Desfiladero*

Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón.

∙ AMLO: la esperanza se organiza

Jaime Avilés

Aunque todavía faltan 23 meses y un día para las elecciones presidenciales de 2012, después del histórico mitin del domingo pasado en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador está en la pista como el único participante que cuenta con verdaderas posibilidades de triunfar. A su izquierda no hay nadie. A su derecha tratan de competirle Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, Emilio Gamboa, Fidel Herrera y Marcelo Ebrard.

A diferencia de ellos, López Obrador tiene el respaldo consciente de más de dos millones de personas organizadas en comités municipales y territoriales, que comparten una misma esperanza, una gran claridad de ideas en cuanto a lo que deben hacer durante los próximos dos años y un proyecto político en el que creen a pie juntillas, porque saben que ofrece diagnósticos precisos y soluciones concretas a los problemas que destruyeron a México.

En cambio, los retadores de López Obrador buscan la siniestra simpatía de las 30 familias que mantienen sometidos a 100 millones de mexicanos; de la televisión que devasta el cerebro pero vende popularidad, y de las empresas chatarra que convierten a jóvenes y niños en vientres de engorda. Todos ellos, menos Ebrard, confían en que, a la hora de la hora, serán beneficiados por las estructuras clientelares del PRI, expertas en comprar el voto de los más pobres.

Por su parte, algunos oscuros panistas –Ernesto Cordero, secretario de Hacienda; Javier Lozano, de Trabajo; Alonso Lujambio, de Educación, e incluso el grisáceo Santiago Creel, eterno gallo de Vicente Fox, y el tenebroso Manuel Espino– esperan llegar a Los Pinos gracias al llamado “gobierno federal”, a sus ilimitados recursos económicos, a su delincuencia organizada dentro de las dizque “instituciones”, y a sus jueces, magistrados y ministros a sueldo (¡y vaya a qué sueldos!)

¿Y Marcelo Ebrard? ¿Qué quiere Ebrard en medio de todo esto? ¿Convertirse en alfil de la alianza PAN-PRD, con la fuerza de los chuchos, El Yunque y Nava, dada la calderónica mediocridad de los pretendientes panistas? Como dijo Descartes, no lo descartes...

El arca de Noé

Si algo tienen en común Peña Nieto, Beltrones, Paredes, Gamboa, Herrera y Ebrard, es que unos se desdibujaron y otros se destiñeron después de los comicios del pasado 4 de julio. ¿Pruebas? Peña Nieto se achicó tras las derrotas del PRI en Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Beltrones ganó en Chihuahua, Tamaulipas y Durango, donde las carambolas estaban cantadas a su favor, pero no pudo ni meter las manos en Zacatecas, donde el amo del proceso fue el estratega obradorista Ricardo Monreal.

Beatriz Paredes, por su parte, se alzó con las pequeñas victorias de Tlaxcala e Hidalgo (pero, ¿ganarle a Xóchitl Gálvez la vuelve una nueva Margaret Thatcher?). Sin adversario al frente, Emilio Gamboa se llevó el gato al agua en Quintana Roo (donde, gracias a Manuel Camacho y Jesús Ortega, el PRD perdió una gubernatura que ya tenía en la bolsa), mientras en Veracruz, donde las cosas se le pusieron color de hormiga roja al cacique Fidel Herrera, el mérito mayor fue de Elba Esther Gordillo, quien también mucho tuvo que ver en Puebla.

Por lo demás, ninguno de los abanderados de la alianza PAN-PRD que se impusieron en Oaxaca, Puebla y Sinaloa pertenece al PAN o al PRD. El de Oaxaca debe su victoria a López Obrador, el de Puebla a la Gordillo y el de Sinaloa a priístas que se pelearon con otros priístas. El caso de Ebrard es todavía más elocuente: su única apuesta fue por Zacatecas, donde no escatimó nada para apoyar al candidato del PRD y, sin embargo, cosechó una derrota muy significativa.

Antes del mitin del domingo pasado, que por segunda vez puso a López Obrador en ruta hacia la Presidencia (y con mayores posibilidades que en 2006), Manuel Camacho nos hizo pensar en Ruth Zavaleta cuando, entrevistado por un periódico, señaló que “las izquierdas ya no pueden estar bajo la conducción de un solo hombre” (El Universal, 23/07/10).
A su vez, Ebrard vaticinó las peores lluvias de todos los tiempos y botó una nueva arca de Noé, denominada “Unidad Tormenta”, que se declaró en “alerta máxima”, con el enternecedor (por ingenuo) propósito de evitar que vinieran al DF decenas de miles de obradoristas que llevaban semanas preparando su viaje al Zócalo.

Tiempo de rectificaciones

Después del indudable campanazo que dio al país entero la multitudinaria asamblea de los pejecomités territoriales en el Zócalo, Camacho rectificó y dijo a la prensa que “las izquierdas tienen dos grandes candidatos”, mientras Marcelo bajaba del arca de Noé, soltaba a todas las parejas de chuchos y panuchos que había albergado dentro de ella, y se iba a comer con Andrés Manuel, supuestamente para refrendar la alianza que lo llevó al Gobierno del Distrito Federal en 2006, y de la que por lo visto ya no se acuerda, pues ahora habla de “su” ciudad y, muy al estilo Gómez Mont, increpa a los delincuentes con la fálica amenaza de que “no se la van a acabar”.

En el círculo concéntrico de Ebrard se estima que tarde o temprano la olinarquía comprenderá que ningún panista será capaz de reunir votos suficientes para dormir en Los Pinos el primero de diciembre de 2012. En consecuencia, hay quienes argumentan que Ebrard sí podría alcanzar acuerdos con las 30 familias, con la televisión depredadora y con las empresas chatarra, ofreciéndoles en prenda la colaboración estratégica de Elba Esther Gordillo (a quien le quitó de la Secretaría de Educación del GDF al pedagogo Axel Didriksson, que se peleaba continuamente con ella, para sustituirlo, después de un breve paréntesis, por Mario Delgado, su carta bajo la manga para los comicios locales de 2012). Todo esto, claro está, no perseguiría otro fin que obtener la adhesión a su candidatura presidencial, por parte del PAN y del PRD, a cambio de impunidad para Calderón y los suyos y un nuevo sexenio de más de lo mismo.

Si ésta es la lectura de Ebrard y de su grupo, al fin vamos a entender por qué el GDF reprimió de manera tan desalmada a los vecinos de la Magdalena Contreras. Es obvio: los molió a palos para desalojarlos de sus viviendas, obligado por los millonarios contratos que tiene firmados con la trasnacional española OHL –empresa con inversiones en Brasil, Argentina, Perú y México– y las inmobiliarias ATCO y Copri, para construir la supervía poniente. Esta, en realidad, sería una especie de segundo piso que uniría las principales carreteras que desembocan en la capital, con un libramiento de paga conectado a Santa Fe, una de las zonas residenciales más caras de México, donde viven algunas respetables familias oligarcas y, tal vez por qué no, olinarcas.

¿Es también por esto que Ebrard prohibió a los trabajadores del SME reunirse en el Ángel, poco antes del clímax de su huelga de hambre? ¿Y por lo mismo le ha hecho la vida imposible a Clara Brugada en Iztapalapa, tratando de asfixiarla políticamente al negarle presupuesto a sus programas de ayuda a los pobres?

López Obrador ha llamado a multiplicar los comités territoriales para defender el voto en 2012 (“que haya dos por cada casilla electoral”), pero ante los atropellos que sufre, la gente se prepara para defenderse. Mañana, a las 10 horas, habrá una cadena de brazos en Magdalena Contreras contra la supervía; otros ya planean una manifestación contra Ebrard en bicicleta, y en algunos círculos de estudio capitalinos se habla de convocar a una quema de recibos de la Comisión Federal de Electricidad, en protesta por el pésimo servicio que brinda. La esperanza se organiza, el descontento también.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

El frentazo*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Luis Javier Garrido

El grupo ultraderechista que pretende estar gobernando México y que ha creído que le va a ser posible imponer a uno de los suyos en la silla presidencial en 2012 ha cometido en sus cálculos un error: se le han olvidado los mexicanos.

1. La pretensión de Felipe Calderón y de su grupo, fortalecida tras los comicios de este año, de creer que pueden ellos de manera unilateral imponerle otro presidente de ultraderecha al país si consiguen tan sólo frenar a Enrique Peña Nieto, el probable abanderado del PRI, y que hicieron evidente desde hace algunos meses, lo que generó una división al interior de la mafia en el poder y suscitó un resquebrajamiento de la alianza PAN-PRI, se ha dado un frentazo con el acto del lopezobradorismo del domingo pasado, que le recuerda que no puede ya seguir yendo contra el pueblo ni contra los intereses de la nación.

2. La asamblea del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, de la Soberanía Nacional y de la Economía Popular, que llenó con cientos de miles de mexicanos la Plaza de la Constitución el domingo 25 de julio, y que fue la expresión de la formidable fuerza social de oposición al gobierno ilegítimo de Felipe Calderón, que se ha consolidado en el país tras el fraude electoral de 2006, es un acontecimiento de la mayor importancia en la vida política de México, y no es de sorprender que haya generado una reacción en los medios orquestada desde Los Pinos que anuncia lo que el gobierno pretende sea la campaña de 2012, al menos por dos razones.

3. La primera es que en medio de la gravísima crisis económica, social y política a la que ha llevado al país, el gobierno espurio se ufanaba ante la derecha de no tener una oposición electoral real por la cooptación que ha hecho del grupo de Jesús Ortega, que se ha apoderado del PRD, lo que parecía reducir la sucesión presidencial a un acuerdo cupular del PAN y El Yunque con el PRI y arbitrado por Salinas en vistas a mantener a la misma mafia en el poder, pero el hecho de que una verdadera fuerza social de oposición, a la que panistas y priístas habían venido desdeñando, se manifiesta con vigor decidida a participar en las elecciones constitucionales de 2012 impulsando la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, le quiebra su sueño celestial. Y la segunda, tan importante como la anterior, es que ese movimiento está presentando a los mexicanos una propuesta nacional, que es algo que no puede tener el actual grupo gobernante.

4. El proyecto alternativo de nación, cuyos lineamientos esenciales fueron dados a conocer en este acto, y que va a ser el fundamento de la campaña de 2012, constituye sin lugar a dudas un signo de modernidad en México, de la única modernidad posible que es la que debe sustentarse en la razón y en el derecho, principios que han menospreciado Calderón y sus amigos, y por eso su anuncio les ha encolerizado, como se ve en las columnas de las plumas oficialistas. Los integrantes de este grupo mafioso se han mantenido en el gobierno de manera ilegal e ilegítima, sin tener una propuesta nacional porque no pueden tenerla: sólo actúan en función de los intereses sectarios a los que sirven, que son los de unos cuantos empresarios nacionales y grupos trasnacionales, y los suyos propios, lo que les está permitiendo un enriquecimiento sin límites a costa del país, y por eso se escudan en los programitas neoliberales y en los documentos de los organismos financieros internacionales.
5. La vía electoral está abierta en México, como a menudo se les olvida, porque las luchas sociales y políticas del pueblo mexicano la han venido impulsando desde 1910, aunque desde entonces jamás hayamos vivido en democracia ni tenido elecciones democráticas, y sería muy grave que esta mafia en el poder pretendiera hacerla inviable una vez más en 2012 para seguir usufructuando el poder político en beneficio propio, como lo evidencia al persistir en llevar adelante su “campaña negra”.

6. La responsabilidad que tienen los miembros del grupo mafioso en el poder ante el 2012 es descomunal, pues han hundido al país en la miseria, la violencia y la corrupción como nunca antes en nuestra historia, y sería inadmisible para millones de mexicanos que pretendieran oponerse a un debate abierto de las ideas y continuar violentando la voluntad nacional con el propósito de seguir haciendo prevalecer sus intereses. La persistencia que muestran sus integrantes en seguir adelante con su “campaña negra” en los medios, en particular en el duopolio televisivo, y sobre todo las maquinaciones y marrullerías que ya anuncian, son el anuncio de que muchos de ellos se hallan dispuestos a una imposición violenta, lo que millones de mexicanos están dispuestos a rechazar.

7. La tentativa del gobierno de facto de hacer entrar al IFE al escenario político para frenar al movimiento popular con el pretexto de que aún no se abre la campaña electoral es, por lo mismo, absurda, en particular porque la impulsa un gobierno instaurado por medio del fraude y porque lo hace unos días después de que el Consejo General del instituto no tuvo más remedio que reconocer que Calderón intervino ilegalmente en las pasadas elecciones constitucionales locales emitiendo un mensaje de abierto partidarismo panista. El escenario de 2012 se ha adelantado por el desastre que ha sido la administración de facto de Calderón y porque además él mismo está torpemente maniobrando en función de esa sucesión y actuando ilegal e impunemente en función de ella.

8. El fallo del IFE de la semana pasada fue seguido de un debate en el propio instituto, entre los integrantes de la Comisión Permanente y en la prensa sobre la impunidad que en la materia tiene en México el Ejecutivo, que sólo puede ser sometido a juicio político y procesado por traición a la patria y por delitos graves del orden común conforme al 108 constitucional, cuando en la Constitución de 1857 podía serlo además por “violar las libertades electorales” del pueblo. Y en este proceso de 2012 Calderón –o quien se halle entonces en la silla presidencial– debe ser sometido a un escrutinio popular sin parangón.

9. El acto del domingo constituyó además un frentazo para el grupo de Los Chuchos, que se ha adueñado del PRD con la pretensión de erigirse en la representación electoral de “la izquierda”, para lo que se hallan inmersos, en connivencia con el gobierno, en sacar adelante una campaña de nuevo empadronamiento del PRD, con la que pretenden dejar afuera de ese partido a los que no son sus incondicionales.

10. La vía electoral estará abierta en 2012 si el pueblo lo quiere, y esto supone en México que debe hacer valer su voluntad: antes, durante y después de los comicios.

*Tomado de La Jornada.

Diego, el secuestro del PAN*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Jernández y Helguera y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Jenaro Villamil


MÉXICO, D.F., 27 de julio (apro).- Para bien o para mal, la desaparición de Diego Fernández de Cevallos constituye el golpe más incómodo y certero para el gobierno del PAN y, en especial, para el sexenio de Felipe Calderón.

Las razones son sencillas y dan en el corazón de la vulnerabilidad de los diez años de un periodo que no ha logrado construir sus propios héroes cívicos, sino sólo tragedias derivadas del desencanto ante la alternancia.

1.- Conforme transcurran los días y los meses –el 15 de julio Fernández de Cevallos cumplió dos meses de presunto cautiverio--, las versiones en torno a su secuestro tenderán a mostrar una cortina de rumores, especulaciones, fotografías o fotomontajes que alentarán una espiral de vulnerabilidad, ya que el gobierno de Calderón ha decidido renunciar a su función primordial de informar públicamente.

La carta manuscrita que circuló ayer en los medios cibernéticos, constituye una pieza de la vulnerabilidad y de la comunicación del miedo: habla de un político desfalleciente en su estado de salud y anímico, a expensas de sus secuestradores y de su hijo mayor que, al parecer, regatea la liberación del abogado con fama de multimillonario.

En esencia, parece el regaño del padre a un hijo que no parece entender la gravedad de su situación:

“El sólo paso de los días no moverá a estos señores, pero sí los moverá favorablemente si ven con claridad tu esfuerzo. La urgencia está de nuestro lado (subrayado en la palabra “urgencia”). Ellos tienen todo el tiempo del mundo. Lo mismo les da mañana que dentro de cien días. Para tu padre lo que no sea de inmediato, no tiene sentido”.

También la carta ventila la propia fortuna del acaudalado exsenador y excandidato presidencial:

“No se trata de desmentir el monto que se atribuye a mi patrimonio. Eso es irrelevante. Lo urgente es que hagas una contrapropuesta lo más alta que puedas y estoy seguro que ellos negociarán”, dice la misiva.

Sólo se sabe, a través de versiones extraoficiales, que los captores pidieron originalmente la suma de 50 millones de dólares por la liberación del Jefe Diego y que la familia regateaba para disminuir a 30 millones de dólares el monto del rescate. La carta, presuntamente escrita el 10 de junio, confirmaría este intento de los responsables de la negociación, por reducir el dinero ante los secuestradores.

La respuesta de los presuntos captores --aún no identificados oficialmente ni como sicarios, ni como guerrilleros ni como paramilitares-- se dio el mismo lunes 26 de julio. “No hemos reducido el monto del rescate, no ha existido comunicación telefónica alguna entre el archiduque de Escobedo y su familia y no se han detenido las pesquisas policiacas para dar con su paradero”, afirman en un mensaje difundido también a través de internet.

Lo único claro es que los autores de la desaparición o secuestro de Fernández de Cevallos tienen la sartén por el mango. Las autoridades parecen convidados de piedra frente a esta serie de mensajes.

2.- El Jefe Diego es un símbolo incómodo para los panistas. Adorado y consultado en privado, como si fuera un gran padrino de la mafia, Fernández de Cevallos es menospreciado en público por aquellos panistas que no quieren verse envueltos en su mala fama pública. Como Carlos Salinas para los priistas, Fernández de Cevallos es temido, admirado por sus inescrupulosos negocios políticos y su extensa red de influencia, pero nadie quiere envolverse en la bandera de su defensa ni en el heredero de su legado.

Son personajes con déficit de credibilidad, pero superávit de capacidad de influencia. Una desaparición como la de Fernández de Cevallos traslada estas características a las autoridades gubernamentales, que supuestamente se dedican a garantizar la seguridad de los ciudadanos y, en especial, de estos personajes del régimen. Los autores del plagio, si no calcularon los efectos políticos del hecho, sí han logrado asestarle un duro golpe a lo que se llama el “sistema PAN-gobierno”.

3.- No habrá salida fácil para la desaparición del excandidato presidencial panista. Si el silencio de la PGR se prolonga, también se incrementará el espacio para una guerra de “filtraciones” y rumores. Si el gobierno de Calderón pretende pasarle la factura a la familia por el fracaso de las negociaciones, está muy equivocado porque si alguien apoyó al actual procurador Arturo Chávez Chávez fue el propio Fernández de Cevallos y su fracaso constituye una muy mala señal para la élite política y económica pendiente del desenlace de este suceso.

Si se confirman los rumores iniciales sobre la muerte de Fernández de Cevallos la crisis derivada de este hecho se vuelve más grave. Su muerte sería el final anticipado del gobierno calderonista y de todo la estrategia montada para justificar la militarización y la política de mano dura de su administración. La frase de Alejandro Martí volverá a resonar: “Señores, si no pueden, renuncien”.

http://www.jenarovillamil.wordpress.com/

*Tomado de la revista Proceso.

Calderón, violador impune*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, helioflores y Naranjo,

Álvaro Delgado


MÉXICO, D.F., 26 de julio (apro).- Poco después del 2 de julio de 2006, cuando estaban en curso las gestiones de Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos para impedir el recuento de votos del total de las casillas y evitar la nulidad de la sucia elección, le pregunté a Felipe Calderón si, en caso de ser declarado ganador, procedería desde el cargo de manera facciosa a favor del Partido Acción Nacional (PAN), como lo hizo Vicente Fox.

Con el rostro endurecido por la pregunta, respondió con enfado no estar de acuerdo en que Fox intervino a su favor en el proceso electoral, pese a las vastas evidencias, y sobre su futuro proceder en el cargo, en esos días aún hipotético, recurrió a la ambigüedad: “Ya veremos”, gruñó.

La intervención facciosa de Calderón en la vida interna del PAN ha sido ampliamente documentada, de manera particular en Proceso, y ha procedido de manera análoga en los procesos constitucionales, si bien en beneficio del priismo que le cobró así asumir el cargo que, a instancias de los dos personajes aludidos, le confirió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Después de la contundente derrota en las elecciones de 2009, cuando el arreglo con el priismo terminó, Calderón exhibió sin inhibiciones su condición de jefe máximo del PAN y, junto con Manuel Camacho, condujo personalmente las alianzas con los perredistas, que experimentan una acelerada asimilación a la derecha.

Pero Calderón se quiso pasar de listo y, habida cuenta de que ha entregado casi 17 mil millones de pesos a las televisoras, hizo transmitir varios mensajes de propaganda de su gobierno justo cuando estaban en curso campañas electorales en 14 estados, lo que contraviene no sólo la ley electoral, sino la misma Constitución que se comprometió a cumplir y hacer respetar.

Al Instituto Federal Electoral (IFE), que a través de su Comisión de Quejas ya había dispuesto como medidas cautelares la suspensión de una campaña de promocionales triunfalistas del gobierno de Calderón en los estados con elecciones, no le quedó de otra a riesgo de seguir minando su credibilidad: Acreditó que Calderón violó el artículo 41 constitucional.

Tan relevante es esta determinación del IFE, que por primera vez la aplica desde la reforma 2007-2007, que concitó la furia de Calderón y de su gobierno que, de inmediato, a través del PAN y del subsecretario Roberto Gil anunció que será combatida ante el TEPJF, porque implica –dijeron-- un ataque a la libertad de expresión y una “censura” a quien en realidad está violentando la ley suprema de la nación.

En este episodio nadie actúa con inocencia, pero se pudo acreditar, desde la propia secretaría ejecutiva del IFE, la conducta violatoria de Calderón, a quien sin embargo no se le escamotea su derecho y obligación a informar a los ciudadanos y para ello hacer uso inclusive de la cadena nacional, pero no para hacer propaganda con el fin de influir en los procesos electorales.

Hay que recordar lo que dispone el artículo 41 constitucional: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público.”

Calderón lo que hizo, sólo en el caso de su mensaje en cadena nacional del 15 de junio, fue hacer propaganda de su “guerra” contra la delincuencia en el contexto de la matanza de 12 policías federales en Michoacán y, ante ello, el PRI, promovió una queja que, tras el análisis jurídico de la Secretaría Ejecutiva y la deliberación de los consejeros del IFE, se concluyó en que Calderón violó la Constitución.

Lo lamentable es que, pese a esa conducta, Calderón quedará impune porque la propia Constitución, en su artículo 108, establece que el titular del Ejecutivo sólo puede ser acusado durante su encargo por delitos graves de orden común y por traición a la patria.

No puede descartarse que, en el mercadeo tan habitual de la justicia en el TEPJF, los magistrados decidan proteger, no sólo a Calderón, sino al presidencialismo más rancio, pero esta decisión del IFE demuestra que, si los consejeros del IFE tienen agallas, pueden ir contrarrestando su descrédito y evitar que, como todo parece indicar, la elección de 2012, sea un caos…

Apuntes

A más de dos meses de su secuestro, en su finca de Querétaro, circuló desde hoy lunes 26 una segunda fotografía de Fernández de Cevallos con el semanario Proceso en las manos, cuya portada de la edición 1751 del 23 de mayo está dedicada a él. En carta a su hijo Diego fechada el 10 de junio --de cuya autenticidad no hay duda, porque esa es su caligrafía--, el político y litigante dice que, en un mes de cautiverio, vive “un infierno” y apura a su familia a una negociación con sus captores: “No se trata de desmentir el monto que se atribuye a mi patrimonio. Eso es irrelevante.” Los secuestradores, hasta donde se sabe, mantienen su demanda de 50 millones de dólares. Calderón calla… Felicidades al individuo que despacha en Los Pinos: Seis millones más de pobres en su gestión…
delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

2012*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

John M. Ackerman

Frente al monumental fracaso del gobierno de Felipe Calderón para resolver los problemas más elementales del país, es de celebrarse el inicio anticipado de las campañas presidenciales para 2012. La competencia por la Presidencia de la República podría servir como el marco perfecto para el surgimiento de un verdadero debate nacional sobre el futuro de la nación. Lo último que México necesita es otro llamado estéril a la unidad” encabezado por un gobierno sin legitimidad. Al contrario, hace falta un gran despertar social en el que la ciudadanía se haga cargo de construir y proponer soluciones innovadoras para su propio futuro.

Ante la gravedad de la situación nacional, México no puede permitirse el lujo de elegir otro burócrata gris o populista dicharachero. El país entero reclama que su próximo presidente sea un auténtico líder con una gran sensibilidad social. Tendría que ser alguien con la capacidad para articular una nueva visión nacional y con la disposición para trabajar junto con los sectores más agraviados de la sociedad para lograr los cambios urgentes en materia económica, política y social.

La caballada está flaca. En el Partido Acción Nacional (PAN) los pocos candidatos con algunos principios auténticamente panistas, como Santiago Creel o Manuel Espino, son precisamente los que menos posibilidades tienen de lograr la candidatura presidencial. Por su parte, la eventual candidatura de alguno de los personeros del minigabinete de Calderón, como Lujambio, Molinar o Lozano tendría pocas o nulas posibilidades de ganar.

En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) la situación no pinta mejor. Aun con todo el apoyo de Televisa, Carlos Salinas y una amplia diversidad de medios impresos, Enrique Peña Nieto simplemente no ha sido capaz de articular una visión nueva para el país o de acercarse verdaderamente a la ciudadanía. Un solo debate público sin guión con sus adversarios sería suficiente para romper la burbuja mediática de “popularidad” que se ha generado a su alrededor. Su carencia de capacidades analíticas y de liderazgo auténtico se hará patente muy pronto. Por su parte, a menos de que la población mexicana de repente sufriera de un ataque de amnesia colectiva, resulta difícil creer que Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes o Emilio Gamboa puedan ganar la confianza de la ciudadanía como candidatos presidenciales.

En contraste, la izquierda está inmejorablemente posicionada para conquistar la silla presidencial en 2012. Su relativa debilidad en cuanto a posiciones políticas tanto en el Congreso federal como en las entidades federativas esconde un hecho innegable: sigue siendo la única fuerza política que tiene arraigo social y de manera creíble podría encabezar una renovación en la vida pública nacional. Si el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo y Convergencia aprovechan la oportunidad, podrían encaminarse desde ahora a una victoria en 2012.
Tomando en cuenta esta “ventaja comparativa” de la izquierda en relación con las otras fuerzas políticas, sería un verdadero desperdicio que estos partidos escojan como su candidato en 2012 simplemente a un “guapo” o un “tecnócrata”. Bajo este escenario, en lugar de explotar su fortaleza, las fuerzas progresistas se colocarían en una posición de plena desventaja al acceder jugar en la cancha determinada por los adversarios.

Hasta la fecha, Andrés Manuel López Obrador es el único que ha sido capaz de articular un discurso consistente de renovación de la política nacional. Él, además, es el único que se ha preocupado por acercarse de manera sincera a las inquietudes ciudadanas al visitar todos y cada uno de los municipios del país.

Como cualquier ser humano, López Obrador no es perfecto. Puede disgustar a muchos su terquedad o falta de autocrítica. Pero comparado con los enanos que pueblan el escenario público de hoy, AMLO destaca como un verdadero dirigente.

Sólo si de forma milagrosa apareciera en los próximos meses algún nuevo líder social, los ciudadanos preocupados por el futuro del país tendrían que apoyar las aspiraciones presidenciales de López Obrador. No se trata de entregarse de manera acrítica al “mesías tropical” ni de estar de acuerdo con todas las posiciones y pronunciamientos del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal. Al contrario, habría que someter a López Obrador a la misma crítica exigente que él ejerce sobre los integrantes de la “clase política”, muchos de los cuales, por cierto, también participan en el mismo movimiento de AMLO.

México tiene la urgente necesidad de romper con décadas de presidentes mediocres y populistas. Tal como ocurrió hace 100 o 200 años, ha llegado la hora de que se articulen los liderazgos políticos y las inquietudes sociales. El programa que López Obrador presentó ayer en el Zócalo capitalino sin duda ofrece esperanzas para que podamos vivir otra transformación radical en el siglo XXI.

http://www.johnackerman.blogspot.com/

*Tomado de La Jornada.

Los grandes logros de Calderón*

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 23 de julio (apro).- Finalmente los mexicanos conocemos ya el impacto de la crisis mundial de octubre de 2008 en nuestro país: 6 millones de pobres más. Sin embargo, esto no acaba ahí, el gobierno de Felipe Calderón se empeña, a diario, en deteriorar cada día más la economía de los mexicanos y fortalecer las finanzas de los poderosos que los llevaron al poder. Y parece que lo va logrando; si no, veamos.

El pasado 21 de julio, Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Hacienda y Crédito Público admitió que había seis millones más de mexicanos pobres. La noticia, obviamente, impactó a la opinión pública, sin embargo, era el principio de lo que vendría. Al día siguiente, una estocada más contra la clase trabajadora: la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió reducir de 25 a 10 salarios mínimos el monto máximo para calcular las pensiones por invalidez, vejez, cesantía o muerte de los trabajadores que cotizan el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Del asombro al coraje en menos de 24 horas, pues la decisión, tomada el 9 de julio por la Segunda Sala de la Suprema Corte, causó indignación. Con el fallo de la Corte, ahora un trabajador que desee jubilarse recibirá, como máximo, una pensión de 17 mil pesos mensuales, en lugar de 42 mil que prevé el cálculo de 25 salarios mínimos que actualmente se viene realizando.

Por si fuera poco, un día después nos enteramos que el IMSS durante este año hará uso de 16 mil millones de pesos de sus reservas de Fondo Laboral y del de Operaciones para Contingencias.

Si hacemos memoria el dato no sólo genera estupor, sino enojo. Esto porque resulta que, según reveló la revista Proceso en su pasado número, el Comité Técnico del IMSS decidió tomar a lo largo del sexenio pasado y parte de este, esa misma cantidad del mismo Fondo de Reservas para invertirlo en la llamada “deuda corporativa”.

Nos enteramos que el IMSS decidió tomar de ese Fondo de Reserva, en donde se encuentra también el Fondo de Pensiones, 16 mil millones de pesos para jugar en la ruleta de la Bolsa Mexicana de Valores. En honor a la verdad en algunos casos la jugada resulta eficaz e incrementa los recursos del inversionista, sin embargo, en otros, como en el caso de Metrofinanciera y Comercial Mexicana, que salieron con saldo negativo y perdieron lo invertido o no han podido recuperarlo.

Pero ese no es el problema, el gran dilema que abrió el Instituto fue su determinación de jugar 16 mil millones de pesos, dinero de los mexicanos y producto de su trabajo, para adquirir bonos no gubernamentales, esto es, bonos de empresas privadas.

¿Cuál es el resultado de ello? Que en palabras llanas el IMSS “entregó” dinero fresco a 24 empresas privadas. Estas son, Carso, Cemex, CIE, varias Sofome --como Metrofinanciera, Hipotecaria Su Casita--, Navistar, Telefónica, Finanzas México, Bimbo y Coca Cola, entre otras.

¿Cómo funcionó esto? Sencillo: cada una de estas empresas emitió bonos que se pusieron a disposición del público en la BMV, el IMSS compró, por un monto de 16 mil millones de pesos, estos bonos no gubernamentales, los cuales tuvieron cierto interés de ganancia para el propio Instituto.

Al adquirir el IMSS estos bonos, les inyectó dinero freso a más de 20 empresas privadas, en lugar de utilizar esos recursos para la compra de medicamentos, construir hospitales, reparar otros, comprar instrumentos quirúrgicos… o para pagar las pensiones.

Ese dinero se fue de manera directa a empresas privadas, es decir, el IMSS --con el dinero que los patrones retienen a sus trabajadores y envían a las arcas del Instituto para que, cuando los empleados terminen su vida laboral se les paguen de ahí sus pensiones mensuales--, utilizó recursos públicos para “capitalizar” a empresas privadas.

Uno se pregunta, ¿acaso requieren empresas internacionales y tan ricas como Cemex, Bimbo o Coca Cola, que le gobierno las capitalice con el dinero que los mexicanos devengan día con día con su trabajo? La respuesta es obvia: No.

Sin embargo, los dos gobiernos federales panistas han recurrido a esta práctica, de retirar dinero del Fondo de Reservas del IMSS para dárselo a empresas privadas.

Todo esto viene a cuenta porque ahora el IMSS ha anunciado que utilizará para este año otros 16 mil millones de pesos del Fondo de Reservas para cubrir su déficit, lo cual no significa otra cosa que cubrir los gastos por compra de medicina, pago de pensiones, construcción o rehabilitación de hospitales y adquisición de material quirúrgico.

Uno puede justificar que utilice el dinero del Fondo de Reserva para cubrir estos gastos pero no para financiar o capitalizar a empresas privadas.

El IMSS es el único instrumento médico al que puede recurrir la mayoría de la población, pues sólo los de clase pudiente acuden a hospitales privados cuando tienen una emergencia médica.

Pero si el dinero del IMSS es utilizado para capitalizar empresas, pues es lógico que su Fondo de Reservas baje y, por consiguiente, el dinero que puede disponer para actualizar y mantener en óptimas condiciones sus hospitales.

Si a todo esto le sumamos la decisión de la Corte de reducir la pensión el monto máximo para calcular las pensiones, de 25 a 10 salarios mínimos, entonces entendemos que esto le pega directamente a la clase trabajadora que cotiza en el IMSS. El impacto será principalmente para la clase media.

Si de acuerdo con los datos del Inegi, existían hasta antes de la crisis económica de hace dos años 50 millones de pobres, ahora existen 56 millones de pobres, esta cifra, sin duda, aumentará en caso de que el IMSS decida poner en práctica la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, dicho sea de paso, de justa no tiene nada.

Esta nueva clase de pobres que año con año aumenta es la que puede acudir --en algunos casos--, al IMSS para atender sus problemas de salud, pero de poco le vale cuando el propio Instituto en lugar de destinar sus fondos de reserva los utiliza para financiar a empresas privadas inmensamente ricas.

Ayer el IMSS usó 16 mil millones de pesos para capitalizar empresas, hoy anuncia que usará otros 16 mil millones de pesos para cubrir su déficit y, a la par, la Corte avala un recorte sustancial en el pago de pensiones. ¿Y a los trabajadores que son los que mantienen el Instituto con su trabajo, quién los apoya? La verdad es que este gobierno no.

Por lo pronto existe una pequeña esperanza: el Comité Técnico del IMSS aún no decide si pondrá en práctica la determinación de la Corte; por el bien de los mexicanos y del país, esperemos que no lo haga, de lo contrario al malestar social que ya existe por el escaso valor adquisitivo de su dinero, se sumará la inconformidad de 3 millones y medio de trabajadores cautivos a pagar las cuotas del IMSS.

Este descontento estará presente, sin duda alguna, en las próximas elecciones presidenciales del 2012. A ver si la gente vota por el gobierno panista que gusta de usar el Fondo de Reserva del IMSS para aligerar la carga económica de empresas privadas y no de sus trabajadores.

mjcervantes@proceso.com.mx

*tomado de la revista Proceso.

Desfiladero*

Atenco-SME: la nueva hora del pueblo

Jaime Avilés

Desde la época de Gandhi, la huelga de hambre ha sido el recurso extremo de la resistencia civil pacífica, pero goza de poca popularidad entre los luchadores sociales y no siempre ha resultado exitoso. El 5 de mayo de 1981, en una cárcel de Belfast, Bobby Sands murió al cabo de 66 días en ayuno exigiendo mejores condiciones para los presos políticos del Ejército Republicano Irlandés. Margaret Thatcher no se dejó conmover por el sacrificio de ese hombre que, tras las rejas, había sido electo miembro del parlamento.

En lo que va de este año, algunos disidentes presos en Cuba han recurrido en dos ocasiones a la huelga de hambre para lograr su excarcelación, con apoyo de los levantacejas al servicio del felipato, mismos que, desde luego, ignoraron, despreciaron e hicieron befa de la protesta iniciada en el Zócalo, 90 días atrás, por los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, hasta que esta semana, la inminente agonía del ingeniero Cayetano Cabrera y de Miguel Ángel Ibarra capturó la atención del país y del mundo.

Antenoche, cuando parecía que era ya demasiado tarde, Martín Esparza, dirigente del SME, y el nuevo titular de Gobernación, Francisco Blablablake, lograron un principio de acuerdo para salvarles la vida: el reconocimiento, por parte de la Secretaría del Trabajo, del Comité Central del SME y de Esparza como secretario general, y la recontratación, en la Comisión Federal de Electricidad, de los electricistas despedidos de Luz y Fuerza del Centro. Como el gobierno (o lo que sea) de Calderón jamás ha cumplido su palabra, todavía tendremos que ver cuál será el desenlace.

Pero, por lo pronto, Cayetano y Miguel Ángel obtuvieron una victoria moral de dimensiones épicas, pues con su valor, abnegación y entereza derrotaron la soberbia, la sordera y el despotismo del usurpador y la mafia que lo rodea, así como la charlatanería de su aparato de propaganda. Con su decisión inquebrantable de irse de este mundo en calidad de héroes, doblaron a Calderón y pusieron al desnudo sus debilidades: a 58 días de la fiesta que los cursis de Los Pinos han denominado el cumpleaños de México –como si aquí sopláramos las velitas para recordar la noche en que el papá embarazó a la mamá y no el día en que la cigüeña trajo a la criatura–, el felipato tendrá que guardar las apariencias ante sus invitados.

Así lo captó, con gran agudeza, América del Valle, cuando en vísperas del fallo de la Suprema Corta sobre el caso Atenco pidió refugio en la embajada de Venezuela. Los magistrados liberaron a los presos políticos por órdenes de arriba, pues Calderón comprendió que si los mantenía encerrados podría enfrascarse en un conflicto internacional con Hugo Chávez. Por las mismas razones, ayer cedió ante el SME. ¿Cómo iba a recibir a Obama y Michelle, a don Juan Carlos y doña Sofía, a don Felipe y doña Letizia, a don Sarkozy y doña Carla Bruni, a doña Cristina y don Néstor, a don Zapatero y a don Rajoy, a Lula, a Evo, a Chávez, al camarada Pepe de Uruguay, a los dignatarios de Cuba y el resto del Caribe, a los fascistas de Chile, Colombia y Honduras, y a todos los jefes de Estado y de gobierno del mundo con un pueblo enlutado e indignado y quizá volcado a las barricadas por la muerte del ingeniero Cayetano Cabrera?

¿Será por eso que Calderón ahora hace llamados a la unidad nacional, diciendo que la guerra que él provocó ya no es guerra sino lucha y no de él sino de todos? ¿Será que quiere una tregua de aquí al 17 de septiembre, para que recojamos los platos rotos y adecentemos la casa a fin de atender como Dios manda a sus visitas? ¿O será que más bien nos está sugiriendo lo contrario? Por ejemplo, que tras las victorias de los campesinos de Atenco y los electricistas del SME –que supieron presionarlo de la manera adecuada para satisfacer sus legítimas demandas–, ahora toca el turno a otros actores sociales, para exigir justicia de verdad, aprovechando la cercanía de la patriótica pachanga.

¿Estallarán otras huelgas de hambre? ¿Llegarán perseguidos políticos de otras luchas a instalarse en las embajadas de España, Francia, Brasil, Venezuela y Argentina? ¿Convocarán los sindicatos a una verdadera huelga general para el 15 y 16 de septiembre? ¿Se integrará una coordinadora de movimientos de resistencia? ¿Se pondrán en acción los estudiantes? ¿Vendrán de nuevo los zapatistas? ¿Las circunstancias nos empujarán a conmemorar el inicio de las antiguas gestas libertadoras con el inicio de nuevas gestas libertadoras, a la altura de nuestro tiempo y de nuestras enormes necesidades?

Temas para exigirle justicia a Calderón, delante de sus visitas, abundan: por ejemplo, cárcel a todos los responsables de la muerte de 49 niños quemados en la guardería ABC de Sonora, desde Molinar Horcasitas hasta la prima de Margarita Zavala; juicio político a los 11 ministros de la Suprema Corta por haber aprobado una reducción a las pensiones de los jubilados con base en una ley que fue derogada hace años; cárcel a Ulises Ruiz por el asesinato de los militantes de la APPO y del periodista Brad Will; cárcel para el góber precioso por apoyar a pederastas y saquear Puebla; supresión del fuero de guerra para castigar a militares que maten a civiles inocentes; cumplimiento de los acuerdos de San Andrés; juicio de extradición para los agentes de la Patrulla Fronteriza que mataron a palos a un hombre y de un tiro en la frente a un niño, sin que estos crímenes merecieran al menos una nota de protesta ante Washington; libertad para todas las mujeres presas y condenadas a 30 años de reclusión por haber abortado en Guanajuato.

En el DF también tenemos demandas propias: alto a la construcción de la supervía de Ebrard; sí a la construcción de un sistema hidráulico para llevar agua a las delegaciones de Iztapalapa y Tláhuac desde la laguna natural de Xico; destitución del secretario de Seguridad Pública del DF, Manuel Mondragón y Kalb, por eliminar la presencia de la policía en Iztapalapa, a fin de dañar la imagen de Clara Brugada y restarle simpatizantes al movimiento de Andrés Manuel López Obrador en esa delegación y en el resto de la urbe.

¿Habrá llegado la hora de comenzar la segunda lucha de independencia y la tercera revolución mexicana (la primera, paradójicamente, fue la Reforma juarista) para levantar la cuarta república? Si bien, desde luego, nadie puede dar o posponer el banderazo de salida –pese a que mitos entrañables como el Grito de Dolores o el solitario levantamiento en armas de los hermanos Serdán en Puebla hagan parecer que los procesos históricos arrancan a partir de fechas exactas–, mañana, desde las 10 de la mañana, se congregarán en el Zócalo decenas de miles de personas venidas de todo el país para conocer el nuevo Proyecto Alternativo de Nación de un hombre profundamente convencido de que el cambio de política y de políticos todavía es posible a través de la lucha electoral.

Ante representantes de los ocho mil comités territoriales que ha organizado a lo ancho y a lo largo de México, Andrés Manuel López Obrador señalará a sus seguidores las nuevas tareas que habrán de emprender desde ahora y hasta los comicios de julio de 2012. El máximo dirigente opositor confirmará que tiene una sólida propuesta para encabezar un cambio de régimen pacífico, y coordinar la construcción de un nuevo país sobre las ruinas humeantes, putrefactas y ensangrentadas en que, desde 1982 hasta hoy, nos ha enterrado el salinismo. ¡Todos al Zócalo mañana!

PD: Esta noche, en Ruta 61 (Baja California casi esquina con Nuevo León, Condesa) tocarán Alejandro Fonzeca y su banda, máximos exponentes del blues en Monterrey. Si pueden, no se lo pierdan.

jamastu@gmail.com

El hachazo*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Luis Javier Garrido

La huelga de hambre de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que está conmoviendo a amplios sectores del país, se está llevando a cabo en un escenario de intensificación de las acciones del gobierno de facto de Felipe Calderón por cancelar los derechos individuales y sociales de los trabajadores, como se ve ahora con la decisión oficial de reducir las pensiones.

1. El escenario que está viviendo México es el de una verdadera guerra librada desde la cúspide del poder contra los trabajadores del país, y muy pocos ya pueden negarlo al estarse imponiendo de manera atrabiliaria por orden de Los Pinos la contrarreforma laboral.

2. El hachazo aprobado en sesión secreta por los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las pensiones por invalidez, vejez y cesantía de los trabajadores, reduciéndolas a un límite de 10 veces el salario mínimo (en vez del vigente de 25 salarios mínimos), denunciado ya por el analista Arturo Alcalde y objeto ayer de un amplio reportaje de La Jornada, constituye un nuevo atentado a la clase trabajadora y a la nación, pues es una decisión contra la razón y contra el derecho que violenta tanto la Constitución como la Ley del Seguro Social en aras de imponer las medidas neoliberales que convienen a un puñado de integrantes de la mafia en el poder.

3. La decisión de la segunda sala de la Corte, que priva a los trabajadores mexicanos del derecho constitucional y legal a una pensión justa, parte del hecho de que los ministros mexicanos pretenden tener, como lo han hecho ya evidente con diversos fallos, la facultad de legislar, suplantando de esta manera al Poder Legislativo, que es el único que puede hacerlo, lo que es inadmisible en un régimen constitucional de derecho, porque eso y no otra cosa es lo que entrañan sus últimos fallos. La facultad que otorga nuestro sistema constitucional a la Suprema Corte de esclarecer y desentrañar el sentido de un texto constitucional o legal no autoriza a los ministros a tergiversar a tal punto su sentido, de manera que lo hagan decir lo contrario de lo que era la voluntad del legislador. El derecho a la seguridad social, que comprende entre otros el derecho a la jubilación, debe estar, según el artículo 123 y la legislación en materia de seguridad social, encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y no a su desamparo.

4. El Poder Judicial federal tiene en el sistema constitucional mexicano la alta responsabilidad de fungir como el defensor de la Constitución y de las leyes y no, como lo ha venido haciendo, por una serie de decisiones de los actuales ministros, la de actuar como un instrumento del Ejecutivo en turno para hacer viables las políticas de exacción de las corporaciones privadas, nacionales o extranjeras. Tiene el deber de proteger las garantías individuales y sociales de los mexicanos y no el privilegio de convalidar la violación de éstas, como acontece en la realidad del régimen de facto panista que busca instaurar un modelo de explotación de la clase trabajadora que no tiene parangón en América Latina.

5. El llamado “paquete estratégico” de reformas constitucionales y legales en materia laboral, que el gran capital nacional e internacional y algunas instancias internacionales como el Banco Mundial y el FMI le han exigido al gobierno panista de facto que sean aprobadas en México a fin de poder imponer de manera más plena el modelo neoliberal de explotación, y que constituye en su conjunto una enorme contrarreforma constitucional, está siendo de esta manera puesto en vigor. Al no tener consenso Calderón en las cámaras legislativas para hacerlo aprobar, está recurriendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se arroga a su vez atribuciones que no tiene y está de hecho legislando. En vez de ser en consecuencia discutidos estos temas de manera pública y de frente a la nación por los legisladores de las dos cámaras, están siendo aprobados de manera clandestina, como resalta la nota de La Jornada, por sólo 11 individuos que han demostrado hasta la saciedad ser indignos del cargo que ocupan.
6. Ese es en suma el papel que en el modelo neoliberal de gobierno, que sí existe, se le ha asignado al Poder Judicial en nuestros países: el de fungir como un candado de seguridad de los privilegios de las grandes corporaciones. Así estaba previsto desde finales de 1994, cuando Ernesto Zedillo, al llegar a la silla presidencial, en una de sus primeras decisiones liquidó a la antigua Corte e instauró el tribunal actual a semejanza de la Corte Suprema de Estados Unidos, integrándolo con oscuros abogados conservadores, jubilando por cierto con multimillonarias pensiones a los antiguos ministros, a los que además de su sueldo íntegro se les otorgan más de 100 mil pesos de gastos mensuales para comidas y el privilegio de seguir contando con cargo al erario seguro de gastos médicos mayores, un chofer y un auxiliar, según nota de El Universal del 9 de marzo de 2009. La SCJN tiene 35 ministros jubilados o en retiro, se dice en ella, todos los cuales gozan de esta situación de privilegio que cuesta al país 76 millones de pesos al año.

7. ¿Es o no un marco de corrupción institucional en el que actúan los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que por cierto no son juristas sino mediocres abogados conservadores funcionales a la derecha en el poder?

8. Los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al quebrantar la frágil legalidad existente, que ni de lejos era la más justa, y terminar con el acuerdo mínimo en lo fundamental que existía en el país, están contribuyendo no nada más al desprestigio de la institución como parecen creer algunos de los enriquecidos ministros, sino sobre todo a enrarecer la vida social al aniquilar cualquier posibilidad de vivir bajo un régimen de derecho y en consecuencia de hacer de México un país viable. El mensaje que mandan los irresponsables y corruptos integrantes actuales de la Corte es el mismo del fallo con el que buscaron “legalizar” el atentado de Calderón contra la empresa Luz y Fuerza del Centro convalidándole al Ejecutivo de facto el ejercicio de atribuciones que no tiene en la Constitución.

9. En el marco de esta guerra abierta entre el gobierno espurio de Calderón y la clase trabajadora mexicana, las fuerzas democráticas de México no tienen en consecuencia más alternativa, además de organizarse para el 2012, que la de seguir insistiendo en su misma lucha que supone, aunque parezca paradójico, a) el pugnar por el respeto a la legalidad existente, que los “fallos” de la Suprema Corte no pueden derogar, demandando el cumplimiento a la Constitución y las leyes de la República, e incluso acudiendo a las instancias internacionales, lo que supone además, de manera prioritaria, exigir al Congreso de la Unión que inicie un juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte por su proceder abiertamente violatorio del marco constitucional mexicano, pero también, y quizás sea lo más importante, b) llevando a su extremo las acciones de resistencia civil.

10. La huelga de hambre de Cayetano Estrada Cabrera y los demás trabajadores del SME, a costa de su salud y de su existencia misma, tiene por todo esto un significado más profundo que el de su lucha por “la vida”, que como dicen les está arrebatando el gobierno panista de Calderón con sus decisiones. Es un acto desesperado por la supervivencia de la nación.

*Tomado de La Jornada.

¿Partidos o candidatos?*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Octavio Rodríguez Araujo


Me temo que hemos llegado a un punto tal que hasta podemos pensar que los partidos actuales sólo sirven como apoyo logístico de candidatos, entendiendo por éstos personas destacadas que los electores reconocen en diversos grados y ámbitos.

Si es así, ya da igual qué nos planteen los partidos. Lo que parece importar ahora es lo que nos propongan los candidatos o, mejor, pues todavía falta para la selección de éstos, qué nos proponen los precandidatos.

El PAN no parece tener una persona que pudiera ser atractiva como precandidato. Su caballada, diría el fallecido Rubén Figueroa, está flaca, casi anoréxica. El PRI nos presenta, por ahora, a Peña Nieto. Y el PRD-Convergencia-PT, bajo la expresión Dia o sin ésta, apunta hacia Ebrard, López Obrador y De la Fuente. El año entrante, milagro mediante, las cosas pueden cambiar, pero eso será en 2011, aunque la carrera ya empezó. El Panal y el Verde se inclinarán por el partido que mejores ofertas les haga, siempre y cuando no esté a la izquierda del PRI o del PAN y les sirva para mantener su registro y colocar a parte de sus dirigentes en cargos de elección.

La idea de los partidos, incluso como están contemplados en la ley electoral vigente, es que tengan principios ideológicos de carácter político, económico y social que los diferencien entre sí (artículo 25 del Cofipe), y dicha diferenciación, se supone, deberá expresarse claramente en sus programas de acción que determinarán las medidas para: a) realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en sus declaraciones de principios, y b) proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales (artículo 26 del Cofipe). La apreciación y el diagnóstico de los problemas nacionales, se infiere, no tienen que ser los mismos para cada partido, como tampoco sus bases ideológicas ni las políticas a seguir para resolverlos. Aquí, si de veras son distintos, los partidos deben ofrecer tanto diagnósticos como soluciones diferentes, precisamente para que los ciudadanos podamos votar conscientemente (con conocimiento) por uno y no por otro. Lo que se ve en la práctica no es esto, sino promesas de campaña que incluso se han ido ajustando, pragmáticamente y sin imaginación, conforme un candidato trata de ganarle a otro.

En el caso del PAN llama la atención que en sus principios diga que le indigna “la herida innecesaria de opresión y miseria que unos seres humanos infligen a otros” y que al mismo tiempo, tanto el partido como sus gobernantes, favorezcan en la práctica a los grupos sociales dominantes y privilegiados. También merece destacarse que para este partido el Estado debe intervenir para atenuar “las profundas desigualdades sociales de nuestro país” y “regular los mercados […] para evitar que el más fuerte imponga condiciones que terminen por destruir la competencia misma”. En la realidad, lo que hemos visto bajo sus gobiernos es que las desigualdades sociales han aumentado lejos de haberse atenuado, y que la competencia entre mercados se ha subordinado a los capitales más fuertes.
El PRI dice más o menos lo mismo. Demanda “un Estado fuerte y eficaz, que sin menoscabo de la libertad económica [de mercados, diría el PAN] aliente la economía social de mercado [lo que el PAN llama economía humana]”. También señala en sus principios que la autoridad pública debe promover la mejora de los equilibrios sociales y que el Estado debe combatir la pobreza. Décadas de gobiernos priístas demuestran que el discurso actual, mucho más light que en el pasado, no ha correspondido a la realidad y que se han desarrollado grandes desigualdades sociales en beneficio de unos cuantos. Ambos partidos defienden formalmente un sistema de vida que genere igualdad de oportunidades, y lo que se sabe es que dicha igualdad es obstaculizada (y hasta reprimida) cada vez que se exige o se demanda como un derecho ciudadano.

El PRD, por otro lado, se define como “un partido de izquierda, plural y democrático, que desarrolla una crítica del capitalismo en la perspectiva de lograr una sociedad igualitaria y libertaria que supere dicho sistema de explotación, dominación y opresión”. Y más adelante en su declaración de principios dice aspirar a “construir un socialismo democrático que respete las libertades, las garantías individuales, derechos humanos, justicia social y se construya desde abajo mediante la participación de la sociedad organizada en las decisiones fundamentales”. Casi perfecto; sin embargo, hemos visto que incluso se inhibe la participación de sus militantes en las decisiones fundamentales y que sus dirigentes, además de hacerle trampa a sus afiliados, por ejemplo en elecciones internas, se reparten el botín y establecen alianzas con partidos que explícitamente no sólo no son socialistas sino que están en favor de la libertad de mercados y del capitalismo (llamado economía humana o social, da igual).

El PRI y el PRD están a favor de un Estado laico, en tanto el PAN ni siquiera menciona la expresión. El PRD, en cambio, defiende el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre sus cuerpos, en tanto que el PRI no les reconoce este derecho y el PAN simplemente entiende la vida del ser humano desde la concepción hasta su muerte, es decir que está en contra del aborto. El PRI también está en contra, aunque no lo dice, pero hemos visto su posición en las leyes estatales donde ha votado en su contra.

En síntesis, sí hay diferencias relativas entre los principales partidos mexicanos, pero dichos desacuerdos sólo se encuentran en sus declaraciones de principios. En la realidad, sobre todo al proponer candidatos al margen de los principios expresos, nada corresponde y sus diferencias se diluyen. Si, como parecen estar las cosas, los partidos renuncian a ser los protagonistas de las elecciones para cederles el lugar a sus candidatos (convirtiéndose aquéllos en apoyos logísticos de éstos), entonces no deberemos leer sus documentos fundamentales sino los discursos de los candidatos, aunque poco les creamos. ¿Y el llamado sistema de partidos?

*Tomado de La Jornada.

Los nanócratas de Calderón*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Jenaro Villamil



MÉXICO, D.F., 20 de julio (apro).- No son tecnócratas porque su paso por la alta burocracia financiera es inexistente, sus doctorados no brillan y su especialización en las áreas que ocupan es prácticamente nula. No son gerentes como el gabinete de Vicente Fox porque ninguno ha administrado una empresa propia, aunque varios hayan sido empleados de trasnacionales. Y sólo uno de los más cercanos, Juan Camilo Mouriño, aspiró a ser heredero de una serie de empresas familiares de dudosa procedencia y heredero fallido del gobierno de su amigo.

Tampoco constituyen una clase política porque para eso se requiere liderazgo, cohesión, proyecto claro, redes múltiples entre las elites y capacidad de operación política. Ya ni pensar que se trata de futuros candidatos presidenciales porque cualquier sondeo de opinión indica que son conocidos, si acaso, por sus familiares.

En realidad, el equipo más cercano a Calderón es una colección de nanócratas. Es decir, especialistas en la millonésima parte de su materia de estudio. Tan infinitesimales como su trayectoria. Tan efímeros como el parpadeo de un sexenio frustrado. Surgieron como generación espontánea porque tampoco tienen carrera de partido –salvo su jefe que llegó a dirigir a Acción Nacional-, si acaso los vincula su paso sin huella por la Escuela Libre de Derecho y la apropiación de las áreas clave de gobierno (Los Pinos, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Social y buena parte de las decisiones en materia de seguridad pública e inteligencia política).

Los recientes cambios en el gabinete confirman el perfil de nanócratas que Calderón requiere para su gobierno. El atributo principal de estos funcionarios, presumido incluso entre ellos, es la lealtad personal al presidente en turno, aunque en la lealtad exista déficit de capacidad, de experiencia y de visión de Estado (eso ya es mucho pedir). El propio secretario del Trabajo, Javier Lozano, nanócrata transexenal, presumió incluso que él es capaz de hacer “cualquier cosa” que quiera su jefe. Cualquier cosa. ¿Eso incluirá negociar con empresarios de origen asiático a quien les pide “coopelas o cuello”?. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, en alguna ocasión experto en la materia electoral, se transformó en nanócrata multiusos: de subsecretario pasó a titular del Seguro Social, ahora es el responsable de la dependencia que más licitaciones y contratos claves genera en la administración pública y ha extendido como el pulpo Paul sus redes hasta la Cofetel, quizá confundiéndola con una guardería subrogada.

Un nanócrata siempre cree que puede enfrentar poderes fácticos con el poder de la firma de su jefe. Docilidad antes que capacidad. Exceso de autoconfianza y pérdida del sentido de la realidad.

En la Secretaría de Economía, Calderón sustituyó a un nanócrata por otro, aunque tenga apellido de marca automotriz. Ferrari, además, de su perfil conservador en lo religioso y transgénico en lo empresarial, no dio una información puntual de lo que hizo o quiso hacer con ese membrete llamado ProMéxico.

Por Calderón nos enteramos que la nanócrata mayor, de nombre Patricia Flores, no sólo fue la jefa de la Oficina de la Presidencia, sino la responsable de medidas públicas tan cuestionadas como la estrategia de inoculación del miedo social en el combate a la epidemia de la influenza A/H1N1 o la artífice para desaparecer de un decretazo el Sindicato Mexicano de Electricistas y lanzar a la calle a más de 40 mil personas, en el sexenio que prometió ser el del empleo.

Ambición no les falta a los nanócratas. Y Patricia Flores fue ambiciosa. Incluyó en la nómina a sus familiares, palomeó a los responsables de las delegaciones federales en los estados, se confrontó con la Secretaría de Hacienda en el reparto de los recursos, creyó que el poder del picaporte es similar al poder de la eficacia. Y de antigua admiradora del subcomandante Marcos se volvió en fan de su jefe. Aunque en el delirio de un poder por designación, haya convertido a dependencias como Turissste en cajas chicas del gobierno federal.

Ni qué decir de las áreas de Comunicación Social. Max Cortázar fue capaz de regañar a Gutiérrez Vivó y ordenar la suspensión de la publicidad gubernamental para todas las revistas, pero nunca articuló una política de comunicación social creíble, democrática, digna de un gobierno que prometió las manos limpias. Su poder es el dinero y la presión política para censurar, palomear a los “comunicadores del sexenio” y ordenar pequeñas guerras de lodo contra los medios y periodistas incómodos. Con esos atributos el nanócrata blanquiazul César Nava lo incorporó a la dirigencia del PAN, en franco desprecio a las decenas de panistas con más experiencia y compromiso para la comunicación política.

Para culminar su aventura, Calderón transformó la Secretaría de Gobernación en una dependencia nanocrática. Prolongó la agonía de Fernando Gómez Mont, quien hizo todo para perder el apoyo político y social, para designar como cuarto titular de la otrora dependencia clave del gabinete (el “ministerio del Interior”, el “vicepresidente de facto”) a un funcionario menor de las redes panistas que fracasó ostentosamente en Baja California, pero fue capaz de mantener la amistad (sinónimo de docilidad) con su amigo Felipe Calderón. El señor Blake Mora figuró en la terna de posibles procuradores sustitutos de Eduardo Medina Mora y acabó en Bucareli, en medio de la peor crisis de inseguridad y de desafíos del narcopoder contra el gobierno.

Pero los nanócratas tienen una alta capacidad para el autoengaño. Por cuarta vez refundan un gobierno fallido, cuyos costos han sido tremendos para el país.

Comentarios: http://www.jenarovillamil.wordpress.com/

*Tomado de la revista Proceso.

El PRD traiciona a los pobres*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Álvaro Delgado



MÉXICO, D.F., 19 de julio (apro).- Cuando ha cobrado forma íntegra la kakistocracia que encabeza Felipe Calderón, cuyos cambios más recientes en su gabinete ratifican que es el gobierno de los peores, el sector de la izquierda subordinada a las alianzas electorales da otra muestra de su vasallaje: Cobrar IVA a alimentos y medicinas.

Peor aún: Nueva Izquierda, la facción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) encabezada por Jesús Ortega, se presenta como el rostro de Calderón y de Acción Nacional (PAN) para encabezar en la Cámara de Diputados la ofensiva para aprobar el IVA que, además, deja intactos los regímenes especiales que permiten a los magnates del país no pagar impuestos.

Es decir, los perredistas aliados a la derecha más inepta buscan que a los más pobres de México, que son más de la mitad, y lo que queda de la clase media, se les impongan más cargas impositivas, mientras que lubrican los mecanismos de enriquecimiento de la oligarquía que impuso a Calderón y pretende hacer lo mismo con Enrique Peña Nieto.

Parece que no hay lógica en este empeño de Los Chuchos, que con este plan de imponer IVA a alimentos y medicinas atizan el repudio popular en su contra, salvo que pretendan con esta maniobra satisfacer un anhelo de los magnates y verse recompensados con apoyo a la coalición que han hecho con el PAN y no al PRI.

Hay que recordar que poco antes de las elecciones del 4 de julio se filtró a la prensa que el PAN en la Cámara de Diputados proyecta aumentar el IVA generalizado de 16% a 18%, y establecerlo en 15% en alimentos y medicinas.

Según el proyecto de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, que elabora los documentos del grupo parlamentario del PAN, estos aumentos elevarían la recaudación por IVA de 485 mil 554 millones (4.02 por ciento del PIB) a más de 697 mil 325 millones de pesos (5.77 por ciento del PIB).

La única novedad en la propuesta de la facción colaboracionista que controla el membrete PRD, y que impulsa en específico José Guadalupe Acosta Naranjo, es que le hace segunda al PAN, con el que tienen un amasiato y cuyos alcances, después de las alianzas y de esta insólita cruzada por el IVA, son insospechados.

Y en esta urdimbre se incluye la candidatura común PAN-PRD de Marcelo Ebrard a la Presidencia de la República, si de plano no crecen Ernesto Cordero y Alonso Lujambio, los anodinos prospectos de Calderón que, no hay que olvidarlo, hará lo que sea por cerrarle el paso a otros panistas.

Como sea, es positiva la intentona de Los Chuchos para imponer el IVA a alimentos y medicinas, porque les corre el maquillaje que encubre su auténtico talante y evidencia que contra los magnates no son capaces de decir ni una sola palabra.

Este afán recaudatorio no es de suyo reprobable, pero es inaceptable si no se somete al mismo rigor a los grandes empresarios que, según información oficial, suman más de medio millón las personas y empresas beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales, aunque sólo una minoría, unos 60 corporativos, son los más beneficiados.

Por ejemplo, de acuerdo con información autentificada, en 2009 el sector privado de México adeudó 453 mil millones de pesos en créditos fiscales, la mitad de los cuales, 232 mil millones de pesos corresponden a esos 60 corporativos.

¿Qué empresas son? Las de los multimillonarios en dólares que aparecen en la revista Forbes. Para empezar, las de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, que adeudan más de 38 mil millones de pesos por impuestos diferidos.

Luego, el magnate del cemento, Lorenzo Zambrano, quien también aparece en Forbes: debe 38 mil 443.41 millones de pesos por impuestos diferidos. Le sigue Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, que debe al fisco mexicano más de 11 mil millones de pesos.

El Grupo Modelo, de María Asunción Aramburuzabala, militante del PAN, debe más de 8 mil millones de pesos; Grupo Bimbo, de un clan también de ese partido, debe casi 2 mil millones de pesos; Grupo Posadas, de Gastón Azcárraga, amigo de Calderón, no ha pagado mil 373 millones de pesos.

Otros deudores son Televisa (2 mil 284 millones), TV Azteca (3 mil 365 millones), Kimberly Clark, de Claudio X. González (mil 879 millones); Realtur, de Olegario Vázquez Raña, dueño del diario Excélsior y hospitales Angeles (mil 303 millones); Grupo Aeroportuario del Sureste, de Fernando Chico Pardo, socio de Slim (2 mil 713 millones).

Y la lista sigue. ¿Los Chuchos y Calderón los obligarán a pagar lo que deben? No se ría…



Apuntes

Podrá haberse reventado la burbuja que aisla de la realidad a Calderón, por las pugnas y amoríos entre ineptos, pero la lógica facciosa no se rompe: Por eso, sin decoro, Maximiliano Cortázar, autor de filtraciones que aceleraron la aparente purga, fue enviado por su jefe al PAN, donde despacha otro de sus incondicionales: César Nava. Cortázar, futuro diputado federal, se retrata a sí mismo: “Para mí no existen imposibles”…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Blake, el “respetuoso”*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Gloria Leticia Díaz



Pese a que el nuevo secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, dice ser respetuoso de los derechos humanos, durante su gestión en Baja California –donde fue secretario general de Gobierno– dos activistas se vieron obligadas a huir de Tijuana ante el riesgo de ser asesinadas.

Colaboradoras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Silvia Vázquez Camacho y Blanca Mesina Nevárez vieron trastocadas sus vidas tras emprender la defensa de 42 torturados por militares destacados en Tijuana.

Ambas están amenazadas desde que, el 5 de noviembre de 2009, los casos de tortura a 36 policías municipales, dos agentes ministeriales y cuatro civiles fueron presentados en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esas víctimas, 25 policías y los civiles aún están presos en el Cefereso de Nayarit (Proceso 1701 y 1722).

Mesina es hija de Miguel Ángel Mesina, expolicía municipal que ha denunciado al secretario de Seguridad Pública de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, como uno de los torturadores.



Acoso y amenazas



De mensajes intimidatorios a través de familiares de detenidos, el hostigamiento pasó a llamadas amenazantes –una a los padres de Silvia Vázquez el 2 de febrero de este año y varias a Blanca Mesina el siguiente 28 de febrero–, el incendio de una camioneta de Silvia el 2 de febrero y la amenaza directa de un encapuchado contra Blanca el pasado 18 de mayo.

Raúl Ramírez Baena, presidente de la CCDH, dice a Proceso que Blake es responsable del destierro de Mesina y Vázquez: “El tema de derechos humanos es obligado de cualquier titular de Gobernación, federal o estatal (...) en el caso de Silvia y Blanca, no hubo interlocución ni resolución del conflicto que se le planteaba”, apunta.

El 4 de marzo de 2010 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de José Guadalupe Osuna Millán medidas de protección para las activistas, responsabilidad que recayó en la Secretaría General de Gobierno, es decir, en Blake Mora.

Tres meses más tarde, el 4 de junio, ante “las demoras en la implementación de un esquema de seguridad”, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las activistas.

De acuerdo con la notificación, la CIDH solicitó al Estado mexicano “que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Blanca Mesina Nevárez y Silvia Vázquez Camacho y sus familias; que concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes, y que informe a la CIDH sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”.

Antes, el 18 de mayo, en el centro de Tijuana Blanca Mesina fue perseguida y amenazada por un encapuchado.

Desde su refugio –las dos mujeres están fuera de la entidad– Blanca narra a Proceso que mientras circulaba en calles de esa ciudad su auto fue embestido dos veces por una pick up sin placas y con los vidrios polarizados.

Al sentir el segundo golpe: “Aceleré, vi un Oxxo y me metí al estacionamiento (...) me alcanzó la pick up y me estaba bajando de mi carro cuando se me acercó un (...) encapuchado. El hombre me dijo: ‘¿Qué pasó Blanquita? ¿No entendiste que ya no debes estar denunciando? Si no te mato ahorita es por las elecciones (del 4 de julio), no queremos hacer pedos y sabemos que lo tuyo es internacional. Deja de estar chingando’. Me dio un beso en la mejilla y se fue”.

Silvia Vázquez apunta: “La situación era insostenible porque mientras el acoso contra nosotras era cada vez más cercano, no veíamos una coordinación en las tareas de resguardo por parte de las autoridades. En las reuniones en la Unidad de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, de la Segob, lo que advertimos es que los representantes de Baja California y del gobierno federal se pasaban la bolita para evadir la responsabilidad de garantizar nuestra seguridad”.

El pasado 3 de junio, cuenta Vázquez, los peticionarios de las medidas cautelares se levantaron de la mesa de negociaciones en la Segob por la falta de definición de la dependencia. Hasta el jueves 15, las dos mujeres no habían sido convocadas para aplicar esas medidas.

Además no hay avance en las indagatorias por el acoso y amenazas a las activistas en la PGR ni en la Procuraduría General de Justicia de Baja California, pese a que, sostienen las dos, los agentes investigadores de ambas dependencias saben que detrás de los actos de intimidación está el teniente coronel Leyzaola Pérez.

“Esperamos que toda vez que el nuevo secretario (Blake) conoce nuestra situación, actúe consecuentemente con sus manifestaciones rendidas el día de ayer (miércoles 14 de junio) al mencionar que cree en la defensa de los derechos humanos, y realice acciones concretas para que podamos regresar a Tijuana”, puntualiza Vázquez.

Ramírez Baena advierte que el destierro de las activistas es consecuencia de la “ausencia de una política de derechos humanos en Baja California, de lo que era responsable Blake hasta el martes 13 de julio”.



El caso de los pescadores



Como ejemplo de “la línea de Blake”, Ramírez Baena trae a colación el caso de los pescadores indígenas Emilio Hurtado y José Antonio Guerra, detenidos por militares el 19 de mayo acusados de atrapar una totoaba, pez en peligro de extinción.

“Después de semanas de mantener un plantón, Blake Mora se dignó atender a las organizaciones indígenas y a nosotros como defensores; ofreció abogados, pero como lo que se le pedía era que usara sus buenos oficios para interceder a favor de los detenidos ante el gobierno federal, rompió el diálogo. Esa es la línea de Blake.”

Otras activistas, como Alma Díaz, coordinadora de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, y la defensora de derechos de la mujer María del Carmen Rioseco, apuntalan la información sobre Blake Mora.

Díaz afirma que Blake al frente de la Secretaría General de Gobierno, “nunca movió un dedo para crear la fiscalía especial para atender” los casos de mil 700 desaparecidos en la entidad en los últimos 15 años.

Representante de la asociación Alaíde Foppa, María del Carmen Rioseco, consultora también del Instituto Nacional de las Mujeres, sostiene que el actual secretario de Gobernación no fue “un buen vínculo” entre el gobierno estatal y los grupos de mujeres enfocados a los casos de violencia intrafamiliar.

“Desde 2008 pedimos su intervención para instalar el consejo consultivo del Instituto de la Mujer de Baja California, pues la entonces titular, Mayté Aguilar de Ferreiro, no quiso hacerlo.

“Blake Mora jamás nos atendió ni dio respuesta a nuestras peticiones; ni siquiera le hizo caso a la presidenta del Inmujeres, Rocío García Gaytán.”

Tras recordar que durante la gestión de Blake se reformó la Constitución local para decretar el derecho a la vida desde la concepción y que se le acusó de “bloquear iniciativas a favor de los derechos humanos”, Ramírez Baena afirma que Blake “pertenece a sectores conservadores que tiene como línea proteger al grupo gobernante y al partido en el poder. Durante su gestión en Baja California, nunca hubo una política de derechos humanos.”



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La burbuja que reventó*


Daniel Lizárraga



Más que cambios estratégicos, al gabinete de Felipe Calderón lo caracterizan auténticas mutilaciones, parches mal puestos, retazos de solución... Salvo un par de excepciones, del equipo original del presidente, aquel con el que llegó a Los Pinos en 2006, queda nada más el recuerdo. Las defenestraciones de Fernando Gómez Mont y Patricia Flores, si bien anunciadas no dejan de cimbrar a la principal institución del país, que ya muestra la cara de la derrota. Por si algo faltara, la renuncia del vocero presidencial, Maximiliano Cortázar, tiene todo el tufo de un castigo ejemplar. Ahora, analistas y ciudadanos se preguntan: ¿Cuántas bajas más están en puerta?



El 6 de agosto de 2008, Felipe Calderón entregó a Patricia Flores Elizondo las riendas de su gabinete al nombrarla jefa de la Oficina de la Presidencia, aun a sabiendas de que no contaba con carrera partidista, que carecía de experiencia política en el gobierno y que no había ganado ni una elección municipal.

Nacida en Durango hace 42 años, Patricia Flores es una comunicóloga egresada de la Universidad de Monterrey. Conoció a Felipe Calderón en 2000, cuando ella fue secretaria general de la Cámara de Diputados y él era coordinador de la bancada del PAN.

A diferencia de algunos de los amigos que rodean al mandatario, Patricia Flores nunca ha ocupado una curul ni un escaño. Sin embargo, fue la heredera del poder que tuviera en su momento el fallecido Juan Camilo Mouriño, a quien en los hechos se le consideraba como un vicepresidente, aunque ese cargo no exista formalmente en México.

Apenas el pasado 11 de junio fue presentada por Quién –una de las revistas del corazón más conocidas en México– como “La mujer que mueve Los Pinos”. En el texto aparecieron fotografías de ella posando perfectamente peinada y maquillada.

Un mes después, Patricia Flores dejó de ser la jefa de la Oficina de la Presidencia en medio de un incesante golpeteo desde columnas y editoriales de diarios de la Ciudad de México, en los que la describieron como una conspiradora, promotora de nombramientos, renuncias y venganzas políticas dentro del gabinete y, sobre todo, como la voz que más pesaba en las decisiones de Calderón, hasta el punto de fracturar a su equipo de trabajo.

Ante la presión mediática y política dentro de Los Pinos, Flores soltó las riendas del poder el miércoles 14. Su salida, junto con la del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, estaba planeada para el siguiente lunes.

No obstante, de un momento a otro Felipe Calderón adelantó la decisión. El secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien estaba en gira por Alemania, recibió una llamada de la Presidencia para que suspendiera sus citas con empresarios del ramo automotriz y regresara, de inmediato, a México a fin de hacerse cargo nuevamente de la Oficina de la Presidencia.

La tarde en que se anunció su salida, en el salón Manuel Ávila Camacho de la sede presidencial, Patricia Flores mostraba unas gruesas ojeras; mientras Calderón agradecía su trabajo ella no dejaba de mover dedos y piernas, jalaba aire como si le costara trabajo respirar y pasaba saliva como si trajera un dulce en la boca. La mirada la puso en el techo o en las paredes mientras decenas de flashes le estallaban en el rostro descompuesto.

Calderón, que la miraba fijamente, explicó que ella “coordinó eficientemente” a sus colaboradores en momentos críticos, como la crisis de la influenza A/H1N1, la puesta en marcha de medidas contracíclicas durante la recesión económica internacional, así como en la ejecución operativa de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Además de coordinar a los gabinetes de seguridad, social, económico y el de infraestructura –dijo Calderón–, impulsó la realización de proyectos especiales, como las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.

“En la jefatura de la Oficina de la Presidencia se impulsaron programas que seguramente dejarán huella en este gobierno: la cobertura universal de salud, la infraestructura carretera y hospitalaria, la lucha por la seguridad pública, entre muchos otros”, puntualizó el mandatario.

Dotar a todos los niños mexicanos de un seguro universal de salud al terminar el actual gobierno, en 2012, es uno de los proyectos más apreciados por Calderón, y todo su equipo sabe eso desde los tiempos de la transición presidencial, entre agosto y diciembre de 2006.

Nada se sabía en público de algunas de las tareas que ella condujo desde su escritorio.

Al salón Manuel Ávila Camacho acudió el equipo de Los Pinos. Aquellos que nunca asoman el rostro en público –como Rafael Giménez, coordinador de Opinión Pública– ocuparon los sitios para invitados especiales. Alejandra Sota, todavía coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental, permaneció de pie atenta a los movimientos y a los discursos de quienes se iban del equipo de trabajo.

En dos ocasiones Gómez Mont –quien en ese momento dejaba de ser secretario de Gobernación– y Gerardo Ruiz –quien abandonaba Economía– tomaron del brazo a Flores para susurrarle algo al oído. Ella, nerviosa, permaneció un momento quieta y siguió respirando profundamente.

Cuando terminó el acto, la recién destituida caminó presurosa hacia la primera fila de los invitados especiales. Allí uno de sus colaboradores le dio una botella de agua y ella bebió como si acabara de correr una maratón.



La sobrina consentida



Patricia Flores tuvo su primer contacto con el mundo de la política de la mano de su tío Rodolfo Elizondo, personaje del panismo desde los tiempos en que era oposición y, posteriormente, una figura en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los gabinetes de Vicente Fox y Felipe Calderón.

El senador hizo a su sobrina –las revistas del corazón dicen que es su consentida– secretaria técnica de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que buscó establecer acuerdos de paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) entre 1994 y 1997.

Los reporteros y enviados a Chiapas la recuerdan como la encargada de pagar los hoteles, las comidas y todos los gastos generados por los senadores y diputados de la Cocopa. Entre ellos estaba Rodolfo Elizondo, quien desde aquellos años ya era cercano a Felipe Calderón.

De acuerdo con registros públicos, Patricia Flores se afilió al PAN en 1994, cuando su tío la incorporó a esa comisión, en la que también había personajes como Heberto Castillo y Luis H. Álvarez.

En 1997, una vez terminada su tarea en la Cocopa, Patricia Flores llegó a la Cámara de Diputados como coordinadora técnica en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, cuando su tío aún ocupaba una curul.

La carrera de Patricia Flores transitó por ahí en puestos puramente administrativos. En 1999 ascendió a jefa de la Oficina de Apoyo a la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Ese año la presidencia de la mesa directiva recayó en un panista: Francisco José Paoli Bolio.

Más adelante, a partir de 2001, Flores llegó a ser secretaria general de la Cámara de Diputados.

En ese periodo enfrentó una oleada de críticas cuando un grupo de diputados del PRD, coordinados por Martí Batres, denunció que ella y parte de su equipo cobraron aguinaldos de alrededor de 500 mil pesos y, además, había aprobado una liquidación de más 700 mil pesos para Jesús Cabrera Castillo Nájera, director de Seguridad y Resguardo (casualmente, esposo de Patricia).

No obstante, Flores permaneció en el mismo puesto hasta 2004, cuando presuntamente pasó a la Fundación Colosio del PRI, de acuerdo con una revisión hemerográfica. Sin embargo, ella misma se ha encargado de desmentir esa versión.

Lo que no ha podido negar es que a partir de 2006 se incorporó al equipo de transición presidencial encabezado por Juan Camilo Mouriño. En ese periodo ella ganó 72 mil pesos mensuales y en la lista de colaboradores no era la única persona con los apellidos Flores Elizondo.

Según consta en documentos obtenidos por Proceso –expedientes de Banjército obtenidos merced a la Ley de Acceso a la Información– una de sus hermanas, Laurencia Flores Elizondo, obtuvo 32 mil 479 pesos cada 30 días en ese mismo periodo de transición. Otra de sus hermanas, Aidé, ha sido jefa de la División de Adquisiciones de Bienes y Contrataciones del IMSS.

La esposa de Rodolfo Elizondo, María Cecilia del Palacio Flores, también estaba en la nómina con un salario de 32 mil 479 pesos mensuales. Esta última se desempeñó como la número dos en el equipo de apoyo de la primera dama, Margarita Zavala, al inicio del actual gobierno.



La llegada a Los Pinos



Luego de que Felipe Calderón tomó posesión, Patricia Flores apareció en el equipo de Los Pinos como coordinadora general de Administración, a las órdenes del entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño.

El accidente aéreo en el que murió éste y los cambios forzados dentro del gabinete catapultaron a Patricia Flores hasta el número dos en la jerarquía de Los Pinos. A partir del 6 agosto de 2008 y hasta el pasado miércoles ella controló el dinero, coordinó al gabinete, nombró y quitó delegados de las secretarías de Estado en todo el país, pretendió influir en las políticas de comunicación, revisó los discursos en fechas importantes e incluso se adentró en la Secretaría de Salud, asunto que metió continuamente en problemas al titular del ramo, José Ángel Córdova Villalobos.

Todo con la venia de Felipe Calderón, quien la consideró durante casi dos años como su persona de mayor confianza. No había asunto importante que no pasara por su oficina. La fuerza que tomó Flores fue provocando fracturas dentro del equipo presidencial. Uno de los enconos surgió con el coordinador de Comunicación Social, Max Cortázar, quien en alguna ocasión entabló con ella una fuerte discusión, que terminó gracias a la intervención del secretario particular del presidente, Luis Felipe Bravo Mena.



El “affaire” Téllez



Entre 2009 y 2010, la exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, envió tarjetas informativas y oficios a Felipe Calderón en los que se describían presuntas irregularidades, algunas graves, en el manejo de los satélites, así como en correos, en concesiones, en licitaciones y, en general, en el manejo oficial respecto de los operadores de telecomunicaciones, cometidas por el secretario del ramo, Luis Téllez.

Esa información en lugar de ser transmitida tal cual al mandatario, primero pasó la aduana de la Oficina de la Presidencia. Fue ahí donde, de acuerdo con versiones obtenidas por Proceso, Luis Téllez y la propia Patricia Flores habrían maquinado las acusaciones –periodísticas y luego penales– contra Carpinteyro, quien mediante sus informes presuntamente alertaba sobre negocios irregulares y fallos a favor de Televisa.

Patricia Flores fue durante casi dos años símbolo de poder. Aun cuando orgánicamente no tenía las mismas atribuciones de Juan Camilo Mouriño, ella también manejó las riendas. En 16 años de carrera era la número dos en México, apenas por debajo del presidente.

Y si bien dentro de Los Pinos hizo sentir siempre su peso por la cercanía con el mandatario, no era una figura pública.

Sin embargo, durante los últimos tres meses se desencadenó una embestida mediática en su contra desde columnas y editoriales en diarios como El Universal, Milenio y Reforma.

En esos espacios se llamó a Patricia Flores “la jefa”, se le tildó de ser el poder tras el trono, dueña de un inmenso poder dentro de Los Pinos que le podía hablar al oído a Felipe Calderón y cuya negatividad amenazaba la estabilidad del grupo que ha rodeado al mandatario desde hace años.

De manejarse en un bajo perfil, repentinamente quedó expuesta como la villana dentro de Los Pinos. Además, el reportero de uno de esos rotativos dio cuenta de cómo sus familiares seguían cobrando dentro del gobierno de Felipe Calderón.

Por medio de la información dada a los columnistas desde el gabinete y, sobre todo, desde la propia residencial oficial de Los Pinos se pasó por alto uno de los principios fundamentales del calderonismo: evitar las filtraciones a la prensa.

Al nombrar a Gerardo Ruiz, otro de sus amigos, jefe de la Oficina de la Presidencia, Calderón le instruyó hacer una revisión puntual de esa instancia, rediseñar mecanismos que incrementen su eficacia y, en consecuencia, emprender una reestructura indispensable para cumplir con sus objetivos en sus distintas facetas, tanto de comunicación como de relaciones públicas y de seguimiento de los programas prioritarios de gobierno.

Calderón fue especialmente enfático al encargarle organizar un “seguimiento puntual” de los compromisos oficiales a fin de “cumplirlos a tiempo, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, y construir también en tiempo y forma los principales programas y proyectos de la administración pública”.

Mientras Calderón externaba esas ideas, Patricia Flores apretaba las mandíbulas, respiraba más hondo y trataba de sostener una sonrisa forzada.

*Tomado de la revista Proceso.