Tomado de La Jornada, Hernández.
Jorge Carrasco Araizaga
Las presiones de Felipe Calderón en torno al caso Cassez, así como las pontificaciones del mandatario sobre lo que debe hacer un poder independiente como lo es el Judicial, hicieron mella en la Suprema Corte antes de su resolución del miércoles 21. Algunos ministros, en particular el presidente de esta instancia, Juan Silva Meza, están indignados por esas expresiones, en tanto que la ministra Olga Sánchez Cordero prepara un nuevo proyecto encaminado a la concesión del amparo. Entretanto Genaro García Luna, el secretario intocable de Calderón, quedó comprometedoramente exhibido por violar el derecho de la ciudadana francesa al debido proceso.
Las presiones directas de Felipe Calderón resultaron contraproducentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por el momento, el titular del Ejecutivo fracasó en su pretensión de sacar de la Primera Sala el expediente de Florence Cassez y, por otra parte, los ministros de esa instancia exhibieron las violaciones constitucionales atribuidas, sobre todo, a uno de sus funcionarios más cercanos, Genaro García Luna.
De acuerdo con constitucionalistas de dentro y fuera de la Suprema Corte, el ahora secretario de Seguridad Pública quedó expuesto a una investigación penal e incluso a un posible juicio político una vez que cuatro de los cinco ministros de la Primera Sala resolvieron que era procedente el recurso de revisión solicitado por la ciudadana francesa contra la sentencia de 60 años a la que fue condenada por secuestro.
En sesión pública realizada el miércoles 21, esa misma mayoría determinó que se cometieron “graves violaciones a los derechos humanos” de Florence Marie Louise Cassez Crepin cuando fue detenida en diciembre de 2005 por la Agencia Federal de Investigación (AFI), al mando entonces de García Luna.
Esa mayoría –integrada por los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo– se redujo cuando sólo los tres primeros votaron por conceder el amparo a Cassez. Y la mayoría se disolvió cuando los ministros Zaldívar, Cossío y Sánchez Cordero no alcanzaron un consenso respecto a los efectos del recurso, por lo que la Primera Sala tendrá que elaborar un nuevo proyecto.
La encargada es la ministra Sánchez Cordero, quien junto con Zaldívar ha favorecido la liberación absoluta e inmediata de Cassez, mientras que Cossío propone un amparo “para efectos”; es decir, regresar el expediente al Tribunal Unitario que le impuso la pena de 60 años para que emita una nueva sentencia, pero sin considerar una serie de pruebas desacreditadas por el montaje televisivo realizado por la AFI con el apoyo de Televisa y TV Azteca.
Consultadas por Proceso, diversas fuentes de la Suprema Corte consideran que la ministra Sánchez Cordero tendría que conciliar las dos posturas para facilitar la liberación de la ciudadana francesa. De no haber acuerdo a partir del nuevo proyecto, el caso pasaría en automático al pleno de la Suprema Corte, donde de antemano se prefigura una votación en contra del amparo.
Desde que el ministro Zaldívar hizo público su proyecto para la liberación, Calderón desplegó una intensa presión hacia la Corte para que el caso saliera de la Primera Sala por considerarla “demasiado liberal”, según dijeron testigos del cabildeo que realizaron durante dos semanas funcionarios del Ejecutivo federal en la Corte.
Por las oficinas de los ministros de la Primera Sala pasaron funcionarios de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la propia Secretaría de Seguridad Pública, entre ellas Lizeth Parra, jefa de la Unidad de Información y Análisis de la última dependencia e identificada como la entonces funcionaria de la AFI que convocó a las televisoras para el montaje sobre la detención de Cassez.
Todavía 48 horas antes de que se efectuara la votación, los secretarios de Estado se encargaron de buscar directamente al presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, para insistir en la pretensión de que el caso se discutiera en el pleno de ministros.
El martes 20, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, acudió a la sede del Poder Judicial de la Federación para hacer esa petición a Silva Meza. Lo mismo intentó un día antes la titular de la PGR, Marisela Morales. Pero la insistencia de la procuradora para que el máximo representante del Poder Judicial la recibiera ese mismo día frustró el encuentro.
El mismo lunes, Calderón pronunció un discurso que causó irritación en la Corte. En una clara alusión a la esperada votación de la Primera Sala, el jefe del Ejecutivo delineó la manera en que debe actuar el Poder Judicial de la Federación. Acompañado de García Luna por tercera vez en menos de dos semanas en un acto público, dijo en Papantla, Veracruz: “Al Poder Judicial le corresponde, además de cumplir la ley, proveer justicia, como su nombre lo indica”.
Justicia “implica la obligación elemental de que quien cometa un delito sea, verdaderamente, juzgado y castigado, y que nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad, sino un verdadero instrumento del juzgador para hacer justicia”, expresó de cara a la interpretación que harían los ministros de la Sala sobre la revisión del amparo de la ciudadana francesa.
En respuesta al proyecto de Zaldívar, que proponía la liberación “absoluta e inmediata” por las violaciones al debido proceso, Calderón prosiguió trazando la línea que según él deben seguir los jueces: “Justicia donde sí, por supuesto, se ponderen las garantías de los procesados, pero también, y por igual, se consideren y respeten los derechos de las víctimas, los derechos de quienes tienen hambre y sed de justicia”.
Para rematar, recargó en el Poder Judicial la responsabilidad de la impunidad y la seguridad en el país: “Si no hay justicia, no habrá seguridad”, porque “la impunidad es el estímulo más poderoso… para que el delincuente, que observa que puede delinquir, sin que al final pase nada, vuelva a cometer acciones delictivas y las multiplique”.
El discurso sorprendió en el máximo tribunal porque el propio Silva Meza, en público y en privado, le había pedido a Calderón respeto hacia las decisiones del Poder Judicial, que en forma abierta y reiterada las ha cuestionado desde su posición en Los Pinos.
“Lo que pasa es que cuando (Silva Meza) tocó el tema de justicia en México me encabronó”, escucharon funcionarios del Poder Judicial como respuesta de Calderón ante la petición del presidente de la Corte, según refirieron fuentes judiciales.
El discurso no sólo provocó la respuesta pública de Silva Meza, sino que varios ministros de la Primera Sala reafirmaron su convencimiento de que el asunto Cassez debía quedar en esa instancia.
“Fue un discurso de clara intromisión: el titular de un Poder diciendo lo que debe hacer otro cuando está a horas de tomar sus propias determinaciones. Eso no es propio de un sistema democrático, donde debe prevalecer el equilibrio entre Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para evitar el abuso de poder”, declaró un alto funcionario judicial.
El presidente de la SCJN le replicó a Calderón la mañana del miércoles 21, a unas horas de que la Primera Sala discutiera el controvertido amparo. Durante la ceremonia del Ducentésimo Sexto aniversario del nacimiento de Benito Juárez, efectuada en el Palacio Nacional, Silva Meza expresó ante Calderón:
“En el Poder Judicial de la Federación (PJF) queremos que imperen los valores y los principios constitucionales. Por ello, jueces, magistrados y ministros queremos un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad.”
Con el mismo tono de respuesta que había utilizado frente al titular del Ejecutivo el 15 de diciembre de 2011, cuando dio su primer informe como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal –el organismo encargado de la administración y supervisión de los juzgados y tribunales federales–, Silva Meza continuó:
“Lo que busca el PJF es una justicia basada en instituciones y procesos, que hagan que sea justicia de verdad; no el abuso del poder, que es paso previo al autoritarismo y a la impunidad, y no a la creencia de que la ley se puede cumplir a capricho; nada justifica incumplir la Constitución y los derechos humanos.”
Horas después, una mayoría de cuatro votos a cinco resolvió contundente: en la detención de Florence Cassez se cometieron violaciones constitucionales. Y aunque no era la litis o materia de la discusión, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo arremetió contra los responsables del montaje, urdido por los entonces directivos de la AFI, encabezados por García Luna.
“Yo quiero decir que el simple hecho de haber accedido a la realización de este montaje o simulación –no sé cómo llamarlo– me parece que es un acto reprobable, que es un acto que debe ser sancionado en términos de ley y que, desde luego, deja mal parado este principio de buena fe ministerial respecto de las autoridades que autorizaron y propiciaron estas conductas”, expresó.
Aunque no se inclinó por conceder el amparo, Pardo se manifestó por su procedencia; es decir, para que fuera discutido en la Primera Sala debido a “las violaciones que se advierten durante la detención, la averiguación previa y, en su caso, el proceso penal seguido contra la quejosa”.
Con el montaje, dijo, “hay la afectación al derecho fundamental de ser puesto a disposición de una autoridad sin demora por parte de los captores”, como ocurrió cuando la AFI demoró 35 horas para presentar a Florence Cassez ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
De acuerdo con Pardo, en la SIEDO también se violaron el artículo 21 de la Constitución respecto a la actuación del Ministerio Público y el derecho a la asistencia consular, previsto en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
Aunque aseguró que estas violaciones “no generan (la) corrupción generalizada” del proceso contra Cassez, como destacaba Zaldívar en su proyecto, su voto contribuyó a establecer la existencia de violaciones a los derechos humanos y a garantías constitucionales, como expresó la ministra Sánchez Cordero.
“En eso ya no hay cambios, independientemente de lo que ocurra con Florence Cassez”, considera el constitucionalista Elisur Arteaga. “Dentro del montaje está contenido el delito de abuso de autoridad, por lo que desde que se reconoció su existencia debió abrirse una averiguación previa”, explica.
Los ministros no investigan delitos, pero con su resolución sobre la comisión de violaciones, la autoridad ministerial tiene que actuar, dice.
Más todavía, cualquier particular podría solicitar a la secretaría general de la Cámara de Diputados juicio político contra el secretario de Seguridad Pública en razón de que ya se estableció que violó la Constitución y las leyes, dice el también profesor de la Escuela Libre de Derecho.
Indica que esa posible demanda se puede hacer al amparo del último párrafo del artículo 109 de la Constitución, según el cual “cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados”.
Arteaga dice que se tendrían que denunciar los hechos y aportar pruebas a partir de lo que ya dijo la Corte, además de copia del expediente del caso contra Cassez.
Aunque García Luna está próximo a dejar su cargo, dice, la acusación para el juicio político sigue vigente durante un año, por lo que no importa si él está en México o en el extranjero. Además de ese funcionario podrían ser acusados servidores públicos de la SIEDO que violaron los derechos constitucionales de la ciudadana francesa.
Consultadas por este semanario, fuentes de la Corte coincidieron en que desde el momento en que la Primera Sala determinó la existencia de graves violaciones a los derechos humanos existen condiciones legales para que la PGR inicie una averiguación contra quienes intervinieron en la detención y su puesta a disposición ante la SIEDO.
Pese a ello, el coronel del Ejército con licencia y subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, adelantó el viernes 23 que el Ministerio Público no actuará hasta que haya un fallo definitivo de la Corte.
“Tenemos que tomar en cuenta que este caso nace de una investigación exitosa a cargo del Ministerio Público, de la policía investigadora que llega a la detención de una banda de secuestradores, que se logra el rescate del cautiverio de tres secuestrados. Esos son parte de los hechos que tienen que considerarse”, dijo el militar, identificado como “el número dos” en la PGR después de Marisela Morales.
Si bien los ministros de la Primera Sala se pronunciaron en su mayoría sobre la existencia de violaciones contra Cassez, al margen de lo que suceda con ella el subprocurador adelantó que la PGR no hará nada mientras la Corte no resuelva en definitiva:
“En este momento lo que tenemos es una cuestión de intercambio de criterios de ministros que no están plasmados en ninguna resolución; una vez que queden plasmados formalmente, el Ministerio Público tendrá que actuar en consecuencia.”
El nuevo proyecto, en torno al que ya se está trabajando en la oficina de la ministra Sánchez Cordero, tendrá que acercar las posiciones de los ministros Zaldívar y Cossío para conceder el amparo.
En tal caso, la ministra Sánchez Cordero también podría ponderar su pretensión de conceder el amparo “liso y llano”, lo que implicaría la liberación inmediata de la ciudadana francesa, dijeron funcionarios de la Corte.
Durante la sesión pública de la Primera Sala, Sánchez Cordero aclaró que ante la Corte “no se está juzgando sobre la inocencia o la culpabilidad de una persona, ni sobre la afectación que hayan sufrido quienes fueron víctimas de los delitos que en el asunto se involucran (contrario a lo que manifestó la noche del miércoles la PGR), sino… la incidencia que puede tener la actuación de las autoridades en el respeto de las libertades de los derechos humanos y de las garantías constitucionales del proceso penal”.
Para la ministra, bastó la violación al derecho consular para anular todo el procedimiento contra Florence Cassez y darle la libertad inmediata. En su defensa del debido proceso, Sánchez Cordero ha promovido y apoyado resoluciones que tienen que ver con la liberación de mujeres e indígenas condenados a partir de vicios procesales.
Uno de ellos, en abril de 2010, fue el caso de las indígenas queretanas Alberta Alcántara y Teresa González, sentenciadas a 21 años de prisión acusadas de haber secuestrado a seis agentes de la AFI cuando la corporación –dependiente de la PGR– estaba precisamente bajo el mando de García Luna.
Para conseguir el apoyo de Zaldívar o Cossío, Sánchez Cordero deberá convencer a alguno de los dos ministros y sumarse ella misma a esa posición. Cuando su proyecto fue rechazado, Zaldívar dijo que para construir mayorías se debe ceder en los extremos para poder avanzar, pero advirtió que le resultaba imposible modificar su proyecto.
“Zaldívar, en efecto, no podía modificar su posición porque tenía muy poco espacio para ir contra una posición tan categórica como ‘el efecto corruptor’ que planteó en su proyecto. Tendría que construir otro esquema para conceder el amparo. La otra opción es que Cossío haga lo mismo y considere que el caso se debe resolver en la Corte y no el Tribunal Unitario.
“Las posiciones se tienen que conciliar. De no ocurrir, el caso de nuevo se entramparía en la sala y al pasar –por ley– al pleno se resolvería en definitiva por la negativa. Si ello ocurre, a Florence Cassez no le quedaría más que acudir a instancias internacionales, donde con los ojos cerrados ganaría una demanda contra el Estado mexicano por las violaciones a sus garantías”, consideran los funcionarios judiciales.
*Tomado de la revista Proceso.
