Desfiladero*

Tomado de La Jornada, El Fisgón.

∙ México y la mariguana de California: bonita pareja

Jaime Avilés

Asu llegada a Madrid, la semana próxima, donde inaugurará una exposición sobre el exilio español en México, Marcelo Ebrard podría ser recibido por una demanda de plagio, entablada por el diseñador argentino Joaquín Mallo, creador del logotipo que presentó la candidatura del reino de Juan Carlos I a los Juegos Olímpicos de 2016. El emblema de la fundación Equidad y Progreso AC, que cobija las aspiraciones del jefe de Gobierno del Distrito Federal hacia 2012, es casi idéntico al de Mallo.

Entre ambos, claro está, hay sutiles diferencias. Equidad y Progreso AC es simbolizada por una mano izquierda con los dedos abiertos y un corazón en la palma. Madrid 2016, por una mano derecha con una M en el sitio equivalente. La propuesta de Mallo triunfó, según el jurado que se inclinó por ella, porque “tiene un carácter amigable”, “reúne los colores olímpicos” y evoca el talante cosmopolita de la villa y corte donde crecen los madroños. Algunas preguntas...

¿El propio Mallo hizo el logo de Equidad y Progreso? ¿Alguien se lo robó y se lo vendió al titular del GDF como obra original? Si así fue, ¿cuánto le cobró por ponerlo en entredicho ante sus anfitriones ibéricos? ¿Si Madrid no será sede olímpica en 2016, la manita en cuestión llevará a Ebrard a la boleta electoral en 2012?

Jueces sin rostro

Pasó antenoche por el salón Covadonga –después de trabajar 40 días en la Universidad Veracruzana y visitar Oaxaca, donde Francisco Toledo le mostró una escultura en forma de gato que prepara en homenaje a Carlos Monsiváis–, el prolífico novelista colombiano Santiago Gamboa, amante de México, país que define como “un género literario” dado el alto número de grandes autores que han escrito ficciones clásicas ubicadas aquí –Bajo el volcán, de Malcom Lowry; El poder y la gloria, de Graham Greene; La serpiente emplumada, de D.H. Lawrence; los textos beatniks de Burroughs y Kerouac; A la sombra del estadio Azteca, de Joanni Hocquenheim; los libros de Le Clézio, Roberto Bolaño, Leonardo Padura, Rodrigo Fresán y muchos más–, “algo que no le sucede a Colombia ni al resto de América Latina”.

Corresponsal de guerra durante tres años en Bosnia, viajero que ha estado en todo el mundo, ex diplomático que renunció a su cargo para hacer campaña en pro de Antanas Mockus, el candidato verde que no pudo convertirse en sucesor de Álvaro Uribe, hoy Gamboa considera que el nuevo presidente de su país, Juan Manuel Santos, está en peligro de muerte, porque desea devolver a sus antiguos dueños dos millones de hectáreas robadas por los paramilitares uribistas, y “en Colombia, a todos los que tratan de hacer reforma agraria, les dan piso”, es decir, los asesinan.

Al referirse a la tragedia que vivimos, el autor de El síndrome de Ulises observa que, en efecto, “México se ha colombianizado pero solamente en los aspectos negativos y para salir adelante necesita una colombianización total”. Durante los peores años de la violencia de los cárteles, la policía y las fuerzas armadas contra la población civil –en los 80 y 90, la nación sudamericana sufrió un horror similar al que ahora padecemos–, el Poder Judicial “se fajó los pantalones”. Hubo una depuración de jueces y magistrados corruptos y entró al relevo una nueva generación que descubrió los nexos de políticos y empresarios con los narcos.

Para eludir la violenta reacción de esos tres sectores, que de inmediato respondieron con una nueva oleada de asesinatos a granel, los jueces colombianos decidieron volverse invisibles. A partir de las experiencias de sus colegas italianos, que en los años 70 y 80 llevaron a cabo la guerra contra la mafia, los tribunales de Colombia comenzaron a ser presididos por “jueces sin rostro” –como popularmente se les conoce–, que ocultaron su identidad para evitar que los pistoleros al servicio de las personas que procesaban los mataran o desaparecieran.
La estrategia funcionó de tal modo que numerosos gobernadores, alcaldes, diputados y 102 senadores uribistas viven tras las rejas actualmente. ¿Cuántos gobernadores mexicanos están presos por delitos de narcotráfico? Uno: Mario Villanueva, de Quintana Roo. ¿Cuántos presidentes municipales? Uno: Gregorio Sánchez, de Cancún. ¿Cuántos diputados federales? Ninguno, aunque la PGR persigue al michoacano y ex perredista Julio César Godoy. ¿Cuántos senadores? Ninguno. ¿Cuántos empresarios adscritos a la mafia que se robó el país? Ninguno.

En el México de Felipe Calderón –donde la Suprema Corte es una casa de citas, pues sus ministros se pasan citando a los clásicos y sirviendo a la olinarquía– la reforma del Poder Judicial es imposible y el verdadero combate a los intereses económicos de los exportadores de drogas impensable. La parálisis económica que todo lo frustra se debe a la ineptitud extrema del “gobierno” –¿alguna vez hubo secretarios más torpes, inútiles y nefastos que Molinar Horcasitas, Lozano y Lujambio?–, pero también a las políticas impuestas por el FMI, que obliga al Banco de México a mantener ociosas nuestras reservas internacionales, para garantizar la estabilidad del peso ante el dólar, en lugar de invertirlas en actividades productivas.

Quienes acatan esta línea dictada desde Washington lo hacen a sabiendas de que el dinero del narcotráfico sostiene a grandes capas de población y contribuye al enriquecimiento exponencial de legisladores, gobernantes, jueces, policías y militares, en todos los escalones de la administración pública, de la base hasta la cima. Por eso tiemblan de espanto en vísperas de las elecciones estadunidenses del próximo 2 de noviembre, cuando al margen de la votación nacional para renovar el Congreso, los habitantes de California decidirán si despenalizan el uso de la mariguana como sustancia recreativa.

Si triunfan los partidarios de la legalización, ¿cómo repercutirá esto en la economía de miles y miles de familias campesinas de los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa que hace décadas sobreviven gracias a la siembra de mariguana destinada a los consumidores de California? A partir de 1983, el gobierno federal dejó de apoyarlos para que sembraran maíz, frijol, tomate, hortalizas y fruta. En 1994, el TLC prohibió que fueran subsidiados y Salinas abrió las fronteras a los productos agrícolas del mundo entero, provocando que una piña tailandesa costara en el súper lo mismo que un ejidatario de Oaxaca pagaba sólo por extraer la suya del suelo.

Salinas de Gortari y sus cómplices despoblaron el campo y, a quienes no pudieron emigrar, los obligaron a convertirse en productores de mariguana. ¿Qué harán millones de hombres, mujeres y niños que dependen de este cultivo, si California lo legaliza y caen los precios de exportación? Los narcos, que de por sí les pagan una miseria por sus cosechas, ¿les darán la espalda?

México necesita un gobierno que ayude a los campesinos a producir alimentos, que ponga a trabajar las reservas internacionales en beneficio de la educación, el empleo y la salud; que renueve el Poder Judicial por arriba y por abajo; que devuelva la paz a las ciudades y sustituya la narcoeconomía de Calderón por la reactivación del mercado interno.

Priístas, panistas, perredistas, chuchistas y camachistas lo saben: el único estadista capaz de emprender la reconstrucción del país en pos de estas metas se llama Andrés Manuel López Obrador, pero todos están aliados para impedir que llegue al poder dentro de dos años. De allí que día a día cobre mayor sentido la otra alianza, la de los ciudadanos que propone el Peje, para ganar el gobierno del estado de México en 2011 y de allí avanzar en línea recta a la Presidencia de la República... si Calderón y los cárteles permiten que haya elecciones en 2012.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.