La duplicidad*

Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón y El Universal, Helioflores.

Luis Javier Garrido

La crisis de México tiene un rasgo fundamental que muy pocos han querido abordar y es el de un gobierno que siendo, de facto, o acaso por esto mismo, no le importa actuar en la más absoluta ilegalidad.

1. El rasgo fundamental que ha tenido la supuesta política “de seguridad nacional” del gobierno de facto de Felipe Calderón en estos tres años ha sido que sus acciones se han llevado a cabo al margen –y en contra– de lo prescrito por la Constitución General de la República, como está aconteciendo en materia laboral y petrolera –dos casos de singular trascendencia–, y acaso en todos los ámbitos de la vida nacional, lo que ha conducido a que país se halle hundido en plena ilegalidad.

2. El problema central ante esta circunstancia no lo constituye el hecho de que un gobierno, que no fue electo por los mexicanos, actúe al margen del marco constitucional y violando principios fundamentales del país, sino que al haber extremado la política de gobernar por acuerdos y decretos y parchar con disposiciones aberrantes las leyes secundarias, como ahora se trata de hacer en materia de seguridad nacional ante las exigencias de Washington, el clamor de organismos defensores de derechos humanos o el creciente enojo de las cúpulas militares, lo que se ha logrado es destruir el entramado legal del país, el principio de la seguridad jurídica y el consenso nacional en torno a lo fundamental.

3. En México existen hoy dos marcos de referencia para las acciones del gobierno panista: la Ley Suprema del país, que no respeta, y las prácticas y normas neoliberales, de corte despótico y antinacional, que nos están imponiendo desde el exterior, y ante las que se doblega, pero que no son leyes en México. El desmantelamiento de la Constitución mexicana, calificada por los centros de poder neoliberal de “intervencionista” y “estatista”, ha sido uno de sus objetivos en estos años, pero lo que han logrado los fanáticos panistas no sólo es hundir al país en la pobreza y la degradación, sino instaurar un escenario social al margen e la legalidad.

4. El marco constitucional mexicano establece que el Ejército no puede investigar ni perseguir los delitos, pero el gobierno panista se empeña en que así sea; en materia petrolera y de energía está claramente prohibido otorgar concesiones y contratos a los particulares y ya Calderón ha cuadriculado las aguas territoriales del Golfo de México y les está entregando contratos inadmisibles a las corporaciones trasnacionales con las que él y sus amigos se encuentran amafiados; los trabajadores tienen derechos constitucionales fundamentales y la Secretaría del Trabajo se los desconoce de manera escandalosa a electricistas y a mineros; el juego está constitucionalmente prohibido, pero los casinos se multiplican por el país.

5. El diseño que se está haciendo en Estados Unidos de las “nuevas instituciones” de facto mexicanas, muy distintas de las previstas en la Constitución de 1917, no se oculta ya, y se va filtrando a los medios para recoger el aval de la derecha mexicana. El ex presidente Bill Clinton demandó en una conferencia en la Universidad del Valle de México, el sábado 24, que se implante aquí lo que en los hechos se ha venido instaurando: un Plan México, que, a semejanza del Plan Colombia, con el pretexto de combatir al narcotráfico, cree en México, como en el país sudamericano, un escenario de terror en el que se “legitimen” las actividades de las agencias de seguridad de Estados Unidos y su control estratégico del país. Y si al día siguiente de estas declaraciones Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación, negó que esto fuera a acontecer, decenas de columnistas y de voceros de grupos privados externaron su respaldo a dicho plan.
6. La firma del Plan México no sería más que la formalización de medidas de facto que ya se le han impuesto a México durante el gobierno entreguista de Calderón: la militarización de amplias regiones del país, el escenario de violencia generalizada, la intervención en territorio mexicano de un número creciente de oficiales estadunidenses, la creación de grupos paramilitares, la expedición de un nuevo marco legal violatorio de la Constitución y la subordinación de las acciones de las fuerzas armadas mexicanas a las decisiones de Washington. El proyecto, que según Clinton fue expuesto ya a los funcionarios mexicanos por su esposa Hillary (secretaria de Estado), ya está siendo analizado en el Congreso, según informó, lo que a nadie pareció sorprender.

7. La nueva Ley de Seguridad Nacional, al igual que las reformas al Código de Justicia Militar, que está aprobando el Congreso de la Unión, constituye, por lo mismo, un nuevo bodrio legal contrario a la Constitución General de la República, que se inscribe en el marco de los cambios exigidos desde Washington, pues lo que se busca con esta serie de textos vagos e imprecisos es asegurar a las fuerzas armadas que existe un marco jurídico para que desempeñen tareas policiacas (lo que les prohíbe la Constitución General de la República) y al mismo tiempo hacer creer a las instancias internacionales que los militares ya podrán ser procesados en México por sus delitos contra el pueblo (cuando esto seguirá siendo una decisión discrecional del Ejecutivo), así como el hecho de que éste no tiene ya tantas facultades (cuando lo que se está haciendo es precisamente fortalecer su discrecionalidad o, mejor dicho, su autoritarismo).

8. La expedición en el estado de Arizona de la Ley SB 1070 el 23 de abril, que criminaliza a los migrantes ilegales y conduce a un mayor acoso y discriminación de todos los trabajadores latinoamericanos, debe entenderse en el contexto del doble lenguaje del neoliberalismo, que caracteriza ahora las relaciones entre México y Estados Unidos. No como la iniciativa de un grupo extremista, sino como un elemento más de las políticas antilatinoamericanas del gobierno estadunidense, las que está coadyuvando de manera clara a imponer la administración ilegítima de Calderón, para servir a intereses del otro lado de la frontera. La gobernadora Jan Brewer, de Arizona, ha visto subir ya su popularidad mientras el sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, organiza las primeras redadas al amparo de la nueva ley.

9. El gobierno de Calderón se ha caracterizado en estos tres años por mentir como pocos gobiernos lo han hecho en el pasado al pueblo mexicano, tratando infructuosamente de engañarlo en materia económica y de empleo, y muy particularmente en lo tocante a la violencia que ha desatado en el país y de la cual es el responsable, pero también, y sobre todo, en cuanto a la legalidad de sus actos.

10. Un gobierno como el panista, que se mueve por atavismos y un odio secular a las leyes fundamentales de México, no podría generar otro escenario como el actual: un escenario de desastre en el que urge restablecer un marco de legalidad para que el país pueda retomar otro camino.

*Tomado de La Jornada.

De militares y derechos constitucionales*

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y El Fisgón y El Universal, Helioflores.

Octavio Rodríguez Araujo

El jueves pasado fui detenido por un retén militar. El soldado que habló conmigo fue amable y hasta sonriente. Me pidió que descendiera de mi automóvil porque tendría que hacer una revisión. Le hice notar que podía hacerla, pero que no era constitucional. Me recitó de memoria el artículo 89, fracción VI, de la Constitución: es facultad del Presidente de la República preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Le dije que sí, pero que antes estaba el artículo 16 del mismo texto constitucional. No había terminado de hablar cuando el soldado, haciendo alarde de su memoria, me recitó el inicio del 16: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. “¿Y entonces?” El soldado se rió, añadiendo que él recibía órdenes de sus superiores y que estaba haciendo su trabajo. Me reí también y le dije que estaba bien, que revisara mi carro, “bajo protesta”, añadí entre dientes. Abrió la cajuelita de guantes y tomó en sus manos la cartera donde está el manual del vehículo, lo movió con un dedo y sonriendo me dijo, “ya está revisado”. Ahí quedó todo, me subí de nuevo al carro y continué mi camino.

Tal vez no me vio cara de narcotraficante, pero, a pesar de ser anticonstitucional lo que estaba haciendo ese grupo militar, no me ofendí, aunque tuve cuidado de no discutir ni enfrentar a los soldados, por aquello de que se les fuera la mano, se pusieran nerviosos y me acribillaran. También pensé que mientras era revisado mi vehículo (que no mi persona) podría haber pasado un grupo de facinerosos y so pretexto de dispararles a los militares me tocara a mí también. Ese pensamiento me alarmó porque a otros, igual de inocentes que yo, no les fue bien al estar en medio de un fuego cruzado. Igualmente pensé en el artículo 5, fracciones III y V de la Ley de Seguridad Nacional, que establecen que son amenazas a la seguridad nacional actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada o por obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada, entendiendo que los retenes militares son de este tipo de operaciones. Si la Ley de Seguridad Nacional es anticonstitucional o no, y si se presta a varias interpretaciones, no es algo que se pueda discutir con un soldado armado en un “puesto de control”. Para ellos, oponerme a ser revisado, sería equivalente a impedirles actuar contra la delincuencia organizada.

Me vino a la memoria, asimismo, que la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada no menciona la participación del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea, ni siquiera como coadyuvantes de la Procuraduría General de la República y de sus policías judiciales. ¿Será que las fuerzas armadas sí pueden intervenir cuando está en riesgo la seguridad nacional y que tal riesgo es, al parecer en ciertos casos, provocado por el crimen organizado? ¿Y quién determina lo anterior, el titular del Ejecutivo solo o con el Congreso de la Unión?
El Senado ha aprobado reformas a la Ley de Seguridad Nacional y, según lo que leí, ante una crisis de seguridad nacional se cancela la posibilidad de establecer un estado de excepción o de suspender las garantías individuales. Si es cierto lo que he leído sobre dichas reformas, no cambian mucho las cosas, pues según parece (la página del Senado en la red no ha publicado las reformas), las fuerzas armadas podrán, igual que antes, intervenir en cualquier lado a petición de un gobernador o de un Congreso local, que podrán declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior. El Presidente de la República podrá hacer lo mismo. ¿Desaparecerán los retenes militares y las inspecciones de mi vehículo o mi persona? ¿No habrá presencia de tanquetas militares artilladas en las calles si la esposa de Calderón vuelve a visitar el DIF y la Cruz Roja de Morelos, en Cuernavaca, como ya ocurrió?

Al día siguiente, estando en Cuernavaca, mi celular no funcionaba; tampoco el correo electrónico de ese medio. A otros amigos les pasó lo mismo. El sábado entendí por qué. Leí en La Jornada Morelos que en Jiutepec se habían reunido Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Fernando Gómez Mont, Marco Adame, Francisco Saynez y Arturo Chávez. Cosa del primer mundo: los del gabinete de seguridad fueron al área conurbada de Cuernavaca y los celulares enmudecieron, algo que no pueden hacer eficientemente en las cárceles para evitar extorsiones. El 27 de abril leí en Reforma que “durante hora y media Leonel González Castillo, preso en el Reclusorio Norte, utilizó su celular para extorsionar desde su celda a un regidor del estado de México, a pesar de que en ese penal, según la Subsecretaria del Sistema Penitenciario del DF, Celina Oseguera, el bloqueador de celulares está funcionando todos los días”.

¿Los retenes policiacos o militares y el corte de señal en mi celular (ambas acciones contrarias a mis derechos individuales) ya no se repetirán con las reformas aprobadas por el Senado? Por lo pronto, según versión de diputados locales, de un senador de Morelos y de un representante de los empresarios reunidos en Jiutepec con el gabinete de seguridad nacional, se dijo que se justificaba la presencia de las fuerzas armadas mientras no se creara una policía estatal mejor preparada y en tanto policías estatales y municipales siguieran siendo cómplices del crimen organizado (La Jornada Morelos, 24/4/10). Así las cosas, tendremos militares y marinos en las calles largo rato. Me da cierta tranquilidad que (con las reformas) no procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, si acaso se cumple.

*Tomado de La Jornada.

Propaganda narco*

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y El Fisgón y El Universal, Helioflores y Naranjo.

John M. Ackerman



MÉXICO, D.F., 27 de abril.- En su esfuerzo por “hablar bien de México”, el presidente Felipe Calderón llegó incluso al extremo de promover la imagen internacional de los narcotraficantes mexicanos. El vienes 16, en su discurso en un foro internacional del sector turístico, señaló: “Más de 90% de esos (22 mil) homicidios y ejecuciones, según lo hemos venido catalogando, obedecen precisamente a la lucha de unos cárteles contra otros”.

Antes, a principios de febrero, Calderón ya había manejado datos similares en una entrevista con The Washington Post y la revista Newsweek. En aquella ocasión declaró: “Probablemente 90% de esa gente (asesinada) estuvo vinculada al crimen organizado de una u otra manera”.

De acuerdo con Calderón, la industria del crimen organizado contaría con un sistema de inteligencia e investigación que supera a los peritos más adiestrados del FBI. Los narcos solamente matan a los culpables y casi siempre dan en el blanco correcto. Por lo tanto, los inversionistas extranjeros no tienen nada de que preocuparse: nuestros criminales son personas razonables y sensibles que saben elegir a quien matar.

Desde este punto de vista, los cárteles de la droga le estarían ahorrando el trabajo al gobierno mexicano. En lugar de tomar la larga y complicada ruta de profesionalizar los ministerios públicos y fortalecer los poderes judiciales del país, resulta mucho más eficiente dejar la cancha abierta para que los grupos rivales se maten entre sí. Ello generaría una suerte de “limpieza social” sin que el gobierno tenga que responsabilizarse directamente por los asesinatos de los supuestos delincuentes.

El problema con este errado enfoque es que dota a las organizaciones criminales de un poder político e institucional que de otra manera sería casi imposible de conseguir. Al matar, los narcotraficantes no solamente ejercitan el poder de su armamento, sino que también se erigen en jueces de la culpabilidad de sus víctimas. La batalla entre los cárteles se convierte entonces en una especie de “guerra justa” a la manera de aquellas que refiriera Barack Obama en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz. Ahora, nada más faltaría que a instancias del gobierno mexicano El Chapo Guzmán también reciba el Premio Nobel, para colocar junto al reconocimiento internacional que ya ha recibido de la revista Forbes.

Otro problema con esta estrategia es que eventualmente alguno de los grupos criminales terminará ganando la batalla. Por ejemplo, de acuerdo con recientes informes de inteligencia de Estados Unidos, el cártel de Sinaloa ha sido exitoso en sus esfuerzos por arrancar la plaza de Ciudad Juárez a sus rivales de cártel de Juárez. Si esta información es correcta, la violencia disminuirá en los próximos meses, no por la acción de la justicia o el imperio de la ley, sino simplemente por la eliminación del rival más débil.

Llama la atención, entonces, que Genaro García Luna y sus policías federales huya decidido retomar el control de Juárez precisamente en el momento en que empieza a emerger un ganador claro en la batalla por este territorio. La sospecha es que el secretario de Seguridad Pública y el gobierno federal únicamente buscan lucrar políticamente con una eventual reducción en los niveles de violencia en Chihuahua, de cara a las elecciones del próximo 4 de julio en esa entidad.

Un aparente y cortoplacista “éxito” en Ciudad Juárez también serviría para fortalecer dentro del gabinete la mano de García Luna ante los duros cuestionamientos que ha recibido por parte de la sociedad. Sin embargo, en los hechos una eventual pacificación de la ciudad podría ser un indicador no del debilitamiento del narcotráfico, sino precisamente de lo contrario.

Al suponer que 90% de los caídos son meros delincuentes, Calderón también recupera una típica posición de la derecha mexicana de echar la culpa a las víctimas del delito. Del mismo modo en que los feminicidios de Ciudad Juárez y las violaciones de mujeres en todo el país supuestamente se deben a la forma de vestir de las víctimas, hoy los jóvenes asesinados también son responsables directos de sus propias muertes por encontrarse entre los 7 millones de ninis que no estudian ni trabajan.

La facilidad con que Calderón echa por la borda el principio de presunción de inocencia también habla de su falta de compromiso con los elementos más básicos de los derechos humanos y el debido proceso. De acuerdo con el presidente, lo que importa no es encontrar culpables en un juicio profesional e independiente, sino demostrar su hombría por medio de la imposición de la “mano dura”, tal y como lo hacen los mismos narcotraficantes.

No podemos olvidar la brutal actitud demostrada por las autoridades durante el asesinato y posterior exhibición del cuerpo de Arturo Beltrán Leyva en diciembre pasado. Este tipo de acciones revela la línea sumamente endeble que diferencia las pautas de actuación del gobierno y el modus operandi de los delincuentes.

En lugar de perder el tiempo con acusaciones estériles en contra de don Julio Scherer por hacer supuesta propaganda a los narcotraficantes, el gobierno federal tendría que empezar por su propia casa. Con sus reprobables declaraciones, Calderón se ha convertido en el promotor principal, no de México como destino turístico, sino de los narcos mexicanos. Si no modifica radicalmente su discurso y la práctica gubernamental en la lucha contra el crimen organizado, pronto ya no será necesario emprender un largo y peligroso viaje hasta las montañas para conocer los puntos de vista de los cabecillas del narcotráfico. Bastará con encender el televisor y sintonizar cualquier noticiario para verlos pasear tranquilamente.

http://www.johnackerman.blogspot.com/

*Tomado de la revista Proceso.

Lo que se encontró en Tepito*

Tomados de La Jornada, Hernández y El Fisgón y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Denise Dresser



MÉXICO, D.F., 26 de abril.- (donde por 12 mil dólares usted puede comprar todo tipo de datos personales)

Datos personales 
de Enrique Peña Nieto:
Placas de automóvil: 123 MiGaviota
Teléfono celular: 04455 Televisa
Cuenta Bancaria: 2012 a nombre de Arturo Montiel
Contraseña: Modelo Bombón
CURP: Candidato en construcción
Número telefónico más marcado: el del Procurador del Estado de México, Bazbaz, y el de Angélica Rivera


Datos personales 
de Felipe Calderón:
Placas de automóvil: 000 Ingenuo
Teléfono celular: 04455 Como Haiga Sido
Cuenta bancaria: Información Reservada por Razones de Estado hasta el 2050
Contraseña: El Legítimo
CURP: El último presidente del PAN
Número telefónico más marcado: el del general Guillermo Galván y el de Joaquín Sabina


Datos personales 
de Fernando Gómez Mont:
Placas de automóvil: 999 Dizquepanista
Teléfono celular: 04455 Ya-me-quedé
Cuenta bancaria: Código secreto contenido en su carta de renuncia al PAN
Contraseña: Todo-por-el-honor
CURP: Prianista hasta la muerte
Número telefónico más marcado: el de Manlio Fabio Beltrones y el de Joaquín Sabina


Datos personales 
de Elba Esther Gordillo:
Placas de automóvil: Y Aquí Sigo
Teléfono celular: 04455 Chantajista
Cuenta bancaria: Como hay varias en San Diego y las Islas Caimán, esa información cuesta 12 dólares más
Contraseña: Gracias-Carlos-Salinas
CURP: Educar para fracasar
Número telefónico más marcado: el de su yerno, subsecretario en la SEP, y el salón de belleza


Datos personales de Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García:
Placas de automóvil: 1 El Llanero Solitario
Teléfono celular: 04455 Cárteles
Cuenta bancaria: Compartida con los Beltrán Leyva
Contraseña: Diablo Guardián
CURP: Alma vendida
Número telefónico más marcado: el de un operador del Cártel de Sinaloa y los miembros de la prensa local


Datos personales de Alberto Bazbaz, procurador del Estado de México:
Placas de automóvil: 000 Incompetente
Teléfono celular: No tiene porque no lo ha registrado aún
Cuenta bancaria: No cuenta con una porque no ha tenido tiempo de hacer el trámite
Contraseña: Ya se le olvidó
CURP: No lo encuentran
Número telefónico más marcado: el del productor de la serie “CSI”


Datos personales de Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública:
Placas de automóvil: 111 El Señorito
Teléfono celular: 04455-A-tus-órdenes-Elba
Cuenta bancaria: Donada a las cuotas del magisterio
Contraseña: Ya ni modo
CURP: Yo que quería ser Vasconcelos
Número telefónico más marcado: el del portero en el departamento de Elba Esther Gordillo


Datos personales de Beatriz Paredes
Placas de automóvil: Dinosaurios Forever
Teléfono celular: 04455-A-tus-órdenes-Enrique
Cuenta bancaria: Produce intereses suficientes para la compra de 50 huipiles al mes
Contraseña: A Los Pinos
CURP: Demos gracias al PRI
Número telefónico más marcado: el de Ulises Ruiz


Datos personales 
de Manlio Fabio Beltrones
Placas de automóvil: Tramposo #1
Teléfono celular: 04455-Presidente
Cuenta bancaria: Quien intentó encontrar esta información está desaparecido
Contraseña: Quien intentó encontrar esta información está desaparecido
CURP: El Presidente
Número telefónico más marcado: el de Los Pinos y el del Cisen



Datos personales de Carlos Slim:
Placas de automóvil: Viva Forbes
Teléfono celular: Número adquirido en Estados Unidos para evitar las exorbitantes tarifas de Telmex
Cuenta bancaria: Todo-México-es territorio-Slim con 53 mil millones de dólares
Contraseña: Gracias-Carlos-Salinas
CURP: MR. PIB
Número telefónico más marcado: Usa Skype para evitar las exorbitantes tarifas de Telmex


Datos personales de César Nava:
Placas de automóvil: Patylú y Yo
Teléfono celular: 04455-Amor Salvaje
Cuenta bancaria: último estado de cuenta dependiente de las ventas de Pemex
Contraseña: PAN-PRD Unidos Jamás Serán Vencidos
CURP: Alianzas, mi última ocurrencia
Número telefónico más marcado: el de Jesús Ortega y el de Patylú


Datos personales de Mario Marín:
Placas de automóvil: Criminal ¿Y Qué?
Teléfono celular: 04455-Gober-Precioso
Cuenta bancaria: Equivalente a 3 mil millones de botellas de cognac
Contraseña: Kamel, hermano
CURP: Pederastas Protegemos
Número telefónico más marcado: el de los abogados que están llevando el caso contra Lydia Cacho
Datos personales de Ulises Ruiz:
Placas de automóvil: Oaxaca, Mío
Teléfono celular: 04455-Impune
Cuenta bancaria: Información reservada por el Congreso del estado hasta el 2099
Contraseña: Lo-que-me-robé
CURP: ¿Y qué son las garantías individuales?
Número telefónico más marcado: el de Beatriz Paredes y el de Enrique Peña Nieto


Datos personales 
de Genaro García Luna
Placas de automóvil: Yo, Cineasta
Teléfono celular: 04455-Montajes-a-Modo
Cuenta bancaria: Información reservada por Presidencia de la República hasta el 2099
Contraseña: Florence, la francesa
CURP: Inseguridad pública
Número telefónico más marcado: la producción de Noticieros Televisa y los abogados que ya tuvo que contratar en Francia para defenderse en el caso de Florence Cassez


Datos personales de Arturo Chávez Chávez, procurador de la República
Placas de automóvil: No Hubo Tantas Muertas
Teléfono celular: 04455-Yo-No-Fui
Cuenta bancaria: Llena de donativos de grupos como “Mexicanos Unidos contra los Derechos de las Mujeres”
Contraseña: Mujeres al Borde de un Ataque Nervioso
CURP: El aborto: Mi acción de inconstitucionalidad favorita
Número telefónico más marcado: el de la Arquidiócesis de la Ciudad de México y los celulares de quienes venden datos oficiales en Tepito.


++++++++++++

El PT, ¿hacia dónde?, ¿y hacia dónde López Obrador?*


Miguel Ángel Granados Chapa



MÉXICO, D.F., 25 de abril.- Salvo en Oaxaca, por ahora al menos, el Partido del Trabajo abandonó las alianzas políticas no sólo con el PAN, sino aun con sus partidos fraternos, el PRD y Convergencia, en unión de los cuales constituyó la coalición electoral federal “Por el bien de todos”, mantuvo después de la calificación de las elecciones presidenciales el Frente Amplio Progresista y ahora mismo está unido con esas agrupaciones reputadas como de izquierda, en el Diálogo por la Reconstrucción de México, una nueva alianza impulsada hasta esta hora con éxito por el candidato presidencial del Partido del Centro, Manuel Camacho.

Los pasos recientes del PT en la ruta hacia la actuación conjunta en varias entidades se han caracterizado por su versatilidad. Ora aseguran sus líderes y voceros que están prestos para la unión, aun con Acción Nacional, ora se desdice y separa de las coaliciones que ciertamente pueden existir sin ese partido, con fuerza menguada en la mayor parte de las entidades pero que eventualmente quedan expuestas a riesgos que no enfrentarían si el PT se mantuviera fiel al compromiso que parecía haber ya acordado.

La ruptura de la coalición obedece a intereses particulares que imperan en el PT. El caso paradigmático de esa actuación sesgada y contraria al interés general de la izquierda ha ocurrido en Zacatecas. En disputa con la gobernadora Amalia García, el senador Ricardo Monreal, que se adueñó del PT en esa entidad, ha presentado la candidatura de su propio hermano, para hacer ostensible que el monrealismo es una corriente política acaso breve pero eso sí bien fondeada. El asunto sería peor de haber prevalecido la intención de Monreal de aliarse con el PRI, el partido al que por cierto pertenecieron él mismo y su familia. En su participación a solas, Monreal puede hacer que ese partido, antaño el suyo, prospere por encima del PRD, lo que significaría para el PRI la recuperación de una entidad gobernada dos veces consecutivas por el partido del sol azteca.

Sin que esa particularidad se aplicara a otros estados donde habrá elecciones este año, el PT no vaciló en aliarse con el PAN y el PRD. Todos los partidos de la oposición formal eligieron esa vía como la única que los conduciría a la victoria y por lo tanto al desplazamiento del PRI, que es un valor superior a otras cuestiones que surcan a las alianzas. En consecuencia, y aunque el razonamiento no se aplique mecánicamente, es de temerse que las entidades donde no hay coalición completa del DIA y el PAN padecerán seis años más de gobierno priista. En la mayor parte de los casos, este año y el próximo, no aliarse, o romper una coalición formalizada, favorece al régimen priista, en las elecciones estatales y en la presidencial.

La ruta para arribar a ese deplorable resultado puede estar empedrada y sucia por lodo y otras materias putrefactas y malolientes. Ese es el caso, tal vez, del estado de Hidalgo. Allí ha contendido contra Xóchitl Gálvez, una aspirante sin mácula, el senador perredista José Guadarrama. Por lo menos tres veces antes pretendió ser candidato al gobierno, cualquiera que sea el partido que lo apoyare. El PRI, en que militó toda su vida con notorios frutos materiales, lo rechazó en 1998; en ese momento pretendió ser postulado por el PRD, pero este partido ya tenía candidato. En 2004, alejado del priismo pero no de sus métodos y sus prácticas, consiguió que Nueva Izquierda, la corriente perredista predominante, lo impulsara. No alcanzó la votación que le permitiera derrotar al candidato tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong. Sin embargo, de adversarios pasaron a ser cómplices en su intento de impedir la candidatura de Xóchitl Gálvez.

Cuando Guadarrama se percató de que la coalición no lo haría su candidato, pues ni siquiera contaba con asentimiento en su propio partido, renunció a la lucha interna, denunciando que se organizaba ilegalmente el triunfo de la excomisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pero no se fue de la batalla política. Ha estado en espera de que el PT lo acoja, no para llegar por fin a la gubernatura, algo imposible con sólo el apoyo de ese partido, sino para estorbar el camino de Xóchitl Gálvez e impedir que gobierne a sus paisanos.

Si se llega a ese extremo, la retirada del PT adquirirá una dimensión mayor que el solo alejamiento de la coalición. Significará en los hechos una estrategia para apoyar al PRI, con pretextos vanos como el esgrimido por el PRD y el PAN para pactar la aprobación del programa fiscal dañino a la población y que ha estado en vigor desde hace cuatro meses, en el curso de los cuales el PT ha estado presente en los intentos de aliarse con partidos de oposición, como él, en entidades gobernadas con autoritarismo priista propio de décadas, que ya hartaron a los ciudadanos.

Las decisiones electorales del PT son tomadas en consulta con Andrés Manuel López Obrador, que se sostiene en ese partido con mayor afán que en los otros que lo han apoyado. López Obrador recorre una ruta sinuosa en que por un lado rechaza su participación en campañas electorales porque el suyo es, dice, un movimiento social y por otro lado, sin sustento suficiente, alienta al PT para desligarse de coaliciones de las que sólo pueden derivarse beneficios para la población.

Cuando López Obrador busque convertir el innegable apoyo social que ha conquistado (y del que la elección delegacional de Iztapalapa, el año pasado, fue breve pero contundente ejemplo) se encontrará con desconcertados militantes de los partidos que lo han seguido, que no sabrán si votar o no, y con qué rumbo, y con un PT en el que no necesariamente podrá confiar.

*Tomados de la revista Proceso.

La supresión del fuero militar, demanda “irreductible”*

Tomados de La Jornada, Helguera y Hernández y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Jenaro Villamil



Empeñado en que se apruebe el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional que propuso ante el Senado, el presidente Felipe Calderón mueve sus piezas. Si bien las Fuerzas Armadas le exigen garantías jurídicas para librar la guerra en que las involucró desde el inicio de su gestión, los legisladores presionan para que los delitos cometidos por las tropas sean juzgados por tribunales civiles. El propósito, dicen, es que se acabe de una vez por todas con la impunidad auspiciada por el fuero militar

Al mediodía del jueves 22, enfundado en un traje verde claro, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se presentó en las instalaciones del Senado de la República para destrabar las negociaciones del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, entrampada hasta ese momento por los temas del fuero militar, la participación del Senado en las declaratorias de afectación a la seguridad nacional y los retenes militares.
Gómez Mont se dirigió a los 22 senadores del PRD que se reunieron con él:

“Vengo a nombre de las Fuerzas Armadas a dialogar con la izquierda mexicana. Las Fuerzas Armadas piden que les den cuatro meses para modificar el Código de Justicia Militar.”

“Vamos a ir mucho más allá de lo que la Corte Interamericana ha planteado”, ofreció a los perredistas, así como al coordinador de la bancada priista, Manlio Fabio Beltrones, quien insiste en que los tribunales civiles deben incorporarse en los juicios contra militares.
El funcionario adelantó que la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar eliminaría del fuero militar los delitos sexuales, la tortura y la desaparición forzada.
Así, el secretario de Gobernación presionó de última hora para excluir del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional la propuesta de que los integrantes de las Fuerzas Armadas que durante los operativos contra el narcotráfico cometan delitos contra ciudadanos sean juzgados por tribunales civiles.

Escépticos, los senadores René Arce, Pablo Gómez y Tomás Torres le recordaron que la demanda del PRD de eliminar el fuero militar era “irreductible” para que su partido votara a favor del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, presentado por Felipe Calderón desde abril del año pasado.

Asesores de las comisiones dictaminadoras comentan a Proceso que el alto mando castrense pretende adelantarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde noviembre de 2009, en su sentencia sobre el caso de Rosendo Radilla, líder social de Guerrero desaparecido durante la guerra sucia de los años setenta, la Corte le pidió al gobierno mexicano que modificara el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

La Corte está en la fase final del juicio promovido por indígenas de Guerrero que acusaron a soldados de violarlas; también resolverá los casos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes denunciaron que fueron torturados por militares.

Indignación

El presidente del Centro Miguel Ángel Pro de Derechos Humanos, Luis Arriaga, comenta a este semanario que éstos y otros casos revelan que la militarización de la lucha contra el narcotráfico “ha minado el control civil sobre las Fuerzas Armadas” y ha generado un crecimiento explosivo de las denuncias de violaciones a derechos humanos perpetradas por el Ejército.

De acuerdo con un seguimiento hemerográfico del Centro Pro, entre 2007 y el primer semestre de 2009 la cifra de abusos cometidos por efectivos militares contra civiles creció 472%. De 54 abusos reportados en 2007 se pasó a 119 en 2008, y hasta julio de 2009 se tenían registrados 115.

Los casos que más denuncias han generado se relacionan con homicidio, irrupción ilegal en la vivienda, agresión física, tortura y robo. El número de víctimas también ha crecido: de 11 fallecidos en 2007 se incrementó a 22 civiles muertos en 2008 y ocho homicidios presuntamente cometidos por militares hasta el primer semestre de 2009.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2009, las quejas en contra de la Secretaría de Defensa Nacional se incrementaron 300%, y que las recomendaciones emitidas por el organismo crecieron 400%.

El mismo día que Gómez Mont acudió al Senado para negociar que se excluyera el tema del fuero militar se presentó el rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Rafael Rangel Sostmann, para proponerles a los legisladores que los delitos cometidos por militares sean juzgados en tribunales civiles.

Durante su encuentro con Carlos Navarrete, presidente del Senado y coordinador del PRD, Rangel Sostmann aprovechó para demandar que se esclarezca el asesinato de los estudiantes de posgrado del ITESM Jorge Mercado y Francisco Arredondo.

Dos días antes, el martes 20, acudieron al Senado integrantes del Comité del 68 para reclamar que se suspenda el proceso de dictaminación de las leyes de seguridad nacional y de secuestro, entre otras, hasta que se escuche la opinión de la sociedad civil.
Encabezados por Raúl Álvarez Garín, Jesús Martín del Campo y Carlota Botey, manifestaron que la iniciativa de Calderón sobre seguridad nacional “legaliza procesos y procedimientos que, además de ser violatorios de las garantías, busca eximir de responsabilidad a quienes los promueven”.

Las presiones más fuertes sobre el Senado provienen del Ejecutivo federal, así como de las Fuerzas Armadas. El jueves 22, Calderón se reunió con integrantes de la bancada panista y los emplazó para que sacaran adelante el dictamen. Por su parte, el titular de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y el secretario de Marina, Francisco Saynez, sostuvieron dos reuniones previas –miércoles 7 y lunes 12– con los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Congreso para demandarles “certeza jurídica” en las acciones de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.

Durante la última reunión, realizada a puerta cerrada el martes 7, Galván calificó como “daños colaterales” los homicidios cometidos contra civiles por parte del Ejército.
Esta declaración produjo desacuerdos dentro de la cúpula militar. El almirante Saynez admitió el miércoles 21 que las Fuerzas Armadas deben reconocer sus errores. Sin embargo, insistió en que no era tiempo de “lamentos ni de aflicciones”, sino de “cooperar y aportar a favor de los intereses nacionales”.

Avances

Hasta el martes 20, a tres sesiones de que concluyera el periodo ordinario de sesiones, había 23 “corchetes” o reservas entre los senadores que dictaminaban la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional.

Las diferencias más importantes se concentraban en los siguientes temas: fuero militar, retenes, participación del Senado en la declaración de existencia de una afectación a la seguridad interna y participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la vigilancia de los operativos.

El miércoles 21, las comisiones unidas de Seguridad Pública, Gobernación y de Estudios Legislativos eliminaron más de 10 “corchetes”, hasta que el senador Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación, presentó un proyecto alterno de dictamen que eliminaba la facultad del Senado para avalar el envío temporal del Ejército a las calles y confería una mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo en este rubro.

El senador perredista Tomás Torres recriminó a Murillo Karam que su propuesta era similar al decreto presidencial del 9 de mayo de 2007, mediante el cual se crea la figura de las Fuerzas Federales de Apoyo.

La discusión sobre el fuero militar quedó en el limbo. En torno a este punto circuló una propuesta, elaborada en la Comisión de Gobernación con el aval de los asesores de Gómez Mont, que planteó la posibilidad de eliminar ese fuero, aunque lo hizo de una manera indirecta y ambigua:

“En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada Permanente a que se refiere este título –decía la propuesta–, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delito, serán juzgadas en los términos de la legislación vigente y las resoluciones emitidas por los órganos internacionales que sean vinculatorias para el Estado mexicano.”
En sintonía con este planteamiento, avalado por el PRI, el coordinador de la bancada del PAN, Gustavo Madero, prometió que en menos de 24 horas el Ejecutivo federal presentaría una propuesta de modificación al Código de Justicia Militar.

La reserva en torno al fuero militar quedó así en suspenso. Sin embargo, la urgencia por aprobar el dictamen y dar “certeza jurídica” a los militares permitió que la noche del jueves 22 los senadores del PRD, del PAN y del PRI incluyeran modificaciones sustanciales para impedir el uso de las Fuerzas Armadas en contra de movimientos sociales o sindicales, y para reglamentar los retenes.

Al mismo tiempo se aprobó una propuesta del panista Ramón Galindo para que los ayuntamientos puedan solicitar la declaratoria de la afectación a la seguridad interior por medio del Congreso local o del Ejecutivo estatal.

Control indirecto

Alrededor de las 22:00 horas, cuando se discutían las propuestas del artículo 72 de la iniciativa, el senador René Arce pidió que se incluyera el criterio del artículo 13 constitucional según el cual todo civil que se involucra en un delito o falta de orden militar deberá ser juzgado por la “autoridad civil” correspondiente.

El senador panista Felipe González les dijo a los senadores del PRI y del PRD que ya había un acuerdo con Gómez Mont para que la eliminación del fuero militar no se incluyera en el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.

“De ninguna manera el Ejército ha violado la ley cuando nos está ayudando a que se restablezca el estado de derecho”, afirmó el exgobernador de Aguascalientes.

La posición de González provocó el enojo de Murillo Karam, quien presidía la sesión. “A mí me preocupa que se utilice como argumento que Gómez Mont va a mandar en septiembre la reforma al Código de Justicia Miliar para que discutamos la ley. No me gustaría condicionar una cosa con la otra”, indicó.

Pablo Gómez, del PRD, insistió en la propuesta de Arce. “Tenemos que resolver este problema: ¿qué va a pasar cuando los militares estén en funciones civiles? No queremos que sean delitos del orden común, sino que sean considerados delitos militares juzgados por tribunales civiles”.

Para destrabar la negociación, el senador panista Santiago Creel apoyó la propuesta de Arce, y también pidió incluir en el artículo 72 que se respete el artículo 133 de la Constitución, el cual estipula que los tratados internacionales firmados por México forman parte de la ley suprema.

“Tal parece que queremos meter al Ejército en una camisa de fuerza”, reclamó molesto Felipe González, correligionario de Creel.

Sin embargo, por mayoría se aprobó una nueva redacción del artículo 72 de la Ley de Seguridad Pública, que establece un control indirecto sobre el fuero militar. El texto del dictamen, cuya copia obtuvo Proceso, establece lo siguiente:

“Las fuerzas federales se coordinarán con las autoridades civiles locales y estarán subordinadas al orden jurídico establecido en la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales de los cuales sean parte los Estados Unidos Mexicanos.

“En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada Permanente a que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delitos que afectan a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia en los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Chivos expiatorios

Para el especialista en temas de seguridad nacional y exdiputado federal del PRD José Alfonso Suárez del Real, el problema no radica sólo en controlar al Ejército en sus funciones de policía frente al narcotráfico, sino “también al gobierno y a las policías”.

“No debemos centrarnos en que sólo el Ejército per se viola los derechos humanos y comete delitos. También lo hace la policía. Siento un desbalance en esta discusión. La Ley de Seguridad Nacional está pensada para beneficiar a Calderón y a Genaro García Luna”, afirma.

–¿Y no es importante discutir el tema del fuero militar? –se le pregunta.

–El debate sobre este tema diluye el asunto fundamental. Hay que conscientizar a las fuerzas militares de que sus miembros no deben ser los chivos expiatorios de los errores cometidos por Calderón o por García Luna en la lucha contra el narcotráfico.
“Existe un intento de privilegiar a la Secretaría de Seguridad Pública y de corroborar que Calderón prefiere a García Luna. Es al funcionario que más protege. Calderón no tiene una línea militarista, sino una línea policiaca. Tiene una personal animadversión contra el Ejército, por sus orígenes cristeros”, plantea Suárez del Real.

Por su parte, Luis Arriaga, del Centro Pro, insiste en que a las organizaciones de derechos humanos no se les consultó para la elaboración de una Ley de Seguridad Nacional.
“Los canales de interlocución están cerrados. Ni en Gobernación ni en el Senado nos incorporaron a la discusión. Nos preocupa esta concepción de la seguridad nacional desde una perspectiva bélica”, advierte.

Acorde con esta posición, Suárez del Real subraya que en esta discusión “se está perdiendo una oportunidad maravillosa: la seguridad nacional no sólo se ve afectada por el crimen organizado, sino también por la guerra del hambre, las guerras del agua o las guerras ecológicas que se perfilan”.

Y sentencia: “Calderón busca cómo zafarse de su responsabilidad de Estado por haber lanzado a una institución, como el Ejército, a una guerra lamentable”.


+++++++++++++

Ante la OEA, otro caso de abuso militar contra civiles*


Gloria Leticia Díaz



El gobierno de Felipe Calderón presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los supuestos avances en las indagatorias sobre la desaparición de tres jóvenes detenidos por el Ejército en Ciudad Juárez en diciembre pasado. Sin embargo, el organismo de la OEA consideró insuficiente ese trabajo y ordenó aplicar medidas cautelares para proteger a las víctimas, a sus familiares y a los defensores. Antes, el gobierno mexicano había ocultado que la PGR declinó su competencia ante el caso y lo remitió al fuero militar.

Con la “complicidad” de autoridades civiles, los militares implicados en la desaparición forzada de tres jóvenes de Chihuahua “permanecen protegidos”, mientras el gobierno mantiene una “actitud de simulación ante organismos internacionales”, denuncia Luz Esthela Castro Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem).

Castro Rodríguez exhibe a la administración de Felipe Calderón a través del intercambio de correspondencia entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la desaparición forzada de los jóvenes Nitza Paola Alvarado Espinosa, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, quienes fueron detenidos por elementos del Ejército el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura, ubicado al oeste de Villa Ahumada.

El caso fue denunciado de inmediato por los familiares de los jóvenes Alvarado en la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJCH) y la Procuraduría General de la República (PGR), así como en las comisiones de Derechos Humanos del estado y la nacional, instancias ante las que nombraron como sus representantes al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).

La investigación fue remitida al fuero militar pese a que los familiares de los jóvenes desaparecidos en Chihuahua y sus representantes exigieron que las autoridades civiles se hicieran cargo del caso, en apego a las normas internacionales y a la sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en 1974.
Inconformes, el 12 de enero de 2010 solicitaron la intervención de la CIDH. La respuesta del secretario técnico de la Comisión, Santiago Cantón, el 4 de marzo, fue otorgar medidas cautelares a los familiares y a los defensores.

En un escrito dirigido a Gustavo Albin Santos, representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Cantón considera insatisfactoria la respuesta del gobierno mexicano enviada a la CIDH el 14 de enero, por lo que solicitó la protección del Estado mexicano para los desaparecidos, 11 de sus familiares y tres defensores.

En el documento con la clave MC-55-10, Cantón señala que la respuesta mexicana “no suministraba información sobre el paradero de las personas mencionadas”, y reprocha que, “a pesar de que algunos funcionarios indicaron a los familiares que los tres desaparecidos fueron detenidos por miembros del XXXV Batallón de Infantería, las autoridades no les habrían proporcionado información sobre su paradero”.

Luz Esthela Castro Rodríguez sostiene: “No hay duda de que fueron militares quienes se los llevaron, y a pesar de ello, las autoridades civiles ante las que se presentó la denuncia no han seguido esa línea de investigación, no han hecho ninguna diligencia para localizarlos, y peor aún, la PGR se declaró incompetente y envió el caso a la Procuraduría de Justicia Militar”.

Su certeza se basa en testimonios de militares adscritos al XXXV Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes y de funcionarios de la PGJCH en Buenaventura y Casas Grandes, en cuyas instalaciones localizaron la camioneta en la que viajaban Nitza Paola y José Ángel, la cual fue incautada por el Ejército.

Las organizaciones no gubernamentales reportaron a la CIDH que tres funcionarios de la PGJCH (Aarón Enríquez Duarte, Horacio Flores y otro de apellido Leyva) confirmaron verbalmente a familiares de las víctimas que los Alvarado fueron detenidos por militares en un operativo dirigido por Élfego Luján, comandante del referido batallón. También les dijeron que la camioneta GMC 2001 con placas ZTR 9367, en la que viajaban Nitza Paola y José Ángel al momento de ser arrestados, fue depositada por soldados en el corralón de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo Casas Grandes.

Por si fuera poco, Emilia González Tercero, integrante de la Cosyddhac, denuncia “actos de hostigamiento” de personal militar contra las familias de los desaparecidos, los cuales fueron expuestos ante la CIDH. Pese a ello, “no han cesado los rondines de vehículos con militares armados, en actitud intimidante, en torno a las viviendas de las familias y, peor aún, tratando de criminalizarlas”.

La expresión no es gratuita. La defensora se refiere a una reunión realizada el 9 de enero último en la V Zona Militar en Chihuahua, en la que participó el mayor Carlos Sergio Ruvalcaba, jefe del Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional, de la Dirección General de Justicia Militar:

“Un general de apellido Guillén –no nos dio su primer nombre– sacó un fólder con tres hojitas y dijo que ellos habían realizado investigación, de la que resultaba que las víctimas José Ángel y Nitza Paola tenían antecedentes penales por robo de vehículo y María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza, por robo a casa habitación. En ese momento nos levantamos de la mesa, pero antes María de Jesús le dijo al general Guillén que ella acababa de sacar un acta de no antecedentes penales de sus familiares, que no estaban involucrados en hechos delictivos.

“Los militares están haciendo exactamente lo mismo que las autoridades judiciales con las mujeres desaparecidas y muertas de Ciudad Juárez: están criminalizando a sus víctimas”, reprocha González Tercero.

Entre los actos de intimidación y hostigamiento reportados a la CIDH, una persona que se identificó como militar llamó a las oficinas del ayuntamiento de Ascensión para solicitar datos sobre Alejandro Alvarado Sáenz, uno de los primos de Nitza Paola, quien labora en la presidencia municipal.

Luz Esthela Castro Rodríguez aporta un dato para evidenciar “la falta de voluntad” de las autoridades para localizar a los muchachos Alvarado: el 3 de febrero, Nitza Paola se logró comunicar con una amiga pidiendo auxilio. Aun así, “hasta ahora no hay respuesta de ninguna de las autoridades supuestamente dedicadas al caso para identificar al propietario del número del que salió la llamada ni el lugar”.

Desde el 9 de febrero, los familiares y las organizaciones que los representan identificaron el número celular del Distrito Federal 55 42 77 39 09 contratado con la empresa Pegaso Comunicaciones. Sin embargo, las procuradurías local y federal se limitaron a enviar solicitudes de información al apoderado legal de la telefónica entre marzo y abril.

Simulación

El gobierno de Felipe Calderón asegura que en torno al caso existen investigaciones abiertas en la PGJCH, la PGR, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) y la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, así como en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Proceso tiene copia de la última comunicación que el gobierno mexicano envió a la CIDH, el pasado 24 de marzo, y que el organismo remitió a los representantes de las víctimas. En ella hace hincapié en la supuesta “inexistencia de información sobre las personas reportadas como desaparecidas” en las instalaciones del XXXV Batallón de Infantería y de la Policía Ministerial del estado, según las investigaciones del agente del Ministerio Público de la Federación Itinerante, y de acuerdo con una visita realizada por personal de la CNDH en la guarnición militar.

Más aún, informa a la CIDH de una reunión efectuada el 10 de marzo en Ciudad Juárez con la finalidad de establecer medidas cautelares y en la que participaron familiares y representantes de las víctimas, al igual que funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua, de las secretarías de Seguridad Pública federal y local, y de la Defensa Nacional, así como de la PGR y la PGJCH.

Según el gobierno federal, todas esas dependencias se comprometieron a dar una “respuesta puntual a cada una de sus solicitudes, realizándose gestiones a que haya lugar para comenzar con la implementación de las medidas de protección”.

Ahí se acordó que la Secretaría de Gobernación “coordinará una reunión de alto nivel en la que se abordará la solicitud de las y los peticionarios en el sentido de que quien investigue los hechos que motivaron las presentes medidas sea un órgano de persecución de los delitos de carácter civil y no militar”.

Aun sin aportar datos sobre el paradero de los jóvenes Alvarado, sin especificar los mecanismos que se usarán para el cumplimiento de las medidas cautelares y sin definir la competencia de las autoridades investigadoras, el gobierno de Calderón pidió a Santiago Cantón que “reconozca que el Estado mexicano ha adoptado las medidas necesarias para salvaguardar la vida, seguridad e integridad de los beneficiarios”.

En su búsqueda de descargo, el gobierno federal incluso reconoció otros casos de violaciones a derechos humanos en Ciudad Juárez, presuntamente cometidos por elementos del Ejército y que están detallados en los anexos de la respuesta que envió a la CIDH. Se trata de copias de oficios de la PGR, de la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos enviados al titular de la Unidad de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, José Antonio Guevara Bermúdez.

Además del caso de los Alvarado, se mencionan las desapariciones de los hermanos José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga, así como de Tomás Arguijo González, detenidos por militares el 14 de noviembre de 2008 y el 25 de septiembre de 2009, respectivamente.
También se consigna “la posible comisión de delitos atribuibles a personal militar en agravio de Manuel Ubaldo Ruiz o Manuel Ubaldo Martínez Ortiz, cometidos en el momento de su detención”, el 18 de octubre del año pasado, y el homicidio de Saúl Becerra Reyes, quien desapareció tras ser arrestado por militares el 21 de octubre de 2008; su cadáver fue encontrado en marzo de 2009.

Además se incluye el caso de la desaparición de la joven Mónica Janeth Alanís Esparza, quien fue vista por última vez el 26 de marzo de 2009, cuando salió de su casa rumbo a la universidad.

El pasado lunes 19 de abril, las organizaciones civiles que representan a los Alvarado y a sus familiares notificaron a Santiago Cantón “el incumplimiento de las medidas cautelares”, así como la “grave omisión por parte del Estado mexicano para realizar una investigación exhaustiva y efectiva que conduzca al esclarecimiento de los hechos y a la localización de Nitza Paola Alvarado Espinosa, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera”.

Hasta ahora, dicen, las instancias que el gobierno de Calderón menciona como encargadas de las investigaciones “se han limitado a elaborar e intercambiar oficios y cartas entre ellos”.

Acusan al Estado mexicano de haber ocultado a la CIDH que desde el 20 de febrero la PGR había declinado competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia Militar, y se quejan de que esa institución castrense remitió el caso a la Unidad de Personas Ausentes y Extraviadas, desconociendo la participación de elementos castrenses en los hechos, como denunciaron los familiares de las víctimas ante el agente del Ministerio Público Aarón Enríquez.

Los representantes de los Alvarado aseguran que en la respuesta de México a la CIDH “no hay constancias de diligencias o solicitudes realizadas por el Ministerio Público encaminadas a establecer o descartar la participación de elementos del Ejército, y la responsabilidad de los elementos castrenses”.

En ninguno de los expedientes abiertos por la desaparición de esos muchachos hay constancia de alguna investigación “que se relacione con elementos del Ejército, a pesar de que son los únicos señalados”.

Los peticionarios solicitan a Santiago Cantón que, a su vez, inste al Estado mexicano a facilitar medidas cautelares que garanticen la protección de los desaparecidos, sus familiares y sus representantes, así como la realización de investigaciones efectivas en la jurisdicción penal ordinaria.

Solicitan, asimismo, que se llame a comparecer al coronel Élfego José Luján Ruiz, comandante del XXXV Batallón de Infantería, “al igual que a mandos militares y elementos del Ejército, autoridades civiles y ministeriales que tuvieron conocimiento de que los Alvarado fueron detenidos por elementos del Ejército el 29 de diciembre de 2009”; que se identifique al propietario del número de teléfono del que Nitza llamó pidiendo auxilio el 3 de febrero, y que se establezca un mecanismo internacional para la localización de personas desaparecidas similar al que estipula la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Campo Algodonero, relativa a la desaparición y homicidio de tres jóvenes en Ciudad Juárez.

*Tomados de la revista Proceso.

Golpe a Calderón... y a su preferido*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Patricia Dávila



Tan cruentos como directos, los “mensajes” enviados desde Ciudad Juárez al presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no sólo reactivan con gran rapidez los ciclos de violencia en esa localidad; también le recuerdan al gobierno federal su fracaso en la guerra antinarco, en particular ahí donde en los tres años de régimen calderonista han sido asesinadas alrededor de 7 mil personas.

En Ciudad Juárez, las provocaciones al gobierno de Felipe Calderón no paran. La emboscada del viernes 23, que causó la muerte de seis efectivos de la Policía Federal (PF), de una mujer policía del municipio y de un joven de 17 años evidenció la vulnerabilidad de su programa “Todos somos Juárez. Reconstruyamos nuestra ciudad”.

El despliegue de 5 mil elementos de la PF, efectuado a partir de la última semana de marzo en sustitución de 3 mil militares para patrullar las calles de dicha ciudad, quedó empequeñecido ante el embate del cártel de Juárez, que le reprocha a esa corporación el supuesto apoyo que le da a Joaquín El Chapo Guzmán.

El golpe fue directo contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, responsable de la Policía Federal y a quien tras el asesinato de 15 adolecentes en la colonia Villas de Salvárcar, el 30 de enero pasado, Calderón comisionó para replantear la estrategia de combate al crimen organizado ante el fracaso del Operativo Conjunto Chihuahua, encabezado por el Ejército.
Al mediodía del viernes 23, un comando emboscó las unidades 00627 de la PF y la 367 de la Policía Municipal en el cruce de las avenidas Durango y Santiago Troncoso, en la colonia Valle de Santiago. Cuando patrullaban el sector Benito Juárez –el mismo donde a mediados de marzo fueron asesinadas tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Juárez–, los uniformados fueron sorprendidos por varios sujetos armados.

Según la SSP, los federales repelieron el ataque “y por lo menos uno de los agresores resultó herido”. La acción la atribuyó a “las contundentes detenciones realizadas por la Policía Federal en las últimas horas en esta ciudad”.

Sin embargo, por la noche del mismo viernes, La Línea, el grupo armado del cártel de Juárez, no sólo se acreditó el atentado sino que lanzó una advertencia a los efectivos de García Luna en una pinta que apareció en las calles 16 de Septiembre y Colombia, en el centro de la ciudad:

“Inspector General de la PF (Policía Federal), Raymundo Agustín Hernández Guzmán, y a su oficial Raúl Mendoza Vázquez, lo mismo les va a pasar a ustedes, hijos de puta, como les pasó a los de la unidad 627 por andar con El Chapo y a todos los mugrosos que lo apoyen. Atentamente La Línea.”

A diferencia de lo que ocurrió durante el despliegue del Ejército, la presencia de la PF es más notoria en las calles de Juárez, pero también la de los grupos delictivos.
El programa “Todos somos Juárez…”, que se inició el 17 de febrero, ha estado marcado por la violencia. El 13 de marzo fueron asesinadas las tres personas relacionadas con la oficina consular estadunidense, Jorge Salcido Ceniceros, Lesley Enríquez y su esposo, Arthur Haycock Redelfs.

La procuradora general de Justicia del estado, Patricia González Rodríguez, responsabilizó del asesinato a la banda Los Aztecas, que también sirve al cártel de Juárez, encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, a quien El Chapo disputa el control de la ciudad.

La Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) igualmente atribuyen el crimen a miembros de esa pandilla, encabezada por Eduardo Ravelo, uno de los cien delincuentes más buscados por la justicia estadunidense.

Poco antes, el 9 de marzo, el cónsul Raymond McGrath había reportado a la Operación Coordinada Chihuahua (OCCH) –denominada con anterioridad Operativo Conjunto Chihuahua– la amenaza de que estallaría un “artefacto explosivo” en la representación. Después del asesinato de las tres personas, Washington envió más agentes de la DEA a Juárez. Oficialmente no se ha informado el número.

La reacción estadunidense no quedó ahí. El 25 de marzo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, llegó a México, acompañada del secretario de la Defensa, Robert Gates; la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, y el director Nacional de Inteligencia, Dennis Blair, entre otros altos funcionarios de seguridad de Estados Unidos.

En esa visita se acordó que Ciudad Juárez sería un “laboratorio” para el control de los cárteles de la droga en México a través de un “programa piloto” entre esa localidad y El Paso, Texas. Entre sus acciones está el control, por parte del país vecino, de la información que se produzca en México acerca de la operación de los grupos delictivos.

Pese a la ofensiva de los dos gobiernos, los cárteles de la droga establecidos en Juárez siguen siendo capaces de ejecutar acciones como la del viernes 23, que le costó la vida a los siete policías y a un civil. El gobierno mexicano la presentó como resultado de la detención de ocho personas, entre ellas cinco menores de edad, incluidas tres mujeres.

Según la SSP, el asesinato de los siete policías se debió al decomiso, en distintas acciones, de dos armas, diversos cargadores y cartuchos, un equipo de radiocomunicación, 12 envoltorios de polvo blanco (“al parecer cocaína”), un recipiente con mariguana, un paquete de un kilogramo de esta misma droga, una bolsa de plástico con otro kilogramo de la yerba y tres vehículos.

Un día antes de la emboscada –el jueves 22– el Ejército había detenido a cinco integrantes de Los Aztecas, acusados de delitos contra la salud, entre otros cargos. Ellos son: Enrique Guajardo López, Kike; Raúl Gerardo Calderón Loera, El Flako; Juan Carlos Durón Moreno, El Travieso; Eduardo Morales Herrera, El Lalo, y Jesús Manuel Herrera Torres, El Cala.

Según la OCCH, estas personas aportaron información sobre el homicidio de una empleada del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y de su esposo: que fueron integrantes de Los Aztecas quienes participaron en los hechos y que uno de los detenidos –no precisa quién– se encargó de avisar si llegaba la policía.
En un comunicado, la oficina de la Operación Conjunta añadió que según sus propias declaraciones, los detenidos tenían la encomienda de “limpiar” la ciudad de sujetos que venden droga sin la autorización de La Línea.

*Tomado de la revista Proceso.

Desfiladero*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera.

∙ Mariachis para Carlos Monsiváis con música de Sabina

Jaime Avilés

“Fue entre pinos sin mar, una tarde antes de un concierto/ tú reinabas detrás de una pila de 22 mil 700 muertos/ cántame una canción al oído y te pongo un tequila/ con una condición/ que el señor Gómez Mont salga y diga que no soy indigno [...] Y nos dieron las dos y las tres y las cuatro y las cinco y las seis/ y borrachos al atardecer nos cayó García Luna...”

Crímenes que no prescriben

En su discurso del viernes antepasado (16 de abril) ante empresarios del turismo, Felipe Calderón reconoció que de cada 100 víctimas de “su” guerra “contra” el narcotráfico, seis eran “civiles inocentes”, cuatro “soldados o policías” y 90 delincuentes que se mataron entre sí. Según cifras actualizadas al día que se reunió con Joaquín Sabina en Los Pinos (19 de abril), el total de vidas arrasadas por la violencia ligada a la droga en los pasados 40 meses ascendía ya a 22 mil 700.

Como se desprende de la arenga calderónica, de diciembre de 2006 a abril de 2010, en este contexto habrían dejado de existir mil 362 civiles inocentes, 908 soldados o policías y 20 mil 430 civiles no inocentes. “Más de 90 por ciento de esos homicidios obedecen a la lucha de unos cárteles contra otros, es decir, no son ni siquiera acciones (?), ha habido muchos soldados, muchos policías caídos en cumplimiento de su deber, pero éste es un porcentaje que no llega, por ejemplo, a 5 por ciento de esas muertes”, dijo.

¿Qué significa “no son siquiera acciones”? ¿Que ninguno de los 20 mil 430 supuestos criminales caídos murió bajo las balas de policías o soldados? ¿Se mataron solitos entre sí? Pero, añadió Calderón, “son muchos menos todavía (los) civiles atrapados en el fuego cruzado entre los delincuentes o policías con delincuentes”.

Traducción: ninguno de los mil 362 “civiles inocentes” fue asesinado por las fuerzas armadas. Una vez más, Calderón no sólo miente, sino que pretende borrar de la memoria colectiva las muertes de niños, jóvenes y adultos inermes, perpetradas por soldados y marinos, por ejemplo, en Ahuatepec y Cuernavaca, Morelos (diciembre de 2009), Ciudad Juárez (enero), Monterrey y Nuevo Laredo (marzo), por no hablar de los ilegales allanamientos y saqueos de moradas, documentados, en Yucatán y Michoacán, también en marzo.

Pese a los testimonios de la familia tamaulipeca que fue acribillada con sus bebés el 20 de marzo al cruzar ante un retén cerca de Nuevo Laredo; pese a las protestas de la alta sociedad de Monterrey, que reaccionó con ira ante el asesinato de dos estudiantes del Tec, a quienes los soldados disfrazaron de “sicarios” el propio 20 de marzo, tal como habían hecho 17 días antes con un joven matrimonio en Anáhuac, Nuevo León; pese a los secuestros con fines de extorsión protagonizados por militares en Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Chiapas, etcétera, Calderón niega la realidad y, peor aún, la justicia, siguiendo el modelo que impuso al inicio de su embozada dictadura, tras el homicidio de Ernestina Ascencio en Zongolica, Veracruz, donde por sus pistolas decretó que el deceso lo había causado una “gastritis”.

Embelesado por la música de Sabina, Calderón muestra una absoluta indiferencia ante el más reciente informe de la CNDH, que registró de 2007 hasta marzo de 2010 un aumento de 500 por ciento en las quejas referidas a violaciones de garantías individuales cometidas por soldados y marinos. Sin embargo, quienes por estricta obediencia a su comandante supremo han salido a las calles con sus tropas –no a “disuadir”, tarea que le corresponde a la policía, sino a “atacar”, tal como explicaron algunos generales desde el anonimato a este diario hace unos días–, están preocupados por lo que les reserva el destino.
Enviados a una guerra imposible de ganar contra el crimen organizado, los militares exigen que el Poder Legislativo les extienda un permiso oficial para entrar sin mandato de juez en casas particulares y arrestar a sospechos para interrogarlos. ¿Por qué quieren un permiso para hacer lo que de todas maneras están haciendo por órdenes de Calderón? Para defenderse cuando sean juzgados por ello en el futuro.

Anteayer, jueves, todavía ahíto por el recuerdo de las cosas “tan bonitas”, que según Tania Libertad se dijeron Calderón y Sabina el lunes, el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acudió al Senado a pedir a los miembros de la Comisión de Seguridad Pública que no discutan, de aquí a septiembre, el tema del fuero militar, que pretenden reformar mediante la Ley de Seguridad Nacional. En el dictamen que de todos modos aprobaron ese mismo día, los legisladores anticiparon que los soldados y marinos que cometan delitos sexuales, torturas y desapariciones forzadas serán juzgados por tribunales civiles.

Tal vez Sabina no sepa que hasta hoy, ningún soldado o marino ha sido presentado a la opinión pública como responsable de crimen alguno contra la población civil. ¿Por qué? Porque eso lo juzgan tribunales militares, cuyas sentencias escapan al escrutinio ciudadano. Pero, ¿por qué Gómez Mont pidió una prórroga de cuatro meses al Senado? Porque el Ejército está discutiendo, dijo, su propio proyecto de reforma sobre el fuero militar, “que satisfaga las exigencias democráticas”.

Fuentes legislativas consultadas al respecto revelaron a esta columna que, entre otras cosas, los militares demandan que la Ley de Seguridad Nacional les conceda facultades para autorizar la celebración de fiestas particulares, supuestamente para ejercer mayor control sobre el crimen organizado, tan afecto a las parrandas con mariachis y tequila.

Veintiséis años después del retorno a la democracia, Argentina continúa juzgando y castigando a políticos, jueces, sacerdotes, policías, marinos y soldados que durante la dictadura militar (1976-1984) asesinaron y desaparecieron a más de 30 mil personas. Sus pares mexicanos, que hoy obedecen las espantosas instrucciones que les dictan desde Los Pinos, se sienten tranquilos de momento. Si el Senado aprueba la abolición del fuero militar, la Cámara de Diputados deberá ratificarla, lo que está por verse, pues para eso sirven los fieles a Peña Nieto. Pero si aún así, la Ley de Seguridad Nacional queda lista para ser promulgada, manteniendo la supresión del fuero militar, Calderón podrá vetarla, negándose a publicarla en el Diario Oficial.

Hay una nueva guerra sucia en México y quienes participan en ella lo hacen por disciplina, pero a la larga tendrán que responder ante la justicia. Cuando el estado de derecho se restablezca en el país, quienes hoy disparan por órdenes superiores contra el pueblo tendrán que rendir cuentas, porque los crímenes de lesa humanidad jamás prescriben. Por el bien de todos, y de ellos mismos, soldados y marinos deben regresar a sus cuarteles a la mayor brevedad.

Con un abrazo grande para José Emilio Pacheco, desde ayer premio Nobel de las letras hispánicas, Desfiladero dedica la música de los versos que abren esta página a su entrañable amigo Carlos Monsiváis, a quien exhorta a salir ya de ese hospital, entre otras cosas, para llevar a cabo una misión que sólo él puede realizar con éxito: decirle a Sabina que, si en verdad le importa y desea reconciliarse con millones de mexicanos que aman su poesía tanto como repudian a Calderón, cuando regrese a Madrid organice un concierto en solidaridad con México, hoy sometido a una dictadura neofranquista cada día más sanguinaria.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

La obcecación*

Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón y El Universal, Helioflores.

Luis Javier Garrido

Las perspectivas de México en 2010 no po-dían ser peores, pues la presión nacional e internacional están haciendo mella en el proyecto panista de incrementar la militarización de México con vistas a las elecciones de 2012, y el gobierno de facto está perdiendo los estribos mientras la economía se hunde en el desastre.

1. Las críticas en México y en el exterior por la violencia y la ilegalidad en que el gobierno de Felipe Calderón ha hundido al país, aceptando por móviles facciosos el escenario de la colombianización que se le impuso desde Estados Unidos, están siendo respondidas desde Los Pinos, primero con una vastísima campaña propagandística negando la gravedad de lo que acontece y luego pretendiendo reformar, con una legislación secundaria, expedida al vapor, el marco jurídico del país para tratar de paliar la anticonstitucionalidad de su proceder y la ilegalidad en la que está actuando, pero nada de ello resuelve el fondo de la cuestión. Todos los días hay decenas de muertos en Monterrey o en Cuernavaca, en Acapulco o en Ciudad Juárez, y en su mayoría son víctimas inocentes.

2. La campaña propagandística de Calderón ha fracasado tanto en México como en el extranjero por la gravedad de lo que acontece, y a las críticas cada vez más enérgicas de organismos internacionales y de innumerables organizaciones defensoras de los derechos humanos, se suman ya las de instancias del gobierno estadunidense, descontentas con la torpeza con que el gobierno de Calderón ha manejado el problema, e incluso las de voceros del sector empresarial que manifiestan abiertamente que la supuesta “guerra contra el narcotráfico” está dañando seriamente las estructuras económicas del país y, por consiguiente, sus intereses.

3. El debate público que se abrió el miércoles 21 al incrementarse las críticas de sectores empresariales por el manejo de la economía y de la seguridad pública que ha tenido el gobierno de Calderón solamente son respondidas con cifras mentirosas sobre el desempleo y las inversiones, que, por otra parte, son desmentidas todos los días, lo que confirma que el gobierno de facto tiene una cerrazón absoluta para cambiar de rumbo y ya muy poca viabililidad.

4. La constante del gobierno de negar el hecho central de que las principales víctimas de la violencia oficial se hallan en la población civil, y no precisamente por errores de quienes no están capacitados para fungir de policías, empieza a cambiar con una nueva demagogia, pero esto en nada modifica la gravísima situación. Calderón minimizó obcecado el viernes 16 la muerte de civiles, señalando mentirosamente que se producen en escenarios de “fuego cruzado”, cuando las evidencias muestran los casos de innumerables matanzas de inocentes, y el miércoles 21 trató de corregirse, creyendo que la simple propaganda puede cambiar la realidad.

5. El “caso Sabina” ilustra con claridad la impotencia oficial para hacer valer sus tesis inaceptables, pues no logró persuadir al artista, al que amenazó primero con una campaña en los medios de expulsarlo de México, aplicándole el artículo 33, y luego buscó congraciarse con zalamerías. El compositor e intérprete cometió dos errores a su llegada a México: el primero, cuando al manifestar su indignación por el hecho de que el gobierno utilice ilegalmente como cuerpo policial para “luchar contra el narcotráfico” a las fuerzas armadas que han cometido todo género de exacciones, atribuyó equivocadamente esta decisión a una supuesta “ingenuidad” de Calderón, cuando la militarización de México es un proyecto deliberado impuesto desde Washington para aterrorizar al pueblo, que Calderón ha hecho suyo por móviles facciosos, y el segundo fue aceptar platicar en una comilona con aquél al que la historia mexicana va a reconocer, aunque haya sido de facto, como uno de los gobernantes más sanguinarios, aunque al final Sabina haya tenido un gran acierto: mantenerse firme en su actitud crítica.
6. La segunda pretensión absurda de Calderón y de sus asesores está siendo ahora pretender que el Congreso les expida una Ley de Seguridad Nacional a modo, redactada sobre las rodillas, en la que se busque “legalizar” las actividades policiales de las fuerzas armadas, lo que de entrada sería anticonstitucional, pues la Constitución de 1917, conforme a la doctrina universal, asigna, por un lado, a la Policía Judicial, ahora rebautizada como Policía Federal (tras fusionarse la PFP con la AFI), la función de investigar los delitos, y por el otro lado prohíbe de manera tajante al Ejército cualquier función de tipo policial como las que los panistas lo están obligando a hacer.

7. Mucho más absurda es la pretensión calderoniana de pedir al PRI que lo ayude a salir de la gravísima situación en la que se halla, cuando, por una parte, con vistas a las elecciones locales de julio ha forjado una alianza con la corrupta cúpula del PRD para vencerlo e impulsa en los medios la enésima campaña de desprestigio contra el priísmo, y por la otra quiere ignorar la postura ya conocida del Institucional ante el problema. El senador Pedro Joaquín Coldwell, priísta prominente, escribía hace poco a Héctor Aguilar Camín (Milenio, 19/4/10) que no hay base constitucional para que el Ejército “despliegue funciones policiacas”, que la policialización del Ejército entraña enormes riesgos para el país y que no se puede desconocer que la que llama “institución fundamental del Estado” fue sometida por Calderón a un “desgaste brutal”, pues los señalamientos de violaciones a los derechos humanos le han generado un enorme descrédito, además de que las fuerzas armadas han sido claramente infiltradas por el narco.

8. El escenario actual se agrava mucho más, y al parecer eso se empieza a entender, tanto por la cólera creciente de los militares ante su propia ineficiencia, determinada por su actuación en un marco de ilegalidad y por su subordinación de hecho a la DEA y a la FBI, como por las críticas que se les hacen desde todos los horizontes sociales y políticos. La expresión de un alto mando militar, señalando que para ellos “ésta es una guerra” y que se encuentran en las calles “para atacar”, por lo que exigen un marco jurídico que los avale (La Jornada, 19/4/10), reitera, una vez más, que la situación ha llegado a sus límites y que el Ejército debe regresar a sus cuarteles.

9. El otro aspecto del embrollo en el que se hallan metidos los integrantes del gobierno panista lo constituye el del fuero militar, que instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están exigiendo se suprima en México a fin de que la justicia ordinaria pueda procesar a los militares que están cometiendo innumerables delitos contra la población civil, supresión a la que se opone Calderón y que ahora busca legitimar con una nueva iniciativa legal. La iniciativa blanquiazul para modificar el Código de Justicia Militar busca hacer creer que en el futuro los militares podrían ser juzgados por tribunales del fuero común para cumplir con la exigencia internacional, pero en los hechos aspira a hacerlo imposible.

10. El clamor civilizado, tanto de juristas como de organizaciones sociales, es el mismo del pueblo: debe ponerse un alto a la militarización del país y el Ejército debe retornar de inmediato a los cuarteles, y no debe ser la obcecación.

*Tomado de La Jornada.

Las falsedades de la Cofepris*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y El Fisgón y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Octavio Rodríguez Araujo

Es muy preocupante que cualquier cosa que diga la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sea reproducida por los medios sin cuestionarla. Uno de los últimos excesos en las declaraciones del titular de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud fue que pugnaría por una reforma a la Ley General para el Control del Tabaco para que se prohíba fumar en todas las áreas de acceso público, aunque sean abiertas, como estadios, conciertos al aire libre, plazas públicas y paradas de camión” (La Jornada, 16/4/10). ¿Las aceras y las calles están incluidas al ser áreas abiertas de acceso público? ¿El Zócalo capitalino también? ¿Qué más?

Esta obsesión antitabaco se ha vuelto en el titular de la Cofepris una cruzada sin más argumentos que sus ocurrencias, sólo compartidas y celebradas por los grupos militantes en contra del cigarro.

¿Quién es el titular de la Cofepris? Miguel Ángel Toscano Velasco, el mismo que afirmó el 17 de abril de 2009 (hace un año) que fumar producía, entre otras enfermedades, neumonía (La Jornada, 18/4/09). Este genio de la medicina pasó por alto que esta enfermedad es provocada por una bacteria llamada Streptococcus pneumoniae, razón por la cual se usan antibióticos para curarla. No puedo afirmar que Toscano influyó en el catálogo marke.com.mx, de abril de 2009, o este catálogo en el titular de Cofepris. Pero me inclino por lo segundo, ya que Marke anunciaba el purificador de aire Bell Howell como un aparato que “remueve las bacterias contaminantes del cigarro” y Toscano, ingenuamente, le creyó.

Este funcionario, de 37 años, es un economista del ITAM, militante de Acción Nacional, ex diputado de este partido y fue el mismo que el año pasado dijo que el agua de tres delegaciones del Distrito Federal contenía residuos fecales, sin comprobarlo. Este mismo muchacho fue el que siendo diputado acusó a varios de sus compañeros de haber recibido dinero de las tabacaleras, sólo porque no estuvieron de acuerdo en aumentar el impuesto al tabaco (El Universal, 30/11/05). Nunca pudo comprobar nada. De salud pública sabe lo mismo que yo de sánscrito antiguo, pero al haberlo nombrado el Presidente de la República, se volvió “experto” en la materia (el hábito hace al monje), y lo peor es que los medios se han hecho cómplices de las tonterías que ha dicho aunque carezcan de fundamento científico.

No contento con su cruzada en contra de que se fume tabaco, su comisión ya se lanzó también en contra del cigarro electrónico, argumentando que está prohibido en México porque “no se ha emitido autorización alguna para la importación, distribución o venta de los llamados ‘cigarros electrónicos’” (véase el sitio electrónico de la Cofepris) y, además, porque lo prohíbe la Ley General para el Control del Tabaco. Esta prohibición, según la Cofepris, está contemplada en el artículo 16 fracción VI, que dice: “Se prohíbe comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco” (se ha respetado la redacción). ¿Qué quiere decir que contenga alguno de los elementos de la marca? ¿La figura de un camello si se trata de la marca Camel? ¿O un rectángulo con una cuña en ángulo inclinado si se trata de Marlboro, etcétera? Se refiere a marcas. ¿Qué quiere decir cualquier tipo de diseño que lo identifique con productos del tabaco? Esto es más difícil de precisar: ¿que parezca un cigarro, un puro, una pipa, una cajita de rapé? ¿Y qué se puede decir de una señal auditiva que la identifique con productos del tabaco? Me doy, no se me ocurre ninguna.
El cigarro electrónico es un vaporizador de glicol de propileno, agua y en algunos casos, a solicitud del cliente, de nicotina. Ninguno de sus compuestos es dañino a la salud; sin embargo, la Cofepris ha indicado que “el consumo de nicotina ocasiona enfermedades respiratorias, neoplasias, problemas cardiovasculares y cerebrovasculares, las cuales pueden causar la muerte del fumador”.

La nicotina sola es inocua, incluso para la producción de cáncer. Si se aspira nicotina en un cigarrillo electrónico (e-cig) no hay alquitranes ni monóxido de carbono, por lo que el e-cig no puede producir cáncer (neoplasias malignas), aun aceptando que algunos componentes del cigarrillo produzcan cáncer. La nicotina tampoco ocasiona problemas cardiovasculares, pues normalmente se une selectivamente a los receptores de acetilcolina; si la primera es vasoconstrictora, la segunda es vasodilatadora. No hay ninguna evidencia de que la nicotina afecte las vías respiratorias. Por el contrario, la nicotina estimula la alerta, la vigilancia y el rendimiento cognitivo, además de producir un modesto placer. Es un antidepresivo como el Prozac. René Drucker Colín y Reyes Haro concluyeron que tanto la nicotina como el Prozac mostraron equivalente eficacia antidepresiva (véase Reyes Haro and René Drucker Colín, Effects of Long-Term Administration of Nicotine and Fluoxetine on Sleep in Depressed Patients. Archives of Medical Research 35 (2004) 499–506).

Por lo demás, si no está prohibida la elaboración y comercialización del tabaco, sino consumirlo en ciertas áreas, ¿por qué prohibir el cigarro electrónico que ni siquiera produce humo? Uno de los argumentos de la Cofepris, si así le puede llamar, es que “no existe evidencia científica de que este producto constituya una alternativa médica para dejar de fumar”, dando por sentado que los fumadores queremos dejar de fumar. ¿Y cuál es la “alternativa médica” para dejar de fumar? ¿Los parches y los chicles con nicotina, que no están prohibidos aunque no garanticen que se deje de fumar? ¿La que recomiendan los laboratorios y recetan algunos médicos? ¿Cuánto le paga Pfizer (Champix) a la Cofepris? Pfizer afirma que la vareniclina, que es el componente de Champix, es mejor que el bupropion (que también se usa para dejar de fumar), pero también dice que su producto “medicinal”, como tantos fármacos, tiene efectos secundarios muy comunes, comunes y poco comunes, algunos graves. Entre todos éstos está el aumento de apetito (en un país donde se trata de combatir el sobrepeso y la obesidad), somnolencia, cansancio, mareos, vómitos, constipación, diarrea, distensión abdominal, flatulencia, boca seca, dolores de cabeza, insomnio, reacciones de pánico, temblores, coordinación anormal, fibrilación auricular, palpitaciones, dolor de ojos y muchos más, que la nicotina ciertamente no produce.

Quizá la gran diferencia entre los “talibanes” antitabaco y quien esto escribe es que ellos son militantes contra el cigarro y también contra la nicotina y yo no: ni lucho contra el tabaco ni lo defiendo, simplemente me fastidia que los primeros digan tantas tonterías y exageraciones y que los medios no cuestionen sus afirmaciones, normalmente sin fundamento científico e irresponsables.

*Tomado de La Jornada.