Los nuevos ministros*

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández, y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

John M. Ackerman

Llama la atención la opacidad y el desinterés que han acompañado el proceso de selección de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La Presidencia de la República no ha justificado de manera pormenorizada su elección de Luis Aguilar, Mario Pardo, María Luisa Martínez, Arturo Zaldívar, Eduardo Ferrer y Jorge Adame para las ternas ni ha difundido públicamente sus currículos completos. Por su parte, el Senado de la República ha declinado su obligación de auspiciar un proceso de auscultación riguroso, y no ha invitado a la sociedad a opinar respecto de la idoneidad de los candidatos. Finalmente, los medios de comunicación, grupos de vigilancia ciudadana y analistas políticos tampoco le han prestado mayor atención a este importante proceso.

A diferencia del vigoroso debate público y legislativo que rodeó los nombramientos de los nuevos titulares de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo parece indicar que mañana los dos nuevos ministros entrarán a la Corte de manera sigilosa, sin haber levantado mayor discusión o interés público.

No faltará quienes digan que la relativa tranquilidad del proceso es en sí misma una buena señal, que demuestra el buen tino de Felipe Calderón en la selección de los candidatos y la madurez de la clase política y de la sociedad en su conjunto a la hora de procesar los nombramientos. Pero, independientemente de las evidentes credenciales y capacidades profesionales que tienen todos los candidatos, los ciudadanos nos merecemos procesos más rigurosos y abiertos a través de los cuales podamos conocer las trayectorias, opiniones y planes de trabajo de los aspirantes. Ello también dotaría de mucha mayor legitimidad a los candidatos finalmente seleccionados.

En Estados Unidos, por ejemplo, las comparecencias de los aspirantes a la Suprema Corte son actos sumamente dinámicos en que los candidatos son duramente cuestionados por todo lo que han declarado, escrito o decidido a lo largo de sus trayectorias públicas. El actual presidente de la Corte, John Roberts, fue severamente cuestionado durante su comparecencia por su pertenencia a una red secreta de juristas conservadores. La nueva ministra Sonia Sotomayor tuvo que comparecer durante cuatro días ante el Senado y los legisladores debatieron por más de 20 horas antes de avalar su nombramiento.

En otras palabras, mientras en otros lugares la designación de un nuevo ministro es un momento histórico de grandes proporciones que merece ser debatido a fondo, en México seguimos pensando que las pasarelas simuladas son la mejor forma de “dignificar” nuestras instituciones estatales.
¿Por qué Calderón se negó a incluir a Jorge Fernández Souza, apoyado por cientos de intelectuales y organizaciones de la sociedad civil, en una de las ternas que envió al Senado? ¿Cuáles son los criterios que utilizarán los senadores para seleccionar a los nuevos ministros? ¿Cuáles han sido las sentencias más relevantes que han dictado los tres candidatos que vienen del Poder Judicial? ¿Qué tipo de filosofía interpretativa emana de su actividad jurisdiccional? ¿Cuáles han sido los casos más importantes que ha litigado Arturo Zaldívar como abogado postulate? ¿Cuáles son las tesis académicas centrales que sostienen Jorge Adame y Eduardo Ferrer en su obra escrita?

La sociedad merece respuestas a cada una de estas preguntas. A los mismos candidatos también les convendría transparentar esta información, ya que se blindarían ante posibles descalificaciones futuras. El hecho de que ni siquiera contemos con elementos básicos para contestar al menos un par de las preguntas arriba señaladas habla del pobre estado que guarda la transparencia en materia judicial en el país.

El perfil de Arturo Zaldívar en particular demanda una seria discusión sobre el tema de los conflictos de interés en la impartición de justicia. De ser nombrado por el Senado, Zaldívar se convertiría en el primer ministro en la época reciente de la Corte cuya profesión principal es la de abogado postulante. Así como la llegada de José Ramón Cossío desde la academia implicó una modificación importante en la integración del pleno, Zaldívar también contribuiría a la pluralidad de la Corte.

Sin embargo, habría que evitar a toda costa que los vínculos de Zaldívar con el sector privado, como defensor de algunas de las empresas más poderosas del país, pudieran afectar su de-sempeño como juez constitucional. Su eventual nombramiento abriría la coyuntura para avanzar de manera definitiva en el fortalecimiento tanto del código de ética para los ministros como de los mecanismos institucionales de control y de transparencia de los conflictos de interés.

Un buen paso, por ejemplo, sería que todos los ministros hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales, mandaran a un fideicomiso ciego todas sus inversiones económicas y realizaran una declaración pública de intereses y amistades personales, familiares y de negocios. Solamente de esta manera evitaríamos la captura de nuestros valiosos organismos públicos por los poderosos intereses privados que buscan avasallar los poderes constituidos por todas las vías posibles.

http://www.johnackerman.blogspot.com/

*Tomado de La Jornada.

Freno a la censura*

Tomado de La Jornada, Hernández.

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

En octubre pasado, por unanimidad, los cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que era improcedente el amparo presentado por Marta Sahagún contra esta revista por presunto daño moral (Proceso 1719). En su voto concurrente, anexo a la sentencia definitiva del máximo tribunal (recién entregada a las partes), el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo dejó en claro que detrás de la demanda había un propósito de censura que no sólo perjudicaba a la publicación, sino que atentaba contra la libre circulación de la información y el derecho de la sociedad a saber.

Al negarle el amparo a Marta Sahagún en el juicio contra Proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación evitó que se establecieran en el país la censura previa y la cadena de responsabilidades entre empresas editoriales y autores.

Así lo determinó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo en el voto concurrente que elaboró para abundar en el fallo con el que la Corte puso fin a la demanda civil por daño moral interpuesta por Sahagún contra la revista.

La argumentación del ministro, conocida apenas el martes 10 de noviembre al notificarse la resolución a las partes, deja en claro que detrás de la demanda había un propósito de censura que no sólo perjudicaba a la publicación, sino que atentaba contra la libre circulación de la información y el derecho a saber.

Aunque el fallo contra Sahagún fue adoptado por unanimidad de los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte, de la que él mismo forma parte, Gudiño Pelayo argumentó su voto por escrito. Considera que el fallo debió abundar en otros temas, como la responsabilidad que puede existir entre las empresas editoras y quienes escriben para ellas en casos en que se afecten derechos de terceros.

El fallo de la Corte, adoptado el 7 de octubre a partir del proyecto elaborado por el ministro Sergio Valls Hernández, le negó a Sahagún el amparo con el que quería echar abajo la resolución adoptada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) a favor de Proceso.

El TSJDF absolvió a la revista en el juicio por daño moral emprendido por Sahagún en contra de este medio y de la periodista Olga Wornat por la publicación del texto Historia de una anulación sospechosa, en el que se da cuenta de la manera en que Sahagún logró la disolución de su matrimonio religioso con Manuel Bribiesca Godoy.

Al negar el amparo, la Corte confirmó la exculpación, pero dejó firme la sentencia en contra de Wornat, a la que el TSJDF encontró responsable de haber incurrido “en una ilicitud” al hacer impu­taciones a Sahagún más allá de la información que presentó.

Gudiño Pelayo explicó que el amparo promovido por Sahagún consistía en determinar si fue constitucional la absolución de Comunicación e Información, S.A. (CISA), editora de la revista, así como la responsabilidad de los medios de comunicación cuando a través de ellos se difunden opiniones o informaciones firmadas por otros.

En la sentencia se puso énfasis en que Sahagún fue un personaje público con amplia proyección en medios, y por esa condición se consideró admisible la intromisión que se hizo en su vida privada en la publicación objeto del juicio (Proceso 1719).

Gudiño sostiene que en la demanda no estaba en juego la responsabilidad de la revista porque sólo sirvió de vehículo para la libertad de expresión de otros.

Aclara, sin embargo, que la responsabilidad de las empresas editoriales debe valorarse en cada caso, pues “no todas las publicaciones son iguales”.

Para el ministro, en el caso de Sahagún no se trataba de juzgar si la periodista se extralimitó al revelar la información o si invadió el derecho a la vida privada de la quejosa. Más bien, dice, el juicio de amparo contra la revista tenía que ver con la responsabilidad o corresponsabilidad –en caso de que hubiera existido– de CISA por lo que publicó la periodista.

Los deslindes

Por encima de la demanda de la esposa del expresidente Vicente Fox, el ministro se pregunta: ¿Son responsables también las editoriales o sólo los autores por lo que firman? Según Gudiño, la participación de la editorial varía.

En el caso de Proceso, “la editorial no hace suyas las opiniones ni las informaciones que presenta su autora, ni las complementa con dichos propios, sino que abre sus espacios para que la autora exprese, revele, diga y opine lo que ella considere”.

Gudiño fue uno de los tres ministros de la Primera Sala de la Corte que le negaron a Wornat el amparo que tramitó contra la sentencia del TSJDF, con lo cual se cerró la puerta para que el máximo tribunal definiera criterios respecto al derecho a la información, el derecho al honor, el derecho a la intimidad y la responsabilidad civil por daño moral.
El voto concurrente, sin embargo, le sirvió para fijar su posición respecto a esa responsabilidad.

Señala que en una demanda como la que se emprendió contra CISA, “no podemos exigirle a las editoriales que revisen y que sean corresponsables con los autores –que a través de ellas publicitan sus escritos– de lo que ellos suscribieron, informaron u opinaron”, tal y como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“No podemos exigirle responsabilidad a las casas editoriales por las posibles extralimitaciones en que incurrieron quienes, a través de ellas, publicaron escritos que se tildan de ‘invasivos’ de la vida privada de otros, bajo el criterio de que contribuyen al debate público. En este caso, la responsabilidad pesa sobre quien suscribe lo dicho”, sostiene Gudiño.

El ministro dice que el texto que motivó el juicio fue “una publicación neutra”; no porque carezca de opiniones, sino que no refleja ni información propia de la editorial ni la opinión de la editorial.

Tanto en su demanda civil como en su escrito de amparo, Sahagún sostuvo que Proceso era corresponsable de haber violado, entre otros, el artículo 7 de la Constitución respecto a que la libertad de imprenta no reconoce más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

“Los límites y deberes exigibles a las casas editoras no siempre son los mismos que se aplican a los autores en lo individual”, responde el ministro a ese reclamo de Sahagún.
Precisa: “Hay que ver primero cuál es la modalidad en que se hace la publicación, así como también habrá que tener presente que el derecho a la tutela de la vida privada no es absoluto”.

Directo, Gudiño dice que el texto es una publicación en la que “no advierto que, dadas las circunstancias específicas en que se hizo… hubiere elementos que permitieran exigirle responsabilidad a la editorial; aun cuando la Sala responsable del TSJDF haya encontrado a la autora responsable del libelo”, responsabilidad que la Corte decidió no revisar al negarle el amparo a Wornat.

Junto con los ministros Valls y Juan Silva Meza, Gudiño hizo mayoría en la Primera Sala de la Corte para negarle el amparo a la periodista por razones de “caducidad”.

Gudiño sostiene que darle la razón a Sahagún contra la revista, habría generado “cadenas de responsabilidad entre editoras y autores” con lo que se “haría de los editores censores previos de todo lo que se quiera expresar”. Más aún, “inhibiría de manera importante la circulación de información y opiniones”.

Esos escenarios, añade, son “inadmisibles por ser fuertemente limitantes de la libertad de expresión y del derecho a la información”, pues “inciden en aspectos cruciales para el desarrollo de las sociedades democráticas” y “de manera trascendental en la circulación de información y opiniones”.

*Tomado de la revista Proceso.

Desfiladero*

Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón.

∙ Tictac-tictac: el IMSS y la bomba que viene


Jaime Avilés

El viernes 10 de julio de este ya decrépito 2009, la señora Luz María García Torres, de 76 años (número de Seguro Social 0553380010), empezó a tener dificultades para respirar, que se le acentuaron el sábado 11 y el domingo 12, por lo que el lunes 13 acudió a su unidad médico familiar, donde le hicieron un electrocardiograma. Al verlo, su doctor le aconsejó que fuera al hospital privado Médica Sur, donde otros análisis revelaron que le había dado un leve infarto: en el septum, la delgada pared que divide las dos mitades del corazón, se le había abierto un agujerito de un milímetro y medio de extensión, a través del cual la sangre se le estaba pasando de un ventrículo a otro sin ser bombeada adecuadamente al resto del cuerpo.

Ante esto, fue enviada a la unidad de Cardiología del Centro Médico Siglo XXI, donde la internaron en cuidados intensivos y quedó en espera de que la llevaran a una sala de hemodinamia para que le practicaran un cateterismo. ¿Qué es un cateterismo? Es un procedimiento por el cual a los pacientes les meten por la ingle una manguerita con cámara de televisión que recorre todas las arterias en busca de tapones de colesterol, y llega hasta el corazón para determinar en qué estado se encuentra.

Las imágenes que el catéter recoge a su paso por el sistema circulatorio son filmadas y examinadas por los médicos, para entender el problema y trazar una estrategia quirúrgica para resolverlo. Aquella noche del lunes 13 de julio, para desgracia de doña Luz María, las tres salas de hemodinamia del hospital público supuestamente más avanzado de México, estaban cerradas por fallas técnicas. Ninguna de las tres servía. La 1 y la 2 porque sus equipos, de la marca General Electric, son muy viejos. La 3, porque sus aparatos, de la marca Shimadzu, no habían recibido mantenimiento.

Como todas y todos sabemos, una sala de hemodinamia consta de lo necesario para efectuar cateterismos, a partir de una compleja y asombrosa máquina que en la jerga médica se llama “tubo”. A precios de hoy, un tubo cuesta unos 250 mil dólares y dura en servicio unos cuatro años.

Hace tres semanas, Desfiladero denunció que el director de la unidad de Cardiología del Centro Médico Siglo XXI, Ricardo Jáuregui Aguilar, mandó destruir y volver a construir una sala para pacientes trasplantados, que el gobierno de Vicente Fox terminó en 2002 y nunca fue estrenada, dizque por falta de fondos. Por tanto, permaneció intacta, flamante y virgen, digamos, hasta febrero de este año, cuando Jáuregui ordenó que la destrozaran para remodelarla, con el único objetivo de llevarse una tajada grande mediante un negocio turbio y con la complicidad de su superior, el doctor Alfonso Cerón Hernández, coordinador de las Unidades Médicas de Altas Especialidades de ese nosocomio.

Por andar en la parranda de la corrupción –gastando en obras innecesarias, o falsificando contratos de servicios para desviar dinero público a bolsillos privados (véase el Desfiladero de hace dos semanas)–, Jáuregui olvidó, o no pudo, pagar el mantenimiento de los tres tubos de hemodinamia, apostando a que éstos nunca se echarían a perder a la vez. Cuando doña Luz María cayó en sus garras, las tres salas estaban descompuestas desde el 8 de julio, y así permanecieron hasta el día 20.

La señora, en consecuencia, no pudo ser sometida al cateterismo de inmediato, ni operada a continuación. Este reportero obtuvo copias fotostáticas del expediente que registra su caso día a día, y puede demostrar que los médicos tratantes de esa desdichada enferma recomendaron insistentemente que le hicieran el cateterismo, porque su estado de salud empeoraba a gran velocidad.

El miércoles 15, finalmente, doña Luz fue llevada a una de las salas de hemodinamia, donde los plomeros del hospital habían echado a andar el tubo, pero no el sistema de filmación, de modo que los médicos le hicieron el cateterismo a ciegas y confirmaron la existencia del infarto. En seguida, al operarla, descubrieron que la herida entre los dos ventrículos había aumentado a 15 milímetros de diámetro, por lo que la cerraron con un “doble parche de bovino”, pero poco pudieron hacer por la arteria coronaria derecha, que presentaba “múltiples lesiones no significativas”, y cuya consistencia era la de un fideo cocido que ya no se podía remendar.
A pesar de su gravedad, la señora sobrevivió por lo menos hasta el 5 de agosto, fecha de la última “nota de evolución” que figura en la copia de su expediente. Como director de la unidad de Cardiología, el doctor Jáuregui habría cometido negligencia criminal contra ella porque al recibir las insistentes peticiones de los médicos que solicitaban el examen de cateterismo, no ejerció uno de los privilegios asociados a su autoridad: pudo haberla subrogado –es decir, mandado– a un hospital particular para que le practicaran ese estudio, pero no lo hizo. Moraleja: en el IMSS se subrogan los negocios, no los enfermos.

Cuando Desfiladero comenzó a publicar las bien documentadas y nunca desmentidas denuncias sobre las corruptelas de los doctores Jáuregui, Cerón y asociados, el director general del IMSS, Daniel Karam, deslizó entre los trabajadores del Centro Médico Siglo XXI que auditaría a ambos funcionarios. Han pasado tres semanas y Karam ha perdido una valiosa oportunidad para demostrar que no es un demagogo. Como en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, donde 49 niños murieron quemados por negligencia criminal, Karam vuelve a encubrir a una pandilla de servidores públicos inmorales, que privilegian sus intereses personales a costa de la vida de los usuarios del instituto.

Pero el cuento no termina aquí. A lo largo de esta semana, las salas de hemodinamia de Cardiología volvieron a permanecer cerradas por fallas técnicas. Y ayer, para colmo, el doctor Jáuregui ordenó la demolición de la número uno, la más antigua, provocando de inmediato una alerta sanitaria dentro del hospital debido a la polvareda que ocasionaron los zapapicos y los mazos de los albañiles. Al volar por los pasillos del edificio, las partículas de yeso, ladrillo y cemento de las paredes derrumbadas se convirtieron en una fuente de contaminación para todos los enfermos. ¿Hasta cuándo prevalecerán ahí la incompetencia, la corrupción y la irresponsabilidad?

Quién sabe porque ayer, mediante otra denuncia, los trabajadores de ese centro hospitalario informaron que la doctora Gabriela Sánchez Borrayo, jefa de la división de Cardiología, entregó a la poderosa firma farmacéutica Sanofi Aventis los datos del Registro Nacional de Síndromes Coronarios –una enorme lista de enfermos cardiacos, como quien dice un padrón de clientes a los cuales la trasnacional puede bombardear con toda clase de ofertas publicitarias–, y en recompensa la señora ha recibido pagos en especie, consistentes en viajes con todos los gastos cubiertos por la empresa. Al aceptar esos “regalos”, la cardióloga ha cometido faltas que prohíbe expresamente la ley de servidores públicos.

Las causas de la muerte de doña Luz María; el negocio de mil millones de pesos que Fernando Gómez-Mont planea con el apoyo de una empresa fantasmagórica para ficharnos a todos los mexicanos como delincuentes; la santa unión de panistas y priístas contra las mujeres para quemarlas en leña verde cuando aborten; el descarado robo de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro; el secuestro de más de 200 mineros dentro de autobuses que circulaban por Zacatecas, ordenado por Amalia García en complicidad con la Policía Federal, y desde luego el congreso “refundicional” del PRD, en que los chuchos se quedarán con los restos de ese putrefacto partido para hacer suya la candidatura de Peña, son ecos del tictac de la bomba de relojería que el paquete fiscal de Carstens programó para que estalle a partir de enero...

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

La definición*

Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha.

Luis Javier Garrido

El momento que vive el país en vísperas de cumplirse 100 años del inicio de la Revolución Mexicana es de una enorme gravedad, pues lo que está en disputa en estos meses y se definirá en 2012 es el proyecto de nación que habrá de ser México en el futuro, y muy difícilmente en el camino que se adopte podrá darse marcha atrás.

1. La división existente en México es ya muy honda a mitad del segundo sexenio panista, y precisamente por el desastre que han sido los dos gobiernos surgido del PAN, el discurso de la ultraderecha mexicana se ha desbocado asumiendo que al haber fracasado la reconversión gradual del Estado mexicano llevada a cabo en los últimos 25 años por la alianza PRI-PAN, es menester forzar los cambios que llevarían a que el país dejase de ser soberano y pudiese uncirse por completo al proyecto trasnacional.

2. Estas mafias se presentan todos los días como decididas a no dejar el poder y a exigir que desde ahora se acelere el proceso de desmantelamiento de la nación y se adopte plenamente el modelo neoliberal, lo que está generando nuevas tensiones.

3. La ofensiva de la extrema derecha mexicana contra las instituciones sociales, económicas y aun políticas del país es desaforada, pero sus ataques no están recibiendo, sin embargo, una respuesta suficientemente vigorosa de las organizaciones democráticas y de izquierda y ello va a ser clave de lo que va a acontecer en los meses por venir.

4. La legitimidad de esta exacerbada campaña para que el gobierno pueda culminar el proyecto de privatización de la nación es inexistente, pues Felipe Calderón no ganó la elección de 2006 y, en consecuencia, no tiene mandato para nada (a no ser de parte de los grupos mafiosos que lo impusieron y manejan) y sabe bien además que Acción Nacional sufrió una contundente derrota en las legislativas de este año, lo que confirma el repudio popular a sus políticas. Y esto se agrava porque del lado del Revolucionario Institucional, por una parte sus documentos básicos se oponen al proyecto entreguista que Salinas impulsa tras bambalinas, y por la otra en la campaña electoral de 2009 los priístas pidieron el respaldo popular precisamente para actuar en contra del proyecto neoliberal de Calderón y no para apoyarlo.

5. La tentativa del gobierno espurio de privatizar Luz y Fuerza del Centro y destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tras el asalto a las instalaciones de la compañía el 10 de octubre, y de decretar al día siguiente su desaparición, no sólo fue un acto ilegal, sino también ilegítimo. La complicidad de Beatriz Paredes (presidenta del PRI) y de Francisco Rojas (pastor de los diputados priístas) con Calderón, para evitar que la Cámara presentase una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmaron el martes 24, no es sino un peldaño más en el camino del priísmo hacia su despeñadero en 2012, pues una vez más se confirma que en su mayoría no son desde hace décadas nacionalistas, sino neoliberales y entreguistas, como los panistas.

6. La extrema derecha, sin tener legitimidad alguna para ello, concibió el golpe ilegal contra Luz y Fuerza del Centro como un paso fundamental para poder imponer por completo el modelo neoliberal en México, pues hace realidad varios de sus postulados: a) constituyó la manera más expedita para entregar otra parte del sector eléctrico a las trasnacionales como vía para propiciar el control total de Washington, sobre todo el estratégico sector energético, b) le permitió desbrozar el camino para destruir el sindicato obrero más combativo del país y con ello hacer ver a los sindicatos que aún se pretendan independientes que no tienen cabida en el neoliberalismo, opuesto a ellas, y que sus días están contados, c) hizo posible el envío a los mexicanos del mensaje de que la Constitución de 1917, aparentemente en vigor, no tiene vigencia en el país y que lo que vale son los programas neoliberales de los organismos financieros internacionales, d) les va a permitir tanto a panistas como a priístas, junto con las corporaciones extranjeras asociadas a ellos, hacer enormes negocios poniendo en práctica el principio neoliberal de “la sinergia”, y por último, e) les da pie para insistir en que el desmantelamiento total de la nación, tal como se concibió ésta tras la Revolución Mexicana, es su objetivo, como ahora lo hacen sus corifeos, f) por lo que, según insisten, el proceso de privatizaciones debe proseguir tras el que creen es un impulso recibido durante el conflicto con el SME.
7. El festejo oficial del 99 aniversario del inicio de la Revolución de 1910, presidido por Calderón, fue, como era de suponerse, la ocasión para festejar sin pudor alguno su muerte y el desmantelamiento de la nación al seguirse entregando riquezas estratégicas de los mexicanos a las trasnacionales y el control de las áreas estratégicas del Estado a Washington, como están festejando los académicos asociados al modelo neoliberal.

8. La andanada que se está dando al concluir 2009 no es nada más, por lo mismo, contra “la Revolución Mexicana”, sino también contra la Constitución de 1917 y las instituciones surgidas de ella, por lo que estos grupos minoritarios lo que celebran es desde el fin de México como un país soberano hasta la cancelación de los derechos sociales a la tierra, al trabajo, a la educación laica y gratuita, a la salud, a la seguridad social, y la desaparición de los organismos destinados a procurar su satisfacción.

9. La ultraderecha mexicana ha perdido ya toda vergüenza y exige, a contracorriente de lo que acontece en la mayor parte de los países de América Latina, que México se vaya de bruces a los brazos del neoliberalismo (aunque éste haya fracasado), y lo mismo en la explanada de Los Pinos el sociólogo Roger Bartra preconizó el día 20, ante los aplausos de Felipe y de sus amigos, que hay que destruir por completo el legado de la Revolución, que Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín sostienen, en el número más reciente de Nexos (noviembre), que mirar al futuro es abrazar con fuerza el ya viejo y fracasado modelo neoliberal, por lo que hay que arrojar al cesto de la basura a la soberanía, al nacionalismo, al sindicalismo y a las instituciones sociales: lo mismo que llevan años diciendo los locutores de Tv Azteca y Televisa.

10. El debate sobre el futuro del país está abierto y debe darse, por consiguiente, desde los sectores populares con argumentos, pero también con acciones, pasando de una actitud defensiva hacia una postura congruente con las luchas históricas del pasado.

*Tomado de La Jornada.

¿Fin del Estado laico?*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Naranjo.

Octavio Rodríguez Araujo

Aceptando, sin conceder, que Dios existe, ahora se vale de diputados para inspirarlos y controlarlos, según lo dicho por el coordinador de la Asociación Ministerial Evangélica de Veracruz para que votaran en contra del aborto. El Dios de los católicos, que tal vez sea el mismo de los evangélicos, no sólo está en contra del aborto, sino que, por medio de uno de sus voceros, en este caso de la arquidiócesis de Jalapa, ha opinado que las penas a las mujeres que aborten son insuficientes y ligeras” y que, además de hacerlas más pesadas, deberán extenderse a “la pareja de la acusada y al médico o partera que participen” en esa práctica “contra la vida” (La Jornada, 23/11/09).

Gracias a tales inspiraciones y controles divinos (quiero suponer) es que 17 congresos locales han dictado leyes que penalizan el aborto convirtiendo a las mujeres que lo practican (y a quienes las ayudan) en delincuentes. Los voceros de ese Dios inmisericorde con las mujeres que por diversas razones no quieren un hijo han convertido su debilidad religiosa, demostrada al no conformarse con el castigo divino que está presente en sus postulados (excomunión), al recurrir al castigo terrenal de las leyes y las prisiones que los seres humanos del poder han construido para castigar a sus semejantes por delitos que previamente inventaron como tales (por inspiración divina o sin ella). Y, para compensar dicha debilidad, han fantaseado que la bondad de Dios es tal que ahora dicta las decisiones de diputados priístas y panistas, y de algunos perredistas, petistas y convergentes en contra del aborto, es decir, para “salvar vidas” o, en su léxico, “almas”.

Con semejantes argumentos los catoliquísimos reyes de España expulsaron a los judíos a partir de marzo de 1492 y se argumentó que Dios, el de los católicos entonces, así lo quería precisamente para salvar a los judíos y al resto de los infieles pues se les daba la “oportunidad” de convertirse al catolicismo como fórmula no sólo para salvar sus vidas y sus bienes sino sus almas. Fueron años de intolerancia, repetidos muchas veces y en diversos países a lo largo de los cinco siglos desde entonces. Y esa intolerancia ha sido el fruto de creer que quien dicta lo justo, lo conveniente y los valores de la sociedad tiene la verdad, inspirada por su Dios, normalmente único y verdadero como en todas las grandes religiones. Los dogmáticos, de cualquier religión o creencia, están convencidos de que al decidir qué es justo y correcto también pueden decidir lo contrario: lo injusto y lo incorrecto. Si lo justo es castigar a quien comete pecado, según su marco de valores, injusto será no castigar o hacerlo con “ligereza”. Por lo tanto, penas a las mujeres que aborten, y si son más severas, mejor. Pero deberán ser penas terrenales no religiosas, como las que se ejercieron en la inquisición que siempre actuó en nombre de su Dios, primero contra los judíos y los infieles (musulmanes, entre otros), luego contra los protestantes en Francia o contra los católicos en la Inglaterra protestante, y así hasta el presente en las combinaciones que se les ocurra a los fundamentalistas de cualquier signo; y a los racistas también.
Intolerancia es la palabra clave. Y la mayor de las intolerancias está basada, siempre, en creencias (dogmas o actos de fe) y no en las ciencias que buscan la verdad pero nunca hacen de sus hallazgos una verdad absoluta y totalmente comprobada. Por esto la ciencia no es compatible con el dogma y, por lo mismo, muchos científicos creyentes o religiosos tratan de encontrar en aquélla justificaciones para sus dogmas previamente asumidos. Uno de estos dogmas, que la ciencia moderna relativiza en todos los casos, es que la vida humana se da desde que un espermatozoide fecunda un óvulo “creando” un nuevo ser. Desprenderlo de la madre será, para ellos, un asesinato igual o equivalente a pegarle un tiro en la cabeza a mi vecino. El secreto en este razonamiento es la palabra “humano”, que para algunos católicos de la primera mitad del siglo XVI no era cualidad ni atributo de los indios de América, ni antes ni después de nacer.

Para los cristianos, principalmente católicos y evangélicos, un feto de menos de 12 semanas en el vientre de la madre es ya un ser humano, por lo que abortarlo es asesinarlo, independientemente del de-sarrollo de su cerebro, de su origen (violación, por ejemplo) y de su destino por razones biológicas, sociales y económicas. Si la madre está en riesgo por continuar su embarazo, no es problema para los religiosos, pues su respuesta será siempre que ésa será la voluntad de Dios, pero no lo es que un médico salve a la madre al provocarle un aborto con todas las de la ley y la higiene de un quirófano propiamente dicho.

Una legislación inteligente y no “inspirada” por Dios (en realidad por quienes se dicen sus voceros o representantes en la Tierra) sería que en los hospitales los médicos no creyentes pudieran practicar abortos y los otros no si su “conciencia” (en realidad creencia) no se los permite. Cada mujer y su pareja (si la tiene) escogerían a quién acudir. Esto sí es humano, puesto que una de las diferencias entre el humano y quien no lo es, es el libre albedrío, la capacidad de razonar sus decisiones y de tomarlas según le convenga.

Una de dos: o los diputados, incluso algunos que se dicen de izquierda, se han vuelto religiosos o quieren quedar bien con las iglesias, en este caso cristianas, para negociar con ellas su apoyo en las próximas elecciones. Sea cual sea la motivación de los legisladores que penalizan el aborto, el hecho es que los valores laicos que caracterizaban a los políticos mexicanos han sido abandonados. Y si quienes dictan las leyes están asumiendo valores dependientes de organizaciones y confesiones religiosas (lo contrario de lo laico), es válido pensar que en un futuro próximo, sobre todo con el PAN y el PRI, tendremos un Estado no laico y sin separación de éste de lo religioso.

¿Vamos hacia un Estado católico? ¿Norberto Rivera como secretario de Gobernación o presidente de la Suprema Corte de Justicia? Dios nos libre, pero no falta mucho, ya casi, y de ahí a la reinvención de la Santa Inquisición sólo faltará un paso.

*Tomado de La Jornada.

De "Súper Téllez" a "Mini Molinar"*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F., 24 de noviembre (apro).- En enero de 2009, sin consulta previa con los sectores involucrados, el presidente Felipe Calderón Hinojosa publicó un reglamento que le otorgaba atribuciones centralizadoras al secretario de Comunicaciones y Transportes para ser la única área responsable de entregar concesiones en medios electrónicos, refrendar y licitar las concesiones, así como determinar qué pasaba con la administración del espectro radioeléctrico.

El reglamento afectó claramente las atribuciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), entidad creada justamente para regular el sector, pero que siempre ha estado subordinada a los intereses de los grandes grupos mediáticos y de telecomunicaciones o a la discrecionalidad del titular de Comunicaciones y Transportes.

Cuando se publicó el reglamento en el Diario Oficial de la Federación, el entonces secretario Luis Téllez sintió que le había ganado una partida fundamental al presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, a quien acusó de estar "capturado" por los poderes de grandes empresas como Televisa, Telmex, TV Azteca. En esencia, Téllez se convertía en un supersecretario, perfilado para la sucesión presidencial. De esa manera, decían los enterados, Calderón agradecía sus buenos servicios en el espinoso expediente del avionazo de Juan Camilo Mouriño.

La historia posterior es conocida: Téllez se estrelló en sus propias ambiciones. El "fuego amigo" y el enemigo lo colocaron en una situación muy delicada que lo llevó a la renuncia de la SCT. El funcionario que se vio a sí mismo como el zar de las comunicaciones y los transportes dejó al sector dividido, confrontado, con más de 60 litigios pendientes y sin certeza jurídica en materia de refrendos, sobre todo, en la radio.

Ahora, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron cerrar el expediente abierto por ese polémico reglamento presidencial. La decisión de 8 de los 10 ministros que apoyaron la sentencia de Genaro Góngora Pimentel, en su espectacular despedida del máximo tribunal, indica que el presidente se extralimitó en sus funciones y que el titular de la SCT no tiene facultades para otorgar prórrogas, refrendos o modificaciones de las concesiones y permisos en materia de radiodifusión.

Tampoco tendrá atribuciones para declarar administrativamente la caducidad, nulidad, rescisión o revocación de las concesiones. Por tanto, el titular de la SCT pasa de supersecretario a un mini-secretario que tendrá que lidiar con la Cofetel –organismo que, efectivamente, aún no ha demostrado que está fuera de la sombra de la "captura"-- y arreglar el entuerto que dejó Téllez en su largo y tortuoso enfrentamiento con Osuna y con la subsecretaria Purificación Carpinteyro.

Las consecuencias de las decisiones que adopte la Suprema Corte para el sector de telecomunicaciones, y de radio y televisión serán múltiples. He aquí algunas de ellas:

a). En primer lugar, Molinar tendrá que explicar ante la Cámara de Diputados en qué situación se encuentra exactamente el estado de las concesiones y los refrendos pendientes. También deberá ser muy claro en el manejo y administración del espectro, donde los criterios discrecionales persisten.

b). La Cofetel tendrá un gran desafío enfrente. Existen cerca de 400 frecuencias, tan sólo en radio concesionada, que están en el limbo porque también la Suprema Corte determinó –cuando analizó la controversia por la Ley Televisa- que un concesionario no puede renovar su concesión automáticamente si antes no participa en una nueva licitación.

c). El alto nivel de litigio jurídico persiste. Esta situación se acrecentó durante el enfrentamiento entre la SCT y Cofetel por centralizar las atribuciones del sector que representa el negocio más importante de la última década. Existen amparos en contra de renovaciones entregadas y demandas, como en el caso de MVS, en contra de la pretensión de Cofetel de quitarle parte de su espectro en la banda de 2.5Mhz, por supuesta "subutilización". También está abierto el expediente en contra de TV Azteca por la comercialización, presuntamente ilegal, de HiTV.

d). El especialista Gerardo Soria también alertó que existe el riesgo de que varios procesos resueltos por la SCT queden nulos, como son los casos de varios refrendos.

e). Sin embargo, el desafío fundamental es que Cofetel demuestre que es un auténtico regulador y no un organismo más arrodillado ante los intereses de monopolios tan fuertes como el de Televisa. Los hechos recientes indican que Cofetel está encarrilada en el cártel creado entre las más importantes empresas de televisión por cable, Televisa y la compañía Telefónica para "crearle competencia" a Telmex. En tanto no se resuelva el ingreso del gigante telefónico al mercado del triple play las disputas en el sector serán cada vez más agrias.

Email:jenarovi@yahoo.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

La derecha prianista*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, D.F., 23 de noviembre (apro).- Después de rebelarse como tenaz promotor de cárcel para las mujeres que por cualquier desgracia sufren un aborto, inclusive si son violadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) afianza su perfil de derecha con el aval al gobierno de Acción Nacional (PAN) para someter a los mexicanos al control policíaco-militar que implica la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC).

No extraña una cosa ni otra: El PRI se comenzó a instalar en la derecha política y económica desde hace un cuarto de siglo, cuando se hizo compañero de ruta del PAN hasta en la destrucción del Estado laico. Ahora consolida sus alianzas con los sectores reaccionarios y afina los mecanismos de compra del voto para encaminarse a su victoria en 2012, como si fuera una fatalidad el efecto pendular entre esos dos partidos.

En realidad, visto cómo han ejercido el poder en los cuatro sexenios recientes, PRI y PAN actúan como un solo cuerpo. Inclusive hay, al menos, dos gobernadores priistas que forman parte de la organización ultraderechista El Yunque: El de Tamaulipas, Eugenio Hernández, según una infidencia del diputado Francisco Ramírez Acuña, e Ismael Hernández Deras, de Durango.

En este acompasamiento se entiende el arreglijo que, de madrugada, estableció Beatriz Paredes con Felipe Calderón para que los diputados priistas y panistas aprobasen, como parte del Presupuesto de Egresos 2010 un total de mil 2 millones de pesos para un proyecto que busca someter a control a todos los mexicanos mediante el uso de sus datos personales, incluido el iris de sus ojos.

Se trata de la implementación del Registro Nacional de Ciudadanos (RNC) y, para los mayores de edad, la Cédula de Identidad Ciudadana, la CIC, que tiene metas ocultas: Arrebatarle al Instituto Federal Electoral (IFE) el control del padrón de electores, "extinguir" la credencial para votar con fotografía y, además, traficar con la información de cada persona.

No se entiende tal componenda de Paredes, descrita en el semanario Proceso que ayer domingo comenzó a circular, sin el tesoro que implica el manejo de casi 80 millones de electores que ahora está bajo el control del IFE y que, conforme al proyecto de Calderón-Paredes, regresará a las manos del gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación.

No se trata de un invento, porque estos objetivos están literalmente descritos en un documento "clasificado" de esa dependencia, y que implica que el gobierno federal retomará el dominio de la lista de electores que, por décadas, generó desconfianza en los mexicanos por ser un instrumento para el fraude electoral.

Pese a que el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, pactó con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la "coexistencia" de la CIC y la credencial de elector, el documento de la Secretaría de Gobernación es inequívoco en los verdaderos propósitos del proyecto de Calderón:

"El RNC proporcionará al IFE la información nominal para que éste último integre padrones y listas nominales de electores. Por lo tanto, se extingue la credencial para votar por ser la CIC el documento de identificación personal necesario para el derecho al voto y otros correlacionados (derechos políticos)."

A ese propósito está enfocada una inversión de recursos públicos por más de 3 mil 500 millones de pesos, mil 173 de los cuales solicitó Calderón a la Cámara de Diputados para 2010, la mayor parte de los cuales le fueron aprobados gracias al PRI, que, de ganar el gobierno federal en 2012, retomaría también el control de las listas de electores. Ya se sabe para qué.

En efecto, pese a que a la CIC no se le autorizó ni un solo peso, se asignaron 850 millones de pesos al Registro Nacional de Población (Renapo) y otros 147 millones de pesos al "mantenimiento" de registros civiles, lo que, abre la puerta a que esos recursos –mil 2 millones de pesos-- se transfieran realmente al proyecto de Calderón.

Entre las 3 y 4 de la madrugada del martes 17, Zambrano y el también perredista Ilich Lozano pactaron con el petista Enrique Ibarra, experto en asuntos electorales, y el priista Felipe Solís Acero, exsecretario ejecutivo del IFE, introducir el artículo transitorio en el documento de presupuesto para evitar las transferencias a la Cédula de Identidad.

Sin embargo, al cabo de unos minutos, después de una reunión privada de la diputada Paredes con la coordinadora de los diputados panistas, Josefina Vázquez Mota, la voluntad de Solís se modificó. "No va". Y no fue.

El gobierno de Calderón podrá echar a andar el proyecto que ni siquiera George Bush pudo implementar en Estados Unidos y que, en México, anticipa peligros que no sólo tienen que ver con el retorno de los fraudes electorales --que de por sí están vigentes--, sino como mecanismo de represión policíaco-militar desde el Estado.

Sobre las dudas, como es su costumbre, el gobierno de Calderón calla…



Apuntes

Las escritoras Sabina Berman, Guadalupe Loaeza y Lucía Melgar promueven un documento para condenar el "silencio cómplice" del Congreso de la Unión y la omisión de la mayoría de los medios de comunicación ante la "oleada de reformas legales en 17 estados del país con las que se criminaliza el aborto", porque "es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres y un ataque directo al estado laico garantizado por la Constitución de México". Ante esto, reivindican el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su maternidad; el derecho a no ser violentadas y a recibir servicios médicos y legales del estado en los casos de violación y violencia sexual, y los derechos humanos básicos a la salud, al bienestar y a una vida digna. Suscribo, sin vacilación, estas demandas… Entre los lectores que atendieron la pregunta de la semana pasada, en el sentido de que qué puede esperarse de Calderón, uno de ellos respondió que una alianza PRD-PAN en Oaxaca. Pero no es cierto. Esa posibilidad no existe. El PAN y Calderón van a seguir siendo alcahuetes de Ulises Ruiz...

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

La revolución traicionada*

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Bernardo Bátiz V.

La Revolución Mexicana la ganó en los campos de batalla el pueblo de México: primero, con Francisco I. Madero, que la inició con su Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910 en contra de Porfirio Díaz, quien ya viejo, pero fuerte aún, prefirió desterrarse a Francia para evitar males mayores. La segunda revolución que ganó, contra Victoriano Huerta, estuvo encabezada por Venustiano Carranza y muchos de los que apoyaron a Madero. Ejércitos populares de campesinos y trabajadores de todo el país pensaron que con estos dos triunfos en contra del Ejército federal daría inicio una nueva época en que la justicia y la igualdad fueran una realidad.

Algo se logró, especialmente en educación y reparto agrario; sin embargo, al correr del tiempo algunos de los mismos que iniciaron la lucha armada, y luego quienes se dijeron sus continuadores, abandonaron los principios por los que se peleó y al final acabaron traicionando abiertamente las banderas que el pueblo levantó en el movimiento armado.

Los principios de la Revolución son muchos, pero la tradición y un poder de síntesis, que es símbolo de la sabiduría popular, los encerró en unos cuantos lemas que todos conocemos: “Sufragio efectivo, no relección”, “Municipio libre”. “Tierra y libertad”, “Educación laica y gratuita”.

A los 99 años de iniciado el movimiento, si hacemos un balance retrospectivo, veremos que la Revolución Mexicana ha sido burlada, y sus lemas, que se siguen repitiendo, ya no tienen significado real en la vida cotidiana de nuestra nación. Quienes se dijeron sus continuadores, primero en el Partido Nacional Revolucionario, luego en el Partido de la Revolución Mexicana y finalmente en el Partido Revolucionario Institucional, simplemente cambiaron, como dijo alguien, el caballo por el cádilac, la ropa del campesino o del obrero por el casimir inglés y repitieron las estructuras de explotación, corrupción y oligarquía de los gobiernos en contra de los que pe-learon los caudillos Madero, Carranza, Zapata, Villa, Ángeles y algunos otros.

Lázaro Cárdenas trató de rescatar algunos de los valores por los que luchó el pueblo, principalmente los relacionados con la justicia social; sin embargo, por diversos motivos, a su esfuerzo sexenal no se le dio continuidad y se volvió del estilo de los grandes negocios, del compadrazgo entre funcionarios y empresarios, de la falsificación del voto, del engaño al pueblo y del fraude electoral y financiero. “El que miente roba”, decía un viejo maestro.

El sufragio efectivo sigue siendo una meta inalcanzable y acabamos de ser testigos del espectáculo vergonzoso del reparto del presupuesto con miras a la compra de votos; la falsificación de las elecciones es cada día más sofisticada, pero también más cínica, y el sufragio no es efectivo porque el pueblo es abrumado por propaganda falaz, comprometido por hambre y miseria, además de engañado con resultados alterados.
El municipio no es libre, y si bien en los dos sexenios pasados ya no es el presidente el que controla a los ayuntamientos, éstos dependen o bien de los recursos y favores de la Federación, como se hizo durante muchos años, o como ahora: del poder de los gobernadores, quienes manipulan el presupuesto federal por conducto de los diputados federales de sus estados y condicionan las participaciones municipales al control político. El municipio, que debiera ser la escuela fundamental de democracia, la autoridad más cercana a los ciudadanos, una especie de prolongación del hogar, lamentablemente es un nido de arbitrariedades, injusticias y negocios para quienes lo controlan.

Los campesinos no son dueños de su tierra más que de nombre, están abandonados y para sobrevivir tienen que emigrar a las ciudades o al extranjero; somos dependientes en materia alimentaria porque no hemos sabido o no hemos podido hacer de los campesinos una clase social digna que pueda vivir de su trabajo y a la vez producir para todos. Durante años se usó la organización campesina como una de las diversas fuerzas políticas de apoyo al partido oficial, pero se les esquilmó y postergó sin piedad; hoy, en la época del retorno al liberalismo capitalista, simplemente se les desprecia y se les abandona; a lo más, los partidos los recuerdan cuando las elecciones están encima y buscan sus votos a cambio de pequeñas dádivas que atenúan su miseria por algunos días.

La libertad es una ilusión en nuestro país; se han inventado nuevas formas de limitarla y coartarla. Los poderosos, política y económicamente hablando, cuentan hoy día con innumerables mecanismos para evitar que las personas actúen, trabajen, piensen y se expresen con libertad.

La necesidad de trabajo es uno de los instrumentos más eficaces para anular la libertad; el actual gobierno la usó con los sindicalizados de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro; el chantaje no fue ni siquiera disimulado: “si quieres comer, tienes que aceptar el atropello”. Los mismos legisladores han perdido su libertad como parlamentarios al tener que escabullirse de la sesión para no votar en contra de lo que los grandes empresarios de los medios de comunicación esperan, y en todos los ambientes –públicos y privados– se exige la incondicionalidad, y a veces hasta el servilismo para mantenerse en el trabajo.

En resumen, no hay tierra ni libertad, no hay sufragio efectivo, no hay municipio libre, no hay educación pública y gratuita para todos, y es evidente que la Revolución traicionada clama por otra, ésta incruenta, pero que rescate los ideales incumplidos de la de 1910. Para ello se requieren convicciones, que si bien fueron traicionadas, no han sido abandonadas ni olvidadas por la gente; se requiere también confianza en el poder ciudadano y organización, mucha organización.

jusbbv@hotmail.com

*Tomado de La Jornada.

Un hombre leal a sí mismo... y al poder*

Tomado de La Jornada, Hernández.

JENARO VILLAMIL

Priista, panista, zedillista, calderonista… Javier Lozano Alarcón sólo es leal a sus propios intereses, individuales y de grupo, en aras de los cuales no le importa transgredir la ley y enfrentarse a poderosos en beneficio de otros poderosos. El precio es que no ha podido ser secretario de Comunicaciones y Transportes. Pero algo ha cosechado: como sólo le teme a la ausencia de reflectores, Felipe Calderón lo puso en la Secretaría del Trabajo para confrontar a los movimientos sindicales.

Amigo personal de Guillermo Ortiz y de Francisco Gil Díaz, con quienes laboró entre 1984 y 1989 en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; funcionario de primer nivel en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el zedillismo (oficial mayor, subsecretario y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones entre agosto de 1996 y mayo de 1999), Javier Lozano Alarcón abandonó su carrera de piano en el Conservatorio Nacional de Música y su militancia priista para aspirar a ser uno de los hombres fuertes del presidente Felipe Calderón, aun a costa de que se le considere uno de los secretarios más rijosos del gabinete.

A su paso por el sector de telecomunicaciones Lozano Alarcón sembró varios de los conflictos que este año revivieron con toda su fuerza: se confrontó con el magnate Carlos Slim, quien no toleró el hecho de que se sentaran las bases para favorecer a los competidores de Telmex, y benefició con dos prórrogas simultáneas a la empresa Unefon, que posteriormente fue adquirida por Ricardo Salinas Pliego, uno de los clientes del despacho Javier Lozano y Asociados.

Quienes lo conocen saben que su principal aspiración en el gobierno de Felipe Calderón fue llegar a ser titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El veto simultáneo de Telmex, Televisa y de varios operadores de telecomunicaciones provocó que Calderón dejara a su antiguo condiscípulo de la Escuela Libre de Derecho (uno más en el gabinete) al frente de la Secretaría del Trabajo.

Esto no ha impedido que Lozano se confronte lo mismo con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que con sus antiguos correligionarios priistas, y hasta defienda a través de cartas públicas el nombramiento de Jorge Mier y de la Barrera como oficial mayor de la Secretaría del Trabajo, después de que el Consejo de la Judicatura lo despidiera por presunto fraude y cohecho.

Mier y de la Barrera conoció a Lozano desde los tiempos en que el titular del Trabajo fue subsecretario de la SCT y presidente de la Cofetel. Esa red de intereses y de compromisos están presentes ahora que, desde la Secretaría del Trabajo, el abogado originario de Puebla no oculta sus pretensiones de convertirse en el sucesor de Calderón en la Presidencia de la República.

Los conflictos

El 1 de octubre de 1998 y el 29 de marzo de 1999, la firma del entonces presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Javier Lozano Alarcón, avaló un hecho inédito en la historia del sector: en dos ocasiones consecutivas autorizó que la empresa Unefon prorrogara el pago de 80% de 2 mil 620 millones de pesos por concepto de contraprestación en la licitación que había ganado para explotar por 20 años las frecuencias para telefonía inalámbrica, fija y móvil.

A ninguna compañía, como a Unefon, se le han otorgado dos prórrogas consecutivas a fin de que pague la contraprestación de una licitación para explotar 18 títulos de concesión en telecomunicaciones que ya había ganado.

Casi una década después de que Lozano, junto con los demás integrantes del pleno de la Cofetel, autorizaran este privilegio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) subrayó en su informe de 2008 que tanto Lozano como el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de aquella época, Carlos Ruiz Sacristán, actuaron indebidamente al otorgar esas dos prórrogas.
“Para el pago del 80% restante –advierte el informe de la ASF–, Unefon solicitó una prórroga de 180 días; al respecto y sin tener facultades para ello, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) autorizó indebidamente dicha prórroga, pero condicionándola al pago de intereses. Las tasas de dichos intereses fueron sometidas por Cofetel a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que, sin tener facultades, señaló que las mismas eran adecuadas y que no encontraba objeción alguna para su aplicación”.

La ASF le reprochó a la Cofetel que al incumplir Unefon la primera prórroga debió descalificar las concesiones de 27 bandas de frecuencia en telefonía, pero en lugar de eso le otorgó una segunda prórroga.

Lozano Alarcón contraatacó a la ASF, advirtiendo que la mayor irregularidad no se cometió durante su breve periodo como presidente de la Cofetel –de abril de 1998 a mayo de 1999– sino durante la gestión de Vicente Fox.

Lozano acusó a la SCT de haber perdido un litigio ante Unefon que provocó el pago de 550 millones de pesos a la empresa de Salinas Pliego por el “cobro indebido de los intereses” por una multa impuesta en 1998. Ese pago se realizó el último día de la gestión foxista, el 30 de noviembre de 2006, y quedaron por pagar 46 millones de pesos.
El exsubsecretario de la SCT Jorge Álvarez Hoth le respondió a Lozano que este pago se realizó para cumplir una orden del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) y que, en todo caso, el origen del problema radicaba en el otorgamiento irregular de dos prórrogas consecutivas (Proceso 1626, 1639 y 1642).

El caso generó un fuerte debate público entre Álvarez Hoth y Lozano Alarcón, al tiempo que las bancadas del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados demandaron que el titular de Trabajo renunciara a su cargo mientras la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigaba las irregularidades del caso.

En un extenso documento, distribuido el 1 de mayo de 2008, los exmiembros de la Cofetel Javier Lozano, Jorge Arreola, Jorge Lara y Enrique Melrose trataron de justificar su decisión en el caso Unefon. Señalaron que las dos prórrogas se le otorgaron a Unefon con el consentimiento de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento del gobierno federal y ambas fueron objeto de análisis de la Contaduría Mayor de Hacienda (predecesora de la actual ASF) sin que existiera ninguna observación crítica en los ejercicios fiscales 1998 y 1999.

En una entrevista con el especialista Gabriel Sosa Plata, quien escribió ampliamente sobre este expediente, Lozano Alarcón justificó esas prórrogas por el “contexto de crisis económica” que se presentó en 1998. De no haberse otorgado las prórrogas, argumentó Lozano, se hubiera generado una pérdida de ingresos para el Estado.

El litigio aún está abierto en la SFP. Si bien ya prescribió cualquier sanción contra Lozano Alarcón, él presiona en la dependencia para que se pronuncie en contra del dictamen de la ASF, ya que, si ocurre así, habría una investigación en contra de los exfuncionarios de la SCT que autorizaron el pago de los 550 millones de pesos.

Las presiones de Lozano, según fuentes de la SFP, cuentan con el aval del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, el mismo que apoyó a Lozano en el decreto presidencial para extinguir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
La única beneficiada con esta disputa fue la empresa de Ricardo Salinas Pliego, quien desde diciembre de 2007 reclamó que la SCT le pagara 3 mil 57 millones de pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y “cobro indebido de intereses” a Unefon.
Lozano Alarcón fue asesor de las empresas del Grupo Salinas, a través de su consultoría Javier Lozano y Asociados, S.C. En este despacho participó también como socio Enrique Melrose, excomisionado de la Cofetel que también firmó las dos prórrogas a Unefon.

Desde la Secretaría del Trabajo, Lozano volvió a subirse al ring, a principios de febrero pasado, con el magnate Carlos Slim, quien había pronosticado entonces un desempleo histórico para el país, el cierre de empresas y un desplome del Producto Interno Bruto.
Lozano acusó de “catastrofista” al principal accionista de Telmex y le sugirió que “debía ser más cauteloso al emitir sus pronósticos y proyecciones”. Agregó: “Más bien debería decirnos cómo él y sus empresas de su grupo van a enfrentar la crisis y retomar la senda del crecimiento”.

Cuando se desempeñó como subsecretario de Comunicaciones y Transportes (1996-1997) y como presidente de la Cofetel (1998-1999), Lozano abrió el paso a la competencia en el mercado de la telefonía. Telefónica, empresa de capital español que en México dirige Francisco Gil Díaz, amigo y exjefe de Lozano en Hacienda, fue una de las compañías beneficiadas.

Desde ese momento Lozano propuso utilizar nuevas tecnologías para los servicios convergentes de telefonía. En 1999 ya se proyectaba una millonaria inversión en la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, alterna a la de Telmex.

Slim fue uno de los grandes empresarios que “vetó” a Lozano para que asumiera la titularidad de la SCT. Esta vieja aspiración del abogado de la Escuela Libre de Derecho se vio frustrada cuando Luis Téllez, su amigo y exiliado político, salió de la dependencia en medio de un escándalo por las grabaciones en las que atacaba a la Cofetel y por los enfrentamientos con la subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro.

Lozano Alarcón volvió a buscar ese cargo, pero fue nombrado Juan Molinar Horcasitas, que carece de experiencia en el sector. Eso no ha impedido que el secretario del Trabajo siga impulsando desde esa posición su agenda en materia de telecomunicaciones.

El bandazo con Televisa

Con la empresa televisiva más poderosa del país, Lozano también ha tenido desencuentros y acercamientos. Durante la discusión sobre la Ley Televisa, Lozano Alarcón llegó a calificar la iniciativa como “una ley retrógrada en la materia, que poco nos va a ayudar”, durante una entrevista en el programa radiofónico de Óscar Mario Beteta, el 10 de diciembre de 2005.

En las primeras audiencias realizadas en el Senado, en febrero de 2006, manifestó su oposición a la apropiación anticipada del espectro radioeléctrico. Calculó que este negocio podría representar entre 150 y 200 millones de dólares para Televisa (Proceso 1520).

Sin embargo, una conversación telefónica entre Javier Tejado Dondé y Joaquín Balcárcel, altos ejecutivos de Televisa, revela que unas semanas antes de que se aprobara la Ley Televisa en el Senado, Lozano Alarcón ya había cambiado de opinión. Ya no consideraba como “ley retrógrada” esta iniciativa que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y generó un intenso debate en el Senado.

La grabación, cuya copia tiene Proceso, revela las presiones a distintos partidos políticos encabezadas por Televisa y exhibe la animadversión que hay en esa televisora hacia Carmen Aristegui, en ese entonces conductora de W Radio, a quien describen como “vocera de los opositores” e “incendiaria”.

En la parte medular de la conversación, Tejado Dondé le informa a Balcárcel:

“Ya se acabaron las audiencias públicas, ya están viendo si votan o no el asunto. Entonces, estoy en eso. Algo que es muy importante: Javier Lozano, que estaba muy crítico, ya dio el bandazo y ya se pronunció a favor…”

El “bandazo” de Lozano Alarcón se produjo, efectivamente, en las últimas audiencias públicas en las comisiones dictaminadoras en el Senado. Declaró que la minuta tenía “cosas positivas”; y, de ser “retrógrada”, pasó a ser una ley “que contiene avances”.

De todas formas Televisa no lo ha apoyado en sus aspiraciones para ser titular de la SCT. Su cercanía durante un tiempo con TV Azteca le causa desconfianza a la empresa de Emilio Azcárraga Jean. Sin embargo, desde que estalló el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, las críticas a Lozano han aminorado mucho en la pantalla del “canal de las estrellas”.


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Arbitrario... y golpeador *


ROSALíA VERGARA,

Escándalo tras escándalo, Javier Lozano Alarcón ha dejado una marca de intolerancia a su paso por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. “Prepotente”, “soberbio”, “autoritario”, “bravucón”... son algunos de los motes que abogados laboralistas, líderes sindicales y hasta sus subordinados le endilgan al funcionario expriista que no pierde oportunidad para dar la cara por Felipe Calderón.

El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, suele saltar al ruedo para defender a la administración de Felipe Calderón, incluso más allá de su ámbito de competencia: en 2007 se confrontó con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, por la regulación de las manifestaciones públicas que el funcionario federal pretende sean reprimidas, así como por el seguro de desempleo que el gobernante capitalino propuso para los habitantes de la Ciudad de México. Pero también lo descalificó por enviar ayuda a entidades afectadas por las inundaciones, como Tabasco.

Ebrard lo ha calificado como un “porro” al que “su jefe lo mandó a decir lo que él no puede decir”.

No es el único opositor que lo cuestiona. Las quejas en contra de Lozano van desde una denuncia ante la PGR por abuso de autoridad, presentada por los defensores de las viudas de Pasta de Conchos, hasta la reciente solicitud de juicio político que promueve el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por violar los derechos de más de 40 mil electricistas con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Lozano Alarcón estuvo involucrado en el escándalo de los 205 millones de dólares incautados al empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, quien acusó al titular de la STPS de obligarlo a guardar ese dinero durante la campaña presidencial del panista Felipe Calderón.

En tres años de gestión, el secretario del Trabajo ha chocado con los mineros, los sobrecargos, las viudas de Pasta de Conchos, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y los electricistas y sus defensores laborales, como Néstor de Buen y Manuel Fuentes, beneficiando con sus decisiones a los empresarios, aseguraron los laboralistas citados, con quienes coinciden el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Napoleón Gómez Urrutia, otros litigantes en la materia que prefirieron el anonimato y hasta trabajadores de la propia STPS.

La “libreta roja”

Los abogados entrevistados cuentan que, a partir del desplegado publicado por la UNT el 15 de octubre en apoyo al SME y en contra de la “acción autoritaria y a todas luces ilegal” por la toma de las instalaciones y el decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Javier Lozano arreció su antisindicalismo.

En una reunión sostenida con la UNT –integrada por los sindicatos del IMSS, de Telefonistas y de la UNAM–, Lozano Alarcón les echó en cara su apoyo a los electricistas. El funcionario pidió a su asistente que le llevara “la libreta roja” donde anota las críticas que le hacen los líderes sindicales, con fechas y palabras exactas. Comenzó a leer sus notas y a confrontar a los dirigentes de la UNT, cuyas diferencias afloraron en abril pasado cuando el líder del SNTSS, Valdemar Gutiérrez Fragoso, aceptó la candidatura del PAN a diputado federal y anunció su salida de la agrupación.

Ante los reclamos de Lozano, el representante del sindicato del IMSS se deslindó del desplegado, lo que provocó severas críticas del dirigente de los telefonistas, el diputado Francisco Hernández Juárez, quien le recriminó su tibieza y poca solidaridad hacia el SME.
El 11 de noviembre, durante el paro cívico convocado por el SME, Hernández Juárez advirtió que la STPS preparaba una embestida contra los telefonistas por apoyar a los electricistas. Ahí describió la rea­cción de Lozano Alarcón al enterarse del amparo del SME contra el decreto de liquidación: enojado, anunció que la medida fracasaría porque LFC estaba muerta y él había expedido su certificado de defunción.

De cuño priista

Abogados laboralistas y trabajadores de la propia STPS sostienen que Lozano Alarcón es “insufrible”, porque es impaciente y tiene un carácter explosivo. En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) le apodan Kid Lozano por “bravucón”, o Archivaldo, porque ordena archivar los expedientes que le resultan incómodos, como las solicitudes de aumento salarial de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA).

Cuentan que sus giras las llaman “los viajes del adiós”, porque al regreso despide a uno de sus colaboradores o éstos renuncian por diferencias con el funcionario. A su equipo lo apodaron genérico intercambiable, porque al personal lo cambia de puesto a su antojo.
Sus desplantes son alentados por su supuesta relación personal con el Ejecutivo, porque es su “asesor”. Lozano Alarcón conoció a Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho; ambos se titularon en 1987.

Su carácter lo impulsa a responder personalmente las críticas en su contra publicadas en los medios de comunicación, sólo que las redacta y firma con nombres de sus colaboradores sin antes consultarlos, sostienen.

Por eso, consideran a la STPS un instrumento del sector empresarial y comparan a Lozano Alarcón con Arsenio Farell Cubillas, quien fue secretario del Trabajo durante los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, pero “sin conocimiento jurídico. Se parecen en lo arbitrario”.

Para agradar a Calderón, aseguran, el profesor titular de la cátedra de introducción al estudio del derecho de la Escuela Libre de Derecho se muestra “echado para adelante”, magnificando los problemas con los sindicatos, actuando de manera arbitraria, como lo hizo en abril pasado con los mineros de Cananea, al terminar la relación laboral con Grupo México en una sesión que duró 24 horas en la JFCA.

Lozano Alarcón nació en Puebla el 21 de noviembre de 1962. Estudió en la Escuela Libre de Derecho en la generación 1981-1986. Después de hacer carrera en el área de telecomunicaciones, de 2003 a 2005 fue representante del gobierno de Puebla, encabezado por el priista Melquiades Morales Flores, en el Distrito Federal.

En 2000 se desempeñó como responsable del área de prensa del CEN del PRI, encabezado entonces por Dulce María Sauri Riancho. Es un personaje cercano al expriista exsecretario de Gobernación del zedillismo y exdiputado panista Diódoro Carrasco Altamirano. Ambos se afiliaron al PAN en septiembre de 2005.

En 2006, tras apoyar la campaña presidencial de Calderón como “proyectista y redactor” y responsable del “cuarto de guerra” en el cual se diseñaron las estrategias de “guerra sucia”, es nombrado secretario del Trabajo y Previsión Social. (Proceso 1601)

Los mineros

Apenas estrenado en el cargo, Lozano Alarcón debió enfrentar el conflicto con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) que inició el último año del sexenio foxista.

En lugar de encontrar una salida negociada, se dedicó a defender a Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, la empresa minera más grande del país; desconoció a Gómez Urrutia como líder y se giraron órdenes de aprehensión en su contra por el presunto desvío de fondos de un fideicomiso firmado entre la empresa y el sindicato desde 2001. Ante el golpeteo, el dirigente sindical optó por el autoexilió en Vancouver, Canadá.

En entrevista telefónica, Gómez Urrutia sostiene que Lozano Alarcón, según “informes extraoficiales, estaba o está en la nómina de Grupo México”. A ello atribuye que se conduzca “de manera agresiva, prepotente e ignorante respecto a temas laborales. Su papel es defender los intereses empresariales, en contra de los sindicatos”, resalta.

El líder minero cuestiona la actitud de “servilismo” que muestra Lozano Alarcón hacia Grupo México pese a que, “en privado”, Mota Velasco se refiere al funcionario como “gente a su servicio”.

Cuenta que en 2007 se llevó a cabo una reunión entre la dirigencia nacional del sindicato, sus abogados Néstor y Carlos De Buen y el secretario del Trabajo, donde se discutió el tema de las huelgas de solidaridad. Para Lozano Alarcón éstas no existían, por lo que recibió una cátedra del abogado Néstor De Buen, quien lo ilustró sobre las huelgas de hecho, de derecho y por solidaridad avaladas por la Ley Federal del Trabajo (LFT). “Desde entonces le agarró un resentimiento porque lo exhibió en toda su ignorancia”, afirma.

Esto lo confirma el propio Néstor De Buen. En entrevista con Proceso describe la buena impresión que le dejó conocerlo en persona, pero después de una reunión en la que estuvieron presentes Fernando Gómez Mont, como abogado de Grupo México, y el abogado priista y exlegislador Salvador Rocha Díaz, el titular de la STPS asumió “una actitud muy violenta” en su contra. Fue prácticamente la última vez que se reunieron. Hoy en día “no hay relación” con el funcionario, explica De Buen.

Las viudas

Un año antes, perfilado el conflicto con los mineros y la dependencia, una tragedia empañó el caso. El 19 de febrero de 2006 explotó la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, enterrando a 65 trabajadores, cuyos cuerpos todavía no han sido rescatados.

El abogado Manuel Fuentes es el defensor de las viudas de los mineros. En entrevista con Proceso asegura que el funcionario las ha maltratado. En las reuniones donde le exigen el rescate de los cuerpos ordena grabarlas y fotografiarlas.

Lozano Alarcón tampoco permite que los litigantes participen en los encuentros privados: “En alguna ocasión acompañé a unas señoras a una reunión con Lozano; dijo que yo no podía entrar y su personal de seguridad me impidió el paso. Aún así me metí, pero señaló que mientras estuviera yo dentro de la reunión ésta no se realizaría”. Destaca que el trato hacia las viudas era grosero, “incluso amenazante, como si fuera el líder de una pandilla”.
Lozano acusó a Manuel Fuentes y a Cristina Auerbach, de Pastoral Laboral, de lucrar con su gestión en favor de las viudas de los mineros, por lo que ambos presentaron una denuncia en septiembre de 2007 por abuso de autoridad. Días después la PGR archivó el expediente.

¡Coopelas o cuello!

En 2007, el empresario chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon, uno de los supuestos traficantes de seudoefedrina más importantes del sexenio foxista (Proceso 1601), lo implicó en presuntas actividades ilícitas para ocultar 205 millones de dólares, destinados a la campaña presidencial de Felipe Calderón.

El dinero se descubrió el 15 de marzo de 2007 en una casa de Las Lomas de Chapultepec. El empresario denunció en entrevista con AP que en mayo de 2006 Lozano Alarcón lo había amenazado de muerte si no guardaba el dinero. En ese encuentro le lanzó la célebre amenaza: “Coopelas o cuello”, citó Ye Gon mientras se pasaba la mano por la garganta como si sus dedos fueran un cuchillo.

Lozano Alarcón negó las acusaciones en entrevista con Proceso en su edición 1601. En el mismo número de este semanario, Ye Gon afirmó que entre mayo y junio de 2006 el secretario le pidió que guardara 5 millones de dólares en efectivo; le prometió recuperarlo después de las elecciones presidenciales del 2 de julio de ese año.

Lozano Alarcón viajó a Nueva York del 11 al 13 de julio de 2007, acompañado de su hermano Gerardo, para presentar una demanda contra Ye Gon por difamación, pero nunca procedió. Del caso, el funcionario salió bien librado. (Proceso 1602)

Aún no acababa de salir de ese escándalo cuando Lozano Alarcón se confrontó con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. A través de una carta de cuatro fojas, el 15 de junio de ese año el secretario del Trabajo exigió a Ebrard que aplicara la ley a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes realizaban un plantón en los alrededores de la Plaza de la República para protestar contra la reforma a la Ley del ISSSTE. En respuesta, Ebrard le pidió que estudiara la Ley del Distrito Federal, “que se dedique a su trabajo” y “que no sea ignorante”

Otro caso son los sobrecargos. En septiembre de 2007 la Compañía Mexicana de Aviación presentó una demanda de conflicto colectivo de naturaleza económica ante la JFCA, luego de que la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) la emplazó a huelga. Argumentaron que el Contrato Colectivo de Trabajo de esos empleados era tan caro que Mexicana de Aviación era inviable. Hasta la fecha, sigue sin resolverse.

Es el mismo argumento que dio el gobierno federal para justificar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro el pasado 11 de octubre. Pero en esta ocasión decidió decretar la extinción de la empresa paraestatal, con lo que prácticamente desapareció al sindicato que el 14 de diciembre cumplirá 95 años de creación.

Lozano Alarcón está a la espera de que el próximo 27 de noviembre se resuelva el amparo interpuesto por el SME contra el decreto de liquidación de LFC, para pedir a la JFCA que dé por terminada la relación laboral entre la extinta paraestatal y los electricistas sindicalizados.

Para Martín Esparza, detrás de la embestida contra 44 mil electricistas está la oportunidad para hacer negocio con la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica de LFC, misma que la administración de Calderón pretende concesionar para ofrecer servicio de internet, televisión por cable y telefonía. (Proceso 1719)

Mientras tanto, Lozano Alarcón espera “el momento oportuno” para presentar la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) a la Cámara de Diputados, como lo anunció desde mayo del año pasado. El proyecto, de 131 fojas, ha sido bautizado como Ley Lozano, aunque está basado en la iniciativa elaborada por el difunto Carlos Abascal cuando fue presidente de la Coparmex en 2001 (Proceso 1648).



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Vergüenza ante el mundo*

JORGE CARRASCO ARAIZAGA


México, DF; 20 de noviembre (Apro).- Sin equívocos, México vive uno de sus peores momentos de cara al mundo.

El llamado bono democrático que representa el fin de un régimen autoritario en el caso de nuestro país acabó en frustración.

No es ninguna sorpresa, sino resultado lógico de la fallida alternancia política del PRI al PAN.

Los seis años de la presidencia de Vicente Fox y los tres de Felipe Calderón se resumen en la catastrófica revisión internacional que se hizo la semana pasada al desempeño de México en la economía, la corrupción, la pobreza, la delincuencia organizada y derechos humanos.

Si bien esos problemas no se originaron con la llegada del PAN, la virulencia con que se han manifestado en el país sí es responsabilidad de quienes han conducido el país en la última década y en particular del actual responsable, Felipe Calderón.

No es la primera vez que se alude a la incapacidad de Calderón para conducir el país y la pequeñez de su equipo de gobierno.

Más claro no puedo ser el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien sin miramientos dijo el pasado miércoles en México que el gobierno de Calderón fue el que peor enfrentó la crisis económica mundial.

No se equivoca, pues en el diagnóstico estuvo la respuesta. Cómo olvidar que para el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, no teníamos de qué preocuparnos, pues se trataba apenas de "catarrito".

Stiglitz colocó en el lado opuesto a Brasil y a la India. De forma reiterada, Brasil se ha convertido en referente del éxito no logrado por México. Aunque Calderón se mofó del apagón que hace algunas semanas sufrió ese país, lo cierto es que no sólo en economía, sino en la diplomacia, los brasileños han pasado por encima de México.

En la crisis de Honduras, el gobierno de Ignacio Lula da Silva se colocó rápidamente al frente de la defensa del presidente depuesto, Manuel Zelaya. Calderón no lo podía hacer. Tiene un problema de origen. Por más que haya recibido a Zelaya como jefe de Estado, ¿cómo le podría reclamar al golpista Roberto Micheletti su falta de legitimidad, si es de la que carece?

Descolocados y estrechos, Carstens y el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero le reclamaron a Stiglitz su falta de conocimiento de la realidad mexicana.

No pueden decir lo mismo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El organismo de Naciones Unidas que se dedica precisamente a seguir la realidad económica de la región, dijo al siguiente día de la declaración de Stiglitz que como consecuencia de la crisis internacional, México fue donde más empeoró la pobreza en América Latina. Ahora hay 41 millones de personas en esa condición. Es decir, 4 de cada 10 mexicanos. Casi la mitad del país.

El martes, desde Berlín, se informó al mundo que México se coloca en los peores niveles de corrupción. Con una calificación de 3.3, en una escala del 1 al 10, México está por debajo de Cuba, El Salvador y Guatemala y comparte lugares con varios países africanos y asiáticos.

Horas después, la consultora internacional Pricewaterhouse informó que México es el quinto país con más fraudes, de una muestra de 54 naciones; mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) previó un incremento del desempleo para el próximo año para colocarse en 6.5 por ciento, respecto al 6.2 del tercer trimestre de este año.

La catástrofe es tan evidente para el mundo que la propia secretaría de Economía admitió el viernes que la Inversión Extranjera Directa cayó un 37 por ciento de enero a octubre de este año.

En derechos humanos la cara mexicana no es distinta. El mismo jueves se adelantó que en las próximas semanas se dará a conocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por su falta de investigación en el caso de tres mujeres asesinadas en la zona conocida como campo algodonero, en Ciudad Juárez.

Lo mismo se espera que ocurra en el caso de Rosendo Radilla. Detenido y desparecido por el Ejército en 1974, durante la guerra sucia en Guerrero. Ambos casos son emblemáticos de las graves violaciones a los derechos humanos en el país exhibidas ante la comunidad internacional.

Los gobiernos del PAN no sólo han sido indolentes ante el tema, sino que en el caso de Calderón se han fomentado con el pretexto del combate al narcotráfico.

Los casi 15 mil muertos que ha dejado esa "guerra" propiciada por el gobierno calderonista, así como las muertes y desapariciones de periodistas, a niveles de lugares donde hay una guerra civil abierta, hacen de México uno de los países más violentos del mundo.

A mitad de su gobierno, Calderón da muestras de un desgaste y una incapacidad inauditas. Ni Miguel de la Madrid en sus peores tiempos.

jcarrasco@proceso.com.mx