Blake, el “respetuoso”*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Gloria Leticia Díaz



Pese a que el nuevo secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, dice ser respetuoso de los derechos humanos, durante su gestión en Baja California –donde fue secretario general de Gobierno– dos activistas se vieron obligadas a huir de Tijuana ante el riesgo de ser asesinadas.

Colaboradoras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Silvia Vázquez Camacho y Blanca Mesina Nevárez vieron trastocadas sus vidas tras emprender la defensa de 42 torturados por militares destacados en Tijuana.

Ambas están amenazadas desde que, el 5 de noviembre de 2009, los casos de tortura a 36 policías municipales, dos agentes ministeriales y cuatro civiles fueron presentados en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esas víctimas, 25 policías y los civiles aún están presos en el Cefereso de Nayarit (Proceso 1701 y 1722).

Mesina es hija de Miguel Ángel Mesina, expolicía municipal que ha denunciado al secretario de Seguridad Pública de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, como uno de los torturadores.



Acoso y amenazas



De mensajes intimidatorios a través de familiares de detenidos, el hostigamiento pasó a llamadas amenazantes –una a los padres de Silvia Vázquez el 2 de febrero de este año y varias a Blanca Mesina el siguiente 28 de febrero–, el incendio de una camioneta de Silvia el 2 de febrero y la amenaza directa de un encapuchado contra Blanca el pasado 18 de mayo.

Raúl Ramírez Baena, presidente de la CCDH, dice a Proceso que Blake es responsable del destierro de Mesina y Vázquez: “El tema de derechos humanos es obligado de cualquier titular de Gobernación, federal o estatal (...) en el caso de Silvia y Blanca, no hubo interlocución ni resolución del conflicto que se le planteaba”, apunta.

El 4 de marzo de 2010 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de José Guadalupe Osuna Millán medidas de protección para las activistas, responsabilidad que recayó en la Secretaría General de Gobierno, es decir, en Blake Mora.

Tres meses más tarde, el 4 de junio, ante “las demoras en la implementación de un esquema de seguridad”, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las activistas.

De acuerdo con la notificación, la CIDH solicitó al Estado mexicano “que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Blanca Mesina Nevárez y Silvia Vázquez Camacho y sus familias; que concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes, y que informe a la CIDH sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”.

Antes, el 18 de mayo, en el centro de Tijuana Blanca Mesina fue perseguida y amenazada por un encapuchado.

Desde su refugio –las dos mujeres están fuera de la entidad– Blanca narra a Proceso que mientras circulaba en calles de esa ciudad su auto fue embestido dos veces por una pick up sin placas y con los vidrios polarizados.

Al sentir el segundo golpe: “Aceleré, vi un Oxxo y me metí al estacionamiento (...) me alcanzó la pick up y me estaba bajando de mi carro cuando se me acercó un (...) encapuchado. El hombre me dijo: ‘¿Qué pasó Blanquita? ¿No entendiste que ya no debes estar denunciando? Si no te mato ahorita es por las elecciones (del 4 de julio), no queremos hacer pedos y sabemos que lo tuyo es internacional. Deja de estar chingando’. Me dio un beso en la mejilla y se fue”.

Silvia Vázquez apunta: “La situación era insostenible porque mientras el acoso contra nosotras era cada vez más cercano, no veíamos una coordinación en las tareas de resguardo por parte de las autoridades. En las reuniones en la Unidad de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, de la Segob, lo que advertimos es que los representantes de Baja California y del gobierno federal se pasaban la bolita para evadir la responsabilidad de garantizar nuestra seguridad”.

El pasado 3 de junio, cuenta Vázquez, los peticionarios de las medidas cautelares se levantaron de la mesa de negociaciones en la Segob por la falta de definición de la dependencia. Hasta el jueves 15, las dos mujeres no habían sido convocadas para aplicar esas medidas.

Además no hay avance en las indagatorias por el acoso y amenazas a las activistas en la PGR ni en la Procuraduría General de Justicia de Baja California, pese a que, sostienen las dos, los agentes investigadores de ambas dependencias saben que detrás de los actos de intimidación está el teniente coronel Leyzaola Pérez.

“Esperamos que toda vez que el nuevo secretario (Blake) conoce nuestra situación, actúe consecuentemente con sus manifestaciones rendidas el día de ayer (miércoles 14 de junio) al mencionar que cree en la defensa de los derechos humanos, y realice acciones concretas para que podamos regresar a Tijuana”, puntualiza Vázquez.

Ramírez Baena advierte que el destierro de las activistas es consecuencia de la “ausencia de una política de derechos humanos en Baja California, de lo que era responsable Blake hasta el martes 13 de julio”.



El caso de los pescadores



Como ejemplo de “la línea de Blake”, Ramírez Baena trae a colación el caso de los pescadores indígenas Emilio Hurtado y José Antonio Guerra, detenidos por militares el 19 de mayo acusados de atrapar una totoaba, pez en peligro de extinción.

“Después de semanas de mantener un plantón, Blake Mora se dignó atender a las organizaciones indígenas y a nosotros como defensores; ofreció abogados, pero como lo que se le pedía era que usara sus buenos oficios para interceder a favor de los detenidos ante el gobierno federal, rompió el diálogo. Esa es la línea de Blake.”

Otras activistas, como Alma Díaz, coordinadora de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, y la defensora de derechos de la mujer María del Carmen Rioseco, apuntalan la información sobre Blake Mora.

Díaz afirma que Blake al frente de la Secretaría General de Gobierno, “nunca movió un dedo para crear la fiscalía especial para atender” los casos de mil 700 desaparecidos en la entidad en los últimos 15 años.

Representante de la asociación Alaíde Foppa, María del Carmen Rioseco, consultora también del Instituto Nacional de las Mujeres, sostiene que el actual secretario de Gobernación no fue “un buen vínculo” entre el gobierno estatal y los grupos de mujeres enfocados a los casos de violencia intrafamiliar.

“Desde 2008 pedimos su intervención para instalar el consejo consultivo del Instituto de la Mujer de Baja California, pues la entonces titular, Mayté Aguilar de Ferreiro, no quiso hacerlo.

“Blake Mora jamás nos atendió ni dio respuesta a nuestras peticiones; ni siquiera le hizo caso a la presidenta del Inmujeres, Rocío García Gaytán.”

Tras recordar que durante la gestión de Blake se reformó la Constitución local para decretar el derecho a la vida desde la concepción y que se le acusó de “bloquear iniciativas a favor de los derechos humanos”, Ramírez Baena afirma que Blake “pertenece a sectores conservadores que tiene como línea proteger al grupo gobernante y al partido en el poder. Durante su gestión en Baja California, nunca hubo una política de derechos humanos.”



++++++++++++++++++++++++


La burbuja que reventó*


Daniel Lizárraga



Más que cambios estratégicos, al gabinete de Felipe Calderón lo caracterizan auténticas mutilaciones, parches mal puestos, retazos de solución... Salvo un par de excepciones, del equipo original del presidente, aquel con el que llegó a Los Pinos en 2006, queda nada más el recuerdo. Las defenestraciones de Fernando Gómez Mont y Patricia Flores, si bien anunciadas no dejan de cimbrar a la principal institución del país, que ya muestra la cara de la derrota. Por si algo faltara, la renuncia del vocero presidencial, Maximiliano Cortázar, tiene todo el tufo de un castigo ejemplar. Ahora, analistas y ciudadanos se preguntan: ¿Cuántas bajas más están en puerta?



El 6 de agosto de 2008, Felipe Calderón entregó a Patricia Flores Elizondo las riendas de su gabinete al nombrarla jefa de la Oficina de la Presidencia, aun a sabiendas de que no contaba con carrera partidista, que carecía de experiencia política en el gobierno y que no había ganado ni una elección municipal.

Nacida en Durango hace 42 años, Patricia Flores es una comunicóloga egresada de la Universidad de Monterrey. Conoció a Felipe Calderón en 2000, cuando ella fue secretaria general de la Cámara de Diputados y él era coordinador de la bancada del PAN.

A diferencia de algunos de los amigos que rodean al mandatario, Patricia Flores nunca ha ocupado una curul ni un escaño. Sin embargo, fue la heredera del poder que tuviera en su momento el fallecido Juan Camilo Mouriño, a quien en los hechos se le consideraba como un vicepresidente, aunque ese cargo no exista formalmente en México.

Apenas el pasado 11 de junio fue presentada por Quién –una de las revistas del corazón más conocidas en México– como “La mujer que mueve Los Pinos”. En el texto aparecieron fotografías de ella posando perfectamente peinada y maquillada.

Un mes después, Patricia Flores dejó de ser la jefa de la Oficina de la Presidencia en medio de un incesante golpeteo desde columnas y editoriales de diarios de la Ciudad de México, en los que la describieron como una conspiradora, promotora de nombramientos, renuncias y venganzas políticas dentro del gabinete y, sobre todo, como la voz que más pesaba en las decisiones de Calderón, hasta el punto de fracturar a su equipo de trabajo.

Ante la presión mediática y política dentro de Los Pinos, Flores soltó las riendas del poder el miércoles 14. Su salida, junto con la del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, estaba planeada para el siguiente lunes.

No obstante, de un momento a otro Felipe Calderón adelantó la decisión. El secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien estaba en gira por Alemania, recibió una llamada de la Presidencia para que suspendiera sus citas con empresarios del ramo automotriz y regresara, de inmediato, a México a fin de hacerse cargo nuevamente de la Oficina de la Presidencia.

La tarde en que se anunció su salida, en el salón Manuel Ávila Camacho de la sede presidencial, Patricia Flores mostraba unas gruesas ojeras; mientras Calderón agradecía su trabajo ella no dejaba de mover dedos y piernas, jalaba aire como si le costara trabajo respirar y pasaba saliva como si trajera un dulce en la boca. La mirada la puso en el techo o en las paredes mientras decenas de flashes le estallaban en el rostro descompuesto.

Calderón, que la miraba fijamente, explicó que ella “coordinó eficientemente” a sus colaboradores en momentos críticos, como la crisis de la influenza A/H1N1, la puesta en marcha de medidas contracíclicas durante la recesión económica internacional, así como en la ejecución operativa de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Además de coordinar a los gabinetes de seguridad, social, económico y el de infraestructura –dijo Calderón–, impulsó la realización de proyectos especiales, como las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.

“En la jefatura de la Oficina de la Presidencia se impulsaron programas que seguramente dejarán huella en este gobierno: la cobertura universal de salud, la infraestructura carretera y hospitalaria, la lucha por la seguridad pública, entre muchos otros”, puntualizó el mandatario.

Dotar a todos los niños mexicanos de un seguro universal de salud al terminar el actual gobierno, en 2012, es uno de los proyectos más apreciados por Calderón, y todo su equipo sabe eso desde los tiempos de la transición presidencial, entre agosto y diciembre de 2006.

Nada se sabía en público de algunas de las tareas que ella condujo desde su escritorio.

Al salón Manuel Ávila Camacho acudió el equipo de Los Pinos. Aquellos que nunca asoman el rostro en público –como Rafael Giménez, coordinador de Opinión Pública– ocuparon los sitios para invitados especiales. Alejandra Sota, todavía coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental, permaneció de pie atenta a los movimientos y a los discursos de quienes se iban del equipo de trabajo.

En dos ocasiones Gómez Mont –quien en ese momento dejaba de ser secretario de Gobernación– y Gerardo Ruiz –quien abandonaba Economía– tomaron del brazo a Flores para susurrarle algo al oído. Ella, nerviosa, permaneció un momento quieta y siguió respirando profundamente.

Cuando terminó el acto, la recién destituida caminó presurosa hacia la primera fila de los invitados especiales. Allí uno de sus colaboradores le dio una botella de agua y ella bebió como si acabara de correr una maratón.



La sobrina consentida



Patricia Flores tuvo su primer contacto con el mundo de la política de la mano de su tío Rodolfo Elizondo, personaje del panismo desde los tiempos en que era oposición y, posteriormente, una figura en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los gabinetes de Vicente Fox y Felipe Calderón.

El senador hizo a su sobrina –las revistas del corazón dicen que es su consentida– secretaria técnica de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que buscó establecer acuerdos de paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) entre 1994 y 1997.

Los reporteros y enviados a Chiapas la recuerdan como la encargada de pagar los hoteles, las comidas y todos los gastos generados por los senadores y diputados de la Cocopa. Entre ellos estaba Rodolfo Elizondo, quien desde aquellos años ya era cercano a Felipe Calderón.

De acuerdo con registros públicos, Patricia Flores se afilió al PAN en 1994, cuando su tío la incorporó a esa comisión, en la que también había personajes como Heberto Castillo y Luis H. Álvarez.

En 1997, una vez terminada su tarea en la Cocopa, Patricia Flores llegó a la Cámara de Diputados como coordinadora técnica en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, cuando su tío aún ocupaba una curul.

La carrera de Patricia Flores transitó por ahí en puestos puramente administrativos. En 1999 ascendió a jefa de la Oficina de Apoyo a la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Ese año la presidencia de la mesa directiva recayó en un panista: Francisco José Paoli Bolio.

Más adelante, a partir de 2001, Flores llegó a ser secretaria general de la Cámara de Diputados.

En ese periodo enfrentó una oleada de críticas cuando un grupo de diputados del PRD, coordinados por Martí Batres, denunció que ella y parte de su equipo cobraron aguinaldos de alrededor de 500 mil pesos y, además, había aprobado una liquidación de más 700 mil pesos para Jesús Cabrera Castillo Nájera, director de Seguridad y Resguardo (casualmente, esposo de Patricia).

No obstante, Flores permaneció en el mismo puesto hasta 2004, cuando presuntamente pasó a la Fundación Colosio del PRI, de acuerdo con una revisión hemerográfica. Sin embargo, ella misma se ha encargado de desmentir esa versión.

Lo que no ha podido negar es que a partir de 2006 se incorporó al equipo de transición presidencial encabezado por Juan Camilo Mouriño. En ese periodo ella ganó 72 mil pesos mensuales y en la lista de colaboradores no era la única persona con los apellidos Flores Elizondo.

Según consta en documentos obtenidos por Proceso –expedientes de Banjército obtenidos merced a la Ley de Acceso a la Información– una de sus hermanas, Laurencia Flores Elizondo, obtuvo 32 mil 479 pesos cada 30 días en ese mismo periodo de transición. Otra de sus hermanas, Aidé, ha sido jefa de la División de Adquisiciones de Bienes y Contrataciones del IMSS.

La esposa de Rodolfo Elizondo, María Cecilia del Palacio Flores, también estaba en la nómina con un salario de 32 mil 479 pesos mensuales. Esta última se desempeñó como la número dos en el equipo de apoyo de la primera dama, Margarita Zavala, al inicio del actual gobierno.



La llegada a Los Pinos



Luego de que Felipe Calderón tomó posesión, Patricia Flores apareció en el equipo de Los Pinos como coordinadora general de Administración, a las órdenes del entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño.

El accidente aéreo en el que murió éste y los cambios forzados dentro del gabinete catapultaron a Patricia Flores hasta el número dos en la jerarquía de Los Pinos. A partir del 6 agosto de 2008 y hasta el pasado miércoles ella controló el dinero, coordinó al gabinete, nombró y quitó delegados de las secretarías de Estado en todo el país, pretendió influir en las políticas de comunicación, revisó los discursos en fechas importantes e incluso se adentró en la Secretaría de Salud, asunto que metió continuamente en problemas al titular del ramo, José Ángel Córdova Villalobos.

Todo con la venia de Felipe Calderón, quien la consideró durante casi dos años como su persona de mayor confianza. No había asunto importante que no pasara por su oficina. La fuerza que tomó Flores fue provocando fracturas dentro del equipo presidencial. Uno de los enconos surgió con el coordinador de Comunicación Social, Max Cortázar, quien en alguna ocasión entabló con ella una fuerte discusión, que terminó gracias a la intervención del secretario particular del presidente, Luis Felipe Bravo Mena.



El “affaire” Téllez



Entre 2009 y 2010, la exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, envió tarjetas informativas y oficios a Felipe Calderón en los que se describían presuntas irregularidades, algunas graves, en el manejo de los satélites, así como en correos, en concesiones, en licitaciones y, en general, en el manejo oficial respecto de los operadores de telecomunicaciones, cometidas por el secretario del ramo, Luis Téllez.

Esa información en lugar de ser transmitida tal cual al mandatario, primero pasó la aduana de la Oficina de la Presidencia. Fue ahí donde, de acuerdo con versiones obtenidas por Proceso, Luis Téllez y la propia Patricia Flores habrían maquinado las acusaciones –periodísticas y luego penales– contra Carpinteyro, quien mediante sus informes presuntamente alertaba sobre negocios irregulares y fallos a favor de Televisa.

Patricia Flores fue durante casi dos años símbolo de poder. Aun cuando orgánicamente no tenía las mismas atribuciones de Juan Camilo Mouriño, ella también manejó las riendas. En 16 años de carrera era la número dos en México, apenas por debajo del presidente.

Y si bien dentro de Los Pinos hizo sentir siempre su peso por la cercanía con el mandatario, no era una figura pública.

Sin embargo, durante los últimos tres meses se desencadenó una embestida mediática en su contra desde columnas y editoriales en diarios como El Universal, Milenio y Reforma.

En esos espacios se llamó a Patricia Flores “la jefa”, se le tildó de ser el poder tras el trono, dueña de un inmenso poder dentro de Los Pinos que le podía hablar al oído a Felipe Calderón y cuya negatividad amenazaba la estabilidad del grupo que ha rodeado al mandatario desde hace años.

De manejarse en un bajo perfil, repentinamente quedó expuesta como la villana dentro de Los Pinos. Además, el reportero de uno de esos rotativos dio cuenta de cómo sus familiares seguían cobrando dentro del gobierno de Felipe Calderón.

Por medio de la información dada a los columnistas desde el gabinete y, sobre todo, desde la propia residencial oficial de Los Pinos se pasó por alto uno de los principios fundamentales del calderonismo: evitar las filtraciones a la prensa.

Al nombrar a Gerardo Ruiz, otro de sus amigos, jefe de la Oficina de la Presidencia, Calderón le instruyó hacer una revisión puntual de esa instancia, rediseñar mecanismos que incrementen su eficacia y, en consecuencia, emprender una reestructura indispensable para cumplir con sus objetivos en sus distintas facetas, tanto de comunicación como de relaciones públicas y de seguimiento de los programas prioritarios de gobierno.

Calderón fue especialmente enfático al encargarle organizar un “seguimiento puntual” de los compromisos oficiales a fin de “cumplirlos a tiempo, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, y construir también en tiempo y forma los principales programas y proyectos de la administración pública”.

Mientras Calderón externaba esas ideas, Patricia Flores apretaba las mandíbulas, respiraba más hondo y trataba de sostener una sonrisa forzada.

*Tomado de la revista Proceso.