progressif

martes, noviembre 30, 2010

Tres priistas que derrotaron al PRI*













Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Miguel Angel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 29 de noviembre (Proceso).- El próximo miércoles 1 de diciembre empezarán a gobernador sus estados Gabino Cué Monteagudo, en Oaxaca; Rafael Moreno Valle, en Puebla y Mario López Valdez en Sinaloa. Los tres fueron candidatos de una coalición opositora al PRI, partido en el que se formaron y al que pertenecieron, en un caso por lo menos, hasta días antes de su postulación. Los tres eran senadores en el momento de ser ungidos candidatos. Los tres montaron su triunfo, además de su estrategia electoral, en el hartazgo ciudadano provocado por gobiernos impopulares que hasta el momento de su derrota (y aun después, en vísperas de su salida) privilegiaron su interés personal o de grupo por sobre las necesidades y anhelos de la gente común.

Gabino Cué fue priista hasta hace una década. Es, por lo tanto, el de mayor legitimidad opositora, pues aunque ha triunfado en elecciones previas a la de julio pasado se arriesgó a las penurias de vivir a la intemperie política. Su destino político, entonces, estuvo ligado al de Diódoro Carrasco, gobernador priista de 1992 a 1998, con quien trabajó en Oaxaca y después, en la Secretaría de Gobernación, en el último año de Zedillo. Cué se marcharía del PRI un lustro antes que su jefe, que prefirió esperar hasta el proceso electoral de 2006 para manifestarse cercano a Felipe Calderón e ingresar a la Cámara como diputado de la fracción panista.

Cué, en cambio, aprovechó el parentesco político de Convergencia con el PRI y su implantación en Oaxaca para acercarse al partido de Dante Delgado y ser elegido alcalde de la ciudad de Oaxaca, pues el gobierno de José Murat, seguido por el de Ulises Ruiz, rompió el hasta entonces imbatible dominio priista en la entidad. De allí que pareciera posible, tras el estrafalario gobierno de Murat, no exento de carácter represor, arrebatar el gobierno al PRI. Cué logró hacerse apoyar por una coalición del PAN y el PRD, más su propio partido, y estuvo en un tris de vencer a Ruiz. Pero éste contaba con el apoyo del líder nacional priista, Roberto Madrazo, que le permitió imponerse con sólo una leve diferencia en el número de votos.

En otro escenario, Cué pudo remontar esa diferencia cuando dos años después fue candidato a senador por la coalición Por el Bien de Todos, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, con quien el oaxaqueño tejió una vinculación especial, basada en la sintonía de Cué con la posición de López Obrador ante el alegado fraude en la elección presidencial. Como senador y como presidente legítimo según lo designó la Convención Nacional Democrática, ambos recorrieron varias veces la entidad tan urgida de un cambio político que permitiera abordar las reformas sociales requeridas para permitir a Oaxaca salir de su postración.

Tan especial ha sido la relación entre Cué y López Obrador que éste tuvo que aceptar en los hechos (y embrollarse cuando trataba de explicar la diferencia) que su amigo fuera candidato de una coalición que incluyera al PAN, en vez de oponerse a ese lazo como hizo en todas las entidades donde se planteó la misma estrategia. Cualquiera que haya sido la razón –conciencia de que la barbarie entronizada en el palacio de gobierno tenía que ser abatida, habilidad suasoria del candidato, necesidad del lopezobradorismo de contar con un mínimo apoyo institucional–, lo cierto es que Cué derrotó al mismo tiempo a Ulises Ruiz y a Eviel Pérez, su frágil candidato, y el primero de diciembre empezará a gobernar.

En sentido contrario a lo que predicó Ruiz de sí mismo en su fastuosa –y por lo tanto cara– propaganda de fin de sexenio, no hubo un solo año en que Ruiz gobernara en bien del grueso de la población. En vez de hacerlo, fortaleció a un breve grupo en torno suyo y combatió los varios intentos de insurgencia política local, que a partir de mayo de 2006 y hasta bien entrado el año siguiente procuró forzar su salida. Son incontables las muertes violentas por motivos políticos perpetradas por autoridades o pasadas por alto en perjuicio de la justicia. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos delinearon y documentaron las atrocidades gubernamentales, la complicidad de los gobiernos federales panistas con el priista oaxaqueño lo mantuvo en su silla, repudiado crecientemente por los gobernados, que tuvieron ocasión de manifestarlo en las urnas el 2 de julio pasado.

Errará quien espere a partir del miércoles primero de diciembre un mundo nuevo en Oaxaca. Una estructura social rígida e inequitativa y una maquinaria de gobierno de la que no puede prescindirse a riesgo de la inacción que desilusione a los ciudadanos, no se remueven en unos cuantos días, acaso ni siquiera en el corto plazo. Pero lo que la sociedad oaxaqueña puede esperar es una nueva actitud de su gobernante (y de los diputados y alcaldes que con él triunfaron) y por ende un trato respetuoso, cuyo solo ejercicio hará una diferencia notable con el pasado que comienza dentro de 72 horas.

La coalición que condujo al senador Rafael Moreno Valle al gobierno que ya encabezó su abuelo del mismo nombre, en la época de la indisputable hegemonía priista, fue de índole distinta a la oaxaqueña. A sus ingredientes principales, el PAN y el PRD, se agregó el Panal, el partido de Elba Esther Gordillo, pues el sucesor de Mario Marín, aunque haya llegado a Xicoténcatl en la fórmula panista, pertenece al establo (en el sentido pugilístico) de la presidenta del sindicato magisterial. Lo es desde que, priistas ambos, coincidieron en la Legislatura número 59, cuya fracción tricolor fue brevemente comandada por la profesora. Miguel Ángel Yunes, Tomás Ruiz y Moreno Valle sobresalieron por su cercanía con la lideresa, a la que permanecieron fieles en sus vicisitudes dentro del PRI y la acompañaron, en diversos momentos y por diversas rutas, cuando la lideresa reconoció ser la fuente nutricia del Panal y se alió con Calderón.

Moreno Valle Rosas se había formado en el molde tecnocrático que el PRI alentó en los últimos años de sus gobiernos. Formado como experto en finanzas para servir lo mismo a empresas trasnacionales que al gobierno local de Puebla, el gobernador Melquiades Morales lo designó secretario de ese ramo y luego lo orientó hacia la política electoral, haciéndolo secretario de Desarrollo Social. De allí pasó a la diputación mencionada y luego, ya fuera del PRI, al Senado como cabeza de la fórmula panista que ganó la mayoría con amplio margen.

Reemplazará a Mario Marín, prototipo de gobernante con historial mediocre (una carrera aldeana lo llevó a la gubernatura) que encuentra en los puestos públicos la oportunidad de medro personal. Autor o solapador de fechorías sin cuento (que hicieron crecer paso a paso a la oposición) se mostró como quien es, sin disfraz ni afeite, en la persecución contra la periodista Lydia Cacho, en pago a favores recibidos del industrial mezclillero Kamel Nacif. Como lo aseveraron indagaciones periodísticas, la investigación constitucional de la Suprema Corte y el voto particular de cuatro ministros que no se avinieron a guardar silencio tras la virtual exoneración con el tribunal constitucional benefició al gobernador poblano (el gober precioso, según el chabacano y elocuente tratamiento que le dio Nacif en una de las conversaciones telefónicas más célebres de la historia política mexicana), Marín puso la justicia de su entidad al servicio de intereses privados, no únicamente los visibles del empresario que quiso castigar a Lydia Cacho por su prestancia y diligencia profesional, sino a las redes de pederastia y pornografía infantil a que estaba y está ligado Jean Succar Kuri, el contacto de Nacif con aquel bajo mundo.

Fortalecido por la elección federal de 2009, Marín incurrió en el error de hacer candidato a un colaborador que parece una calca suya, la del gobernante que dejará de serlo el miércoles próximo. No contó Marín con el sentimiento de dignidad ofendida de cientos de miles de poblanos (cuyo voto fue organizado por la coalición y las habilidades magisteriales en la materia) que resolvieron castigarlo en las urnas. Porque lo ocurrido en julio pasado más que la derrota del borroso Javier López Zavala y la victoria de Moreno Valle Rosas fue un plebiscito contra Marín, cuyo grupo en el partido oficial fue echado del poder a fuerza de votos a causa de su desvergüenza personal.

El triunfo opositor en Sinaloa parte asimismo del cansancio ciudadano ante la combinación de abusos e ineficacia priista. Pero la causa del desaguisado que hizo perder al PRI la gubernatura fue, en el fondo, un conflicto entre grupos de poder, que no pudo ser resuelto por las componendas habituales sino que encontró nuevos cauces, donde al mismo tiempo que se satisfizo una necesidad popular se colmaron intereses como los del exgobernador Juan Millán, que hace seis años no pudo evitar que lo sucediera Jesús Aguilar y no pudo tampoco vencerlo en la disputa interna por la candidatura, pero consiguió llevar al gobierno a su amigo y protegido Mario López Valdez. Senador de la república, cargo al que saltó en 2006 desde sus negocios privados más que a partir de una carrera política (que en breve lapso apenas daba para ser alcalde de Ahome y miembro del gabinete de Millán), Malova buscó hasta el momento extremo ser lanzado por el PRI, su partido. Sólo cuando el dedo de Aguilar Padilla se orientó hacia su tocayo y socio Jesús Vizcarra, aceitó las negociaciones que resultaron en una coalición de PAN y PRD que lo condujo al triunfo y, a partir del primero de diciembre, al palacio de gobierno.

Enfrentará no sólo la oposición priista, sino un panorama de descomposición política y social denunciado con vehemencia por el diputado Manuel Clouthier Carrillo, angustiado hasta la desesperación por la creciente intromisión de la narcodelincuencia en la política institucional de su estado. Queda por ver si Malova, es decir Millán, a quien Clouthier Carrillo denunció repetidamente durante y después de su gobierno por al menos solapar al crimen organizado, generador de los males sinaloenses junto con la indolencia del gobierno federal, puede gobernar al margen de los intereses que lo hicieron senador y con los que no rompió en este trance.

*Tomado de la revista Proceso.

lunes, noviembre 29, 2010

El secuestro del IFE*





Tomados de La Jornada, Hernández y Helguera y El Universal, Helioflores.


John M. Ackerman

Resulta paradójico, pero hasta ahora el atraso en el nombramiento de los nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) es una victoria contundente para la democracia. Los diputados Alejandro Encinas, Javier Corral y Josefina Vázquez Mota han mostrado gran entereza al resistir los embates y regalos envenenados” del PRI. Resulta mejor contar con un Consejo General de seis integrantes, tres de los cuales tienen independencia del PRI, que un consejo de nueve miembros dominado por un bloque de cuatro priístas al cual en cualquier momento se le podría sumar el consejero presidente para constituir una mayoría aplastante.

Se equivoca José Woldenberg cuando minimiza esta cuestión al afirmar que “ningún partido va a ganar o a perder una elección federal por los consejeros electorales que se sienten en la mesa del consejo del IFE”. La victoria de Vicente Fox en 2000 fue posible precisamente porque el PRI no controló el nombramiento de todos los consejeros en 1996. Si no hubiera sido por la inclusión de un bloque mayoritario de cinco consejeros totalmente independientes del PRI, muy probablemente no hubiéramos sido testigos de la alternancia en el año 2000. Hasta la fecha, los priístas todavía acusan de “traición al partido” a Emilio Chauyffet, quien como secretario de Gobernación en 1996 tuvo a su cargo la negociación.

El resultado de las elecciones de 2006 también dependió de los perfiles de los integrantes del Consejo General. Si Elba Esther Gordillo y el PAN no hubieran controlado la mayoría de los asientos en la herradura de Viaducto Tlalpan, hubiera sido simplemente imposible meterle el pie a López Obrador en la campaña electoral de forma tan cínica e ilegal. También se hubiera complicado sobremanera la imposición del controvertido resultado electoral, que hasta la fecha no ha sido aclarado o transparentado. De acuerdo con El Universal, aún hoy 38 por ciento de la población no confía en los resultados de 2006 y 44 por ciento tampoco en que se respetará la voluntad popular en los comicios de 2012.

Más recientemente, dos consejeros cercanos al PRI, Marco Antonio Baños y Virgilio Andrade, han demostrado el peso de la lealtad política en el seno del IFE. El pasado 14 de octubre ambos consejeros dictaron de manera ilegal y unilateral medidas cautelares en contra de un anuncio del PT que supuestamente “denigraba” al viejo partido de Estado, porque se señalaba a Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas como integrantes de la “mafia” que domina el país. La decisión no tiene sustento jurídico, ya que el anuncio no mencionó al PRI en ningún momento y ni Peña Nieto ni Salinas se habían quejado ante el IFE.

El Revolucionario Institucional tiene perfectamente clara la importancia estratégica de asegurar una correlación de fuerzas a su favor en el seno del Consejo General. Hoy, los diputados de este partido, de nuevo bajo la influencia del mismo Chauyffet, no están dispuestos a dejar que se cometa otra “traición”. De allí viene la terca insistencia en asegurar dos de los tres lugares que se renuevan.
Ahora bien, en esta ocasión los dos sitios por asignar no están siendo pensados para los alfiles o incondicionales de los coordinadores parlamentarios del tricolor, como ocurrió en las renovaciones de 2008, sino para el pago directo por los favores recibidos a los actores y poderes fácticos: uno va a Televisa, para que preste oídos sordos a los coqueteos de Molinar y Calderón, y el otro para la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María de Carmen Alanís, quien recientemente aseguró que las cerradas victorias del PRI en Durango y Veracruz pudieron ratificarse sin problema en tribunales.

Con respecto a los candidatos que vienen del TEPJF se presenta una irregularidad mayúscula. Los principios más elementales de la ética exigirían a Jacinto Silva, Adriana Favela, Enrique Ochoa, Cecilia Tapia y Roberto Duque que se separen de inmediato de sus cargos si todavía desean participar en el proceso totalmente amañado e ilegítimo con el que se piensa renovar el IFE. Participar en la grilla de San Lázaro simplemente no es compatible con la imparcialidad que debe caracterizar la labor profesional en el TEPJF.

La obsesión del PRI por colocar incondicionales ha llegado al extremo de que ni siquiera está dispuesto a aceptar la razonable propuesta del PRD de realizar una selección aleatoria entre los 17 finalistas, algo que, por cierto, un servidor propuso desde septiembre en su columna en Proceso (http://bit.ly/aK7T5w).

La propuesta, en términos propiamente estadísticos, beneficiaría al tricolor, ya que junto con el PVEM logró colar nueve de los 17 nombres. Pero lo que interesa al PRI no son tanto los nombres de los que entren, sino la manera de ingreso, para después poder cobrar las facturas correspondientes.

Las perspectivas no son nada halagüeñas. Será ingenuo imaginar que los priístas de repente se den cuenta del grave daño que están provocando a la democracia. También se ve difícil que el PRD y el PAN abdiquen y cedan la plaza. Se podría modificar el procedimiento de nombramiento, pero esto también requeriría de la anuencia del viejo partido del Estado. Parece que una vez más tendría que ser la sociedad la que desatore los conflictos de los políticos. La única esperanza sería un levantamiento cívico que haga ver al PRI lo costoso que podría resultar este nuevo secuestro institucional.

A don José Álvarez Icaza, inspiración e inteligencia inagotables,in memoriam

http://www.johnackerman.blogspot.com /Twitter:

http://www.twitter.com/@JohnMAckerman

*Tomado de La Jornada.

domingo, noviembre 28, 2010

Misión 2008: pactar con el narco*


Tomado de La Jornada, Hernández.


Anabel Hernández

En su libro Los señores del narco, la periodista Anabel Hernández hace una sorprendente revelación: a principios de 2008 la Presidencia de la República estableció contacto directo con Joaquín Guzmán Loera, en una operación instrumentada por Juan Camilo Mouriño, entonces el hombre más cercano a Felipe Calderón. La misión era pactar para poner paz entre los cárteles de la droga. Sin embargo, El Chapo aprovechó la oportunidad para dar a conocer los nombres de los cómplices de su fuga del penal de Puente Grande en 2001 y, sobre todo, para involucrar al propio Mouriño en la “venta” de plazas al narcotráfico. Con autorización de Grijalbo y de la autora, transcribimos fragmentos del volumen de casi 600 páginas, de inminente aparición.



Corrían los primeros meses de 2008 y el general X,1 disciplinado, perseverante y arriesgado como era, fue a los terrenos del más poderoso capo de México para hablar con él cara a cara. El Chapo Guzmán ya estaba preparado para recibir al mensajero de Los Pinos. El general X, de más de 65 años de edad, colaboraba con Juan Camilo Mouriño en la Presidencia de la República desde 2007, en una asesoría subrepticia como había sido prácticamente toda su tarea durante los 45 años que sirvió para el Ejército Mexicano en la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad y la Coordinación de Seguridad Nacional. El jefe de la Oficina de la Presidencia –el hombre más cercano a Calderón– le había encargado una misión imposible: poner en paz a los cárteles de la droga. En enero de 2008, Juan Camilo fue nombrado secretario de Gobernación, pero su encomienda seguía vigente.

Si el general que sabía más por viejo que por diablo no podía lograrlo es que entonces nadie lo haría. El militar estuvo preso durante casi siete años acusado de presuntos vínculos con Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Hubo muchos testimonios en su contra pero quedó el velo de la duda, como casi siempre ocurre en esos tortuosos procesos de la milicia. Le faltaban todavía otros siete años de cárcel pero en el primer año del gobierno de Felipe Calderón fue puesto en libertad. Su encarcelamiento fue un asunto político, dicen sus cercanos, y su liberación también.

Nueve meses después de haber salido de la cárcel, ante el azoro de sus compañeros, fue condecorado por el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, por su “patriotismo, lealtad y abnegación”. El gobierno federal tenía que hacerlo visible y creíble ante sus interlocutores: los narcos. El general X ha dicho que el secretario de la Defensa Nacional también tenía conocimiento de la encomienda encargada por Mouriño.

Nunca fue remilgoso en las tareas difíciles que le encomendaron, en muchas de ellas había tenido que entablar relación con los diferentes grupos del narcotráfico, por lo que en 2008, cuando comenzó a tocar a la puerta de los protagonistas de la guerra entre los narcos, la gran mayoría se la abrió, como ocurrió con El Chapo.

“La libertad no tiene precio”, le dijo Joaquín Guzmán Loera al militar en su encuentro. La declaración sonaba un poco cínica incluso viniendo de un cínico como El Chapo. La frase del capo obligó al general X a preguntarle cómo había logrado salir del penal de máxima seguridad de Puente Grande aquel 19 de enero de 2001. Guzmán Loera fue directo, lo habían comenzado a ayudar desde 1995, cuando lo trasladaron de la prisión de La Palma a Puente Grande, por órdenes de la Secretaría de Gobernación. Directamente de su “fuga” el capo responsabilizó a tres hombres, figuras de la política y seguridad pública en México.

Uno de ellos es el teniente coronel y ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz. Dice El Chapo que él lo ayudó cuando trabajaba en la Secretaría de Gobernación. El único cargo que Hendricks tuvo en esa dependencia fue en el sexenio de Ernesto Zedillo como director de Ejecución de Sentencias en la Dirección General de Prevención y Readaptación (1996-1997), cuando Francisco Labastida era el titular de la dependencia.

En 1999 Hendricks Díaz se convirtió en el gobernador de uno de los estados con mayor desembarque de droga en México, y por ende, una de las principales bases de operaciones de la organización del Pacífico. Recibió el gobierno de manos de Mario Villanueva Madrid, El Chueco, extraditado en 2010 por sus presuntos vínculos con la organización de Amado Carrillo Fuentes, de la cual El Chapo fue integrante.

En febrero de 2001, a unos días de la “fuga” de Guzmán Loera y sin ninguna petición de explicación de por medio, el titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), José Trinidad Larrieta, afirmó que no estaba realizando ninguna investigación “respecto al presunto involucramiento del gobernador constitucional de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz, en el caso del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán”. “Ningún funcionario de la UEDO –precisó– realiza investigaciones al respecto en esa entidad federativa, ni en otro estado de la República”.2 Es hasta la confesión de El Chapo cuando ese boletín de la PGR toma su justa dimensión en un país como México, donde generalmente lo que niega la autoridad es la realidad. Tras su salida de Puente Grande, Guzmán Loera estuvo escondido principalmente en Nayarit y Quintana Roo.

Seis años después, alejado del servicio público, Trinidad Larrieta fue uno de los abogados contratados por la primera dama Marta Sahagún antes de que terminara el mandato de su esposo, para proteger a sus hijos Manuel y José Alberto Bribiesca Sahagún, así como a su hermano Guillermo Sahagún,3 de todos sus oscuros enjuagues presuntamente relacionados con el narcotráfico, según investigaba la DEA.

El otro implicado en la fuga de El Chapo, que el propio narcotraficante le reveló al general X, fue el exprocurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien –junto con Jorge Tello Peón– estuvo al frente del operativo realizado después de la evasión de Guzmán Loera, y le dio órdenes a Genaro García Luna de investigar la salida del capo del penal de máxima seguridad.

A principios de 2005 Macedo de la Concha renunció a su cargo de procurador y fue enviado por el presidente Vicente Fox como agregado militar de la embajada de México en Roma, donde el general permaneció en el exilio durante el resto del sexenio. Al inicio de la administración de Felipe Calderón, Macedo regresó a México y fue instalado como magistrado del Tribunal de Justicia Militar, desde donde se conduce con un riguroso bajo perfil.

El tercer nombre de sus principales cómplices, según contó El Chapo, fue Jorge Enrique Tello Peón, entonces subsecretario de la SSP federal, quien incluso el mismo día de la fuga de Guzmán Loera visitó el penal de máxima seguridad como si hubiera ido para ultimar los detalles de la salida del capo. Durante los últimos dos años (2008-2010) este hombre, a quien el narcotraficante acusa sin aspavientos de haberlo liberado, ha sido asesor de cabecera del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad pública. Tello Peón fue el mentor de Genaro García Luna en el Cisen, él mismo lo impulsó ante Juan Camilo Mouriño para que se convirtiera en el titular de la SSP del gobierno de Felipe Calderón. A pesar de todas las malas referencias y pruebas que el Ejército Mexicano le mostró a Mouriño sobre García Luna, éste ocupó el codiciado cargo.4

Enviado directamente por el presidente Calderón, Tello Peón trabajó con García Luna en la SSP federal como secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional. En enero de 2010 se fue a la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional por supuestas diferencias con García Luna, quien ahora tenía más poder y quería demostrarle a su maestro que el alumno lo había superado. Tello Peón tampoco pudo sobrevivir en ese nuevo cargo y terminó únicamente como asesor del presidente Calderón.

No cabe duda de que El Chapo es un hombre perverso, vaya broma que le jugó al destino. El 9 de junio de 1993, el general Jorge Carrillo Olea, coordinador de lucha Contra el Narcotráfico, recibió al prisionero Joaquín Guzmán Loera en la cajuela de una pick up medio destartalada, donde se encontraba amarrado como un cerdo, en un paraje de la carretera que va hacia Cacahoatán, Chiapas. Ocho años después, el alter ego de Carrillo Olea, su hechura, su hijo putativo, Jorge Enrique Tello Peón, presuntamente fue quien lo puso en libertad.

Guzmán Loera le dijo al general X que todas las “plazas” de México, es decir, los estados donde opera el crimen organizado, “están vendidas”. Lo peor es que algunos funcionarios del gobierno federal y de algunos gobiernos locales las han vendido en más de una ocasión a diferentes grupos, provocando un caos dentro de las organizaciones criminales.

Cuando el emisario de Los Pinos se reunió con Guzmán Loera, el capo ya había comenzado una pelea frontal con los Beltrán Leyva, sus primos y exsocios. Quizá por eso El Chapo le reveló al general X, en tono de queja, que el propio Juan Camilo Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob les vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares, el pequeño detalle es que eso ocurrió después de que la operación en dicha entidad ya había sido comprometida con Guzmán Loera. Mouriño habría hecho la transacción persuadido por el expresidente municipal panista de Tlalnepantla y actual senador del Estado de México, Ulises Ramírez, a quien El Chapo describió como “un pillo”.“El senador debe de haberse quedado por lo menos con un millón”, pensó para sus adentros el general X.

Actualmente Ulises Ramírez aspira a ser candidato del PAN a la gubernatura del Estado de México en las elecciones de 2011.

Fuentes de información vinculadas con Mouriño confirmaron la versión, pero aseguraron que supuestamente el secretario de Gobernación ignoraba el acuerdo que Ulises Ramírez había hecho a su nombre.

Guzmán Loera le contó al enviado de la Presidencia que él y su clan acordaron con el gobierno federal que éste combatiera a sus antiguos socios, los Beltrán Leyva. El general X debió de sentirse muy desconcertado ante las afirmaciones que el capo le hacía cara a cara. Entendió, quizá tarde, que Mouriño lo había mandado a encontrar un arreglo a su propia falla, metiéndolo a él mismo en un callejón sin salida.

Por razones obvias, la reunión del general X con el narcotraficante fue breve, y por su propia seguridad el militar no ha contado el lugar donde se llevó a cabo. Cuando se despidieron, el enviado de Los Pinos tuvo una certeza: El Chapo hacía lo que se le venía en gana y no estaba dispuesto a perder su libertad por nada, costara lo que costara. ¿Y quién podía criticarlo? Él había hecho un negocio con alguien que le había puesto precio al país, lo único que el capo tuvo que hacer fue pagarlo, como es uso y costumbre desde hace décadas en México.

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Desde el inicio de su gobierno, la estrategia de Calderón contra los capos fue diseñada para favorecer a El Chapo Guzmán y a sus principales socios: El Mayo Zambada, Ignacio Coronel Villarreal y Juan José Esparragoza Moreno.

Hay evidencia documental de que la guerra de Felipe Calderón ha sido dirigida no contra los “narcotraficantes” en general, sino contra los “narcotraficantes” que son enemigos de El Chapo o que representan un riesgo para su liderazgo en el jugoso negocio. Desde 2007, su gobierno tenía información precisa sobre los domicilios de los principales narcotraficantes de México y sus familiares. En algunos casos incluso números telefónicos y de radio, cuentas bancarias y otros datos valiosos para asestar golpes certeros. Así lo prueban las fichas de cada capo elaboradas por la SSP federal, con el apoyo del Cisen, cuyo titular es Guillermo Valdés Castellanos.11 Pero por los muy escasos resultados de esa “guerra contra el narcotráfico” pareciera que esos datos fueron empleados sólo para dar golpes de inútil propaganda política en los momentos de mayor cuestionamiento al gobierno federal.

La SSP planteó la estrategia contra el narcotráfico basada en unas “líneas de investigación” que definieron las prioridades en el combate a los capos durante el sexenio de Calderón. Esas prioridades fueron avaladas en reuniones en la Secretaría de Gobernación y la PGR. De acuerdo con la información de esas fichas, la SSP determinó como “prioridad estratégica 1” capturar al líder del cártel del Golfo, Ezequiel Cárdenas Guillén –hermano de Osiel Cárdenas Guillén–, y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, su segundo al mando. Los únicos capos de La Federación con “prioridad estratégica 1”, señalados desde el inicio del sexenio, fueron: Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, Marcos Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y Édgar Valdés Villarreal, La Barbie.

En cuestión de poder, de todos sus socios el que representaba más riesgos para El Chapo era Marcos Arturo Beltrán Leyva y su grupo. El Barbas estaba comenzando a tener demasiada fuerza por cuenta propia. A Guzmán Loera tampoco le gustaba que las lealtades de su primo fueran más cercanas a Vicente Carrillo Fuentes que a él.

El asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, ordenado por El Mayo Zambada y consentido por El Chapo, fue una herida que nunca cicatrizó. La relación de los líderes del cártel de Sinaloa con El Viceroy pendía de alfileres, y les daba temor la estrecha relación que El Barbas tenía con él. Aunque los Beltrán Leyva todavía eran parte de La Federación en 2007, todo indica que desde principios del sexenio de Calderón ya se olía la traición, sólo era cuestión de tiempo.

En contraste, Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García, Ignacio Coronel Villarreal y Juan José Esparragoza Moreno estaban catalogados como “prioridad estratégica 2”, pese a que desde entonces ellos encabezaban a la organización de narcotráfico más poderosa del continente americano y con mayor presencia delictiva en Estados Unidos.

En un documento desclasificado del Comando Norte del Departamento de Defensa estadunidense, elaborado en 2009, se afirma categóricamente que entre los cárteles mexicanos, el de Sinaloa es el más peligroso.Y lo califican como “cártel de granujas” que son la fuente de violencia en las ciudades fronterizas. Con preocupación advirtieron que el cártel de Sinaloa controla el corredor del Pacífico, y no tiene oposición para asumir el control del corredor que pertenecía a la organización de los Arellano Félix.12

En consecuencia con la dudosa estrategia, la mayoría de los narcotraficantes detenidos por el gobierno federal son de bandos contrarios a la organización encabezada por Joaquín Guzmán Loera. Edgardo Buscaglia, uno de los principales críticos de la guerra fallida del gobierno de Calderón, tiene las cifras claras: el experto en seguridad señala que de las 53 mil 174 detenciones realizadas durante los últimos cuatro años, ligadas ya sea con asociación delictuosa o delincuencia organizada, sólo 941 corresponden al cártel de El Chapo Guzmán.

Por si fuera poco, de esas detenciones, la mayoría de los casos se cae, o sea que la situación es aún peor, afirma Buscaglia: “Cuando dicen que detuvieron al hijo o al abuelo de El Mayo Zambada, o a quien sea, yo pregunto qué se deriva de esa detención. ¿Una sentencia condenatoria? ¿Un mapeo patrimonial de El Chapo, El Mayo o El Azul Esparragoza?” los hechos avalan al incómodo asesor de la ONU. La protección del gobierno federal a Joaquín Guzmán Loera se palpa, se siente, y el mismo capo ha hecho alarde de esta situación.

Los primeros días de julio de 2007, El Chapo decidió “casarse” a plena luz del día, teniendo a elementos del Ejército Mexicano como guaruras, y a narcos y políticos del PAN y el PRI como invitados. l



1 Por las implicaciones que tiene esta información narrada por
fuentes vivas directas se decidió omitir el nombre del militar.

2 Boletín 058/01 de la PGR, 1 de febrero de 2001.

3 Anabel Hernández, Fin de fiesta en Los Pinos, México, Grijalbo, 2006.

4 Anabel Hernández, Los cómplices del presidente, México, Grijalbo, 2008.

11 La autora tiene en su poder copia de las fichas elaboradas por las
dos instituciones, las cuales, de acuerdo con las propiedades informáticas
de los documentos, fueron hechas en el Cisen, la Segob y la SSP.

12 La autora tiene copia de dicho documento.


*Tomado de la revista Proceso.

sábado, noviembre 27, 2010

Desfiladero*



Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón.

∙ Bienvenidos a Cancún: vean cómo Fox y Calderón destruyeron el cerro de San Pedro

Jaime Avilés

Un domingo de 1995, después de la misa que reunía semanalmente a los habitantes de Cerro de San Pedro, un forastero subió al altar donde había oficiado el cura, y dijo a los feligreses que todas las casas y tiendas y fondas y calles y ruinas del pueblo iban a desaparecer bajo las máquinas de una empresa internacional que devolvería a la región la prosperidad de otros tiempos.

Ante el asombro de sus oyentes, el extraño aclaró que nadie saldría perjudicado pues, además de una justa indemnización, cada familia recibiría una nueva vivienda en la cercana comunidad de La Zapatilla, y los hombres y las mujeres en condiciones de trabajar obtendrían un empleo. Así, la ceremonia religiosa se convirtió en asamblea, cada cual tomó la palabra y expuso sus argumentos, pero la inmensa mayoría rechazó la oferta.

Por la belleza de sus construcciones –su templo de la segunda mitad del siglo XVIII, su peluquería, su panadería y su botica del XIX, su escuela, su mirador que domina el paisaje del desierto (hoy dominado a su vez por Los Zetas)–, y desde luego por su importancia histórica, Cerro de San Pedro es, según la UNESCO, patrimonio cultural de la humanidad. Pero si el águila “siendo animal, se retrató en el dinero”, la montaña a la cual debe su nombre este pueblo posó, en el siglo XVII, para el escudo oficial del estado de San Luis Potosí.

Todo porque en ese lugar, en 1592, los españoles descubrieron ricas vetas de oro y plata, y para apropiárselas, el aventurero Pedro de Anda fundó la villa de San Pedro del Potosí, en honor de su propio santo, faltaba más, y de las minas del Potosí en Bolivia.

La extracción de metales preciosos comenzó en 1595, pero como no había agua para separar las codiciadas petitas rubias y blancas del plomo y el fierro con aplicaciones de mercurio, los europeos abrieron un camino de herradura para llevarse las piedras a una aldea donde abundaban los manantiales y fabricaban queso de tuna.

Cerro de San Pedro tuvo sus épocas de auge –de 1595 a 1621, de 1699 a 1763, de 1807 a 1830– cada que se descubrían nuevas vetas, y cuando éstas se agotaban se convertía otra vez en pueblo fantasma. La riqueza de su entraña era tal que, en 1902, durante su última bonanza, de cada tonelada de roca aún salían 7 kilos de oro. Pero en 1953, vacía, exhausta, la mina cerró para siempre y el pueblo quedó a merced de las telarañas. Sus escasos pobladores sobrevivieron criando cabras y tratando de echar a andar negocios turísticos, asfixiados por la miseria, hasta que un domingo de 1995, un forastero subió al altar de la iglesia y les puso los pelos de punta.

En ese momento, sabiendo que dentro del histórico cerro ya no había sino tierra y fauna, una empresa canadiense denominada Minera San Xavier (MSX), acababa de presentar al gobierno de Ernesto Zedillo un enloquecido plan de negocios. Este consistía en demoler el pueblo, dinamitar la montaña y reducirla a polvo, para extraer de éste los últimos residuos de oro. Al conocer las intenciones de quienes enviaron al mensajero, los habitantes de San Pedro se organizaron para defenderse y crearon el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (FAO).

Encabezado por el ingeniero Mario Martínez Ramos y por el abogado Carlos Covarrubias, el FAO ha sostenido desde entonces una admirable batalla jurídica y política, que frenó el proyecto durante los primeros siete años. Pero en 2002, Vicente Fox intervino de manera personal y presionó de tal modo a las autoridades municipales de Cerro, que éstas doblaron las manos y permitieron que la minera empezara a devastar la región.

Gracias a Fox, a su secretario del Medio Ambiente, el ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, y al entonces gobernador Marcelo de los Santos (óleos), desde el segundo semestre de 2005, todos los días en punto de las tres de la tarde, Minera San Xavier detona una carga de 25 toneladas de explosivos y hace volar 80 mil toneladas de roca. De éstas, selecciona 32 mil y las tritura; luego, ya pulverizadas, las deposita en unas tinas metálicas al aire libre, y las cubre con una mezcla de 16 toneladas de cianuro de sodio disueltas en 32 mil millones de litros de agua.
Así, de cada tonelada extrae medio gramo de oro. Leyeron bien: medio gramo de oro. Pero como exprime 32 mil toneladas diarias, en cada jornada obtiene 16 kilos de oro. Un kilo de oro tiene 33 onzas. Cada onza, a precios de hoy, vale mil 300 dólares. En términos brutos (sin descontar gastos, sueldos y sobornos) la minera gana 42 mil 900 dólares por cada kilo, y 686 mil 400 dólares por cada 16 kilos (su cosecha cotidiana), cifra que multiplicada por los 30 días del mes representa la friolera de 20 millones 592 mil dólares, o 247 millones 104 mil dólares anuales, o más de mil millones de dólares en estos cinco años.

La primera vez que visité Cerro de San Pedro, en mayo de 2005, invitado por Carlos Covarrubias y don Mario Martínez, me maravilló todo: las ruinas, las casas en pie, la iglesia, el desierto, las bisnagas bicentenarias, el silencio, el aire, las águilas que cruzaban por el cielo sosteniendo una víbora entre las garras. Y por supuesto la montaña, con sus dos cuevas como los ojos de una calaca.

Hace días regresé al pueblo y, mirando hacia lo alto, pregunté a mis amigos del FAO por las cuevas, que también salen en el escudo de San Luis Potosí. Don Mario respondió: “Eso que estás viendo es el Cerro de Atrás, el de San Pedro ya no existe. ¿No entendiste que estos cabrones lo volaron?” Y apuntando en otra dirección, me señaló una especie de túmulo funerario de mil 500 millones de toneladas de tierra contaminada con ácido cianhídrico, que jamás volverá a ser útil para la vida.

¿Y las águilas? ¿Y las víboras? ¿Y las imponentes bisnagas? Tampoco existen. Minera San Xavier, con el apoyo inicial de Fox, y actualmente con el de Felipe Calderón, hoy por hoy el hombre “más comprometido con la defensa del medio ambiente en el planeta” (así se va a presentar en la cumbre que pasado mañana arranca en Cancún), ayudaron a provocar su exterminio por la miserable cantidad de mil millones de dólares. ¿Y a cambio de qué? Nadie lo sabe. El pueblo vive en la miseria de siempre y los caminos que lo comunican los controla el narcotráfico.

Fox y Calderón son responsables de que la cuarta parte del territorio nacional –una extensión de 24.5 millones de hectáreas– estén concesionadas a mineras nacionales y extranjeras, que saquean los recursos naturales del país y no dejan nada bueno. Pero las cosas pueden complicarse en breve, porque no lejos de Cerro San Pedro, en el desierto de Real de Catorce, donde crece el peyote sagrado de los huicholes, otra minera canadiense ha recibido permiso federal y estatal para dinamitar el subsuelo en busca de toda la plata residual que contenga.

La esperanza de muchos reside en que esta agresión, no sólo a la tierra sino a la culturas de los habitantes más antiguos del país, vuelva a poner a los pueblos indios en pie de lucha, codo a codo con el movimiento popular que se organiza para desmantelar, pero ya por favor, la sanguinaria dictadura panista. Si ustedes van a Cancún, ojalá repartan este Desfiladero entre las delegaciones ciudadanas, a las que, desde aquí, se les da la más cordial bienvenida.

jamastu@gmail.com

*Tomado de La Jornada.

viernes, noviembre 26, 2010

La disputa*





Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera y El Universal, Helioflores.


Luis Javier Garrido

La acre disputa entre el gobierno de facto de Felipe Calderón y el PRI por el 2012 ha ahondado a lo largo de 2010 la crisis económica y financiera del país y está poniendo una vez más en evidencia el hecho vergonzoso de que “las instituciones” de la República no son otra cosa que un botín de dos facciones de los intereses mafiosos en el poder, y sobre todo que ninguno de los dos bandos tiene nada que ofrecer a los mexicanos.

1. ¿A qué se debe entonces esta querella, que muchos se niegan a comprender, entre quienes parecían estar condenados a ser aliados permanentes?

2. El pleito ha arreciado porque desde que en su “ponencia” al festejarse los 20 años del IFE Salinas reclamó el 12 de octubre a los panistas que en vistas a las próximas elecciones se respetara el principio de “la alternancia”, pero “de ida y vuelta”, como había sido pactado en los 80 por su gobierno con los panistas (para los que creó las condiciones que les permitieron compartir el poder del Estado), y al responderle Calderón se ha olvidado de que llegó de manera ilegítima a la silla presidencial gracias a Salinas, quien ayudó a Fox a orquestar el fraude, y ha ido extremando un discurso maniqueo. En el futuro no puede ya gobernarse “ni desde el autoritarismo ni desde la dictadura” como en el pasado, dijo por ejemplo referiéndose a los gobiernos priístas al entregar el 24 los premios nacionales de 2010 a académicos de la derecha (para seguir festejando seguramente la Revolución Mexicana).

3. La propuesta del PRI fue empero enunciada una vez más por Carlos Salinas de Gortari, como jefe nato del Institucional, al participar ese mismo miércoles 24 en un acto del Grupo Bursátil Mexicano Casa de Bolsa (GBM), y pretender que ellos no siguen el modelo neoliberal. En el debate público, según Salinas, existen dos propuestas “no muy clarificadas”: la del “neoliberalismo” (que sería la del PAN) y la del “neopopulismo” (que sería la del PRI y que en sus libros solía llamar de “la democracia social”), para no hablar, agregó, de la del que llamó “el innombrable”, aludiendo con su propio mote a Andrés Manuel López Obrador, que, dijo, “anda promoviendo su otra opción”, refiriéndose al proyecto alternativo de nación de su movimiento. Luego de respaldar sibilinamente la supuesta “guerra contra el narco” de Calderón, Salinas se tiró a fondo y subrayó el desastre en el que los panistas han convertido a la economía mexicana pues, a pesar de haber recibido casi 100 mil millones de dólares por las exportaciones de crudo, el producto interno bruto tuvo un desempeño “inferior al de Haití” y la economía mexicana tuvo en 2009 “su caída más severa en ocho décadas”, concluyendo que la inseguridad y la violencia son consecuencia de la miseria de los grupos más desamparados de la población.

4. La desorientación absoluta de la administración de Barack H. Obama en este último año sobre México no ha hecho en este contexto más que agravar la crisis mexicana, pues las continuas declaraciones contradictorias de los principales funcionarios estadunidenses sobre nuestro país, descalificándolo a todos los niveles, no dejan de impactar de manera negativa a la política interna. Los principales responsables del gobierno obamita, que manejan a trompicones su relación con México, han tardado en darse cuenta de que la intención de Bush de tratar de doblegar por completo al gobierno panista con la estrategia de la “colombianización” preconizada por los halcones del Pentágono y acogida con entusiasmo por el PAN no iba a tardar en revertirse contra ellos, como en los hechos está pasando, y que en vez de tener mayor seguridad al instaurar un escenario de violencia con un protectorado al sur de su frontera –no un Estado libre y soberano–, lo que lograrían sería generar mayor inseguridad de ambos lados de la frontera, como ha ido aconteciendo.
5. El activismo del embajador estadunidense Carlos Pascual, aferrado aún a las tesis de los halcones de Bush y a la confusa línea ultraderechista de Hillary Clinton al frente del Departamento de Estado, ha resultado en extremo desafortunado. Aceptadas sus intervenciones por el débil gobierno calderoniano (que está echando por los suelos la política internacional de México), se está haciendo eco de la tesis descabellada de que todos los partidos, salvo el PAN, son la expresión “del mal”, y el mismo miércoles 24 tras entregar al gobierno unos helicópteros Black Hawk denunciaba molesto las críticas a Calderón asumiendo que son al gobierno estadunidense que dirige ya en los hechos la política interior de México con el pretexto de que está implementando la Iniciativa Mérida.

6. El PRI, en esta mira, ha avalado durante años las políticas antinacionales de Calderón y de su gente, colaborando a la militarización y al desmantelamiento de la nación, y así hace días avaló el Presupuesto de Egresos para 2011, a pesar del recorte brutal al campo y a la educación pública que se hace en éste, y le dio las espaldas a la Revolución Mexicana, que una vez sustentó su ideología, aceptando las patéticas fiestas del centenario en 2010, pero ahora se endurece al acercarse el 2012.

7. La decisión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de posponer para 2011, acaso hasta agosto, la designación de los tres integrantes del Consejo General del IFE que debió haber hecho a más tardar en octubre pasado, incumpliendo así el mandato constitucional, no es nada más consecuencia del pésimo manejo del proceso de designación a cargo del diputado panista Javier Corral, de los vetos tanto de Los Pinos como del CEN del PRI a las propuestas de sus contrapartes pretendiendo agandallarse dos de las tres posiciones, de la insistencia priísta en que una de éstas sea para Televisa (con la hermana de Leopoldo Gómez), con lo que este poder fáctico se erigiría en árbitro del proceso, sino de algo más profundo: la disputa entre el PRI y Calderón sobre quién va a imponer al próximo presidente de México y que necesita para ello manejar a su antojo el IFE y el proceso de 2012.

8. La disputa por el IFE no es un asunto menor pues evidencia una vez más lo que ya se sabe: que hay otra disputa más profunda, que es desenfrenada y que es por la nación: entre la mafia salinista y la mafia yunquista-calderonista, que busca independizarse de aquélla. Nadie puede creer tras esta violenta pérdida de las formas en las instituciones actuales, en el IFE, en la imaginaria “democracia mexicana” o en que va a ser limpio el proceso de 2012.

9. La posposición se hace para que pueda negociarse todo de mejor manera, pretendiendo algunos que sea tras las elecciones locales de julio en el estado de México, en la expectativa de que PRI y PAN puedan ir de la mano en 2012 (como ha sido el caso desde 1988) para poder enfrentar con posibilidades de triunfo a López Obrador. De imponerse la lógica blanquiazul, Salinas aún puede postular a Beltrones o a Fidel Herrera, y de imponerse Salinas, Calderón tiene a mano a muchos posibles candidatos comparsas, empezando por Josefina y por Lujambio, para sumarse de manera soterrada a la candidatura de Peña Nieto, como quería Diego, hoy aún misteriosamente desaparecido.

10. El PAN y el PRI no tienen en cualquier caso un proyecto que pueda beneficiar al pueblo mexicano. No son portadores más que del voraz afán de unos cuantos corruptos por seguir prevaleciendo sobre los derechos de la nación y de los mexicanos.

*Tomado de La Jornada.

jueves, noviembre 25, 2010

A propósito de las fiestas patrias*













Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Helguera y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Octavio Rodríguez Araujo

Los santos hacen milagros para los que creen en ellos, los héroes no, pero cada quien tiene su héroe favorito: Hidalgo, Morelos, Iturbide, Juárez, Díaz, Madero, Zapata, Carranza, Villa, Obregón, Calles, Cárdenas, Alemán o Calderón. Algunos, más flexibles o ignorantes que otros, tienen juntos a héroes que fueron en su momento enemigos irreconciliables e incluso unos asesinos de otros, pero igual los veneran y los ponen en letras de oro en los muros de la Cámara de Diputados u otro recinto simbólico. Y lo hacen así porque les conviene decir y hacer creer que las diferencias, cuando se trata de la nación, no son importantes ni definitorias.

Así se construye la historia en el imaginario colectivo: con héroes despojados de sus naturales virtudes y defectos, al igual que con pirámides, templos y otros edificios que también suelen ser despojados de los sacrificios humanos que implicó su construcción o los fines para los que fueron hechos. Se siguen admirando el Palacio de Versalles o las Pirámides de Teotihuacán sin que a nadie le importe para qué fines se construyeron ni cuántos murieron haciéndolos, como el ferrocarril transiberiano, cuyo costo en vidas humanas fue tan grande que nadie ha podido calcularlo con precisión.

El “así tenía que ser” que suele decirse después de ocurridos los hechos no se dijo cuando éstos todavía no eran cosa del pasado. Y esto es particularmente cierto cuando no se trata de construcciones, faraónicas o medianas. En éstas hay un proyecto y un intento de cumplirlo que se constata con su inauguración y ocupación. En los hechos referidos a la acción humana dirigida a cambios llamados históricos, como las guerras, las revoluciones, la oposición callejera, los movimientos por los derechos civiles, etcétera, el final, si bien previsto, no necesariamente se cumple. En estos casos los imponderables son más comunes que el derrumbe de un muro o de un puente sobre un profundo abismo.

El “así tenía que ser” puede justificar cualquier cosa: desde los horrores de una guerra civil o una guerra mundial hasta las formas de ejercicio despótico del poder o los “ajusticiamientos” revolucionarios. Todo tiene una explicación, aunque en general varias, y muchas más interpretaciones. El papel de los historiadores es presentar hechos, pero la selección de éstos suele guardar relación con la subjetividad del estudioso del pasado. Y si los hechos son interpretados la historia se hace aún más confusa, casi tanto como las simpatías por los momentos o personas historiados.

Sin embargo, y a pesar de las cargas subjetivas de los historiadores, hay hechos, en el sentido lato del término, que son líneas divisorias de situaciones que, de una u otra manera, cambiaron sustancialmente. Se puede hablar así de la Guerra de Secesión, de la Revolución Francesa, de la mexicana, de la rusa, etcétera. Y ninguna de éstas fue una sola o un bloque, como dijo Furet de la francesa, sino varias a la vez o en sucesión hasta que una facción resultó triunfante. Otras líneas divisorias han dado más vergüenza que orgullo, como el nazismo en Alemania, el franquismo en España, etcétera. Pero también fueron hechos históricos y tuvieron un antes, un durante y un después. Unos hechos son celebrados, otros quisieran ser perdonados aunque no olvidados, pero siempre tendrán defensores, detractores y opositores. Y la historia sigue –siempre en riesgo de interpretaciones unilaterales, subjetivas e interesadas, según la carga ideológica de los historiadores y, sobre todo de los intérpretes que organizan las festividades del recuerdo–, pero sigue y es innegable pese a sus contradicciones internas.
Del Palacio de Versalles el turista ve su magnificencia, el historiador su significado de una nobleza que lo único que hizo fue vivir como parásita de un pueblo pobre y explotado, el arquitecto un edificio a copiar o a destruir. Igual ocurre con los héroes: cada quien ve en ellos una parte de sus vidas, con frecuencia mezcladas con la leyenda de las historias oficiales o supuestamente independientes, y hace suyos, por igual, a Juárez por su liberalismo y a Zapata que no coincidía con el liberalismo y sus implicaciones para las tierras del estado de Morelos. Pero los dos son populares en tanto que otros no son tan queridos pese a reconocérseles su papel en la oposición, por ejemplo a la odiada dictadura que, por cierto, no fue tan odiada cuando algunos de esos opositores colaboraban con ella.

¿Qué se ha estado celebrando a 200 y 100 años? El inicio de dos revoluciones: una contra la corona española y la otra contra la dictadura de Díaz, sin tomar en cuenta que no fueron una en cada caso sino varias y que los resultados de ambas muy poco podrían identificarse con su origen y mucho menos con sus héroes en los distintos momentos de su evolución. Los priístas rindieron homenaje (el 19 de octubre) a “sus fundadores”: Calles y Cárdenas, como si éste no hubiera exiliado al primero una vez que tuvo la Presidencia del país. Los panistas no celebraron nada, pero Calderón, como gobernante, algo tenía que hacer y lo hizo, muy a su estilo: un festejo con fuegos de artificio y folclor tipo Disneylandia o Las Vegas y, al mismo tiempo, reivindicó en “imagen subliminal” (¿subconsciente?) a Benjamín Argumedo quien, siendo villista, pasó a ser huertista para volver a ser rebelde contra Carranza. (Se dirá que el famoso y grotesco “coloso” no era Argumedo, pero su parecido era innegable y tratándose de los festejos de Calderón no sorprende que lo haya elegido, pues fue un personaje sin convicciones.)

Lo curioso de estas celebraciones es que el pueblo no organizó nada significativo al margen del Ejecutivo federal o de los gobiernos estatales o municipales, que algo hicieron, aunque fueran conciertos populares. Más hizo el pueblo, digamos, por el Día de Muertos (ofrendas y demás) que por los hitos históricos que nos dieron patria (como se dice en los discursos oficiales). He visto al pueblo parisino el 14 de julio y la gente sale a la calle con botellas de champaña y organiza romerías y bailes, espontáneamente. En el DF se decretó ley seca y se clausuraron tiendas por vender bebidas alcohólicas (cuando yo era adolescente, vale recordarlo para los jóvenes de hoy, el 15 de septiembre se llamaba “noche libre” porque podíamos beber alcohol en las calles incluso antes de cumplir 18 años).

¿Los gobiernos nos expropiaron las fiestas patrias? Parece que sí. Y según la ideología de cada quien en la administración pública, el acento se pone en unos héroes y se destiñe a otros. El pueblo, sin embargo, tiene sus héroes al margen de las sesudas investigaciones de los historiadores, como también sus santos. Pero como ahora se le teme, el pueblo ya no es libre de festejar y a veces, como el pasado 15 de septiembre en los “corrales” del Zócalo de la ciudad de México, tampoco es libre de moverse a su antojo… hasta que la autoridad lo permita. En una palabra, los 200 y los 100 no los festejamos nosotros sino ellos, y a su manera: los que tienen el mando; pero eso sí, con nuestro dinero, no con el de ellos.

http://rodriguezaraujo.unam.mx/

*Tomado de La Jornada.

miércoles, noviembre 24, 2010

Condones y pederastas, los enredos de Ratzinger*








Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y El Fisgón y El Universal, Helioflores.


Jenaro Villamil


MÉXICO, DF, 23 de noviembre (apro).- Demasiado tarde o demasiado tímido, el papa Benedicto XVI ha levantado una nueva ola de reacciones al ser publicadas algunas de sus declaraciones en el libro-entrevista La luz del mundo, en relación con los dos talones de Aquiles que su pontificado recibió como herencia de Juan Pablo II: la contundente negativa al uso del condón como método de anticoncepción y de prevención del VIH-sida, y las investigaciones por encubrimiento en los escándalos de pederastia que no se limitan sólo al caso de los Legionarios de Cristo y su fundador Marcial Maciel, sino también a otros prominentes sacerdotes como Lawrence Murphy y Peter Hullerman.

Las declaraciones que se han ventilado en la prensa parecen ir en contra de su reciente homilía en la basílica de la Sagrada Familia, ese portentoso templo construido por Antonio Gaudí, durante su reciente visita a Barcelona. En ella, Benedicto XVI habló como el Ratzinger que todos conocemos desde su época como responsable para la Congregación de la Doctrina de la Fe.

En Santiago de Compostela y en Barcelona, el pontífice católico hizo una loa a la noción unívoca y unilateral que tiene de la familia: hombre, mujer e hijos, donde la segunda está subordinada al hogar y demandó que el Estado sea lo suficientemente generoso para subvencionar a este modelo familiar. No se movió un milímetro de la negativa de El Vaticano frente al condón y generó una airada polémica por sus declaraciones en el avión papal, cuando afirmó que existe en España un “laicismo agresivo”, similar al de los años treinta, en clara referencia al periodo de la guerra civil que desembocó en la larga dictadura franquista.

El filósofo Fernando Savater se burló de la posición de Ratzinger en su artículo “¿Hasta Cuándo?”, publicado en El País. Afirmó que el Papa “destaca en teología, una de las ciencias más útiles y con mayor futuro, la única que inventa su objeto de estudio, mientras dogmatiza sobre él”, ironizó Savater.

Pero menos de dos semanas después de su desangelada visita a España, Ratzinger vuelve a generar reacciones encontradas, a raíz de algunas declaraciones que se han filtrado, derivadas del libro La luz del mundo, cuyo título también es equívoco, porque remite a la denominación de otra creencia religiosa condenada por la Iglesia católica.

En ese libro, Ratzinger afirma que “puede haber casos particulares justificados” para el uso del condón. “Por ejemplo, cuando un prostituto usa un condón y esto puede ser un primer paso hacia una moralización, un primer acto de responsabilidad para desarrollar nuevamente la conciencia del hecho de que no todo está permitido y no se puede hacer todo lo que uno desea”, abunda.

No pasó ni un día de que comenzaran a circular estas palabras de Ratzinger cuando el diario oficial de El Vaticano, L’Osservatore Romano, precisó que el uso del condón “no es el verdadero modo de derrotar a la infección”. Incluso, el periódico recordó que el propio Papa, durante su visita a Africa, continente devastado por la pandemia, insistió en que el condón no debía ser usado porque podía empeorar la propagación del sida. Obviamente, habló, como señala Savater, desde su autoridad teológica, sin preocuparse por sustentar sus dichos en ninguna prueba científica.

Ahora abrió un mensaje tan ambiguo y moralista (el ejemplo de la prostitución más bien parece una reiteración a la condena moral al sexoservicio disfrazada de indulto papal al condón) que ha obligado a distintos voceros de El Vaticano a negar que se trate de un cambio de posición. Federico Lombardi, vocero papal, aseguró que sus palabras no constituyen “un cambio revolucionario” en la doctrina de la Iglesia.

Onusida consideró que a pesar de ser limitado, el “indulto” de Ratzinger al condón es un “paso adelante”. Otros voceros de las agencias gubernamentales responsables de enfrentar la pandemia subrayaron que el Papa olvida que la mayoría de los casos de VIH-sida en Africa no se relacionan con la prostitución masculina, sino con “la falta de emancipación de la mujer” y la insistente negación a la homosexualidad.

Extraído de los fragmentos del mismo libro, Ratzinger admitió que frente a las reiteradas denuncias contra el sacerdote mexicano Marcial Maciel, existieron “atrasos y lentitud” en El Vaticano para atender a las víctimas e ir al fondo de los casos. Califica al fundador de los Legionarios de Cristo como “un falso profeta” que tuvo una “vida disipada y extraviada”.

“Lamentablemente, hemos llegado con mucha lentitud y atraso al abordar estas cuestiones. De alguna manera estaban muy bien ocultas y sólo desde aproximadamente el año 2000 contamos con asideros concretos al respecto”, señala Benedicto XVI.

Las afirmaciones papales no pueden quedarse en un mea culpa. Si realmente existe una voluntad para enfrentar el “atraso y la lentitud” frente a los escándalos de pederastia, como el caso emblemático de Maciel, El Vaticano debe asumir una responsabilidad jurídica y social con las víctimas.

¿Qué busca Ratzinger con estas declaraciones? ¿Pretende ventilar un debate o vacunar su pontificado ante la crisis de credibilidad y de fe que ha provocado la negligencia de El Vaticano (por decirlo de manera amable) frente a los casos reiterados de pederastia y la condonfobia, homofobia y misoginia que han caracterizado los últimos 40 años de contrarreforma doctrinal?

El enredo puede ser mayor si Benedicto XVI pretende dejar todo en palabras teologales. El Papa ya abrió una caja de Pandora que millones de creyentes y no creyentes han esperado por lustros. La pregunta es si está preparando un contrataque frente a las fuerzas conservadoras y los intereses en juego que pueden sepultar esta pequeña rendija de autocrítica frente a una milenaria tradición de ocultamiento.

Comentarios: http://www.jenarovillamil.wordpress.com/

*Tomado de la revista Proceso.

martes, noviembre 23, 2010

Las componendas Calderón-El Grande*








Tomados de La Jornada, Hernández y El Fisgón y El Universal, Helioflores y Naranjo.


Álvaro Delgado

MÉXICO, DF, 22 de noviembre (apro).- En medio de la fastuosa celebración por el bautismo de su hija, el 24 de agosto de 2006, en Torreón, Coahuila, el senador panista Guillermo Anaya Llamas reunió a Felipe Calderón, el padrino, con Sergio Villarreal Barragán, identificado por el gobierno como el principal narcotraficante de la región y miembro del cártel de los Beltrán Leyva.

--Cualquier cosa que se le ofrezca, quedo a sus órdenes --le ofreció El Grande.

--Igualmente --respondió Calderón.

Este encuentro lo narró El Grande ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a raíz de su detención, el 12 de septiembre, en Puebla, y como parte de esas declaraciones ministeriales aseguró también que, entre 2003 y 2005, cuando fue alcalde de Torreón, Anaya Llamas le asignó una escolta personal, así como agentes para que custodiaran el traslado de cargamentos de cocaína y dinero.

El narcotraficante confirmó, además, que las familias Anaya y Villarreal “siempre han mantenido relación de amistad y de negocios”, y que su hermano Adolfo estuvo casado con Elsa, hermana del senador panista, aunque ya llevan años separados.

En sus declaraciones ante la SIEDO Villarreal Barragán implicó en las redes de corrupción a altos servidores públicos del gobierno de Calderón, entre ellos a Luis Cárdenas Palominos, coordinador de Seguridad Regional y uno de los hombres de confianza de secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Pero resulta que como parte de la componenda para que El Grande se acogiera al programa de testigos protegidos, y evitar que la Operación Limpieza se desbarranque por la falta de pruebas contra mandos policiacos implicados con el narco, la SIEDO archivó las declaraciones ministeriales que detallan las relaciones de éste con Calderón, Anaya Llamas, Cárdenas Palominos y otros servidores públicos.

Conforme al amplio reportaje publicado en el semanario Proceso, bajo la firma de Ricardo Ravelo, Villarreal Barragán hizo un trato con el gobierno de Calderón para revelar las redes de corrupción del cártel de los Beltrán Leyva con funcionarios a cambio de que, “por órdenes superiores”, la Procuraduría General de la República (PGR) le garantizara no sólo su completa impunidad, sino la conservación de su vasto patrimonio.

En efecto, la PGR garantizó a “Mateo”, como se identifica a Villarreal Barragán como testigo protegido, que tendría seguridad para él y su familia, pago de escuela para sus hijos, una mensualidad decorosa y respeto a sus ranchos, vehículos, aviones y diversos negocios.

¿Son creíbles las declaraciones de El Grande sobre la relación con Calderón y Anaya Llamas? Lo son en tanto que han servido, también, para formular acusaciones contra otros servidores públicos. ¿O son válidas sólo para una parte y para otra no?

Esta componenda del gobierno de Calderón con El Grande ilustra, en todo caso, la perversidad del programa de testigos protegidos, cuyos testimonios han servido para procesar a numerosos servidores públicos que, al cabo de un juicio, han resultado exonerados por los tribunales, como ocurrió con el célebre michoacanazo, que hizo quedar en ridículo al gobierno.

En el caso específico de la fiesta por el bautismo de la hija de Anaya, que selló el compadrazgo con Calderón, ese legislador insiste en que ese encuentro nunca se celebró, aunque tuvo que reconocer la relación entre las familias, como el matrimonio de su hermana Elsa con Adolfo Villarreal Barragán.

Pero en vez de esperar a que la PGR le informe si efectivamente El Grande emitió esas declaraciones, como ya lo solicitó él mismo, Anaya acusa a Proceso de publicar esa información en revancha por haber demandado penalmente al corresponsal Arturo Rodríguez García, por un párrafo de un reportaje.

“Jamás he tenido contacto con nadie del crimen organizado, mucho menos le he presentado a nadie a ningún otra persona, y por ello es que afirmo que lo que se dice en aquella revista es una vil mentira, calumnia y una revancha por haber emprendido una demanda judicial por daño moral en contra del señor Arturo Rodríguez”, cantinfleó Anaya.

No son nuevos los señalamientos de protección de políticos del Partido Acción Nacional (PAN) a El Grande en la Comarca Lagunera, como cuando vivió en Lerdo, donde presuntamente fue protegido por la alcaldesa panista, Rosario Castro Lozano (2004-2007), hermana del subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano (Proceso 1614).

Ahora El Grande goza de la protección directamente del gobierno de Calderón…


Apuntes


Mientras no cese la demencial “guerra” de Calderón se sucederán más muertes a manos de las fuerzas militares y de seguridad, como el asesinato del médico Mario Eduardo Robles Gil Bernal a manos de policías de Colima, tras la ejecución del exgobernador Silverio Cavazos, o los dos jóvenes en Tabasco abatidos por balas de marinos…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.

lunes, noviembre 22, 2010

La revolución necesaria*








Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.


john m. ackerman

“I think you have to be crazy to be a revolutionary in a country like Mexico today”, exclamó en 2001 el recién estrenado secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de la alternancia, Jorge Castañeda Gutman. Poco antes, en noviembre de 2000, el mismo Vicente Fox se atrevió a declarar que por su cuenta corría que para el final de su sexenio en lugar de celebrar la Revolución el 20 de noviembre los mexicanos celebraríamos la culminación del Plan Puebla-Panamá. Felipe Calderón también ha sido explícito en su intención de priorizar este año el legado de la Independencia por encima del de la Revolución, y de enaltecer el papel de la Iglesia y las Fuerzas Armadas por encima de la movilización ciudadana en la construcción histórica del país.

Todavía hoy, Castañeda, junto con Héctor Aguilar Camín y un grupo de intelectuales muy cercanos al poder, mantienen incólume su férrea intolerancia antirrevolucionaria. “México es preso de su historia”, afirman estos dos autores en su texto Un futuro para México, y precisan: “ideas, sentimientos e intereses heredados le impiden moverse con rapidez al lugar que anhelan sus ciudadanos. La historia acumulada en la cabeza y en los sentimientos de la nación –en sus leyes, en sus instituciones, en sus hábitos y fantasías– obstruye su camino al futuro”. La Iniciativa México no ha hecho más que retomar esta misma idea cuando Javier Aguirre y otras figuras públicas llaman a “enterrar el México de los complejos y alumbrar el México de hombres y mujeres seguros de sí mismos”.

José Woldenberg también se suma resuelto a la comunidad de críticos de los “revolucionarios” cuando, en la celebración de los 20 años del Instituto Federal Electoral (IFE), dice que solamente “muy pequeños grupos y expresiones excéntricas” no comparten el “acuerdo profundo” de que “sólo la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas es y puede ser la fuente de legitimidad de los gobiernos”. Hay que reconocer que para el exconsejero presidente del IFE los revolucionarios de hoy no serían una bola de “locos” (Castañeda dixit), sino simplemente unos “excéntricos” o “weirdos”.

La realidad, sin embargo, desmiente los anhelos supuestamente “modernizadores” de intelectuales, políticos y poderes fácticos. Hoy, el espíritu revolucionario se mantiene más vivo que nunca en el país. El periódico Reforma recientemente dio a conocer que 64% de la población siente “mucho orgullo” por la Revolución Mexicana. Es más, hasta encuestadores como Ulises Beltrán, quien trabajó en Los Pinos con Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, han tenido que reconocer que millones de mexicanos manifiestan que una nueva revolución no es solamente posible, sino necesaria.

Una encuesta de BGC, Beltrán y Asociados, publicada el 20 de septiembre en el periódico Excélsior, llega a una conclusión estremecedora: 14% de los encuestados afirman que no creen que “las condiciones de desigualdad y pobreza puedan resolverse actualmente poco a poco y de forma pacífica”, sino que “sólo se darán con un nuevo enfrentamiento armado entre los mexicanos, como ocurrió en la Independencia y la Revolución”. Probablemente ese porcentaje podría alcanzar niveles mucho más altos en la población en general, ya que la encuesta se realizó por teléfono y únicamente recogió las opiniones de los ciudadanos con mayores ingresos y escolaridad.

Hoy somos aproximadamente 110 millones de mexicanos. El 14% por ciento de la población equivaldría a 15.4 millones de personas, y ello representa más de los 15 millones de votos que Felipe Calderón habría recibido en las controvertidas elecciones presidenciales de 2006. Aún si restáramos a los menores de edad por no formar parte del universo de encuestados, todavía tendríamos una masa crítica de por lo menos unos 10 millones de revolucionarios adultos hoy en México. Independientemente de lo que uno pudiera opinar sobre estos datos, resulta muy irresponsable simplemente ignorar la realidad y descalificar a estos compatriotas como “locos” o “excéntricos”.

Ahora bien, la existencia de tantos mexicanos que consideran que la vía armada sería la única forma de resolver la desigualdad y la pobreza que aquejan al país no debe ser vista como un reflejo de una cultura política “atrasada”, sino como la consecuencia directa del claro fracaso de los gobiernos de la alternancia para resolver los problemas más urgentes de la población. Una gran cantidad de mexicanos están hartos del constante abuso de autoridad, del estancamiento económico y de la franca ineficacia gubernamental. Estos mexicanos se hallan convencidos de que la clase política actual está más preocupada por asegurar el siguiente cargo y cuidar sus propios intereses que por lograr el desarrollo nacional.

Muchos entonces han llegado a la conclusión de que continuar por esta peligrosa senda eventualmente se nos podría arrojar al abismo de un golpe de Estado, una intervención extranjera o una guerra civil. En lugar de seguir de frente hacia este callejón sin salida, los nuevos revolucionarios piensan que habría que abonar a la construcción de claras alternativas sociales y políticas para cambiar de rumbo el país.

Afortunadamente, la vía armada está totalmente cancelada en los hechos. Por mucho que 10 o 15 millones de personas estuvieran convencidas de la necesidad de tomar las armas, esta estrategia estaría destinada al fracaso ante el poderío militar del gobierno y los narcotraficantes, así como el intervencionismo estadunidense cada día más pronunciado. Sin embargo, un gran levantamiento cívico, una resistencia civil pacífica generalizada y desde las bases, de ninguna manera estaría fuera de lugar. De hecho, ese puede ser el único camino que nos queda disponible para empezar a reconstruir nuestra dolida y saqueada nación. Otra revolución, esta vez pacífica y civil, es efectivamente necesaria.

www.johnackerman.blogspot.com

twitter: @JohnMAckerman

*Tomado de la revista Proceso.

domingo, noviembre 21, 2010

Testigo Estelar*


Tomado de La Jornada, Hernández.


Ricardo Ravelo


Todo indicaba que, tras su detención, la carrera delictiva de Sergio Villarreal, El Grande, llegaba a su fin, pero el capo supo negociar y hoy es un singular testigo protegido de la PGR. En sus declaraciones ministeriales embarró a cuanto mando pudo, lo que permitió afianzar la Operación Limpieza, estrategia mediante la cual la dependencia intenta terminar con sus agentes corruptos. Lo que se ignora es por qué la titular de la SIEDO, Marisela Morales, se negó a consignar en el expediente los pasajes en los cuales el detenido alude a sus contactos con Felipe Calderón, con otros funcionarios federales y con el senador panista Guillermo Anaya, quien, por cierto, tiene demandado a un reportero de Proceso por “daño moral”.



Tras su detención el 12 de septiembre pasado en un fraccionamiento de Puebla, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, el antiguo amo del narcotráfico en la Comarca Lagunera, debuta ahora como testigo estelar de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde su arresto, la dependencia le dio un trato preferencial. Una orden presuntamente girada por el procurador Arturo Chávez sentó a Villarreal Barragán en la mesa de negociaciones con la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez.

Hoy, El Grande goza de privilegios. Además de tener un sueldo mensual generoso, las autoridades se comprometieron a cancelar varias de las averiguaciones previas en su contra y a no decomisarle ninguno de los bienes que adquirió cuando fue operador de la célula de los hermanos Beltrán Leyva.

A cambio de ello, él debía declarar todo lo que sabe sobre las redes de corrupción en las corporaciones policiacas y proporcionar los nombres de los presuntos funcionarios y agentes vinculados con las organizaciones criminales.

A la PGR le urgía incorporar a El Grande al programa de testigos luego de que el 29 de octubre último un tribunal de alzada concedió la libertad a Jorge Alberto Zavala Segovia, un exagente federal de la SIEDO que estuvo dos años en prisión. El fallo puso en riesgo la Operación Limpieza, encaminada a sanear a la procuraduría.

Para evitar que esa investigación fracasara y que otros coacusados fueran liberados por falta de pruebas, El Grande aportó datos que comprometían a Zavala Segovia, por lo que el exagente fue reaprehendido. En su testimonio, El Grande aseguró que vio a Zavala Segovia con maletas repletas de billetes de 100 dólares con los que presuntamente “salpicaba” a funcionarios de la SIEDO para que brindaran protección a su jefe Arturo Beltrán Leyva.

Villarreal Barragán comenzó a rendir testimonios sobre la vinculación de funcionarios con los cárteles de la droga luego de su detención. Algunos agentes de la PGR señalan incluso que él fue quien solicitó ser incorporado al programa de testigos protegidos y que Marisela Morales aceptó la propuesta del detenido, a quien se le asignó el nombre clave de Mateo. Morales Ibáñez declaró que El Grande fue incorporado a ese programa por una orden dictada “desde arriba”.

En sus declaraciones a la agente del Ministerio Público federal Angélica Herrera Rivero y en presencia de sus defensores, el testigo comenzó a hablar de las redes que tejió Arturo Beltrán Leyva con altos funcionarios federales.

De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITMIO/0992010 /2010, Mateo reveló que en septiembre de 2006 conoció a Felipe Calderón, cuando ya era presidente electo. Ese día, durante el bautizo de Elsa Anaya, hija del senador panista Guillermo Anaya Llamas, el anfitrión los presentó.

Según el testigo protegido, Anaya Llamas y Calderón son compadres y durante ese convivio el senador le comentó a Calderón durante la presentación: “Cualquier cosa que se ofrezca, queda a sus órdenes”. El presidente contestó: “Igualmente”.

Además, señaló que entre 2003 y 2005, cuando fue presidente municipal de Torreón, Coahuila, Anaya Llamas le asignó una escolta personal, así como agentes para que custodiaran el traslado de cargamentos de cocaína y dinero.

Mateo también habló de las líneas de parentesco que unen a su familia con la de Anaya Llamas. Dijo que su hermano Adolfo Villarreal estuvo casado con Elsa María Anaya Llamas, hermana del político panista, y que las familias “siempre han mantenido relación de amistad y de negocios”, a pesar de que Elsa María y Adolfo llevan años separados.

La versión de “Mateo”



En su edición 1614, Proceso informó sobre el bautizo de la hija del senador, quien incluso fue entrevistado. En esa ocasión Anaya Llamas aseguró que Sergio Villarreal no estuvo en esa fiesta que se realizó en Torreón, y aclaró que su hermana Elsa María se divorció de Adolfo Villarreal en 2005; también respondió que desde hace 10 años él no tiene contacto con la familia Villarreal.

Sin embargo, Mateo cobró confianza y en sus declaraciones comenzó a desmenuzar la trama de complicidades entre la célula de los hermanos Beltrán Leyva y funcionarios de la SIEDO y de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

Mencionó que desde su residencia en Morelos, donde vivía protegido por funcionarios del gobierno de ese estado, Arturo Beltrán ordenó varios asesinatos y que el secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, le proporcionaba aeronaves oficiales al capo para sus traslados.

El testigo dijo también que Arturo Beltrán le ordenó hacerse cargo de la logística para ejecutar al comisionado de la Policía Federal Preventiva Édgar Millán Gómez, quien fue asesinado en su departamento por un sicario enviado por Arturo Beltrán el 8 de mayo de 2008.

En ese crimen, expuso, colaboró también un comandante del grupo Yaqui de la PGR apodado El Perro, quien era escolta de Millán Gómez. Ese agente, según Mateo, tiene contactos con drogadictos del barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Cuando él le comentó que la idea era presentar el crimen de Millán como algo pasional o como un asalto, El Perro le proporcionó las llaves de la casa de Millán Gómez, ubicada en la colonia Morelos.

Además, dijo, fue él quien le indicó la hora exacta de la llegada del funcionario a su domicilio para que los sicarios que contrató esperaran el arribo de Millán para ejecutarlo.

Mateo expuso: ... que el crimen de Millán fue bien planeado, que cuando se corrompe a las personas indicadas no hay errores y todo sale bien. Que a Millán se le ejecutó porque (a pesar de que) ya tenía más de seis meses apoyando con información al cártel, dos meses antes de su ejecución apagó sus teléfonos y los miembros del cártel no pudieron localizarlo para que les diera su apoyo en información de operativos, y que esto fue lo que detonó que su jefe Arturo Beltrán Leyva ordenara su ejecución.

Que esta misma suerte iba a correr también Luis Cárdenas Palominos (coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal), a quien Arturo (Beltrán) le había hecho llegar una fuerte cantidad de dinero y éste sólo la recibió pero nunca se comunicó con el cártel... Por ese motivo Arturo Beltrán me ordenó planear y ejecutar a Cárdenas Palominos.

En otro apartado señaló que otro funcionario que tenía que ser ejecutado de forma inmediata era (Armando) Espinoza de Benito (coordinador de Inteligencia de la Policía Federal), ya que este comandante, según le comentó Arturo Beltrán, lo quería chingar porque recibía dinero por parte de El Chapo Guzmán. Que tras recibir la orden se abocó a su cacería y que luego Arturo Beltrán les dijo que ya no anduvieran matando a gente del gobierno sólo porque sí, que a los del gobierno que fueran a matar sólo sería porque se les pagara y aún así lastimaran los intereses de la organización.

Los pasos de “El Grande”



Sergio Villarreal Barragán relató que en su natal Coahuila fue agente ministerial y que era cliente asiduo de los bares Flamingos y La Masacuata, donde los integrantes del grupo musical La Banda de San Jacinto le compusieron incluso un corrido.

En sus declaraciones, mencionó también que tenía contactos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y habló sobre la forma en que solía pasar los cargamentos de droga, así como de las personas que asesinó, todas ellas de la Administración General de Aduanas.

Según él, por fallarle en la recepción de un cargamento de media tonelada de cocaína, la cual debió llegar al AICM a través de la empresa Jet Service, levantó, torturó y descuartizó a tres aduaneros:

El primero fue Carlos Alberto Tapia. Su cuerpo fue encontrado con la cabeza desprendida el 16 de diciembre de 2007 en Tlalnepantla, Estado de México; era agente de aduanas del Aeropuerto Internacional, y con quien me arreglé para que recibiera la droga; el segundo fue José Villegas Valdivia, también agente de aduanas del aeropuerto, quien fue hallado con el cuerpo descuartizado en la carretera México-Tuxpan, y el tercer cuerpo descuartizado fue el del gerente de la empresa Jet Service de nombre Francisco Gerardo Santos Iglesias.

La PGR inició las averiguaciones previas TLA/I/7422/2007/12-T y OTU/II/1950/2007 para indagar sobre las tres ejecuciones.

Según Villarreal Barragán, en la célula de los hermanos Beltrán Leyva había traiciones y muertes. En una de esas pugnas, dijo, torturó y asesinó a Mario Pineda Villa, conocido como El MP, por órdenes de Arturo Beltrán:

A ese marrano yo mismo lo levanté. Se creía muy sanguinario y además no era de mi agrado. Lo amarré y le di de patadas hasta que perdió el conocimiento. Le dije: “Ya ves pinche marrano, no que muy cabrón”, posteriormente ordené que lo subieran a un vehículo y que fuera trasladado por la carretera vieja que lleva a Cuernavaca y a la altura del poblado de Huitzilac, Morelos, ordené que lo bajaran y descargué una ráfaga de cuerno de chivo en contra de él estando amarrado.

Posteriormente Arturo (Beltrán) me ordenó que se ejecutara a todos los que tenían relación con El MP o sencillamente quien fuera su amigo, aunque no tuviera que ver con el negocio de las drogas, y así se procedió en esos días, levantando más o menos a 90 personas, mismas que eran golpeadas y ejecutadas… Que posteriormente a esos hechos mantuvo una relación sentimental con la esposa de Mario Pineda, alias El MP, de nombre Clarisa.

Con relación a la ruptura de Arturo Beltrán y La Barbie, por una supuesta traición de éste a su jefe, Villarreal asegura que él mismo ejecutó a más de 150 personas en Morelos y Guerrero. Una de las primeras fue un colaborador de La Barbie.

En su relató ministerial, el testigo aseguró que esa persona fue torturada y degollada; además, se grabó un video para subirlo a las redes sociales con amenazas a La Barbie, quien era aficionado a ver los videos relacionados con el crimen organizado.

Información clasificada



Cuando Villarreal Barragán rindió su testimonio ante la PGR, la titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, ordenó que los pasajes relativos al presidente Felipe Calderón y a los funcionarios de su gabinete no se consignaran, por lo que esos fragmentos quedaron archivados.

Según averiguó el reportero, durante las negociaciones Morales Ibáñez le comentó a Villarreal Barragán que era muy importante para la PGR saber qué funcionarios estaban implicados en la llamada Operación Limpieza, pues estaban en puerta las primeras libertades de varios de los exagentes procesados, por lo que le pidió que se enfocara sólo en ese aspecto.

Según el acuerdo, Villarreal Barragán debía declarar que él personalmente entregaba dinero a los funcionarios de la SIEDO para que le proporcionaran información que beneficiara al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. La PGR incluso le ofreció seguridad para él y su familia, escuela para sus hijos y la cobertura de los costos que ello generara; un pago mensual decoroso por su colaboración y gastos de manutención.

La funcionaria también le comentó que por “órdenes superiores”, no se tocaría su patrimonio ni el de su familia, que incluyen ranchos, coches, camiones, aviones y negocios diversos.

Durante su etapa de esplendor en la Comarca Lagunera, tierra de narcos y de grandes fortunas amasadas con el lavado de dinero y el narcotráfico, Villarreal Barragán vivió en el municipio de Lerdo, Durango, al amparo de la alcaldesa panista Rosario Castro Lozano (2004-2007), hermana del actual subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano (Proceso 1614).

En una residencia que por un tiempo habitó Arturo González Hernández, El Chaky, gatillero de Vicente Carrillo, Sergio Villarreal estuvo a punto de ser detenido en una ocasión. El general Eduardo Miranda, entonces jefe de la base militar conocida como La Joya, montó un operativo y se trasladó con sus hombres a la residencia de Lerdo. En el momento en que iba a entrar, apareció la alcaldesa Rosario Castro. Iba acompañada de Raúl Villegas Morales, director de Seguridad Pública, y de Isaías Castillo Luna, un policía ampliamente conocido por la protección que brindó a El Chaky (Proceso 1496).

Testigos de los hechos relatan que Rosario Castro impidió la detención de Villarreal Barragán. Le exigió al general Miranda la orden de cateo y el permiso para entrar a su municipio. Tan fuerte fue la arremetida de la alcaldesa, que el militar tuvo que soltar a los detenidos y retirarse del lugar.

Hoy, aun cuando lleva más de dos meses detenido, el capo sigue teniendo buenas relaciones con funcionarios. Además, como testigo estelar de la PGR, goza de protección e impunidad del gobierno que lo atrapó el 12 de septiembre pasado en la ciudad de Puebla.


*Tomado de la revista Proceso.