Ilegítimo hasta el último minuto*

Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

 Jorge Carrasco Araizaga 

MÉXICO, D.F. (apro).- Como hace seis años, Felipe Calderón recurre a una peculiar ceremonia militar de entrega del poder.

Ante su incapacidad para asistir al Congreso de la Unión, formal representante nacional, acordó con Enrique Peña Nieto repetir el acto castrense de entrega simbólica del poder en la residencia oficial de Los Pinos.

Hace seis años, en el primer minuto del 1 de diciembre, Vicente Fox le entregó una bandera nacional en una inédita y breve ceremonia de sucesión presidencial, ante la incertidumbre que existía sobre su presencia frente al pleno del Congreso para jurar como presidente.

El artículo 87 de la Constitución ordena que el presidente, al tomar posesión de su cargo, protestará ante el Congreso de la Unión o, si es el caso, ante la Comisión Permanente. Calderón tuvo que entrar a escondidas para cumplir con ese mandato constitucional. Fue sacado en vilo porque no podía permanecer frente a un Congreso donde se resumía la confrontación nacional que representó su designación, en el tribunal electoral, como presidente de México.

Nunca más se paró ante la representación nacional. Nunca pudo dar la cara a la nación. En la lógica democrática y de división plena de poderes, el titular del Ejecutivo acude cada año a rendir cuentas ante el Legislativo. Calderón no lo hizo, sencillamente no pudo. Pesada, la sombra de la ilegitimidad se lo impidió.

Aunque cumplía con la obligación de informar al Congreso mediante la entrega por escrito de su respectivo informe de Gobierno, cada septiembre se le tenían que preparar escenarios ad hoc para dar un mensaje.

La pretendida ocupación, esta semana, de una vasta zona alrededor del Congreso de la Unión por parte del Estado Mayor Presidencial, fue también signo de la ilegitimidad. Calderón quería asegurarse de que nada impidiera, por fin, su presencia en el Congreso como presidente de la República. Desde una semana antes ordenó un ofensivo cerco que afectó la vida cotidiana de miles, si no es que millones de personas. 

Ni el presidente democrático más poderoso afecta de esa manera a la población. Sólo el abuso del poder lo permite.

 Frustrada la ocupación del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal, lo único que logró fue el enojo y el recuerdo indeleble de su ilegitimidad, sellada por él mismo con su afrenta del “haiga sido como haiga sido”. 

Durante todo su gobierno, el Estado Mayor Presidencial –ese Ejército dentro del Ejército– lo mantuvo cercado. Así tenía que ser. No podía actuar más que ante la televisión y en auditorios cerrados, aunque muchas veces lograron colarse personas que a gritos o con letreros le recordaron su condición de presidente ilegítimo.

Con la anunciada ceremonia al primer minuto del sábado, Calderón no viola la Constitución. No se sabe si además de la bandera entregará la banda presidencial. Si es así, Peña Nieto podría llegar a San Lázaro con la banda presidencial y protestar como presidente. 

La única certeza es que Felipe Calderón habrá de hacer de su último instante de poder una reafirmación de lo que siempre fue.

@jorgecarrascoa

jcarrasco@proceso.com.mx 

*Tomado de la revista Proceso.

Expresidentes: beneficios de escándalo*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 1 de diciembre de este año Felipe Calderón se convertirá en expresidente de la República y, en principio, en titular de una serie de beneficios ajenos a casi todos los mexicanos. Ya dediqué aquí un texto (Proceso 02/01/2012) que ahora profundizo con mayores datos sobre el tema.

Primero. De ese artículo de Proceso surgió la idea de hacer un libro que es ya una realidad (en coautoría con Hilda Nucci: Beneficios expresidenciales. Temis. Colombia, 2012) y que será presentado el 2 de diciembre en la FIL de Guadalajara. En una muestra de 20 países de los cinco continentes, se observa que los exprimeros mandatarios gozan, en mayor o menor medida, de beneficios. El problema grave es que el caso de México rompe los parámetros observados alrededor del mundo por razones de fondo y forma.

Por lo que concierne al fondo, cabe decir de entrada que México tiene con creces el primer lugar en el número de salarios mínimos mensuales de ingreso de un expresidente, en comparación con Australia, Estados Unidos, Singapur y Sudáfrica, entre otros países. Después de México, las naciones donde los exmandatarios reciben mejores pagos son Singapur y Suiza. El expresidente de México, empero, tiene ingresos globales 500% mayores que el segundo lugar y 600% sobre el tercero, lo que de por sí resulta escandaloso. 

Ningún país cuenta con la infraestructura de apoyos de que dispone el expresidente de México, incluidos el expresidente de Estados Unidos y el exprimer ministro del Reino Unido, lo que no es poca cosa. Este fenómeno había estado fuera del radar académico, aunque tuvo esporádicas apariciones en el ámbito legislativo. Se han registrado seis iniciativas y tres proposiciones con punto de acuerdo para reducir los excesos existentes, pero quedaron sólo para el testimonio histórico.

Segundo. Hay una circunstancia que podría dejar a Felipe Calderón sin las grandes sumas con las que ya se imagina que cuenta a partir del término de su periodo presidencial. Resulta que las disposiciones legales que justifican las exorbitantes pensiones y apoyos de los expresidentes de México carecen de fuerza legal; es decir, no existen jurídicamente en virtud de que no se han cumplido las obligaciones básicas para que una norma jurídica pueda existir.

En efecto, el Acuerdo Presidencial 2763 Bis del 31 de marzo de 1987, en el cual se funda la pensión expresidencial, tiene tres deficiencias esenciales: a) Conforme al Acuerdo, la Secretaría de Programación y Presupuesto sería la encargada de hacer que se cumpliera dicho ordenamiento. Al quedar abrogada la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el referido Acuerdo se debe someter a la legislación vigente, es decir, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la que dispone que la administración de los recursos públicos federales deberá realizarse bajo criterios de legalidad, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. No es, evidentemente, el caso; b) El Acuerdo no fue firmado por el presidente de la República, quien tiene la facultad de hacerlo, sino por el secretario de Programación y Presupuesto, que en esa época era Carlos Salinas de Gortari; y c) El Acuerdo no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que es un requisito imprescindible para su validez, según lo establecen los artículos 3 y 4 del Código Civil Federal y la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. Como norma complementaria se encuentra lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que invoca una norma inválida.

Lo anterior crea un escenario para que se pueda impugnar la legalidad de la posible pensión con apoyos de Felipe Calderón, en virtud de que el Ejecutivo Federal carecería de fundamento legal aplicable para hacer las erogaciones económicas respectivas. De hacerlas, estaría sujeto a las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. No propongo, en modo alguno, privar de un estímulo económico a Calderón y a los futuros expresidentes de la República. Lo que sí se requiere es ajustar esas pensiones a las mejores prácticas internacionales y a un sentido de racionalidad que hoy no existe.

 

Tercero. Para evitar que el país permanezca en una laguna jurídica sobre este asunto, resulta pertinente el proyecto de iniciativa de ley sobre la cuestión del diputado Carlos Augusto Morales. Esta iniciativa podría ser el marco referencial para una discusión amplia, de obvio interés público, pues las leyes al respecto no pueden seguir postergándose. En el marco de la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas, un expresidente de la República mexicano no debe vivir como jeque con recursos del pueblo. Para que un mexicano de a pie logre una pensión de risa debe trabajar al menos 25 años (no seis, como un presidente de la República) y tener al menos 60 años de edad. (Calderón tiene 10 años menos.) Hoy sucede, como sugiere Orwell en La rebelión de la granja, que todos somos iguales, pero unos más que otros.

evillanueva99@yahoo.com

@evillanuevamx

www.ernestovillanueva.blogspot.com

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Calderón: ¿Podrá tu conciencia vivir en paz?

 

 José Gil Olmos

 MÉXICO, D.F. (apro).- El 20 de noviembre un helicóptero aterrizo frente al Palacio Nacional para recoger unos soldados que resultaron heridos al fracasar una acrobacia encima de los caballos. El desfile del aniversario de la Revolución se suspendió por unos minutos y mientras la aeronave bajaba Felipe Calderón comenzó a batir las manos quitándose algo de encima, lo mismo que a sus hijos y esposa. Al principio nadie sabia qué pasaba, pero luego se supo que las hélices habían levantado y lanzado las heces de los caballos sobre el presidente y su familia. 

 Pocos medios (salvo Milenio televisión) difundió esta situación inoportuna de la familia presidencial. En las imágenes se veía como Calderón, Margarita y sus hijos hacían esfuerzos por quitarse el estiércol de los caballos de su ropa, el pelo y la cara, sobre todo del presidente que no sabía qué hacer para quitarse esa inmundicia mientras estaba en el principal balcón del Palacio Nacional.

 La imagen parece un preludio de lo que a partir de esta semana será la vida de Felipe Calderón, que nada podrá hacer para quitarse las excreciones de su gobierno, los errores cometidos, la negligencia e ineficacia de todo su equipo, la corrupción y las malas decisiones que dieron lugar a la etapa más violenta que ha tenido el país desde 1929 cuando en la guerra cristera murieron 150 mil mexicanos.

 El pasado domingo se reunieron decenas de familias de desaparecidos en varias entidades del país frente al Palacio de Bellas Artes. Por varias horas hablaron de sus tragedias mientras los paseantes dominicales iban y venían por el edificio de mármol blanco.

Las fotos de sus esposos, hermanos, hijos e hijas, de amigos estaban sobre el piso de la plaza y en la carpa instalada para taparse del sol. En casi todas las imágenes había sonrisas. En el momento en que fueron captadas las familias estaban unidas. Hoy todos y cada uno de ellas y ellos están ausentes, víctimas de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad que no prescribe. 

 Durante todas esas horas, aproximadamente cinco, los testimonios estuvieron acompañados por gritos de dolor y rabia. Gritos que pocas veces se ha escuchado en público contra un presidente de la República. 

 “Eres un asesino”, le gritaron decenas de veces. “No somos daños colaterales”, le espetaron a Calderón representado por una botarga de cartón que recibió botellazos de plástico cuando le entregaron un diploma por su gobierno entintado de sangre. 

 “Huyes como un cobarde, pero te estaremos persiguiendo para recordar lo que hiciste toda tu perra vida”, le grito Yolanda Moran, cuyo hijo Dan Jeremeel Fernández Morán desapareció el 19 de diciembre de 2008 en Gómez Palacio, Durango, cuando viajaba en su coche interceptado por un comando militar. 

 Más que una catarsis, lo que las mujeres hicieron fue una advertencia a Calderón. Le dijeron que su pesadilla apenas comienza, que sin la protección que tenía como presidente, fuera de la membrana del poder, será perseguido, no importa a dónde quiera refugiarse, por todas aquellas familias que fueron dañadas por la violencia generada tras su declaración de guerra contra el narcotráfico, por la tragedia y el horror que motivó por una pésima estrategia militar y policíaca. 

 El acto de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de México (Fundem) es uno de una lista de eventos de despedida a Calderón organizados por distintas agrupaciones de víctimas de la violencia, como el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, que en algún momento confió en el gobierno para resolver su demanda de justicia pero no tuvo respuesta, sino solo engaños, porque ninguno de los casos presentados fueron resueltos. 

 Calderón no cumplió su palabra empeñada y tampoco dio la seguridad que le pidieron algunos familiares, como Nepomuceno Guerra, quien en el castillo de Chapultepec le pidió que lo ayudara a investigar el paradero de su hijo secuestrado en Hermosillo y que le diera protección porque había recibido amenazas de muerte. Calderón se comprometió a las dos cosas pero no cumplió, Nepomuceno fue ejecutado al mediodía, en pleno centro de la capital sonorense. 

 “¿Podrá tu conciencia vivir en paz?”, decía una de las mantas colgadas en la carpa puesta el domingo frente a Bellas Artes. 

Margarita Zavala ha dicho que su esposo tendrá que pagar los costos políticos y personales por la narcoguerra que encabezó los seis años de su administración. Tiene claro que a donde quieran que vayan, Estados Unidos, España o cualquier país, Calderón será confrontado, perseguido, asediado por aquellos que lo consideran responsable de miles de muertos, desaparecidos y desplazados por la espiral de violencia que se levantó en su sexenio. 

Aunque trate de rechazar su responsabilidad argumentando su papel de jefe de Estado, Calderón no podrá eludir su cruz a donde quiera que vaya. Peor que Gustavo Díaz Ordaz, responsable de la matanza en Tlatelolco, Calderón quedará marcado por decenas de miles de muertes y desapariciones. Eso lo perseguirá apenas termine su mandato y a partir de entonces comenzará su pesadilla.

*Tomados de la revista Proceso.

En economía, un sexenio exitoso... para el crimen organizado*

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

 Carlos Acosta Córdova

Uno de los principales, acaso el más dramático por sus efectos en la economía –la cual no creció de acuerdo con su potencial ni produjo un mayor bienestar social–, es que las medidas adoptadas no pudieron romper con el viejo pacto fiscal, ese por el que los gobiernos cobran poco y gastan mal –dejando “amplios espacios para la corrupción de quienes ejercen el gasto y de quienes están bien conectados con el poder”–, es decir, gastaron mucho más de lo que obtuvieron vía impuestos.

Los gobiernos panistas siguieron la fórmula fácil que instauraron los priistas desde mediados de los años 70: valerse del petróleo y sus generosos ingresos para compensar su debilidad recaudatoria.
Pero no sólo eso, en el balance bisexenal se observan dos fenómenos igual de graves: aparte de que no se redujo la economía informal, en la que ya se ocupan 30% de los mexicanos con trabajo, la debilidad del Estado y sus instituciones ha permitido una creciente e incontrastable economía criminal: grupos de la delincuencia organizada desafían al Estado y, aun, lo sustituyen en algunos ámbitos, como el cobro de “impuestos”.

Así lo cree el politólogo Carlos Elizondo Mayer-Serra –doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, exdirector general del CIDE y exembajador de México ante la OCDE–, y lo documenta en su nuevo libro: Con dinero y sin dinero… Nuestro ineficaz, precario e injusto equilibrio fiscal.

En este texto, ya en librerías desde la semana pasada, bajo el sello de Random House Mondadori, colección Debate, el autor explica las tres premisas del pacto fiscal que nos tiene estancados.

La primera, dice, es que se cobra relativamente poco como proporción de toda la riqueza que se genera en el país. “Esto es así porque el gobierno cobra mal, tanto por incapacidad administrativa como porque la ley fiscal tiene tantos huecos y privilegios que el cobro de impuestos es inequitativo y las posibilidades para evadirlos o darles la vuelta son muy atractivas y pueden ser autojustificadas en vista de la baja calidad del gasto público. Incluso entre individuos que reciben el mismo ingreso las tasas impositivas efectivas pueden ser muy distintas en función del origen de esos ingresos”.

La segunda premisa, afirma el autor, “es que el gasto público, generalmente de mala calidad y con muchos desvíos a favor de quienes lo controlan, siempre es mayor que ese ingreso y muchas veces es acaparado por grupos con capacidad de presión política o por la burocracia encargada de ejercer el gasto, ya sea a través de derechos laborales favorables respecto a los que hay en el mercado laboral privado, por desperdicios provocados por la desorganización administrativa o por la vía de la corrupción”.

Y justo lo que ha permitido la existencia del binomio “impuestos bajos-gasto alto” es el caudal de recursos que deja el petróleo. Esa es la tercera premisa de nuestro pacto fiscal, dice Carlos Elizondo.

Explica: “Los ingresos petroleros generados a lo largo de décadas se han gastado para cubrir la diferencia entre los impuestos que efectivamente se recaudan y el gasto público que ejerce el gobierno. No invertimos esos ingresos en actividades que generarían una mayor riqueza en el futuro ni los ahorramos, como sería razonable y justo con las generaciones venideras”.

Nada de eso cambió una vez que el PRI salió de Los Pinos, a finales del año 2000, afirma. Y lamenta: “En ocasiones las transiciones democráticas proporcionan la oportunidad para rehacer el pacto fiscal. Cuando el gobierno ya es resultado del voto popular, se supone que debería gastar los recursos públicos en beneficio de la sociedad en general, pero en nuestro caso dicho cambio no se ha dado.

“Peor aún, en el camino se deterioraron otros ámbitos; la transición debilitó el poder político del presidente, lo que, aunado a la baja capacidad de muchos de quienes llegaron al poder a partir del año 2000 y a las débiles instituciones que heredó el priismo en materia de recaudación y gasto, provocó incluso que crecieran los espacios donde existen pactos fiscales informales o ilegales.”

Además, advierte Elizondo Mayer-Serra, particularmente en los últimos seis años se dio paso a una creciente presencia del crimen organizado, sobre todo en las economías regionales.

Escribe: “En algunas zonas del país la crisis de seguridad se ha convertido en un conflicto entre el Estado y las mafias criminales por ver quién le cobra a la sociedad.

“La mafia le llama derecho de piso, pero es una suerte de impuesto que no da servicios públicos sino que garantiza no ser violentado. Incluso también protege contra los recaudadores fiscales, lo que le permite, gracias al flujo constante de ese ingreso, desafiar al Estado y hasta sustituirlo en ciertos ámbitos.

“Si en la economía informal hay grupos fuera del Estado que con apoyo de sus propios agentes construyen un pacto que no pasa por las leyes, en la economía criminal un grupo de organizaciones pretende desplazar al Estado.”

En el caso de los criminales, dice, no hay pacto alguno. “Es una imposición. Las organizaciones delictivas pretenden suplantar al Estado, a veces con la colaboración de sus agentes, a los que tienen comprados o amenazados, a veces también apoyando a algún candidato en una elección local, incluso con algún apoyo social, pero el control de la relación está en el crimen organizado”.

Con autorización del autor y de la editorial, se reproduce el siguiente fragmento del capítulo 6:

* * *

A pesar de la alternancia y de que el voto se ha convertido en el instrumento para llegar al poder político, nuestro pacto fiscal no ha cambiado. Sigue descansando en una lógica perversa: recaudar poco y gastar mal. Sigue prevaleciendo la práctica de devorar todos los recursos fiscales posibles, algo propio de un sistema basado en la opacidad del gobierno y la desconfianza de los ciudadanos.

La democracia nos dio la oportunidad de enfrentar el problema de la legitimidad gubernamental y construir un pacto fiscal distinto basado en un gasto público de mayor calidad, liberado de los amarres corporativos y de las ineficiencias y corrupciones del pasado. Sin embargo, como ya vimos, la oportunidad no fue aprovechada por varias razones. En primer lugar, el presidente Vicente Fox consumió el capital político de la alternancia en escaramuzas y embates sin que hubiera claridad en sus objetivos. Esto permitió que prevaleciera la naturaleza del viejo sistema político, el cual otorga a los actores bien organizados un peso inusualmente alto para una democracia. En segundo lugar, el hecho de que “el presidente de la alternancia” nunca tuviera una mayoría en el Congreso, hizo que su incapacidad para enfrentar a los grupos privilegiados se magnificara: no logró llevar a cabo las reformas que hubieran generado otra relación entre ciudadano y Estado. En la elección intermedia de 2003, lejos de ganar más espacios en la Cámara de Diputados, Vicente Fox los perdió, a pesar de que el lema panista de la campaña fue “Quítale el freno al cambio”. 

Su falta de liderazgo, la ausencia de reformas que disminuyeran las barreras de entrada para la participación de la sociedad y la pasividad de ésta permitieron que nuestro viejo pacto fiscal sobreviviera sin alteraciones. El presidente Calderón tuvo menos margen que su antecesor y tampoco fue capaz de cambiar nuestro pacto fiscal que, en sentido estricto, se volvió peor, dado el ingreso petrolero excedente por el aumento en el precio internacional del crudo, que permitió tener más ingresos sin tener que recaudar más, y la creciente descentralización de los recursos fiscales federales a las entidades, las cuales en general gastan con menos rendición de cuentas que el gobierno federal. Seguimos padeciendo un gobierno caro y de baja calidad, pero que no nos cuesta tanto como contribuyentes. Como el ingreso del petróleo es un dinero que no ha salido de nuestro bolsillo, hemos protestado poco por el mal uso que se ha hecho de él. Nuestra democracia se ha construido sobre la renta petrolera. 

Los gobiernos de la alternancia sí lograron mantener la estabilidad fiscal en medio de una seria crisis macroeconómica mundial. No es poca cosa. Los gobiernos no democráticos, que tenían mucho más poder, no pudieron hacerlo. De 1976 a 1994 hubo regularmente una crisis macroeconómica de fin de sexenio. Sin embargo, nuestro actual equilibrio depende en buena medida de la renta petrolera. No es suficiente. Los gobiernos de la alternancia no lograron construir un nuevo pacto fiscal y perdieron amplios segmentos del territorio a manos del crimen organizado. Por tanto, no es sorpresa que sólo 25% del electorado votara por la candidata del partido en el poder.

*Tomado de la revista Proceso.

El daño colateral**

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Erubiel Tirado*

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La justificación principal del presidente Calderón y sus defensores, dentro y fuera del gobierno, por el hecho de acudir a las Fuerzas Armadas ante la pérdida del control territorial a manos de las organizaciones criminales, es que dicha medida era supuestamente inevitable. Sin embargo, el componente militar en el contexto histórico y político se ha revelado como parte del problema antes que como la solución, tanto en su uso policiaco como en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Al final, el resultado es una distorsión, si no es que una pérdida, de la esencia de defensa nacional que define a las Fuerzas Armadas. 

La participación directa de los militares en la lucha contra el narcotráfico durante los gobiernos de la alternancia panista 2000-2012, y en particular la guerra que declaró Felipe Calderón a esa actividad al inicio de su régimen, trajeron consecuencias negativas para las instituciones armadas y para la relación civil-militar en México.

El fracaso de la guerra calderonista no se limita al alarmante número de muertes, desapariciones forzadas y violaciones graves a los derechos humanos relacionadas con la actividad de las fuerzas militares y policiacas en los últimos seis años. El daño se extiende de modo orgánico y operativo a las Fuerzas Armadas en términos tales que nuestra incipiente institucionalidad democrática en materia de relaciones civiles-militares se muestra débil o incapaz de reaccionar y se encuentra amenazada ante la prolongada permanencia e influencia castrense.

Hay factores estructurales del diseño legal e institucional que dieron lugar a la organización de unas Fuerzas Armadas que responden –porque así se concibieron, histórica y políticamente (de acuerdo también con una realidad geoestratégica)– más a tareas de dominio y control (político) en lo interno que al desempeño real de funciones de defensa. De hecho, si acaso han sido dos las ocasiones en que las Fuerzas Armadas se han organizado en este ámbito connatural: durante la Segunda Guerra Mundial y en medio de las guerras centroamericanas en los años 80.

En el escenario de fracaso de las estructuras policiacas en los tres órdenes de gobierno, los orígenes de utilización política represiva de las Fuerzas Armadas explican el papel negativo que ha tenido y tiene su desempeño en las tareas de seguridad pública y de combate al narcotráfico. En el sexenio de Calderón se llega al clímax de la irresponsabilidad de los gobernantes civiles al comprometer y utilizar a la fuerza castrense en misiones de seguridad interior, seguridad pública y contraamenazas no tradicionales, sin el cuidado de un marco legal e institucional de un régimen democrático de derecho. 

La marca de la ilegalidad 

Aunque relativamente reciente, no es menos significativa la deformación de las Fuerzas Armadas en su aspecto funcional. El uso de recursos castrenses fuera de su ámbito connatural ya se observaba en el pasado de dominio priista antes de la alternancia política. Gracias a la jurisprudencia de la Suprema Corte que validó su salida a las calles en tiempos de paz para garantizar la “seguridad interior”, el ánimo militarista se catapulta durante la administración de Vicente Fox (2000-2006) a la seguridad pública y se extiende hacia la procuración de justicia.

De acuerdo con el propio plan gubernamental, los ejes de la militarización abarcaron la prevención delincuencial (teniendo como puntal a la Policía Federal Preventiva, la PFP, creada desde el fin del gobierno zedillista), cambios en los sistemas de seguridad pública y penitenciario (todo direccionado desde una nueva secretaría de Estado) y el combate a la corrupción. 

Además de refrendar y ampliar el núcleo militar de la PFP (creada a partir de la transferencia de la 3ª Brigada de la Policía Militar), según los propios informes de la Sedena, el Ejército se encargó, en forma directa, de la formación y entrenamiento de toda la fuerza policiaca del país, especialmente la municipal, y estableció directrices de modernización logística, como la adquisición de armamento para las policías. 

También, el gobierno federal dispuso que los militares ocuparan los cargos más relevantes en la procuración de justicia, desde la Procuraduría General de la República hasta los aparatos de seguridad pública estatales. En la PGR el fenómeno se manifiesta tanto en el Centro de Planeación para el Control de Drogas como en el reclutamiento y formación de elementos castrenses que se incorporaron directamente a la naciente Agencia Federal de Investigación, la AFI, que sustituyó en 2002 a la Policía Judicial Federal. 

En el foxismo los militares prácticamente asaltaron la burocracia de mandos policiales en niveles federales y estatales, al punto que hubo entre mil 585 y 2 mil 130 oficiales militares de diverso rango dirigiendo la seguridad pública del país. 

Como legislador y líder del PAN, Felipe Calderón criticó fuertemente el uso del Ejército en tareas policiacas y no dudó en calificar como política la utilización de elementos castrenses en los años de dominio hegemónico priista. Como presidente, sin embargo, usó y abusó de las Fuerzas Armadas como parte de su estrategia de legitimación política y para hacer frente a una crisis de seguridad que él mismo se encargó de agudizar con su peculiar guerra contra el narcotráfico.

Prevalecieron y se consolidaron los patrones establecidos en el pasado foxista. Se amplió la presencia institucional y estructural de las Fuerzas Armadas influyendo en ámbitos más allá de la defensa y militarizando la concepción mexicana de la seguridad nacional. La procuración de justicia y la seguridad pública no se apartan de este patrón que comenzó como tendencia en los años de dominio priista. Los militares participan desde el Consejo de Seguridad Nacional, pasando por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus órganos federales y estatales, las instancias de gabinetes intersecretariales y hasta Províctima. 

Otro patrón consolidado es la injerencia o influencia militar en la definición y palomeo de secretarios de seguridad pública en los estados. En el primer trimestre de este año, 13 de 32 secretarios de seguridad pública eran de origen militar. La cifra se multiplica si extendemos y afinamos el criterio hacia los niveles municipales y ciertos ámbitos de la procuración de justicia. 

El calderonismo solicitó y exacerbó la injerencia estadunidense en las definiciones estratégicas de la agenda de seguridad y defensa mexicana a través de la Iniciativa Mérida (2007-2012). La ambición de un financiamiento externo en el aparato de la seguridad mexicana (que no se refleja en los reportes oficiales) trajo consigo no sólo la dependencia en términos de infraestructura militar-policial, sino también la claudicación en las capacidades del Estado de definir y orientar sus prioridades en la materia. No es casual que la captura o asesinato de líderes de cárteles (25 de 32 hasta el momento) se reporten como parte de los logros de la Iniciativa (la lista es un símil de lo hecho por el ejército de EU en su guerra contra Al Qaeda). 

El resultado final de esta orientación ha sido la deformación grave y estructural de las Fuerzas Armadas: un Ejército reducido a una fuerza antinarco y antiterrorista de intervención (interna) y una Marina volcada a labores de tierra que ni siquiera cubren el perfil de una guardia costera.

En los hechos se desplaza la autoridad presidencial, incluso en la operación militar de la estrategia de seguridad. El ejemplo claro fue la ejecución de Arturo Beltrán Leyva por parte de la Marina a partir de las indicaciones de las agencias de seguridad estadunidenses, luego de la negativa de la Sedena, la cual esperaba las órdenes de la superioridad civil. 

Los números oficiales sobre las deformaciones estructurales son claros: De acuerdo con sus propias cifras, la Sedena destina más de 95% de su presupuesto a gasto corriente (el parámetro de los ejércitos profesionales es de 60%); contamos con un Ejército con más generales en el mundo luego de Rusia, China y EU, muchos de ellos sin tropa. 

La presencia militar en el territorio del país es abrumadora desde hace 12 años, sin que se haya controlado la crisis de violencia e inseguridad. También en ese parámetro se observan contradicciones perjudiciales para la función de defensa: La Marina, con sus 22 batallones de Infantería (figura militar casi extinta al fin del mandato foxista), tiene más presencia en tierra firme que en el mar territorial: mil 603 millas navegadas, contra 7 mil 147 kilómetros recorridos en 2011, cuando hasta 2006 la proporción era inversa (el patrón cambia en 2007 y se incrementa sustancialmente con la Iniciativa Mérida). 

Futuro inmediato: ceguera o complicidad 

Al despliegue operativo y la injerencia castrense en las agendas federales y estatales de seguridad pública y procuración de justicia se debe agregar un comportamiento institucional que no se observaba en el sistema político: la deliberación política y la abierta intervención de los militares para defender sus posturas e intereses.

Así lo hacen ante el Congreso (como ocurrió en el proceso de reforma a la Ley de Seguridad Nacional), lo mismo que al participar en la compra de víctimas o de familiares de víctimas de sus abusos con una oficina o Unidad de Vinculación Ciudadana (Univic), la cual presiona para “reparar” sus daños colaterales y procurar que no lleguen a instancias jurisdiccionales (esquema que por cierto quedó fuera de Províctima).

El dinero alcanza también para la cooptación de académicos y comentaristas que ayuden a salvaguardar la imagen institucional, e incluso para la propaganda mediática (como la serie televisiva La teniente). Esto evidencia la falta de definiciones y liderazgo civil, lo mismo en el gobierno que en el Congreso, y un tímido Poder Judicial que a fuerza de condenas y compromisos internacionales se ocupa, ahora sí, del fuero militar.

El gobierno entrante parece ignorar el escenario que hereda, y las propuestas visibles apuntan hacia más de lo mismo, antes que a revisar el daño provocado por los gobiernos panistas. El riesgo es fortalecer la incapacidad gubernamental de garantizar la autonomía castrense, en un creciente entorno crítico dentro y fuera del país. Se debe procurar, desde el liderazgo civil, una verdadera modernización de las instituciones, en democracia y sin simulaciones. 

* Coordinador del Programa de Seguridad Nacional, Universidad Iberoamericana.

**Tomado de la revista Proceso.

Inminente fuga a Miami**

Tomados de La Jornada, Hernández, Heñguera yRocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Anabel Hernández

 Dentro de las estancias de la seguridad pública, el sexenio que llega a su fin resultó pródigo en “escándalos de ineficacia, enriquecimiento inexplicable y corrupción”, en particular la asociada al crimen organizado. La reportera Anabel Hernández, colaboradora de Proceso, investigó y documentó algunos de los casos más significativos de la podredumbre política en dicho ámbito y los reunió en el libro México en llamas. El legado de Calderón (Grijalbo), de inminente aparición y que se presentará el sábado 1 en la FIL de Guadalajara.  Reproducimos aquí fragmentos del capítulo 6: “Los mercenarios”, donde la autora revela los presuntos intentos de Genaro García Luna, aún secretario federal de Seguridad Pública, por sobrevivir políticamente con impunidad. 

Desde finales de 2011, la lujosa residencia marcada con el número 1 de la calle Olmos, en el Condominio del Bosque de la delegación Tlalpan, donde vive el expresidente Carlos Salinas de Gortari, comenzó a ser visitada por un personaje de reputación similar: Genaro García Luna, aún secretario de Seguridad Pública federal, quien pretende negociar con el exmandatario inmunidad y trabajo para el próximo sexenio.

La magnífica propiedad que se convirtió en silencioso testigo de los encuentros Salinas-García Luna se extiende en un amplio terreno arbolado. Consta de dos construcciones principales, una inmensa biblioteca en la que Salinas suele recibir a sus visitas para fraguar sus planes y sus pactos, y la residencia donde habita. 

Aunque públicamente Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto afirman una y otra vez que sólo tienen una buena relación de amistad pero que el expresidente no opera ni tendrá influencia en el próximo gobierno, al parecer las cosas no son así. 

De acuerdo con información recabada durante varias semanas, confirmada por diversos funcionarios de la SSP, la Policía Federal y personajes cercanos a Salinas de Gortari, en varias ocasiones en los últimos meses el exmandatario se ha reunido con el controvertido jefe policiaco, cuyo paso por la SSP ha dejado una estela de escándalos de ineficacia, enriquecimiento inexplicable y corrupción.

Los encuentros se han llevado a cabo a pesar de que existe el antecedente del homicidio de Enrique Salinas de Gortari, ocurrido en diciembre de 2004 en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, cuando el entonces procurador general de justicia del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida –hoy integrante del equipo de transición de Peña Nieto–, acusó a funcionarios y agentes de la AFI, que entonces encabezaba García Luna, de haber participado en el chantaje y posterior asesinato del hermano del expresidente. Entre los señalados por el procurador estatal se encontraban subordinados directos de Luis Cárdenas Palomino, otrora director de Investigación Policial, y su suegro, Juan Marcos Castillejos Escobar, a la postre ejecutado en la colonia Condesa del Distrito Federal, en julio de 2008.

De ese episodio parece no haber resquemores. Al final el pragmatismo se ha impuesto. Carlos Salinas requería información y Genaro García Luna, inmunidad. Además, estos personajes comparten un amigo en común: el abogado Alonso Aguilar Zinser, experto en la defensa de funcionarios públicos acusados de corrupción. 

El litigante fue abogado defensor de Raúl Salinas de Gortari cuando éste fue acusado de participar en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, motivo por el cual lo condenaron a 27 años de prisión. Sin embargo, gracias a la defensa de Aguilar Zinser, el hermano del expresidente de México obtuvo un amparo a su favor y hoy está libre.

Aguilar Zinser también defendió al jefe del Departamento del Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal, cuando fue acusado de peculado por 420 millones de pesos. Asimismo, encabezó la defensa legal del gobernador de Puebla, Mario Marín, mejor conocido como El Góber Precioso, contra la demanda interpuesta por la periodista Lydia Cacho.

Entre sus clientes más recientes se halla el candidato del PRD a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, señalado por sus vínculos con la delincuencia organizada. 

Por su parte, Genaro García Luna ha de estar consciente de su oscuro pasado y antes de que se presente una acusación formal en su contra quiere contar con un abogado con esa trayectoria. El propio Aguilar Zinser ha comentado en algunas fiestas sociales que él es el abogado del polémico secretario de Seguridad Pública federal, aunque aparentemente no quiere que esa información transcienda a la opinión pública.

En sus reuniones con Genaro García Luna, Carlos Salinas, experto en el manejo de la información, siempre juega el papel del poder tras Enrique Peña Nieto. Gracias a esa circunstancia obtuvo información de inteligencia de la SSP y monitoreó si el gobierno federal pensaba judicializar la elección presidencial realizando alguna acusación de trascendencia contra el candidato presidencial del PRI o contra algún otro miembro de su equipo.

García Luna, creyendo que hablaba con el hombre del poder tras el trono, compartió sin reserva con él mucha información. Incluso algunas personas de su equipo, como Ramón Pequeño, jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, también desfilaron por la residencia de Camino a Santa Teresa para llevar la información que requería el expresidente. El interés del titular de la SSP era conseguir inmunidad durante el siguiente sexenio, aunque éste no fuera encabezado por un panista.

Como consecuencia de esos encuentros, Genaro García Luna llegó a decir a sus allegados que él iba a repetir en el cargo si Enrique Peña Nieto ganaba la elección presidencial. Parecía muy seguro y tranquilo por eso. Así estaban las cosas, hasta que el 4 de septiembre le vaciaron en la cabeza un balde de agua fría: ese día, el presidente electo, Enrique Peña Nieto, presentó a los integrantes de su equipo de transición y nombró como coordinador de Seguridad a Roberto Campa, excandidato presidencial por el Partido Nueva Alianza en 2006 y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entonces dependía de la SSP federal.

Las desavenencias entre él y García Luna siempre fueron públicas. El 2 de septiembre de 2008 la SSP emitió un boletín de prensa en el que informaba que Campa había renunciado al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Días después, una carta publicada por el periódico Reforma reveló que Roberto Campa no había renunciado y que el boletín de la SSP había sido una argucia de García Luna para deshacerse de él, dado que aquél no podía manipular el Sistema Nacional de Seguridad Pública mientras formara parte de éste el prestigiado político.

La carta estaba dirigida al presidente Felipe Calderón:

“Ante diversas versiones, me veo obligado a dirigirme a usted para aclarar que el lunes 1 de septiembre no presenté mi renuncia al cargo de secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esa información es falsa.

“No obstante, dada la importancia de la noticia y pensando siempre en el mejor interés de la República y en la adecuada marcha del gobierno que usted preside, estoy haciendo llegar al presidente del Consejo Nacional mi ‘renuncia irrevocable’ con fecha 1 de septiembre.

“El manejo de los hechos y lo sucedido hasta el día de hoy solamente revelan lo que permanentemente ocurrió (dijo, refiriéndose a la serie de diferencias y obstáculos que García Luna y su equipo le pusieron a lo largo de su desempeño como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). 

“Deseo reiterarle que hasta el día de hoy no tuve ningún otro proyecto personal que no fuera servir al mejor desempeño de mi cargo; jamás, ni ahora ni nunca, servirme del cargo.” 

Desde entonces el secretario de Seguridad Pública inició una campaña de desprestigio contra el excandidato presidencial a través de personeros y columnistas a modo. Nada le resultó. 

Al enterarse del nombramiento de Roberto Campa como coordinador de Seguridad del equipo de transición peñista, García Luna, muy molesto, fue a ver a Carlos Salinas de Gortari y se quejó con él del engaño del que se sentía objeto*.

Salinas intentó tranquilizarlo. Le dijo que nada, en los nombramientos que había hecho Enrique Peña Nieto, estaba definido y que tuviera paciencia. No obstante, en el equipo de Peña Nieto afirman que Salinas de Gortari no tiene ninguna influencia sobre el presidente electo y que el exmandatario sólo se hace pasar como un personaje muy cercano al peñismo para obtener información de las personas y, por otro lado, se mete al equipo de Peña Nieto utilizando esa misma información. 

“Salinas está haciendo promesas que no va a cumplir. Lo que hace lo realiza a espaldas del presidente electo”, afirma uno de los integrantes del equipo de Peña Nieto que ha participado en el cuarto de guerra desde la precampaña presidencial priista. 

Si valen aquí los dichos populares, ni Salinas ni García Luna debieran sentirse sorprendidos por el juego de engaños. Ambos han sabido jugarlo bien durante muchos años. El tiempo dirá si la alianza entre ambos perdura o uno de ellos termina por engañar más al otro. 

Desde luego, esa situación tiene en trance a Genaro García Luna. Si no se puede quedar en México como secretario de Seguridad Pública, aplicará el plan B: huir a Miami, Florida. 

De Xochimilco a Miami Beach

 Hace apenas cinco años, el secretario de Seguridad Pública federal vivía con su familia en Cedros número 120, en la colonia Paseos del Sur de la delegación Xochimilco, una zona de clase media que colinda con algunos barrios populares.

Al término del sexenio calderonista, si Carlos Salinas no consigue que Peña Nieto lo recontrate como titular de la SSP para los próximos seis años, se mudará a Miami Beach, la zona más excitante de Florida, llena de sol, playas, tiendas, restaurantes, bares y glamour… mucho glamour. El lugar también es famoso por ser la guarida de políticos, de funcionarios públicos corruptos de todo el continente, de personajes de la farándula y de narcotraficantes en desgracia, como el colombiano Andrés López, exintegrante del cártel del Norte del Valle que ahora utiliza su experiencia en el mundo del crimen para escribir novelas. 

Después de una oscura trayectoria a la cabeza de la que será recordada como la policía más corrupta de todos los tiempos, el titular de la SSP piensa en un placentero retiro con sol, arena y mar. Quizá el jefe policiaco vio muchas veces Miami Vice o cree que sus contactos de la DEA puedan ayudarlo a encontrar un puesto importante en alguna de las compañías de seguridad que abundan en esa zona de Florida. 

Desde marzo de 2011, a través de su esposa Linda Cristina Pereyra, creó la empresa Restaurants & Beverage Operador Los Cedros LLC, la cual fue inscrita en la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Florida. En el acta constitutiva aparece Linda Cristina como única responsable de la empresa. Y en los reportes anuales de 2012, además, aparece el nombre de Carlos F. Barrera como responsable externo, quien a su vez está ligado a muchas otras empresas de Miami, como Best Friends Midtown Corp., y Best Friends Since 1880. 

De acuerdo con registros oficiales, las oficinas de la compañía que está a nombre de la esposa de Genaro García Luna se encuentran en el 1666 79 St., en Causeway, North Bay Village. Esta isla se localiza en una de las zonas más privilegiadas de Miami Beach, en Biscayne Bay, donde abundan las residencias y los condominios de lujo frente al mar. Se halla a pocos minutos de Miami Beach o Miami Downtown, las dos principales áreas en el sur de Florida para restaurantes y centros comerciales. 

Restaurants & Beverage Operador Los Cedros LLC registró otra dirección para recibir notificaciones: 5600 SW 135th ave. #202-A, la misma dirección del representante legal. 

El secretario de Seguridad Pública mexicano pretende que esta nueva compañía sea una especie de sucursal del Café Los Cedros que estableció en la calle Cedros número 1, en Paseos del Sur de la delegación Xochimilco, a unos pasos de donde vivía. 

Genaro García Luna también posee una sucursal del mismo Café Los Cedros a una cuadra de la Torre Altitude, en Cuernavaca, Morelos, donde vivía y operaba el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. 

La decoración del restaurante es semejante a la de un Vips, pero su bar es otra cosa: resalta por una decoración sobrecargada y extravagante que desentona con el resto del local. En el lugar se pueden encontrar sillones en forma de manos gigantes, o forradas con negro terciopelo y piedras brillantes que hacen el capitoneado. También son ostensibles los baúles negros y las mesas transparentes. 

Fuera de eso, esta sucursal también se utilizó para otro tipo de actividades que nada tenían que ver con la restaurantera. En febrero de 2010 comenzó a reclutar “poligrafistas”, “investigadores especializados en estudios socioeconómicos”, para que realizaran visitas domiciliarias, levantamiento de información y elaboración de reportes, así como psicólogos evaluadores con “conocimientos y experiencia en el manejo de tests psicométricos para realizar evaluaciones integrales, entrevistas y dictámenes psicológicos”. Es obvio que esos perfiles corresponden más a una empresa de seguridad que a un restaurante. 

Desde el final del ciclo escolar 2011-2012, la esposa y los dos hijos de Genaro García Luna dejaron su lujosa residencia en Monte Funiar número 21, en Jardines en la Montaña, de la delegación Tlalpan, construida en 2009, y se mudaron a Miami Beach, a una residencia de su propiedad, según presumió uno de los hijos del titular de la SSP a sus compañeros del colegio Olinca, donde estudiaba.

Fuentes diplomáticas aseguran que el titular de la SSP pretende vender sus bienes en México, que no son pocos, pues si no encuentra acomodo en el equipo de gobierno de Enrique Peña Nieto, alcanzará a su familia en Miami, cargando sobre sus hombros una bomba de tiempo. 

Fuentes cercanas a la SSP señalan que existen cuando menos tres narcotraficantes que le guardan un exaltado rencor, dos de los cuales se encuentran en prisión y uno sigue libre: Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie; Gerardo Álvarez, alias El Indio, y Héctor Beltrán Leyva, alias El H. Los dos primeros arguyen haber tenido una estrecha relación de amistad y de “negocios” con García Luna, pero cuando se escindió La Federación el secretario de la SSP les dio la espalda luego de haberles aceptado mucho dinero. Por su parte, El H también se queja de que García Luna le dio la espalda por servir a La Federación.

Además de políticos corruptos y cubanos anticastristas, Miami es la sede preferida de los negocios de seguridad que ofrecen servicios de consultoría y capacitación. Los exagentes o exdirectivos de la DEA tienen predilección por dedicarse a estas materias. 

Por su parte, Luis Cárdenas Palomino tiene más confianza en su futuro. Algunos afirman que pretende seguir haciendo negocios a costa de la inseguridad a través de la empresa Obses y que confía en que la impunidad ya le fue asegurada gracias a que su cuñado, Humberto Castillejos, hermano de la exesposa del coordinador de Seguridad Regional, fue llamado al equipo de transición de Enrique Peña Nieto como asesor jurídico, al igual que su amigo y familiar político Alfredo Castillo, exprocurador del Estado de México, a quien Peña Nieto nombró coordinador de Justicia durante la transición.

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* Algunos funcionarios de la SSP federal confirmaron lo que se dijo durante esa reunión.

**Tomado de la revista Proceso.

Contra el narco, la improvisación desastrosa*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Jorge Carrasco Araizaga

De manera atropellada, cuestionada la legitimidad de su elección, Felipe Calderón asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2006. Él mismo definió las circunstancias en las cuales alcanzó el poder federal: “Haiga sido como haiga sido”, dijo con soberbia pueril. Parodiando la parodia, “haiga sido como haiga sido” termina su mandato, para el bien momentáneo de la República. Ordenó en soledad, por sí y ante sí, emprender la guerra contra los cárteles del narcotráfico que, a la hora del balance, sólo sus beneficiarios podrían considerar que ha tenido resultados positivos. La guerra, su guerra, la guerra de Calderón, dejó el territorio irrigado de sangre. Hizo perder la Presidencia a su partido, en medio de torpezas y traiciones. Y dejó correr la corrupción impune. En el anochecer de su paso por Los Pinos, el presidente que se va tendrá que enfrentar a su conciencia. Para muchos millones de mexicanos, incontables, una pesadilla angustiante está terminando. Para decenas de miles, igualmente fuera de cálculo, no hubo despertar. 

Las Fuerzas Armadas de México terminaron por asumir el costo del sexenio “valiente” de Felipe Calderón. Su exposición en el combate al narcotráfico, marcada por una violación sistemática de los derechos humanos y sin ninguna regulación de su actuar, dejó al Ejército y a la Marina divididos en la “guerra al narcotráfico” a la que los condujo en pos de su legitimidad presidencial.

Mientras la Marina formó parte de la espectacularidad con la ejecución y detención de jefes del narcotráfico, el Ejército vio desfilar hacia la prisión a algunos de sus generales en activo y en retiro por su presunta colaboración con la delincuencia organizada, acusados por testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR). 

Pero la Marina Armada de México tampoco quedó incólume: Acabó con un historial de graves violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, como tortura y desaparición forzada. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Marina superó incluso al Ejército en el número de recomendaciones en relación con las quejas presentadas en su contra. 

Aunque el Ejército concentró casi 90% de las quejas abiertas este sexenio en contra de las Fuerzas Armadas, los infantes de Marina, al convertirse en los arietes de Calderón contra cabecillas del narcotráfico, acabaron también entre los principales violadores a la dignidad humana en México.

Desde que Calderón asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2006 y hasta el 31 de octubre pasado, la CNDH registró 8 mil 929 quejas. De ellas, 7 mil 800, fueron contra el Ejército; es decir, 87.35%. El 12.65% restante, mil 129, fueron contra la Marina. Pero en proporción, la Armada tuvo más recomendaciones que el Ejército cuando el organismo comprobó la existencia de violaciones.

De las quejas contra el Ejército, 108 acabaron en recomendaciones de la CNDH, mientras que las de la Marina devinieron en 19. En proporción, el Ejército tuvo 1.38, contra 1.68 de la Armada. La cifra es todavía más negativa para la Marina al considerase que el Ejército desplegó a 90 mil hombres contra el narcotráfico, mientras que la Marina envió una tercera parte de esta cifra. 

La propia Secretaría de Marina Armada de México (Semar) da cuenta del nivel que alcanzaron las violaciones a los derechos humanos desde que Calderón decidió aumentar el número de infantes de Marina para desplegarlos en contra de los grupos del narcotráfico.

 

Espectacularidad
 

En el sexto informe de gobierno de Calderón, la Semar plantea que tan sólo entre 2011 y 2012 “desahogó 360 quejas ante la CNDH por presuntas violaciones cometidas por personal naval en esta materia. La Comisión concluyó que en 132 de ellas no tenía responsabilidad”. Aunque no lo dice, en el resto, 228 casos, hubo responsabilidad, sin que necesariamente hayan derivado en recomendaciones. 

Los infantes de Marina funcionaron para las acciones espectaculares de Calderón: en diciembre de 2009 ejecutaron a Arturo Beltrán Leyva, en Morelos; en noviembre de 2010, a Ezequiel Cárdenas Guillén, en Matamoros, y en octubre de 2012, a Heriberto Lazcano Lazcano, en Progreso, Coahuila. Las muertes de los jefes de los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva, del Golfo y de Los Zetas ocurrieron en tierra continental, fuera del ámbito natural de la Armada. 

Además, los infantes de Marina detuvieron, entre otros, a Sergio Villarreal Barragán, El Grande, de los Beltrán Leyva, en 2010; a Raúl Lucio Hernández Lechuga, jefe zeta en Veracruz, en diciembre de 2011, y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, del Cártel del Golfo, en septiembre pasado. 

La actuación del Ejército fue menos espectacular. Sólo se acreditó en julio de 2010, en un enfrentamiento en Jalisco, la muerte de Ignacio Nacho Coronel Villarreal, jefe regional del Cártel de Sinaloa, y la detención, en marzo de 2009, entre otras, de Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, quien junto con Joaquín El Chapo Guzmán encabeza dicha organización. 

Con más despliegue en el país, el Ejército se hizo cargo de casi todo el aseguramiento de droga y detención de personas. De los 50 mil individuos detenidos por las Fuerzas Armadas en la campaña de Calderón contra los grupos de narcotraficantes, 46 mil 942 fueron capturados por el Ejército, 92.67%, de acuerdo con el sexto informe de gobierno. La misma fuente indica que de los mil 500 millones de pesos en que se valuó el decomiso de mariguana y cocaína en el sexenio, mil 494 millones, 99.49% lo hizo el Ejército. 

Afectado durante años por la deserción, entre la que destaca la de los fundadores de Los Zetas, que han seguido reclutando a hombres en las zonas militares, el Ejército detuvo en parte la sangría. De los 107 mil 158 elementos que desertaron en el sexenio de Fox, en el de Calderón la cifra llegó a 43 mil 827 hasta agosto pasado.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) atribuye esa tendencia al incremento de ingresos del personal castrense. Sin embargo, los aumentos anuales de 500 o mil pesos que anunciaba Calderón no se integraron al sueldo base de los militares, lo que ha provocado inconformidad entre el personal que se jubila. 

El mayor desprestigio en la “guerra” de Calderón lo pagó el Ejército con la detención de varios generales. El caso más significativo fue el del general en retiro y exsubsecretario de la Sedena Tomás Ángeles Dauahare, a quien El Grande acusó de haber trabajado para el Cártel de los Beltrán Leyva, aunque Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, otro integrante de esa organización, no lo ha reconocido como tal ante la PGR (Proceso 1881). 

Las detenciones de los generales, que después de medio año no se han traducido en sentencia de primera instancia sirvieron para que Calderón echara más leña al fuego a su “guerra contra el narcotráfico” y condenara públicamente a los detenidos: “Lo único que queda claro aquí es que mi gobierno no tolerará actos contrarios a la ley, vengan de donde vengan”, declaró el 21 de mayo de 2012 en Barbados, al final de la II Cumbre México-Comunidad del Caribe. 

Entreguismo

A diferencia del Ejército, en sus operaciones de alto impacto la Marina actuó junto con agentes de Estados Unidos, sobre todo de la agencia estadunidense antidrogas (DEA). La más reciente se frustró en agosto pasado, cuando elementos de la Policía Federal atacaron cerca de Tres Marías, en la carretera México-Cuernavaca, la camioneta que conducía un capitán de la Marina con dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), en una supuesta búsqueda de las casas de seguridad donde se refugia Héctor Beltrán Leyva, El H (Proceso 1869).

Con Calderón, la Armada terminó perfilada, por vía de los hechos y sin ningún respaldo legal, hacia la concepción estadunidense de marines para realizar operaciones en tierra continental con el apoyo de agencias estadunidenses, como la DEA y la CIA. 

Ajustadas a la Iniciativa Mérida negociada por Calderón con Estados Unidos, durante este sexenio las Fuerzas Armadas mexicanas debieron rendir cuentas a ese país acerca de la manera en que han usado la ayuda recibida. También tienen que intercambiar información con la Agencia de Inteligencia Militar (DIA, por sus siglas en inglés), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), instancias de inteligencia del Pentágono a las que Calderón les abrió las puertas para operar en México. 

El desgaste mayor ha sido para el Ejército. Aunque son las instituciones de gobierno con el aprecio más alto entre la población, el Ejército y la Marina, con una calificación promedio de ocho, durante el sexenio calderonista sólo retrocedieron en el aprecio social a raíz de las denuncias en su contra por sus violaciones a los derechos humanos. 

La encuestadora Mitofsky midió durante cuatro años del sexenio de Calderón la percepción social en torno al Ejército. Si en 2008 el 39.7% de los encuestados a nivel nacional expresaron mucha confianza en la institución, en 2012 esa cifra bajó a 33.7%, mientras que los números del rubro “nada” de confianza pasaron de 11.2% a 13.3%. 

El Ejército fue también el más castigado en los presupuestos, sobre todo en comparación con los recursos que Calderón le dio a su secretario consentido. De acuerdo con los recursos aprobados en el sexenio, Genaro García Luna pasó de recibir 13 mil 664 millones de pesos en 2007 a 40 mil millones para la Secretaría de Seguridad Pública, cuya desaparición fue acordada el jueves 22 por el Congreso, a propuesta del presidente electo, Enrique Peña Nieto. 

Poco más de la mitad del dinero para este año, 22 mil millones de pesos, se destinó a la Policía Federal. La Marina casi duplicó su presupuesto. Pasó de 10 mil 951 millones de pesos a 19 mil 679, mientras que el Ejército pasó de 34 mil 866 a 55 mil 610. 

Pusilanimidad presidencial

 

Cuando en diciembre de 2006 Calderón aplazó la jubilación del general de división Guillermo Galván Galván y del almirante Francisco Saynez Mendoza al nombrarlos al frente de la Sedena y la Semar, respectivamente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no tenía claro qué hacer con ellas, más allá de buscar su respaldo para declararle la “guerra al narcotráfico”. 

En el camino fue improvisando. El 11 de diciembre de 2006, a sólo unos días de asumir el poder, anunció el Operativo Conjunto Michoacán, en el inicio de su principal política de gobierno, encabezada entonces por el Ejército. El 3 de enero siguiente se presentó en la 43 Zona Militar del Ejército en Apatzingán, Michoacán. 

El inicio de su campaña contra del narcotráfico quedó marcado por la anécdota. Sin ninguna experiencia castrense, se vistió de jefe militar. Tenía dos opciones: salir con indumentaria del Ejército o de la Marina. Escogió la vestimenta verde. Se puso el quepí de cinco estrellas de comandante en jefe y una camisola que le quedó grande. 

En su primer año de gobierno, en mayo de 2007, intentó estar él mismo al frente de las operaciones y emitió un decreto para crear dentro del Ejército un cuerpo especial denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. Ello sin reformar la Ley Orgánica del Ejército, en la que se especifican cuáles son los cuerpos especiales de esa Fuerza Armada.

Llevó a los militares a las calles, pero no recurrió al artículo 29 de la Constitución para suspender las garantías en todas aquellas zonas del país tomadas por el narcotráfico. Sin ninguna regulación ni un marco legal adecuado, sacó al Ejército y a la Marina de sus cuarteles para enfrentarlos con los narcotraficantes, afectando a civiles ajenos a los grupos de la delincuencia organizada. 

“No se trataba de suspender las libertades, sino de garantizar la vida de los ciudadanos. Pero Calderón no se atrevió a pagar el costo político que representaba la suspensión de garantías a pesar de estar prevista en la Constitución”, asegura Victoria Unzueta, asesora en temas de seguridad de la Cámara de Diputados. 

Calderón prefirió actuar por vía de los hechos y sólo en la segunda mitad de su sexenio intentó darle el respaldo legal a las acciones de las Fuerzas Armadas a través de una reforma a la Ley de Seguridad Nacional. 

“Pero cuando estaba la negociación del Ejército con el Congreso, Calderón se adelantó a presentar una propuesta de reforma que no sólo terminó por ser rechazada por falta de operación política, sino que fue considerada como una desconsideración” a esa Fuerza Armada, confiaron a Proceso involucrados en las negociaciones.

Con esa reforma, que proponía establecer la figura de “afectación a la seguridad interior”, decretada por el Ejecutivo y sin controles del Congreso, Calderón pretendió darle una justificación legal a las actuaciones militares contra la delincuencia organizada. Fracasó también en su intento de proteger a los militares de demandas futuras por violaciones a los derechos humanos.

*Tomado de la revista Proceso.