J. JESúS ESQUIVEL
Durante largos períodos, autoridades estadunidenses proporcionaron al gobierno de Vicente Fox, y ahora al de Felipe Calderón, información de inteligencia amplia y detallada que recabaron en torno a las actividades y puntos de ubicación de 19 líderes de Los Zetas y del cártel del Golfo. Hoy, esta información sirve de base en Washington para uno de los mayores procesos judiciales emprendidos en contra del narcotráfico internacional. Sin embargo, los dos gobiernos panistas no hicieron nada para detener a esos capos, quienes siguen moviéndose libremente en México.
WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos se lanzó con todo contra Los Zetas mediante procesos judiciales a sus principales líderes, por quienes ofrece millonarias recompensas. Al hacerlo exhibió la ineficacia y la falta de voluntad del gobierno mexicano para desarticular y capturar a los integrantes de este grupo de sicarios que aterroriza a la población de amplias zonas del territorio nacional.
La causa número 08-057 contra 19 presuntos líderes de Los Zetas y del cártel del Golfo, abierta el 15 de mayo pasado en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en esta capital, evidencia que los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón no hicieron nada concreto para detener a esos criminales, pese a que las autoridades estadunidenses les informaron con detalle sobre las actividades ilícitas que realizan y los lugares donde se ubican al momento de llevarlas a cabo.
La información contenida en la causa “en su momento se compartió con las autoridades de México”, asegura a Proceso un funcionario del Departamento de Justicia que forma parte del grupo de expertos encargado de recabar datos en torno a los jefes de Los Zetas para integrar los cargos contra los también llamados sicarios del cártel del Golfo.
“A nosotros no nos toca hacer juicios sobre el gobierno de México, el cual consideramos que está haciendo todo lo necesario y lo que puede para desmantelar a los grupos del narcotráfico, como Los Zetas. Aunque debo decir que al gobierno mexicano se le entregó a tiempo, y en su momento, toda la información recabada”, aclara el mismo funcionario, quien optó por el anonimato.
Con base en la causa judicial aprobada por un Gran Jurado ante la corte federal de la capital estadunidense –a cargo de los fiscales Paul M. O’Brien, Patrick H. Hearn y John M. Gillies–, se inició un proceso por delitos relacionados con la producción, tráfico y distribución de drogas contra 19 presuntos integrantes de los círculos de mando de Los Zetas y del cártel del Golfo.
Los acusados son: Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Cos, Doble X o Dos Equis; Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o El Licenciado; Miguel Ángel Treviño Morales, Zeta-40 o Cuarenta; Jaime González Durán, El Hummer; Samuel Flores Borrego, Tres o Metro Tres; Mario Ramírez Treviño, Mario Pelón o X-20; Alfredo Rangel Buendía, Chicles, y otra persona identificada solamente por el alias Lino.
Las autoridades estadunidenses también van contra Gilberto Barragán Balderas, Tocayo; Juan Reyes Mejía Morales, R-1, Kike o Reyes; Omar Treviño Morales, 42; Jesús Enrique Rejón Aguilar, Manito, o Caballero; Alfonso Lam Liu, Gordo Lam; Eleazar Medina Rojas, Chelelo; Aurelio Cano Rojas, Yankee o Yeyo; Carlos Cerda González, Puma o Carlitos; Víctor Hugo López Valdez, Chiri o Chiriquas, y Sigifredo Nájera Talamantes, conocido con los sobrenombres de Canicón, Chito, Chito Can, Chito Canico o Chito Canicón.
De manera destacada, la causa judicial iniciada en la Corte Federal del Distrito de Columbia identifica a Heriberto Lazcano Lazcano, Miguel Treviño Morales y Jorge Eduardo Costilla Sánchez como el “triunvirato de mando” de Los Zetas.
El Departamento de Justicia señala a los 19 capos como responsables de producir, traficar, importar y distribuir mariguana, cocaína, heroína y drogas sintéticas, así como de lavar dinero procedente del trasiego de narcóticos en territorio estadunidense y mexicano.
“Los acusados son integrantes de las organizaciones de tráfico de narcóticos con sede en México conocidas como el cártel del Golfo y Los Zetas, que juntas operan bajo el nombre de La Compañía”, enfatiza el expediente de 27 páginas, cuya copia tiene Proceso.
Con la excepción de Nájera Talamantes, Lino, López Valdez, Cerda González, Medina Rojas, Lam Liu, Omar Treviño Morales, Rangel Buendía y González Durán, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares a quien entregue información que conduzca al arresto de los otros 10 presuntos líderes de Los Zetas y del cártel del Golfo.
Los tentáculos
“Nunca en la historia de la lucha internacional contra el narcotráfico se había lanzado una operación legal como ésta en contra de los principales capos de una organización del crimen organizado de México tan peligrosa como Los Zetas”, asegura el funcionario del Departamento de Justicia.
El documento explica la extensión de poder y dominio territorial de las dos organizaciones criminales, así como los modernos y avanzados métodos tecnológicos que usan para el transporte de drogas, el cobro de derecho de piso en sus plazas y la eliminación de sus enemigos.
“La Compañía controla miles de kilómetros del territorio mexicano a lo largo de la frontera con Estados Unidos”, dividió sus zonas de influencia en áreas conocidas como “plazas” y asignó cada una de éstas a sus líderes.
Cárdenas Guillén, Costilla y Lazcano “son los encargados de dirigir el transporte de la cocaína y mariguana que le pertenece a La Compañía y que se mueve desde Colombia, Venezuela y Guatemala a varias ciudades y plazas de México. Para el transporte se utilizan barcos, lanchas rápidas, aviones y automóviles”, destaca el expediente judicial.
Una vez en las plazas del cártel del Golfo y de Los Zetas en territorio mexicano, la droga se transporta en automóvil a varios puntos del estado de Texas, agrega la denuncia.
Ahí mismo se describe cómo “los acusados y otros miembros de La Compañía organizan, dirigen y llevan a cabo varios actos de violencia contra los oficiales de la ley del gobierno de México y contra traficantes de droga de grupos rivales, y actúan violentamente para intimidar a cualquier individuo que interfiera o que se perciba como problema potencial para sus actividades de tráfico de cocaína y de mariguana”.
En cuanto a los métodos de comunicación de La Compañía, el Departamento de Justicia sostiene que los acusados utilizan teléfonos Nextel con capacidad de conexión celular y de radio para frecuencia UHF/VHF, mediante los que supervisan los envíos de la droga.
“Mantienen una base de datos muy sofisticada por medio de programas en computadoras portátiles y aparatos de memoria USB, en los cuales almacenan la información concerniente a las cantidades de cocaína y mariguana que importan y exportan, las identidades de los jefes de plaza y su ubicación, la nómina de pagos con los nombres de los funcionarios y agentes de la ley a los que sobornan, y los montos de los ingresos y egresos por la venta y trasiego de las drogas”. Si llegan a comunicarse por teléfono, lo hacen por medio de códigos propios.
Seis páginas de la causa judicial están dedicadas a explicar el rango y responsabilidad de cada uno de los 19 integrantes del círculo de poder y mando del cártel del Golfo y de Los Zetas.
Por ejemplo, Costilla Sánchez, Lazcano Lazcano, Miguel Treviño Morales y Cárdenas Guillén están a cargo de coordinar los envíos de cocaína y mariguana a Estados Unidos y de recibir en México el dinero procedente de la venta de los narcóticos. El Z-40, además, supervisa las plazas en el estado de Veracruz y en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Samuel Flores Borrego controla Reynosa y Miguel Alemán, pero además es el encargado de obtener y proveer información sobre las operaciones del gobierno mexicano en contra del cártel del Golfo y Los Zetas.
Lino, el acusado identificado únicamente por su apodo, recibe en Nuevo Laredo el dinero que proviene de Estados Unidos por el tráfico de cocaína y mariguana.
Destaca Gilberto Barragán Balderas como coordinador de las “actividades de la aplicación de la ley” de La Compañía: ejecuciones, secuestros, torturas y desapariciones. Juan Reyes Mejía Morales localiza a proveedores de cocaína en Centro y Sudamérica, y Omar Treviño Morales y Jesús Enrique Rejón Aguilar son los supervisores y encargados de las operaciones en el estado de Coahuila.
Alfonso Lam Liu es jefe de la plaza de Río Bravo, Cano Flores es el responsable de la producción de heroína, y El Puma controla Tampico y también coordina “la aplicación de la ley”.
El Chiriquas es una especie de secretario particular de Lazcano Lazcano y en él recae la responsabilidad de hacer y recibir llamadas de los otros miembros de la organización criminal, mientras que Sigifredo Nájera Talamantes es jefe de plaza en Monterrey, Nuevo León.
“Toda esta información –y más– ha sido compartida con las autoridades de México”, comenta el funcionario del Departamento de Justicia, quien evade comentar por qué el gobierno mexicano no ha detenido a los integrantes del triunvirato de La Compañía si conoce información detallada de sus actividades y puntos de ubicación.
“A nosotros no nos corresponde responder a esa pregunta”, indica el funcionario. Tras una breve pausa, suelta: “¿Sabe usted…? Es una buena pregunta que los mexicanos deben hacer a sus autoridades”, e inmediatamente da por terminada la conversación telefónica con Proceso.
Datos puntuales
De la página 13 a la 27, el expediente judicial contra los 19 narcotraficantes mexicanos, preparado por los fiscales O’Brien, Hearn y Gillies, expone el tipo de información, “confidencial y de inteligencia”, que compartieron las agencias federales estadunidenses con sus contrapartes de México durante la administración de Fox y lo que va del sexenio de Calderón, lo cual, sin embargo, no se ha traducido en el desmantelamiento de las líneas de mando del cártel del Golfo ni de Los Zetas.
El trabajo de infiltración en México de las redes de operación y mando de los dos grupos criminales mexicanos por parte de varias agencias federales estadunidense detalla el tipo de actividades realizadas por La Compañía, específicamente a partir de los últimos meses del sexenio foxista.
“En una conversación telefónica ocurrida el 21 de octubre de 2006 o por esa fecha, Miguel Treviño Morales le dijo a González Durán que los bonos para los jefes de plaza se pagarían ese año de acuerdo con la antigüedad de cada uno. Los jefes de plaza recibieron bonos por un promedio de 10 mil dólares”, señala el expediente.
En otra conversación telefónica interceptada y grabada por las agencias estadunidenses, “González Durán le preguntó a Treviño Morales si tenía algún cargamento de mariguana. Miguel Treviño Morales ofreció 200 mil kilos de mariguana a González Durán y éste le dijo que sólo necesitaba mil kilos”.
Alrededor del 6 de febrero de 2007, dos meses después de que el presidente Felipe Calderón tomara posesión de la Presidencia, y unos días después de lanzar su guerra militarizada contra el narcotráfico, “en una comunicación telefónica Costilla Sánchez y Flores Borrego hablaron del éxito de La Compañía en la recepción de mil 300 kilos de cocaína que fue enviada a Ramírez Treviño en Reynosa, Tamaulipas”.
Ese mismo día, también en una conversación telefónica, “Lino y Flores Borrego hablaron del arribo de 192 kilos de cocaína y de la pérdida de otros 400 kilos de la misma droga”.
El 10 de febrero de 2007, Costilla Sánchez y Flores Borrego “hablaron sobre la imposición de una cuota semanal de 20 mil dólares por cada persona que transportara mariguana por Reynosa, zona a la cual Flores Borrego le dijo a Costilla Sánchez: es tu plaza”.
Otra de las conversaciones telefónicas entre miembros de Los Zetas y del cártel del Golfo interceptadas por las autoridades estadunidenses y compartidas en su momento con las mexicanas, con fecha del 1 de marzo de 2007, apunta que Costilla Sánchez y Flores Borrego “hablaron sobre la información de un contacto para la compra de cocaína en Colombia con el propósito de que tuvieran un mejor acceso a múltiples cantidades de cocaína. Costilla Sánchez le dijo a Flores Borrego que, desde 1996, él había trabajado en Chiapas”.
El 26 de marzo de 2007, “Flores Borrego comunicó a Treviño Morales que la tarifa de La Compañía por el transporte de mariguana era de 20 dólares por kilogramo. Morales Treviño ordenó a Flores Borrego que consiguiera algunos camiones para el transporte y le dejó en claro que él tenía el control de la Policía Municipal de todo el estado de Veracruz”.
El contenido de las conversaciones telefónicas transcritas en la causa judicial contra los 19 capos mexicanos abarca varias de las actividades ilícitas de La Compañía, como los arreglos para el envío de cargamentos de mariguana y cocaína de México a Estados Unidos; los planes para formar caravanas de automóviles para mover droga en varios estados del norte de México; la confiscación de cargamentos en México y en Estados Unidos; la captación de dinero en efectivo procedente de la venta de los narcóticos en territorio estadunidense; los cobros entre los narcotraficantes por el transporte y venta de droga en distintas plazas; los pagos a funcionarios y policías mexicanos, y los métodos para esconder la droga en distintos tipos de transporte.
“Mario Ramírez Treviño y Flores Borrego, en una conversación interceptada el 8 de mayo de 2007 o por esa fecha, con un lenguaje codificado, hablaron sobre la aprobación y arreglos para el pago de un soborno por 2 millones de dólares a funcionarios del gobierno de México”, subraya el proceso fincado en la Corte Federal del Distrito de Columbia.
El expediente alude también a la manera tan sencilla como los capos del cártel del Golfo y Los Zetas consiguen la libertad de sus operadores cuando alguno de ellos es detenido transportando droga: simplemente sobornan a las autoridades mexicanas.
En lo que respecta a asesinatos, desaparición de personas o secuestros que realizan Los Zetas, el expediente sólo hace referencia a una conversación telefónica ocurrida el 12 de octubre de 2007, en la cual “Mejía González dijo a Flores Borrego, en un lenguaje codificado, que dijera a todo mundo que los inversionistas en el cargamento de cocaína que había sido recientemente confiscada en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, tenían un plazo de 72 horas para pagar el costo de la droga o de lo contrario serían asesinados”.
La conversación telefónica más reciente y detallada está fechada el 4 de marzo de 2008 y establece que “Barragán Balderas y Flores Borrego hablaron sobre la distribución de 5 mil kilos de mariguana a cuatro individuos, incluyendo mil kilos para González Durán.
Barragán Balderas y Flores Borrego hablaron también de que le pedirían a Mejía González y a otra persona su apoyo para almacenar la mariguana”.
Los cargos dos y tres de la demanda que interpuso el Departamento de Justicia contra los 19 capos mexicanos señala que todos los acusados conspiraron para traficar droga a varios puntos de Estados Unidos desde Panamá, Colombia, Centroamérica y México, y para lavar dinero y llevarlo del territorio estadunidense al mexicano.
De ser declarados culpables de los tres delitos que se les imputa en la Corte Federal del Distrito de Columbia, los 19 dirigentes de Los Zetas y del cártel del Golfo podrían recibir sentencias mínimas de 10 años de cárcel o hasta cadena perpetua, sin libertad condicional, por medio de una fianza.
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Z-40, “el más sanguinario”*
J. JESúS ESQUIVEL
WASHINGTON.– Ante la cada vez más evidente presencia en Estados Unidos de operadores del cártel de Los Zetas, el Departamento de Justicia abrió dos causas judiciales –una en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en esta capital, y otra en la Corte Federal del Distrito Este del estado de Nueva York– en contra del que considera “líder principal” de esa organización criminal por delitos relacionados con el tráfico de drogas, lavado de dinero “y otras actividades delictivas”.
“El acusado, Miguel Ángel Treviño Morales, también conocido como Z-40, L-40 y Toño, es el líder principal de Los Zetas”, sostiene el proceso abierto en la Corte Federal de Nueva York el pasado 19 julio, y registrado con la clave 2009R01080/OCDETF/NYNYE-613.
Los Zetas “tienen la responsabilidad de garantizar el cruce seguro de cargamentos de narcóticos procedentes de México y destinados a varios puntos de Estados Unidos, y han incurrido en numerosos actos de violencia, como asesinatos, secuestros y torturas”, para cobrar adeudos relacionados con el trasiego de drogas, anota la acusación radicada en la corte neoyorquina, que le imputa 11 cargos a Treviño Morales.
En el proceso abierto el 19 de mayo pasado en la Corte Federal del Distrito de Columbia, Treviño Morales y otros 18 integrantes de Los Zetas o del cártel del Golfo son señalados por el Departamento de Justicia como partícipes de delitos asociados al tráfico de enervantes, lavado de dinero y “otras actividades criminales”.
El expediente de Treviño Morales, a cargo del fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Benton J. Campbell, identifica a Los Zetas como una agrupación de sicarios al servicio del cártel del Golfo, pero también como un cártel del narcotráfico independiente, tal y como lo reportó este semanario en su número 1646, del 18 de mayo de 2008.
“Los Zetas son un grupo criminal desalmado que, además de traficar con drogas, se dedica al asesinato, secuestro y tortura de personas tanto en México como en Estados Unidos, aunque en menor escala en nuestro país”, comenta a Proceso un funcionario del Departamento de Justicia.
“Miguel Ángel Treviño Morales es tal vez el criminal más sanguinario y desalmado de México, y por eso se abrió una causa judicial especial contra él en Nueva York. En los estados de Texas y California están en marcha otros procedimientos en su contra”, subraya el funcionario del Departamento de Justicia, quien habló con Proceso bajo la condición del anonimato por tratarse de un caso criminal a nivel federal que está en pleno proceso.
La semana pasada Treviño Morales, Ezequiel Cárdenas Guillén, Jorge Eduardo Costilla Sánchez y Heriberto Mariano Lazcano Lazcano fueron colocados en la lista de los 20 criminales más buscados por el gobierno estadunidense.
El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por la cabeza de cada uno de ellos o por datos que lleven a su detención en cualquier parte del mundo. Estos criminales también fueron nombrados como los “narcotraficantes más significativos” por el Departamento del Tesoro.
“Creemos que con estas acciones judiciales lanzadas contra Los Zetas, y en especial contra Morales Treviño, lograremos desmantelar a la cúpula de mando de esta red criminal. El gobierno de Estados Unidos ya tiene lista la solicitud de extradición contra el Z-40 y algunos de sus secuaces en caso de que sean detenidos en México o en cualquier otro país”, revela el funcionario del Departamento de Justicia.
Golpe a las ganancias
La Corte de Nueva York busca que las autoridades estadunidenses confisquen toda propiedad, dinero y bienes que Treviño Morales haya adquirido por medio de sus actividades criminales.
Investigaciones realizadas por la Administración Federal Antidrogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y los departamentos de Estado, del Tesoro y de Justicia calculan en mil millones de dólares las ganancias del Z-40 por el trasiego de drogas destinadas únicamente a la zona que está bajo la jurisdicción de la corte federal neoyorquina.
Al margen de esto, los 11 cargos imputados a Morales Treviño en Nueva York se agrupan por categorías: uno por manejo de una empresa criminal, cinco por conspiración para la distribución internacional de cocaína y cinco más por el uso de armas de fuego. Las “otras actividades criminales” son delitos relacionados con asesinatos y desapariciones de personas, aunque el documento no los detalla.
“El Z-40 ha dejado una estela muy larga de asesinatos en toda la franja norte de Tamaulipas y en varios puntos de la zona de Laredo, Texas, así como en otros estados del país que no puedo mencionar. Si llega a ser detenido, le van a llover los cargos por asesinatos”, advierte el funcionario del Departamento de Justicia.
La primera causa contra Treviño Morales en la corte neoyorquina, por manejo de una empresa criminal, indica que el Z-40 y sus cómplices –a los que no identifica– “con conocimiento de causa y de manera intencional se encargaron de supervisar y orquestar la importación y distribución de más de 150 kilogramos de cocaína que le redituaron ingresos por unos 10 millones de dólares”. Las fechas aproximadas del trasiego serían entre el 1 y 30 de junio de 2006, el 1 y 30 de abril y el 1 y 31 de agosto de 2007.
El segundo cargo contra el Z-40, conspiración para la distribución internacional de cocaína, lo señala como responsable de introducir cinco kilogramos de esta droga a Estados Unidos entre el 1 de septiembre de 2004 y el 19 de junio de 2009.
Por “uso de armas de fuego”, la causa número tres indica que, entre el 1 de septiembre de 2004 y el 19 de junio de 2009, “el Z-40 y otros portaron armas de fuego de manera intencional durante varias actividades de tráfico de drogas destinadas a la jurisdicción del Distrito Este de Nueva York”.
Entre el 1 y el 31 de julio de 2005, Morales Treviño y otros sujetos “se encargaron de una operación para exportar a Nueva York cinco kilogramos o más de cocaína”, dice el cargo número cuatro.
El resto de las acusaciones son por delitos idénticos: portación de armas de fuego de manera intencional durante la operación criminal de exportación de cocaína de México a Estados Unidos entre el 1 y 31 de julio de 2005, entre el 1 y 30 de junio de 2006, entre el 1 y 30 de abril de 2007, y entre el 1 y 30 de agosto de 2007.
De ser detenido y extraditado a Estados Unidos, procesado judicialmente y sentenciado culpable en el Distrito Este de Nueva York, el Z-40 podría ser sentenciado a cadena perpetua, sin derecho de apelación ni de libertad condicional, además de recibir una multa de varios cientos de millones de dólares.
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Frente michoacano: la élite y los de abajo*
JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y FRANCISCO CASTELLANOS
En su primera semana, el nuevo despliegue militar en Michoacán sólo tuvo efectos propagandísticos, igual que las bravuconerías del secretario de Gobernación. En un recorrido por varios municipios, este semanario comprobó que las fuerzas federales no han retomado el control del estado. Son notorias
las fallas de coordinación entre el Ejército, la Marina y la Policía Federal y, sobre todo, la diferencia de cómo viven los miembros de cada corporación en “el frente de batalla”. También ahí existen los de arriba y los de abajo...
El despliegue fue espectacular: mil soldados en formación, pertrechados con fusiles y bazucas, en el patio de base de la XXI Zona Militar en Morelia, para enmarcar el reto que horas después lanzó en la Ciudad de México el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a La Familia michoacana: “Los estamos esperando”.
La madrugada del lunes 20, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) movilizó a la prensa de la capital del país a Morelia para que diera cuenta del arribo, esa mañana, de los últimos mil de un total de 2 mil 500 efectivos que envió a Michoacán como respuesta a los ataques de la organización delictiva, que entre el sábado 11 y el miércoles 15 mató a 20 policías federales e hirió a 18.
Pero la exhibición de armas, vehículos artillados y efectivos de Infantería, Artillería y Operaciones Especiales, el discurso sobre el respeto a los derechos humanos y los sobrevuelos de helicópteros con periodistas en la capital michoacana, se quedaron en actos de propaganda, al menos en la primera semana del operativo reforzado.
En un recorrido de más de mil kilómetros, realizado por Proceso entre el lunes 20 y el viernes 24 por Tierra Caliente y la Costa –zonas bajo control de La Familia– no se encontró ni un retén o convoy militar.
Al día siguiente del escenográfico despliegue militar, Gómez Mont se reunió con el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, en la Secretaría de Gobernación. Después salió a retar a los narcos:
“En su lógica primaria no estaba enfrentar al Estado, lo están haciendo directamente: señores, los estamos esperando. Métanse con la autoridad y no con los ciudadanos. Los estamos esperando, esa es una invitación que les hacemos.”
Y cuatro días después del despliegue, la Sedena admitió la falta de coordinación. El viernes 24, el periódico Reforma informó que los mandos territoriales de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública federal definieron horas antes sus áreas de vigilancia: el Ejército, la sierra, pueblos y ciudades; la Marina, costas y montañas cercanas al mar; y la Policía Federal, zonas urbanas cercanas a las carreteras y autopistas.
Proceso comprobó que sólo en Morelia esas fuerzas realizan vigilancia conjunta, pues cada una llegó a Michoacán con su propia estrategia.
La única que se conoce es precisamente el envío de los 2 mil 500 efectivos para reforzar a los mil que ya estaban en el estado.
Al frente del operativo está la comandancia de la XII Región Militar, con base en Irapuato y que abarca Guanajuato, Michoacán y Querétaro. La encabeza el general de brigada Rafael de Jesús Ballesteros Topete, que en 1968 obtuvo un reconocimiento por sus “actos de guerra” del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
Esa estrategia incluye el establecimiento de 25 bases de operación para crear un cinturón de seguridad en Morelia, así como 67 bases de operaciones motorizadas de patrullaje y nueve de operaciones mixtas con la Policía Federal. Sin embargo, después de las imágenes difundidas por la prensa, los michoacanos no han vuelto a ver al Ejército.
En el recorrido por Morelia, Nueva Italia, Cuatro Caminos, Gabriel Zamora, Las Cañas, Arteaga, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío, Tepalcatepec, Coalcomán, Buena Vista, Apatzingán y Uruapan, este semanario no encontró ni un solo retén del Ejército, sólo filtros de la Policía Federal y un puesto de revisión de la Zona Naval poco antes de llegar al puerto de Lázaro Cárdenas.
Abusos y rechazo
Un jefe militar explicó a Reforma la situación de los primeros días del operativo: “Nos encontrábamos de frente militares y policías sin coordinación. En la costa vimos volar helicópteros de la Marina, sin saber para qué; en Pátzcuaro habíamos militares y federales en un solo lugar, pero sin comunicarnos… Había un despliegue de fuerza, pero sin idea”.
En Apatzingán, base del 47 Batallón de Infantería y municipio de fuerte presencia de La Familia, Proceso comprobó que la Policía Federal guardó sus vehículos en las instalaciones, pero los agentes permanecían parados en la calle.
Más delicado fue el motín de elementos de las secciones 2 y 3 del Décimo Segundo Agrupamiento de la Policía Federal, registrado el martes 21 en Lázaro Cárdenas. Los uniformados se negaron incluso a hacer recorridos y rondines, pues acusan a la SSP, encabezada por Genaro García Luna, de retención de salarios, bajas injustificadas y malos tratos.
En una carta con fotografías enviada a la Redacción de Proceso, los inconformes comunicaron que ese día, después de la formación, se negaron a realizar operativos. Fue su forma de protestar por el trato “indigno” que les da la corporación y, sobre todo, porque la SSP les debe tres meses de sueldo.
Añadieron que mientras ellos se quedan afuera del cuartel de la Policía Federal ametrallado la semana antepasada por La Familia, el Agrupamiento Vigésimo Segundo está resguardado en un hotel, protegido con camiones blindados conocidos como “rinocerontes”.
Dicen que también están en situación vulnerable sus compañeros destacados en Nueva Italia: “Ahí, de cuatro a cinco compañeros apiñados comen y duermen” en casas de campaña.
Por si fuera poco, aseguran, la SSP “está corriendo a todos los elementos de la generación de octubre y noviembre de 2008. Desde (el operativo) de Ciudad Juárez comenzaron las bajas. A la fecha, han sido mil 200 elementos, de los 2 mil 400 de esa generación. Los que escribimos somos los que quedan de esa generación y tenemos temor de que nos corran”.
Explican: “Nos pagan tres meses y nos detienen un mes y medio el pago. Todos somos de fuera y durante ese tiempo no enviamos dinero a nuestras familias. Entramos a la Policía Federal para conseguir un mejor nivel de vida y miren lo que nos hacen; nos corren y luego nadie nos contrata”.
Pero ellos no son los únicos que padecen esas anomalías: “Eso pasa no sólo en los agrupamientos que estamos en Michoacán, sino en todo el país”.
Suponen que las bajas tienen por objeto que ellos no generen antigüedad ni prestaciones: “Cada rato nos realizan exámenes de control de confianza y después de seis meses vamos para afuera. Trabajamos por contrato. En las primeras bajas corrieron a 600 compañeros de los distintos agrupamientos. Luego siguieron otros 600 de la Unidad de Rescate y Orden Público (UROP)”.
Ahora, sostienen, “nos salieron con que nuestros expedientes se extraviaron. Con eso, el procedimiento de ingreso se viene abajo”. Encima, “es claro que si nos quejamos, nos llaman para hacernos pruebas de control de confianza y nos dan de baja”.
Y rematan en su carta: “A muchos compañeros los obligan a que se cambien de bando, pues ya están capacitados por el gobierno para el manejo de armas, tácticas y estrategias, trabajos de inteligencia, y al no encontrar trabajo pues (…) se van con los del otro bando”.
Entrevistado el jueves 23, el comandante Pedro Manuel García Trujillo, inspector del Agrupamiento Décimo Segundo, acepta que se suspendieron los pagos “por cuestión de cierres fiscales. Ellos (los elementos) no entienden; ni nosotros, sólo los administrativos de la secretaría”.
Sobre el amotinamiento, advirtió que esa infracción al reglamento de la SSP se castiga con la baja y que “ya viene en camino personal de asuntos internos para investigar los hechos”.
El descontento de los policías federales le da vigencia a la denuncia que en marzo de 2008 hizo a Proceso (edición 1637) el entonces coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva –hoy Policía Federal– Javier Herrera Valles, sobre la ineficacia del Operativo Conjunto Michoacán por la falta de coordinación entre la SSP y la Sedena.
Sometido a proceso judicial y encarcelado tras esas declaraciones por tener supuestos vínculos con el narcotráfico, Herrera Valles aseguró entonces que las fuerzas federales fueron enviadas “a la guerra sin información, con pocas armas y sin soporte de inteligencia. Andábamos haciendo el ridículo por todos lados, confundidos con las órdenes y las contraórdenes que nos giraban nuestros jefes”.
Pero el malestar ya se generalizó. Los dueños de los hoteles ya no quieren tener de huéspedes a los policías federales. En Apatzingán, las propietarias del hotel Posada del Sol decidieron sacarlos luego de que La Familia los atacó ahí el sábado 11.
“No queremos problemas con los huéspedes, por lo que decidimos cerrar dos días el hotel. Además, el gobierno federal no pagó un solo centavo en reparación de daños, pese a que aquí estaban las tropas federales. Por eso dijimos: no señor, ya no los queremos.”
En Lázaro Cárdenas opinan lo mismo. Como dice un hotelero: “Son un imán para la delincuencia organizada, y luego se van y no pagan el daño ocasionado cuando los atacan”.
*Tomados de la revista Proceso.
