretario de Educación, Alonso Lujambio (candidato de Margarita), se sientan con posibilidades. O que Slim (es decir, Salinas) coquetee con el senador Beltrones (un candidato para perder) a fin de enviarle señales a Peña Nieto (un candidato para pelearla) de que no está todo decidido.

4. O, lo que es todavía más grave, que se estén multiplicando una serie de iniciativas políticas, que comprometen no nada más a Calderón y a los panistas sino también al PRI, las que atentan abiertamente contra el porvenir del país como una nación libre y soberana, pues al parecer ambas fuerzas políticas están dispuestas a hacer las mayores concesiones a Estados Unidos con tal de tener el respaldo de la administración de Obama en 2012.

5. El PAN y el PRI, según todos los indicios, están buscando en esta coyuntura hacer prevalecer los intereses facciosos que representan –y que en el fondo son los mismos–, y para ello no están dudando en hacer entrar de manera cada vez más abierta y peligrosa a Washington en el proceso mexicano.

6. Washington está teniendo que enfrentar en el norte de África y en el Medio Oriente nuevas y riesgosas guerras de intervención en su diseño de controlar el petróleo y los principales recursos estratégicos del planeta, pues la mascarada de “la primavera” de los pueblos árabes se ha desvanecido ante la realidad de la intervención armada extranjera, y el proyecto de instaurar en esos países con facilidad un nuevo autoritarismo (pro Estados Unidos) en vez del antiguo autoritarismo (menos dependiente), se está complicando de fea manera en Libia y en Siria, en donde está apareciendo el riesgo de que se iraquicen los conflictos, mientras en Túnez y Egipto las cosas no están tan claras para las corporaciones estadunidenses.
7. En México, por el contrario, con Felipe Calderón y un puñado de políticos fanáticos, sumisos y traidores de la ultraderecha mexicana, la administración Obama está teniendo con facilidad todo lo que en Libia le ha llevado meses de guerra con un resultado aún incierto: el control militar de fronteras, aeropuertos, costas y mar territorial; la sumisión a sus agencias del Ejército, la Marina y la Policía Federal mexicana, así como el establecimiento de una base camuflada; la penetración sin problemas en la organización y estructura de gobiernos locales y municipales; la entrega a las trasnacionales del petróleo, la minería y otros recursos estratégicos pasando por encima del marco constitucional y legal mexicano; y, por último, un enclave estratégico para profundizar su proyecto en América Central y el Caribe.

8. Los meses que van desde este retorno a la actividad parlamentaria el próximo primero de septiembre y las elecciones de 2012 aparecen ya en consecuencia a) como un riesgo mayor para la sociedad mexicana, puesto que el gobierno calderonista está dispuesto a multiplicar las acciones violentas y atentados de su falsa “guerra contra el narco” para atemorizar a todos y convencer de que sólo los panistas pueden luchar contra el “crimen organizado”; b) un riesgo mayor para la nación de que un PRI doblegado ante el chantaje en Washington acepte fácilmente votar en las cámaras legislativas las iniciativas anticonstitucionales y antinacionales en materia laboral, político-electoral y de seguridad nacional, lo que llevaría a un desastre social e institucional aún mayor que el actual; c) un riesgo de que el proceso de fascistización del país se extreme a todos los niveles, como se ve ya en la política que están siguiendo los medios masivos de comunicación; d) un riesgo de que los entreguistas calderonistas multipliquen las concesiones ilegales a Washington, a espaldas y en contra de los mexicanos; e) un riesgo de que el proceso electoral del año próximo se violente como nunca antes en nuestra historia, lo que ya es mucho decir, y f) un riesgo, en fin, para América Latina de que un México, instaurado como un protectorado, sirva como base para combatir a los gobiernos que tienen aspiraciones nacionales.

9. Las señales ominosas se ven ya todos los días. Calderón entregó este mes de agosto, para vergüenza de la nación, a corporaciones multinacionales los primeros tres campos maduros de Pemex yendo en contra de lo establecido por la Constitución mexicana, y en otra dimensión de la vida pública nadie duda de que la violencia que se está incrementando sea generada desde el poder. Y aún falta casi un año para los comicios.

10. Los peligros que se ciernen sobre la nación y los mexicanos en los próximos meses son muy grandes, por mucho que algunos se resistan a reconocerlo, y se puede decir que como nunca está en juego el futuro del país, por lo que deben multiplicarse las iniciativas para impedirlo sin dejar de espetarles a Calderón y a sus cómplices lo que el pueblo una y otra vez está gritando: “¡Ya basta!”

*Tomado de La Jornada.

Calderón en la teoría de juegos*

Tomdos de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.


Octavio Rodríguez Araujo

Albert W. Tucker fue un notable matemático de la Universidad de Princeton. Millones de personas lo vieron (con otro nombre), como jefe del departamento de matemáticas en la película Una mente brillante, protagonizada por Russell Crowe en el papel de John Nash (premio Nobel de Economía en 1994).

Tucker fue uno de los profesores de Nash e influyó en él en el desarrollo de la teoría de juegos. Fue el creador del “dilema del prisionero” que, llevado a la ciencia política, nos ilustra sobre dos entidades en guerra en relación con el armamentismo. Estas dos entidades, que pueden ser dos gobiernos o un gobierno y el narcotráfico, tienen dos opciones: incrementar el gasto en armas o llegar a un acuerdo para reducir su armamento. Como ninguna de las dos entidades puede estar segura de que la otra llevará a cabo el acuerdo, ambas se armarán más y la guerra, si estalla, será más sanguinaria y más costosa. La paradoja es que creyendo sus mandos que están actuando racionalmente, el resultado que obtendrán será completamente irracional y su guerra los llevará a situaciones no previstas en las que, al final, ninguno ganará. En este caso las dos entidades mienten y, como todo mundo sabe, confiarse de un mentiroso no es ingenuidad, sino estupidez. El desenlace no puede ser otro que más armamento, más muertes y ninguna ventaja especial para ninguno de los contendientes.

El problema que tiene Calderón es que, aunque no gane (y no ganará), saldrá del juego el 30 de noviembre de 2012 en la noche. Terminará su mandato como un perdedor y, peor aún, como el causante de decenas de miles de muertes sin haber logrado su propósito de acabar con el crimen organizado. En tanto que el narcotráfico, aunque no gane tampoco, seguirá en el juego con quien gobierne el próximo sexenio y así hasta que la producción y el tráfico de drogas por ahora ilegales deje de ser negocio. Será entonces cuando los narcotraficantes perderán, y se dedicarán a otra cosa, probablemente también ilegal, pero será otra cosa.

La producción y el comercio de drogas (por ahora ilícitos) serán negocio mientras exista la demanda. Así como las carretas jaladas por animales fueron negocio por muchísimos años, comenzaron a declinar como tal a medida que el automóvil fue invadiendo el mercado. Hoy en día es negocio producir y comercializar automóviles, pero no carretas.

Cuando el producto a comercializar es ilegal, lo emprenderán grupos de delincuentes que, en el mercado negro, ven perspectivas de hacer dinero aunque en ello les vaya la vida. En el momento en que ese producto deja de ser ilegal, sus productores y comerciantes ilegales cambiarán de giro o entrarán en la legalidad aprovechando el mercado que bien conocen. En el caso de las bebidas alcohólicas, sobre todo en Estados Unidos, los que salieron del juego fueron los gobernantes al legalizarlo de nuevo en 1933, obligando a sus contrarios (las mafias que crecieron con la prohibición) a cambiar de giro o a volverse legales. El resultado del cambio de política gubernamental sobre el alcohol no fue acabar con la demanda sino con el crimen que usó la prohibición como negocio. La demanda existe y existirá, pese a sus graves consecuencias en la salud de quienes abusan de su consumo, pero el alcohol ya no está asociado con el crimen organizado.
El crimen, por otro lado, existe y existirá mientras sea negocio, igual se refiera a trata de personas, a drogas, a contrabando de tabaco (por alzas de impuestos), o por ejemplo en México, de televisores, antes de que se firmara el GATT (por sus siglas en inglés) y se abrieran las fronteras para su importación.

En relación con el crimen siempre habrá por lo menos dos jugadores: las autoridades que tratan de combatirlo y los criminales que tratan de ganar dinero mediante su actividad principal, sea cual sea. Si una de las partes, para el caso el gobierno, declara la guerra al crimen, éste se defenderá mediante el mismo mecanismo que se use en su contra. Si son armas, éstas se multiplicarán entre ambos jugadores y los que más ganarán serán los que las venden, pues el negocio de las armas es superior al del narcotráfico. El negocio de las armas, dicho sea de paso, tampoco se extinguirá mientras exista demanda, y lo grave en este tema es que no hay poder sobre la Tierra que quiera terminar con él, sea legal o ilegal, pues no hay gobierno que no quiera armas, incluyendo a los que se dicen neutrales. Tampoco los criminales querrán prescindir de ellas.

Ante esta situación los matemáticos han establecido un corolario, y éste consiste en que la única forma de ganar es cambiando los valores de quienes toman las decisiones en el juego. Si se piensa en términos egoístas (derrotar al otro) uno de los dos jugadores pierde o pierden los dos; si se piensa en términos del bien común, puede ser que ninguno de los dos gane, pero no se destruyen. Esto ocurrió en la guerra fría: tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían armas para destruir al otro, pero ambos gobiernos sabían que la destrucción de uno llevaría a la destrucción del otro y de muchos más. El corolario fue que ninguno debía oprimir el botón rojo de una guerra nuclear. Ahí, aunque a posteriori se vea como algo sencillo, hubo un cambio de valores: el bien común por encima del egoísmo de cada una de las dos potencias. El juego de supervivencia, no de ganar o perder, fue el que prevaleció, y gracias a ese cambio de valores aquí estamos, todavía vivos. La opción era la extinción de la humanidad o la fórmula del respeto al otro para sobrevivir.

Así conviven gobierno y crimen en Estados Unidos. Pero Calderón no lo ha entendido, tal vez porque ni él ni sus asesores saben de teoría de juegos ni del dilema del prisionero.

http://rodriguezaraujo.unam.mx

*Tomado de La Jornada.

Balacera en Torreón, los “daños colaterales”*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Rocha y El Universal, Naranjo.


Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (apro).- El 1 de febrero de 2010 tres balaceras en bares de Torreón, Coahuila provocaron la muerte de 10 personas, 15 heridos y una ola de pánico en esta población lagunera que se ha ido acostumbrando a la zozobra de la violencia. La información se perdió entre las decenas de notas que a diario dan cuenta del clima de descomposición en la ciudad industrial más importante de aquel estado y en el noreste del país, atenazado por la guerra entre Zetas, cártel del Golfo, policías, militares…

Sin embargo, la noche del sábado 20 de agosto, los nombres del estadio Corona, del club de futbol Santos y de Torreón dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales por una balacera que provocó la abrupta interrupción de las transmisiones del partido entre el equipo local contra el Morelia.

TV Azteca fue duramente criticada por suspender la señal; ESPN, el canal de deportes de televisión restringida, rompió récord de audiencia al continuar con la transmisión y la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) tuvo que dar una conferencia de prensa para no impactar el negocio más importante en las audiencias televisivas.

El término “balacera en Torreón” se convirtió en trending topic en Twitter y tan sólo en Google tiene 207 mil ligas, mientras que en otras redes sociales la discusión alcanzó niveles de ciencia ficción para explicar la presencia de unas “balas perdidas” dentro del estadio.

La estrategia de recuperación de imagen internacional del país, articulada por el gobierno federal, fue la más afectada a raíz del escándalo en la aldea global de los medios. Los 18 minutos de pánico y confusión en el estadio de Torreón sepultaron los spots gubernamentales que en vísperas de V Informe de Gobierno promueven los “logros” en materia de combate al narcotráfico.

Felipe Calderón, quien destinó varios fines de semana de su agenda para grabar una serie de promoción turística, México Royal Tour, en el canal VMe, tendrá que quitarse la escafandra y salir como un jugador de futbol en canchas, de acuerdo a su afición por disfrazarse para promover la imagen de seguridad y paz de México.

Los “daños colaterales” de lo acontecido en Torreón apenas alcanzan a percibirse esta semana. Trascienden las fronteras por la naturaleza misma de un acontecimiento que no ha sido analizado y dimensionado en su justa medida por las autoridades. Minimizarlo lo agranda. Las contradicciones lo agravan. Es volver el entretenimiento televisivo en parte de la nota roja y política.

TV Azteca, la segunda televisora más importante de México, dio una explicación el lunes 22 de agosto a través del noticiario Hechos, conducido por Javier Alatorre, para aminorar el escándalo mediático de la suspensión de las transmisiones.

Con esta acción, explicó Alatorre, “se evitó hacer una apología de la violencia, al mismo tiempo que eludió alarmar a nuestra audiencia y evitar la desinformación”.

En el noticiario estelar de Canal 13, Alatorre trató de convencer a la audiencia de que cortar la transmisión del partido, al minuto 40 del primer tiempo, fue la mejor manera para mostrar su rechazo a la violencia.

A pesar de esta explicación –en la misma línea de argumentación de Luis García, exfutbolista y comentarista de TV Azteca– las redes sociales continuaron criticando a la televisora. Los argumentos al tono con la Iniciativa México no convencen a las audiencias deliberativas.

Otro “daño colateral”, no menos importante, se orienta hacia la realización de los XVI Juegos Panamericanos, en Guadalajara, entre el 14 y 30 de octubre de este año.

El alcalde tapatío Aristóteles Sandoval Díaz, dijo este martes 23 en conferencia de prensa que la balacera de Torreón prendió los focos rojos en el país y genera incertidumbre. “Esto nos alerta y nos exige que tengamos una mayor coordinación entre los tres ámbitos del gobierno” para los Juegos Panamericanos, agregó.

El priista Aristóteles Sandoval evitó entrar a la polémica partidista sobre la seguridad en Coahuila, pero el gobernador panista Emilio González responsabilizó a Humberto Moreira, exmandatario coahuilense y actual líder nacional del PRI. “Lo que Moreira y el PRI tienen que explicarle a la nación es qué han hecho con la autoridad que les ha dado el pueblo. Los homicidios en Coahuila son responsabilidad de Moreira”, atajó González.

El show del futbol mexicano difícilmente se interrumpirá. Estamos hablando de la mayor fuente de ingresos para las televisoras comerciales, vía derechos de transmisión de los partidos, publicidad, patrocinios y propiedad de los equipos.

Incluso, parece casualidad, pero el canal ESPN –competencia cada vez más importante para las dos televisoras abiertas– iniciará a partir del 1 de septiembre la serie El Diez, donde se relatan “los vicios y virtudes del futbol” mexicano, desde los patrocinios, el draft, las fiestas y la multitud de intereses que se enlazan en esta industria.

En esencia, el peor “daño colateral” es intangible: no se mide en muertos, heridos, número de detenidos, control de una plaza, cárteles en disputa y toda la narrativa bélica a la que nos ha acostumbrado este sexenio de guerra fallida contra el crimen organizado.

Es un daño en la percepción, en la autoestima de una sociedad que descree ya de explicaciones sobre “balas perdidas” o enfrentamientos fuera del estadio. Es un media event que vuelve a arrojar más sombras que luces sobre el combate al narcotráfico que tiene cada vez menos legitimidad social, por muchas conferencias, teleseries y spots que patrocinen las autoridades involucradas.

www.homozapping.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Espías de EU: están, pero no están, aunque finalmente sí están…*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Jenaro Villamil


El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y la canciller Patricia Espinosa se reunieron en privado con integrantes de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional; ante ellos reconocieron que sí hay agentes estadunidenses en México, pero aseguraron que tienen funciones acotadas y su actuar no viola la soberanía nacional. Incluso el Cisen, afirman, “los monitorea”. Sin embargo, para el senador petista Ricardo Monreal la operación de esos extranjeros sí es violatoria de la Constitución y el asunto es tan grave que hace a Felipe Calderón “sujeto de juicio político”.

Diez días después de que The New York Times revelara –en su edición del domingo 7– la existencia de dos centros de espionaje donde agentes estadunidenses operan en México sin autorización del Congreso, los secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, confirmaron en una reunión a puerta cerrada con legisladores la presencia de aquellos funcionarios extranjeros, pero consideraron que su número exacto y sus atribuciones precisas constituyen “datos confidenciales”.

Incluso el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, afirmó en esa reunión con senadores y diputados de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional que el gobierno mexicano realiza “labores de contrainteligencia” para “monitorear las actividades” de esos agentes.

Felipe González, senador panista y exgobernador de Aguascalientes, afirmó que según los funcionarios mexicanos, las actividades de esos agentes consisten en lo siguiente: “Se juntan (en una zona militar) para pasar toda la información y cuando terminan, regresan a la embajada”.

El senador experredista René Arce, integrante de esa comisión bicamaral, afirmó al salir de la reunión privada que “no existe ninguna veracidad en las versiones que se han dado a conocer en relación a que esos agentes realicen alguna otra tarea que no sea la que expresamente tienen que ver con las cuestiones pactadas en los tratados.

“En principio, el número de agentes no se nos dio; sí se nos dijo que existen, por supuesto, agentes de la CIA, del FBI, de la DEA e incluso de la ATF (Agencia contra el Tráfico de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y civiles del Departamento de Estado”, abundó.

Ni González ni Arce ni el senador priista Carlos Jiménez Macías consideraron que el Ejecutivo haya violado la Constitución al no informarle al Senado de la existencia de esos centros operativos.

Los legisladores avalaron la versión de Blake Mora, quien afirmó en un comunicado de prensa que la presencia de esos funcionarios extranjeros “se hace conforme al marco constitucional y a los tratados internacionales debidamente suscritos por el Estado mexicano, como la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada Trasnacional, entre otros”.

Los funcionarios del Ejecutivo federal rechazaron ante los legisladores que existan convenios o cartas de intención entre Barack Obama y Felipe Calderón, tal como lo han divulgado distintos medios estadunidenses.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones, también descartó que se violara el marco constitucional y reiteró que “es necesaria una colaboración entre los dos países –México y Estados Unidos– para poder ser más eficaces en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico”.

El senador del PT Ricardo Monreal afirmó que frente a estas revelaciones el Senado reacciona tardíamente ante lo que él considera que “no sólo es una invasión a la soberanía, sino prácticamente una ocupación al país”.

En entrevista con Proceso, Monreal afirma que las violaciones a la Constitución son tan claras que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, “es sujeto de juicio político”.

“La situación es tan grave que hay salida de tropas mexicanas al extranjero sin autorización del Congreso, a pesar de que el artículo 76 de la Constitución, en su fracción III, señala que es una función exclusiva del Senado autorizar la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas”, advierte el exgobernador de Zacatecas.

El jueves 18, Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, reiteró que la presencia de agentes extranjeros en México no viola la Constitución y no es exclusiva de la administración calderonista.

“Hay que decir que la presencia de agentes estadunidenses no es exclusivamente durante esta administración. Y que fundamentalmente las labores en las que están participando tienen que ver con este intercambio de información y operación técnica, precisamente, para fortalecer las distintas áreas de trabajo del gobierno federal”, defendió Poiré en conferencia de prensa en Los Pinos.



“Violación flagrante”



Monreal advierte que esas “oficinas de fusión” constituyen en realidad un “minigabinete de seguridad” en nuestro país que “necesariamente debió haberse decidido en la Cámara de Senadores”.

En esas oficinas opera personal de la Agencia de Inteligencia Militar, de la CIA, del Departamento de Justicia con sus tres agencias: FBI, DEA y ATF; del Departamento de Seguridad Interior con sus dos servicios: el de Inteligencia de Guardia Costera y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio; y el Departamento del Tesoro, con sus agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y de Asuntos Financieros.

“Lo anterior constituye una clara y flagrante violación al artículo 89 constitucional; la presencia y operación en México de un minigabinete de seguridad de Estados Unidos vulnera toda noción de soberanía estatal y hace nugatorio el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y el ejercicio legítimo del uso exclusivo de la fuerza pública por parte del Estado”, argumenta el petista, crítico reiterado de la Iniciativa Mérida.

Además, agrega, “en clara contravención a los principios de soberanía, Calderón ha permitido que un Estado extranjero introduzca innumerables agentes en territorio nacional sin garantía alguna de que no habrá interferencia en la vida interna y en el libre desarrollo nacional”.

Proceso (edición 1812) ya había divulgado los planes estadunidenses de incrementar el número de agentes de la CIA y de la DEA en México; según aclara Monreal, esto violaría el artículo 73, fracciones XIV, XXI, XXIII y XXIX-M, de la Constitución, porque es facultad del Congreso expedir leyes en materia de seguridad nacional.

También el artículo 76, que establece como facultades exclusivas del Senado “analizar la política exterior”, “aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba” y autorizar “el paso de tropas extranjeras por territorio nacional”.

El gobierno federal “alega que los agentes norteamericanos no tienen armas. No lo sabemos. Por lo pronto ya reconocieron que sí están (aquí) representantes de la DEA, de la CIA, del FBI y de otros organismos internacionales”, abunda Monreal.

“Hay quienes nos dicen que somos trasnochados, de un nacionalismo inexistente o caduco. Entonces, ¡cambiemos la Constitución!”, contrargumenta Monreal.

“Si bien es cierto que el artículo 89 constitucional, fracción X, faculta al titular del Ejecutivo federal para dirigir la política exterior, también lo es que lo obliga a que la conducción de tal política observe los principios normativos de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, el respeto y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”, abunda el senador del PT.



Iniciativa Mérida



–La prensa estadunidense y los cables de WikiLeaks han confirmado operativos como Rápido y furioso o sobrevuelos de aeronaves norteamericanas, y ahora la presencia de estos “minigabinetes”. ¿En los tres casos se viola la Constitución? –se le pregunta.

–Los tres son violatorios. Y en los tres casos no fuimos informados.

–¿Ni con la Iniciativa Mérida?

–La Iniciativa Mérida no es sino un instrumento de la injerencia de Estados Unidos. Nosotros fuimos los únicos que votamos contra la Iniciativa Mérida. La metieron como un acuerdo, no como un tratado internacional, y se nombró una comisión legislativa palera, de seguimiento, que no informa, que se reúne en privado con la secretaria de Relaciones Exteriores.

–En el Senado hubo reuniones con el exembajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, y con miembros del Congreso norteamericano. ¿Ellos han informado?

–Nosotros hemos conocido documentos e informes confidenciales de lo que estaban tratando los ejecutivos de Estados Unidos y México, primero por la embajada norteamericana y luego por la vía directa del Congreso de Estados Unidos, antes que por la vía del Ejecutivo mexicano.

“Por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el presupuesto asignado a la Iniciativa Mérida nos dimos cuenta vía el Congreso norteamericano”, abundó.

Sobre el mismo tema, Beltrones, coordinador de la bancada del PRI, admitió también que sobre la Iniciativa Mérida el Senado mexicano ha obtenido “suficiente información con nuestros pares del Congreso de Estados Unidos, quienes nos han dicho los alcances de la misma, los recursos comprometidos, como también lo que nosotros creemos que debe ser una obligada colaboración en materia de inteligencia e intercambio de información”.

Por su parte, el senador y vocero de la bancada del PRI, Carlos Jiménez Macías, reiteró que durante la reunión a puerta cerrada el pasado miércoles 17, los funcionarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y del Cisen insistieron en que la Iniciativa Mérida no conducirá a un Plan Colombia.

“Nos dijeron muy claro, creo que eso sí lo podemos comentar, que de ninguna manera México va a aceptar –y ya se les dijo a ellos, a Estados Unidos– un acuerdo con las características del Plan Colombia”, insistió Jiménez Macías.

*Tomado de la revista Proceso.

El “mejor posicionado”*

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


John M. Ackerman

La decisión del PRD de seleccionar su candidato presidencial mediante encuestas refleja la extrema debilidad de nuestro sistema democrático. El principal partido de izquierda, que en teoría tendría que estar más cercano a las necesidades del ciudadano común y que históricamente se había distinguido como la única fuerza política que tomaba en cuenta a la sociedad a la hora de tomar determinaciones importantes, hoy anuncia ser una institución igual de cupular, elitista y burocrática que sus opositores. Con esta decisión la ciudadanía en su conjunto pierde, pues se le cierra uno de los últimos reductos de participación directa en la vida política del país.

Es cierto que en la práctica hubiera sido muy difícil celebrar una elección interna confiable. Los procesos electorales recientes organizados por el partido del sol azteca han sufrido graves irregularidades. En 2008, Jesús Ortega fue impuesto presidente del partido por el tribunal electoral en una sentencia que dejó en la total impunidad el evidente cochinero de la elección (mi análisis aquí: http://tinyurl.com/3qzy292). La elección de Amalia García como presidenta del partido en 1999 no fue mucho más limpia. De hecho, tuvo que ser anulada y repetida por las diversas prácticas fraudulentas que se presentaron.

Hoy el partido no cuenta con una comisión electoral con suficiente fuerza, recursos o independencia para organizar una elección como la que se requiere. Asimismo, su padrón electoral se encuentra en total desorden, aun después de una costosa campaña nacional de afiliación y renovación. La discrepancia entre el “padrón histórico” de más de 8 millones de integrantes y los apenas un millón 800 mil militantes que el partido recientemente registró ante el IFE es un claro indicador del grave problema en esta materia.

Ante tal escenario, el método de las encuestas quizás resulte ser el más viable. Pero esto no justifica que el partido se encuentre hoy en esta situación límite, obligado por las circunstancias a traicionar su historia de participación popular y apertura a la ciudadanía. Más allá de quien resulte electo candidato presidencial, el verdadero reto será expulsar el caciquismo y recuperar tanto la fortaleza institucional como la democracia interna. De otra forma, el PRD se debilitará enormemente ya que le quedará muy poco que lo distinga de las otras fuerzas políticas.

Ahora bien, estrictamente hablando no es cierto que el congreso nacional haya elegido el “método de las encuestas” para determinar al candidato presidencial. Los resolutivos indican que será el consejo nacional el que tendrá la última palabra “tomando en cuenta para su definición los resultados de encuestas abiertas a la ciudadanía y los posibles acuerdos a que lleguen los candidatos”. Es decir, la voz de los ciudadanos sufrirá una doble mediatización: primero será “representada” indirectamente por las casas encuestadoras y posteriormente se subordinará a un acuerdo cupular entre los mismos dirigentes de siempre.
Existen numerosos detalles que tendrían que resolverse en el camino. Lo primero sería la elección del “universo” al cual aplicar las encuestas: ¿población abierta? ¿Miembros del PRD? ¿Simpatizantes de la izquierda? Por un lado, abrir totalmente el universo permitiría que un amplio sector de la población, que jamás votaría por un candidato de la izquierda, intervenga en la determinación de su candidato. Por otra parte, solamente encuestar a los menos de 2 millones de militantes en activo dejaría fuera la opinión de una amplia franja que eventualmente podría sumarse.

La mejor solución sería diseñar la muestra en principio sobre un universo abierto, pero únicamente tomar en cuenta las opiniones de aquellas personas que afirman que estarían dispuestos a votar por “algún candidato de izquierda en las elecciones presidenciales de 2012” o, en su caso, “por algún candidato que no sea del PRI o el PAN”. Así se evitaría que los peñanietistas o los corderistas se entrometan en los asuntos internos de la izquierda electoral con efectos sumamente perversos.

Otra decisión clave es si lo más relevante es la “popularidad”, el “respaldo popular” o la “efectividad electoral” de cada candidato.

Mayor popularidad, o menos “opiniones negativas”, no necesariamente se traducen en mayores posibilidades de ganar la elección presidencial. Muchas veces esta clase de opiniones no son suficientes para llevar a los ciudadanos a las urnas. Una medición directa de la fuerza electoral de cada candidato en contra de los posibles candidatos de los otros partidos sería mucho más aleccionadora. Sin embargo, este dato también puede ser engañoso, ya que las campañas mismas pueden cambiar radicalmente el escenario. Así que quizás la mejor solución sea buscar una medición intermedia de “respaldo popular” o “potencial electoral” que diera un peso especial a la capacidad de cada candidato de movilizar durante la campaña a los votantes desencantados con el sistema político en su conjunto.

Lo más importante, desde luego, sería asegurar la unidad de la izquierda. La inclusión en la boleta electoral de dos candidatos de esta fuerza política implicaría no solamente un desastre para el PRD, sino también sería una abierta invitación a los poderes fácticos para terminar de avasallar al país durante el próximo sexenio.

http://www.johnackerman.blogspot.com - Twitter: http://www.twitter.com/@JohnMAckerman

*Tomado de La Jornada.