San Lázaro, la desvergüenza política*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Jesusa Cervantes


MÉXICO, DF, 29 de octubre (apro).- Cada vez que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, comparece ante los legisladores federales, más de uno lo acusa de “cínico”, pero lo ocurrido la noche del jueves pasado en la Cámara de Diputados no puede ser más que un gran monumento a la desfachatez, en donde los diputados, quienes hacen las leyes del país, recurrieron a una “chicanada” jurídica para violar la ley.

Tan cínicos han sido varios de lo secretarios de Estado del actual gobierno panista cuando comparecen ante senadores y diputados, como los propios legisladores que ayer, al no llegar a un acuerdo para “agandallarse” espacios en el Instituto Federal Electoral (IFE), como ha ocurrido desde 2003, decidieron no respetar la ley.

De los doce meses del año, la Cámara de Diputados sesiona solamente seis, tiempo más que suficiente para buscar consensos entre los diferentes grupos parlamentarios. Sin embargo, ante la falta de conciencia política de muchos de los legisladores, su desinterés por lo que el país requiere y el centrarse en sus propios beneficios o los de su partido durante los procesos electorales, todo lo dejan para el último momento.

Esto ocurrió, como en dos ocasiones anteriores (2003 y 2007), sólo que ahora con otros agregados: cinismo, irresponsabilidad y desvergüenza política.

De acuerdo con la ley, tres de los nueve consejeros del IFE deben dejar el cargo a la medianoche del 30 de octubre, por lo tanto, y es de lógica elemental, quienes los han de sustituir deben ser designados cuando menos un minuto antes.

Pero como la ley no lo dice expresamente, los diputados federales decidieron recurrir a una “chicanada leguleya” y considerar que lo que no está prohibido esté permitido. Es decir, si no está prohibido rebasar el día 30 de octubre para nombrar a los tres nuevos consejeros, pues está permitido elegirlos cualquier día del año, cuando a los diputados se les antoje, cuando “lleguen a un acuerdo”, a “un consenso”.

Incluso, justifican su actuación invocando “la responsabilidad” para “el diálogo” y la “construcción de acuerdos”.

Nada más grotesco que argumentar que como la ley sólo dice que el 30 de octubre deben dejar el cargo los consejeros a relevar, los diputados no están obligados a elegir a quienes habrán de sustituirlos. Lo absurdo proviene de que, en derecho, ante este tipo de circunstancias que el legislador no previó cuando realizó los cambios a la ley, debe hacerse una interpretación a contrario censu, es decir, al dejar el cargo --por ley-- un integrante de un órgano colegiado, se debe prever el nombramiento de quien lo habrá de sustituir por lo menos unos minutos antes.

El Poder Legislativo está obligado a mantener la conformación de un órgano colegiado con todos sus integrantes, no sólo con dos terceras partes.

Uno de los legisladores, el vicecoordinador panista Carlos Pérez Cuevas, dijo que no había problema en que el IFE se quedara con seis y no los nueve consejeros que lo integran, primero “porque son días de asueto, no trabajará el instituto”; y no sólo eso, justificó el actuar de los diputados que aprobaron la suspensión de la elección de los funcionarios electorales al exponer que si hubiera necesidad de reunirse, el IFE cuenta en este momento con seis integrantes, suficientes para hacer quórum.

No se trata de tomar decisiones de última hora ni de establecer que se está de vacaciones, que el IFE no va a trabajar, o decir, “qué importa, si hay quórum”. Lo destacable aquí es la falta de cumplimiento del marco legal de quienes hacen las leyes en el país, las salidas fáciles, la distribución de cuotas, la utilización del IFE como si fuera propiedad de los partidos políticos y no de una institución que tuvo como preámbulo marchas, muertes, abusos y robos de elecciones. Es, en síntesis, una bofetada a uno de los órganos clave para avanzar hacia una democracia efectiva, no sólo formal.

El cinismo con que actuaron los diputados no es menor que el que exhibieron los secretarios de Estado en sus comparecencias ante los legisladores. En suma, cayeron en lo mismo que tanto le han criticado al gobierno en turno.

Esa falta de respeto a sí mismo aumenta más cuando los partidos políticos dicen ante la ciudadanía que ya no quieren caer en los mismos errores de las dos últimas elecciones, el reparto de cuotas, y que ha dado como consecuencia la falta de credibilidad del IFE, e incluso su burla.

En esto momento, según encuestas diversas que se han publicado, la percepción de la gente es que el IFE dejó de ser “autónomo”. La actuación de los diputados del pasado jueves lleva a suponer que esto continuará.

Así, los diputados no sólo violentaron sus propias leyes, sino que además evidenciaron las luchas internas que tienen en sus partidos; por ejemplo, el PRI que pretendió nombrar a dos de los tres consejeros, uno de ellos respondería a los deseos del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y el otro a los del senador sonorense Manlio Fabio Beltrones, ambos posibles aspirantes a la candidatura priista a la Presidencia.

Pero al interior del PRI surgió un tercer bloque, el que dijo no a ese reparto sin que se les incluya a ellos. Se trata de quienes tienen simpatías con el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera. Esos diputados de Veracruz, Oaxaca y Puebla también actuaron por intereses partidarios y no por un afán de “democratizar” al IFE. Incluso amenazaron con votar en contra si se les dejaba fuera.

Por esto también es que se suspendió la elección: por desacuerdos al interior del PRI, por desacuerdos entre uno y otro partido.

Meses tuvieron los diputados para ir preparando la elección, meses para hacer un proceso limpio que no creará suspicacias entre la población o, ya de perdida, entre la clase política, pero las prioridades electorales hicieron de los legisladores actuar sin ética, hicieron que mostraran su incapacidad política.

Bien pudieran decir que convocarían a sesión extraordinaria para tratar de llegar a un acuerdo, lograr consensos al interior de sus partidos y luego hacia fuera, y consumarla elección el 30 de octubre. Pero en lugar de eso prefirieron, además de todo, irse de “puente” y elegirlos cuatro días después. La falta de tacto político, de todos por aceptar este retraso, lo único que logró fue minar aún más la credibilidad el IFE.

Y el tema no es si los 17 que acordó la Comisión de Gobernación son buenos o malos para ocupar este cargo, no, el asunto es la evidencia con que actuaron quienes elegirán a los próximos tres nuevos consejeros que saldrán de esa lista. Bastante trabajo tendrán a quienes elijan para remontar el estigma con el que llegarán a un ya de por sí desvencijado instituto. Y en esto, todos los partidos que votaron a favor y los que se abstuvieron tienen ya responsabilidad.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Desfiladero*

Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón.

∙ México en llamas: Beatriz Paredes sabrá lo que hace

Jaime Avilés

Entre las nuevas matanzas de civiles en Tijuana, Ciudad Juárez, Tepic, DF y otra vez Ciudad Juárez (más de 50 muertos en esta semana); entre los ataques con granadas y ráfagas de cuerno de chivo a instalaciones policiacas de Nuevo León y la emboscada a un convoy en la que fallecieron nueve policías en Jalisco; entre la danza de cifras que hablan acerca de los municipios controlados en todo el país por el narcotráfico –el experto Edgardo Buscaglia habla de 982, el Senado de mil 695, Gobernación reconoce” 400–; entre el delirio declarativo de los altos burócratas (“las matanzas confirman que la estrategia es correcta”: José Francisco Blablablake; “habrá más muertes”: Felipe Calderón) y la incompetencia absoluta del procurador Arturo Chávez Chávez y del secretario Genaro García Luna, la noche del jueves, en la Cámara de Diputados, ocurrió un milagro.

Pese a la generalizada opinión de que PRI y PAN rompieron su alianza histórica –algo que desmienten dos hechos: ambos partidos aprobaron en el Senado la ley que permite a inversionistas privados prestar todo tipo de servicios públicos y, en San Lázaro, la que autoriza al Seguro Social entregar vales para medicinas canjeables en las farmacias de la familia verde ecologista–, antenoche legisladores azules y tricolores tenían planchado un acuerdo para nombrar a los tres nuevos consejeros ciudadanos del IFE, excluyendo al PRD, lo que nuevamente dejaría sin representante, en el organismo que arbitrará (si es que hay) los comicios de 2012, a la enorme fuerza social que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Priístas y panistas estaban de acuerdo en repetir el esquema que hizo posible el fraude electoral de 2006, tras la designación de consejeros ciudadanos impuestos por esos partidos en 2003, año funesto en que asumió la presidencia del instituto, por designio de Elba Esther Gordillo, Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, el fascineroso Luis Carlos Ugalde, corresponsable de la tragedia que nos enluta día tras día desde que Calderón fue incrustado en los pináculos del poder.

El acuerdo que tenían panistas y priístas consistía en lo siguiente: el partido de Salinas impondría a dos consejeros y el de Calderón a uno. Pero cuando todo estaba a punto de chocolate sucedió el milagro: el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, se peleó con Beatriz Paredes, y el diputado panista Javier Corral se enfrentó, incluso a gritos, con Josefina Vázquez Mota. Dicho de otro modo: los priístas se jalaron de las greñas (piénsese en el famoso copete de uno y en la abundante melena de la otra) porque ella se obstinó en impulsar a Arely Gómez –hermana del número dos de Televisa– y Peña en que ese puesto lo ocupara Enrique Ochoa, ex secretario particular de la desprestigiadísima María del Carmen Alanís (que tiene varias cartas más bajo la manga).

A su vez, Corral desató la ira de Vázquez Mota porque borró de la nómina de 17 finalistas a Max Kaizer, un hombre siniestro ligado a Juan Molinar Horcasitas, a la propia Josefina, a Alonso Lujambio, a Germán Martínez y a Roberto Gil. Porque Dios no existe pero a veces ayuda, Kaizer quedó fuera de la jugada. Sin embargo, el PAN tiene un plan B, peor todavía: Jacinto Silva, ex magistrado del tribunal electoral de Jalisco, ex contralor del gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez (el mismo que prohibió las minifaldas en las oficinas públicas del estado) y, lo más grave, está ligado al Yunque, y su hija, Verónica Pía Silva Rojas, al gobernador Etilio González Márquez. A Jacinto Silva lo postularon el ex gobernador troglodita jalisciense, Francisco Ramírez Acuña, y el optimista Blablablake, que ve en las matanzas de civiles inermes una señal inequívoca de la fortaleza política de Calderón.

¿Se capta ya la dimensión del milagro? Las desavenencias entre Peña y Paredes, y entre Vázquez Mota y Corral impidieron –de momento– la llegada de personeros de Televisa, el Yunque, el cavernal Sandoval Íñiguez, Molinar Horcasitas, Lujambio y la venal Maca Alanís, es decir, la toma de una tercera parte del IFE por incondicionales de los actores más nefastos de la política nacional.
La prórroga –hasta el miércoles– que provocó el doble desencuentro, abre una rendija de esperanza para que Beatriz Paredes, sobre quien recaerá esta decisión histórica –y que mal tomada puede desencadenar un huracán que arrase con lo poco que queda en pie– atienda los llamados a la prudencia de ilustres dinosaurios de su partido, como César Augusto Santiago, del mismísimo José Woldenberg –padre de aquel IFE que gozaba de prestigio en el mundo y ayudaba a organizar elecciones en países destrozados como Irak y el Congo– y de otros que le aconsejan no dejar fuera de la nueva terna al PRD.

Ahora bien ¿a cuál PRD? ¿Al de los chuchos, es decir al de Calderón, o al de Encinas, esto es, al de AMLO? En un principio los operadores de Jesús Ortega apoyaron al filopanista Emilio Álvarez Icaza, pero por fortuna, fue vetado por el PRI. Después, también para distanciarlo de Encinas, apostaron por Ciro Murayama, académico muy cercano a Woldenberg, que en su momento criticó la complicidad de Ugalde con el PAN y los empresarios en la campaña de odio contra López Obrador, si bien se opuso al plantón.

Temerosos de que Muramaya, en su afán por restaurar la credibilidad del IFE, no se dejara manipular por ellos, fingieron que lo respaldaban cuando lo cierto es que su comodín es el ex periodista Salvador Guerrero, por el que Jesús Zambrano pujará hasta el último instante.

Quienes observan de cerca y desde adentro esta complicada negociación, interpretan que el apoyo de Paredes a la hermana de Bernardo Gómez significa su autodestape al 2012, para lo cual busca un vínculo directo con Televisa. Pero Peña Nieto la rechaza porque hace cuatro años compró las lealtades de Televisa y en el IFE necesita a su tocayo Enrique Ochoa, súbdito de Maca Alanís, que actuaría a las órdenes de ésta a la hora del cochinero. Si Ochoa no queda, el copetón se inclinará por Roberto Duque, otra fichita, que fue socio de Maca en una consultoría privada, en 2006, y luego su asesor en el Trife.

El país está en llamas. Detrás del horror generado por la violencia, empiezan a multiplicarse las voces indignadas que claman por la renuncia del gabinete de seguridad (¿?). Pero éste, como si no hubiera sido rebasado en todos los órdenes, enfrenta desde ayer otro problema mayúsculo: ante periodistas y testigos que grabaron y difundieron la escena, decenas de soldados y marinos, con uniformes de campaña y rifles de alto poder, entraron el jueves por la noche a la casa de Jimena Mari-Fouche, y causando destrozos, la maltraron a ella y a sus padres, para arrebatarle a sus hijos, un niño de año y medio de edad y otro de cuatro, que tuvo en matrimonio con David Fernández de Cevallos, o sea, nietos del jefe Diego.

Según el portal www.sipse.com de Quintana Roo, David y su hermano, Rodrigo Fernández de Cevallos, que también estaban armados, llegaron a la residencia ubicada en la avenida 50 de la colonia Independencia en la isla de Cozumel, protegidos por los militares que iban al mando del oficial Sergio Ricardo Martínez Ruiz. Aterrados, los niños fueron introducidos en una camioneta blanca, misma que se dirigió al parecer hacia el aeropuerto escoltada por los vehículos de la Marina y el Ejército. ¿Operación conjunta autorizada desde el centro? ¿Insubordinación? No: caos, caos absoluto. No es el momento de cerrar la única puerta que aún tiene abierta la vía electoral. Beatriz sabrá lo que hace.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

Los signos*

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Luis Javier Garrido

El fracaso estrepitoso de la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón está movilizando a amplios sectores del país para lograr un cambio radical de la estrategia oficial en materia de seguridad nacional.

1. La escalada de la violencia en el cuarto año de la experiencia gubernamental de Felipe Calderón ha colmado a los mexicanos, pero en particular a los sectores empresariales, nacionales y extranjeros, que en 2006 respaldaron la estrategia que desde Washington se impuso al nuevo gobierno panista –en el marco de la crisis de ilegitimidad en la que asumió ilegalmente el poder–, asumiendo entonces la tesis absurda de que con las fuerzas armadas imponiendo el orden y amedrentando a los mexicanos florecerían los negocios.

2. La evaluación que se está haciendo en todos los sectores del fracaso de las políticas “de seguridad nacional” de Felipe Calderón, y en particular en los círculos del capital privado, está constituyendo una condena absoluta al gobierno panista de ultraderecha, que es visto como un lastre para el país y también para sus intereses, por lo que se sostiene cada vez más la tesis de que es imprescindible rectificar las actuales políticas de seguridad nacional e impedir a toda costa que los panistas sigan en el gobierno en 2012.

3. El baño de sangre al que Calderón y sus colaboradores han llevado al país es calificado cada vez más como una responsabilidad suya, por lo que muchos no dudan ya en calificarlos como “un gobierno genocida”, lo que ellos están confirmando con sus actos. Tras las últimas matanzas del 22 en Ciudad Juárez (14 muertos, todos jóvenes), del 23 en Tijuana (13 muertos), del 27 en Tepic (16 muertos) y de ayer en el Distrito Federal (seis muertos), José Francisco Blake (titular de Gobernación) no tuvo más respuesta que sostener que el gobierno panista no ha hecho más que “reafirmar la autoridad del Estado” y que tiene y promueve “la cultura de la legalidad”, cuando todo el país sabe que el gobierno de Calderón pisotea y viola todos los días la Constitución y las leyes de la República, en particular con su “guerra contra el narcotráfico”, y que su única cultura es la del autoritarismo presidencialista.

4. La paradoja de lo que acontece es que mientras el gobierno de Felipe Calderón se halla empeñado en una campaña ridícula de autoelogio en los medios (que no se sabe si él mismo y sus allegados la creen), pretendiendo que la economía va mejor, que las necesidades sociales de los mexicanos están cada vez más satisfechas y que su gobierno va ganando “la guerra contra el crimen organizado”, desde aquí y desde el exterior se le dice que no es así. La inconformidad social no deja de aumentar en el país y la militarización de amplias regiones no ha logrado amedrentar al pueblo pobre de México, pero los únicos que no parecen darse cuenta de ello son quienes están haciendo como que gobiernan. Los indicadores internacionales señalan a México como un país cada vez más injusto y corrupto.

5. El fracaso de la “guerra contra el narco”, si es que ésta alguna vez existió (y ha sido otra cosa que la evidente tentativa de las agencias estadunidenses por reordenar el mercado), es manifiesto tan sólo con las cifras sobre el incremento de la producción y del consumo que se ha producido en México en estos cuatro años, junto con el saldo de más de 30 mil muertos y con un factor nuevo que ahora empieza a ser denunciado: la penetración en nuestro país de cárteles rusos, chinos y colombianos, que actúan libremente en nuestro país.

6. La utilización que ha intentado hacer Felipe Calderón de la supuesta “guerra contra el narco” como arma política para hacer prevalecer al PAN, al acusar a políticos de otros partidos (PRI o PRD) e incluso del suyo propio (los foxistas) de colusión con los cárteles, no ha tenido tampoco éxito. Desde el michoacanazo hasta la campaña permanente en los medios para hacer creer que sólo Acción Nacional tiene la honestidad y el know how para dirigir esta “guerra”, que según él debe ser “a largo plazo”, ha fracasado por completo porque los mexicanos no creen en la honestidad ni en la capacidad del gobierno panista, y advierten cada vez con mayor claridad que las políticas de “seguridad nacional” no han servido más que como instrumento de manipulación del pueblo.
7. La insistencia con la que los funcionarios calderonistas, a pesar de su nula credibilidad, pretenden sin embargo vender al exterior –en especial a Estados Unidos– la tesis de que sólo un gobierno que sea heredero del suyo puede enfrentar el crimen organizado, no hace más que enrarecer aún más el ambiente, ya turbio por tantos crímenes, atribuidos sin pruebas al narco, y que no han sido esclarecidos. El hecho no aclarado de que empiecen a producirse en el Distrito Federal, de manera sospechosa, el mismo tipo de matanzas cometidas en el norte del país, no parece fortuito y confirma la tesis de múltiples analistas, quienes han sugerido que los grupos paramilitares del gobierno pueden estar atrás de estos hechos sangrientos.

8. La pretensión, en fin, de Calderón y de la ultraderecha mexicana de crear un nuevo marco constitucional y legal en el país, semejante al que se impuso a Colombia en estos años de lucha contra la guerrilla, para hacer viable el papel policial y político de las fuerzas armadas en un escenario de impunidad y de suspensión de hecho de las garantías individuales, no parece tener tampoco viabilidad alguna por la oposición de muchos priístas en el Congreso al que es un proyecto abiertamente fascista, por mucho que algunos hayan avalado el primer paso que se dio en esa dirección con la aprobación de las anticonstitucionales políticas panistas de “mando único”, que están tratando de implantarse y son absolutamente violatorias de la autonomía de municipios y estados, sin olvidar que crean las condiciones para una mayor penetración de los cárteles en los aparatos de seguridad del Estado.

9. El afán de Calderón de congraciarse con los sectores más conservadores de Estados Unidos al intensificar el escenario de violencia en México en este cuarto año de su desastroso gobierno tampoco le está redituando allá en términos políticos. Para los grupos más derechistas del país vecino, México ya está considerado “un Estado fallido” y los cárteles son según ellos organizaciones “terroristas”, lo que le da a su juicio a Estados Unidos la prerrogativa de intervenir militarmente en nuestro país en defensa de sus intereses estratégicos. La secretaria de Estado Hillary Clinton insistió el sábado 16 en que los cárteles mexicanos están organizados como paramilitares, y el jueves 21 la Casa Blanca ordenó a seis agencias desplegar sus “asesores de inteligencia” en Ciudad Juárez (Milenio Diario, 22 de octubre). Las campañas de los candidatos del Tea Party en vistas a las cruciales elecciones legislativas y de gobernadores del martes 2 han evidenciado por lo mismo un desprecio de esa corriente ultraconservadora a Calderón, a quien, según su propaganda, ven como un político inepto hundido en un escenario de corrupción, en contra de lo que esperaban los aprendices de brujos de Los Pinos.

10. La “guerra contra el narco” de Calderón ha conducido a un fortalecimiento de los cárteles y a un incremento de la violencia y de la producción y el consumo, pero también ha fracasado en alcanzar los objetivos panistas de amedrentar al pueblo, de distraer a los mexicanos de la instauración de nuevas medidas antipopulares y antinacionales, de redituarle políticamente a Acción Nacional y de garantizarle la elección de otro presidente panista en 2012, así como sus objetivos hacia el exterior, de congraciar a Calderón con la ultraderecha estadunidense y de mejorar la imagen de México y de su gobierno.

El éxito de esta “guerra” se halla en otro lado: ha propiciado que se comprometa aún más la soberanía nacional, que agentes del exterior operen en México y que nuestro país pueda ser un objetivo militar de Washington.

*Tomado de La Jornada.

Fumadores, obesos y legisladores*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Octavio Rodríguez Araujo

El senador Ricardo Monreal ha declarado a La Jornada (26/10/10) que “el Congreso no está siendo equitativo, porque cobra una nueva tributación a los cigarros con el argumento de desincentivar el consumo, pero no hace lo mismo con la comida chatarra.

“Esos alimentos provocan severos daños de salud y un quebranto de 80 mil millones de pesos al erario, ya que esos recursos se destinan a atender los problemas médicos que ocasiona.”

Tiene razón. No hay congruencia entre los legisladores. Si 13 millones de mexicanos son obesos, según la Secretaría de Salud, y atenderlos cuesta al sector 80 mil millones de pesos por enfermedades relacionadas, ¿por qué sólo al tabaco se le subió el impuesto y no a todos los productos que provocan obesidad? Si 18 millones de mexicanos fuman y según las mismas autoridades cuestan al sector salud 45 mil millones de pesos, no se ve la lógica entre los legisladores, a menos que hayan sido maiceados por las empresas de alimentos y refrescos. Dividiendo 80 mil millones de pesos entre 13 millones, nos da 6 mil 154 pesos por obeso atendido en el sector salud. Si dividimos 45 mil millones de pesos entre 18 millones de fumadores, nos da 2 mil 500 pesos. Más baratos que los obesos. ¿Por qué no hay tantos grupos antiobesidad como los hay antitabaco? Es un misterio. ¿Será o habrá que buscar entre éstos el financiamiento de los grupos similares de los países más desarrollados, principalmente de Estados Unidos?

De las 530 mil muertes que hubo en México el año pasado (según Córdova Villalobos), 70 mil fueron por diabetes, “principal causa de muerte en 2009”, en buena medida propiciada por la obesidad. Esas mismas autoridades y los grupos antitabaco aseguran que 60 mil fumadores fallecen cada año. Menos que los diabéticos. En términos proporcionales, mueren cada año 0.96 por ciento de diabéticos y 0.33 por ciento de fumadores, si creemos en sus datos. Sin embargo, el lugar común y lo políticamente correcto es tratar de descalificar a quienes cuestionen el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco y las leyes derivadas de éste. Se les acusa de ser maiceados por las tabacaleras. En contraparte, nadie acusa a los legisladores de haber sido comprados por los fabricantes de comida chatarra, de refrescos, entre tantos productos que provocan obesidad.

Parece fuerte la expresión “maiceados” referida a los diputados y senadores, pero no lo es pese a su sentido peyorativo. Maicear quiere decir, según el diccionario, dar maíz a los animales, pero en lenguaje popular significa corromper políticos dándoles regalos, dinero para sus campañas electorales, viajes, etcétera. Cada vez que alguien protesta por la campaña antitabaco (a menudo confundida con la defensa del tabaco), se dice que las tabacaleras les dieron dinero, como ocurrió cuando un legislador fue acusado, sin pruebas, de haber recibido dinero de las industrias del tabaco. El Universal (26/10/10) da cuenta de un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde se “demuestra” que esa industria compra políticos. No conozco el estudio, pero lo que dice la larga nota es que dicha investigación está hecha con base en deducciones de prácticas formales que realizan las tabacaleras (y, hasta donde sé, todas las empresas que pueden ser afectadas por las leyes) y en entrevistas a personas anónimas convenientes. El estudio lo hizo la División de Estudios Jurídicos del CIDE, dirigida por José Antonio Caballero Juárez, quien fue consultor en 1997-98 y desde 2004 de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), de triste memoria en el mundo subdesarrollado, particularmente en América Latina por sus presuntos nexos con la CIA) y por la cooptación que ha hecho de intelectuales, profesionistas, políticos y líderes sindicales desde hace casi 50 años para convencerlos de las bondades del american way of life.
No prestigian al CIDE, donde trabajé hace muchos años, supuestas investigaciones del tipo mencionado. Tampoco a muchos de sus investigadores en activo que son serios y respetados. Pero, qué le vamos a hacer. Finalmente el CIDE se cura en salud al poner entre sus objetivos (misiones) la “generación de conocimiento socialmente pertinente que auxilie en la toma de decisiones en temas clave de la agenda pública”. La justificación está en decir que este tipo de estudios es “socialmente pertinente”, es decir, a tono con las medidas antitabaco que hoy son políticamente correctas. ¿Hará el CIDE una investigación sobre las empresas cuyos productos provocan obesidad y cómo compran políticos? ¿Y otra sobre las empresas químico-farmacéuticas y cómo compran políticos comenzando por el titular de la Cofepris?

Cuando el diputado Mario di Costanzo se manifestó hace una semana contra el nuevo impuesto al tabaco, la reportera de Reforma (19/10/10) señaló en su nota (editorializando) que “retomó argumentos de las empresas tabacaleras”. Simple, con eso quedó descalificado sin ofrecer pruebas. Lo que dijo Di Costanzo fue que mayor impacto sobre el sector salud lo generaban la diabetes y enfermedades derivadas de la obesidad, no el tabaquismo. Y añadió, con toda la razón, que se estaba legislando a oscuras, sin tener objetividad en los datos y “tomando opiniones más de tipo mediático o con la presión de la opinión pública”. Su propuesta fue, obviamente, desechada, pese a que días después el secretario de Salud le diera la razón.

¿Por qué el énfasis en el tabaco? Porque distrae de los fracasos de los gobiernos en sus políticas económicas, sociales y ambientales. Como diría Simon Clark, en tanto los gobiernos son impotentes para afectar positivamente la situación económica de la población, prohibir fumar es el tipo de acción que pueden tomar para “mejorar la salud pública” y ampliar su autoridad sin hacer nada sustancial en favor de la salud y educación públicas, en las políticas de empleo y salarios, en jubilaciones, en la contaminación ambiental, en el ahorro de energía no renovable, en los intereses bancarios, etcétera, etcétera.

http://rodriguezaraujo.unam.mx/

*Tomado de La Jornada.

Masacres juveniles, réquiem por el gobierno*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Jenaro Villamil


MÉXICO, DF, 26 de octubre (apro).- Una nueva matanza de adolescentes en Ciudad Juárez, Chihuahua, cimbra a todo el mundo. Y en Tijuana, Baja California, se repite con saña la historia de una masacre de jóvenes en centros de recuperación. El miedo entre estudiantes de Monterrey, Nuevo León, recorre las principales universidades de esta capital financiera. Y nadie se atreve a salir ya a las calles de Matamoros o Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos hablan ya de un “genocidio de jóvenes”, especialmente en Juárez. Uno no sabe si duele más saber que la mayoría de los 14 acribillados en la urbe fronteriza son menores de 20 años, estudiantes de secundaria y preparatoria, o que sus victimarios sean también adolescentes que han perdido cualquier noción de presente y de vida.
Había una mujer embarazada entre los asesinados. Y Marta Arteaga, la anfitriona, de 30 años, fue acribillada. Dejó seis hijos huérfanos. Uno de sus vástagos era el festejado, muerto también.
Los sicarios forman parte de un comando que entró a aquella fiesta privada en la colonia Horizontes del Sur, a dos kilómetros de Salvárcar, el mismo barrio donde fueron masacrados un número similar de adolescentes, en enero de 2010.
Cuentan las crónicas que los asistentes festejaban en el patio de una casa tan humilde como millones de hogares mexicanos. Un hombre de cerca de 20 años llegó hasta el centro de la concurrencia. Gritó quién era el propietario de un automóvil estacionado en el exterior. Al no haber respuesta, sacó de sus ropas una pistola y comenzó a disparar a diestra y siniestra. “¡Acaben con ellos!”, ordenó.
Fue la señal para que los sicarios, adolescentes encapuchados, salieran de un convoy de siete camiones y rafaguearan durante cinco minutos a los presentes. Mataron a 12 e hirieron a 16. Dos murieron después.
Entre las pocas víctimas fotografiadas está un joven que intentó huir por el estacionamiento delantero de la casa. Su rostro inerte, pelado a rape, de apenas 16 años, yace en el suelo. La expresión lo dice todo. Es la síntesis del juvenicidio imparable en Ciudad Juárez. “Los mocosos muertos”, dijo alguien.
Los vecinos llamaron a las fuerzas policiacas. Tardaron más de 20 minutos en llegar, según diversos testimonios. Nadie vio, nadie escuchó. Las fuerzas del orden que mantienen sitiada Juárez ignoraron a un convoy de siete vehículos que huyó en la noche, en el desierto, en la oscuridad ominosa de la impunidad que acompaña cada una de estas masacres. Siete en menos de 20 meses. Más de cien muertos, el 80% menores de 18 años.
Una de esas masacres fue la ocurrida en marzo de 2009 en el Cereso de Juárez. Entraron al penal a matar a presuntos integrantes de las bandas de los Mexicles y Los Artistas Asesinos. Sus verdugos fueron, al parecer, Los Aztecas.
El gobierno de Felipe Calderón saturó a Juárez de elementos policiacos a partir del operativo Todos Somos Juárez, después de los sucesos en Salvárcar. Prometió que vigilarían las calles y los rincones de la ciudad. Pero nada ha cambiado. La situación es peor. En Ciudad Juárez ya hay más muertos que efectivos estadunidenses caídos en la guerra de Irak.
Los “hombres de ley” también ingresan a los domicilios, a los negocios, a las fiestas para catear, amedrentar, extorsionar o sembrar el miedo. Y son tan escasos los operativos que han resuelto algo.
Recuerdo que en Ciudad Juárez ganaron Pascual Orozco y Pancho Villa, en 1911, la batalla definitiva para darle el triunfo al movimiento maderista. Ahí murió el régimen de Porfirio Díaz. ¿Será en este mismo sitio donde esté muriendo un régimen incapaz de defender con un mínimo de eficacia a sus ciudadanos? ¿Se atreverán a volvernos a decir que se tratan de “ajustes de cuentas” entre pandilleros?
Calderón y el gobernador César Duarte pronuncian frases huecas. “Con tristeza y profunda indignación el gobierno federal manifiesta su más enérgico repudio al asesinato de varios jóvenes en Ciudad Juárez”, escribe Calderón en su cuenta de Twitter. ¿Repudio? ¿Indignación? El presidente es el titular del Ejecutivo federal, no una ONG que se pronuncia frente a un suceso. ¿A qué se compromete? ¿Qué medida va a tomar? ¿Volverá a pagar miles de millones de pesos en spots para que la pantalla comercial no mencione esta derrota de su “guerra” infame?
Comienzo a leer el libro Ciudad del crimen, de Charles Bowden, y vuelvo a estremecerme:
“El periodista puede morir por cometer un error…
“Eso es porque hay dos Méxicos.
“Uno es el que aparece en la prensa de Estados Unidos, un lugar donde el presidente está peleando una guerra valiente contra las fuerzas malignas del mundo de las drogas y utilizando, como guerrero, al incorruptible Ejército Mexicano. Este México tiene periódicos, tribunales, leyes y es considerado una república humana por el gobierno de Estados Unidos.
“Esto no existe.
“Hay un segundo México, donde la guerra es para las drogas, donde la policía y el Ejército pelean por su tajada, donde la prensa es controlada a fuerza de asesinar periodistas o con una dieta permanente de sobornos, y donde la línea entre el gobierno y el mundo de la droga nunca ha existido…
“Hay dos maneras de perder la cordura en Juárez. Una de ellas es creer que la violencia proviene de la guerra de cárteles. La otra es la pretensión de comprender qué hay detrás de cada asesinato. Lo único cierto es que diversos grupos –las pandillas, el Ejército, la policía de la ciudad, la policía estatal, la Policía Federal-- están matando a personas en Juárez como resultado de las ganancias de la droga”.
Apenas hace tres días, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, comandada por Genaro García Luna, anunció --con todo el despliegue mediático que acostumbra-- la detención de 13 presuntos integrantes de La Línea, el brazo armado del cártel de Juárez, y se ufanó de que con ese golpe esa red de sicarios quedaba “prácticamente desmantelada”.
Y ahora todo quedó en los términos que describe Bowden.
La muerte es una industria en Ciudad Juárez. La violencia es el pase automático, la aduana para quien busque permanecer en esta ciudad, pero también en Reynosa, en Matamoros y cada vez más en Monterrey.
Si hace unos cinco años el nombre de Juárez era mundialmente conocido por los crímenes de más de 400 mujeres (de los que ni 10% se ha resuelto), ahora es el epicentro de lo que Bowden llama “un nuevo campo de exterminio de la economía global”.
Del feminicidio al juvenicidio. ¿O debemos decir el Juaricidio? ¿Quieren matar una ciudad, una civilización, un enclave fronterizo?
En Juárez se mata por una grapa, se mata por menos de mil pesos, se mata porque tener armas es lo único que unifica “el poder” de soldados, pandilleros, policías, sicarios, narcos, psicópatas, juniors con poder.
El fácil acceso a las armas que cruzan la frontera de Estados Unidos intoxica tanto o más que los picaderos que han proliferado por toda la ciudad. Juárez es el epicentro de una economía de la violencia. Y Washington sólo se indigna o cierra su consulado.
http://www.jenarovillamil.wordpress.com/

*Tomado de la revista Proceso.

Gil Zuarth, el candidato oficial*

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores.

Álvaro Delgado


MEXICO, D.F., 25 de octubre (apro).- El 3 de julio de 2008, quince días después de contraer matrimonio con Carla Astrid Humphery, consejera electoral capitalina que pretende serlo del Instituto Federal Electoral (IFE), Roberto Gil Zuarth se afilió al Partido Acción Nacional (PAN) y esa breve militancia le impide cumplir su anhelo de presidirlo.
El razonamiento, conforme a los Estatutos Generales del PAN, es simple: El presidente del partido preside también el Consejo Nacional y, según el inciso a) del artículo 45 de ese ordenamiento, para ser consejero se requiere ser miembro activo con militancia de por lo menos cinco años.
La suma de la militancia de Gil Zuarth es también sencilla: Del 3 de julio de 2008 --cuando se afilió en la delegación Alvaro Obregón con la clave GIZR771010HDFLRB00-- al 24 de octubre de 2010, fecha de la solicitud de su registro como candidato a presidir el PAN, sólo se acumulan dos años y cuatro meses.
Le faltarían, entonces, dos años ocho meses para cumplir el requisito estatutario.
Salvo que se convoque a una Asamblea Nacional que reforme los Estatutos Generales para que el presidente del Consejo Nacional no sea miembro de este que es el máximo órgano de dirección del PAN, lo cual se aprecia muy remoto, es evidente que Gil Zuarth no cumple con el principal de los requisitos para suceder a César Nava.
Pero eso en el PAN no importa.
La legalidad es sólo una evocación de su etapa opositora.
Hay un antecedente inmediato de cómo se destroza la propia legalidad interna y la encarnan Germán Martínez y Fernando Gómez Mont, dos de los patrocinadores de Gil Zuarth: Tal como se acreditó en Proceso, el primero alteró el Registro Nacional de Miembros para inventarle al segundo cinco años de militancia para hacerlo consejero nacional.
Ahora ocurre algo peor con Gil Zuarth para convertirse en la tercera imposición en fila de Felipe Calderón en la presidencia de ese partido.
La trama para que el joven diputado Gil Zuarth sea el sustituto de Nava se explica porque las presidencias de Germán Martínez y César Nava han irritado al panismo y han exhibido a Calderón como el jefe máximo del PAN.
Por eso ahora el proceso interno pasa por dar la imagen de división de la facción dominante y el auspicio de las candidaturas anodinas de Judith Díaz Delgado --íntima de Luisa María Calderón, la Cocoa, cuyo proyecto de ser gobernadora de Michoacán es custodiado por tropas militares y policiacas--, y Gustavo Enrique Madero, a quien le tiraron una zanahoria que perseguirá hasta que le sea ordenado declinar por el que ya Calderón decidió.
A la falsa “división” de la facción felipista se suma Cecilia Romero, la candidata de la organización clandestina El Yunque, cuyo pragmatismo le permitirá cobrar muy alta la renovación del contubernio que mantiene con Calderón y, en algo que no debe descartarse, que ella misma suceda a Nava, juramentado también.
Francisco Ramírez Acuña, quien se presenta como la única candidatura de “oposición”, no tiene ninguna posibilidad de éxito, no sólo porque la mayoría de los 281 miembros del Consejo Nacional son controlados por Calderón –más de cien por la vía de la nómina--, sino porque marcha de la mano de Santiago Creel, cuya apuesta por la candidatura presidencial pasa por una contienda equitativa que no se garantiza con un PAN felipista.
El control de la candidatura presidencial del PAN en 2012 se inscribe también en la trama para imponer a Gil Zuarth, cuyo mayor patrocinador visible es Germán Martínez, su socio en el despacho que, a la manera de Diego Fernández de Cevallos, los está enriqueciendo con sus gestiones empresariales ante las instancias del gobierno.
Martínez ya proclamó a Gil Zuarth el presidente del PAN de la era “postCalderón”, pero no para hacer con ello un deslinde, sino para dejar claro que es el continuismo para el encubrimiento.
Otro dato: El principal operador para la candidatura de Gil Zuarth, Jorge Manzanera Quintana, lo ha sido de Calderón desde hace dos décadas, aun antes de presidir el PAN en 1996, y a él se ha sumado Patricia Flores Elizondo, quien sin ser funcionaria ejerce un enorme poder que sólo explica la cercanía con el individuo que despacha en Los Pinos.
Y no hay que olvidarlo: Flores Elizondo y Manzanera Quintana trabajan para el más aventajado de los aspirantes panistas, Alonso Lujambio, quien fue jefe de Carla Astrid, la esposa de Roberto Gil Zuarth, que en una de esas se cuela como consejera del IFE…

Apuntes

Mientras el PAN se entusiasma porque ya tiene candidato a gobernador de Baja California Sur --nada menos que el diputado perredista con licencia Marcos Alberto Covarrubias--, las matanzas de inocentes exhiben el talante criminal de un gobierno cada vez más cínico...

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

El narco es ya un poder político y un desafío abierto*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Gerardo Albarrán de Alba

Un Porfirio Muñoz Ledo cada vez menos capaz de mostrarse optimista ante la realidad nacional prevé la afganización de México, es decir, que se llegue a una comprobación de que el país es de plano ingobernable. En entrevista con Proceso, el diputado federal por el Partido del Trabajo ve venir la internacionalización del “conflicto” mexicano y hasta una posible intervención militar de Estados Unidos, o bien una sustitución de la autoridad civil por la militar. En cuanto al narcotráfico, asegura: “Ya es un poder político y un desafío abierto”.



La salvación de este país es “una movilización social fantástica” que dé origen a un gobierno incorruptible. Esa es la utopía que por un momento atisba Porfirio Muñoz Ledo. Luego lo vence su propio escepticismo: “Yo tiendo a pensar que México no tiene solución como Estado-nación”.

A punto de lanzar su nuevo libro, La vía radical para refundar la República (Grijalbo), apuesta a conjurar la inviabilidad del país mediante la reinvención de la política. Pero la realidad le plantea otros escenarios.

El optimista es la transformación de la sociedad mexicana y la emergencia de una nueva generación política, aunque es también el menos probable: las salidas civiles son lentas, llevan de menos una generación, lamenta.

El otro, amenazadoramente cerca, es la internacionalización del conflicto en México y una posible intervención militar de Estados Unidos, o que los halcones de Washington adopten “una política de sustitución de la autoridad civil por la autoridad militar” en el país.

Para el actual diputado por el Partido del Trabajo –y un ex de casi todo lo que se puede ser en política– la amenaza es real. México no sólo es un Estado fallido, secuestrado por los poderes fácticos, sino que el narco “es la prueba plena de la putrefacción del Estado” que se da en todos los órdenes, a partir de que el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) fue doblegado desde Washington para “librar en territorio mexicano una guerra estadunidense”, que costó la vida de Luis Donaldo Colosio, candidato priista a la Presidencia en 1994, y que hoy “es el reflejo de la ausencia del Estado nacional”.

La nueva batalla de Muñoz Ledo no es intemporal. Es en el marco de la sucesión presidencial de 2012. Pero sin un cambio de fondo de las condiciones políticas del país, con apoyo de la ciudadanía, “yo no apuesto mayormente por el futuro de México”.

En una serie de ensayos y artículos engarzados cronológicamente entre la ilegitimidad de los mandatos de Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa, producto de los fraudes electorales de 1988 y 2006, Muñoz Ledo documenta la inviabilidad del país.

Pese al provocador título del libro (“no quiero desilusionar a nadie”), su propuesta no considera la vía armada, que ve cancelada en México. En cambio, pasa por la exaltación de la política y su naturaleza opuesta al mercado, ligada a la Constitución y a la democracia. A fin de cuentas, insiste en la reforma del Estado evadida en las administraciones panistas, en replantear el sistema de representación y en devolver el poder a la ciudadanía. Es su vieja idea de la nueva República.

En su libro, Muñoz Ledo analiza el proceso electoral de 2006 (“que no es necesariamente dogmático”), las consecuencias de la ilegitimidad de un gobierno de minoría sostenido con pulmones artificiales (“su alianza subterránea con el PRI y su dependencia con los poderes de facto”) y su propuesta de revocación de mandato de Calderón (“que me valió tantas injurias, ataques y amenazas”).

La vía radical concatena otros temas, como el Estado fallido, el debate sobre el petróleo en México, la política exterior de la actual administración y la crisis de la izquierda. La conclusión es que “no hay otra solución que no sea radical” ante lo que él llama “el nivel de corrupción, de degradación moral de la sociedad, la pérdida de autoridad del Estado y la entrega total del país a un proceso de acumulación global, que no le dan viabilidad a México”.



Las opciones, los descartes…



La entrevista apenas comienza y el político de 77 años luce cansado. Por un instante calla, el cigarro en la mano, aún sin encender. Sus hombros caen hacia adelante, cierra los ojos y dice: “Yo tiendo a pensar que México no tiene solución como Estado-nación”.

–Así planteado, parece que no se puede hacer desde la política...

Muñoz Ledo se yergue para comentar:

–Ese es el tema. Qué es la política y si se puede hacer desde la política. Te lo voy a decir de un modo brutal: en el imaginario colectivo de este país, lo digan o lo oculten, flotaba la analogía 1810-1910-2010.

Precisamente, la propuesta de revocación de mandato de Calderón que Muñoz Ledo promovió durante 2008 y 2009 buscaba una salida a esa amenaza simbólica: un presidente interino de consenso nacional que evitara una gran confrontación nacional. No ocurrió ni lo uno ni lo otro.

“Una de las tragedias de México es que también tiene obturada la vía revolucionaria”. Apela a la historia: no hay revoluciones triunfantes en el mundo desde 1979, tras la caída del Sha de Irán y de Anastasio Somoza en Nicaragua. “A partir de ahí, todo ha sido transiciones, del monolitismo al pluralismo, de la dictadura a la democracia”. Incluso las transiciones violentas al final pasaron por las urnas, apunta.

–Nos deja sólo la guerra civil…

–La guerra civil en México no es ni deseable ni posible. No sólo por el antecedente histórico, sino porque hay tres vías de escape a la enorme caldera en que estamos viviendo. La primera es la migración, que desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 ha significado la salida de 10 millones de personas, una barbaridad. La segunda es la economía informal, que diluye la presión de los cuerpos organizados de la sociedad, como sindicatos y organizaciones civiles, en actividades ilegales. Este país ha hecho de la ilegalidad más de la mitad de su ser. La tercera, la más grave, es que la cuota de sangre, de brutalidad del México bárbaro, es desahogada con creces por la llamada guerra contra el narco. Los rebeldes sociales son encabezados por el crimen organizado.

Muñoz Ledo hace notar que cuando la secretaria de Estado Hillary Clinton se refirió a los narcotraficantes mexicanos como “insurgentes” (a principios de septiembre, lo que reiteró hace menos de dos semanas), el mensaje fue que “ya se ha creado una situación de desafío al poder que los analoga con los rebeldes”.

–Pero no los iguala…

–Ese es el punto fino. Al asemejarnos a Colombia, Clinton está justificando una posible intervención militar de Estados Unidos en México. Ella no habla de memoria, tiene toda la información disponible a su alcance. El Departamento de Estado precisó que los insurgentes no aspiran a tomar el poder en México y que, por lo tanto, no se trata de una fuerza rebelde, pero su control sobre vastos territorios del país los analoga.

El problema con el narco mexicano, advierte, es que “no se trata solamente de un poder territorial, es un poder político y un desafío abierto”.

–¿Hillary Clinton es un halcón de la Casa Blanca?

– Yo no la llamaría así, pero… tiene otra vena y otra veta.



Complicidades



En Colombia, aun en la peor época del narcoterrorismo, “la corrupción no estaba arriba”. No se puede decir lo mismo de México, ni ayer ni hoy. Por eso ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colosio, suelta. “No se ha querido establecer el paralelismo entre los magnicidios de Luis Carlos Galán (candidato presidencial colombiano, asesinado en 1989) y de Luis Donaldo Colosio (candidato presidencial mexicano, asesinado en 1994). No fue el discurso de Luis Donaldo (lo que llevó a su muerte), fue su negativa a negociar con ellos (los narcos), que estaba propiciando el hermano del presidente”, Raúl Salinas de Gortari. “Lo de Luis Donaldo fue una ejecución, con apoyo de fuerzas irregulares”.

Tras el asesinato de Colosio, “aquí se reanuda el sistema de complicidades”, puesto en evidencia por el expresidente Miguel de la Madrid en el noticiero de Carmen Aristegui: “Dijo que su sucesor, desgraciadamente, se alió al narcotráfico, y su familia se involucró en actos criminales. Esa es una declaración ministerial, y entonces ellos le sacan otra, inhabilitándolo, para efectos judiciales, para impedir cualquier pesquisa”.

Según Muñoz Ledo, la vinculación de las altas esferas de la política mexicana con el narco “empezó por la debilidad del gobierno de De la Madrid; se quedaron con la Presidencia los que tenían la complicidad. No sé si me explico. El problema en este país es que la complicidad viene de arriba abajo”.

–¿Esta complicidad se extiende a los gobiernos panistas?

–¡Se extiende a todos! No hay funcionario que se resista a que un verdadero narcotraficante llegue a su oficina, le ponga un maletín y le pida que se haga de la vista gorda. Si lo acepta, se hace cómplice y ya está juramentado; si no lo acepta, que se atenga. No hay nadie que pueda protegerlos porque arriba hay complicidad también. En un Estado regular debe hacerse una investigación de quiénes están coludidos, y debe hacerse pública; si no, tú tienes tu lista secreta y la sacas cuando te dé la gana. El uso faccioso de la información por parte de la Procuraduría General de la República no ha hecho sino corromper más el proceso.

Todo esto explica la barbarie en que se hunde el país. La guerra contra las drogas de Calderón “es la estrategia de seguridad de Estados Unidos”, pero tiene su origen en la debilidad del sexenio de De la Madrid. Desde entonces, sostiene, “se libra en territorio mexicano una guerra estadunidense”.

El recrudecimiento actual de la violencia y la presencia del Ejército en las calles provienen de “un aflojamiento” en el periodo de Vicente Fox. “Calderón necesitaba sentirse seguro en el poder, es un tema psicológico. Por eso se viste de militar y asume al Ejército como su defensor y declara esta guerra. Necesitaba una alianza con Estados Unidos, siguiendo al extremo su estrategia. Y necesitaba asumir el control territorial del país. Esto es una operación política, no es realmente un combate al crimen organizado”.

Intervención o golpe



Muñoz Ledo se cansa de hablar del narco. Eso “es el reflejo de males más profundos, de la ausencia del Estado nacional”. El Estado fallido en México –tema que sí le interesa– “es la realidad de un Estado secuestrado o capturado. Deja de existir Estado cuando la autoridad responsable de controlar una actividad económica, política y social está al servicio de aquellos a los que debe regular. En México, la autoridad está secuestrada por vía de la corrupción, que es el verdadero drama de la nación. Y el pluralismo político sirvió para quitar los pocos controles que había de una autoridad hegemónica y multiplicar la corrupción. La competencia electoral se volvió una competencia de corruptelas”.

Sí, el narcotráfico es un problema gravísimo y ejemplar, acepta, “pero tiene que entenderse como la prueba plena de la putrefacción del Estado, que se da en otros órdenes: en el control de la educación por un gremio magisterial manejado por mercenarios electorales, por una autoridad judicial que no se atreve a cumplir su función por temor a los factores políticos, por la negociación con los particulares, como en la Licitación 21 para Televisa…”.

Por eso plantea una “vía radical” de solución, porque “México no tiene salida revolucionaria y las salidas civiles son lentas para la gravedad de los problemas, eso toma al menos una generación”. Para colmo, dice, dos terceras partes de la juventud “son víctimas potenciales o reales de los procesos de corrupción de la delincuencia organizada”.

–Si la vía revolucionaria está cancelada, si a la vía de la política tradicional no le alcanza el tiempo, ¿qué queda? ¿La balcanización?

–No la veo, no la veo… no la veo ahorita –balbucea–. Lo que sí te creo es la conversión de un problema interno en una guerra internacional. Es Afganistán, es Irak. Pero esa es una solución que viene del exterior, que podría ser la consecuencia última del discurso de Hillary Clinton –y que puede ser su arma política para el futuro–, si el problema interno de México se vuelve extremadamente peligroso desde el punto de vista político, electoral y de seguridad para un país vecino.

–Es decir, una intervención militar de Estados Unidos en México.

–Directa, no. Hay muchas modalidades. En política no hay demasiadas hipótesis.

El viejo diplomático, que coincide con Buscaglia, levanta la nariz, otea: “Yo veo ahí… ya apuntada en el horizonte, la vía de la afganización de México; que se llegue a una comprobación tal de que este país es ingobernable, que se le descalifique. Aquí no es el Estado, o el gobernante –como fue el caso de Sadam Hussein–, el que está desafiando al imperio. Lo está desafiando el crimen. Y con ese pretexto nos pueden imponer un Plan Colombia a lo bestia.

“Estamos en un círculo vicioso en el cual, en la medida en que el gobierno de México no puede controlar al narco ni ganar la famosa guerra, nos sigue metiendo en el concepto que más daña al país: que ésta es una guerra interna. En el momento en que Calderón, por razones de propaganda política, decidió llamarle ‘guerra’, cometió un crimen político contra el país, porque de ahí se pueden valer las potencias para decir que se enfrenta un caso de beligerancia. Cuidado. En el caso de Irak fue contra el gobernante, aquí puede ser contra quien ha barrido la capacidad del Estado.”

El riesgo mayor de la internacionalización del problema de México no es tanto una expresa intervención militar, aclara, “sino la adopción de una política de sustitución de la autoridad civil por la autoridad militar en este país”.

En oposición al desastre, Muñoz Ledo abraza su propia utopía: “Un país que sea de veras. El rescate de la nación mexicana como proyecto de vida, para lo cual fui educado. Y eso es imposible sin un cambio radical de la política. La otra es la diáspora, que los mejores se vayan y se quede el territorio en manos de los maleantes y ocupado por militares”.

Precisa: “La vía radical es una movilización social y de conciencias en la coyuntura de 2012, donde la gente impida el fraude electoral, exija elecciones limpias, pueda lograr un cambio razonable en el sistema de comunicación de masas, y lleve al poder a un gobierno capaz de iniciar una reforma política a fondo, de combatir la corrupción y de replantear la posición de México en el mundo”.

–¿Y quién pude dirigir ese gran movimiento civil?

–Es obvio que la izquierda. Pero la izquierda debe evitar los conflictos internos, la partidización de los conflictos, las pequeñas batallas y reservarse para la mayor de ellas. No por ganar municipios o regidurías se gana la nación. En 88 no teníamos un solo gobierno en ningún estado y les ganamos las elecciones; no teníamos ni partido político. Y en 2006 las gubernaturas que teníamos ni siquiera jugaron mucho a nuestro favor. La batalla es en 2012, y no es de trincheras.

*Tomado de la revista Proceso.

Los cárteles Imponen su ley*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Ricardo Ravelo

Desde 2001, el gobierno de Vicente Fox, que recién iniciaba su gestión, fue advertido de que el narcotráfico estaba posicionándose en los municipios, pero sus colaboradores no hicieron nada. Esa tendencia creció y ahora las bandas del crimen organizado controlan poco más de la mitad de territorio nacional, según revela un estudio reciente divulgado por la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores.



En septiembre pasado, un grupo de legisladores del PRI visitó al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, para pedirle información sobre el estado en que se hallaban las investigaciones de su correligionario Rodolfo Torre Cantú, el candidato a la gubernatura de Tamaulipas que fue ejecutado en vísperas de los comicios de julio anterior.

El funcionario les mostró videos y les explicó que entre los posibles móviles del crimen estaba el robo. Uno de los diputados increpó a Chávez y le reclamó por qué no había avances en el caso de Torre y cuál era la razón por la cual muchas de las muertes nunca son aclaradas.

De acuerdo con un testigo de ese encuentro, Chávez escuchó con atención a su interlocutor y le respondió: En el país hay territorios “a los que no puedo entrar… sin el apoyo del Ejército”. Y uno de esos territorios es precisamente Tamaulipas; otros son Sinaloa, Guerrero, Chihuahua…

La respuesta de Chávez sólo corrobora lo que investigadores y exfuncionarios del gabinete federal vienen diciendo desde hace tiempo: que el Estado mexicano no sólo ha perdido fuerza en cientos de municipios, sino que el crimen organizado disputa el control territorial a las autoridades en más de la mitad de las entidades del país.

Y aun cuando un diagnóstico de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) elaborado en 2001 daba cuenta de los problemas que enfrentaban los funcionarios de esa dependencia para trabajar con los programas sociales en diversos estados del país, ninguna autoridad se ocupó del tema.

Las voces de alerta sobre la expansión del narcotráfico en México y el control territorial y político que ejercen los cárteles de la droga en decenas de municipios arreciaron en 2007, a raíz de que el gobierno calderonista emprendió la guerra contra el crimen organizado utilizando al Ejército como instrumento.

“La guerra comenzó tarde, el narco ya controla territorios, promueve y financia candidatos a alcaldes y diputados y mantiene secuestrada la estructura municipal del país”, dijo entonces Edgardo Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Un año después, en 2008, cuando en el país se contabilizaban 6 mil bajas a causa de los enfrentamientos entre los sicarios de las organizaciones antagónicas y de éstos contra las fuerzas federales, el entonces procurador, Eduardo Medina Mora, advirtió:

“El Estado mexicano ha perdido potestad en buena parte del país, los grupos criminales se han apoderado de territorios y ejercen fuerza y violencia para imponer su voluntad, cobran impuestos a través de las extorsiones y se han convertido en una verdadera amenaza para el Estado.”

Las voces de alarma llegaron al extranjero. El director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, declaró en julio de 2008 al diario británico Financial Times que el narcotráfico estaba ya involucrado en las campañas de algunos legisladores.

Los cárteles de la droga han cooptado a muchos agentes regionales, integrantes del Poder Judicial y del gobierno federal, quienes brindan protección a los narcotraficantes, dijo Valdés. Y agregó: “El Congreso de la Unión no está exento”.

El 30 de agosto pasado, la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores presentó una radiografía sobre el narcotráfico en México. En sus conclusiones, los legisladores establecen, por ejemplo, que los capos de la droga controlan grandes extensiones territoriales en las que el Estado ya no puede gobernar a través de sus instituciones.

El estudio aporta un dato revelador: las redes del narcotráfico mantienen bajo su control 71% del territorio nacional.

Ramón Galindo, presidente de la comisión legislativa que elaboró el análisis, asegura que “el narco ejerce total hegemonía en 195 municipios y tiene fuertes influencias (políticas y económicas) en otras mil 500 demarcaciones”. Admite también que los capos han impuesto su voluntad mediante sobornos y amenazas a la clase política.

Elaborado por un grupo de expertos contratados por el Senado de la República, el documento detalla la forma en que las células de la delincuencia penetraron la estructura de los municipios: “En la mayoría de las alcaldías existe una estructura criminal capaz de controlar los negocios del crimen organizado, el narcomenudeo, el cultivo y tráfico de drogas y la extorsión”.

Feudalización galopante



De acuerdo con la radiografía del narco, los municipios son “el eslabón más débil” de la cadena del poder político. Los funcionarios de los ayuntamientos tienen contacto directo y cotidiano con la gente, aun con los presupuestos raquíticos con los que operan, las políticas económicas y sociales erráticas y el desinterés de los gobiernos estatales y federal.

“Los cárteles –indica– sí que han sabido la fórmula de la ecuación. Han entendido que el municipio, al ser el nivel de gobierno más cercano a la gente, es el que había que echarse a la bolsa particularmente para las operaciones de narcomenudeo, una de las fuentes de ingreso más importantes del crimen organizado.”

Hoy, las redes criminales cuentan con infraestructura, cooperación política y con el silencio cómplice de las autoridades municipales; además, operan “bajo el resguardo de la corrupción, con protección política y con apoyo logístico de la policía”, destaca el estudio legislativo.

La Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores expone también en el estudio que las autoridades municipales –alcaldes, síndicos y regidores– se quejan de falta de apoyo e insisten que no quieren ser meras figuras decorativas, menos aun cuando las amenazas que reciben son cada vez más frecuentes. En los últimos tres años han sido asesinados 41 funcionarios municipales.

En julio de 2006, meses antes de que Felipe Calderón llegara a Los Pinos, tenía información sobre la penetración del narco en los municipios. La PGR le entregó un amplio diagnóstico, según el cual los capos de la droga controlaban 80 presidencias municipales a lo largo del país.

A cuatro años de distancia, los territorios que el gobierno considera “perdidos” incluyen Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas; Morelia, Uruapan, Apatzingán, en Michoacán; Culiacán y Guamuchilito, en Sinaloa; Acapulco y Zihuatanejo, en Guerrero. En esas plazas los sicarios cobran a las empresas el “derecho de piso” para que sigan funcionando, e incluso controlan la prostitución.

Para el investigador Edgardo Buscaglia, este fenómeno es una feudalización: “En todos los países (se da) la infiltración de la delincuencia organizada. Primero, mediante relaciones personales, sobornos o extorsiones a las autoridades; luego crean feudos, cuando el personaje al que financian se transforma en diputado, alcalde o gobernador”.

Buscaglia menciona que un grupo de expertos de la ONU realizó una investigación en varios estados de la República en la que se detectó que México está sufriendo una feudalización, que del ámbito municipal se está yendo a las gubernaturas. Y alude al caso de Mario Villanueva Madrid, en Quintana Roo, quien fue encarcelado al término de su gestión como gobernador de esa entidad por sus vínculos con el cártel de Juárez. “Su caso no es el único”, comenta el investigador.

Define como afganización al proceso mediante el cual el narco ha penetrado los municipios a lo largo de la administración calderonista, precisamente la que declaró la guerra a la delincuencia organizada y que, hasta ahora, ha dejado alrededor de 30 mil muertes.

Autor de innumerables libros y ensayos sobre seguridad nacional, Buscaglia señala que el crimen organizado le ha arrebatado al gobierno 982 bolsones territoriales donde no hay gobernabilidad, y este caso, dice, es muy similar al que enfrenta Afganistán, en donde no hay autoridad formal del Estado, pues la autoridad es el grupo criminal o bien el gobierno municipal que trabaja o forma parte del grupo criminal.

“El proceso de afganización, es decir, de ausencia del Estado en esas 982 zonas, se ha ido extendiendo a lo largo de los últimos tres años. En 2007 contabilizábamos solamente 353 municipios; en 2009 eran 650 y ahora son 982”, dice el investigador del ITAM.

Los feudos del narco



La administración calderonista admite que hay territorios donde el Estado ya perdió potestad. Fue la Sedesol la que detectó la penetración del narcotráfico en el ámbito municipal en 2001, una vez que llegó el PAN a Los Pinos con Vicente Fox.

Ese año, la dependencia publicó el estudio Producción, tráfico de estupefacientes y microrregiones prioritarias, en el que advertía sobre la invasión del narcotráfico en distintas zonas del país, lo que significaba un obstáculo para aterrizar los programas sociales del gobierno federal.

De acuerdo con el documento, algunos municipios de Jalisco, Durango y Nayarit con población indígena mayoritaria eran lugares con fuerte presencia del narcotráfico tanto en la zona rural como en la actividad política.

Para los analistas de la Sedesol, otros feudos del narco eran las zonas de Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; La Mixteca y Los Chimalapas, en Oaxaca; Las Cañadas y la Zona Selva, en Chiapas; La Huasteca y Zongolica, en Veracruz; La Tarahumara, en Chihuahua, y Las Quebradas, ubicada entre los estados de Durango y Sinaloa, el llamado “triángulo dorado del narco”.

En esas demarcaciones la producción y trasiego de estupefacientes es elevada. La presencia del narco es tan poderosa que durante el sexenio foxista los empleados de la Sedesol tuvieron problemas para desarrollar el programa Contigo, Manos a la Obra. La razón: los capos capturaron a la población con todo y autoridades y acapararon los programas de bienestar social.

La titular de la Sedesol en el sexenio pasado, Josefina Vázquez Mota, supo desde el principio que la feudalización era un hecho, aunque lo ocultó. Sin embargo, semanas antes de abandonar el cargo, la funcionaria declaró: “Nosotros hemos detectado casi 900 municipios, de acuerdo con los índices de Conapo (Consejo Nacional de Población), de muy alta marginación, y en 80% se revela información de amplias zonas cultivadas con enervantes”.

En septiembre de 2008, ante la cúpula de su partido, el propio Calderón declaró que el crimen organizado cuenta con operadores en el ámbito político; incluso advirtió sobre el peligro de que algunas campañas sean infiltradas con dinero del narcotráfico. “Si digo que esto es un reto para Acción Nacional es porque estoy convencido de que es un reto para todo el sistema político mexicano” (Proceso 1664).

El crecimiento del poder criminal, que ahora controla más de la mitad del territorio nacional, llamó la atención de las autoridades de Estados Unidos, país que sigue con detalle el desarrollo de la guerra emprendida por la administración calderonista contra el crimen organizado.

El martes 5 de octubre, Bob Killebrew y Jennifer Bernal, del Centro para una Nueva Seguridad en Estados Unidos (CNAS, por sus siglas en inglés), divulgaron en Washington un reporte que analiza el poder del narcotráfico y del crimen organizado en general en su lucha contra el Estado, lo que ellos llaman “insurgencia criminal”.

Conocedores del fenómeno de la penetración del narcotráfico en municipios y regiones de México, los analistas sostienen que el país enfrenta una metástasis a causa de la nueva insurgencia criminal organizada.

Las redes amenazan a los gobiernos y sociedades civiles del hemisferio occidental y cada vez más a Estados Unidos, dicen Killebrew y Bernal. Ambos sostienen que el narco intenta “debilitar o impedir las funciones del gobierno”. Para ilustrar lo que dicen, mencionan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las comparan con los cárteles mexicanos y con algunas redes trasnacionales del crimen.

Por su parte, el senador republicano Dick Lugar dijo que la violencia en México ha adquirido características de una narcoinsurreción porque los cárteles intentan limitar el control del gobierno federal en gran parte del territorio nacional.

El estudio de Killebrew y Bernal levantó polémica en Estados Unidos. En contraste, aquí el gobierno calderonista se niega a reconocer que el de México es un Estado fallido, como lo llama el investigador del ITAM Edgardo Buscaglia.

*Tomado de la revista Proceso.

Desfiladero*

Tomado de La Jornada, El Fisgón.

∙ México y la mariguana de California: bonita pareja

Jaime Avilés

Asu llegada a Madrid, la semana próxima, donde inaugurará una exposición sobre el exilio español en México, Marcelo Ebrard podría ser recibido por una demanda de plagio, entablada por el diseñador argentino Joaquín Mallo, creador del logotipo que presentó la candidatura del reino de Juan Carlos I a los Juegos Olímpicos de 2016. El emblema de la fundación Equidad y Progreso AC, que cobija las aspiraciones del jefe de Gobierno del Distrito Federal hacia 2012, es casi idéntico al de Mallo.

Entre ambos, claro está, hay sutiles diferencias. Equidad y Progreso AC es simbolizada por una mano izquierda con los dedos abiertos y un corazón en la palma. Madrid 2016, por una mano derecha con una M en el sitio equivalente. La propuesta de Mallo triunfó, según el jurado que se inclinó por ella, porque “tiene un carácter amigable”, “reúne los colores olímpicos” y evoca el talante cosmopolita de la villa y corte donde crecen los madroños. Algunas preguntas...

¿El propio Mallo hizo el logo de Equidad y Progreso? ¿Alguien se lo robó y se lo vendió al titular del GDF como obra original? Si así fue, ¿cuánto le cobró por ponerlo en entredicho ante sus anfitriones ibéricos? ¿Si Madrid no será sede olímpica en 2016, la manita en cuestión llevará a Ebrard a la boleta electoral en 2012?

Jueces sin rostro

Pasó antenoche por el salón Covadonga –después de trabajar 40 días en la Universidad Veracruzana y visitar Oaxaca, donde Francisco Toledo le mostró una escultura en forma de gato que prepara en homenaje a Carlos Monsiváis–, el prolífico novelista colombiano Santiago Gamboa, amante de México, país que define como “un género literario” dado el alto número de grandes autores que han escrito ficciones clásicas ubicadas aquí –Bajo el volcán, de Malcom Lowry; El poder y la gloria, de Graham Greene; La serpiente emplumada, de D.H. Lawrence; los textos beatniks de Burroughs y Kerouac; A la sombra del estadio Azteca, de Joanni Hocquenheim; los libros de Le Clézio, Roberto Bolaño, Leonardo Padura, Rodrigo Fresán y muchos más–, “algo que no le sucede a Colombia ni al resto de América Latina”.

Corresponsal de guerra durante tres años en Bosnia, viajero que ha estado en todo el mundo, ex diplomático que renunció a su cargo para hacer campaña en pro de Antanas Mockus, el candidato verde que no pudo convertirse en sucesor de Álvaro Uribe, hoy Gamboa considera que el nuevo presidente de su país, Juan Manuel Santos, está en peligro de muerte, porque desea devolver a sus antiguos dueños dos millones de hectáreas robadas por los paramilitares uribistas, y “en Colombia, a todos los que tratan de hacer reforma agraria, les dan piso”, es decir, los asesinan.

Al referirse a la tragedia que vivimos, el autor de El síndrome de Ulises observa que, en efecto, “México se ha colombianizado pero solamente en los aspectos negativos y para salir adelante necesita una colombianización total”. Durante los peores años de la violencia de los cárteles, la policía y las fuerzas armadas contra la población civil –en los 80 y 90, la nación sudamericana sufrió un horror similar al que ahora padecemos–, el Poder Judicial “se fajó los pantalones”. Hubo una depuración de jueces y magistrados corruptos y entró al relevo una nueva generación que descubrió los nexos de políticos y empresarios con los narcos.

Para eludir la violenta reacción de esos tres sectores, que de inmediato respondieron con una nueva oleada de asesinatos a granel, los jueces colombianos decidieron volverse invisibles. A partir de las experiencias de sus colegas italianos, que en los años 70 y 80 llevaron a cabo la guerra contra la mafia, los tribunales de Colombia comenzaron a ser presididos por “jueces sin rostro” –como popularmente se les conoce–, que ocultaron su identidad para evitar que los pistoleros al servicio de las personas que procesaban los mataran o desaparecieran.
La estrategia funcionó de tal modo que numerosos gobernadores, alcaldes, diputados y 102 senadores uribistas viven tras las rejas actualmente. ¿Cuántos gobernadores mexicanos están presos por delitos de narcotráfico? Uno: Mario Villanueva, de Quintana Roo. ¿Cuántos presidentes municipales? Uno: Gregorio Sánchez, de Cancún. ¿Cuántos diputados federales? Ninguno, aunque la PGR persigue al michoacano y ex perredista Julio César Godoy. ¿Cuántos senadores? Ninguno. ¿Cuántos empresarios adscritos a la mafia que se robó el país? Ninguno.

En el México de Felipe Calderón –donde la Suprema Corte es una casa de citas, pues sus ministros se pasan citando a los clásicos y sirviendo a la olinarquía– la reforma del Poder Judicial es imposible y el verdadero combate a los intereses económicos de los exportadores de drogas impensable. La parálisis económica que todo lo frustra se debe a la ineptitud extrema del “gobierno” –¿alguna vez hubo secretarios más torpes, inútiles y nefastos que Molinar Horcasitas, Lozano y Lujambio?–, pero también a las políticas impuestas por el FMI, que obliga al Banco de México a mantener ociosas nuestras reservas internacionales, para garantizar la estabilidad del peso ante el dólar, en lugar de invertirlas en actividades productivas.

Quienes acatan esta línea dictada desde Washington lo hacen a sabiendas de que el dinero del narcotráfico sostiene a grandes capas de población y contribuye al enriquecimiento exponencial de legisladores, gobernantes, jueces, policías y militares, en todos los escalones de la administración pública, de la base hasta la cima. Por eso tiemblan de espanto en vísperas de las elecciones estadunidenses del próximo 2 de noviembre, cuando al margen de la votación nacional para renovar el Congreso, los habitantes de California decidirán si despenalizan el uso de la mariguana como sustancia recreativa.

Si triunfan los partidarios de la legalización, ¿cómo repercutirá esto en la economía de miles y miles de familias campesinas de los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa que hace décadas sobreviven gracias a la siembra de mariguana destinada a los consumidores de California? A partir de 1983, el gobierno federal dejó de apoyarlos para que sembraran maíz, frijol, tomate, hortalizas y fruta. En 1994, el TLC prohibió que fueran subsidiados y Salinas abrió las fronteras a los productos agrícolas del mundo entero, provocando que una piña tailandesa costara en el súper lo mismo que un ejidatario de Oaxaca pagaba sólo por extraer la suya del suelo.

Salinas de Gortari y sus cómplices despoblaron el campo y, a quienes no pudieron emigrar, los obligaron a convertirse en productores de mariguana. ¿Qué harán millones de hombres, mujeres y niños que dependen de este cultivo, si California lo legaliza y caen los precios de exportación? Los narcos, que de por sí les pagan una miseria por sus cosechas, ¿les darán la espalda?

México necesita un gobierno que ayude a los campesinos a producir alimentos, que ponga a trabajar las reservas internacionales en beneficio de la educación, el empleo y la salud; que renueve el Poder Judicial por arriba y por abajo; que devuelva la paz a las ciudades y sustituya la narcoeconomía de Calderón por la reactivación del mercado interno.

Priístas, panistas, perredistas, chuchistas y camachistas lo saben: el único estadista capaz de emprender la reconstrucción del país en pos de estas metas se llama Andrés Manuel López Obrador, pero todos están aliados para impedir que llegue al poder dentro de dos años. De allí que día a día cobre mayor sentido la otra alianza, la de los ciudadanos que propone el Peje, para ganar el gobierno del estado de México en 2011 y de allí avanzar en línea recta a la Presidencia de la República... si Calderón y los cárteles permiten que haya elecciones en 2012.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

La irracionalidad*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Luis Javier Garrido

La crisis económica y social de México, que el gobierno calderonista busca a toda costa ocultar con cifras mentirosas, va aunada a la crisis institucional derivada del ejercicio despótico e irracional del poder de los panistas, que ahora se agrava por la obsesión de Felipe Calderón por el 2012.

1. El gobierno de ultraderecha de Calderón que se instauró en México por la vía del fraude demuestra en los hechos tener una vocación aún más antidemocrática que el de su predecesor Vicente Fox, y esto se está tornando escandaloso con las iniciativas que está tomando en vistas a 2012 con la obsesión desenfrenada de mantener el poder que México va a tener que enfrentar con instituciones cada vez más desprestigiadas.

2. El hecho que muchos actores políticos y analistas no habían tomado en consideración en estos años aparece ahora de manera cada vez más clara, y es que el gobierno espurio de Felipe Calderón, antecedido por la deplorable gestión de Vicente Fox, constituyen en su conjunto la primera experiencia histórica de gobierno de la extrema derecha en México, y que en consecuencia sus políticas son atípicas en el contexto de la globalización, pues los panistas mexicanos no han sido sólo los disciplinados ejecutores e intérpretes de los programas neoliberales auspiciados por fuerzas del exterior, sino que a la vez que han actuado como peleles de los grandes intereses trasnacionales han tratado torpemente de instaurar los programas históricos de la derecha criolla en nuestro país y hacer valer los ideales de viejos hacendados y empresarios y de los sectores más retardatarios de la jerarquía católica y de las fuerzas armadas.

3. La evolución del México independiente no registra ningún otro momento de nuestra historia en el que esas fuerzas retardatarias hayan dispuesto de manera tan impune de los recursos nacionales como acontece ahora, pues a lo largo de la primera República centralista (1835-1842) como de la segunda (1843-1845), el país vivió una verdadera guerra civil, como fue el caso en la Intervención y el Imperio (1862-1867), y durante el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz (1877-1911) la herencia liberal le impidió a éste hacer suyos todos esos programas de la ultraderecha.

4. En el México reciente han aparecido en consecuencia los rasgos más oprobiosos del pasado, que se han fortalecido en quienes pretenden gobernar por su vinculación con el neofranquista Partido Popular (PP) de España y las trasnacionales españolas, que le facilitaron a su asesor Antonio Sola, por lo que no deben sorprender en las acciones del gobierno calderonista todos esos rasgos que le afloran en el discurso y en los actos –del resentimiento al revanchismo–, ni su afinidad con las fuerzas de la ultraderecha internacional: del Tea Party estadunidense a los ultras europeos.

5. El desmantelamiento del orden constitucional mexicano, acelerado de manera desquiciada por el gobierno de Calderón, no se podría entender si no es desde esa perspectiva histórica. La supuesta “guerra contra el narco”, impuesta desde el exterior, tiende a acelerar el desmantelamiento del Estado nacional y a propiciar la injerencia estadunidense en México, pero responde también a la vocación autoritaria y centralista de la ultraderecha mexicana.

6. Las manipulaciones del grupo de Calderón para imponerse en 2012 confirman no sólo el abandono en el que se halla el país un poco después de la mitad del sexenio, por la obnubilación e ineptitud del actual grupo gobernante que antepone cada vez más y de la manera más obvia sus intereses facciosos al orden constitucional con un patrimonialismo del que no se tenían antecedentes en el país, sino los riesgos en los que se halla México.
7. En el contexto de su distanciamiento del PRI, con el que están rompiendo el que había sido su “compromiso histórico” desde 1988, y del subordinamiento que han logrado del aparato del PRD –a través de su alianza con el grupo de “los chuchos”–, Calderón y sus amigos están ahora tratando de apoderarse –aunque sin muchas posibilidades de éxito– de cinco estados claves de la Federación que tienen gobiernos ajenos al PAN (Nuevo León, Aguascalientes, Veracruz, Hidalgo y Michoacán) para poder disponer de su infraestructura en el proceso electoral de 2012, buscan a toda costa someter a sus intereses al duopolio televisivo que se halla cada vez más inclinado al PRI, continúan utilizando su poder discrecional para a través de concesiones ilegales consolidar sus relaciones con poderosos grupos económicos extranjeros, no han dejado de intensificar su lucha contra los priístas mexiquenses de Enrique Peña Nieto y han relanzado con evidente desesperación la campaña contra Andrés Manuel López Obrador ante la evidencia de su creciente fuerza social en un escenario que se está asemejando al de 2005.

8. El desastre institucional es generalizado en todo el país por las iniciativas de Calderón. Los candidatos priístas declarados triunfantes en Aguascalientes, Veracruz e Hidalgo han guardado silencio ante la amenaza oficial de revertir los resultados a través del tribunal electoral, queriendo entender que estas maniobras corresponden más al estilo panista de negociar con el PRI su voto en las cámaras, pero en otros casos no ha sido así.

9. El 2012 es este escenario el objetivo central de Calderón. La nueva tentativa de silenciamiento de Andrés Manuel López Obrador se inició a su vez hace unas semanas con un fallo del tribunal electoral, en manos de la calderonista María del Carmen Alanís, al prohibir los promocionales del PT en los que aparece, y ahora es el IFE, con la misma lógica totalitaria de que cualquier opinión contraria al gobierno es propaganda electoral, el que zozobra en la ilegalidad, tratando de acallarlo. La utilización del instituto –organismo autónomo según la ley– por el gobierno panista para tratar de silenciar a Andrés Manuel se revierte por lo mismo en contra de éste, pues a todas luces es un acto ilegal y despótico que evidencia la total pérdida de las formas de parte de las autoridades. A Calderón le molesta que AMLO hable, por ejemplo, de que los empresarios fueron engañados por los panistas o que los promocionales del PT difundan el proyecto alternativo de nación, y por ello al acudir el miércoles 20 a la sede del instituto para atender a la denuncia del PAN recibió la que calificó como “una actitud majadera, amenazante y de intimidación”.

10. Este inocultable desquiciamiento del gobierno calderonista, la pérdida absoluta de las formas a que ha llegado, sus violaciones sistemáticas a la Constitución y su afán desmedido por manipular el proceso electoral de 2012 con dos años de antelación, abre un nuevo desafío para el pueblo ciudadano, y es el de tener que enfrentar el futuro anteponiendo cada vez más las armas de la razón y de la legalidad pero con una indomable voluntad de resistencia.

*Tomado de La Jornada.