Espías de EU: están, pero no están, aunque finalmente sí están…*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Jenaro Villamil


El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y la canciller Patricia Espinosa se reunieron en privado con integrantes de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional; ante ellos reconocieron que sí hay agentes estadunidenses en México, pero aseguraron que tienen funciones acotadas y su actuar no viola la soberanía nacional. Incluso el Cisen, afirman, “los monitorea”. Sin embargo, para el senador petista Ricardo Monreal la operación de esos extranjeros sí es violatoria de la Constitución y el asunto es tan grave que hace a Felipe Calderón “sujeto de juicio político”.

Diez días después de que The New York Times revelara –en su edición del domingo 7– la existencia de dos centros de espionaje donde agentes estadunidenses operan en México sin autorización del Congreso, los secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, confirmaron en una reunión a puerta cerrada con legisladores la presencia de aquellos funcionarios extranjeros, pero consideraron que su número exacto y sus atribuciones precisas constituyen “datos confidenciales”.

Incluso el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, afirmó en esa reunión con senadores y diputados de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional que el gobierno mexicano realiza “labores de contrainteligencia” para “monitorear las actividades” de esos agentes.

Felipe González, senador panista y exgobernador de Aguascalientes, afirmó que según los funcionarios mexicanos, las actividades de esos agentes consisten en lo siguiente: “Se juntan (en una zona militar) para pasar toda la información y cuando terminan, regresan a la embajada”.

El senador experredista René Arce, integrante de esa comisión bicamaral, afirmó al salir de la reunión privada que “no existe ninguna veracidad en las versiones que se han dado a conocer en relación a que esos agentes realicen alguna otra tarea que no sea la que expresamente tienen que ver con las cuestiones pactadas en los tratados.

“En principio, el número de agentes no se nos dio; sí se nos dijo que existen, por supuesto, agentes de la CIA, del FBI, de la DEA e incluso de la ATF (Agencia contra el Tráfico de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y civiles del Departamento de Estado”, abundó.

Ni González ni Arce ni el senador priista Carlos Jiménez Macías consideraron que el Ejecutivo haya violado la Constitución al no informarle al Senado de la existencia de esos centros operativos.

Los legisladores avalaron la versión de Blake Mora, quien afirmó en un comunicado de prensa que la presencia de esos funcionarios extranjeros “se hace conforme al marco constitucional y a los tratados internacionales debidamente suscritos por el Estado mexicano, como la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada Trasnacional, entre otros”.

Los funcionarios del Ejecutivo federal rechazaron ante los legisladores que existan convenios o cartas de intención entre Barack Obama y Felipe Calderón, tal como lo han divulgado distintos medios estadunidenses.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones, también descartó que se violara el marco constitucional y reiteró que “es necesaria una colaboración entre los dos países –México y Estados Unidos– para poder ser más eficaces en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico”.

El senador del PT Ricardo Monreal afirmó que frente a estas revelaciones el Senado reacciona tardíamente ante lo que él considera que “no sólo es una invasión a la soberanía, sino prácticamente una ocupación al país”.

En entrevista con Proceso, Monreal afirma que las violaciones a la Constitución son tan claras que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, “es sujeto de juicio político”.

“La situación es tan grave que hay salida de tropas mexicanas al extranjero sin autorización del Congreso, a pesar de que el artículo 76 de la Constitución, en su fracción III, señala que es una función exclusiva del Senado autorizar la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas”, advierte el exgobernador de Zacatecas.

El jueves 18, Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, reiteró que la presencia de agentes extranjeros en México no viola la Constitución y no es exclusiva de la administración calderonista.

“Hay que decir que la presencia de agentes estadunidenses no es exclusivamente durante esta administración. Y que fundamentalmente las labores en las que están participando tienen que ver con este intercambio de información y operación técnica, precisamente, para fortalecer las distintas áreas de trabajo del gobierno federal”, defendió Poiré en conferencia de prensa en Los Pinos.



“Violación flagrante”



Monreal advierte que esas “oficinas de fusión” constituyen en realidad un “minigabinete de seguridad” en nuestro país que “necesariamente debió haberse decidido en la Cámara de Senadores”.

En esas oficinas opera personal de la Agencia de Inteligencia Militar, de la CIA, del Departamento de Justicia con sus tres agencias: FBI, DEA y ATF; del Departamento de Seguridad Interior con sus dos servicios: el de Inteligencia de Guardia Costera y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio; y el Departamento del Tesoro, con sus agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y de Asuntos Financieros.

“Lo anterior constituye una clara y flagrante violación al artículo 89 constitucional; la presencia y operación en México de un minigabinete de seguridad de Estados Unidos vulnera toda noción de soberanía estatal y hace nugatorio el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y el ejercicio legítimo del uso exclusivo de la fuerza pública por parte del Estado”, argumenta el petista, crítico reiterado de la Iniciativa Mérida.

Además, agrega, “en clara contravención a los principios de soberanía, Calderón ha permitido que un Estado extranjero introduzca innumerables agentes en territorio nacional sin garantía alguna de que no habrá interferencia en la vida interna y en el libre desarrollo nacional”.

Proceso (edición 1812) ya había divulgado los planes estadunidenses de incrementar el número de agentes de la CIA y de la DEA en México; según aclara Monreal, esto violaría el artículo 73, fracciones XIV, XXI, XXIII y XXIX-M, de la Constitución, porque es facultad del Congreso expedir leyes en materia de seguridad nacional.

También el artículo 76, que establece como facultades exclusivas del Senado “analizar la política exterior”, “aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba” y autorizar “el paso de tropas extranjeras por territorio nacional”.

El gobierno federal “alega que los agentes norteamericanos no tienen armas. No lo sabemos. Por lo pronto ya reconocieron que sí están (aquí) representantes de la DEA, de la CIA, del FBI y de otros organismos internacionales”, abunda Monreal.

“Hay quienes nos dicen que somos trasnochados, de un nacionalismo inexistente o caduco. Entonces, ¡cambiemos la Constitución!”, contrargumenta Monreal.

“Si bien es cierto que el artículo 89 constitucional, fracción X, faculta al titular del Ejecutivo federal para dirigir la política exterior, también lo es que lo obliga a que la conducción de tal política observe los principios normativos de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, el respeto y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”, abunda el senador del PT.



Iniciativa Mérida



–La prensa estadunidense y los cables de WikiLeaks han confirmado operativos como Rápido y furioso o sobrevuelos de aeronaves norteamericanas, y ahora la presencia de estos “minigabinetes”. ¿En los tres casos se viola la Constitución? –se le pregunta.

–Los tres son violatorios. Y en los tres casos no fuimos informados.

–¿Ni con la Iniciativa Mérida?

–La Iniciativa Mérida no es sino un instrumento de la injerencia de Estados Unidos. Nosotros fuimos los únicos que votamos contra la Iniciativa Mérida. La metieron como un acuerdo, no como un tratado internacional, y se nombró una comisión legislativa palera, de seguimiento, que no informa, que se reúne en privado con la secretaria de Relaciones Exteriores.

–En el Senado hubo reuniones con el exembajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, y con miembros del Congreso norteamericano. ¿Ellos han informado?

–Nosotros hemos conocido documentos e informes confidenciales de lo que estaban tratando los ejecutivos de Estados Unidos y México, primero por la embajada norteamericana y luego por la vía directa del Congreso de Estados Unidos, antes que por la vía del Ejecutivo mexicano.

“Por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el presupuesto asignado a la Iniciativa Mérida nos dimos cuenta vía el Congreso norteamericano”, abundó.

Sobre el mismo tema, Beltrones, coordinador de la bancada del PRI, admitió también que sobre la Iniciativa Mérida el Senado mexicano ha obtenido “suficiente información con nuestros pares del Congreso de Estados Unidos, quienes nos han dicho los alcances de la misma, los recursos comprometidos, como también lo que nosotros creemos que debe ser una obligada colaboración en materia de inteligencia e intercambio de información”.

Por su parte, el senador y vocero de la bancada del PRI, Carlos Jiménez Macías, reiteró que durante la reunión a puerta cerrada el pasado miércoles 17, los funcionarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y del Cisen insistieron en que la Iniciativa Mérida no conducirá a un Plan Colombia.

“Nos dijeron muy claro, creo que eso sí lo podemos comentar, que de ninguna manera México va a aceptar –y ya se les dijo a ellos, a Estados Unidos– un acuerdo con las características del Plan Colombia”, insistió Jiménez Macías.

*Tomado de la revista Proceso.