Tutti contenti*

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.


Octavio Rodríguez Araujo

Más allá de la bien estructurada primera intervención de Javier Sicilia, el encuentro en el Castillo de Chapultepec (23 de junio) me dejó un pésimo sabor de boca. Me pareció una ópera bufa en la que cada uno de los intérpretes había aprendido, más o menos, su papel. Y aquí incluyo la escena del escapulario, que finalmente no fue el que recibió Calderón. A Sicilia se le enredaron los diferentes colguijes que traía en el cuello y el señor Presidente”, después de acercarse al poeta, escogió el que pudo y se lo puso en el cuello: no era el escapulario, como todos pudimos ver, pero no importó. Lo que importaba era la escena de un religioso dándole a otro religioso un símbolo religioso, y se supone que dicha acción sería conmovedora. No lo fue, no para quienes pugnamos por un Estado y un gobierno laicos.

El montaje en escena se entiende mejor si tomamos en cuenta los antecedentes y los resultados. Éstos fueron nulos para el país, buenos para Calderón y controvertidos para Sicilia y quienes lo acompañaron previamente seleccionados al castillo. El titular del Ejecutivo se presentó, una vez más, como un gobernante que dialoga en vivo y a todo color con quienes han criticado una de sus políticas principales: su lucha contra el crimen organizado y la inseguridad creciente en México. Diálogos, ambos, demagógicos y sin resultados prácticos para la nación, pero eso sí, aplaudibles para algunos… de derecha.

Más allá de esa escena, Calderón demostró que cuando se sube en su mula nadie lo baja. Usó la tribuna para decir lo que todos sabemos y para justificar acciones del Ejército que no le corresponden ni tienen base legal. Por lo tanto, el país no se verá beneficiado por el encuentro del castillo, sino que todo seguirá igual: las mismas arbitrariedades, la misma criminalidad de tirios y troyanos, la inseguridad, las mismas políticas sociales y económicas, la corrupción, la impunidad y un largo etcétera.

Lo de Javier Sicilia provoca sospechas, y lo digo aunque sea políticamente incorrecto. Un breve y esquemático repaso de los antecedentes del encuentro nos obliga a ser maliciosos. El lunes 28 de marzo fue encontrado el cadáver de su hijo. Sicilia estaba de viaje, al parecer en Filipinas. El viernes primero de abril Carmen Aristegui le preguntó si ayer [el jueves] lo había llamado Felipe Calderón, y el poeta titubeó precisamente por el cambio de horarios pues si en México son las 12 del día del jueves en Manila son las 3 de la tarde del viernes. Sí es para confundirse, pero haciendo cuentas lo más probable es que Calderón lo llamara el martes 29 en la noche o en la madrugada del miércoles 30. ¿Dónde consiguió el número telefónico de Sicilia y por qué le habló? Son amigos o, en palabras del poeta, “me conoce […] su esposa me conoce” (entrevista D. Rea y H. R. González a Sicilia en Reforma, 4/04/11). Yo conozco a mucha gente y no necesariamente me sé sus números de teléfono como para hablarles si les ocurre una desgracia. Pero en fin, son conocidos.

En la conversación telefónica Calderón-Sicilia (éste en Filipinas), el poeta dice que le dijo “ya estamos hasta la madre de ustedes” y Calderón se comprometió a que se aclararía el crimen (véase, entrevista de Arturo Jiménez a Sicilia, La Jornada, 3/04/11). Más adelante el habitante de Los Pinos convocó al poeta a su residencia oficial. Sicilia fue y de ahí se trasladó a Cuernavaca para sumarse a la marcha del 6 de abril. Ahí emplazó a los gobernantes, de Morelos y de México, a presentar a los culpables el 13 de abril, y si no lo hacían convocarían a “una marcha en el Distrito Federal para exigir la renuncia de Marco Antonio Adame y un alto a la absurda guerra de Calderón contra el narcotráfico”.
El 13 de abril llegó sin la presentación de los culpables, por lo que, en el zócalo de Cuernavaca, el poeta Javier Sicilia pidió la renuncia del gobernador de Morelos, Marco Adame (no la de Calderón), y convocó a una marcha silenciosa el domingo 8 de mayo hacia el Zócalo de la ciudad de México, para obligar a Calderón y los demás actores (políticos) del país a firmar un pacto nacional auténtico, que debería signarse en la ciudad más dolida de las dolidas: Ciudad Juárez.

El domingo 8 de mayo, ya en el Zócalo del DF, no pidió la renuncia de Marco Adame, sino de García Luna, secretario de Seguridad Pública. Esta demanda no estaba en el programa, fue una iniciativa del poeta, según dijo, para ver si el gobierno federal daba señales de haberlos escuchado.

Más adelante se organizó la famosa marcha a Ciudad Juárez. Y ahí quedó claro, contra los resolutivos de las mesas de debate, que Sicilia estuvo en contra de que el Ejército volviera de inmediato a los cuarteles y de que se le exigiera la renuncia a Calderón. No más exigencias de renuncias, ni Marco Adame, ni García Luna, ni mucho menos el jefe del Ejecutivo federal.

Finalmente el encuentro del castillo, donde García Luna no fue vituperado. ¿Por qué no estuvo Luz María Dávila, la madre de dos jovencitos asesinados en una fiesta en Juárez (30/01/11) y que increpó a Calderón diciéndole que no le podía decir “bienvenido” porque para ella no lo era? Más llama la atención su ausencia en el castillo pues fue ella la que recibió a Sicilia en Villas de Salvárcar y le dio un rosario para agradecerle el esfuerzo de recorrer el país. No me pareció ver tampoco a algún familiar de Josefina Reyes Salazar, asesinada el 3 de enero y activista de movimientos contra la represión y violencia del Ejército en el Valle de Juárez. Aunque su familia fue mencionada por Sicilia, ¿por qué no fue invitada Maricela Reyes Salazar, su hermana? ¿Por beligerante y contestataria? ¿Porque ella y otros son parte de los “duros” excluidos precisamente en Ciudad Juárez?

Ni estaban todos los que son ni son todos los que estaban. Fue como una reunión de las que organizaban los gobernantes priístas con la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, aunque más amable y con menos protocolo. Amistosa, pues; tanto que Sicilia preguntó si podía fumar, como un fumador hace cuando está en casa de amigos donde no hay cenicero en la mesa. El final, feliz, todos amigos y nadie quiso recordar que el primero de abril Sicilia, desde Cuernavaca, había hablado de “cabrones del gobierno” y que se largaran “si no tienen [Calderón y Adame] capacidad para garantizar paz, seguridad y justicia en el país” (La Jornada, 2/04/11). Los publicistas de Calderón y las derechas están muy contentos y elogian el encuentro, por ambas partes.

Tutti contenti, como en la ópera de Mozart o tal vez, como dijo el mismo Sicilia después, le faltó dureza, “una posición más fuerte” frente a Calderón (entrevista con José Gil Olmos, proceso.com.mx, 26/06/11).

http://rodriguezaraujo.unam.mx

*Tomado de La Jornada.

Concesionarios e IFE, la guerra por el rating*

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (apro).- Desplegados en prensa y comentarios inducidos de sus principales conductores en los espacios televisvos y radiofónicos han anunciado el nuevo ataque de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) en contra del Instituto Federal Electoral.
Su objetivo, el lunes 27 de junio, era frenar la aprobación del reglamento de radio y televisión que, según ellos, afectaba la “viabilida técnica” de los spots. No lograron su cometido porque tras cinco largas horas de discusión, en votación dividida, 4 de los 6 consejeros aprobaron que el plazo máximo de entrega de las pautas de los spots para las campañas se redujera de 10 a 4 días hábiles.
Sin embargo, este round es sólo el inicio de una estrategia para demostrar el músculo de los dueños de la estaciones de televisión, especialmente Televisa y TV Azteca, utilizando a la CIRT para imponer sus intereses en un Consejo General mutilado.
El organismo cúpula de los concesionarios reaccionó con virulencia a este anteproyecto, como antes lo hizo con otro borrador de reglamento sobre el derecho de réplica, acusando al árbitro electoral de atentar contra la libertad de expresión.
El desplegado publicado el lunes 27 afirmaba que si se aprueba este reglamento, para el 2012 existirán 39.2 millones de spots de los partidos y podrían enviarse 30 mil versiones distintas de promocionales que hacen imposible el manejo y el incumplimiento de lo ordenado por el IFE.
“La combinación de millones de spots y miles de versiones no han sido manejadas en país alguno”, adviertió la inserción pagada. Acusaron al IFE de que ni un solo perito técnico participó en la elaboración del reglamento, no se consultó a los concesionarios de radio y televisión, y no se estableció un “periodo de prueba” para garantizar el cumplimiento.
El desplegado acusó a los consejeros promotores de este reglamento de “experimentar” y lanza una pregunta con toda la insidia posible:
“¿Acaso el IFE está planeando se anulen las elecciones del 2012 por los incumplimientos masivos que tendrán la radio y la televisión”.
La pregunta está fuera de lugar, pero manifiesta el fondo de la disputa entre los concesionarios y el IFE: la responsabilidad de lo que ellos anticipan como “incumplimento masivo” de lo que ordene el organismo electoral.
Son dos las razones que advierten que los “argumentos” de los concesionarios están fuera de lugar:
a) En primer lugar porque la anulación de la elección no le corresponde al IFE sino al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
b) En segundo lugar, porque las complicaciones técnicas que ahora aducen son falsas. Cuando los spots eran pagados en 2006, en menos de 24 horas, las estaciones de televisión y de radio podían cambiar la inserción y difundir lo que el cliente quería.
Durante la discusión de la noche del lunes 27, el repesentante del PRD, el senador Pablo Gómez, les cuestionó este argumento.
Durante la elección de 2006, argumentó, el PAN y su candidato Felipe Calderón Hinojosa pudieron sustituir el material el mismo día. Así surgió la famosa campaña con el eslogan “López Obrador, un Peligro para México”.
En la mesa de análisis de ForoTV, en canal 4 de Televisa, el especialista en encuestas Ulises Beltrán también opinó lo mismo: los concesionarios siempre han podido hacer cambios de última hora. El problema es que ahora no serán pagados sino forman parte de los tiempos de Estado.

La Publicidad Encubierta
En realidad, el pleito por la disminuición del tiempo en la entrega de las pautas de los spots tiene otro objetivo: controlar y cooptar al árbitro electoral que está en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Lo demostraron en la misma sesión del 27 de junio. Aliados con los representantes del PRI, del Panal y del Partido Verde, los concesionarios van por todo: la alianza tricolor-medios para no afectar el enorme negocio de publicidad encubierta que están preparando ambas partes y que ya ensayaron en el caso de Enrique Peña Nieto y la mayoría de los 19 gobernadores del PRI.
Su principal molestia es que el IFE se decida se prohibir la llamada “publicidad encubierta” o product placement de los candidatos o aspirantes a políticos que aparecen en programas de variedades, tomando café, comentando sus amoríos de telenovela o en partidos de futbol, apoyando a un equipo, mientras las televisoras los apoyan a ellos.
Este es el punto medular de la batalla de los concesionarios contra el IFE.
Ricardo Becerra, jefe de asesores de la Secretaría Ejecutiva del IFE, escribió sobre este punto en su artículo “¿Es el IFE una institución responsable?”:
“Una de las deformaciones más notables de nuestras elecciones es que en algún momento la propaganda se desparramó por todas partes y los mensajes políticos ya no sólo cruzan los espacios clásicos (spots, noticieros y debates, como en cualquier democracia que se tome en serio) sino que inundan –como sin querer- toda la barra de audio y video para mayor banalización de los personajes y de la política misma. Como puede verse, es muy importante, y conviene a todos, que el IFE anticipe la manera en que los va a catalogar” (El Universal, 27 junio 2012, p. 20).
En otras palabras, la disputa es por permitir o frenar la hipercomercialización de la información (que se vuelve propaganda encubierta), del entretenimiento (que se transforma en advertainment) y hasta de las encuestas (que ya vimos son instrumentos de marketing y no de medición autónoma) durante las campañas electorales. De nuevo, el dinero público y privado que “compra” tiempo-aire para ganar en la pantalla lo que se anticipa como aplastamiento en las urnas.
Desde que se opusieron a la reforma electoral, en 2007, los concesionarios mandaron al Senado a sus principales comentaristas y lectores de noticias para dejar en claro que no abandonarán la “gacetilla electrónica”. En ese momento dijeron que defendían la libertad de expresión. Como lo han vuelto a repetir.
Se trata de “compensar” la prohibición de la compra de tiempo-aire, vía spots, a través de entrevistas pagadas, sondeos a modo del cliente, menciones en telenovelas, programas de espectáculos, partidos de fútbol, en fin, todos aquellos programas que generan mayor rating y que pueden ser mejor comercializados.
En esencia, se trata de ganar la guerra por el rating facturado a las cuentas de quienes ya actúan como ganadores en el 2012.

www.homozapping.com.mx
www.jenarovillamil.wordpress.com
@jenarovillamil

*Tomado de la revista Proceso.

Sicilia-Calderón, la metáfora de Gandhi*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Univrsl, Helioflores y Naranjo.


Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F. (apro).- Cuando vi a Javier Sicilia regalar un escapulario a Felipe Calderón, que sonrió con malicia mientras escabullía el abrazo, interpreté de golpe que se le rendía al poder, pero esa imagen parece ser una metáfora: Es Gandhi dándole al general británico Jan Smuts las sandalias que tejió en la celda donde éste lo hizo prisionero.
Quizá son sólo ganas de creer, pero veo absolutamente genuina la convicción de Sicilia de actuar conforme a la ética y hablar con el corazón. Aun con el infinito dolor por la pérdida de su hijo, no busca la venganza, sino el perdón y cree –como Gandhi– que la verdad y el amor triunfan siempre.
Gandhi decía: “En los momentos de desesperanza, recuerdo que en el transcurso de toda la historia la vía de la verdad y del amor siempre ha ganado. Ha habido tiranos y asesinos, y durante un tiempo parecen invencibles, pero al final, siempre caen (…) ¿Qué le importa al muerto, a los huérfanos y a los sin techo si la desquiciada destrucción es producida bajo el nombre de totalitarismo o el santo nombre de libertad y democracia?”
En una nación donde han tomado residencia el odio, la impunidad, la violencia y la displicencia, hablar de paz y amor parece un contrasentido. Más aún, en medio de la simulación y el mercadeo, el diálogo de la sociedad con el poder es un equívoco.
Lo que aprecio en Sicilia y en el movimiento que encabeza –porque él no es el movimiento– es una oportunidad a la paz mediante el diálogo, así sea, como en Gandhi con el mariscal Smuts, con el responsable de “la desquiciada destrucción” de parte del Estado.
De otra forma, como lo advierte el propio Sicilia –a menudo catalogado de ingenuo y timorato–, “vamos hacia los chingadazos”.
Y otra vez Gandhi: “La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia” y “No hay camino hacia la paz, la paz es el camino.”
A nadie escapa, sobre todo a quienes lo conocen desde hace años en el Partido Acción Nacional (PAN), el talante sórdido de Calderón, un individuo acomplejado, vengativo e inescrupuloso, pero el diálogo del jueves 23, en el alcázar del Castillo de Chapultepec, hay que verlo sobre todo desde el ángulo de un sector de la sociedad que aspira a seguirle apostando por la democracia.
Calderón ha sido hostil al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad desde el origen mismo de éste y sobre todo cuando, a principios de abril, se organizó una caravana desde Cuernavaca al Zócalo y luego la que llegó a Ciudad Juárez. Es la misma prepotencia presidencial contra cualquiera que le hace ver la costosa “guerra” en vidas humanas en que ha metido al país.
Gandhi: “No me gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro otra mejor. El amor empuja a tener hacia la fe de los demás el mismo respeto que se tiene por la propia”.
Por ese mismo talante, el diálogo del jueves 23 estuvo a punto de frustrarse: Primero porque, según Roberto Gil Zuarth, el secretario particular de Calderón, la sede prevista para el encuentro, el Museo Nacional de Antropología e Historia, era vulnerable a las protestas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Luego, por el empecinamiento oficial de ser los únicos capaces de transmitir la señal de televisión y después porque el formato para las intervenciones de las víctimas les era incómodo.
Con la idea de no poner en riesgo a las víctimas, los negociadores del movimiento cedieron a cambiar de sede, pero era inaceptable suprimir voces de quienes han perdido a familiares por la violencia y que fueran excluidos los medios independientes.
¿Qué se ganó con el encuentro del jueves 23? Calderón, ahí están los hechos, difundirá propaganda de su voluntad de diálogo y su valentía para enfrentar a los malos. El movimiento de las víctimas obtuvo una visibilidad extraordinaria, un fideicomiso para el memorial y las indemnizaciones, y una fuerza moral que obliga a los poderes del Estado a ceder.
¿Es poco o es mucho? Según se quiera ver y se sabrá pronto. Sigo pensando que, como lo escribí la víspera del encuentro, Calderón pudre lo que toca, y quisiera volver a estar equivocado, pero pienso que el movimiento de Sicilia ya trascendió a ese individuo que se ostenta como jefe de la nación a quien la historia –él lo sabe– le tiene reservado un lugar en un muladar.
Pienso, también, que este movimiento social, como otros muchos que hay en el país, diversos, podrían articularse para convertirse en una fuerza que interpele al poder público más allá del 2012, cualquiera que sea su signo partidario. Pero quizá son sólo ganas de creer.
Como Sicilia y como Gandhi, que decía: “El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el ser humano”.
Y añadía: “Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas”…

Apuntes

Pero Gandhi tenía razón: “Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos”.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

La ciudadanía quiere más*

Tomados de La Jornad, Hernández, Helguera y Rochay El Universal, Helioflores.


John M. Ackerman

No hay duda de que el encuentro entre Javier Sicilia y Felipe Calderón este jueves en el Castillo de Chapultepec fue sumamente poderoso en el plano emocional. Conmovieron las lágrimas de María Elena Herrera, emocionaron las palabras de Salvador Campanur e indignó la cerrazón del Presidente. Algunas víctimas efectivamente se visibilizaron y los funcionarios federales tuvieron que pasar un par de tragos amargos al escuchar los señalamientos provenientes del otro lado de la mesa.

Sin embargo, el trago más amargo fue para los ciudadanos, al percatarse de que tres cansados meses de movilizaciones, caravanas, reuniones y denuncias terminaron en un mero espectáculo mediático armado para que Calderón demostrara su supuesta compasión por las víctimas y exigiera a la sociedad que lo deje trabajar en paz. Tal como han señalado algunos analistas, el enorme “entusiasmo” y satisfacción del presidente con el encuentro no es “ni gratuito ni exagerado”.

Definitivamente, esta reunión en Chapultepec fue menos exitosa que el acto de firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del 21 de agosto de 2008. En aquella reunión en Palacio Nacional las víctimas también hablaron con claridad y contundencia. Allí el empresario Alejandro Martí lanzó su poderosa exigencia: “Si no pueden, renuncien, pero no sigan... recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción”.

Al contrario de entonces, este 23 de junio las víctimas no responsabilizaron a nadie por su desgracia ni condicionaron su respaldo al gobierno en turno a la entrega de resultados concretos. En lugar de presionar a Calderón y obligarlo a cumplir, se le abrió la perfecta escotilla de salvamento para eludir su responsabilidad echando la culpa al Poder Judicial, el Congreso de la Unión, a los gobiernos de las entidades federativas y a los mismos criminales.

El evento de hace tres años fue una farsa en muchos sentidos, pero al final de cuentas fue un acto de Estado en que de manera coordinada representantes de los tres poderes federales, todas las entidades federativas y una gran diversidad de actores políticos quisieron demostrar su voluntad para resolver el grave problema de la inseguridad pública. En contraste, el encuentro del jueves fue un acto personal de Calderón y su gabinete montado con el fin de apuntalar la legitimidad del Presidente y las posibilidades electorales de su partido, que cada día están más disminuidas.

Pero la diferencia más importante entre los dos encuentros es que, mientras hace tres años todas las instituciones presentes se vieron obligadas a firmar con puño y letra una serie de 75 compromisos para poner fin a la violencia en el país, hace cuatro días el gobierno federal no firmó ni se comprometió formalmente absolutamente a nada. Las palabras se las lleva el viento y las víctimas se quedaron con las manos vacías.
Ahora bien, todos sabemos que al final de cuentas el acuerdo de 2008 resultó ser un fracaso contundente. Desde un principio el documento era sumamente criticable porque se limitaba a enlistar una serie de acciones generales como “fortalecer el sistema penitenciario”, “establecer un sistema nacional de desarrollo de ministerios públicos” e “instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad”, sin señalar cuáles serían los resultados específicos y empíricamente medibles de estas acciones.

Sin embargo, la realidad terminó por rebasar las ya de por sí bajas expectativas de éxito del acuerdo. Durante los últimos tres años, hemos sido testigos tanto de un aumento escalofriante en la violencia como del imperdonable desmoronamiento de la fortaleza institucional del Estado mexicano.

Hoy las expectativas de que el encuentro entre Sicilia y Calderón tenga algún impacto positivo en la inseguridad del país son aún más bajas que hace tres años. Es cierto que todavía faltan las reuniones con el Congreso de la Unión y el Poder Judicial pero, si el “diálogo” del jueves sirve de guía, podemos estar seguros de que los que más aprovecharán estos futuros encuentros serán Manlio Fabio Beltrones y Juan Silva Meza, y no la sociedad civil organizada o las víctimas de la “guerra” de Calderón.

Conforme ha avanzado su movimiento, Sicilia se ha ido desmarcando una por una de sus propuestas originales y edulcorando sus exigencias. Primero se vio obligado a retirar su solicitud de renuncia de Genaro García Luna, posteriormente desconoció los acuerdos elaborados en Ciudad Juárez el 10 de junio y el jueves pasado ni siquiera se atrevió a defender los seis puntos del pacto original lanzado en el Zócalo el 8 de mayo. Con esta estrategia, Sicilia ha ido ganando espacios mediáticos, pero perdiendo apoyo popular. Hoy el poeta se arriesga a quedarse solo envuelto en un enjambre de micrófonos y cámaras.

En su primera rueda de prensa después de la muerte de su hijo Juan Francisco, un periodista preguntó a Sicilia: “¿Hasta dónde va a llegar si no pasa nada?” Y el poeta contestó: “Hasta donde la ciudadanía quiera, hasta que renuncien, hasta que se vayan o hasta que quede claro que ya no queremos más muertos. Esos cabrones tienen que dar cuenta a la ciudadanía”. Hoy le decimos a nuestro amigo Javier que hasta hoy no ha pasado absolutamente nada, que “esos cabrones” todavía no le han dado cuentas a nadie y que la ciudadanía quiere más.

http://www.johnackerman.blogspot.com , Twitter: http://www.twitter.com/@JohnMAckerman

*Tomado de La Jornada

Desfiladero*

Tomado de La Jornada, Hernández.


∙ Terror en Jalapa

∙ Pánico en Monterrey

∙ Esperanza en el Edomex

Jaime Avilés


Tres empleados de Construcciones Santa Clara –entre ellos, el ingeniero Raúl Tecatl Cuevas–, regresaban a Jalapa, el viernes 17 de junio, cuando a las siete de la noche los detuvo un retén del 63 batallón de infantería, en la ex hacienda El Lencero. Los soldados los bajaron de la camioneta en que viajaban. De pronto se desató una balacera. Los militares respondieron con todo, incluso con apoyo de helicópteros artillados. Fue cosa de minutos.

Cuando el zafarrancho terminó, el ingeniero estaba muerto dentro de otro vehículo, con diez heridas de bala en la espalda y un tiro de gracia. Sus dos amigos también estaban muertos, pero incompletos, pues a ellos les habían cortado las manos. Los cadáveres fueron retratados junto con armas de alto poder. La versión oficial los tachó de “sicarios”.

Durante horas circularon rumores que hablaban de cuatro víctimas inocentes: “tres hombres y una mujer”. En su palacio, el gobernador Javier Duarte analizaba la matanza. Cuando se puso de acuerdo con sus cómplices, declaró que, en un “exitoso operativo”, habían muerto “11 sicarios”.

Indignados, los allegados al ingeniero hoy combaten la mentira. En el portal Plumas Libres, Eduardo Segura escribió: por “la maldita guerra estúpida que vive nuestro país, murió sin deberla ni temerla Raúl Tecatl, primo político de un servidor (...) brillante profesionista, originario de Jilotepec (...) que fue cruelmente acribillado de 10 balazos y pasó por boca de las autoridades a ser un sicario; por favor, qué falta de escrúpulos tienen al asesinar a un hombre de bien y destruir moralmente a toda una familia, dejar a su pequeño hijo en la orfandad y sembrar un futuro incierto y de desesperanza”.

En el periódicodigital.com.mx, alguien bajo el seudónimo de “Ozz”, reiteró: “el 17 de junio, en El Lencero, fueron asesinados a sangre fría un familiar y otros dos compañeros de trabajo. Las autoridades dicen que están limpiando Veracruz, pero están matando civiles como ustedes y como yo”. Otro lanzó esta pregunta: “¿por qué no dicen nada de mi amigo que le desfiguraron su cuerpo y de los otros dos pobres que les cortaron sus manos?”.

Obvio: en Jalapa ocurrió lo mismo que el 20 de marzo de 2010 en Monterrey, donde dos estudiantes del Tec fueron torturados y asesinados por el Ejército que los acusó de “sicarios”; o lo mismo que el 31 de marzo de 2008 en Culiacán, donde cuatro jóvenes que iban a una fiesta fueron ametrallados en un retén militar; o lo mismo que el 5 de abril de 2010 en Tamaulipas, donde otros soldados dispararon a ciegas contra una camioneta y dieron muerte a dos niños. O lo mismo que... escriban ustedes la fecha y el sitio donde se han producido hechos similares en todo el país.

Exhortar a los soldados a matar inocentes y presentarlos como “sicarios” para cobrar un premio, es una práctica llamada “falsos positivos”, que inventó el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando era jefe de la policía de Álvaro Uribe, otro genocida de la talla de Felipe Calderón. Hoy, Uribe es interrogado por la justicia de su país, debido a sus vínculos con los paramilitares que exterminaron a miles de hombres y mujeres. Santos, por su parte, condecoró a Genaro García Luna porque desde 2008 las fuerzas armadas mexicanas entregan “falsos (resultados) positivos”, como acaba de reconfirmarlo el caso del ingeniero Raúl Tecatl y sus acompañantes, un asunto que debe volver a movilizar a la sociedad para que los responsables del crimen sean castigados en forma ejemplar. ¡Atropellos como éstos ya no deben repetirse nunca, nunca más en México!

A propósito de lo mismo, Yuriria Iturriaga, corresponsal de La Jornada en París, me renvió una carta que alguien de su confianza le mandó desde Monterrey, ciudad en la que se está dando, le dicen, “un fenómeno jamás antes visto, que es el secuestro masivo y al azar de la gente en la calle, es decir, te ven, te detienen, te suben a una camioneta con otros secuestrados, y te van cambiando de camioneta hasta que tu familia da el dinero o te matan”.
Se presume, añade la carta, que “se están cometiendo de 80 a 110 secuestros diarios. Mujeres, niños, ancianos, de todas las clases sociales sin distingo, lo que habla de unas tres mil personas secuestradas al mes”. “¿Será verdad tanto horror?”, pregunta Yuriria. No sé, pero intento recordar. ¿Cómo empezaba el reportaje que Sanjuana Martínez publicó el domingo pasado en este diario?

Así. “¿Qué se hace en un anfiteatro con 50 descuartizados? Para los médicos forenses integrar las piezas de cada persona es una tarea difícil, imposible en algunos casos, tanto que algunos familiares deciden enterrar a sus muertos de manera incompleta. En lo que va del año, 50 personas han sido descuartizadas en Nuevo León, la mayoría con el uso de sierra eléctrica”. Y ha habido, agrega, según estadísticas oficiales, 743 asesinatos.

¿Es verdad que salir a la calle en Monterrey es tan pero tan peligroso? Sí, me dicen periodistas amigos, consultados por teléfono. “El gobernador (Rodrigo Medina) ya no existe. La desaparición de poderes se masca en el aire, pero la popularidad del Ejército está al alza. Acaba de haber una expo de las fuerzas armadas: la asistencia sobrepasó el medio millón de personas. Saca tus conclusiones.”

Lo intento. Hace 11 años, cuando la conocí, Monterrey era la ciudad más “segura” de México: los pobres vivían amontonados en los cerros; en el centro había tolerancia cero, y entre los ricos, en todos los casos de injusticia, siempre ganaban los injustos. ¿Quién recuerda a Gabriela Rodríguez Segovia, la acaudalada mujer a quien sus hermanos encerraron en un manicomio para quitarle su casa, su dinero y sus hijos? ¿Qué fue de Joaquín Romo de Vivar, el empresario a quien el gobierno panista despojó de su spa y trató de matarlo? A costa de los más débiles, los poderosos dinamitaron el estado de derecho, pero crearon una impunidad sin límites que terminó devorándolos.

Volvamos a Veracruz, donde Fidel Herrera brindó impunidad a todos corrompiendo todo. Anteayer, mientras su sucesor presidía un banquete en El Lencero, para festejar el asesinato del ingeniero Raúl Tecatl, por las calles de Jalapa protestaban los padres de decenas de jóvenes desaparecidos en esa ciudad, de abril a la fecha. Moraleja: socializa la impunidad y generarás caos. ¿O qué hizo Felipe Calderón en todo México? Se robó la presidencia y para poder “gobernar”, abolió el estado de derecho. Más de 40 mil muertos, más de 10 mil desaparecidos; cientos de narcofosas aún sin abrir a lo largo de las vías del tren que va de Chiapas a Texas; la droga más presente y más barata que nunca; la inseguridad pública en todo su esplendor y Estados Unidos construyendo una base militar en Puebla para invadirnos desde adentro. ¡Esta es su obra!

¿Y qué hay de Paulette, y de Mónica Pretelini, y de los feminicidios y de la corrupción de Peña Nieto? En Youtube, un video (busquen “secundaria 582”) muestra a alumnos de una escuela pública haciendo banderitas que proclaman: “Eruviel gobernador”. Cuando AMLO dijo en 2006 que “la mancha de un fraude electoral no se puede borrar ni con el agua de todos los mares”, jamás pensamos que esa mancha sería de nuestra sangre. Pero hoy, si algo tenemos claro, es que para salir de esta pesadilla sólo debemos despertar. La rebelión pacífica puede estallar de mañana en ocho, cuando Alejandro Encinas y las estructuras de Morena en el estado de México enfrenten al copetón, al chapitas y a la narcodictadura salinista y, con ayuda de usted, señorita, y de usted, señor, sí, y también de usted, señora... tal vez los derroten.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

El monólogo*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Naranjo.


Luis Javier Garrido

El fracaso del movimiento de Javier Sicilia para hacer valer la exigencia nacional de poner fin a la guerra criminal que Felipe Calderón ha impuesto a los mexicanos no significa que la maquinaria criminal del régimen no se pueda detener a corto plazo.

1. La lógica de violencia militar contra el pueblo de México, que no es contra “el crimen organizado”, llamada mentirosamente “guerra contra el narco”, acordada en 2006 por el grupo de Felipe Calderón y el gobierno republicano de George W. Bush, entre otras cosas para tener en la silla presidencial de México a quien no había ganado las elecciones, tiene como objetivo someter a los mexicanos a fin de poder imponer a fondo el modelo neoliberal y los intereses de Washington y del capital trasnacional, y no combatir el narcotráfico, que es un negocio de Estado, de ahí que uno de sus objetivos colaterales sea precisamente la muerte de miles de inocentes, y esto al parecer no lo quisieron entender los integrantes del movimiento fundado por Sicilia.

2. El encuentro llevado a cabo ayer 23 de junio en el Castillo de Chapultepec entre el novelista y poeta Javier Sicilia e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, por un lado, y Felipe Calderón y algunos de sus colaboradores en el gobierno ilegítimo, por el otro, podría ser visto por algunos dirigentes de dicho movimiento como un pírrico “triunfo” porque lograron que se pudiera escuchar a través de un canal de la televisión por cable, durante poco más de tres horas, la voz de la inconformidad social o porque exhibieron a Calderón repitiendo hasta la saciedad sus tonterías, pero en realidad constituyó en los hechos un rotundo fracaso para Sicilia y sus compañeros, que aparecieron al terminar el mismo como plenamente subordinados al gobierno criminal que pretendían impugnar, relegados al papel de colaboradores de éste en “comisiones de seguimiento” de sus demandas en el marco de la lógica militarista a la que decían oponerse, y sobre todo, como incapaces para hacer valer lo mínimo que se habían propuesto, que era exigir con fuerza y dignidad un “alto a la guerra”.

3. La incapacidad hasta ahora de quienes desde ese movimiento anunciaron que se proponían terminar con la guerra de Calderón, a la que ahí mismo en Chapultepec varios de ellos calificaron como “atroz y sin sentido”, “irracional” e “injusta”, está en la caracterización equivocada de lo que es el gobierno ultraderechista y entreguista de Calderón, pero también y sobre todo en la injerencia que han tenido al interior de dicho movimiento políticos de la derecha dirigentes de varias ONG católicas y vinculados al régimen panista.

4. El encuentro estaba destinado al fracaso de antemano, ya que la dirigencia del movimiento pretendía absurdamente, “por la vía del diálogo”, convencer al gobierno panista de facto de terminar con “la guerra” que lleva a cabo, cuando ésta responde a los intereses económicos y políticos del grupo en el poder, y la única posibilidad de supervivencia política de Calderón y de poder imponer a su sucesor en el 2012 es precisamente el extremar la violencia y el clima de terror en el país, como lo está haciendo en Michoacán con el sueño de imponer a su hermana en la gubernatura, olvidándose además los inconformes que esta “guerra” impuesta al gobierno panista desde el exterior, la dirigen ya las agencias de Washington, y que Calderón y su grupo no tienen capacidad de decisión sobre su futuro. No obstante lo cual, haciendo prevalecer un supuesto espíritu cristiano, persistieron en este escenario del diálogo que les resultó fatal.
5. La exigencia más fuerte de Javier Sicilia, que fue la de demandarle a Felipe Calderón le pidiera perdón a la nación por su guerra, fue así retomada por éste, que no dejó en ningún momento el tono de chacota que le caracteriza, ni ante el dolor expresado por varios integrantes del movimiento, señalando que en todo caso podría pedir perdón por no haber sido suficientemente eficaz en su guerra.

6. Calderón logró capotear a lo largo de esas más de tres horas a las voces del movimiento fundado por Sicilia y transformarlo al final en su discurso demagógico en un grupo que está de acuerdo con él en lo fundamental, sin que nadie le contradijera, y que en lo sucesivo va a trabajar con él; es decir, que los criminales son los otros, que los responsables de todo son los gobiernos del PRI en el pasado y los gobiernos locales y municipales, y desde luego los jueces, pero nunca su gobierno, por más que se haya hablado de las vinculaciones del régimen panista con el narco. Del “diálogo” se pasó al “monólogo”, no en balde Sicilia y sus amigos están apoyando la contrarreforma electoral calderonista, incluyendo la relección inmediata de diputados y senadores, que con el pretexto de crear “instituciones democráticas” lo que busca es hacerlas inexistentes, y en relación con la guerra le piden a Calderón que cree “un organismo ciudadano” para vigilarlo: una vez más, la confusión de lo público y lo privado.

7. De lo acontecido en Chapultepec, muchas cosas se recordarán: las voces dolientes de Araceli Rodríguez Nava, Norma Ledesma y María Elena Herrera hablando de la irresponsabilidad del gobierno y de su complicidad con la injusticia, o la del indígena Salvador reclamando el fin de la represión y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Pero sobre todo la de Julián LeBaron, de Chihuahua, reclamándole a Calderón sus mentiras en torno a la justicia que dice se ha hecho sobre los crímenes de sus familiares, pues ahí aparece un punto crucial de todo: buena parte de los crímenes contra el pueblo han sido cometidos por lo que Calderón llama “bandas criminales”, que no son otra cosa que los grupos paramilitares organizados por su gobierno: de ahí la impunidad.

8. Diversas plumas han sostenido que tras la caravana del consuelo de Cuernavaca a Ciudad Juárez (4-10 de junio) se escuchó la voz de los dolientes, pero lo cierto es que en los medios la única voz que se escucha sigue siendo la del poder, y tras lo acontecido en Chapultepec aparece la responsabilidad de Sicilia y de sus compañeros. ¿Cómo puede un movimiento que entre otras cosas pretende “democratizar al país” oponerse a la democracia al interior del mismo, como lo hicieron sus dirigentes, tras las mesas de Ciudad Juárez, que iban a servir para definir sus objetivos, y ellos se negaron a acatar los acuerdos que ahí democráticamente se tomaron para poner fin a la guerra?

9. Los acuerdos de exigir un juicio político a Calderón, de demandar el fin inmediato de la Iniciativa Mérida y de cancelar toda injerencia de las agencias de seguridad de Washington en los asuntos de México fueron suprimidos de un plumazo por la cúpula del movimiento, y uno de sus dirigentes, Emilio Álvarez Icaza, se dedicó en una campaña en los medios a descalificar a quienes los sostuvieron como “extremistas” y “ultras”.

*Tomado de La Jornada.

Sin brújula*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha.


Octavio Rodríguez Araujo

Es de preocupar lo que está pasando en las esferas del poder institucional, tanto del gobierno federal como de los estatales, incluido el DF. O no tienen brújula o ésta está desconchinflada.

Comenzaré por las fantasías del gobierno federal y su flamante vocero Alejandro Poiré. Ante las propuestas sueltas sobre el establecimiento de pactos entre el gobierno y el crimen organizado (la de Sicilia entre aquéllas, Reforma, 4/4/11), el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional ha dicho que el gobierno de Felipe Calderón no pactará con las organizaciones criminales. Okey, que no pacte. Pero lo que no queda claro es que no pactará porque hacerlo “significaría debilitar a las instituciones de seguridad y justicia, abonar a la impunidad, permitir el crecimiento de los grupos criminales y darles manga ancha para incurrir en delitos como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el robo” (La Jornada en línea, 20/6/11). Más adelante dijo que no se puede pactar fuera de la ley y que el “único camino es el de las instituciones, la ley y la reconstrucción del tejido social”.

¿Dentro de la ley? ¿No debilitar las instituciones? Vamos, señor Poiré: explique en su blog a qué ley se pueden acoger los retenes militares en ciudades y carreteras y los cateos de casas sin orden expresa de un juez. A finales del año pasado escribí, después de revisar cuidadosamente nuestra legislación, que “la Secretaría de Seguridad Pública no tiene entre sus atribuciones realizar acciones preventivas en materia de seguridad, sólo ‘aprobar el sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para prevenir la comisión de delitos’ (ver atribuciones de la SSP, fracción XVI); la Secretaría de la Defensa tampoco, como puede verse en el título segundo, capítulo II, artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Ley Orgánica de la Armada de México sólo tiene atribuciones para prevenir la contaminación marítima. En otros términos, estas instancias del gobierno federal no tienen facultades de prevención en materia de seguridad, aunque sí las tienen para garantizar la seguridad interior del país y su mar territorial. Garantizar no es prevenir. Para esto existe la policía preventiva”, Demuestre que estoy equivocado y fundamente el supuesto apego a la ley a que se refiere. Es el gobierno del que usted habla el que ha debilitado a las instituciones (comenzando por el Ejército y la Marina), además del crimen organizado que ha podido corromper autoridades y ocupar espacios geográficos que deberían controlar y proteger las autoridades federales y estatales, con base en sus atribuciones legales (por lo que no es necesario recurrir a acciones ilegales como las que vemos todos los días).

Leo también en La Jornada en línea del lunes que los representantes de 31 estados y el Distrito Federal aprobaron hacer permanente el operativo Conago-1 y que se han propuesto fortalecer la cooperación con el gobierno federal en la lucha anticrimen.

Esto sugiere, en primer lugar, que los gobernadores (incluido Ebrard) están de acuerdo con la lucha anticrimen de Calderón, y en segundo lugar que continuarán violando la ley, comenzando por la Constitución (artículo 16), con un operativo permanente igual al realizado en la semana anterior. ¿En qué consistió el operativo que ahora se quiere hacer permanente?

Cito a Granados Chapa (Reforma, 19/6/11), quien nos ofreció un botón de muestra del operativo, después de aclarar que no sabe (y yo tampoco) cuántos casos similares se han dado: “Un muchacho transitaba el martes por la colonia San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, cuando fue víctima de la Operación Conago 1, una iniciativa propagandística acordada por la Conferencia Nacional de Gobernadores y más que entusiastamente promovida y encabezada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Un grupo de policías uniformados lo copó, lo acusó sin más averiguación de ser distribuidor de mariguana y ante la imposibilidad del joven agredido de pagar por su libertad la mordida que se le exigía, fue trasladado al Ministerio Público. Allí permaneció 48 horas, plazo en que su familia y sus amigos reunieron no los 15 mil pesos que se le demandaron para no consignarlo ante un juez, sino sólo 10 mil. En los separos de la agencia en que pasó dos días infernales, detenido sin causa, esta víctima del empeño gubernamental en pro de la seguridad pública convivió con media docena de muchachos que habían sido arrestados en los días anteriores en circunstancias similares a las suyas.”
Conociendo las acciones de las diversas policías no me sorprendería que muchos otros casos como el citado pudieran encontrarse al revisar los expedientes en que supuestamente se basaron las acciones del Operativo Conago-1. ¿Cuántas de éstas fueron realizadas al margen de las leyes? ¿Las detenciones de que ahora se ufanan estuvieron precedidas de órdenes judiciales o se hicieron como las mismas que se han llevado a cabo bajo el amparo de la lucha anticrimen de Calderón? ¿Lo mismo en los cateos de casas habitación y negocios establecidos? Dicen los promotores o voceros de este operativo que se respetaron los derechos humanos de los miles de detenidos, ¿pero también las leyes? Milenio publicó una foto el lunes donde los policías mexiquenses bajaron a los pasajeros de un autobús urbano, los pusieron con las manos en alto contra el vehículo y los cachearon en busca de armas. ¿Es legal? Obviamente no.

¿Pueden demostrar que cada una de las detenciones, cateos y redadas fueron precedidos de mandamientos judiciales cumplimentados y que en todos los casos los presuntos delincuentes fueron presentados ante el Ministerio Público para realizar las investigaciones pertinentes antes de presentarlos a los jueces respectivos?

Y, finalmente, ¿cómo explican los señores gobernadores que después de cuatro años de arbitrariedades federales contra la delincuencia fueran omisos en cumplir eficientemente su función de salvaguardar la vida y las pertenencias de los mexicanos? ¿Hasta ahora se percataron de que entre sus funciones está la de prevenir y combatir los delitos del fuero común, o sólo de que habría que coordinarse para hacerlo? ¿Dónde tenían la brújula antes?

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya existía desde el 2 de enero de 2009, y en su artículo 2 decía, incluso antes de ser reformada en noviembre de 2010: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo…” ¿Por qué, entonces, se tardaron más de dos años en aplicarla de manera coordinada? Si la iniciativa del Operativo Conago-1 fue de Ebrard, precisamente después de que los chuchos le dieran su apoyo, ¿por qué no pensar que la propuso para congraciarse con todos, incluido Calderón, para disputarle “con ventaja” (¿?) a López Obrador la candidatura del PRD a la Presidencia? Recordemos que dicha candidatura se decidirá, según se ha propuesto, por encuesta pública. ¿Trata de ganar simpatías entre la población harta de la inseguridad del país?

http://rodriguezaraujo.unam.mx

*Tomado de La Jornada.

Hank y Eruviel, la huella del Tigre Blanco*

Tomados deLa Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Naranjo.


Jenaro Villamil


MEXICO, D.F. (apro).- Dueño de la escena, ahora más “intocable” que nunca tras las pifias de las procuradurías general de la República y de Justicia de Baja California, Jorge Hank Rhon dio rueda de prensa en su oficina, acompañado de un personaje disfrazado con el logotipo de Caliente, su red de empresas de apuestas, y con el rostro de un Xoloitzcuintle, en referencia a su equipo de futbol.
La alegría de Hank Rhon no es para menos. Su detención y posterior liberación puso en ridículo a elementos del Ejército, a la procuradora Marisela Morales y, en general, a la pretensión del gobierno de Felipe Calderón por acalambrar a los priistas en vísperas de las elecciones del Estado de México, las más importantes de este año.
En su euforia, el hijo del “profesor” Hank González también dejó en ridículo a Eruviel Avila, el candidato a gobernador priista, y a su jefe de campaña, Luis Videgaray. Ambos negaron una y otra vez a través de Twitter, de entrevistas y en el debate televisivo de hace una semana, en Canal 2, que Hank Rhon hubiera apoyado al exalcalde de Ecatepec.
Hank los desmintió. “Indiscutiblemente a cualquier candidato de mi partido (ayudaré), en lo personal y en la forma que yo pueda siempre apoyaré a mi candidato, que cualquiera que sea del PRI es mi candidato, en el lugar donde esté”, subrayó en la conferencia de prensa.
Hank Rhon confirmó lo publicado por Proceso, en su edición 1806, por el periódico Reforma y por el columnista Miguel Ángel Granados Chapa: el Grupo 33, con página en Facebook, tiene su aval y apoya en el Estado de México.
“Me hicieron el favor de decirme que si les invitaba el trayecto de aquí para allá y les conseguimos un autobús, de amigos, para que se fueran al Estado de México y hasta donde tengo conocimiento andan allá, el autobús no era mío”, confirmó.
Además de esos simpatizantes, a la campaña de Eruviel se integraron Eduardo Ledezma, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Manuel Rodríguez Monárrez, exdirector del Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana durante el gobierno municipal de Hank Rhon.
No sólo es un apoyo logístico o por mera simpatía, como ha querido minimizar Eruviel Avila. El apoyo se mide en recursos económicos y en lo que saben hacer los “muchachos” del dueño de Grupo Caliente: operación electoral.
La página www.eruvielbajacalifornia.com, bloqueada a raíz de la detención de Hank Rhon, reportó que “como apoyo adicional se cuenta por igual al empresario tijuanense César Cázares y Bernardo Macklis, así como Manuel Rodríguez Monárrez”.
Otro personaje con el sello indiscutible de la familia Hank y, en especial, de Jorge Hank, es Eduardo Bernal Martínez, exalcalde de Tecámac, exrepresentante del PRI ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), hasta el 16 de mayo de 2011 (cuando fue sustituido por el exgobernador César Camacho Quiroz). Bernal Martínez está operando a favor de la campaña de Eruviel Ávila en Zumpango y en otros distritos electorales de la zona.
Bernal Martínez es el enlace tradicional entre el priismo mexiquense y el priismo de Baja California. Fue asesor de Jorge Hank en la fallida campaña electoral de éste para gobernador, en 2007, y se mantuvo como el enlace de negocios y encuentros del personaje conocido como Tigre Blanco en los expedientes de los organismos de inteligencia de Estados Unidos.
Difícilmente, los operadores de la campaña de Eruviel Avila van a confirmar que existen recursos de la fortuna de Hank Rhon –valuada en mil 500 millones de dólares– en esta contienda. Los candados de fiscalización han hecho casi imposible seguir la pista de los “grandes donadores” del aspirante priista.
Lo que no es ningún secreto y eso se confirma día con día, es que se trata de la campaña más cara en la historia reciente del Estado de México. Y menos es un secreto que los grandes donantes también le están apostando a otra contienda: la campaña de 2012 a favor de Enrique Peña Nieto. Un mismo multimillonario fondo para dos campañas.
Quizá por esta misma razón, el propio Hank Rhon mandó otro zarpazo de Tigre Blanco cuando le recordó a la dirigencia nacional del PRI que él está dispuesto a ser gobernador de Baja California.
“Si el partido me requiere, participaré por la gubernatura de Baja California en las próximas elecciones”, afirmó el exalcalde de Tijuana.
Y este mensaje fue directo para Humberto Moreira. La “cacería de brujas” se puede transformar en las “apuestas de los brujos”.
Comentarios: www.homozapping.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Edomex: triunfa la corrupción*

Tomado de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Heloflores.


Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F. (apro).- En el Estado de México está en curso la miseria política que se ha instalado en el país: El gobernador priista Enrique Peña Nieto y el candidato que escogió para sucederlo, Eruviel Ávila, despliegan con todo cinismo un catálogo de trampas que, por la inacción de la autoridad electoral castrada, quedará totalmente impune.
Ensamblados, como jamás han dejado de hacerlo, el gobierno estatal y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) implementan un modelo que incluye los descarados mecanismos clientelares de siempre y las sofisticadas técnicas de propaganda, como la encuesta diaria del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), cuya publicación siembra en la sociedad la idea de que Ávila no sólo ganará, sino que lo hará con un porcentaje superior al 50%.
El plan prevé, por supuesto, las muy conocidas técnicas de adulteración en el curso de la jornada electoral, desde la compra de votos mediante el carrusel –que consiste en darle al votante una boleta marcada por el PRI y pagarle cuando entregue la que recogió en blanco– hasta el relleno de urnas donde la mesa directiva de casilla sea afín y no haya vigilancia opositora, lo que se logra con amedrentamiento, incluido el policiaco.
El modelo de la clase política priista más corrupta y cínica del país para retener el gobierno estatal y, luego, ganar la Presidencia de la República, se sustenta en el uso patrimonialista de los recursos con los que se ha construido en la televisión la figura de Peña Nieto, en cuyo gobierno se ha corrompido hasta las piedras para, literalmente, castrar al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).
No se explica de otra manera la exoneración que el IEEM hizo, por ejemplo, del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Bernardo García Cisneros, convertido en delincuente electoral en un operativo de compra de votos en Valle de Chalco, todavía en la etapa de precampaña, ni para intervenir en el despilfarro en la campaña de Ávila, cuyo despliegue de propaganda hace presumir con fundamento que ya rebasó el tope de campaña.
Las estimaciones de los partidos, pero también de observadores locales serios indican que el PRI ya superó los 203 millones 893 mil 207 pesos como gasto máximo, apenas un poquito más de lo que Ávila recibió de financiamiento público: Un total de 197.4 millones de pesos, es decir, 4 millones 384 mil pesos en cada día de su campaña.
Pero resulta que el IEEM sólo hará una revisión de los gastos de los candidatos sólo de la segunda mitad de las campañas y sus resultados serán secretos –sí, secretos–, porque así lo aprobó el Consejo General, el 10 de junio. Más aún, los resultados de la revisión final de los gastos sólo podrán ser conocidos hasta febrero de 2012.
Pero si, como es el caso del PRI –o puede ser, aunque es remoto, el de Alejandro Encinas o Luis Felipe Bravo Mena–, hay un rebase del tope de gastos de campaña no hay problema, porque el IEEM omitió definir los mecanismos para imponer sanciones. Si acaso, se podría imponer una multa económica al partido. Es una burla.
La esterilidad del órgano electoral del estado se acredita, también, por su incapacidad para ordenar al gobierno Peña Nieto que cancele la propaganda gubernamental, que se traduce en más de 2 mil 500 anuncios como espectaculares, bardas, lonas, vinilonas gallardetes y rótulos en transporte público.
El IEEM dice que retirará la propaganda del gobierno “sólo si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se lo ordena”, lo cual equivale a que no pasará nada, sobre todo luego de que ese órgano jurisdiccional exoneró a Peña Nieto de la descomunal propaganda televisiva, una decisión que no se explica sin la corrupción de los magistrados que encabeza María del Carmen Alanís.
A dos semanas de la elección, no parece posible una derrota del candidato de Peña Nieto, como en realidad nunca estuvo en riesgo, salvo que Ávila hubiese sido el candidato de los promotores de la frustrada coalición, pero la disputa de la izquierda y de la derecha panista era el segundo lugar y la distancia con el ganador, sobre todo para efectos políticos y sicológicos en sus respectivas militancias hacia el 2012.
Quizá tras la jornada electoral los porcentajes de cada contendiente observen modificaciones, pero serán mínimas si, como se aprecia, funciona el aparato PRI-gobierno y la mayoría de los 10 millones 533 mil mexiquenses siguen siendo tolerantes con la corrupción y la impunidad que asquea a quienes viven o han vivido en esa entidad, como yo, que viví en Naucalpan dos décadas.
Por lo demás, no es ninguna sorpresa que Peña Nieto recurra a todo el expediente de trampas electorales, porque es la que han venido observando todos los gobernadores desde 2006, poquito después de que el TEPJF convalidó todas las prácticas de la elección presidencial de ese año.
Y, desde luego, puede anticiparse que en la campaña presidencial Peña Nieto actuará de manera análoga, como lo hace ahora con la engañifa de la fatalidad de su triunfo, que sería el triunfo de la corrupción…

Apuntes
Hace un par de semanas, con motivo del Día de Libertad de Expresión –que en México se instauró en el alemanismo como fecha vergonzosa por rendir los periodistas pleitesía al poder–, en este espacio escribí que la conmemoración tenía el sello de la infamia, porque a la intimidación, censura, acoso, represión y desaparición contra centenares de periodistas, se acumulaban 38 asesinatos de periodistas en el gobierno de Felipe Calderón, ocho más de los que acumuló Vicente Fox en todo su sexenio. Y también dije que el desprecio de Calderón a quienes ejercemos este oficio con independencia se traduciría en más muertes. Lamento no haberme equivocado, porque hoy lunes, por la mañana, fue abatido, junto con su esposa y su hijo, el popular columnista del diario Notiver Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela. Con él suman 69 periodistas asesinados en una década de gobiernos del PAN…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

La placa de Marisela y la desobediencia civil*

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Naranjo.


Javier Sicilia

A quienes fuimos y vivimos el consuelo.

A lo largo de la Caravana del Consuelo por la Paz y la Justicia, muchos dolores –signos ominosos de la inseguridad, la injusticia y la impunidad que reina en nuestra clase política– se fueron sumando al consuelo. Esos dolores hicieron que en Chihuahua colocáramos, en un acto de desobediencia civil y como lo hicimos en Cuernavaca con nuestros muertos, una placa en las baldosas del Palacio de Gobierno con el nombre de Marisela Escobedo, la luchadora por los derechos humanos que fue asesinada a las puertas del mismo palacio, después de que el victimario de su hija fuera liberado. La placa, a la que deben sumarse los nombres de los cientos de asesinados en esa entidad, es un recordatorio a las autoridades de que la muerte de Marisela es su responsabilidad, y que le deben a ella, a su hija y a cientos de víctimas y de familias destruidas la justicia que merecen. Es también un recordatorio a los ciudadanos de que eso no debe suceder ya en nuestro país.

El enojo del gobierno de Chihuahua por ese acto ha sido tan grande como su ignorancia política y su cinismo. Un día después de nuestra partida rumbo al epicentro del dolor, Ciudad Juárez, la secretaria general de Gobierno, Graciela Ortiz, declaró: “Cuando un ciudadano le exige al gobierno que cumpla con la ley, debe poner el ejemplo (…) existe toda una normatividad que prohíbe la instalación (sic) o destrucción de un edificio público… El Palacio de Gobierno es un edificio público, pero tiene regulaciones, no se respetaron (…) incluso se destruyó un mosaico que tiene muchos años (…) la expresión (de Javier Sicilia de que si el gobernador retira la placa es un criminal) me parece que no corresponde a una realidad, ya que si algo ha habido a las auténticas causas sociales, ha sido respeto…” (El Diario, 11 de junio de 2011).

Ciertamente rompimos el “mosaico” de la entrada y pegamos con cemento y tornillos la placa en memoria de Marisela; ciertamente también violamos las regulaciones de ese edificio público (y si el gobernador quiere encarcelarnos estamos dispuestos, nosotros no creemos en el cinismo). Lo que, sin embargo, olvida la secretaria es que no habríamos violentado esa ley si el propio gobierno hubiera, como es su responsabilidad primera, cuidado la integridad de Marisela y de su hija Rubí, y si después de los amargos sucesos, frutos de su irresponsabilidad, hubiera hecho ya la justica que la muerte de esa madre y de esa hija reclaman a través nuestro. La secretaria de Gobierno –preocupada más por el “mosaico” de la entrada del inmueble, propiedad del estado, es decir, de los ciudadanos, que por el feminicidio de esas dos mujeres y la impunidad del crimen– olvida también que en la escalinata de ese mismo lugar hay una placa de cantera que rememora el atentado al gobernador Patricio Martínez. ¿Allí –porque se trataba de un gobernador y de un hombre– no se violó la normatividad? Con esa actitud de desprecio por los ciudadanos y la justica que legítimamente reclamamos, la funcionaria da una señal de lo que tanto criticamos: las autoridades no sólo continúan creyendo que su tarea es defender a las instituciones y no a la ciudadanía, sino también que las instituciones y el gobierno son lo mismo, y que éste tiene privilegios –en este caso, negarse a aceptar su responsabilidad en los crímenes de Marisela y de Rubí– que deben proteger por encima de los ciudadanos. Con ello, la secretaria de Gobierno no sólo muestra su ignorancia política, sino su insensibilidad y su desprecio frente al dolor que padece la gente de su entidad. Su actitud es tan criminal como lo sería el acto de quitar la placa que los ciudadanos decidimos colocar en el centro mismo del crimen.

Si el gobernador del estado la quita, mostrará su complicidad con el crimen; si no hace justicia a Marisela y a los cientos de crímenes que permanecen dormidos en la procuraduría, lo mostrará también, y nosotros iremos otra vez a Chihuahua a colocarla de nuevo hasta que entiendan, hasta que cambien su conducta, hasta que se haga justica y cumplan con su deber.

Con la placa de Marisela, que se agrega a las placas que en Cuernavaca hemos ido colocando también en el Palacio de Gobierno, los ciudadanos hemos iniciado el memorial del dolor, el memorial de nuestros muertos que claman justicia y que gritan desde el silencio que debemos conquistar la paz para que este horror no vuelva a sucedernos nunca. Sus nombres, que revelan la inhumanidad en la que los criminales y la incapacidad de los gobiernos nos han sumido, son un recordatorio de esa justicia que les deben y nos deben, y de la paz que les arrancaron y nos arrancaron.

Los ciudadanos, que cargamos con miles de dolores, desobedeceremos en la medida en que el gobierno no cumpla con su deber. Si los gobiernos no fundan un orden basado en la seguridad, la justicia y la paz, los ciudadanos no cooperaremos con ellos para recordarles su deber. Si eso implica la cárcel, iremos a ella, pero no traicionaremos la justicia y la dignidad que reclamamos y nos corresponden por el simple y único hecho de existir.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz y devolver la dignidad a las víctimas de la guerra de Calderón.

*Tomado de la revista Proceso.

El cártel que no ve el gobernador*

Tomado de La Jornada, Hernández.


Ricardo Ravelo
12 de junio de 2011•Sin comentarios
Edicion Mexico, Justicia

Muy preocupado ante la posibilidad de ver desfondada la plataforma sobre la que insiste en posicionarse como candidato del PRI a la Presidencia en 2012, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se niega a ver que, al amparo de “altos funcionarios” y policías de su administración, en territorio mexiquense opera a sus anchas el cártel de La Familia Michoacana. Más aún, para Peña Nieto ese estado es una suerte de paraíso de tranquilidad gracias a los buenos oficios de su gobierno.


TOLUCA, MÉX.- En los últimos cinco años, Enrique Peña Nieto logró consolidar su proyecto político con miras a ser candidato de su partido, el PRI, a la Presidencia de la República para 2012. Y a la par que posicionaba su imagen en los medios, en el estado que gobierna se afianzó el cártel de La Familia Michoacana, cuyos operadores controlan hoy el narcomenudeo y los secuestros en la entidad.

Una averiguación previa emprendida hace tres años por la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (PGR/SIEDO/UEIDCS/2008) señala que la procuraduría estatal, así como las policías federal, estatal y ministerial, y aun las municipales, protegen los actos criminales de esa organización contra empresarios, e indica que algunos agentes administran incluso tienditas locales donde se vende todo tipo de drogas.

Los testimonios contenidos en ese documento son de antiguos integrantes del citado cártel procesados actualmente por tráfico de drogas, secuestro y homicidio, entre otros delitos; también se incluye el de Ahiezer Noé Sánchez Avendaño, identificado como Sergio Pérez, quien durante años fue vendedor de droga y administrador de las narcotienditas en municipios mexiquenses.

La voz de Sergio Pérez no tardó en ser acallada. El 21 de agosto de 2008, semanas después de su primera declaración, su cuerpo apareció tirado en La Marquesa. Un grupo armado arribó a un restaurante donde se encontraba comiendo. Lo llamaron y cuando salió lo ejecutaron. También murieron sus escoltas César Noé Nava Gómez y Luis Enrique Cruz Ruiz, agentes federales.

En su primera comparecencia, el testigo afirmó que durante el tiempo que se dedicó al narcomenudeo, en territorio mexiquense la organización criminal a la que perteneció nunca tuvo problemas con las autoridades locales; comentó que él y sus compañeros se arreglaban con José Manzur Ocaña, quien hasta el 6 de julio de 2008 fungió como delegado de la PGR en el Estado de México

Manzur Ocaña es primo hermano de José Manzur Quiroga, quien fue subsecretario general de Gobierno y es protegido de Humberto Benítez Treviño, diputado federal. Según el testigo, además de los policías, funcionarios de alto nivel del gobierno mexiquense eran los que decidían dónde y cuándo debían abrirse las tienditas y coordinaban la venta de droga a granel.

Narcoinvasión



Poco a poco, los gatilleros de La Familia Michoacana desplazaron a los integrantes del cártel del Golfo –y a los zetas que se habían adherido– y se expandieron a sangre y fuego a Jalisco, Guanajuato, Hidalgo y el Estado de México. En esa última entidad disputaron la región a los hermanos Beltrán Leyva y al cártel de Sinaloa, que por aquel tiempo controlaban la zona.

Hoy, el cártel michoacano domina la entidad gobernada por Enrique Peña Nieto, el político priista mejor posicionado para ser candidato presidencial en 2012, aun cuando él se jacta de que el Estado de México es seguro y no tiene tantos problemas de delincuencia como otros estados.

De acuerdo con la averiguación citada, en dicha entidad el crimen organizado está bien protegido. Los declarantes aseguran que son los altos mandos de policías de distintos niveles los que se encargan de cuidar que los rivales de La Familia Michoacana no invadan el territorio. Cuando eso ocurre, los agentes secuestran o eliminan a los competidores; y cuando algún funcionario ordena cerrar alguna narcotiendita, ellos mismos se encargan de reabrir el negocio en otro sitio.

En su testimonio del 26 de junio de 2008, Sergio Pérez refiere que el organigrama de La Familia Michoacana en el Estado de México es amplio. Y expone que hizo sus declaraciones luego del secuestro de su hermano Mizrraín Jonathan Sánchez Avendaño, quien trabajaba para la misma organización criminal:

Recientemente tomó el control del narcomenudeo en el Estado de México el grupo denominado La Familia Michoacana, mismos que reciben apoyo de diversos servidores públicos adscritos a diversas dependencias de los municipios de Toluca, Zinacantepec, Atlacomulco, Lerma, Tenango, Almoloya de Juárez, Xonacatlán y San Mateo Atenco.

El apoyo al narcotráfico y a todos los miembros de La Familia lo brindan la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Policía Ministerial, la Agencia Federal de Investigación, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de México… Todo esto me consta en virtud de que he participado como cobrador de las rentas a tienditas de droga y piratería junto con mi hermano Mizrraín Jonathan.

En otra declaración, el testigo señaló que La Familia Michoacana obtiene la mayoría de sus ingresos de la venta de droga a granel. Según sus cálculos, cada tiendita deja una ganancia de 25 mil pesos a la semana

Según él, parte de ese dinero se distribuye entre las autoridades que toleran ese tipo de negocio e incluso a los distribuidores de droga; también comentó que cuando la organización criminal tomó el control del Estado de México amplió la red de tienditas, sobre todo en la ciudad de Toluca.

… La cocaína o el crack se vende con el apoyo de las policías de los tres niveles, cuando yo estuve metido en el negocio pude conocer no sólo a los dueños de las tienditas, sino a los que directamente venden la cocaína en distintos lugares, conocí cómo se desarrolla el negocio de la venta de droga, que si bien es al menudeo, de ahí obtiene La Familia Michoacana sus ingresos para pagar la protección a los servidores públicos que toleran la venta de droga en el estado y les permiten seguir trabajando libremente y que esto lo sé porque, como ya he referido, estuve trabajando libremente y estuve presente en varias ocasiones en que le entregábamos su cuota al comandante de la UMAN (Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo) Javier Carrasco, alias Chácharas, por la protección que continuó haciendo para La Familia, dijo el testigo en su declaración ampliada.



Narcotienditas y distribuidores



Sergio Pérez mencionó también el modus operandi de los policías cuando las autoridades cierran alguna tiendita:

Hace unos meses estaba una narcotiendita en la avenida Alfredo del Mazo, frente a las oficinas del PRI, pero como fue cateado el local por la Fiscalía de Delitos Federales, se cambió para un depósito de refrescos, en el número 2922 de la misma calle, como lo señalé previamente, y esto lo hacen porque por lo regular no se detiene al vendedor y mucho menos a los propietarios de las tienditas.

En una tercera declaración, el testigo aportó los nombres de los principales distribuidores de droga de La Familia Michoacana en el Estado de México: Aquiles Camerino y Colín Vallejo, así como Raúl López, Mike, El Pit’s, Jumar Maldonado Mondragón, El Checo y Kiko.

A todos los conocí y conviví con ellos durante el año y medio que brindé mis servicios a la organización como cobrador de las rentas e intermediario para el establecimiento de nuevas tienditas, trabajo que realiza actualmente Felipe “N”; las tiendas están establecidas en locales, los cuales acondicionan como búnkeres con enrejados y sólo los dueños tienen las llaves para evitar que los vendedores se vayan con el dinero o los consumidores quieran robarse las grapas, pues las tienditas no cuentan con vigilancia fija y los turnos son de 24 horas, tiempo en el que no se le permite salir al vendedor.

Quiero aclarar que si bien es cierto que toman sus precauciones, las personas que mencioné cuentan con sus vendedores establecidos, mismos que les han trabajado por mucho tiempo, a quienes los van rolando en las diferentes tiendas o con otros distribuidores cuando se cambian de lugar, porque todos se conocen y les tienen confianza porque no se consumen las grapas ni las regalan a sus amigos. Que todo esto lo sé por el propio dicho de los judiciales y comandantes de la Ministerial que he señalado y con los que yo trabajaba, pues ellos eran los que les decían los momentos en que debían cambiarse de lugar y qué medidas de seguridad debían tomar e incluso les recomendaban a algunos vendedores.

Los vendedores ingresan a la organización por recomendación de los mismos jefes del cártel o por recomendación de los servidores públicos que están coludidos con el narcotráfico, pues consideran que vender droga es como un empleo por el que reciben quinientos pesos diarios.

El expediente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) incluye los nombres de los principales vendedores de droga presuntamente protegidos por las autoridades mexiquenses. De acuerdo con Sergio Pérez, el principal distribuidor de cocaína es Raúl López, quien tiene un ayudante llamado Edén. Ambos controlan a mil vendedores en todo el Estado de México y su ámbito de influencia abarca Tenango, Tenancingo, Xaxalpa y Mexicaltzingo. En este último municipio tiene su principal centro de operaciones en el rancho llamado La Granja.

Con respecto a Kiko, el declarante aseguró que el distribuidor vive en la casa 18 de la segunda cerrada de Exhacienda de Herrero, en el fraccionamiento San Jorge, en la capital mexiquense:

Cabe precisar que los que venden droga en vehículos o a pie tienen la doble función de venta de cocaína y como una especie de antenas, pues los distribuidores les pagan para que les den el pitazo en caso de que haya movimiento de autoridades ajenas a las del estado porque a éstas ya las tienen controladas. Sé que la paga que les hacen es con droga y con ellos se ganan la autorización de vender en los vehículos.

Los vendedores le compran a La Familia Michoacana la droga por onza y sé que muchos servidores públicos del gobierno del estado les brindan protección… Que cuando un grupo se quiere instalar a la brava, anteriormente las autoridades coludidas, como son la ministerial y la delegación, las reventaban, pero desde que llegó La Familia lo que hacen es desaparecer a los dueños y vendedores de las tienditas que no tienen autorización. Por esa razón yo no quise seguir trabajando para La Familia, pues sé que son muy sanguinarios, ya que desde que entraron a Tejupilco, Sultepec, Ixtapa de la Sal, Tenancingo y pueblos circunvecinos empezaron a hacer levantones y a desaparecer a la gente.



Estructura criminal



Marcada por un fuerte sentimiento religioso –inculcado por quien fuera su líder, Nazario Moreno, El Chayo, El Doctor o El Más Loco– la estructura de mando de La Familia Michoacana emula a Jesucristo y sus apóstoles: su consejo lo componen 12 jefes liderados por Jesús Méndez Vargas, El Chango, quien sustituyó a Moreno tras su muerte a manos de militares en diciembre pasado.

La PGR los tiene plenamente identificados: Ignacio Rentería, El Franky; Jesús Méndez Jr. (presunto hijo de El Chango Méndez); Gustavo Malfavón, El Tavo; Javier Barragán, El Borrado; Alfonso Morales, La Moraleja; Sergio Pérez, El Checo; Javier Suárez, y Francisco Servando González, La Tuta. Otros miembros de la organización los menciona la dependencia por su nombre: Miguel, José y Refugio.

Informes de inteligencia consultados por este semanario indican que La Familia Michoacana controla sus fuentes de abastecimiento y el proceso de producción de la cocaína que introduce a México. Adquieren la hoja de coca en Bolivia o Perú, desde donde la envían a Arequipa o al puerto El Callao, en Perú. Luego la procesan para obtener el clorhidrato de cocaína.

Posteriormente, trasladan el producto por avión a Putumayo, en Colombia, y sigue su trayecto por tierra hacia las costas caribeñas de ese país para continuar por mar y aire hacia El Salvador, Belice y las costas de Chiapas.

Según los informes, La Familia Michoacana paga derecho de suelo en la frontera sur a los cárteles del Golfo y al de Los Zetas. Por otra parte, como también distribuyen drogas sintéticas, los precursores químicos los reciben de Asia y entran a México por los puertos del Pacífico.

En el Estado de México sus principales operadores son Luis Osvaldo González Zepeda, Pedro Flores Solórzano y Francisco Carlos Velásquez, quienes corrompen a las autoridades y se encargan de ejecutar a los rivales de la organización con el apoyo de la policía mexiquense, según el expediente referido en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/2008.

El testigo Sergio Pérez declaró que en los últimos años La Familia Michoacana ha crecido tanto que cuenta incluso con un brazo armado denominado La Lumbre. Comandado por Adrián “N”, un sicario nacido en la comunidad mexiquense Palmar Chico, municipio de Tejupilco, el grupo se dedica a asesinar a opositores del cártel y a levantar empresarios.

Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/231/2008, los policías relacionados con La Familia Michoacana en el Estado de México son Javier García Carrasco, comandante de la UMAN adscrito al municipio de Metepec y al que también se le ubica como cobrador de las rentas a los distribuidores; Ángel Jardón Cervantes, comandante de la Policía Ministerial, y Luis Alberto Huerta Galván, jefe de grupo de la misma corporación.

Según el testigo Sergio Pérez, ellos protegen las actividades de Jumar Maldonado, distribuidor de droga de la organización. Otros mandos policiacos incriminados son: Rafael Gil Salgado y Samuel Rojas Gutiérrez, ambos adscritos al área de secuestros; de acuerdo con el declarante, se dedican a extorsionar y a cobrar las rentas de las narcotienditas, así como a los vendedores de artículos pirata.

*Tomado de la revista Proceso