La supresión del fuero militar, demanda “irreductible”*

Tomados de La Jornada, Helguera y Hernández y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Jenaro Villamil



Empeñado en que se apruebe el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional que propuso ante el Senado, el presidente Felipe Calderón mueve sus piezas. Si bien las Fuerzas Armadas le exigen garantías jurídicas para librar la guerra en que las involucró desde el inicio de su gestión, los legisladores presionan para que los delitos cometidos por las tropas sean juzgados por tribunales civiles. El propósito, dicen, es que se acabe de una vez por todas con la impunidad auspiciada por el fuero militar

Al mediodía del jueves 22, enfundado en un traje verde claro, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se presentó en las instalaciones del Senado de la República para destrabar las negociaciones del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, entrampada hasta ese momento por los temas del fuero militar, la participación del Senado en las declaratorias de afectación a la seguridad nacional y los retenes militares.
Gómez Mont se dirigió a los 22 senadores del PRD que se reunieron con él:

“Vengo a nombre de las Fuerzas Armadas a dialogar con la izquierda mexicana. Las Fuerzas Armadas piden que les den cuatro meses para modificar el Código de Justicia Militar.”

“Vamos a ir mucho más allá de lo que la Corte Interamericana ha planteado”, ofreció a los perredistas, así como al coordinador de la bancada priista, Manlio Fabio Beltrones, quien insiste en que los tribunales civiles deben incorporarse en los juicios contra militares.
El funcionario adelantó que la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar eliminaría del fuero militar los delitos sexuales, la tortura y la desaparición forzada.
Así, el secretario de Gobernación presionó de última hora para excluir del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional la propuesta de que los integrantes de las Fuerzas Armadas que durante los operativos contra el narcotráfico cometan delitos contra ciudadanos sean juzgados por tribunales civiles.

Escépticos, los senadores René Arce, Pablo Gómez y Tomás Torres le recordaron que la demanda del PRD de eliminar el fuero militar era “irreductible” para que su partido votara a favor del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, presentado por Felipe Calderón desde abril del año pasado.

Asesores de las comisiones dictaminadoras comentan a Proceso que el alto mando castrense pretende adelantarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde noviembre de 2009, en su sentencia sobre el caso de Rosendo Radilla, líder social de Guerrero desaparecido durante la guerra sucia de los años setenta, la Corte le pidió al gobierno mexicano que modificara el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

La Corte está en la fase final del juicio promovido por indígenas de Guerrero que acusaron a soldados de violarlas; también resolverá los casos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes denunciaron que fueron torturados por militares.

Indignación

El presidente del Centro Miguel Ángel Pro de Derechos Humanos, Luis Arriaga, comenta a este semanario que éstos y otros casos revelan que la militarización de la lucha contra el narcotráfico “ha minado el control civil sobre las Fuerzas Armadas” y ha generado un crecimiento explosivo de las denuncias de violaciones a derechos humanos perpetradas por el Ejército.

De acuerdo con un seguimiento hemerográfico del Centro Pro, entre 2007 y el primer semestre de 2009 la cifra de abusos cometidos por efectivos militares contra civiles creció 472%. De 54 abusos reportados en 2007 se pasó a 119 en 2008, y hasta julio de 2009 se tenían registrados 115.

Los casos que más denuncias han generado se relacionan con homicidio, irrupción ilegal en la vivienda, agresión física, tortura y robo. El número de víctimas también ha crecido: de 11 fallecidos en 2007 se incrementó a 22 civiles muertos en 2008 y ocho homicidios presuntamente cometidos por militares hasta el primer semestre de 2009.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2009, las quejas en contra de la Secretaría de Defensa Nacional se incrementaron 300%, y que las recomendaciones emitidas por el organismo crecieron 400%.

El mismo día que Gómez Mont acudió al Senado para negociar que se excluyera el tema del fuero militar se presentó el rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Rafael Rangel Sostmann, para proponerles a los legisladores que los delitos cometidos por militares sean juzgados en tribunales civiles.

Durante su encuentro con Carlos Navarrete, presidente del Senado y coordinador del PRD, Rangel Sostmann aprovechó para demandar que se esclarezca el asesinato de los estudiantes de posgrado del ITESM Jorge Mercado y Francisco Arredondo.

Dos días antes, el martes 20, acudieron al Senado integrantes del Comité del 68 para reclamar que se suspenda el proceso de dictaminación de las leyes de seguridad nacional y de secuestro, entre otras, hasta que se escuche la opinión de la sociedad civil.
Encabezados por Raúl Álvarez Garín, Jesús Martín del Campo y Carlota Botey, manifestaron que la iniciativa de Calderón sobre seguridad nacional “legaliza procesos y procedimientos que, además de ser violatorios de las garantías, busca eximir de responsabilidad a quienes los promueven”.

Las presiones más fuertes sobre el Senado provienen del Ejecutivo federal, así como de las Fuerzas Armadas. El jueves 22, Calderón se reunió con integrantes de la bancada panista y los emplazó para que sacaran adelante el dictamen. Por su parte, el titular de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y el secretario de Marina, Francisco Saynez, sostuvieron dos reuniones previas –miércoles 7 y lunes 12– con los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Congreso para demandarles “certeza jurídica” en las acciones de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.

Durante la última reunión, realizada a puerta cerrada el martes 7, Galván calificó como “daños colaterales” los homicidios cometidos contra civiles por parte del Ejército.
Esta declaración produjo desacuerdos dentro de la cúpula militar. El almirante Saynez admitió el miércoles 21 que las Fuerzas Armadas deben reconocer sus errores. Sin embargo, insistió en que no era tiempo de “lamentos ni de aflicciones”, sino de “cooperar y aportar a favor de los intereses nacionales”.

Avances

Hasta el martes 20, a tres sesiones de que concluyera el periodo ordinario de sesiones, había 23 “corchetes” o reservas entre los senadores que dictaminaban la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional.

Las diferencias más importantes se concentraban en los siguientes temas: fuero militar, retenes, participación del Senado en la declaración de existencia de una afectación a la seguridad interna y participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la vigilancia de los operativos.

El miércoles 21, las comisiones unidas de Seguridad Pública, Gobernación y de Estudios Legislativos eliminaron más de 10 “corchetes”, hasta que el senador Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación, presentó un proyecto alterno de dictamen que eliminaba la facultad del Senado para avalar el envío temporal del Ejército a las calles y confería una mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo en este rubro.

El senador perredista Tomás Torres recriminó a Murillo Karam que su propuesta era similar al decreto presidencial del 9 de mayo de 2007, mediante el cual se crea la figura de las Fuerzas Federales de Apoyo.

La discusión sobre el fuero militar quedó en el limbo. En torno a este punto circuló una propuesta, elaborada en la Comisión de Gobernación con el aval de los asesores de Gómez Mont, que planteó la posibilidad de eliminar ese fuero, aunque lo hizo de una manera indirecta y ambigua:

“En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada Permanente a que se refiere este título –decía la propuesta–, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delito, serán juzgadas en los términos de la legislación vigente y las resoluciones emitidas por los órganos internacionales que sean vinculatorias para el Estado mexicano.”
En sintonía con este planteamiento, avalado por el PRI, el coordinador de la bancada del PAN, Gustavo Madero, prometió que en menos de 24 horas el Ejecutivo federal presentaría una propuesta de modificación al Código de Justicia Militar.

La reserva en torno al fuero militar quedó así en suspenso. Sin embargo, la urgencia por aprobar el dictamen y dar “certeza jurídica” a los militares permitió que la noche del jueves 22 los senadores del PRD, del PAN y del PRI incluyeran modificaciones sustanciales para impedir el uso de las Fuerzas Armadas en contra de movimientos sociales o sindicales, y para reglamentar los retenes.

Al mismo tiempo se aprobó una propuesta del panista Ramón Galindo para que los ayuntamientos puedan solicitar la declaratoria de la afectación a la seguridad interior por medio del Congreso local o del Ejecutivo estatal.

Control indirecto

Alrededor de las 22:00 horas, cuando se discutían las propuestas del artículo 72 de la iniciativa, el senador René Arce pidió que se incluyera el criterio del artículo 13 constitucional según el cual todo civil que se involucra en un delito o falta de orden militar deberá ser juzgado por la “autoridad civil” correspondiente.

El senador panista Felipe González les dijo a los senadores del PRI y del PRD que ya había un acuerdo con Gómez Mont para que la eliminación del fuero militar no se incluyera en el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.

“De ninguna manera el Ejército ha violado la ley cuando nos está ayudando a que se restablezca el estado de derecho”, afirmó el exgobernador de Aguascalientes.

La posición de González provocó el enojo de Murillo Karam, quien presidía la sesión. “A mí me preocupa que se utilice como argumento que Gómez Mont va a mandar en septiembre la reforma al Código de Justicia Miliar para que discutamos la ley. No me gustaría condicionar una cosa con la otra”, indicó.

Pablo Gómez, del PRD, insistió en la propuesta de Arce. “Tenemos que resolver este problema: ¿qué va a pasar cuando los militares estén en funciones civiles? No queremos que sean delitos del orden común, sino que sean considerados delitos militares juzgados por tribunales civiles”.

Para destrabar la negociación, el senador panista Santiago Creel apoyó la propuesta de Arce, y también pidió incluir en el artículo 72 que se respete el artículo 133 de la Constitución, el cual estipula que los tratados internacionales firmados por México forman parte de la ley suprema.

“Tal parece que queremos meter al Ejército en una camisa de fuerza”, reclamó molesto Felipe González, correligionario de Creel.

Sin embargo, por mayoría se aprobó una nueva redacción del artículo 72 de la Ley de Seguridad Pública, que establece un control indirecto sobre el fuero militar. El texto del dictamen, cuya copia obtuvo Proceso, establece lo siguiente:

“Las fuerzas federales se coordinarán con las autoridades civiles locales y estarán subordinadas al orden jurídico establecido en la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales de los cuales sean parte los Estados Unidos Mexicanos.

“En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada Permanente a que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delitos que afectan a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia en los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Chivos expiatorios

Para el especialista en temas de seguridad nacional y exdiputado federal del PRD José Alfonso Suárez del Real, el problema no radica sólo en controlar al Ejército en sus funciones de policía frente al narcotráfico, sino “también al gobierno y a las policías”.

“No debemos centrarnos en que sólo el Ejército per se viola los derechos humanos y comete delitos. También lo hace la policía. Siento un desbalance en esta discusión. La Ley de Seguridad Nacional está pensada para beneficiar a Calderón y a Genaro García Luna”, afirma.

–¿Y no es importante discutir el tema del fuero militar? –se le pregunta.

–El debate sobre este tema diluye el asunto fundamental. Hay que conscientizar a las fuerzas militares de que sus miembros no deben ser los chivos expiatorios de los errores cometidos por Calderón o por García Luna en la lucha contra el narcotráfico.
“Existe un intento de privilegiar a la Secretaría de Seguridad Pública y de corroborar que Calderón prefiere a García Luna. Es al funcionario que más protege. Calderón no tiene una línea militarista, sino una línea policiaca. Tiene una personal animadversión contra el Ejército, por sus orígenes cristeros”, plantea Suárez del Real.

Por su parte, Luis Arriaga, del Centro Pro, insiste en que a las organizaciones de derechos humanos no se les consultó para la elaboración de una Ley de Seguridad Nacional.
“Los canales de interlocución están cerrados. Ni en Gobernación ni en el Senado nos incorporaron a la discusión. Nos preocupa esta concepción de la seguridad nacional desde una perspectiva bélica”, advierte.

Acorde con esta posición, Suárez del Real subraya que en esta discusión “se está perdiendo una oportunidad maravillosa: la seguridad nacional no sólo se ve afectada por el crimen organizado, sino también por la guerra del hambre, las guerras del agua o las guerras ecológicas que se perfilan”.

Y sentencia: “Calderón busca cómo zafarse de su responsabilidad de Estado por haber lanzado a una institución, como el Ejército, a una guerra lamentable”.


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Ante la OEA, otro caso de abuso militar contra civiles*


Gloria Leticia Díaz



El gobierno de Felipe Calderón presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los supuestos avances en las indagatorias sobre la desaparición de tres jóvenes detenidos por el Ejército en Ciudad Juárez en diciembre pasado. Sin embargo, el organismo de la OEA consideró insuficiente ese trabajo y ordenó aplicar medidas cautelares para proteger a las víctimas, a sus familiares y a los defensores. Antes, el gobierno mexicano había ocultado que la PGR declinó su competencia ante el caso y lo remitió al fuero militar.

Con la “complicidad” de autoridades civiles, los militares implicados en la desaparición forzada de tres jóvenes de Chihuahua “permanecen protegidos”, mientras el gobierno mantiene una “actitud de simulación ante organismos internacionales”, denuncia Luz Esthela Castro Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem).

Castro Rodríguez exhibe a la administración de Felipe Calderón a través del intercambio de correspondencia entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la desaparición forzada de los jóvenes Nitza Paola Alvarado Espinosa, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, quienes fueron detenidos por elementos del Ejército el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura, ubicado al oeste de Villa Ahumada.

El caso fue denunciado de inmediato por los familiares de los jóvenes Alvarado en la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJCH) y la Procuraduría General de la República (PGR), así como en las comisiones de Derechos Humanos del estado y la nacional, instancias ante las que nombraron como sus representantes al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).

La investigación fue remitida al fuero militar pese a que los familiares de los jóvenes desaparecidos en Chihuahua y sus representantes exigieron que las autoridades civiles se hicieran cargo del caso, en apego a las normas internacionales y a la sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en 1974.
Inconformes, el 12 de enero de 2010 solicitaron la intervención de la CIDH. La respuesta del secretario técnico de la Comisión, Santiago Cantón, el 4 de marzo, fue otorgar medidas cautelares a los familiares y a los defensores.

En un escrito dirigido a Gustavo Albin Santos, representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Cantón considera insatisfactoria la respuesta del gobierno mexicano enviada a la CIDH el 14 de enero, por lo que solicitó la protección del Estado mexicano para los desaparecidos, 11 de sus familiares y tres defensores.

En el documento con la clave MC-55-10, Cantón señala que la respuesta mexicana “no suministraba información sobre el paradero de las personas mencionadas”, y reprocha que, “a pesar de que algunos funcionarios indicaron a los familiares que los tres desaparecidos fueron detenidos por miembros del XXXV Batallón de Infantería, las autoridades no les habrían proporcionado información sobre su paradero”.

Luz Esthela Castro Rodríguez sostiene: “No hay duda de que fueron militares quienes se los llevaron, y a pesar de ello, las autoridades civiles ante las que se presentó la denuncia no han seguido esa línea de investigación, no han hecho ninguna diligencia para localizarlos, y peor aún, la PGR se declaró incompetente y envió el caso a la Procuraduría de Justicia Militar”.

Su certeza se basa en testimonios de militares adscritos al XXXV Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes y de funcionarios de la PGJCH en Buenaventura y Casas Grandes, en cuyas instalaciones localizaron la camioneta en la que viajaban Nitza Paola y José Ángel, la cual fue incautada por el Ejército.

Las organizaciones no gubernamentales reportaron a la CIDH que tres funcionarios de la PGJCH (Aarón Enríquez Duarte, Horacio Flores y otro de apellido Leyva) confirmaron verbalmente a familiares de las víctimas que los Alvarado fueron detenidos por militares en un operativo dirigido por Élfego Luján, comandante del referido batallón. También les dijeron que la camioneta GMC 2001 con placas ZTR 9367, en la que viajaban Nitza Paola y José Ángel al momento de ser arrestados, fue depositada por soldados en el corralón de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo Casas Grandes.

Por si fuera poco, Emilia González Tercero, integrante de la Cosyddhac, denuncia “actos de hostigamiento” de personal militar contra las familias de los desaparecidos, los cuales fueron expuestos ante la CIDH. Pese a ello, “no han cesado los rondines de vehículos con militares armados, en actitud intimidante, en torno a las viviendas de las familias y, peor aún, tratando de criminalizarlas”.

La expresión no es gratuita. La defensora se refiere a una reunión realizada el 9 de enero último en la V Zona Militar en Chihuahua, en la que participó el mayor Carlos Sergio Ruvalcaba, jefe del Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional, de la Dirección General de Justicia Militar:

“Un general de apellido Guillén –no nos dio su primer nombre– sacó un fólder con tres hojitas y dijo que ellos habían realizado investigación, de la que resultaba que las víctimas José Ángel y Nitza Paola tenían antecedentes penales por robo de vehículo y María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza, por robo a casa habitación. En ese momento nos levantamos de la mesa, pero antes María de Jesús le dijo al general Guillén que ella acababa de sacar un acta de no antecedentes penales de sus familiares, que no estaban involucrados en hechos delictivos.

“Los militares están haciendo exactamente lo mismo que las autoridades judiciales con las mujeres desaparecidas y muertas de Ciudad Juárez: están criminalizando a sus víctimas”, reprocha González Tercero.

Entre los actos de intimidación y hostigamiento reportados a la CIDH, una persona que se identificó como militar llamó a las oficinas del ayuntamiento de Ascensión para solicitar datos sobre Alejandro Alvarado Sáenz, uno de los primos de Nitza Paola, quien labora en la presidencia municipal.

Luz Esthela Castro Rodríguez aporta un dato para evidenciar “la falta de voluntad” de las autoridades para localizar a los muchachos Alvarado: el 3 de febrero, Nitza Paola se logró comunicar con una amiga pidiendo auxilio. Aun así, “hasta ahora no hay respuesta de ninguna de las autoridades supuestamente dedicadas al caso para identificar al propietario del número del que salió la llamada ni el lugar”.

Desde el 9 de febrero, los familiares y las organizaciones que los representan identificaron el número celular del Distrito Federal 55 42 77 39 09 contratado con la empresa Pegaso Comunicaciones. Sin embargo, las procuradurías local y federal se limitaron a enviar solicitudes de información al apoderado legal de la telefónica entre marzo y abril.

Simulación

El gobierno de Felipe Calderón asegura que en torno al caso existen investigaciones abiertas en la PGJCH, la PGR, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) y la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, así como en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Proceso tiene copia de la última comunicación que el gobierno mexicano envió a la CIDH, el pasado 24 de marzo, y que el organismo remitió a los representantes de las víctimas. En ella hace hincapié en la supuesta “inexistencia de información sobre las personas reportadas como desaparecidas” en las instalaciones del XXXV Batallón de Infantería y de la Policía Ministerial del estado, según las investigaciones del agente del Ministerio Público de la Federación Itinerante, y de acuerdo con una visita realizada por personal de la CNDH en la guarnición militar.

Más aún, informa a la CIDH de una reunión efectuada el 10 de marzo en Ciudad Juárez con la finalidad de establecer medidas cautelares y en la que participaron familiares y representantes de las víctimas, al igual que funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua, de las secretarías de Seguridad Pública federal y local, y de la Defensa Nacional, así como de la PGR y la PGJCH.

Según el gobierno federal, todas esas dependencias se comprometieron a dar una “respuesta puntual a cada una de sus solicitudes, realizándose gestiones a que haya lugar para comenzar con la implementación de las medidas de protección”.

Ahí se acordó que la Secretaría de Gobernación “coordinará una reunión de alto nivel en la que se abordará la solicitud de las y los peticionarios en el sentido de que quien investigue los hechos que motivaron las presentes medidas sea un órgano de persecución de los delitos de carácter civil y no militar”.

Aun sin aportar datos sobre el paradero de los jóvenes Alvarado, sin especificar los mecanismos que se usarán para el cumplimiento de las medidas cautelares y sin definir la competencia de las autoridades investigadoras, el gobierno de Calderón pidió a Santiago Cantón que “reconozca que el Estado mexicano ha adoptado las medidas necesarias para salvaguardar la vida, seguridad e integridad de los beneficiarios”.

En su búsqueda de descargo, el gobierno federal incluso reconoció otros casos de violaciones a derechos humanos en Ciudad Juárez, presuntamente cometidos por elementos del Ejército y que están detallados en los anexos de la respuesta que envió a la CIDH. Se trata de copias de oficios de la PGR, de la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos enviados al titular de la Unidad de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, José Antonio Guevara Bermúdez.

Además del caso de los Alvarado, se mencionan las desapariciones de los hermanos José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga, así como de Tomás Arguijo González, detenidos por militares el 14 de noviembre de 2008 y el 25 de septiembre de 2009, respectivamente.
También se consigna “la posible comisión de delitos atribuibles a personal militar en agravio de Manuel Ubaldo Ruiz o Manuel Ubaldo Martínez Ortiz, cometidos en el momento de su detención”, el 18 de octubre del año pasado, y el homicidio de Saúl Becerra Reyes, quien desapareció tras ser arrestado por militares el 21 de octubre de 2008; su cadáver fue encontrado en marzo de 2009.

Además se incluye el caso de la desaparición de la joven Mónica Janeth Alanís Esparza, quien fue vista por última vez el 26 de marzo de 2009, cuando salió de su casa rumbo a la universidad.

El pasado lunes 19 de abril, las organizaciones civiles que representan a los Alvarado y a sus familiares notificaron a Santiago Cantón “el incumplimiento de las medidas cautelares”, así como la “grave omisión por parte del Estado mexicano para realizar una investigación exhaustiva y efectiva que conduzca al esclarecimiento de los hechos y a la localización de Nitza Paola Alvarado Espinosa, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera”.

Hasta ahora, dicen, las instancias que el gobierno de Calderón menciona como encargadas de las investigaciones “se han limitado a elaborar e intercambiar oficios y cartas entre ellos”.

Acusan al Estado mexicano de haber ocultado a la CIDH que desde el 20 de febrero la PGR había declinado competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia Militar, y se quejan de que esa institución castrense remitió el caso a la Unidad de Personas Ausentes y Extraviadas, desconociendo la participación de elementos castrenses en los hechos, como denunciaron los familiares de las víctimas ante el agente del Ministerio Público Aarón Enríquez.

Los representantes de los Alvarado aseguran que en la respuesta de México a la CIDH “no hay constancias de diligencias o solicitudes realizadas por el Ministerio Público encaminadas a establecer o descartar la participación de elementos del Ejército, y la responsabilidad de los elementos castrenses”.

En ninguno de los expedientes abiertos por la desaparición de esos muchachos hay constancia de alguna investigación “que se relacione con elementos del Ejército, a pesar de que son los únicos señalados”.

Los peticionarios solicitan a Santiago Cantón que, a su vez, inste al Estado mexicano a facilitar medidas cautelares que garanticen la protección de los desaparecidos, sus familiares y sus representantes, así como la realización de investigaciones efectivas en la jurisdicción penal ordinaria.

Solicitan, asimismo, que se llame a comparecer al coronel Élfego José Luján Ruiz, comandante del XXXV Batallón de Infantería, “al igual que a mandos militares y elementos del Ejército, autoridades civiles y ministeriales que tuvieron conocimiento de que los Alvarado fueron detenidos por elementos del Ejército el 29 de diciembre de 2009”; que se identifique al propietario del número de teléfono del que Nitza llamó pidiendo auxilio el 3 de febrero, y que se establezca un mecanismo internacional para la localización de personas desaparecidas similar al que estipula la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Campo Algodonero, relativa a la desaparición y homicidio de tres jóvenes en Ciudad Juárez.

*Tomados de la revista Proceso.