En el PAN, delincuentes y cínicos*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, D.F., 29 de junio (apro).- Salvo excepciones que confirman la regla, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha actuado de manera parcial en temas cruciales para la competencia política y una de las más reciente pruebas de esa lógica facciosa lo representan la impunidad otorgada a César Nava y a Demetrio Sodi, candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) a diputado federal y delegado en Miguel Hidalgo.

Ambos obtuvieron, de manera ilegal y antiética, una ventaja sobre los otros contendientes con la difusión de su imagen y plataforma electoral en Televisa, y el IFE, aunque reconoció que se trató de propaganda electoral, resolvió no emitir ninguna sanción contra ellos y la televisora, contumaz violadora de la ley.

Los casos todo mundo los conoce: Sodi apareció en medio en el partido de futbol Pumas-Puebla transmitido por Televisa, el sábado 23 de mayo, para hacer proselitismo durante un minuto y medio --un episodio sobre el que dio diversas versiones y que acreditó que, además de violar la ley, es un mentiroso--, y Nava apareció en la portada de la revista Poder y negocios, propiedad de esa empresa televisiva, que difundió abundantes spots.

El artículo 41 constitucional prohíbe a partidos políticos contratar o adquirir tiempos en radio y televisión, una prescripción también para personas físicas y morales que pretendan influir en las preferencias electorales.

Nava y Sodi alegan que no existen contratos con Televisa que acrediten que compraron tiempo para promoverse en spots, pero el señalamiento que se les hace es de delincuentes e inmorales, no de estúpidos. Y ya se sabe: Estos pactos, como los criminales, no se firman ni se protocolizan ante notario.

Pero no pueden pasar desapercibidos dos elementos establecidos en Código Electoral: El artículo 350 que prohíbe a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión "la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita".

Dos: La violación, por dolo o culpa, de las obligaciones del PAN, de Sodi y Nava de actuar conforme a la ley, según lo dispone el artículo 342 del Cofipe, en relación con el 36 y el 38, justamente por los que el PRD fue multado por el plantón del Paseo de la Reforma en 2006.

Al final, por votación dividida y en casos por separado, Nava y Sodi fueron exonerados por el IFE por conductas ilegales, con lo cual se puede anticipar que, de ganar, actuarán en defensa de los intereses que los impulsaron.

El caso de Sodi es patético: De ser electo deberá el cargo no a los ciudadanos ni necesariamente al PAN, sino al banquero Roberto Hernández, vecino de la delegación Miguel Hidalgo, quien es uno de los accionistas de Televisa y, literalmente, su mecenas. ¿O sabe algún lector de qué ha vivido Sodi desde que dejó de ser senador? En enero de 2006, según dijo, tenía en el banco sólo 30 mil pesos.

Amigo íntimo de defraudadores electorales, como Felipe Calderón, Sodi anticipa que habrá un fraude en las elecciones del 5 de julio como, aseguró, se cometió hace tres años: "Cuando fui candidato a jefe de gobierno me robaron 750 mil votos, y nos van a querer volver a hacer fraude en la ciudad", declaró el miércoles 21 de mayo.

¿Puede haber alguien que apoye a quien, además de actuar de manera ilegal y mentirosa, se dice víctima de un fraude y que no hizo ni hace nada para defender la voluntad popular?

Pero como Nava y Sodi proliferan en el país los panistas con conductas delincuenciales, sólo que cuentan con menos suerte que ellos o como el exalcalde de Chihuahua capital y candidato a diputado federal, Juan Blanco, contra quien existen pruebas contundentes de haber cometido varios delitos en la asignación del relleno sanitario municipal. Los acusadores directos son nada menos que sus cómplices, Ernesto Reyes Quiñónez y Armando Acosta Nava, dueños de empresa SIRSSA.

Un ejemplo de este perfil de panistas es José Ignacio Seara Rosiñol, hijo del alcalde con licencia de Ciudad del Carmen, Campeche, y candidato a diputado federal José Ignacio Seara Sierra, quien fue capturado, junto con cinco cómplices, cuando efectuaba un secuestro provisto de armas largas y con el uso de un vehículo oficial que estaba bajo la custodia de su madre, María Elena Rosiñol, presidenta del DIF Municipal.

Seara Rosiñol está registrado como militante activo del PAN, sólo que al estallar el escándalo de su captura por delincuente, el 11 de junio, Germán Martínez, presidente del PAN, mandó darlo de baja del Registro Nacional de Miembros.

Otro caso: El 13 de abril fueron detenidos en El Paso, Texas, Osvaldo Tostado González y Gabriel González González, su concuño, acusados de pretender comprar y traficar ilegalmente con armas que tienen un valor de 2 millones de dólares.

Pero ambos jaliscienses, del municipio e Tonalá, son también militantes formales del PAN, como consta en el registro Nacional de Miembros, y los dos son muy allegados a prominentes miembros de se partido.

Osvaldo Tostado González, por ejemplo, se desempeñaba como asistente del regidor José Castro Raygoza; es tío de la regidora María de Jesús Reynoso Tostado; tío, además, de Erandi Laura Rico Tostado, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá; tío, también, de Vladimir Rico Tostado, secretario particular del Alcalde de Tonalá, el también panista Agustín Ordóñez Hernández, y es cuñado de Mario Reyna Bustos, director del Instituto Jalisciense de las Artesanías.

González González, por su parte, era el permisionario del hipódromo-palenque El Carril, de Tonalá, donde, el lunes 1 de agosto de 2005, ocurrió la refriega en la que hubo cuatro muertos y 25 heridos.

Un dato más: Ordóñez Hernández es alcalde sustituto de Jorge Luis Vizcarra Mayorga, quien está preso desde el 3 de septiembre del 2008 y sometido a proceso como presunto responsable de los delitos de homicidio calificado contra su compadre Carlos Romo Guízar, quien fue director de Mejoramiento Urbano de Tonalá, asesinado en abril del 2007, delincuencia organizada y abuso de autoridad.

De esta banda de delincuentes, que controlaba el juego ilegal, formaban parte también Miguel Magaña Orozco, exdirector de la policía municipal, y Ricardo Sigala Orozco, exsecretario general del Ayuntamiento.

Los nombres del alcalde con licencia Vizcarra Mayorga --amigo del gobernador Emilio González Márquez y de Germán Martínez, presidente del PAN-- y de su segundo en el ayuntamiento tonateca, Sigala Orozco, siguen vigente en el padrón del PAN para quien quiera consultarlo.

Apuntes

Sigue el desplome de la economía, pero Germán Martínez, el Juanito de Calderón, se empeña en tratar de convencer de que la crisis es importada. No. La ineptitud no viene de fuera…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Nulidad conformista*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

John M. Ackerman

Nadie sabe para quién trabaja. Los anulistas” de izquierda que buscan un cambio de raíz en la injusticia, corrupción y desigualdad del país verán que después del 5 de julio sus votos serán utilizados, en el mejor de los casos, para apoyar la realización de cambios institucionales superficiales o, en el peor escenario, para fortalecer agendas profundamente contrarias al interés público.

Si lo que se busca es sacudir el sistema político y obligar a los representantes populares a tomar en cuenta propuestas verdaderamente ciudadanas y progresistas, la mejor acción sería votar en contra de los dos partidos que han controlado el gobierno federal desde hace casi un siglo: el PRI y el PAN. También habría que decir “no” a los partidos patrimonialistas, como el Partido Verde, el Partido Social Demócrata y el Partido Nueva Alianza, que más parecen negocios familiares que “entidades de interés público”.

El Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia evidentemente quedan muy lejos de la pureza, pero no por ello dejan de ser importantes vehículos con los que la ciudadanía cuenta para impulsar una transformación estructural del país.

Los líderes, organizaciones y propuestas del emergente movimiento del voto nulo no inspiran mayor confianza que los dirigentes y propuestas de los partidos políticos. Indiscutiblemente, ni Jesús Ortega, Andrés Manuel López Obrador ni Dante Delgado son unos santos. Ninguno de los tres nació ayer en política y todos están rodeados de numerosas figuras de dudosa trayectoria. Pero los intelectuales y las organizaciones que encabezan el movimiento por la anulación del voto tampoco son puros y, hay que decirlo, también tienen muchos amigos incómodos.

Las propuestas que han surgido del movimiento anulista no son particularmente innovadoras: relección legislativa, candidaturas independientes, reducción del tamaño de la Cámara de Diputados, disminución del financiamiento público para los partidos políticos, etcétera. Ninguna de estas propuestas contiene las semillas de una transformación radical en la forma de hacer política, y algunas incluso podrían implicar graves retrocesos.

Se dice, por ejemplo, que la relección legislativa fortalecería la rendición de cuentas de los legisladores porque tendrían que someterse al juicio ciudadano al final de sus mandatos. Sin embargo, la experiencia con la relección en Estados Unidos demuestra que este mecanismo más bien fortalece la influencia de los poderes fácticos sobre los legisladores, quienes los necesitan para financiar sus interminables campañas políticas.
La relección también abona a la creación de una clase política aún menos mutable que la nuestra, ya que permite la repetición ad infinitum de políticos profesionales en el mismo cargo.

La apertura a las candidaturas independientes tampoco garantizaría el acceso al poder de ciudadanos realmente autónomos. El desenlace más probable sería que solamente aquellos “ciudadanos” que contaran con grandes cantidades de dinero tendrían la posibilidad de ganar puestos de elección popular. Se abriría así la puerta a la elección de aún más diputados y senadores patrocinados por las principales televisoras y los poderes fácticos del país.

También existe la clara posibilidad de la cooptación del movimiento anulista por posiciones profundamente conservadoras. Ya Alejandro Martí y Jaime Sánchez Susarrey han anunciado sus intenciones de aprovechar el descontento ciudadano expresado en la anulación del voto para impulsar la derogación de la prohibición de la compra de propaganda electoral en la radio y la televisión. Por mucho que Denise Dresser, Sergio Aguayo y José Antonio Crespo se esfuercen por imprimir un sello progresista a los votos nulos, no hay duda de que las grandes televisoras presentarán estos votos como la expresión de un rotundo respaldo ciudadano a su causa.

En principio, existen importantes semejanzas entre el discurso de algunos anulistas y los posicionamientos de López Obrador. Ambos movimientos rechazan la clase política del país y exigen mayor rendición de cuentas de los gobernantes. Ambos esfuerzos buscan revindicar la voz de la sociedad y reincorporar los excluidos al sistema político.

La gran diferencia es que López Obrador habla en lenguaje claro ante plazas públicas llenas de los ciudadanos más marginados del país, mientras los anulistas se comunican por medio de blogs y publican columnas en diarios de circulación nacional. No hay, desde luego, ningún problema con la existencia de un movimiento “clasemediero” urbano apoyado por periodistas e intelectuales. Al contrario, habría que celebrar su existencia y esperar que rinda frutos positivos.

Sin embargo, un movimiento con tan poco arraigo social no tiene posibilidades de provocar la profunda transformación política que dice perseguir y que necesita el país. Si se busca enviar una clara señal de rechazo a la actual conducción política del país, lo mejor que se puede hacer es votar por alguno de los partidos de izquierda. De lo contrario, pronto podríamos encontrarnos con un bipartidismo conformista y una gran masa de ciudadanos anulados e incapaces de promover cambios políticos y sociales de fondo.

http://www.johnackerman.blogspot.com/

*Tomado de La Jornada.

Por el poder político...*

Tomado de La Jornada, Hernández.

JENARO VILLAMIL

En las elecciones del domingo 5 de julio no está en juego el futuro del país, por una razón sencilla: no hay a la vista ningún futuro. Aparte de los resultados estadísticos, ese día culminará una primitiva búsqueda del poder político. En ella, más que los partidos, los protagonistas centrales son Televisa y TV Azteca. A los consorcios de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas no les bastó recibir del gobierno de Felipe Calderón mil millones de pesos en publicidad oficial, en compensación por la prohibición de contratar spots durante la campaña electoral. Ahora se preparan para tomar por asalto la Cámara de Diputados: mediante la franquicia del PVEM, han asegurado ya que tendrán su propia bancada.

Enemigos declarados de la reforma electoral de 2007-2008, contra la cual impulsaron amparos y críticas en sus espacios y medios afines, Televisa y TV Azteca resultaron ser una vez más las ganadoras comerciales, políticas y hasta legislativas de la contienda federal de este año.

Sus ingresos publicitarios no mermaron durante la campaña electoral, a pesar de la contracción económica y la prohibición expresa de contratar spots. Por el contrario, obtendrán más de 60% de los mil 800 millones de pesos que el gobierno federal aprobó en la partida 3700 del rubro de Servicios de Comunicación Social y Publicidad para 2009, según lo estipulado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.
Este monto representa el doble de todo lo gastado por el gobierno de Felipe Calderón durante 2008 para los mismos rubros y es superior en 61% a los mil 118 millones de pesos que supuestamente se “ahorraron” al ordenar la prohibición absoluta de la compra de tiempo-aire.

Esta especie de subsidio a las televisoras representa “una actitud dolosa, fraudulenta, en el uso de los recursos públicos”, advierte el senador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión.

Y es que, al no utilizar los 48 minutos de tiempos del Estado que administra el IFE en tiempos electorales, “el gobierno le traslada a los medios electrónicos una bolsa importante de recursos y, al final, todo parece indicar que las dos televisoras no perdieron con la reforma y recuperaron de manera muy cómoda su influencia y los recursos”.

A pesar de sus críticas contra “la partidocracia” y de promover abierta o veladamente la anulación del voto, Televisa y TV Azteca también se aseguraron de contar con su propia fracción parlamentaria en la próxima legislatura para garantizar sus intereses: a través de la lista de dipu­tados plurinominales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), las televisoras controlarán al menos ocho curules.

Sin necesidad de hacer campaña ni tener carrera política vinculada a los asuntos ambientalistas, Ninfa Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, así como Lorena Corona Valdez, Rodrigo Pérezalonso, Verónica Tomás, Miguel Orozco Gómez, Mónica García de la Fuente y Juan Gerardo Flores Ramírez son candidatos del PVEM en los primeros lugares de las listas plurinominales, lo que asegura su elección.
La mayoría de ellos están vinculados a Javier Tejado Dondé, director jurídico de Televisa y primer vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), organismo que ha sido copado por los intereses de Televisa en menoscabo de los radiodifusores.

Por si fuera poco, las televisoras tampoco dejaron de transmitir spots de propaganda electoral ni infomerciales de promoción de autoridades federales, gobernadores y candidatos, a pesar de la prohi­bición expresa de las nuevas reglas electorales surgidas de la reforma de 2007.

Bajo el argumento de que se trata del ejercicio de la “libertad de expresión” y no de contratos de compra-venta de espacios en pantalla, tanto Televisa como TV Azteca promovieron a los candidatos y a la plataforma del PVEM, así como a algunos personajes afines a sus intereses, como Demetrio Sodi, candidato panista a delegado por la Miguel Hidalgo, o de César Nava, candidato a diputado de Acción Nacional y exsecretario particular de Felipe Calderón (Proceso 1703).

El caso más burdo fue el de Demetrio Sodi. El 23 de mayo, durante la transmisión de la semifinal del torneo de clausura del futbol mexicano entre los Pumas y el Puebla, Sodi tuvo una “entrevista” de minuto y medio en Televisa, pero no para comentar asuntos deportivos sino para hacer proselitismo a favor de su candidatura.

Para Alfredo Figueroa, consejero del Instituto Federal Electoral, este tipo de estratagemas violan la normatividad. Durante el debate sobre el caso de Demetrio Sodi, discutido en el Consejo General el 22 de junio, Figueroa advirtió:

“En otras naciones, esto que se llama la propaganda encubierta o la propaganda integrada ha sido objeto de legislación porque el auditorio tiene el derecho a saber cuándo se está pagando por una propaganda y cuándo es parte del contenido noticioso.

“No puedo compartir la idea de que se trate de un contenido noticioso (el caso de Sodi y Televisa), cuando además hay definiciones claras en relación a otras formas de propaganda, que son difíciles de advertir de modo común, y cuando estamos, además, en un país que no ha legislado suficientemente sobre estas otras formas de propaganda y de publicidad.”

El viernes 26, por unanimidad, los consejeros del IFE decidieron multar con 4 millones de pesos al PVEM por adquirir espacios mediante terceros para difundir propaganda electoral. Esta sanción representa menos de 2% de las prerrogativas de ese partido, que en 2009 ascendieron a 304.8 millones de pesos. A Editorial Televisa, S.A. de C.V., editora de TV y Novelas, también la multaron con 4 millones, y a Televimex, S.A., con 5 millones de pesos, pues a partir de un intercambio publicitario difundieron en los canales 2 y 5 las entrevistas con actores que promovieron al Partido Verde.

De acuerdo con la resolución, se detectaron 397 spots de este tipo. El monto de los 5 millones de pesos representa apenas el equivalente al costo de 10 spots en el horario Triple A de Canal 2. Es decir, nada sustantivo para una empresa como Televisa.

Para cerrar el círculo, a partir del 23 de junio, el Senado de la República, principal impulsor de la reforma electoral que generó la animadversión de las televisoras, comenzó una serie de foros para revisar el marco electoral vigente e incorporar algunas figuras que le interesan a los concesionarios, como las candidaturas independientes.

Tanto Ricardo García Cervantes, senador del PAN, como Carlos Sotelo, del PRD, coincidieron en que estos foros de análisis constituyen “una claudicación” del Senado ante las presiones de las televisoras, las cadenas radiofónicas y de “la clase política intelectual mediática que se sustenta en su condición académica y que se proyecta a través de los espacios que les brindan los medios”.

Gobierno “broker”

El 31 de diciembre de 2008, por medio del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Gobernación anunció que las 18 secretarías de Estado, la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, el Conacyt y el Inegi podrán disponer de una bolsa de recursos de mil 791 millones de pesos para contratar spots en radio y televisión, sin necesidad de utilizar parte de los 48 minutos de los tiempos de Estado.

Las nuevas normas, publicadas en vísperas del inicio del proceso electoral de 2009, estipulan que “cuando el IFE tenga a su cargo la administración del tiempo que corresponde al Estado, se podrán hacer erogaciones (para campañas) en materia de servicios educativos o de salud, o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia, las cuales se sujetarán a los mecanismos de supervisión de la Secretaría de Gobernación”.

El acuerdo establece que “las dependencias y entidades únicamente podrán destinar recursos presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la radio y la televisión, siempre y cuando hayan solicitado en primera instancia los tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación y éstos no estuvieran disponibles en los espacios específicos y en la vigencia solicitada”.

El presupuesto de mil 791 millones de pesos para Servicios de Comunicación Social y Publicidad disponible para las dependencias del gobierno federal en 2009 representa un incremento de 673 millones de pesos respecto de 2008.

De esta manera, el gobierno federal ha “subsidiado” la presunta pérdida de ingresos de las televisoras por la reforma electoral y convirtió a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación en una especie de intermediario o broker de la compra de espacios comerciales en la televisión y la radio concesionadas.
Así se confirma en el oficio DG/2500 /2009, firmado por Álvaro Lozano González, director de RTC, cuya copia obtuvo Proceso. Este documento, fechado el 12 de febrero de 2009, le aclara a las dependencias federales y organismos autónomos (como la CNDH, UNAM, IPN e IFAI) que el IFE será la “autoridad única” para administrar los 48 minutos diarios de tiempos de Estado en radio y televisión durante la campaña electoral.

“Por lo anterior –aclara el director de RTC– subrayamos que durante el período que comprende del 31 de enero al 2 de mayo de 2009 sólo se podrá continuar con la difusión de los mensajes institucionales de las dependencias en tiempos comerciales.”

Para el senador Carlos Sotelo, el gobierno federal tuvo una “actitud dolosa, fraudulenta”.
Entrevistado vía telefónica, recordó que el IFE puso a disposición del gobierno federal una parte de los 48 minutos diarios, pero no se utilizaron. “El hecho de que el IFE sea el administrador único de los tiempos de Estado durante la campaña no significa que todos los 48 minutos se utilicen sólo para la promoción electoral”, aclaró Sotelo.

Por lo pronto, esta política se tradujo en la promoción de la figura presidencial en las pantallas de Televisa y de TV Azteca. Un monitoreo realizado entre enero y mayo de 2009 por la organización civil Ciudadanos en Medios, Democracia e Información, revela que Felipe Calderón acaparó 68% de la pantalla en los principales noticiarios de Televisa y TV Azteca, superando al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y al jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard.

Bancada de pantalla

Televisa y TV Azteca ya se aseguraron un mínimo de ocho curules en la Cámara de Diputados con personajes afines a ambas empresas, a través de las listas de diputados plurinominales del Partido Verde, la organización política más beneficiada por ambas televisoras con infomerciales y estrategias de “publicidad integrada” o de “publicidad encubierta”.

Cinco de estos candidatos trabajaron o laboran con Javier Tejado Dondé, artífice de la Ley Televisa, reconocido ampliamente como el principal cabildero de la empresa de Emilio Azcárraga Jean tanto en el Congreso como en el IFE. Por si fuera poco, el director jurídico de Televisa es también el primer vicepresidente de la CIRT, el organismo cúpula de los concesionarios.

Los candidatos con sello Televisa son Lorena Corona Valdez, quien trabajó en el departamento jurídico de Televisa Radio. Ocupa el segundo lugar en la lista de diputados de la primera circunscripción. Su suplente es Miguel Orozco Gómez, director jurídico de la CIRT y hermano del senador del Partido Verde Javier Orozco Gómez, quien ha sido un incondicional defensor de las posiciones de las televisoras.

Rodrigo Pérezalonso González, abogado egresado del ITAM que ha colaborado durante dos años con Tejado Dondé, encabeza la lista de la segunda circunscripción de plurinominales. Su suplente es Roberto García Requena, excoordinador ejecutivo de la Cofetel.

En el cuarto sitio de la misma circunscripción está Mariana Ivette Ezeta Salcedo. Su suplente es su hermano Carlos Alberto Ezeta, quien ha sido consejero de la CIRT y trabajó con Tejado Dondé. En este caso, es posible que el hermano quede en la titularidad de la diputación. Es práctica común entre los partidos que para llenar la “cuota de género” inscriban como titular a una mujer que luego renuncia en favor de su suplente.

En los lugares primero y cuarto de la tercera circunscripción, el PVEM registró a Juan Gerardo Flores Ramírez y a Mónica García de la Fuente. Ella trabaja desde hace un año con Tejado Dondé y fue asesora parlamentaria del Partido Nueva Alianza. Él participa desde el 9 de marzo de 2008 como representante del Partido Verde en el Comité de Radio y Televisión del IFE; antes fue asesor de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y secretario técnico de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados, que presidió Javier Orozco Gómez. La suplente de Flores Ramírez es Verónica Rocío Tomás Ruiz, quien ha sido asistente de Tejado Dondé en Televisa.

En el primer sitio de la cuarta circunscripción está Ninfa Clara Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego, accionista principal de TV Azteca. Su suplente es César Andrés Buitrón González. Y en el segundo sitio de la tercera circunscripción va Adriana Sarur Torre, conductora de Proyecto 40, también propiedad de Salinas Pliego.

El 25 de junio, Manuel Velasco Coello, senador verde, afirmó que “de ninguna manera” los candidatos de su partido están vinculados a las televisoras. “Nuestros candidatos serán diputados que van a votar de forma responsable cada uno de los temas, incluyendo la Ley de Radio y Televisión”, se atrevió a decir.

La “contrarreforma” electoral

Preocupados, tanto los senadores Ricardo García Cervantes, del PAN, y Carlos Sotelo, del PRD, expresaron su desacuerdo en la nueva ronda de consultas que se iniciaron el 23 de junio en el Senado de la República para revisar la reforma electoral.

“Es una acción innecesaria. Es una muestra de debilidad del Senado. Es ceder ante el argumento falso de que la reforma electoral no ha servido y que viola la libertad de expresión. Es una intentona de contrarreforma”, subraya Sotelo.

Presidente de la Comisión de Radio y Televisión, Sotelo va más allá y advierte que la nomenklatura del Senado, encabezada por los coordinadores de las bancadas, impulsaron esta consulta sin tomar en cuenta a las comisiones. “Los intereses creados de las televisoras presionaron tan fuerte a una clase tan débil. Por eso el país no avanza”, subrayó Sotelo.
Para el senador perredista “lo que urge es una reforma integral a la ley de telecomunicaciones y de radio y televisión. A eso es a lo que deben convocar: a una reforma integral de los medios. No andar de modositos con las televisoras”.

Por su parte, García Cervantes consideró que discutir la legislación en medio del proceso electoral “hace que parezcamos ridículos los legisladores haciendo una ley en la cual, antes de que se termine de aplicar, ya no creemos”.

*Tomado de la revista Proceso.

Desfiladero*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera.

∙ Tribunal Electoral: jaque a la reina


Jaime Avilés

En septiembre, cuando el nuevo Congreso quede instalado, el Poder Legislativo tendrá elementos de sobra para someter a juicio político –a fin de destituir y sancionar– a la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa, por el cúmulo de violaciones constitucionales que perpetró, junto con sus compinches magistrados, al destruir deliberadamente el principio de certeza en la elección para jefe delegacional de Iztapalapa.

Las puntuales denuncias publicadas al respecto por conocedores profundos del tema como Miguel Ángel Granados Chapa, Eduardo R. Huchim, John Ackerman y Octavio Rodríguez Araujo no dejan lugar a dudas. Amiga, hace ya muchos años, de Margarita Zavala, de Felipe Calderón y de Germán Martínez, Alanís actuó por consigna de Los Pinos, a espaldas del derecho. Su actitud facciosa la descalifica para seguir fungiendo como máxima “autoridad” electoral del país. He aquí las pruebas que documentan sus atropellos.

Con el respaldo del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, Clara Brugada ganó la elección interna del PRD en Iztapalapa por 99 mil 890 votos, lejos de los 94 mil 560 que obtuvo Silvia Oliva, de la corriente de Jesús Ortega. Inconforme con ese resultado, Oliva lo impugnó ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, que anuló 25 casillas pero ratificó el triunfo de Brugada.

Oliva interpuso una nueva queja, ahora ante el TEPJF, el 18 de mayo. Ésta llegó el 22 de mayo a la sala regional correspondiente al DF, pero nadie la tomó en cuenta. El 2 de junio, impaciente, Oliva solicitó que la sala superior del TEPJF atrajera el caso, pero su petición fue rechazada por “extemporánea”, ya que el plazo para realizar ese trámite había expirado el 18 de mayo. ¿Ah, sí? Pues horas después, luego de un intercambio telefónico entre el PRD y Los Pinos, Alanís ordenó darle entrada al expediente, 15 días después de lo permitido por la ley. Primera violación constitucional grave.

Eduardo Huchim apunta que, el 8 de abril, esa misma sala superior se había negado a atraer una denuncia interpuesta contra el candidato del PAN en Gustavo A. Madero. Como éste es un hombre leal a Germán Garza, la presidenta del TEPJF lo protegió, pese a que el quejoso lo había impugnado en tiempo y forma. Segunda violación constitucional grave.

Alanís y sus magistrados se tardaron del 3 al 11 de junio para analizar la queja de Oliva contra Brugada. En ese lapso, fueron impresas las boletas electorales en que Brugada aparecerá el 5 de julio como candidata aunque ya no lo sea. Una vez logrado este perverso objetivo, el 12 de junio el TEPJF pronunció su fallo, irreversible, inatacable: después de anular 47 casillas de la elección interna del PRD, encontró que Silvia Oliva tenía 771 votos más que Clara Brugada; por lo tanto, era la nueva candidata.

¿Qué criterios emplearon los magistrados para anular más de 5 mil votos? ¿Detectaron “manipulación de las actas, introducción ilegal de boletas a las urnas, asalto a las casillas”?, se pregunta Huchim. Nada de eso: el argumento supremo que invocaron fue que los funcionarios de esas 47 casillas no pertenecen al padrón de militantes del PRD. Y el TEPJF puso por encima de las leyes federales vigentes en el país, el reglamento interno de un partido, que no se aplica a ninguna otra circunstancia. Tercera violación constitucional grave.

La cuarta, sin duda la peor de todas, consistió en que Alanís y los magistrados manipularon los tiempos para que el nombre de Brugada quedara impreso en las boletas con la intención de confundir a los ciudadanos. “La función más importante de un tribunal es dar certeza jurídica, y lo que hizo el TEPJF en Iztapalapa fue exactamente lo contrario”, afirmó Huchim, entrevistado por el autor de esta columna el pasado martes, entre 8 y 9 de la noche, en el programa Discrepancias, que conduce Miguel Angel Velázquez en Radio UNAM. ¿Esto convierte a Maricarmen Alanís en delincuente electoral?, intentó precisar el columnista. Huchim contestó: “Podría ser llevada a juicio político por el Congreso”.
Después de emitir su sentencia, el TEPJF incurrió en nuevos atropellos: ordenó al Instituto Electoral del DF (IEDF) que registrara a Oliva como candidata del PRD. El IEDF respondió que, antes, debía examinar el reporte de gastos de precampaña de Oliva para ver si no se había sobrepasado. Como esta respuesta lo sacó de sus casillas, el TEPJF estalló, fijándole al IEDF un plazo perentorio: “si no la registran mañana sábado, se les acusará de desacato”. La banda del TEPJF no había reparado en que el IEDF ya había convocado a sesión el domingo, pero como tenía encima la presión histérica de Maricarmen, registró a Oliva a destiempo y sin haber revisado sus gastos de precampaña. En los próximos días podría llegarse al colmo del absurdo: si se comprobara que Oliva gastó más de lo tolerado por la ley, el IEDF tendría que volver a darle la candidatura a Brugada.

Todas estas acciones ilícitas, inmorales, vergonzosas, canallescas, propias de un coyote de barandilla, no del “máximo” tribunal en asuntos electorales, aconsejan que si hemos de frenar el envilecimiento de las instituciones públicas en México se deben tomar las medidas necesarias para separar de su cargo a Maricarmen Alanís, porque ella perdió en Iztapalapa todo vestigio de autoridad moral y, por lo tanto, no podrá arbitrar las elecciones presidenciales de 2012, por más amiga que sea de Margarita Zavala, de Calderón y del resto de la camorra panista.

Después de conocer en detalle las chicanadas que el TEPJF cometió en Iztapalapa, los lectores comprenderán mejor por qué, para encubrirlas, ahora Televisa vomita torrentes de odio en contra de López Obrador, cuya estrategia para lograr que la resistencia civil pacífica vote por el candidato del PT a fin de que gobierne Brugada, ha obtenido un rotundo éxito. Si no fuera así, la ultraderecha no habría alquilado pepsicólogos y pepsiquiatras para “diagnosticar” que Andrés Manuel es un “sicópata muuuy peligroso”, ni hubiera desamarrado a Fernández de Cevallos para que saliera a proclamar la “noticia”, ladrando como acostumbra, con la cara torcida por la desesperación. Y es que, péjele a quien le peje, no pueden con el Peje...

Otra amiga de la familia

¿Usted sabe dónde está Carla Rochín Nieto o por lo menos quién es? De acuerdo con el curriculum vitae que obra en los archivos del departamento de recursos humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social, es licenciada en decoración de interiores por la Universidad de Guanajuato y cursó varios diplomados: uno, en “políticas públicas”, que no terminó, por el ITAM; otro, en “alta administración municipal”, por el Tec de Monterrey; dos más en “administración pública” y “calidad en la administración pública”, por el IAP; otro en “derecho parlamentario” por el PAN, y de pilón uno extra en “administración pública municipal”, por la Complutense de Madrid.

Además de haber sido “gerente general del restaurante El Gallo Pitagórico” (no puso qué tipo de comida sirve), de 1988 a 2000, gracias a su ferviente devoción por los asuntos municipales, fue secretaria particular del alcalde de Salamanca, Guanajuato. De 2003 a 2006 fue diputada federal panista. De diciembre de 2006 a julio de 2007 fue directora general de Culturas Populares, cargo desde el cual salió para convertirse en coordinadora nacional de las guarderías subrogadas del IMSS en donde hoy, como tal, es responsable directa de la guardería ABC de Hermosillo y de la muerte que en ella encontraron 47 bebitos por negligencia criminal.

¿Alguien sabe por qué nunca ha dado la cara ante la opinión pública o por qué no la ha entrevistado la siempre “imparcial y objetiva” Televisa? Obvio: porque al igual que Maricarmen Alanís, Carla Rochín es muy amiga de Margarita Zavala y por lo mismo protegida de Felipe Caldherodes.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

El mensaje*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Luis Javier Garrido

La obnubilación del gobierno calderonista ante el hecho evidente de que no tiene respaldo popular y de que el PAN no va a ganar las elecciones intermedias de 2009 ha llevado al grupo gobernante a una violencia inusitada en todos los órdenes, que está implicando la violación de derechos fundamentales de los mexicanos, pero también el trastocamiento de las instituciones políticas de la República que ya no existen bajo el régimen panista más que en la letra escrita de la Constitución.

1. Las acciones autoritarias del gobierno calderonista para tratar de imponerse en 2009 y tratar de generar las condiciones para permanecer en el poder en 2012 lo han llevado entre otras cosas no sólo a pisotear los derechos políticos del pueblo mexicano, como acontece en esta campaña electoral indigna, en la que se están utilizando todos los recursos del Estado para imponer al PAN, sino a destruir la autonomía de las instituciones. El IFE y el Tribunal Electoral no son ya más que instrumentos del Ejecutivo, y el régimen federal es pisoteado todos los días por el gobierno calderonista, empeñado en que los resultados electorales le permitan controlar a los gobiernos estatales y en edificar un poder cada vez más centralizado.

2. El fracaso de la gestión de Felipe Calderón en los tres primeros años del gobierno surgido del fraude electoral de 2006 no ha sido obstáculo para que el grupo derechista en el poder reformule su “estrategia electoral”, en términos de una violencia inusitada que le está llevando a cometer todo género de ilegalidades, a perder toda compostura y respeto al pueblo mexicano, y ahora a lanzarse incluso contra sus propios aliados.

3. Los cientos de millones de dólares del erario nacional gastados impunemente por Felipe Calderón y su equipo en estos casi tres años, en la más vasta campaña de autopropaganda que haya emprendido gobierno mexicano alguno, no le han servido de nada, pues nunca pudo aparecer como un líder y su gobierno no sólo sigue siendo visto por millones de mexicanos como espurio sino también como un gobierno corrupto e inepto. La mayor evidencia del fracaso de Calderón la constituye el hecho de que ante las elecciones el aparato propagandístico del gobierno no parece tener más que una obsesión, la de seguir calumniando y denostando a Andrés Manuel López Obrador, ahora con el pretexto de que está defendiendo los derechos políticos del pueblo de Iztapalapa a elegir a su delegado.

4. El caso de Iztapalapa ha adquirido un extraordinario relieve porque evidencia el deterioro institucional al que el panismo-yunquismo está llevando a México con todo cinismo, buscando que en 2012 no pueda haber un candidato de oposición en México. El gobierno calderonista logró imponer como dirigente del PRD a su aliado Jesús Ortega, que no ganó las elecciones internas en 2008, y nuevamente utilizando al Tribunal Electoral le ha impuesto al PRD una candidata, la señora Silvia Oliva, que tampoco ganó las elecciones internas, tratando así, entre otras cosas, de forzar a decenas de miles de militantes a abandonar ese partido.

5. La indignación ha crecido, sin embargo, al empezar a conocerse la forma en que el difunto Juan Camilo Mouriño fue forjando desde Bucareli por la vía de la corrupción una alianza con Jesús Ortega, para que éste, a cambio de ser instalado como presidente perredista por el gobierno, le subordinara el PRD a Calderón, siguiendo el modelo de los partidos paraestatales de los años 60, lo que iban a festejar tras la aprobación de la contrarreforma energética precisamente la trágica noche del 4 de noviembre en la que el avionazo frustró el anuncio público (Milenio Diario del 23 de junio). No extraña, por lo mismo, que la señora Oliva tenga en su campaña como oferta principal a los iztapalapenses la de que hará entrar al Ejército federal a Iztapalapa, creyendo así sentar las bases para que Acción Nacional se apodere de la capital en 2012.
6. El objetivo de la extrema derecha en México es, como se ve, muy claro: se trata de aparentar tras este proceso electoral que salen supuestamente fortalecidos y que tienen vía libre para seguir cometiendo todo tipo de tropelías desde la cúspide del Estado y, en particular, para seguir reconvirtiendo al régimen político mexicano, conforme a los viejos dogmas centralistas y autoritarios de los conservadores mexicanos, y a lo que es su interpretación de lo que ha de ser el Estado neoliberal.

7. El modelo neoliberal impuesto desde los años 80 en el mundo occidental supuso una reformulación del sistema capitalista que al entregar más impunemente el control estratégico de la economía a los consorcios multinacionales implicara nuevas estructuras de los estados nacionales y otras formas de ejercicio del poder político, y lo más aberrante de lo que acontece en México es que al amparo de esas tesis delirantes, derrotadas ya por la experiencia trágica del pasado reciente, de manera anacrónica, los panistas-yunquistas en el poder siguen desmantelando y pisoteando el orden constitucional mexicano: cancelándole derechos a los mexicanos y tratando de edificar un poder cada vez más centralizado e impune, como se evidencia en este proceso electoral.

8. Los conservadores mexicanos pugnaron siempre por un poder centralizado y esa es ahora una obsesión de Calderón, que utilizando al Ejército federal en su supuesta lucha contra el narcotráfico ha violentado por completo el orden constitucional y vulnerado la autonomía de estados y municipios, como lo hace ahora queriendo que se ignore que en la Constitución mexicana el gobierno federal no es superior a los gobiernos de los estados y no puede hacerlo todo, como lo pretendió Gobernación tras el michoacanazo y busca hacerlo ahora Calderón al tratar de arrojar la responsabilidad por el incendio de la guardería de Hermosillo al gobierno de Sonora.

9. Lo menos que se puede decir del titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuando acusa al gobernador de Sonora de “altanero” y de espetarle que no acepta “el tono que usa contra Calderón” (24 de junio) es que es un ignorante: en la Constitución mexicana, el gobierno federal no lo puede todo como acontecía en las dictaduras del siglo XIX, y los gobernadores de los estados no son subordinados del Ejecutivo federal, por lo que pueden hablarle como les parezca. Cuando un gobernador como el perredista michoacano Leonel Godoy se doblega indignamente ante Calderón, y acepta con sumisión la violación del orden constitucional, contribuye al retroceso político de México.

10. El riesgo ante el que se encuentra el país es, como se ve, muy grande, pues el panismo-yunquismo está edificando en los hechos un poder cada vez más centralizado y autoritario y esa es quizás la cuestión fundamental a decidir en este proceso electoral.

*Tomado de La Jornada.

La arbitrariedad impune en Iztapalapa*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Octavio Rodríguez Araujo

La elección de candidata perredista a la jefatura de la delegación Iztapalapa es una aberración jurídica, una más, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). No conozco a ninguna de las dos principales candidatas y personalmente no me afecta cuál de ellas gobierne esa delegación. No vivo ahí. Pero lo ocurrido en el proceso electoral del Partido de la Revolución Democrática para elegir candidato a esa jefatura es una anomalía de principio a fin y una tosca y burda intervención del TEPJF que no debe permitirse o que, por lo menos, debe denunciarse.

De las elecciones internas, en las que participaron cinco candidatos, Clara Brugada Molina resultó ganadora y Silvia Oliva Fragoso en segundo lugar. Ambas con más de 90 mil votos cada una, contra menos de 3 mil de los demás candidatos en su conjunto. La convocatoria (diciembre de 2008) fue lanzada por el consejo estatal de ese partido en el Distrito Federal y en febrero de 2009 la Comisión Nacional Electoral del mismo instituto debía resolver la aceptación de las candidaturas. Hasta ahí, todo bien. La convocatoria establecía que las y los candidatos a jefes delegacionales serían designados “mediante elección libre, universal, directa y secreta, en urnas; abiertas a la ciudadanía” y no sólo a los militantes del partido con derechos plenos, aunque a ellos estuviera dirigida.

La convocatoria instituía, asimismo, que las impugnaciones serían resueltas por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGV) a más tardar el 28 de marzo de 2009. La Comisión Nacional Electoral (dominada por Nueva Izquierda-chuchos) amplió el plazo al 30 de marzo para que Silvia Oliva pudiera entregar su impugnación, y fue precisamente en esa fecha cuando la otorgó. Silvia Oliva, para quien no lo recuerde, fue una de las candidatas involucrada en las grabaciones que recibió La Jornada donde se pedían golpeadores y en las que se mencionaban despensas repartidas por la candidata de la planilla 1 “porque la planilla 3 nos está barriendo...” (29/3/09. La planilla 3 la encabezaba Clara Brugada; la 1, Silvia Oliva.)

A pesar de estas maniobras, el 15 de abril la CNGV desechó los recursos de impugnación de Oliva y confirmó el triunfo de Brugada. Esta comisión anuló dos casillas y computó 99 mil 513 votos a Brugada y 94 mil 335 a Oliva (una diferencia de más de 5 mil votos). A partir de ese momento, algunos perdidosos (no sólo de Iztapalapa) se plantearon recurrir al Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), un órgano externo al partido, para resolver sus impugnaciones. El 20 de abril con-cluía el plazo para registrar candidatos ante el Instituto Electoral del DF (IEDF). El 23 de abril el TEDF “desechó el primer juicio promovido por la ex precandidata del PRD a la jefatura delegacional de Iztapalapa, Silvia Oliva Fragoso, de la corriente Nueva Izquierda, en contra de su contrincante de Izquierda Unida, Clara Brugada Molina, por presuntas irregularidades en la propaganda electoral que utilizó durante la contienda interna y que había sido descartada por la CNGV” (nota de Ángel Bolaños, La Jornada, 24/4/09).

El 14 de mayo el TEDF, a solicitud de Oliva, anuló 25 casillas, pero dicha anulación no quitaba el triunfo a Brugada. Nueve casillas más fueron anuladas por solicitud de Brugada. En total 34 casillas de 471 instaladas. Por tal motivo no procedió la anulación de la elección, que requiere la invalidación de 20 por ciento de las casillas. Por tanto, Oliva recurrió al TEPJF para impugnar el dictamen del TEDF. Brugada hizo lo mismo después, pero su presentación fue calificada de infundada.
A partir de ahí el proceso se volvió un lío jurídico y el resultado fue que se anularon 47 casillas más con lo cual los votos por las dos candidatas se vieron modificados, quedando ganadora Silvia Oliva por 771 sufragios más que su contrincante. El tribunal tuvo buen cuidado de anular 47 casillas, que sumadas a las 34 anteriormente invalidadas daban un total de 81, que representaron, en mi calculadora, 17.20 por ciento con las decimales redondeadas (para el tribunal, 17.91 por ciento), insuficientes para cancelar la elección.

La razón por la que se anularon las casillas fue porque no se cumplieron algunos de los requisitos del artículo 88 del Reglamento General de Elecciones del PRD, tales como que algunos funcionarios de casilla no eran militantes del partido o porque no eran de la sección donde estaban recibiendo los sufragios. El argumento de las quejosas fue que se impedía su derecho a ser votadas para ocupar la jefatura delegacional de Iztapalapa (artículo 99, V de la Constitución referido a las atribuciones del TEPJF y artículo 186, III, c de la Ley Orgánica del Poder Judicial), y las evidencias presentadas, a falta de otras más comunes y de mayor peso en procesos electorales, fueron basadas en un artículo reglamentario del partido sobre la composición de las mesas directivas de las casillas.

El hecho es que se le dio entrada al TEPJF y éste hizo lo que le correspondía políticamente, es decir, con la parcialidad que lo caracteriza desde 2006. Y resolvió en favor de Silvia Oliva precisamente el 12 de junio de 2009, cuando ya no se podía sustituir el procedimiento ni impugnarlo ni, en fin, hacer nada, ya que el dictamen es inatacable y definitivo. Maniobra completa, arbitraria y sesgada. Con esto se revocó la constancia de mayoría de Clara Brugada otorgada por la Comisión Nacional Electoral del PRD y que ya había sido ratificada por el TEDF.

Gracias a la intervención del TEPJF Silvia Oliva fue declarada candidata del PRD a la delegación de Iztapalapa. Para entonces ya estaban impresas las boletas y, por tanto, se determinó que cualquier voto por Clara Brugada sería en beneficio de Silvia Oliva. Si esto no es una chicanada, ¿cómo deberá llamarse?

Lo grave del asunto, además del uso sin autorización del nombre de una candidata que dejó de serlo por disposición arbitraria de un tribunal, es que nadie puede echar abajo la decisión del TEPJF, como tampoco se pudo hacer en septiembre de 2006 en relación con la elección presidencial o con la elección, en favor de los chuchos, de la dirigencia nacional del PRD el año pasado. Casualmente (¿?), en las tres intervenciones mencionadas del TEPJF, los perjudicados han sido López Obrador y los lopezobradoristas. Y así quieren el gobierno y sus voceros que los mexicanos respetemos las instituciones del Estado y las leyes que nos rigen.

*Tomado de La Jornada.

Reta Villamil a la televisora: debatamos en el Senado con documentos*

Tomados de La Jornada, Hernándezm Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

LA REDACCIóN

México, D.F., 24 de junio (apro).- El periodista Jenaro Villamil, de la revista Proceso, retó a la empresa Televisa a sostener un debate, documentos en mano, en el Senado de la República.

El desafío es la respuesta a un desplegado publicado por Televisa este miércoles en contra de la comunicadora Carmen Aristegui, Proceso y Villamil, por difundir y comentar el reportaje "Peña Nieto: Si yo fuera presidente" actualmente en circulación y presentado de forma más amplia y a manera de libro bajo la autoría del periodista yucateco.

Entrevistado por Carmen Aristegui, Villamil invitó al consorcio presidido por Emilio Azcárraga Jean a "abrir sus cuentas" y hacer públicos los contratos firmados con cada uno de los gobernadores y aspirantes a la presidencia de la República.

Villamil refutó las seis acusaciones presentadas por Televisa en el desplegado, entre las que se encuentran rechazar que Peña Nieto haya desembolsado más de 746 millones a la empresa televisiva.

Con el contrato físico en mano, el periodista respondió que entre 2005 y 2006 el gobernador del estado de México pagó 746 millones de pesos a Televisa, 616 millones correspondientes a publicidad, y el resto por el concepto de asesoría para mejorar su desempeño en la pantalla chica.

"Si Televisa quiere que discutamos sobre los montos reales, no los maquillados, entonces que se abran todos los contratos que se han firmado con el gobierno de Enrique Peña Nieto", exhortó Villamil.

En su desplegado, Televisa niega ser influenciada en sus criterios editoriales por el expresidente Carlos Salinas de Gortari y desmiente que el mandatario se haya reunido con el Consejo Administrativo de la compañía. Precisa que la cita sí ocurrió en Cozumel, pero únicamente fue una conferencia dirigida a directivos.

Villamil pidió a Televisa aclarar cuál fue el objetito del acercamiento entre Salinas y los directivos, y aprovechó para recordar que desde 2005 el expresidente ha reaparecido en el "Canal de las Estrellas", en actos como el funeral del padre de Peña Nieto o la campaña Celebremos México.

Aristegui secundó que Televisa es un "ente público que está obligado a dar respuesta a estos señalamientos".

Cuestionó omisiones informativas de la empresa, como haber guardado silencio en la entrevista que le concedió el expresidente Miguel de la Madrid, quien acusó a Carlos Salinas de robarse la mitad de la partida secreta y de proteger los vínculos criminales de sus hermanos Enrique y Raúl.


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La alianza roja de Peña Nieto*


JENARO VILLAMIL

MÉXICO, DF, 23 de junio (apro).- Cuenta Manuel Bartlett, exsenador y exsecretario de Gobernación, que en alguna ocasión tuvo un encuentro desagradable, en sus oficinas del gobierno de Puebla, con un grupo encabezado por Aquiles Córdova Morán, dirigente histórico de Antorcha Campesina.

Córdova Morán le exigió una "cuota" de alcaldes y de posiciones para su movimiento en varios municipios de Puebla. Para afianzar su reclamo, Córdova le presumió uno de sus padrinazgos: el de Raúl Salinas de Gortari, el "hermano incómodo" del expresidente Carlos Salinas.

Bartlett se negó a darle las cuotas de poder que los antorchistas pedían. Y así le fue. Bloquearon carreteras, reclamaron prebendas, en especial licencias para taxis y una serie de privilegios, todo a nombre de la "lucha de clases" y de eliminar la desigualdad social.

Con esos antecedentes, no es de extrañar que el pasado domingo el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto fuera el invitado estelar de una magna concentración organizada por los antorchistas en el estadio Azteca de la Ciudad de México, para celebrar el 35 aniversario de este grupo que se fundó en 1974 y que ha degenerado en una de las redes clientelares más chantajistas y antidemocráticas del país.

Peña Nieto no fue el único mandatario invitado. En ese evento también estuvo el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que con mano dura reprimió al movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y con generosidad presupuestal ha mantenido a Antorcha Campesina.

También asistió la senadora María de los Angeles Moreno, exdirigente del PRI nacional y operadora de las alianzas de Beatriz Paredes en el Distrito Federal.

Sin embargo, la presencia de Peña Nieto adquiere especial notoriedad. Obsesionado con "pintar de rojo" –color emblemático de su adelantada campaña por la Presidencia en el 2012-- todo el Estado de México, el gobernador que presume de modernidad telegénica busca con Antorcha Campesina la recuperación de uno de los bastiones de este grupo: el municipio de Chimalhuacán.

Este es un municipio emblemático de los problemas del Estado de México. Ahí surgió el liderazgo de María Eulalia Guadalupe Buendía Torres, La Loba, famosa invasora de terrenos que trabajó al amparo de los intereses de Carlos Hank González, su padrino, protector y mecenas.

Chimalhuacán es además una de las zonas más disputadas por el crimen organizado en el Estado de México, junto con Huixquilucan, Nezahualcóyotl y Ecatepec y, por si fuera poco, es pieza clave para expandir la influencia de Peña Nieto hacia la zona conurbada del Distrito Federal, en especial Iztapalapa, la delegación fracturada por la lucha interna entre las corrientes de René Arce, aliado a Nueva Izquierda (NI), y de Izquierda Unida (IU), que ha defendido la candidatura de Clara Brugada.

En Chimalhuacán se han registrado los crímenes contra mujeres más graves de los últimos años, con un patrón muy parecido a los asesinatos seriales de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Tan sólo entre 2005 y 2006, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó 14 crímenes de mujeres donde se aplicó violencia extrema: sus cuerpos fueron arrojados en los lotes baldíos de este municipio famoso por los tiraderos de basura y por el alto grado de encono social. Las autoridades judiciales han evitado una investigación a fondo sobre estos casos.

Por si fuera poco, 53% de los 600 mil pobladores de Chimalhuacán vive con menos de dos salarios mínimos. Y esta miseria se transforma en el caldo de cultivo clásico para que Antorcha Campesina medre con la precariedad y garantice el control político.

Desde que Aquiles Córdova asumió el mando del movimiento antorchista, los métodos para eliminar cualquier disidencia y mantener un férreo control entre los colonos "afiliados" se han vuelto muy similares a los que hicieron famoso a Sendero Luminoso, en Perú.

El líder de los antorchistas en el Estado de México es Jesús Tolentino Román, experto no sólo en "acciones directas" –como llaman los antorchistas a los bloqueos viales y a las movilizaciones de corte paramilitar que los caracterizan--, sino también en negocios inmobiliarios.

Actualmente es el candidato priista a la alcaldía de Chimalhuacán.

De acuerdo con el columnista Miguel Angel Granados Chapa, Tolentino en su anterior gestión como alcalde protagonizó un enfrentamiento muy violento con La Loba, "quien en esa coyuntura perdió el favor de las autoridades mexiquenses que, al estar del lado de Tolentino, hicieron pagar a la dirigente de colonos invasiones de tierras que antaño habían consentido" (Plaza Pública, 23 de junio de 2009).

Sin embargo, la alianza entre el rojo de la Fuerza Mexiquense que encabeza Peña Nieto y el rojo de las banderas de Antorcha, anticipa otra operación más peligrosa.

Revive el experimento de padrinazgo político y clientelar que Raúl Salinas de Gortari, al amparo del poder de su hermano, construyó para hacer negocios turbios.

Esta es la otra cara del reality show que Peña Nieto no exhibe en sus spots televisivos ni en su multimillonaria campaña de "operación política" en el Estado de México y en otras entidades, donde Antorcha Campesina ya le ofreció trabajar rumbo al relevo presidencial del 2012.

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx

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La gran inversión*


JENARO VILLAMIL

Enrique Peña Nieto no sólo pretende ser el candidato del PRI a la Presidencia, sino que apuesta a lo que él considera la fórmula perfecta para llegar a Los Pinos: conjugar el padrinazgo político con la publicidad televisiva. Por un lado, Carlos Salinas de Gortari teje alianzas coyunturales en el PRI para entronizarlo hacia el 2012 y, por el otro, las televisoras promueven su imagen sin recato. Los directivos del duopolio se muestran complacidos con Peña Nieto, al grado de que cuando hablan de él lo llaman “nuestro candidato”... Con autorización de la editorial Random House Mondadori, Proceso reproduce fragmentos del libro Si yo fuera presidente. El reality show de Peña Nieto, así como el texto de la Presentación del mismo, escrito por Julio Scherer García. La obra empieza
a circular esta semana.

Salinas, la mano que peina el copete


El Estado de México siempre ha sido clave para el proyecto políti¬co de Carlos Salinas de Gortari. En esa entidad inauguró su pro¬grama de recuperación clientelar –el Pronasol, en el municipio de Chalco– y participó en negocios inmobiliarios junto con sus hermanos. En especial con Enrique Salinas de Gortari, quien fue asesinado el 8 de diciembre de 2004, en Huixquilucan; un caso que no se ha esclarecido.

El expresidente contó como aliado fundamental con el políti¬co¬ empresario más influyente de la entidad, Carlos Hank Gon¬zález, amigo de su padre, Raúl Salinas Lozano, en el gabinete de Adolfo López Mateos. Buena parte de sus colaboradores fueron políticos mexiquenses de primer nivel: Emilio Chuayffet, Ignacio Pichardo, Humberto Benítez, entre muchos otros.

Por si fuera poco, en el penal de alta seguridad de Almoloya estuvo preso durante casi una década Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo, quien recibió un trato especial del gobierno de Arturo Montiel.

En agradecimiento a los favores recibidos, Carlos Salinas de Gortari alentó las ambiciones presidenciales de Arturo Montiel. De esta manera apostó a las dos principales figuras que buscaron la nominación del PRI en 2006: Roberto Madrazo y Arturo Mon¬tiel. Los demás precandidatos carecían de fuerza suficiente o eran estigmatizados como “zedillistas” por el exmandatario.

Lo más importante es que el Estado de México y, en especial, el gobierno de Peña Nieto, le ha sido útil a Salinas de Gortari para “regularizar” paulatinamente su figura pública.
Salinas dejó sentir su presencia el 27 de julio de 2005 duran¬te los funerales de Gilberto Enrique Peña del Mazo, padre del gobernador electo, que falleció a los 68 años víctima de un paro cardiaco. Acompañado por el exgobernador Emilio Chuayffet, Salinas apareció en el velorio organizado en Atlacomulco. A escasa distancia de él estaba Alfredo del Mazo González. En privado, el exgobernador comentó: “Es doloroso que Gilberto no vea la última parte de este proceso”.

En un mes, Peña Nieto y Salinas de Gortari volvieron a coinci¬dir públicamente. Compartieron asientos en “Celebremos Méxi¬co”, el maratónico festival organizado por Televisa en el Palacio de Bellas Artes, el 30 de agosto de 2005. Para esas fechas, el expresidente ya había asistido a ceremonias especiales de Televisa y se le señalaba como uno de los consejeros especiales de Emilio Azcárraga Jean, el presidente del consorcio.
El 15 de septiembre del mismo año, ante 3 mil invitados al teatro Morelos de Toluca, Salinas acudió a la toma de posesión de Peña Nieto. Como era de esperarse, robó los reflectores. Gritos de “¡fuera, fuera!” se escucharon cuando un grupo de maestros y opositores lo identificaron en el evento del joven mandatario. Tuvo que abandonar el recinto en medio de un fuerte operativo de seguridad.

El 22 de septiembre, tan sólo una semana después, otro inte¬grante del clan Salinas hizo su aparición. Raúl Salinas de Gortari, recién salido de la cárcel, se presentó al 36 aniversario luctuoso de Adolfo López Mateos, el expresidente originario de Atizapán. Cuestionado por la asistencia del “hermano incómodo”, Peña Nieto declaró ante la prensa local que no tenía ningún significado: “Aquí hubo la presencia del gobierno y de varios que seguramente fueron colaboradores del expresidente de la República”.

La influencia de Carlos Salinas en el gobierno de Peña Nieto no se limita a actos protocolarios. Ante el escándalo de la corrupción de Montiel, el expresidente asesoró al actual gobernador para des¬vanecer las acusaciones por enriquecimiento. También apadrinó la estrategia mediática para sobrellevar el asunto. Otto Granados, su excolaborador y exjefe de Comunicación Social, operó desde la sombra para proteger a Peña Nieto de las huellas de Montiel.

Salinas encomendó a su abogado Juan Collado la defensa montielista y sugirió que el despacho Solloa, Tello de Meneses y Compañía se encargara de la parte fiscal y contable para encubrir los fraudes de Montiel.

Las pistas del dominio de Salinas son más complejas. En mar¬zo de 2008, Peña Nieto nombró como procurador de Justicia a Alberto Bazbaz Sacal. Este singular personaje participó en el caso de Raúl Salinas de Gortari, como integrante de un despacho jurídico que compartía con David Korenfeld, secretario estatal del Agua. Según el diputado local del PAN, Carlos Alberto Pérez, ambos funcionarios forman parte de la red de negocios y de in¬fluencia salinista.

Bazbaz trabajó como asesor de la Procuraduría General de la República, recomendado por Claudia Ruiz Massieu Salinas, la “sobrina consentida” de Carlos Salinas de Gortari. Durante año y medio fue asesor de Eduardo Medina Mora y todavía en el primer año del gobierno federal de Felipe Calderón, Bazbaz fue director de Control de Procesos de la PGR. Su llegada a la procuraduría estatal fue el resultado del aval de Calderón y Salinas.
Las simpatías del expresidente por Peña Nieto son públicas. En una entrevista concedida al diario británico The Financial Times, Salinas de Gortari afirmó que el gobernador mexiquense repre¬senta a una nueva generación de políticos que encabezan la recu¬peración del PRI. “Salinas ve en Peña Nieto la misma vitalidad que él tenía cuando construyó su camino a la Presidencia dos décadas atrás”, redactó el periódico inglés al parafrasear a Salinas.

A sus 62 años, con capacidad para intrigar e influir, y con la información privilegiada que sabe utilizar, Salinas de Gortari ha dejado sentir al interior de los grupos priistas en disputa por la nominación de 2012 que él está dispuesto a convertirse en el eje, el concertador. “Es el gran manipulador”, afirma la exdirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri Riancho, ajena ahora a los principales precandidatos del partido: Peña Nieto, el senador Man¬lio Fabio Beltrones y la presidenta priista Beatriz Paredes.

Algunas señales recientes indican que Salinas opera una “alian¬za coyuntural” entre Peña Nieto y Beltrones para evitar fracturas e impedir que el PRI disminuya su recuperación electoral en los comicios federales de 2009; Paredes quedaría al margen.

Salinas es el consejero principal de Peña Nieto para que se perfile como el “gobernador dialogante” y cercano al proyecto de Felipe Calderón. Hábil para palomear a los políticos que le con¬vienen, Salinas de Gortari ha alabado públicamente al presidente panista. “Calderón ha retomado el rumbo de las reformas”, afirmó Salinas el 31 de julio de 2008, en el marco de la presentación de su libro La “década perdida”: 1995-2005, neoliberalismo y populismo en México (Debate, 2008), ocasión que también aprovechó para facturarle a los gobiernos de Ernesto Zedillo, su sucesor, y de Vi¬cente Fox, el primer panista en llegar a Los Pinos, el crecimiento del narcotráfico.

(…) El poder del picaporte de Salinas ha sido clave para abrirle a Peña Nieto las compuertas de Televisa y TV Azteca, las dos com¬pañías que controlan la pantalla de televisión abierta del país. En el Consejo de Administración de Televisa participan empresarios que se encumbraron durante el gobierno salinista (Roberto Her¬nández, exdueño de Banamex; Gilberto Borja, de ICA; Lorenzo Zambrano, de Cemex; Claudio X. González, de Kimberly-Clark) y también excolaboradores suyos, como el otrora secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella.

Aspe fue el cerebro para la creación de la línea aérea de bajo costo Volaris, propiedad en 25% de Emilio Azcárraga Jean, que comenzó a operar en el aeropuerto de Toluca, pocos días después de que Peña Nieto asumiera el poder.

(…) Por lo pronto, Peña Nieto representa para Salinas lo que en su momento significó su alianza con Carlos Hank González: una oportunidad única para mantener intactos sus negocios, acrecentar su influencia en otras entidades del país y ser el “fiel de la balanza”, el artífice de la recuperación del PRI en 2009 y en 2012.

Pura mercadotecnia

En menos de cuatro años, Peña Nieto se ha convertido en la “ma¬yor inversión” para que el Grupo Atlacomulco y el PRI retornen a la Presidencia de la República después de dos gobiernos federales del PAN.

El secreto para que el inexperto candidato a diputado local de 2003 se transformara en el “producto” mercadológico más impor¬tante en 2009 radica no sólo en la continuidad de una tradición de negocios, pactos, redes familiares y encubrimientos, sino en uno de los gastos más ostensibles y dispendiosos en medios de comunicación masiva, sobre todo en las cadenas nacionales de Televisa y TV Azteca.

La fórmula de concentrar la inversión publicitaria en el duopolio televisivo combinada con el fortalecimiento del monopolio políti¬co en el Estado de México explica en buena medida el fenómeno Peña Nieto. La apuesta no es a la democratización de la comuni¬cación política, sino a la concentración del gasto y de la publicidad.

Se trata de transformar a un gobernante y su obra en un rea¬lity show, perfectamente producido, calculado hasta en sus más mínimos detalles, mezclando lo público con su vida privada, creando una verdad aparente, un espectáculo continuo, un mundo onírico e idealizado, con ciertos tintes de melodrama, en un esquema que recuerda la fábula cinematográfica del filme The Truman Show. La diferencia esencial es que Peña Nieto y el grupo que lo respalda sí están conscientes de que forman parte de una maquinaria mediática que ha mercantilizado al extremo su figura, al grado de colocarlo en la antesala de un personaje de telenovela, gracias a su relación con la actriz Angélica Rivera, conocida como La Gaviota.

(…) Los colaboradores de Peña Nieto y él mismo han rechazado una y otra vez que se trate de un gasto oneroso o que haya un acuerdo secreto con las televisoras para favorecer su imagen. El 25 de marzo de 2009, ante las reite¬radas críticas a su campaña de infobranding, Peña Nieto respondió:

No hay campaña del estado que esté inducida o que refiera a su servidor, son muy menores en comparación con otros órdenes de gobierno (…) Han hecho del tema una auténtica leyenda. El gobierno del estado hace una inversión en materia de medios y de difusión en términos de lo que aprueba la Cámara de Diputados… y es muy menor porque a la fecha no me han podido responder cuál es la inversión que realizan otros órdenes de gobierno.
Adicción a la pantalla

El gobernador mexiquense es, sin duda, el principal cliente de las televisoras. Éstos son algunos datos que lo acreditan:

• Un monitoreo difundido por el Senado de la República reveló que entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre de 2007, período de aprobación de la reforma electoral que generó una abierta oposición de las televisoras, Enrique Peña Nieto acaparó en Televisa y TV Azteca ocho notas diarias hasta sumar 700. En segundo lugar, el jefe de Gobierno capi¬talino, Marcelo Ebrard, apareció con 449 notas, un promedio de cinco notas por día.

• Entre agosto y diciembre de 2008, en el principal noticiario de Canal 2, a Peña Nieto se le destinaron un total de 23 mi¬nutos 21 segundos, de los cuales 43% fueron info¬merciales con la imagen del gobernador mexiquense y 57% “notas informativas” relacionadas con su gobierno. El jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, recibió en el mismo espacio y en el mismo período 10 minutos 20 segun¬dos; el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, apareció siete minutos 10 segundos, y muy lejos de ellos, el mandatario de Oaxaca, Ulises Ruiz, con dos minutos 40 segundos.

• En TV Azteca, durante el mismo período, Peña Nieto tuvo un total de 50 minutos 36 segundos de exposición en el noticiario Hechos de la noche, de Canal 13. El tiempo se re¬partió así: 17% con la voz e imagen del gobernador mexiquense y 83% con menciones indirectas. En ambos casos, el mes con mayor número de notas e infomer¬ciales favorables a Peña Nieto fue septiembre, que coincidió con su tercer informe de gobierno.

• A partir de octubre de 2008, pero sobre todo desde febrero de 2009, el romance de Enrique Peña Nieto y Angélica Ri¬vera ha sido el pretexto para que el gobernador mexiquense aparezca no sólo en noticiarios, sino también en programas de espectáculos y de chismes, como Ventaneando o La Oreja, dirigidos a un público femenino, o Shalalá, donde ofreció una versión más amplia de su vida privada. Si se trata de llegarle a audiencias masculinas, el campeonato logrado por el equipo de futbol Toluca en 2008 fue otro pretexto para que Peña Nieto apareciera en programas deportivos.

• Es interesante observar cómo el lazo entre Peña Nieto y Rivera ha sido un buen distractor frente a expedientes polémicos, como la resolución de la Suprema Corte de Justicia frente al caso de San Salvador Atenco, o las denuncias por el intento de “privatizar” la zona arqueológica de Teotihuacán.

Gasto dispendioso y opaco

La televisión mexicana, en especial Televisa, con el control que tiene de 70% de las audien¬cias, con la cobertura que puede alcanzar en su cadena estelar, el Canal 2, al llegar a 98.6% de los 21.8 millones de hogares con televisión en todo el país, ha llevado la “fabricación” del rating a costos escandalosos.

(…) Cálculos modestos señalan que Peña Nieto ha invertido más de 3 mil 500 millones de pesos en la compañía de Azcárraga Jean y en la de Ricardo Salinas Pliego para tener rating. Cifra difícil de comprobar porque la esencia de este maquillaje radica en la opacidad de las cuentas, los contratos y los convenios entre el erario mexiquense y los consorcios televisivos.

Sin embargo, el dispendio está a la vista. Un primer contrato, dado a conocer en la revista Proceso, fue de 742 millones de pesos en su primer año de gobierno (2005¬-2006). La información con¬firma que una cifra similar se pactó en 2007, y un dispendio que oscila entre los 800 y los mil millones de pesos se destinaron a la misma operación entre 2008 y 2009…

“Spots” y farándula

(…) La construcción de una candidatura a través del gasto intensivo en la promoción personal y de la sobreexposición de Peña Nie¬to en los medios de comunicación masiva se incrementó a lo largo de 2008 y 2009. En medio de la peor crisis económica reciente, su gobierno disminuyó 5.6% la inversión en gasto social y obras públicas para 2009, pero la incrementó 18% en el rubro “Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo”, en comparación con 2008.

No sólo aumentó el gasto, sino que afinó su estrategia de pu¬blicidad personal, de branding o “posicionamiento de marca”. Para lograrlo, sus romances y sus reconocimientos en el extranjero sirvieron como distractores que le dieron tiempo en pantalla y páginas enteras en revistas de socialité.

Todo se vale para que Peña Nieto construya un carisma bajo las reglas de la farándula. Se le ha creado una imagen de góber galán que, en estricto sentido, es la de un góber costoso. Sus romances, su vestimenta, su look, sus asistencias a bodas y “eventos sociales” son reportados hasta el hartazgo en los medios afines al espectáculo. La difusión no es casual, siempre es más intensa cuando el gobierno del Estado de México enfrenta momentos críticos.

El 12 de noviembre de 2008, cuando los índices de ejecutados por enfrentamientos entre bandas del narcotráfico se habían dis¬parado en el Edomex, Peña Nieto apareció en el programa Shalalá de TV Azteca para “confirmar” su romance con una actriz de Televisa.
–¿Andan usted y La Gaviota, sí o no? –le preguntó esa noche la dramaturga Sabina Berman.

–No me han preguntado. Es curioso, pero nunca me han preguntado. Han hecho especulaciones a partir de que me han visto con ella –respondió nervioso.

–¿Son novios? –volvió a la carga Sabina Berman.

–¿Nunca le han preguntado? –terció Katia D’Artigues.

–No, no me han preguntado –insistió Peña Nieto.

–Entonces le preguntamos –agregó Katia.

–¿Qué me preguntaste? Sí, sí estoy saliendo con ella –afirmó el gobernante. Katia insistió y Peña Nieto, como si fuera concursante de reality show, admitió:

–Somos novios, sí.

La reproducción de ese diálogo llenó las páginas de las secciones de espectáculos y se difundió en los programas dedicados al chis¬morreo de “los famosos”.

(…)
Como ocurrió con los avatares sentimentales de Marta Saha¬gún de Fox, Peña Nieto utiliza en exceso su vida privada para aparecer como personaje de las revistas del corazón o nostálgicas de la aristocracia.

Es el caso de la española Hola!, en su edición del 20 de enero de 2009, la revista en su género de mayor tiraje en el mundo de habla hispana, desplegó a plana entera un publirreportaje con dos fotos del gobernador mexiquense, acompañado por sus hijos Alejandro, Ni¬cole y Paulina, en la inauguración de la clínica Mónica Pretelini.

(…)

En menos de un mes y medio, la misma revista transformó al viudo en todo un enamorado. Enrique Peña Nieto habla de su relación con Angélica Rivera, decía el titular de la edición del 4 de marzo de 2009.


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La ley electoral garantiza... impunidad*

ÁLVARO DELGADO

Con la sanción a Televisa y al Partido Verde por trasmitir spots electorales disfrazados de anuncios de TV y Novelas, el IFE hace valer la reforma constitucional de 2007 al Cofipe, específicamente el artículo 350. Sin embargo, el instituto tendrá que dejar impunes conductas equiparables a esa, debido a que la ley “no está totalmente terminada”, “se está aplicando por primera vez” y “las normas se tienen que ir perfeccionando como van sucediendo eventos”, argumentan los consejeros electorales.

El Instituto Federal Electoral (IFE) perfila una sanción a Televisa y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por violar la letra y el espíritu de la reforma constitucional que prohíbe la compra de espacios en radio y televisión para difundir propaganda electoral, un mandato que burlaron con diversas argucias que son imitadas también por otros partidos políticos.

De concretarse tal sanción, derivada de la investigación del IFE, cuyo primer paso fue ordenar a Televisa cancelar la difusión del promocional del PVEM, sería la primera vez que se acredite fehacientemente la violación a la reforma constitucional que desde su aprobación, en septiembre de 2007, ha sido combatida por los empresarios de la radio y la televisión.

De acuerdo con un documento de la Secretaría Ejecutiva del IFE, con base en el cual la Comisión de Quejas y Denuncias dictó, el jueves 18, las medidas cautelares para evitar que se siga trasmitiendo el spot del PVEM, con el pretexto de que se promociona a la revista TV y Novelas, ese partido y Televisa no sólo violaron el principio de legalidad, sino también el de equidad en la contienda.

Según el extenso documento de 33 cuartillas, del que Proceso tiene copia, Televisa –cuya razón social es Televimex, S.A. de C.V.– violó el inciso b del artículo 350 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que prohíbe a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión “la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita”.

“(…) La propaganda electoral difundida por la persona moral Televimex, S.A. de C.V., aunque difundida en el contexto de la publicidad de la revista TV y Novelas, resulta violatoria del precepto antes citado. Por tanto, resulta irrelevante el hecho de que dichas imágenes hayan aparecido dentro de un promocional de la revista, pues incluyen signos, emblemas y expresiones que identifican perfectamente el partido político en cuestión”.
Además, según el documento del IFE, “la conducta cometida por Televimex, S.A. de C.V., viola el principio de equidad en el acceso a la radio y la televisión al otorgar sin ningún sustento y sin ninguna justificación un beneficio indebido al PVEM al transmitir en sus canales concesionados el promocional”.

El PVEM, que en las más recientes tres ediciones de la revista contrató más de 30 planas de publicidad –y que desde el 1 de junio transmite en Televisa promocionales como los que ahora canceló el IFE, aunque cuenta además con múltiples apoyos en Televisión Azteca–, también violó el Cofipe:

“(…) No ha efectuado las acciones de prevención idóneas y eficaces para detener la vulneración al ordenamiento electoral cometida por Televimex, S.A. de C.V., situación que en su posición de garante está obligado a realizar so pena de incurrir en responsabilidad, ya sea por haber aceptado la situación (dolo) o porque la ha desa¬tendido (culpa).”

La hija del patrón

La investigación del IFE se activó a raíz de una queja presentada un día antes, el miércoles 17, por el Partido Acción Nacional (PAN), cuyo representante, Roberto Gil, adujo que con el promocional de la revista TV y Novelas, en el que la actriz Maite Perroni asegura que el PVEM trabaja por el medio ambiente, se incurrió en “un abierto fraude a la ley”.

Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le hace esta misma acusación al PAN, cuyo candidato a diputado federal por el Distrito 15 de la Ciudad de México, César Nava Vázquez, aparece en la portada de la revista Poder y Negocios, propiedad, como TV y Novelas, del Grupo Televisa, en cuyos canales de televisión también se difunde la publicación y la imagen del panista recientemente divorciado.

En la portada de la edición de mayo de Poder y Negocios, describe la queja priista, aparece Nava y “es la imagen que se utiliza para, aparentemente, anunciar la revista, pero en realidad está promocionando una imagen en las televisoras de un candidato a diputado federal en plena campaña electoral. Es decir, de manera engañosa utiliza la publicidad de la revista para publicitar su imagen.”

Para el PRI, que pidió infructuosamente al IFE aplicar medidas cautelares como las que se dictaron en el caso del PVEM, el PAN burla la prohibición constitucional de comprar tiempos en radio y televisión al promover a Nava, a quien el presidente de su partido, Germán Martínez, ya excluyó como aspirante a coordinador de la próxima bancada:

“No se discute que los partidos políticos puedan o no hacer promoción de sus candidatos en radio y televisión, pero hacerlo a través de un anuncio de una revista, burlando las disposiciones en la materia, independientemente de que la falta a la normativa se da, permite suponer, en el contexto en que los hechos ocurren, que se trata de una estrategia tendiente a disfrazar de legal un acto ilegal, lo que es conocido como fraude a la ley.”
Pero a ese contubernio entre partidos políticos y empresarios de los medios audiovisuales, que vulneran la reforma electoral que los primeros aprobaron, se han sumado al menos dos de los partidos políticos pequeños, el Social Demócrata (PSD) y Nueva Alianza (Panal).

La revista Vértigo, propiedad de Televisión Azteca, llevó a su portada los emblemas de esos partidos y el rostro de dos de sus dirigentes, Alberto Begné, candidato a diputado del PSD, y Jorge Kahwagi, presidente del Panal, el partido formado por la lideresa vitalicia del magisterio, Elba Esther Gordillo.
Igual que en el esquema de TV y Novelas y Poder y Negocios, las portadas de Vértigo se difunden en los canales 13 y 7 de la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, cuya hija Ninfa Salinas Sada es candidata a diputada plurinominal por el PVEM: al PSD le llamó “el partido de las libertades” y al Panal “el partido de la educación”.

Estas conductas de la empresa de Salinas Pliego, uno de los más tenaces detractores de la reforma constitucional –que tilda de “expropiatoria” y de “ley chavista”–, quedarán en la impunidad, salvo que el IFE actúe por su cuenta, porque no han sido presentadas quejas de los partidos políticos.

Lo mismo ocurre con las inusitadas coberturas de ambas cadenas –aunque también lo ha hecho Grupo Imagen– de actividades del PVEM, que combinan la defensa del medio ambiente, la convocatoria al asesinato de personas y los intereses corporativos y políticos, como lo ilustran algunos de sus candidatos a diputados: además de Salinas Sada, directora de mercadotecnia del Grupo Salinas, está inscrito Miguel Orozco Gómez, director jurídico de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y hermano del actual senador Javier Orozco, suplente de Lorena Corona Valdez, ubicada en segundo lugar de la lista de la primera circunscripción.

Otro es Roberto García Requena, excoordinador ejecutivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), quien encabeza la segunda circunscripción; Juan Gerardo Flores Ramírez, exasesor de esa institución; Alfredo del Mazo Maza, hijo del exgobernador priista del mismo nombre, y Alberto Cinta, allegado a Elba Esther Gordillo.

Propaganda disfrazada

A menos de dos semanas de la jornada electoral, y una vez que los escándalos de confrontación con las televisoras marcaron el periodo de campañas, en el IFE hay una convicción de que los partidos políticos han usado los resquicios de la ley para, subrepticiamente y a veces con descaro, conspirar contra el nuevo modelo de comunicación política que se puso en práctica en este proceso.

En el IFE se sabe que la mayoría, si no todos los partidos políticos, han pactado con las televisoras y los grupos radiofónicos, en el Distrito Federal y en todos los estados del país, gacetillas disfrazadas de información, incluyendo entrevistas en programas de frivolidades.
Un ejemplo: Jesús Ortega, presidente del PRD, acordó con Radio Fórmula y grupo Radio Centro entrevistas en diversos espacios de la barra noticiosa, pero no para cualquier candidato o dirigente perredista: sólo él y los miembros de la facción Nueva Izquierda, como Jesús Zambrano y José Guadalupe Acosta, aspirantes a diputados federales plurinominales, y el senador Carlos Navarrete.

Demetrio Sodi, candidato del PAN a delegado en Miguel Hidalgo, es otro caso: hizo proselitismo durante un minuto y 19 segundos en la trasmisión de la semifinal de futbol Pumas-Puebla, de cuyo primer equipo dijo ser seguidor, y aunque alegó que fue una entrevista casual, pronto se acreditó que eso era falso.

Al inicio de la campaña, Sodi estuvo junto a los locutores de Televisa durante casi todo el programa Sólo futbol, y en una de sus intervenciones dijo ser aficionado de las Chivas, no de Pumas. Antes, en su campaña de 2006 para jefe de gobierno, gastó más de 100 millones de pesos en spots, en Televisa.

El IFE abordará este lunes 22 el caso de las seis quejas contra Sodi –quien ha sido priista, perredista y panista, y amigo íntimo del banquero Roberto Hernández– y se prevé que se profundice la fiscalización por haber elementos que hacen presumir que actuó ilegalmente.
El caso del PVEM y Televisa rebasa, sin embargo, las evidencias con las que el IFE ordenar sacar del aire los spots de TV y Novelas en los que aparece la actriz Perroni, quien es presentada por el locutor como “verde de corazón”, porque la campaña comenzó desde la edición del 1 de junio, con el actor Raúl Araiza como protagonista.

“Raúl Araiza nos cuenta por qué apoya las propuestas de bono educativo y vales para medicina del Partido Verde, y opina sobre la propuesta del Verde de la pena de muerte para secuestradores y asesinos”, decía la voz en off del spot que se trasmitió hasta el día 16, por ejemplo en el juego El Salvador-México y en el capítulo final de la telenovela Mañana es para siempre, el domingo 14.

Los consejeros electorales Marco Antonio Gómez Alcántar, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, y Arturo Sánchez Gutiérrez, miembro del Comité de Radio y Televisión, atribuyen a las deficiencias de la legislación vigente conductas como las descritas y que son difíciles de sancionar, por las habilidades de los abogados.

Según Gómez Alcántar, “la materia electoral es como la fiscal: los obligados siempre van a tratar de sacarle la vuelta, y mientras existan abogados siempre va a haber forma de interpretar la norma que genere un provecho al cliente. Así es como se tiene que ver”.
Añade: “Los partidos tienen asesores muy creativos que buscan la manera de generar interpretación a la norma, sobre todo que no está totalmente terminada y que se está aplicando por primera vez. ¿Qué genera eso? Que las normas se tienen que ir perfeccionando como van sucediendo eventos, precisamente para lograr equidad”.

La analogía de pagar menos impuestos la hace suya Sánchez Gutiérrez: “Es lo mismo: cuando los candidatos están en campaña van a buscar las formas más eficientes de hacer campaña y las formas más eficientes de hacer campaña son cosas como éstas”.
–¿Aunque implique sacarle la vuelta a la ley?

–Ese es el problema. Si la ley los coloca en una situación de ese tipo, entonces hay que buscar argucias. ¿Qué hacer? Un marco jurídico suficientemente claro y definido, cuyos criterios de restricción que se quiera no den paso a eso.

En entrevistas por separado, antes de la decisión de la Comisión de Quejas del IFE de ordenar a Televisa dejar de difundir el spot de TV y Novelas sobre el PVEM, Gómez y Sánchez Gutiérrez –a menudo confrontados por concepciones distintas en temas que interesan a PRI y PAN, a cuyos partidos se les asocia–, afirman que este caso, como los de Vértigo y Poder y Negocios son muy pantanosos.

Gómez expone: “Si una entrevista es pagada no es entrevista, es propaganda.
Desafortunadamente es algo que no se puede probar y va en la línea de la libertad editorial. Por eso la libertad de expresión ha sido el tema de este 2009, porque en buena medida es la bandera para, muchas veces, ocultar entrevistas pagadas y ese tipo de cuestiones que sabemos que existen, pero evidentemente es muy difícil de rastrear y muy difícil de sancionar”.

En el debate en el IFE se debe determinar qué es la libertad editorial y qué limitantes tiene para efectos electorales o si no los tiene. “Por ejemplo, ¿Proceso tiene la libertad de contratar tiempos en radio y televisión para promocionar la revista en cualquier momento, salvo cuando hay proceso electoral?”.

El consejero no tiene duda: “Es un debate en el que el IFE va a salir raspado. No sé cuál sea la decisión, no puedo prejuzgar, pero en cualquier escenario al IFE le va a ir muy mal. Porque, mediáticamente, son temas explosivos y siempre se afecta a alguien”.
Sánchez Gutiérrez coincide y se centra en el caso del PVEM: “¿Quién es el responsable: ¿Televisa, la revista, el Verde? ¿Qué contrató el Verde? ¿Sólo las inserciones, que es legal? ¿O la transmisión? ¿Y cuánto pagó, que es violatorio de la ley o no? Y la revista se anuncia para vender más ejemplares, ¿y eso no es ilegal? Como no se sabe ni siquiera quién compró todo eso, nada más estamos en el espacio de medidas cautelares, no se puede decir nada”.

Indefinición

Aunque los casos de las revistas Vértigo y Poder y Negocios no son iguales al del PVEM y TV y Novelas, Sánchez explica que lo relevante es que se decida lo que sí se puede hacer para prevenir conductas futuras, porque tampoco el IFE se puede meter con la política editorial de las revistas.
“Hay que distinguir entre lo que es la política editorial de una revista, que quiere libremente entrevistar a candidatos y lo puede hacer, a comprar la entrevista. Es todo un tema”, subraya, y urge a que el IFE tome una decisión al respecto.

Lo que más preocupa al consejero es que en los tres días de “veda electoral”, entre el jueves 2 y el domingo 5 de julio, puedan activarse campañas como las del PVEM en radio y televisión. “Si se vale, entonces los tres días previos a la elección, en donde no debe haber propaganda, yo puedo salir a vender revistas y anunciarme en la televisión”.

A esto abona, también, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de autorizar a los grupos parlamentarios a que contraten espacios para rendir informes. “Esto nos mete en más problemas porque, con ese criterio, diputados de cualquier partido pueden, con todo y sus emblemas partidarios, saturar, durante los tres días de veda, de spots en radio y televisión”.

–¿Eso va a ocurrir?

–No sé.

–¿Puede ocurrir y no es delito?

–Exacto, y eso es lo que preocupa... Otros que pueden hacerlo son los señores que están buscando el voto nulo, que tienen todo el derecho de buscarlo. Mientras los partidos no van a estar haciendo campaña, ¿ellos sí pueden? No hay prohibición.

Como Gómez, Sánchez Gutiérrez anticipa que, cualquiera que sea la decisión del IFE sobre los spots de revistas que disfrazan propaganda electoral, habrá polémica: “Si nosotros decimos que fue Pito Pérez el culpable, otra vez la percepción es: ‘Le sacaron a multar a Televisa’. Aunque sea cierto, hay otra percepción que tiene sus consecuencias”.

*Tomados de la revista Proceso.