Desfiladero*

Tomado de La Jornada, El Fisgón.


∙ Manantiales de sangre contra la guerra

Jaime Avilés


Uno de los aspectos menos conocidos, y más peligrosos, del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que la clase política discutió en estos días, dentro y fuera del Congreso de la Unión, es el que contempla la creación de un consejo de seguridad nacional”, integrado por los secretarios de Defensa, Marina, Seguridad Pública, Gobernación, la PGR y el Cisen –es decir, una junta cívico-militar al estilo sudamericano–, que tendría facultades para ordenar la intervención de las fuerzas armadas en situaciones que a su juicio pudieran poner en peligro la “seguridad interior”, un privilegio del que también disfrutaría, por su solitaria parte, el titular del Ejecutivo federal cuando le diera la gana.

Los únicos requisitos que tanto la junta como el Ejecutivo estarían obligados a cumplir para que su actuación se considerara legal en este aspecto serían dos: el primero, publicar en el Diario Oficial de la Federación su decisión de enviar tropas al combate en cualquier lugar del país, y el segundo, informar de lo que suceda en el frente de batalla a una comisión formada por senadores y diputados, a más tardar 30 días después del incio de las hostilidades.

Resulta innecesario decir que esta fórmula burocrática para establecer una “dictadura constitucional” en nuestro país ostenta el sello “made in USA”. Se trata de un obsequio del gobierno de Hillary Clinton (y de su elegante mayordomo) al régimen espurio de la olinarquía mexicana a través de la Iniciativa Mérida.

Sin embargo, la enjundia y el entusiasmo frenético –y por momentos histérico– que derrocharon los diputados leales a Enrique Peña Nieto para tratar de imponer esta monstruosidad en San Lázaro, dispuestos a pagar por ella cualquier costo político, revela que el gobernador mexiquense trata de convertirse en el hombre clave de Washington en Toluca, y en el candidato de las barras y las estrellas para el año entrante, con pésimos resultados, por fortuna... y por ahora.

Sólo por ahora. Podemos prever, con toda certeza, que en caso de llegar a Los Pinos en 2012, Peña Nieto impulsará nuevamente la aprobación de estas reformas golpistas y dictatoriales, que legalizarían el terrorismo de Estado y convertirían a las fuerzas armadas en policía política.

¿Por qué Peña Nieto apostó su futuro a esta carta? ¿Por qué Humberto Moreira, el dizque líder nacional del PRI, lo respaldó con los ojos cerrados? ¿Por qué Beatriz Paredes tuvo que bajarse al ruedo a pedirles un poco de calma a sus compañeros de partido, preguntándoles a qué obedecían sus prisas, cuando los del PAN, dijo textualmente, “ni siquiera se despeinan” por esta ley que en teoría les interesa mucho más que se apruebe?

Hay conclusiones evidentes. Hillary Clinton, Carlos Salinas de Gortari y antes que ellos el propio Calderón, saben que en el PAN no hay nadie que pueda competir con éxito en la contienda presidencial de 2012. Como antes, como siempre, necesitan al PRI, para que éste garantice el dominio de la olinarquía nacional y extranjera durante seis años más. En otras palabras, Peña Nieto es ya el candidato de Calderón, y lo seguirá siendo después del próximo 3 de julio si retiene la gubernatura del estado de México. Porque si pierde en su propia cancha ante Alejandro Encinas y las fuerzas que simpatizan con López Obrador, Calderón tendrá que empezar a platicar con Manlio Fabio Beltrones.

Lo cierto, lo inocultable, es que en Estados Unidos y mucho menos acá, quienes mandan y quienes obedecen no pretenden, de ninguna manera, modificar la política económica ni la política social, pero tampoco planean rectificar su supuesta “estrategia de guerra” –si algún día la tuvieron– contra el narcotráfico.
Todo lo contrario: intentarán mantenerla y profundizarla, para justificar de tal modo la presencia de las fuerzas armadas en las calles, aunque soldados, marinos y policías federales no hayan sido capaces de contener o frenar esta carnicería que ahora nos enseña un rostro nuevo y aun más terrible en las narcofosas que se multiplican por todo el norte del país, pero que pronto, no hay por qué dudarlo, aparecerán también en el sur.

Ahora que Calderón y Peña Nieto han exhibido sus intenciones de preservar esta violencia, cobra mayor importancia la campaña “No + sangre”, que a partir de hoy va a extenderse e intensificarse, con vistas a la concentración del próximo domingo 8 de mayo en el Zócalo, que recibirá a los caminantes silenciosos de Cuernavaca, a cuyo encuentro acudiremos miles y miles de capitalinos. Ese día, por el bien de todos, debe comenzar una nueva etapa de la lucha contra la guerra estúpida e hipócrita, que sólo estaremos en verdaderas condiciones de terminar cuando la olinarquía que se nutre de ella sea echada del poder.

Carta a los romanos

Mañana, Felipe Calderón Narcofosa asistirá a una reunión de negocios en el Vaticano. Los amigos de México en Roma, aquellos que contemplan con horror el genocidio que nos han condenado a sufrir indefinidamente pero que, nos lo garantizan desde ahora, se prolongará todavía muchos años, podrían manifestar su repudio al principal responsable de esta catástrofe, imitando, por ejemplo, a los ingeniosos y valientes activistas de Cuernavaca que, hace algunos días, tiñeron de rojo las aguas de la fuente de la paloma de paz.

Roma, cari amici, es la ciudad de las fuentes. Y para convertirlas en una metáfora y al mismo tiempo en una denuncia del baño de sangre que nos ahoga, se necesita poner en práctica un procedimiento muy sencillo. Para no envenenar a los pajaritos, a las abejas, a las mariposas, pero tampoco a los perros y gatos sin dueño que calman su sed bebiendo el agua de las fuentes públicas, los de Cuernavaca utilizaron pintura vegetal color rojo grosella, que sirve para decorar pasteles y no contamina.

Imaginen el efecto que lograrían, amigos romanos, al solidarizarse con nuestro desdichado país, si tiñeran la fontana di Trevi, las de Piazza Navona y Piazza di Spagna, y tantas más. A la mejor, si lo hacen y la prensa lo difunde, en otras grandes ciudades de Europa y de América Latina, donde México tiene tantos amigos, otras personas podrían animarse a decorar las fuentes más cercanas a su corazón, por ejemplo, la del bulevar Saint-Michelle, a la salida del metro del mismo nombre en París, o la de Cibeles en el corazón de Madrid, o las de las Ramblas allá en Barcelona, o las de Plaza Cagancha en Montevideo, o la hermosa y siempre concurrida de la placita Serrano en Buenos Aires, por mencionar algunas.

Sería una trágica pero hermosa forma de recordarle al mundo –sobre todo en los países que exportan pobres a Estados Unidos a través del territorio mexicano, donde éstos son víctimas de la policía, los narcos, los traficantes de órganos y de personas, pero también de los policías federales y un largo etcétera– que si bien el agua dulce brota del fondo de la tierra, se mancha de sangre inocente al pasar por las narcofosas, y las fuentes no deben disimular con su belleza hipócrita lo que nos está sucediendo.

Porque es injusto. Porque es inhumano. Y porque no tiene ninguna razón de ser. Si se atreven a teñir sus fuentes, amici di Roma, tengan presente que por cada metro cúbico de agua se requiere un kilo de anilina. Además, la visita de Calderón a Benedicto XVI coincidirá con las fiestas del 1º de mayo. A presto!

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

El escándalo*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Luis Javier Garrido


La Ley de Seguridad Nacional” de Felipe Calderón y los priístas, que intereses espurios insistieron torpemente en hacer aprobar en estos días (junto con una nueva contrarreforma político-electoral y la contrarreforma laboral), generando un enorme escándalo en el país, no puede ser moral o jurídicamente aprobada, pero tampoco políticamente, pues de hacerlo los legisladores convertirían a México en el ridículo del mundo occidental: un Estado policiaco-militar que se pretende moderno.

1. La aberración principal de la iniciativa de modificaciones constitucionales y legales en materia de seguridad que Felipe Calderón envió en 2010 al Congreso está en su pretensión fundamental: busca hacer viable y seudolegal el que las fuerzas armadas asuman en México funciones policiacas (lo que en los hechos ha acontecido en los últimos cuatro años en abierta violación al principio consignado en el artículo 21 constitucional), principio que no se ha establecido en la legislación de ningún país euro-occidental, salvo los casos de la Alemania nazi (1933-1945) y de la España franquista (1939-1976), que es en mucho el modelo del actual gobierno panista y de sus asesores del PP español.

2. La discusión sobre la minuta que envió el Senado a los diputados y los cambios que un reducido grupo de diputados priístas le hicieron es por consiguiente irrelevante pues toda la discusión debe hacerse sobre el tema de fondo, que es gravísimo: los militares y los marinos no pueden cumplir en un Estado moderno funciones de Ministerio Público ni de policías judiciales o ministeriales, ni mucho menos a nivel federal y local. Las modificaciones del diputado priísta Alfonso Navarrete Prida, aclaradas en La Jornada del jueves 28, sólo la hacen más fascista al pretender que la ilegalidad se puede vigilar y compartir, y por ese hecho deja de serlo.

3. La ley por esto mismo no es susceptible de ser “mejorada” o “revisada” en las cámaras sino que debe ser desechada en su totalidad: porque constituye una aberración jurídica que hundiría más al país en la inseguridad al darle a las fuerzas castrenses seudolegalmente facultades policiales y de MP, tanto en la supuesta “guerra contra el narco” como en materia política o social. Constituiría un ejercicio inútil el debatir durante semanas cómo hacer pasar ante la ciudadanía la tesis de que es “legítimo” el que el Ejército o la Marina actúen en un marco que la comunidad internacional estima es ilegal y para cumplir tareas en las que se considera universalmente que su participación constituye una amenaza para los derechos humanos fundamentales.

4. Los militares no pueden cumplir funciones policiacas en los regímenes constitucionales modernos, ni siquiera como excepción, porque su preparación se supone es para defender a su nación de agresiones del exterior y no para investigar los delitos, tarea para la que no tienen la mínima preparación y los conocimientos requeridos y para la que se crean policías especializadas, a lo que se agrega la cuestión de su inercia impulsiva que en el México panista los ha llevado a cometer innumerables crímenes impunes.

5. La militarización del país instaurada por Calderón no ha permitido que las fuerzas armadas mexicanas desarrollen capacidades para realizar tarea alguna de investigación (las que llevan a cabo las agencias estadunidenses), pero sí ha conducido a que decenas de miles de militares y marinos se sumen a las filas del narcotráfico junto con su armamento, que integren ahora los grupos paramilitares organizados tanto por el gobierno federal como por los narcos, y que coadyuven con Washington para reorganizar en su favor el negocio. Y con la nueva ley se daría un impulso a este proceso que no ha hecho otra cosa que fortalecer a los cárteles como organizaciones armadas.
6. La Ley de Seguridad Nacional, con todas sus correcciones y manoseos, en la hipótesis improbable de que fuese aprobada, se convertiría en consecuencia en la mayor aberración jurídica en la historia constitucional de México, junto con la Constitución llamada de las Siete Leyes de 1836, que estableció en su segunda ley el llamado “Supremo Poder Conservador”, un cuarto poder por encima de los otros tres poderes, que podía decretar la nulidad de los actos de éstos, y que como es de suponerse fue de efímera duración. No ha dejado empero de recordarse en la historia constitucional de México como un ejemplo de las aberraciones a las que conduce el pensamiento fanático de la derecha mexicana, que entonces, como ahora, era un almácigo de militares, miembros de la jerarquía eclesiástica y ricos propietarios. A nadie extraña hoy por lo mismo que diversas organizaciones empresariales estén ciegamente pidiendo la aprobación de esta ley.

7. Las otras aberraciones de la “ley” derivan del uso discrecional que se pretende dar al Ejecutivo de las fuerzas armadas para luchar contra el narco, pero también contra el descontento social y político, autorizándolo a suspender a su capricho las garantías individuales y a quebrantar el federalismo al hacer entrar a su voluntad a las fuerzas armadas en la entidad federativa de su antojo, creando lo que se está denunciando todosa los días: un Estado policiaco-militar, y esto es absolutamente inadmisible.

8. El mantenimiento del “fuero militar” en México que se propone, en fin, a pesar de que ha sido cuestionado por múltiples agrupaciones internacionales, propiciaría que en el futuro inmediato marinos y militares actuaran sin temor alguno en materia de derechos humanos, sabiéndose de antemano impunes, por lo que no sería más que la cereza en el pastel del autoritarismo, y por eso es menester que se multipliquen las reflexiones.

9. En este momento de graves definiciones, cuya trascendencia no ha sido advertida por muchos sectores, aunque las decisiones a tomarse comprometan el destino de muchas generaciones, urge una movilización más vigorosa del pueblo mexicano. La situación crítica actual no ha sido creada por las circunstancias sino que la ha forzado el gobierno de la derecha, que no tiene otro argumento para seguirse apropiando de los recursos estratégicos de los mexicanos que el de hacer resurgir las primitivas doctrinas del fascismo y del franquismo, mal encubiertas por los sibilinos discursos de Felipe Calderón, el PAN y sus aliados priístas. Si México ha de prevalecer como una nación independiente y un espacio de libertades ha de ser por la lucha de todos.

10. Es imperioso que el pueblo de México tenga claridad de lo que representa una “guerra” de objetivos inconfesables y una legislación perversa que tiende a crear un Estado policiaco-militar, y no se frene para decirle a Felipe Calderón, al PAN y a sus aliados priístas que ellos son los verdaderos responsables de los crímenes y que: “¡Ya basta!”

*Tomado de La Jornada.

Hay de pactos a pactos*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores.


Octavio Rodríguez Araujo


En la guerra de Calderón contra el crimen organizado no habrá triunfadores ni derrotados. Y esto será así porque de origen estuvo mal planteada. Al llevarla a cabo lo único que ha logrado el Poder Ejecutivo ha sido dividir al enemigo (ahora son más los grupos criminales que en 2006), aumentar la violencia y el número de muertos, y así seguirá hasta el final de este terrible y dramático sexenio.

Ya dijimos que no habrá vencedores, y escribí “dijimos” porque yo pronostico que no ganará Calderón durante su periodo de desgobierno, y porque lo ha confirmado García Luna, secretario de Seguridad Pública, al declarar (el 6 de abril) que el Ejército saldrá de las calles en tres años (en el próximo gobierno, como si los militares se mandaran solos), y que la violencia en el país, producto de la lucha contra el narcotráfico, podría disminuir en el año 2015 (véase La Jornada, 7/04/11). ¿Podrá? ¿Y si no?

El capitán de fragata de infantería e integrante de fuerzas especiales Alfonso Reyes Garcés es de la misma opinión en su tesis de maestría presentada en diciembre de 2009 en la Naval Posgraduate School de California, en Estados Unidos (véase Proceso, 1799). En ella escribió que la guerra a las drogas en México “se ha convertido en una historia sin fin”, es decir, en un fracaso que no tiene para cuándo terminar si no se modifica la estrategia. Al final dice que “México no tiene nada que perder al tratar nuevas estrategias de lucha contra las drogas. Al mismo tiempo, tiene mucho que perder por mantener una política antidrogas que ya ha demostrado ser ineficaz, tanto para reducir la oferta como para prevenir los daños sociales asociados con el comercio ilegal de droga, que es todavía más importante”.

Una estrategia diferente que se ha venido proponiendo en diversos foros es pactar con el enemigo, en este caso con el narcotráfico, aunque sería ilegal pues un gobierno, formalmente hablando, no puede pactar con delincuentes, aunque se ha hecho y se hace con más frecuencia de la que imaginamos (en México, en Estados Unidos y en Europa).

Los pactos se hacen entre dos o más actores que se comprometen a cumplir algo acordado o estipulado. Hay pactos implícitos y otros explícitos. Todos los días cumplimos pactos implícitos: con el vecino, con el otro automovilista, con el tendero, etcétera, o pactos explícitos: no te hago ruido si tú no me invades con tu radio.

Algunos expertos en el tema han dicho que pactar con los criminales sería un error. Yo diría que esto depende. Hay de pactos a pactos. En esta hipótesis, yo pactaría con ellos que produzcan y vendan droga (que en su mayor parte va a Estados Unidos) pero que a cambio impidan, con sus poderosos medios y sus amplias redes, el crimen callejero, incluyendo asaltos, secuestros, levantones, balaceras y todo aquello que pone en riesgo a la población común sin relación con el negocio del narco. Agregaría que otra condición es que sean discretos y que disciplinen a su gente. Como era antes, pues. ¿Nadie recuerda cómo era Acapulco hace 25 años y lo bien que la pasábamos hasta la madrugada? Se vendía de todo, igual que ahora, pero las mafias se encargaban de que a los turistas no les pasara nada.

¿Problemas de un pacto de esta naturaleza? Que podría aumentar el número de consumidores, que pasaría más droga a Estados Unidos de la que ya ha estado cruzando la frontera, que se mantendría o aumentaría (¿más?) la corrupción en las diversas esferas de gobierno y en cuerpos militares y policiacos, que se lavaría dinero, etcétera. Todo esto está ocurriendo a pesar de los sangrientos resultados de la “guerra” de Calderón que, según García Luna, no terminará en este sexenio. Lo que ha señalado Eduardo Guerrero, experto en el tema de seguridad, es cambiar la política punitiva por una disuasiva. Y ejemplifica en Reforma (17/04/11) con el caso de Estados Unidos “tras la muerte del agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos Jaime Zapata, el 15 de febrero de 2011 en San Luis Potosí. Ocho días después del asesinato del agente, la DEA lanzó el operativo Fallen Hero contra operaciones de traficantes mexicanos en 150 ciudades estadunidenses, que duró tan sólo tres días, pero el gobierno estadunidense detuvo a 676 personas, decomisó 12 millones de dólares, 282 armas y 94 vehículos. Además, fueron decomisados alrededor de 15.9 toneladas de mariguana, 467 kilos de cocaína, 29 kilos de anfetaminas y 9.5 kilos de heroína pura. ‘El mensaje fue muy claro: sabemos dónde están, qué hacen y cómo lo hacen. En cualquier momento podemos capturarlos, así que no vuelvan a tocar a nuestros agentes ni aquí ni en México, porque se las van a ver con nosotros’”.
Guerrero dice que sería un error un pacto con los criminales. Bueno, es darle la vuelta a los conceptos: lo que él narra de lo ocurrido en Estados Unidos es un pacto implícito: no me meto contigo si no te metes conmigo (el gobierno). Cuando Guerrero señala que el mensaje de los gringos es “sabemos dónde están, qué hacen y cómo lo hacen” está diciendo, aunque no lo quiera llamar así, que hay un pacto y que éste consiste en no capturar a los narcos si las autoridades no lo desean. Este es un pacto, llámesele como se quiera. (Otra cosa, que suena como descabellada, es ¿por qué si saben dónde están no los capturan? Y la respuesta es sencilla: porque surgirían otros y muchos más, cuya identificación no tienen, y entonces sí el narcotráfico saldría de su control hasta que tuvieran una nueva base de datos, actualizada.)

Para llevar a cabo una política disuasiva, como lo sugiere Guerrero, que implica un pacto basado en cierta tolerancia (como la de las zonas rojas, que no acaban con la prostitución pero la circunscriben), se requiere que el Estado esté armado de información suficiente para llevar a cabo, si así lo quisiera, operativos como el que menciona el experto.

El gran problema, y de aquí tantas muertes, inseguridad e incertidumbre, es que el habitante de Los Pinos se lanzó a golpear al crimen organizado como un niño con los ojos vendados contra una piñata o, peor aún, contra un avispero. La gran diferencia es que ese niño está protegido mientras que los demás quedan expuestos a los palos y a las avispas. Le corrió la prisa en lugar de hacer lo que tenía que hacer primero: una gran labor de inteligencia (así la llaman los expertos), detectar las células malignas y controlarlas sin bombardearlas antes de tener un diagnóstico científicamente comprobado. Y aun así, quién sabe si esa sería la receta.

http://rodriguezaraujo.unam.mx

*Tomado de La Jornada.

Las propuestas de Calderón y de diputados priistas*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Jesús Cantú



MÉXICO, D.F., 26 de abril.- Las reformas que los diputados priistas pretenden hacer a la minuta aprobada por el Senado a la Ley de Seguridad Nacional van más allá de la propuesta que envió el presidente Felipe Calderón. De manera que si dichas enmiendas se concretaran, la bancada tricolor estaría logrando lo que el mismo Calderón y el secretario de la Defensa Nacional no pudieron conseguir en el Senado.

La propuesta de Calderón abarcaba básicamente las mismas disposiciones que hoy plantean los diputados, en lo referente a los términos para declarar una afectación a la seguridad interior y la persistencia del fuero militar para los miembros de las Fuerzas Armadas que cometan delitos en contra de civiles. Pero en varios aspectos los diputados tricolores la superan.

La minuta que aprobaron los senadores el 23 de abril del 2010 dejaba claro que cuando los integrantes de las Fuerzas Armadas cometieran delitos que afectaran a civiles, éstos serían perseguidos y sancionados por las autoridades competentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 133 de la Constitución. El artículo 13 establece: “Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. Así, en esos casos los militares serían juzgados por tribunales civiles, no por los militares, como hoy sucede.

La propuesta de Calderón de reforma al Código de Justicia Militar excluía de la jurisdicción militar únicamente tres delitos, pero dejaba siempre en manos del Ministerio Público Militar la decisión de enviar los casos a la justicia civil o mantenerlos dentro del fuero militar. La propuesta de los diputados tricolores, de acuerdo con lo publicado por el periódico Reforma, señala que dichas conductas delictivas “serán perseguidas y sancionadas de conformidad con las normales legales que los rigen (es decir, el Código de Justicia Militar)”, con lo cual remiten a la iniciativa de Calderón.

En cuanto al procedimiento para la declaratoria de la existencia de una afectación a la seguridad interior y, por lo tanto, para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas, el Senado había hecho tres modificaciones fundamentales a la iniciativa de Calderón, consistentes en: limitar la solicitud de la declaratoria al Ejecutivo o al Congreso; que el Senado o la Comisión Permanente revisaran la legalidad de una eventual declaratoria, y que la Fuerza Armada Permanente actuara en auxilio de la autoridad civil que lo hubiese solicitado, lo cual significa que las Fuerzas Armadas no serían las autoridades responsables, sino auxiliares.

La propuesta de Calderón dejaba abierta la solicitud a “la autoridad competente que considere que existe una afectación”; dejaba a discreción del Consejo de Seguridad Nacional la propuesta de la institución que debería ser designada como responsable –es decir, podían ser las Fuerzas Armadas–; únicamente solicitaría la opinión de la Comisión Bicamaral y sería el presidente quien emitiría la declaratoria de existencia de afectación.

Esto está en consonancia con lo que las versiones periodísticas atribuyen a la propuesta de los legisladores priistas. Incluso la definición que los legisladores hacen de lo que denominan “desafío”, que es “un obstáculo que afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado Mexicano”, es muy similar a lo que Calderón denominaba “riesgo”: “las circunstancias que puedan afectar, parcial o totalmente, la estabilidad o el desarrollo nacionales”.

De este modo, al menos, en estos aspectos el dictamen aparentemente emanado de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, presidida por Rogelio Cerda, recoge las principales preocupaciones de Calderón, que habían sido atenuadas en el Senado.

En otros puntos, como la propuesta de que podrá declararse la afectación a la seguridad interior cuando las acciones derivadas de conflictos laborales, políticos, sociales o electorales “constituyan un desafío”, los diputados priistas van incluso más allá de la propuesta de Calderón, pero todo indica que su intención es básicamente impedir la reforma, es decir, al hacer enmiendas a la minuta que envió el Senado, tiene que regresar a dicha cámara y, como ya adelantaron senadores priistas y perredistas, ellos las rechazarán.

Ante la posibilidad de que en el futuro los militares sean juzgados por los delitos que han cometido contra civiles en la lucha contra el narcotráfico, ellos prefieren quedar siempre en manos de la justicia militar y no de los tribunales ordinarios, aunque la reforma propuesta regule con claridad el procedimiento para permitir su intervención en asuntos de seguridad interior, pues saben que ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que establece: “Es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública”.

Todo indica que la estrategia de los diputados priistas, más que respaldar la propuesta de Calderón, aunque la retoman en varios de sus aspectos centrales, es evitar una reforma que elimine en las leyes ordinarias el fuero militar para los miembros de las Fuerzas Armadas que cometan delitos en contra de civiles, a pesar de que tal disposición ya se encuentra prevista en la Constitución y en diversos tratados internacionales que México ha suscrito, además de que inclusive fue motivo de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

*Tomado de la revista Proceso.

Norberto hipócrita, Marcelo igual*

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Álvaro Delgado



MÉXICO, DF, 25 de abril (apro).- El Gobierno del Distrito Federal que encabeza Marcelo Ebrard estaba obligado a proceder jurídicamente contra las siete personas que interrumpieron groseramente la ceremonia religiosa celebrada en la Catedral Metropolitana, este Domingo de Pascua, y esclarecer si eran militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o si son simples mercenarios al servicio del propio clero.

Fue evidente que las seis mujeres y el hombre que irrumpieron en el recinto católico durante la homilía no son “loquitos” ni espontáneos enardecidos por un agitador, ni siquiera es creíble que sean parte del grupo que cada domingo se manifiesta --con máscaras de demonio-- fuera de la catedral contra el cardenal Norberto Rivera, porque el montaje --embarazos simulados, uso de altavoz, destrucción de imágenes-- responde a una lógica de violencia que busca enardecer a los fieles y victimizar a la Iglesia.

La provocación se produjo en un contexto que anticipaba escándalo: No sólo durante la homilía de una misa, de suyo grave, sino en un día de prominente significación para los católicos, la resurrección de Jesús, pero además cuando la mayoría de la población está de asueto y las noticias más relevantes son sólo las relacionadas con la violencia criminal que ya tiene a los mexicanos hasta el copete.

Y el remate: La declaración de la Arquidiócesis Primada de México de culpar de esos hechos al PRD, el partido que ha forzado a la Secretaría de Gobernación a sancionar, así sea casi de manera simbólica, a un ministro de culto por violar la ley y a quien el Instituto Federal Electoral (IFE) exige otra sanción por violar la Constitución y el Código Electoral.

El individuo en cuestión es Hugo Baldemar Romero Ascensión, quien se hace llamar también Hugo Valdemar (con “v” labiodental o “de vaca”), justamente el vocero del cardenal Rivera Carrera, quien apenas el jueves 21 rechazó esas sanciones y recordó que las irrupciones a la Catedral Metropolitana han quedado impunes.

Al respecto, Valdemar (también autollamado Baldemar) imputó con malicia los hechos a militantes perredistas, entre los que efectivamente suele haber quienes confunden intolerancia con valentía:

“No dudo que sea una respuesta a lo que el señor cardenal dijo el jueves pasado, no lo dudo. Porque veintitantas veces lo han hecho, una más no dudaría. Pero igual yo necesitaría las pruebas para afirmarlo. Me parece que la Iglesia católica nunca nos hemos (sic) ido a meter a una reunión plenaria del PRD para ofenderlos, insultarlos”.

Como este cura no tiene credibilidad por lo menos por ser parte del conflicto ni en esa misma lógica tampoco la tiene el PRD --que rechazó de inmediato que los involucrados sean parte de sus filas--, la autoridad competente para poner en claro los hechos era la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que por salud pública debió proceder al margen de simulaciones e hipocresías.

La PGJDF está dotada de todo el instrumental jurídico y técnico para conocer el móvil de la protesta que trasciende el derecho a la libertad de expresión y establecer las sanciones que correspondan, pero sobre todo esa instancia debió sentar un precedente para quienes tramen una acción análoga y dejar claro, también, que la militancia en un partido o la pertenencia a una iglesia no es sinónimo de impunidad.

Si resultase que el grupo de provocadores forma parte del PRD, este partido deberá asumir por lo menos las consecuencias políticas de esos hechos, pero si el cardenal Rivera Carrera, su vocero Hugo Valdemar (o Baldemar) y su jefe de escoltas, Armando Martínez --también presidente del fantasmal Colegio de Abogados Católicos--, tramaron el montaje, proceder con todo rigor.

Tal como suelen comportarse unos y otros, ninguna de las dos hipótesis podía desecharse.

Pero no, otra vez Ebrard actuó con tibieza, sello de los moderados de la izquierda moderna: El funcionario obviamente condenó los hechos, confirmó la liberación de los siete involucrados, porque no se actualizó ningún delito, expuso que el procurador Miguel Angel Mancera le dijo que pertenecían a una “iglesia” sin registro, que eran de Ecatepec, Estado de México, y ya.

¿Quiénes son y para quién trabajan Hortencia Jiménez Ojeda, María Magdalena Orta López, Dinora Alvarez Rendón, Lorena López, Isabel López Chávez, Angelina García, José Francisco Avila García y otra mujer no identificada? Nadie lo sabe, porque la autoridad no hizo su trabajo.

Por tanto impunidad absoluta para quienes, si no cometieron ningún delito, agredieron a ciudadanos que, en ejercicio de sus libertades, asistían a un respetable rito religioso y podrán volverlo a hacer cuando se les pegue la gana.

Y obviamente, ante la impunidad, el clero se desquita: Hugo Valdemar --alias Baldemar o al revés-- insiste en que, “por la forma de actuar”, los responsables son miembros del PRD. “Ante un hecho así lo primero que nos viene a la mente es pensar en ellos, que por cierto se deslindan, pero nosotros en varias ocasiones hemos demostrado que se trata de simpatizantes y gente de ellos”.

¿Quién va a desmentir a este sujeto, ya denominado por sus cofrades “mártir de la libertad de expresión”, si la autoridad no hace su trabajo? Y más aún, ¿la Secretaría de Gobernación podrá sancionar la recurrente insolencia de este ministro de culto que es, en realidad, el muñeco de ventrílocuo de Norberto Rivera?

¡Hipócritas!

Apuntes

Si procede que la Ley de Seguridad Nacional otorgue facultades para que el titular del Ejecutivo declare estado de excepción mediante un simple decreto, como traman PAN y PRI, estaremos entrando --ahora sí-- al infierno de la represión con un sujeto como Felipe Calderón. ¡Cuidado!... Para cualquier mexicano, no sólo habitante del Distrito Federal, debe ser inaceptable que un gobernante ponga en venta la vía pública a favor de emporios como Comercial Mexicana y Televisa, como lo está haciendo Ebrard, pero el oportunismo del PAN también repugna…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

Ley de Seguridad: Los chantajes del calderonismo*

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Jesusa Cervantes



La diputación priista se dispone a aprobar esta semana reformas a la Ley de Seguridad Nacional que, propuestas por la Sedena, habían sido consideradas violatorias de las garantías individuales. Fuentes castrenses, del PRI y del Senado –cuya minuta están modificando los diputados– dieron a conocer la causa del viraje: El Poder Ejecutivo ha integrado “expedientes negros” de gobernadores priistas vinculados con “actividades ilícitas”, y varios generales advirtieron al nuevo dirigente del Revolucionario Institucional, Humberto Moreira, que si no eran aprobados los cambios propuestos por el Ejército, dichos expedientes serían publicados...



Los diputados federales del PRI pretenden aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional que da sustento jurídico a la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, que otorga autonomía al Ejecutivo federal para autorizar la presencia de militares y que, “de manera encubierta”, permite declarar estados de sitio o de excepción que suspenden temporalmente las garantías individuales.

Luego de que el PRI –partido que con sus 237 votos puede dictar agenda y condicionar aprobación de leyes en la Cámara de Diputados– se mostró renuente a respaldar propuestas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), terminó aceptando todos los cambios que demandaba la Sedena, a pesar de que algunos los había considerado “inaceptables” o generadores de una “alta politización” que haría difícil el tránsito de la nueva ley en el pleno.

El viraje del PRI, de acuerdo con tres fuentes consultadas por Proceso, habría sido provocado por la amenaza del Poder Ejecutivo de dar a conocer los llamados “expedientes negros” que está elaborando en contra de actuales gobernadores priistas por su presunta participación en actividades ilícitas. Proceso constató esta versión por tres fuentes de información distintas que participaron en la negociación: sector castrense, PRI y Senado.

La minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional llegó el 28 de abril de 2010, pasó ocho meses en “la congeladora” y, para diciembre de 2010, el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Ardelio Vargas, concluyó, junto con la Sedena, un nuevo documento que el PRI no se decidió a respaldar.

Al arribo de Humberto Moreira a la dirigencia nacional del PRI, el 4 de marzo pasado, los priistas reactivaron las negociaciones y entraron en contacto con altos mandos militares, entre ellos el general de División Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, subsecretario de la Sedena.

Pero no fue sino hasta el 6 de abril –de acuerdo con las fuentes castrenses– cuando Moreira tuvo una comida con algunos generales que veladamente le advirtieron las consecuencias de no aprobar la Ley de Seguridad Nacional: la publicación de los expedientes.

Menos de una semana después, el 11 de abril, el encargado de llevar las negociaciones desde un inicio por parte del PRI, el diputado del Estado de México Alfonso Navarrete Prida, llegó a la Secretaría de Gobernación con el nuevo documento de 81 cuartillas, según el cual el PRI avala sin corchete alguno cada una de las propuestas del Ejecutivo Federal y de las Fuerzas Armadas.

No obstante, entre los negociadores se advirtió que a pesar de que el PRI avaló todas las demandas, no hay garantía de que “la amenaza de los expedientes” haya sido retirada.

El inicio



El 6 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa declaró “la guerra” al narcotráfico y el día 7 envió al Ejército a combatirlo en Michoacán, a partir de lo cual la presencia del sector castrense se ha ido extendiendo a todo el país.

El 8 de mayo de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia que autoriza al Ejército y a la Marina a “auxiliar” en el combate al crimen organizado.

Luego, el l9 de marzo de 2008, el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, demandó una ley que dé seguridad nacional y no una legislación que sólo otorgue al Ejército el papel de policía.

Al año siguiente, el 23 de abril de 2009, Felipe Calderón envió una propuesta de reforma al Senado de la República, en donde quedó congelada durante un año para ser aprobada en abril de 2010 y llegar a la Cámara de Diputados ese mismo mes.

Después de que el diputado con licencia Ardelio Vargas “rehízo” con las fuerzas castrenses la minuta del Senado, el PRI detuvo cualquier negociación. Proceso dio a conocer en diversos números lo que el Ejército demandaba (ediciones 1747, 1748, 1771 y 1795).

Poco antes de concluir su periodo al frente del PRI, Beatriz Paredes Rangel reactivó las pláticas con los militares. El 21 de febrero de 2011, Navarrete Prida sostuvo un encuentro con el subsecretario de la Sedena, general de división Carlos Demetrio Gaytán, algunos elementos de la Marina y el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Julián Hernández. Por parte del PRI participó Claudia Ruiz Massieu.

La intervención del funcionario de Gobernación se produjo luego de que Navarrete exigió seriedad en el tema y que acudiera “alguien que tuviera capacidad de decisión”, según revelaron fuentes de la Cámara de Diputados.

Al día siguiente, el 22 de febrero, Navarrete Prida y el subcoordinador del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, acordaron impulsar un documento para que la minuta fuera “dictaminada” por una sola comisión y no por las cinco en que se encuentra (Defensa, Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Derechos Humanos), con el fin de agilizar su discusión en el pleno.

En paralelo, a la Sedena llegaron versiones de que el PRI, “molesto porque el apoyo de las fuerzas castrenses al gobierno de Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico se había traducido en respaldo electoral de la ciudadanía al PAN”, según revelaron fuentes castrenses, habría elaborado un documento en donde se solicitaría el enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas y del presidente de la República por haber incurrido en posibles violaciones a los derechos humanos.

Enfadados, los principales mandos de la Sedena pidieron un encuentro con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín –cercano a Beatriz Paredes–, el 1 de marzo de 2011, para solicitar una definición del Poder Legislativo en torno a la ley. (Proceso dio detalles del encuentro en su número 1795.)

Ahí, el propio presidente de la Mesa Directiva consideró difícil que se aprobara la reforma en el actual periodo ordinario, que concluye el próximo 30 de abril. Sin embargo, esa primera semana de marzo la posición del PRI empezó a virar.

La amenaza



A uno de los grupos políticos fuertes dentro del PRI llegó la versión de que la Procuraduría General de la República preparaba expedientes políticos en contra de gobernadores priistas, revelaron fuentes de ese partido.

Luego de que, el 4 de marzo, Humberto Moreira asumió la presidencia nacional del PRI, su primera decisión fue intensificar las negociaciones con el sector castrense, pero a las pláticas, que se realizaban en la Secretaría de Gobernación y no en la Cámara de Diputados, dejaron de asistir tanto el priista Navarrete Prida como la Sedena debido a que Gobernación destituyó a su subsecretario de Enlace. Sólo los asesores de cada una de las partes leía y releía el documento de la Sedena y las observaciones de los priistas, sin llegar a nada.

El 14 de marzo, día en que se nombró al nuevo subsecretario de Enlace, Rubén Fernández Aceves –quien fue titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública–, los principales representantes del PRI, Alfonso Navarrete Prida, Claudia Ruiz y un par de generales de la Sedena intensificaron su presencia en las negociaciones.

Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del PAN, dijo en entrevista que a partir de ese día el camino se facilitó y que incluso Francisco Blake Mora participó en varios encuentros.

Ya el 17 de marzo la estrategia del gobierno federal para lograr la aprobación de la nueva ley habría sido modificada, según las fuentes castrenses y los propios priistas. A oídos del grupo negociador del PRI llegó de nuevo la versión sobre los expedientes inculpatorios, sólo que en esa ocasión la amenaza fue más contundente:

“Nos dijeron que esos expedientes de varios gobernadores los darían a conocer una vez que se supiera el nombre del ganador al gobierno del Estado de México. Esto tendría dos efectos: uno, pegarle al PRI en general, y el otro, golpear al aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por ser el puntero en la carrera presidencial”, reveló un funcionario del PRI.

A pesar de ello, el grupo de técnicos de la Sedena y del PRI se volvió a reunir en Gobernación. Curiosamente, el 23 de marzo, allegados a la negociación comentaron que “ya se desatoró y sólo estamos en algunas definiciones”. Y no fue otra cosa que el ver cómo conciliaban las observaciones que el PRI hacía a varias de las propuestas de la Sedena, en el sentido de que aceptarlas generaría grandes “debates políticos”.

El miércoles 6 de abril, un general comentó a Proceso que la nueva ley “pasaría” sólo si ocurriera algo extraordinario. ¿Cómo qué podría ser?, se le preguntó, a lo que respondió con una ligera sonrisa: “Las elecciones del Estado de México, ¿no?”, sin agregar nada más.

Ese mismo 6 de abril, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, participó en una comida con algunos “altos mandos” de la Sedena para discutir la reforma. Al término del encuentro, uno de los generales –se pidió no dar a conocer su nombre– dejó caer una hoja con el membrete de la Sedena donde se hacía un análisis de la presencia del narcotráfico en algunos estados del país bajo la complacencia de gobiernos priistas. Además, dejaron entrever que se contaba con toda la información al respecto.

Fuentes de la Sedena consultadas por Proceso revelaron que la confección de los “expedientes negros” sí está en curso; comentaron que la Sedena ofrece datos que ella tiene sobre el tema, que la PGR elabora los documentos y que algunos funcionarios del Poder Judicial “ayudan a sustentarlos”.

Coincidentemente, al día siguiente de la comida entre Moreira y generales de la Sedena, Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con Felipe Calderón, y un día después el gobernador del Estado de México desayunó con el secretario particular del presidente de la República, Roberto Gil Zuarth.

Previamente, el 31 de marzo, representantes de la ONU recomendaron al gobierno mexicano que el Ejército se retire de las calles en su lucha contra el narcotráfico, debido a que las denuncias por violaciones a los derechos humanos se han incrementado. En 2006 contabilizaban 182 y para 2008 ya sumaban mil 230.

En respuesta, el gobierno federal, a través de Fernando Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo el 2 de abril que el Ejército seguirá en las calles; luego, el propio Calderón advirtió el 8 de abril que así será como “apoyo temporal y subsidiario”.

De manera desconcertante y contrario a su discurso beligerante contra el PAN-gobierno, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, apoyó el 11 de abril a Calderón al declarar: “Sería un error regresar al Ejército a los cuarteles en este momento. Sin embargo, considero que sí es necesario revisar la estrategia de algunos puntos que están fallando”.

En sintonía con las expresiones de Moreira, el encargado de conducir las negociaciones por el PRI, el diputado Alfonso Navarrete Prida, arribó a las oficinas de la Secretaría de Gobernación ese mismo día; se reunió con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Fernando Zamora Castro, y un par de generales de la Sedena para no sólo anunciarles que no habría más trabas de su partido a las peticiones del sector castrense, sino que además les entregaba “el predictamen” de 81 cuartillas sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

Esto significaba que en dicho documento no sólo se incluían los artículos reformados, sino que en 45 cuartillas se hacía toda la justificación de los cambios y se asentaba el impacto presupuestario.

El PRI se doblega



Después de que el diputado con licencia Ardelio Vargas elaboró junto con el sector castrense los cambios a la minuta del Senado, el PRI se dio a la tarea de impulsar, en febrero de 2011, una nueva propuesta de reforma en donde “encorchetó varios de los cambios” propuestos e incluso señaló cuáles serían “intransitables”.

En la elaboración de la propuesta participaron, además de Alfonso Navarrete Prida, la diputada Claudia Ruiz Massieu, y antes, en un primer tramo, los senadores Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell.

La minuta del Senado aprobada el 23 de abril de 2010 contenía aspectos como el que los militares fueran juzgados por la justicia civil cuando violentaran los derechos humanos o incurrieran en abusos; que las concentraciones de tipo laboral, social o político no fueran consideradas amenazas a la seguridad nacional; que la declaratoria de afectación (momento en que se acepta la participación del sector castrense) fuera emitida por el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión; pero además no definía los “obstáculos” como aquellos que atentan contra la seguridad nacional, no permitía establecer retenes ni tampoco hacer declaratorias de estado de excepción, entre otras cosas.

Antes de que dicha minuta se aprobara en el Senado, el general secretario Guillermo Galván Galván convocó el 7 de abril en el Salón de Usos Múltiples en la Sedena a los miembros de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Ahí les solicitó:

“Potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia; poder para detener durante 24 horas a los presuntos culpables y someterlos a interrogación; potestad para tomar las huellas dactilares de quienes aprehenda; intervenir comunicaciones; rastrear o hackear páginas en internet; poder disolver concentraciones de vehículos (como las ocurridas en abril de 2010 en Tamaulipas y Nuevo León); que se puedan declarar zonas de excepción y eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas”, revelaron a Proceso asistentes a ese encuentro.

Nada de ello se incluía en la iniciativa que el Ejecutivo había enviado al Senado; sin embargo, cuando la minuta llegó a la Cámara de Diputados, el Ejército continuó su labor de cabildeo.

En octubre de 2010, la Sedena invitó a los mismos legisladores a una demostración del poder de armamento del crimen organizado y les habló de nuevo de lo que los militares deseaban incluir en la minuta del Senado que ya estaba en manos de los diputados.

Proceso informó de lo que molestaba al Ejército de la minuta del Senado por considerar que ciertos aspectos eran anticonstitucionales y porque los altos mandos militares no querían estar supeditados a las órdenes de las policías en el combate al narcotráfico. También se dieron a conocer los 10 puntos que pretendían incluir.

Justamente sobre estos puntos el PRI hizo observaciones. Por ejemplo, el aspecto más importante era que la Sedena planteaba que una vez declarada la afectación, “a juicio del Ejecutivo Federal”, se establecieran “medidas extraordinarias”. Aquí el PRI advertía que básicamente se estaba hablando, “de manera encubierta”, de un “estado de excepción”, y señalaba que incluir ese punto generaría una “alta politización”.

Otra observación que hizo el PRI se refería a la pretensión de que el Ejecutivo solicitara la intervención de los militares y utilizara “todos los recursos” de que dispusiera cuando lo considerara necesario y en tanto se hacía la declaratoria de afectación. Aunque aquí el PRI consideró “correcta” la atribución, señaló que para que ello ocurriera debían establecerse las causas urgentes y las circunstancias que ameritaran la intervención, pues “de otra forma se puede convertir en una acción sumamente peligrosa”. Por lo tanto, pidió que hubiera un marco “de control” para esas medidas.

El PRI fue claro al considerar que, desde “el punto de vista político, es de extrema sensibilidad y temor el aprobar un artículo como éste”.

Sobre las facultades de intervención de comunicaciones privadas que pidió la Sedena, el PRI sostuvo que es de “notoria improcedencia como está planteado, pues no tiene facultades constitucionales, sólo si es autoridad designada como responsable”. En todo caso, a una medida de ese tipo debía dársele temporalidad, con las causas que la justifiquen.

Y en cuanto a las “operaciones encubiertas” que pueden realizar los mandos castrenses, el PRI planteó que pueden ser un “peligro”, pues podrían darse en forma unilateral, sin autorización del titular de la Sedena. Además de que no se aclara cuáles son las “operaciones encubiertas”, señaló, este punto implica una “alta politización”.

Finalmente, “el predictamen” que el PRI entregó a Gobernación el 11 de abril, y que no se distribuyó entre todos los partidos políticos sino hasta el día 22, no incluye los cambios y observaciones que había aportado el PRI. Sólo presenta todo lo que la Sedena propuso y que fue registrado en un documento dado a conocer a los diputados federales en octubre de 2010, así como a Humberto Moreira, en abril de este año, cuando visitó las instalaciones de la Sedena.

El vicecoordinador legislativo del PAN, Alberto Pérez Cuevas, comenta que la Cámara de Diputados espera aprobar el documento el martes 26 de abril para que así lo puedan procesar hasta el día 30, fecha en que concluye el presente periodo de sesiones.

En entrevista telefónica, el senador del PRI Jesús Murillo Karam manifestó que la premisa de los cambios que ellos aprobaron fue que sirviesen “para garantizar a la ciudadanía el respeto a sus garantías y derechos humanos”, y aclaró que se “tuvo cuidado para que el accionar de las Fuerzas Armadas fuera del conocimiento del Congreso de la Unión y sobre lo que dice la Constitución”.

“Nos interesa que el prestigio del Ejército se mantenga y que su intervención sea regulada”, expresó.

–¿Aprobarán los cambios de la Cámara de Diputados a la propuesta de reforma?

–Si viene similar, es posible. Pero si se cambió todo, tendremos que analizar la modificación.

El diputado del PVEM, Pablo Escudero, planteó que los cambios son inaceptables, pero que si el PRI y el PAN los mayoritean “creo que el Senado no los verá con buenos ojos”.

Finalmente, por el PRD, la diputada Teresa Incháustegui dijo que la propuesta de reforma es inaceptable y que incluía todo lo que los generales habían pedido a los diputados. “Lejos de que las relaciones cívico-militares caminen a favor de la transición democrática, esto va en contrasentido”, sentenció.

*Tomado de la revista Proceso.

Victoria inalcanzable*

Tomado de La Jornada, Hernández.


Jorge Carrasco Araizaga



Desde 2009, Alfonso Reyes Garcés, capitán de fragata de infantería e integrante de las Fuerzas Especiales de la Armada de México, advirtió que la estrategia del gobierno federal para combatir el narcotráfico estaba encaminada al fracaso. De no cambiarla, dijo, la guerra contra los cárteles no tendrá fin. Y se explayó sobre el tema en su tesis de maestría, que presentó en diciembre de ese año en la Escuela de Posgrado Naval en Monterey, California. Entre sus críticas, el oficial de marina afirma que si el narcotráfico es una amenaza para la seguridad nacional, entonces debe ser tratado como tal. La estrategia no ha cambiado y, en efecto, el gobierno y sus fuerzas armadas no tienen manera de sostener que pueden alcanzar la victoria...



Renuente a modificar la estrategia que exacerbó la violencia en el país, el gobierno de Felipe Calderón quedó entrampado en “una guerra sin fin” contra el narcotráfico y a menos de dos años de abandonar el poder ni siquiera sabe bajo qué parámetros puede demostrar una victoria.

Esta evaluación de lo que ha sido la principal política del sexenio es autoría de un jefe de la Marina, Armada de México, el capitán de fragata de infantería e integrante de Fuerzas Especiales Alfonso Reyes Garcés. La escribió en su tesis de maestría que presentó en la Escuela de Postgrado Naval (NPS, por sus siglas en inglés) de Monterey, California, centro de formación académica naval de Estados Unidos.

Adscrito actualmente al Batallón de Infantería de Marina 27, en el Distrito Federal, Reyes Garcés se graduó en diciembre de 2009 de la NPS, donde se especializó en el Departamento de Análisis de Defensa, división dedicada a la preparación de cuadros para los futuros campos de batalla, en especial en temas de terrorismo, insurgencia, guerras no convencionales y operaciones de información.

Militares estadunidenses y extranjeros egresados de esa división están ahora operando en Irak, Afganistán, Filipinas y Colombia como parte de su formación en guerras irregulares, dentro de las cuales algunos analistas estadunidenses ubican la “insurgencia delictiva” que padece México y que la secretaria de Estado Hillary Clinton y otros funcionarios estadunidenses han tipificado como “narcoinsurgencia”.

Contrario al entusiasmo del titular de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Francisco Saynez Mendoza, con la estrategia de Calderón –que llevó incluso al almirante a declarar el miércoles 20 en Veracruz que la violencia desatada en el país se debe a que “la fiera está acorralada” y un día después a decir “que los cárteles se están desbaratando” –, Reyes Garcés hace una revisión sin paliativos de la manera en que se ha pretendido combatir el narcotráfico en el actual sexenio y las consecuencias negativas que ha tenido, sobre todo por la creciente violencia.

Desde el título, el jefe naval cuestiona los logros que reclama Calderón en su decisión de privilegiar la violencia: ¿Se está ganando la guerra a las drogas en México? La primera respuesta de Reyes Garcés es contundente: Calderón realmente no ha innovado en el combate al narcotráfico. Se ha limitado a repetir lo que se ha hecho desde el siglo pasado en México y el mundo y que ha probado su fracaso: atacar la oferta de droga, sin tomar en cuenta las raíces sociales del narcotráfico.

En ese ataque frontal a los cárteles, las autoridades mexicanas no han tenido los resultados esperados debido a que su principal problema es la “falta de una estrategia bien coordinada”. El resultado, dice a la luz del círculo vicioso de violencia en que está atrapado el país, es que la guerra a las drogas en México “se ha convertido en una historia sin fin”.

La tesis publicada por la NPS –cuya sede se ubica al sur de San Francisco, en el Pacífico– tiene como subtítulo: Hacia un enfoque integrado del comercio de las drogas ilegales. Pasada ya la primera mitad del sexenio, el capitán de fragata Reyes Garcés explicó la necesidad de un cambio de estrategia:

“México está sufriendo cada vez más los efectos negativos de los crecientes niveles de narcotráfico y de consumo de drogas. La política orientada al combate de la oferta de droga, que implica ataques a los poderosos cárteles, ha alcanzado sus límites estructurales. Los signos son claros de que es tiempo de intentar un nuevo enfoque.”

La principal propuesta del jefe militar es pasar de la lógica de que “si no hay disponibilidad de drogas no hay daño” a la de considerar la reducción de los daños sociales causados por las drogas, en especial la “violencia sistemática”.

La propuesta de Reyes Garcés



Integrante de las Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, el componente terrestre de la Armada de México que ha sido fortalecido por Calderón como parte de su “guerra al narcotráfico”, Reyes Garcés asegura que la violencia asociada al narcotráfico y el crecimiento en su tamaño son síntomas de una enfermedad más grande: la adicción de la gente y los costos sociales asociados con un extendido uso de drogas ilegales.

Pero también considera que la violencia relacionada con el narcotráfico puede estar vinculada, en un grado importante, con los altos niveles de desigualdad y pobreza, debido a que los cárteles de la droga ofrecen una atractiva fuente de trabajo ante la crisis económica.

Más aún, la estrategia de descabezar a los cárteles ha generado una promoción más rápida en su interior, lo que se ha vuelto atractivo para los jóvenes: “Como resultado de la alta tasa de muertes y detenciones de narcotraficantes, los cárteles están en una constante necesidad de nuevos reclutas”, sostiene Reyes.

Lo que también ha hecho la actual estrategia, dice, es que “el negocio sea más riesgoso, pero más lucrativo”, pues no ha afectado ni la demanda de drogas ilegales en México ni su flujo, especialmente a Estados Unidos.

Alejado de la respuesta represiva, afirma que, más allá de la confrontación a los cárteles, una estrategia diferente a la actual debe tomar en cuenta la dinámica social que incentiva a la gente a participar en el narcotráfico.

En todo caso, el jefe naval propone un balance entre el combate a la oferta de drogas y la reducción del daño social que ocasionan; lo que lo lleva incluso a considerar la legalización de la mariguana. Eso tendría un impacto importante en las finanzas de los cárteles y podría reducir su participación en el mercado de las drogas ilegales debido a que la mariguana representa más de 61% de los ingresos de los narcotraficantes, argumenta.

Reyes apunta que pese a la gran cantidad de recursos destinados por las autoridades mexicanas a las operaciones antidroga, el flujo de las drogas ilegales en el país continúa más o menos en los mismos niveles desde la llegada del PAN a la Presidencia en el año 2000.

En cambio, los efectos negativos asociados con el narcotráfico siguen creciendo. El más visible, la violencia de los cárteles que se disputan el control de las principales rutas hacia Estados Unidos y los centros de distribución en México y la que resulta del conflicto armado con las fuerzas gubernamentales, en lo que el jefe militar define como “un intento fallido de detener o eliminar el tráfico de drogas”.

La principal razón de estas expresiones de violencia es que el gobierno ha desestimado las profundas raíces sociales, como la pobreza y la desigualdad socioeconómica, que propician la continua importancia y expansión del narcotráfico, dice el experto militar.

Lo mismo ocurrió con su antecesor, Vicente Fox, cuya administración se jactaba en 2002 de que en su “guerra a las drogas” había detenido a 40 jefes del narcotráfico. Sin embargo, observa, “el vacío creado por esas detenciones fue rápidamente llenado por miembros de los mismos cárteles o por cárteles rivales que aprovecharon la oportunidad para expandir sus áreas de influencia”.

Aunque Fox presentó como un gran éxito que durante su gobierno le haya causado pérdidas por 17 mil millones de dólares a los cárteles de la droga, además de haber extraditado a Estados Unidos más de 200 miembros de esas organizaciones, “el impacto en el comercio de drogas ilegales fue, de hecho, insignificante”.

Entre 2005 y 2006, los dos últimos años del gobierno foxista, los niveles de violencia entre los cárteles y contra el gobierno alcanzaron niveles sin precedente. La respuesta de Calderón fue lanzar a los militares a combatir a narcotraficantes, usando la misma estrategia “que a lo largo de los años ha probado ser inefectiva” y que al ser más de lo mismo “no permitirá que se obtengan mejores resultados”.

La debilidad del gobierno



Ante la falta de innovación por parte de la autoridad, dice Reyes, los cárteles de la droga se han adaptado muy bien a los esfuerzos antidrogas en México y, lo más grave, han ganado respaldo social: “Con el tiempo, han sido capaces de sobrevivir y adaptarse a un paso más rápido que el gobierno mexicano. Mientras éste ha usado la misma estrategia –focalizada en un ‘asalto frontal’–, los cárteles han modificado su organización, sus relaciones con el Estado y sus relaciones con la sociedad”.

Lo que ha hecho esa estrategia “es evidenciar la debilidad del gobierno mexicano”, con todas las implicaciones sociopolíticas que eso implica. Peor aún, para el jefe naval el uso del término “guerra a las drogas” y la falta de una definición clara de lo que debería ser una victoria, está haciendo que las autoridades no aparezcan ni como perdedores ni como ganadores de esa guerra.

“El gobierno mexicano puede apuntar a la captura o asesinato de una gran cantidad de narcotraficantes, pero no puede declarar victoria. De hecho, no es claro si sabe qué sería o podría parecer una victoria”, afirma.

A pesar de que desde finales del régimen autoritario del PRI y lo que va del panismo el narcotráfico ha sido considerado como una amenaza para la seguridad nacional, el gobierno de Calderón apenas mencionó este aspecto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012. Pero para enfrentarlo, observa, el PND dispersó el tema en varios programas federales que tienden a tratar el problema básicamente como un asunto policial.

Además de esta estrecha concepción, el autor de la tesis dice que otra limitante es la falta de un objetivo claro, por lo que el gobierno mexicano no está en condiciones de medir y comparar los resultados cuantitativos de su campaña antinarco. Su principal problema para hacer una defensa convincente de sus logros es que no ha establecido objetivos claros, insiste.

Para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), una manera de medir la victoria se encuentra en el Programa Institucional de Seguridad Pública, pero ni en ese ni en el Programa Nacional de Seguridad Pública –en el que participan distintas instituciones– se puede encontrar “ninguna manera de medir qué pudiera indicar si el gobierno está teniendo éxito”.

Precisa que el programa de la SSP se enfoca a operaciones de prevención del delito y al desarrollo de nuevas tecnologías contra la delincuencia, pero “no ha sido capaz de enfrentar temas como la reducción de la violencia y la operación de los mercados de drogas ilegales, o reducir la capacidad de los cárteles para reclutar gente. Además, “no ha tenido impacto para revertir la preferencia de la gente de mantenerse neutral a pesar de las frecuentes peticiones para que informe y coopere con las autoridades”.

Lo mismo ocurre con la PGR, mientras que en el caso de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), apunta Reyes, “probablemente la única institución en México que ha establecido metas específicas”, la manera en que mide el éxito presenta algunos problemas. Ejemplifica: en 2007, sus metas fueron llevar a cabo 28 operaciones de erradicación de alto impacto al año y reducir en 70% el total de superficie de cultivos ilegales en el país. Sin embargo, de acuerdo con la propia Sedena, en 2009 se desconocía cuál era el total de la superficie de cultivos ilegales.

Eso explica las fluctuaciones en las cantidades de cultivos destruidos. Si en 2006 el Ejército erradicó 28 mil 50 hectáreas de mariguana, cómo se explica que en 2008 destruyó sólo 18 mil 394, observa.

En el caso de las detenciones, asegura que las cifras por sí mismas no se traducen en resultados, particularmente si la principal meta es la reducción de la violencia. Advierte que el uso del número de arrestos y aseguramiento de droga como un indicador de éxito puede crear competencia entre las instituciones de seguridad, “incrementando incluso la violencia y socavando las investigaciones en curso”.



Falta de definiciones



Cuando alude a las pugnas en el interior del gabinete de seguridad, Alfonso Reyes Garcés expone que el énfasis en las detenciones y los decomisos de drogas coloca bajo presión a los comandantes para que, en el terreno, se dediquen a cazar blancos de oportunidad, sin importar las investigaciones que tienen lugar o sin considerar los efectos secundarios que puedan tener esos arrestos.

Además, dice, “cada arresto crea un vacío que será llenado casi inmediatamente, al tiempo que puede generar un incremento en la violencia con nuevos actores que remplazan a los detenidos”, con lo que la propia autoridad puede convertirse en uno de los principales causantes de la violencia.

Otro problema de la estrategia, agrega, es la falta de información sobre las operaciones de los cárteles, lo cual es resultado del “pobre desempeño de los servicios de inteligencia, aunque de manera más significativa puede revelar la falta de confianza de los ciudadanos hacia las autoridades”.

Dice que la campaña de recompensa a los ciudadanos para que den información al gobierno “no ha sido tan efectiva” como éste hubiera querido debido a que los cárteles han construido una red social de apoyo, ya sea voluntaria o involuntariamente. En general, las comunidades no tienen la voluntad de cooperar con el gobierno por temor o porque sus ingresos derivan directa o indirectamente del narcotráfico. Es decir, el ciudadano no se quiere poner en medio del fuego, asegura.

Reyes también critica que en la estrategia calderonista la Secretaría de Desarrollo Social no esté incluida en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, “con lo que el gobierno mexicano se niega a sí mismo el uso de otras poderosas ‘armas’ de apoyo en su actual guerra contra las drogas”.

Añade: México no se puede permitir que las secretarías a cargo de los programas sociales y los de salud mantengan un perfil bajo en la estrategia antidrogas. “Si el narcotráfico es una amenaza a la seguridad nacional, entonces debe ser tratado como tal”.

Asegura que ante los tradicionales bajos niveles de consumo de drogas entre los mexicanos, para las autoridades fue fácil enfocarse en las políticas de combate a la oferta de drogas para ayudar a otros países a enfrentar “su” problema de demanda de drogas. Esto no les ayudó a prepararse ante la creciente y significativa demanda de drogas ilegales.

Para el integrante de las Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, el gobierno mexicano debería tener en cuenta que una fuerte presencia del Estado se alcanza no sólo a través de la persecución de los delitos, que sólo lleva a un sentimiento artificial de estabilidad. Lo que tendría que hacer, dice, es proveer servicios públicos, educación, nuevas oportunidades de empleo e incluso reorganizar las cargas fiscales.

“Sólo la revitalización del contrato social va a cambiar la actual situación. Si no ocurre, habrá vacíos de poder que seguirán siendo llenados por organizaciones de delincuencia organizada nuevas o revitalizadas”, advierte.

México no tiene nada que perder si intenta nuevas estrategias, pero sí perdería mucho si mantiene la actual, que ha probado ser inefectiva en reducir la oferta de drogas y, más importante aún, en prevenir una explosión en el daño social asociado al narcotráfico.

*Tomado de la revista Proceso.

Desfiladero*

Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón.



∙ Luchar pacíficamente por la paz, la única salida

Jaime Avilés


En la antigüedad clásica, antes de la construcción del Anillo Periférico, los adultos nos explicaban a los niños capitalinos que Insurgentes era la avenida más larga del mundo. Por el sur, decían, llega hasta Acapulco y, por el norte, a Ciudad Juárez.

Esa avenida imaginaria y al mismo tiempo verdadera –que se prolongaba más allá de los Indios Verdes hacia Pachuca, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, y que a la altura de Ciudad Valles doblaba, a la izquierda, hacia San Luis Potosí, y desde el emporio del queso de tuna ofrecía opciones, al suroeste, hacia Morelia; al oeste, a Guadalajara; al noroeste, hacia Tepic-Mazatlán-Culiacán-Obregón-Hermosillo-Mexicali y Tijuana, y a través del desierto, rumbo al norte, hacia Zacatecas-Durango-Torreón-Chihuahua y Juárez–, dentro de algunos días podría adquirir un profundo significado político y tal vez histórico.

Todas las ciudades que enlaza esta serpentina de pavimento y chapopote están ensangrentadas y de luto, algunas ya heridas de muerte, por la guerra hipócrita de Felipe Calderón, los dueños de México y la buroclase política, una guerra que, ahora todas y todos lo tenemos más claro que nunca, no es, no fue y jamás será contra el narcotráfico, ni contra el dinero de la droga –50 mil millones de dólares anuales que mantienen funcionando al país y le permiten al “gobierno” regalar el petróleo a sus amos–, sino contra las garantías individuales, la justicia universal y expedita (que no existe sino en el papel, pero podría incluso ser borrada de éste) y el libre albedrío, personal y colectivo (que otros llaman “democracia”, pues dizque nos faculta a votar por quien nos dé la gana), bajo la tutela de la Constitución (que hoy corre tanto o más peligro que un pasajero a bordo de un autobús en Tamaulipas).

El próximo jueves 5 de mayo, un segmento de esa carretera, que va de Cuernavaca al DF, se convertirá en escenario de una protesta pacífica y simbólica, que no oculta su intención de unificar y sacar del anonimato, el silencio y el miedo a millones de mexicanos y mexicanas que en todos los ámbitos de la República –eufemismo alusivo a una esperanza, no a una realidad– están hasta la madre de esta dictadura genocida que ya no disimula, sino al contrario, intenta legalizar descaradamente su insaciable sed de sangre.

Si se agotaron, como insiste Pemex, los mejores campos petroleros del sureste (y por eso van a malbaratarlos a empresas de Estados Unidos, Inglaterra y España, que auspiciaron el fraude electoral de 2006 y, en tardía recompensa, nos robarán todo el aceite y gas que puedan, mediante los “contratos incentivados” prohibidos por la ley, aunque avalados, eso sí, por la Suprema Corte), a cambio de nuestra inverosímil “escasez” de hidrocarburos, tenemos un nuevo motivo de “orgullo”: hoy por hoy somos, gracias a Calderón, uno de los países más ricos del mundo en yacimientos ilegales de cadáveres.

El primer secuestro colectivo del sexenio, hasta donde se sabe, ocurrió el 16 de mayo de 2007, apenas cinco meses después de la “heroica” declaración de guerra del espurio. Esa noche, el líder de la sección 49 del sindicato de Pemex, David Vega Zamarripa, salió de sus oficinas en Cadereyta, Nuevo León –40 kilómetros al norte de Monterrey–, junto con varios acompañantes. Ninguno llegó a su casa. Al día siguiente, los plagiarios se comunicaron con Hilario Vega Zamarripa, hermano del dirigente, y lo citaron en el desierto para negociar el rescate. Jamás regresó. En pocos días desaparecieron más de 30 sindicalistas.

No eran –informó Diego Enrique Osorno– disidentes sino amigos de Carlos Romero Deschamps, cacique nacional del gremio; tenían fama de corruptos y actuaban como típicos priístas mafiosos. Quienes se los llevaron, según el reportero que investigó su caso, no pensaban cobrar para soltarlos: más bien, los borraron del mapa para adueñarse del negocio de la venta de plazas, que deja mucho más. Calderón nunca dijo nada al respecto, los levantacejas no montaron ningún escándalo, el Ejército no movió un dedo, la Marina tampoco, García Luna menos.
Casi cuatro años y más de 40 mil muertos y 13 mil desaparecidos después, al calor del hallazgo de incontables narcofosas –sólo en Ciudad Juárez, según Charles Bowden, podría haber de 100 a 300—, los datos que nutren el horror cotidiano –cuerpos con el cráneo hundido, en señal de que fueron asesinados a mazazos (Durango), más de 400 maletas que nadie reclama hace meses en la estación de autobuses de Matamoros, porque sus dueños fueron secuestrados en las carreteras de Tamaulipas (nota de Sanjuana Martínez)–, hablan de una incapacidad supina del “gobierno”, o de un claro entendimiento entre éste y los cárteles, con la bendición de Estados Unidos.

En ese triángulo todos ganan: el “gobierno”, porque el dinero de la droga financia muchas actividades económicas legales que mantienen a flote a miles de empresas y millones de personas; los cárteles, por obvias razones, y la Casa Blanca porque los narcodólares también le sirven como salvavidas a una economía en quiebra, mientras la violencia, el terror y el genocidio, de este lado del río, le garantizan absoluta sumisión por parte del hombrecito de Los Pinos.

Como los únicos damnificados por estas alianzas perversas somos la gente que vive y muere aquí, leyendo en los periódicos las posibles variantes de la espantosa muerte que nos aguarda si las cosas no cambian, lo saludable, lo sensato, lo civilizado sería formular un programa de tres puntos: 1) exigir y lograr la renuncia de Calderón y su gabinete, 2) alcanzar un acuerdo de todas las fuerzas representadas en el Congreso para nombrar un gobierno provisional, y 3) que éste convoque a elecciones anticipadas en un plazo máximo de seis meses. Por desgracia, como quienes realmente mandaron al diablo las instituciones fueron los panistas y los priístas (con el apoyo de los Chuchos y el Yunque), el país se quedó sin estructura y no es posible ningún cambio de poderes, fuera de la vía electoral, porque el caos que ya nos desarticula nos conduciría a una violencia mil veces peor, de la que sólo obtendrían beneficios quienes tienen armas, es decir, Calderón y los narcos: los demás, únicamente aceleraríamos nuestro propio exterminio.

Pero, lo que son las cosas, esto, la intensificación del empleo de las armas, es ni más ni menos lo que pretenden Calderón y los diputados del PRI y del PAN que pasado mañana intentarán aprobar una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para autorizar al Ejecutivo a usar las fuerzas armadas contra “movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando se considere que constituyan una amenaza a la seguridad interior”. En otras palabras, lo que quieren en Los Pinos es dar un nuevo golpe de Estado en 2011, ahora más cruento, para evitar con mayor derramamiento de sangre, sudor y lágrimas el triunfo de la oposición en las elecciones de 2012.

Contra este régimen monstruoso, contra la guerra estúpida e hipócrita que es su única razón de ser, contra la dictadura militar que está pariendo, y para tapar el manantial de sangre inocente que lo nutre; por una paz sin atenuantes, por la transformación del país, por la felicidad de las generaciones venideras, salgamos todas y todos a caminar, a partir del 5 de mayo, desde Cuernavaca o donde estemos, hacia el Zócalo. Recordemos a Gandhi en la gran marcha por la sal.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

La iniciativa*

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha.


Luis Javier Garrido


La descabellada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón ha tenido como rasgo fundamental el estarse llevando a cabo en violación a principios centrales de la Constitución y de las leyes federales, por lo que el país ha vivido durante cuatro años en un estado de excepción hundiéndose en la ilegalidad, pero el gobierno de la derecha mexicana, lejos de rectificar, lo que pretende ahora es modificar las leyes de la República para hacer aún más viable ese autoritarismo desbocado.

1. Las transgresiones de Calderón al orden constitucional para lograr el objetivo de militarizar el país, tal y como lo pactó con Estados Unidos, han sido múltiples, pero basta señalar algunos de sus rasgos para comprender la gravedad de lo que acontece: a) el Ejecutivo ha asumido facultades que constitucionalmente no tiene, como si viviésemos en una monarquía, para lanzar esta “guerra” dejando al Congreso como una comparsa; b) se han suspendido de hecho las garantías individuales en casi la mitad de las entidades, en violación a lo prescrito por el 29 constitucional, que prevé que esto sólo puede acontecer mediante una ley votada por el Congreso; c) el sistema federal y la autonomía municipal están siendo reducidos a escombros, teniendo como eje de todo esto, d) al Ejército y a la Marina, que están actuando como policías al margen de la ley, pasando por sobre los derechos de los mexicanos en una subordinación cada vez mayor a Washington, y e) como corolario, se están entregando funciones del Estado mexicano a las agencias estadunidenses, que ya dan órdenes en el territorio nacional.

2. La iniciativa de modificaciones constitucionales y legales en materia de seguridad que Calderón envió en 2010 al Congreso a fin de hacer “constitucional” la política de violencia a la que ha llevado a México parece haber sido elaborada por una mente desquiciada, pues, con el pretexto de aprobar una Ley de Seguridad Nacional, se busca establecer un discrecionalismo presidencial para utilizar a las fuerzas armadas, hacer “legal” la actuación del Ejército y la Marina en funciones judiciales y colocar a ambos cuerpos como un poder por encima de la Constitución, abrir la vía a la represión de los movimientos sociales, dejar en manos del Ejecutivo la posibilidad de decretar por su sola voluntad la suspensión de las garantías, “legalizar” de paso el intervencionismo de Estados Unidos y, en suma, sentar las bases para un Estado militarizado.

3. Las luchas sociales del pueblo mexicano, como las de la mayor parte de los pueblos de la Tierra, han tendido a dos cuestiones fundamentales íntimamente vinculadas, a) el hacer valer sus derechos fundamentales, empezando por el derecho a la vida y el derecho a la felicidad, y b) el acotar al mismo tiempo las funciones de quienes gobiernan, entendidos como sus representantes, y estos dos aspectos los reduce a nada la iniciativa bárbara de Felipe Calderón.

4. En los tres periodos de nuestra historia independiente en que la extrema derecha ha pretendido “gobernar” a México, y que han sido desastrosos para los mexicanos por su fanatismo depredador, los rasgos han sido los mismos. Al igual que en la primera república centralista (1836-1842) y que en la segunda (1843-1845), en la actual alternancia panista (2000-2011) el desprecio a la legalidad que evidencia un gobierno sustentado en los poderes eclesiástico y castrense y en las clases privilegiadas es absoluto.

5. Un proyecto tan descabellado como el que de Los Pinos se envió al Congreso, que trastoca por completo el orden constitucional y contraviene el marco legal internacional en materia de derechos humanos, se entendió desde hace meses que no iba a ser aprobado por las cámaras y que era sólo una moneda de negociación del gobierno panista para seguir abriendo, mediante una que otra contrarreforma, la vía a la entrega del país mediante el fortalecimiento de las atribuciones presidenciales y la “legalización” de las acciones bárbaras de las fuerzas armadas. Pero la información publicada por La Jornada el miércoles 20 y el jueves 21, en el sentido de que un sector de priístas y algunos perredistas están actuando ya en subordinación al panismo para intentar dar un albazo el lunes 25, aprobando buena parte de las exigencias calderonianas, ha alarmado a amplios sectores.
6. El móvil fundamental de esta estrategia de endurecimiento de las políticas oficiales está a la vista y no puede esconderse. La extrema derecha mexicana ha llevado hasta sus extremos su ambición de mantenerse en el poder para satisfacer una serie de intereses privados y no le preocupa destruir el precario estado de derecho ante los que entiende como riesgos para sus objetivos transexenales, el principal de los cuales es el descontento manifiesto de la administración Obama ante la forma en que se han implementado las políticas de militarización en función de la Iniciativa Mérida.

7. La iniciativa de Calderón sobre seguridad obedece a la ideología ultraconservadora del régimen, a los indicadores económicos que evidencian una agravación de la crisis generada por las políticas neoliberales, a la demanda de un sector de militares embravecidos por las críticas a su actuación, al miedo sicopatológico de los funcionarios panistas al pueblo y, desde luego, a la sique alterada de quienes están ejerciendo los cargos de responsabilidad estatal ante el escenario del 2012, pero sobre todo a las exigencias estadunidenses, que se manifiestan en los continuos señalamientos del fracaso de la instrumentación que han hecho los panistas de “la guerra contra el narco”, y de la ineptitud y corrupción de las fuerzas armadas mexicanas para cumplir tareas policiales.

8. La propuesta de modificaciones constitucionales y legales de Calderón no va a ser aprobada tal cual, desde luego, pero de no ser detenida y enviada a “la congeladora” por un grupo de legisladores conscientes, aquello que se apruebe de la iniciativa original, por muy poco que sea, va a ser desastroso para el país; de ahí la alerta en la sociedad.

9. El aspecto más grave de las políticas de militarización desbocada del territorio nacional no ha sido que éstas se lleven a cabo coartando de manera flagrante los derechos de los mexicanos y trasgrediendo principios centrales del marco constitucional, sino que esto haya sido posible por la corrupción de los legisladores, que no cumplieron con su función de frenar los desvaríos irracionales de un Ejecutivo al margen de la legalidad y, sobre todo, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no han cumplido con el mandato de ser garantes de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración y son corresponsables de que México se halle hundido en la ilegalidad y en la barbarie.

10. El único freno posible a la irracionalidad de “la clase política” tiene que ser así, una vez más, el pueblo organizado, que una y otra vez le espete al gobierno de Felipe Calderón y a sus políticas de violencia un enérgico: “¡Ya basta!”

*Tomado de La Jornada.