Entre rateros de te veas

Tomados de El Iniversal, Helioflores y La Jornada, Rocha.

De manera sospechosa y cuando el amparo había sido concedido en forma definitiva la Procuraduría General de la República del desgobierno usurpador anunció que siempre si entregaría las información referente a las averiguaciones que se llevan a cabo en esa dependencia en contra de Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del autorreconocido traficante de influencias, Juan Camilo Mouriño.

Después de que el gobierno español "autorizara" la entrega de la información la dependencia mexicana informó que entregaría la información. Para ese entonces España ya había declarado "inocente" al padre del mentado Juan Camilo. "En ese contexto, se debe puntualizar que no hay, ni en México ni en España, alguna investigación, acta circunstanciada o averiguación previa que indique que existe blanqueo de capitales por parte del señor Mouriño Atanes", aseveró un funcionario español.

Si no había nada que ocultar, por qué no entregaron el material desde un principio. ¿Qué ocultan? O será que tiene razón la ex colaboradora del traidor Vicente Fox Quesada, Xóchitl Gálvez: "los políticos sólo entienden a periodicazos, como los perros".

Los intereses españoles en México son muchos y están en vías de crecer. Desde hace más de dos años el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, "reconoció" al pelele Felipe Calderón Hinojosa como "presidente electo", cuando ninguna autoridad electoral lo había hecho.

En su más reciente viaje a España, el gobierno de aquel país, puso a disposición del enano de miras, una impresionante comitiva que incluyó limousinas, con tal de que el "chaparro" se sintiera grande. El trato sirvió para que el espurio Calderón Hinojosa afirmara que se reforzaron las relaciones entre las dos naciones. Espejitos y cuentas de vidrio por riquezas petroleras, fue la reedición de la Malinche llevada a cabo por el personaje de marras.

En tanto, México padece la corrupción y negligencia de los rateros de siempre. Por un lado llevan al país a la crisis económica y por el otro hacen grandes negocios con los recursos públicos, "rescatando" a quienes "atentaron" especulativamente contra el peso, que lo llevó de menos de 11 pesos a más de 13 pesos por dólar al día de hoy.

El daño al patrimonio de los mexicanos, incluidas las pérdidas –minusvalías, le llaman ahora los ladrones- de las pensiones en las Afore que jugaron en las bolsas del mundo, no será reparado, ni rescatado, ni "apoyado", ni apuntalado. No será ese el caso de los grandes corporativos que ayudaron al fraude electoral de 2006. Todos están pasando a la ventanilla de Hacienda del desgobierno espurio a pasar su enésima factura.

El descaro es de tal magnitud que se han escuchado voces de los lectores de noticias de radio y televisión –pagados para apoyar al pelele Calderón Hinojosa-, criticando tales medidas. Lo cual indica que el cinismo les cala hasta a los cínicos.


La siguiente colaboración fue tomada del periódico La Jornada.



http://www.jornada.unam.mx/

Los saldos

Luis Javier Garrido

Los analistas de la derecha están constatando que los términos de la contrarreforma petrolera aprobada por el Congreso mexicano no satisfacen las expectativas que tuvieron y ya están empezando a buscar responsables del fracaso, y el primero de ellos parece ser el español Juan Camilo Mouriño (titular de Gobernación), contratista y negociador de la aprobación, envuelto ahora también en otro escándalo: el ocultamiento por el gobierno calderonista de información vinculada con los posibles turbios tejemanejes de su padre, el socio y amigo de Fox.

1. La contrarreforma petrolera privatizadora de Felipe Calderón y los priístas salinistas, que culminó el martes 28 con otro bochornoso acto de aprobación ahora de los diputados, que votaron sin discutir en el pleno los textos legales y negándose a cualquier análisis, en una sesión irregular de la Cámara, con la tribuna tomada, y en la que la PFP y fuerzas armadas del Ejecutivo de facto rodearon el Palacio Legislativo de San Lázaro, no ha resuelto nada del futuro de la industria petrolera mexicana.

2. La afirmación de Felipe Calderón del miércoles 29 de que la aprobación fue "por consenso", cuando más de 100 diputados votaron en contra es tan mentirosa como la de que "Pemex se va a fortalecer". Para engrandecer la industria petrolera mexicana no se necesitaba ni se necesita ninguna "reforma" legal, sino voluntad patriótica, algo de lo que carece el gobernante espurio. Lo que él requería era contar con más garantías en la legislación secundaria de las que ya existen para disponer más libremente de la paraestatal a fin de ir entregando a pedazos la industria a las trasnacionales, y esto es lo que le dieron los legisladores abriendo rendijas en los nuevos principios legales.

3. El principal derrotado, no obstante haberse aprobado la contrarreforma oficial con el respaldo del PAN, del PRI y de los chuchos y cuauhtemistas del PRD, es, a pesar suyo, el propio Felipe Calderón, quien había propuesto a principios de abril una apertura total de la industria petrolera mexicana al capital trasnacional, y está refrendando a finales de octubre una serie de mezquinas contrarreformas que, además de evidenciarlo como vendepatrias, no le dan garantías suficientes para sus negocios turbios y además lo hacen fracasar en lo político. Había creído que con el proceso de contrarreforma mataría dos aves con una pedrada y salió trasquilado. El pacto de Mouriño con los chuchos y los cuauhtemistas del PRD no sólo no le permitió aislar a Andrés Manuel López Obrador y al Movimiento Popular, sino que éstos salen fortalecidos de la confrontación.

4. La mediocre contrarreforma petrolera de 2008 sí abre, violando abiertamente la Constitución Mexicana, nuevas vías privatizadoras, que a juicio del grupo calderonista podrían dar pie a una nueva oleada de "penetraciones hormiga" de la Repsol YPF y de otras trasnacionales, así como a los negocios que su grupo de amigos tiene proyectados, de ahí su júbilo el miércoles 29 ante Juan Carlos y Zapatero. No es suficiente, empero, para que otras grandes corporaciones puedan arriesgarse en operaciones de mayor envergadura, y eso es lo que ha suscitado el disgusto de Fox y de los salinistas. Los voceros de la derecha se han lamentado por ello de la reacción que tuvieron el martes 28 diversos consorcios petroleros de los Países Bajos, afirmando que estas modificaciones legales de corte neoliberal no constituyen garantía suficiente para las trasnacionales.

5. La aprobación fast track que hicieron los diputados de textos seudolegales contrarios a la Constitución Mexicana, sin discutir nada y negándose a escuchar a sus compañeros legisladores, ahonda, por otro lado, la crisis institucional de México, pues evidenció a los integrantes del Poder Legislativo, que de espaldas al país no representan más que a las burocracias de sus partidos y para defender intereses privados no dudan en pasar sobre las instituciones al avalar a ciegas acuerdos de las cúpulas partidistas.

6. Las multinacionales que pretendan invertir en México engañadas por la propaganda calderoniana, difundida por varias agencias desde el martes 28, diciendo que portions of the state-owned oil company Pemex will be privatised, como dice un boletín leído en Radio Netherlands el 28, han de saber que todas sus inversiones en la materia serán anticonstitucionales, pues, a pesar de lo que diga la contrarreforma, el artículo 27 de la Constitución prohíbe que se otorguen concesiones y contratos en materia petrolera, y el 28 consigna el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, por lo que el pueblo tiene el derecho inalienable de proceder contra sus intereses y deben atenerse a las consecuencias.

7. La aprobación fast track por parte de los diputados de textos legales que no conocían, contrarios a la Constitución Mexicana, y sin discutir nada, ahonda además la crisis institucional de México, pues evidenció a los legisladores que, de espaldas al país, no representan más que los intereses de las burocracias de sus partidos y muy probablemente a los de diversas multinacionales, y que no dudaron en pasar por sobre las instituciones del país al avalar a ciegas acuerdos de las cúpulas partidistas.

8. El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo puede a su vez legítimamente prevalerse de un enorme triunfo, pues si la mezquina contrarreforma aprobada es contraria a los intereses del pueblo, la intensidad del debate ha permitido a amplios sectores conocer las vulgares motivaciones de Calderón y de sus protectores priístas, y no hace más que fortalecer las posibilidades de la resistencia, que ha de estar ahora alerta a todas las decisiones del gobierno de facto en materia energética que violen la Constitución, un triunfo en el que fue fundamental su líder, Andrés Manuel López Obrador, que luchó denodadamente hasta el último momento por evitar los peores aspectos de la contrarreforma.

9. Los integrantes de las facciones neoliberales y entreguistas del PRD, tanto los chuchos como los cuauhtemistas, que actuaron, según los analistas, por ambición como por resentimiento, no salen, a su vez, bien librados en su aventura de asociarse al gobierno espurio de Calderón, y deberán enfrentar en los próximos meses todos los reclamos de la gente, pues parecen ignorar que ocupar los cargos de dirección de un partido no les da ninguna fuerza social.

10. La crisis financiera, económica, social y política que se ahonda en México encuentra después de estos meses de lucha, y eso no lo esperaba el grupo calderonista, a un pueblo más alerta y mejor organizado.

Rescate e impunidad para orquestadores del fraude de 2006

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Como resultado de los recursos legales promovidos por los partidos que formaron la Coalición por el Bien de Todos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al IFE que multe al PAN, PRI y Verde Ecologista por la guerra sucia de anuncios pagados por el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) en contra de Andrés Manuel López Obrador.

A toro pasado el tribunal, que declaró ganador al pelele Felipe Calderón Hinojosa, previó una pequeña multa para los partidos, que será pagada de los impuestos de los mexicanos, mientras que los grandes empresarios que orquestaron e implementaron el fraude electoral de 2006 seguirán gozando de la impunidad y del pago de los favores recibidos por el usurpador de Los Pinos.

Después de dos años –con otros miembros- el TEPJF decidió que sea el pueblo de México el que pague por el fraude, mientras que los empresarios dueños de Coppel, Soriana, Cemex, Wal-Mart, Comercial Mexicana, etc., fueron premiados con bancos, condonación de impuestos, aerolíneas, etc.

De esta manera quedó demostrada otra pieza clave del fraude electoral, negado por los poderes fácticos y sus pagadas plumas. También se suma a la gran cantidad de pruebas que muestran la manera en que el PAN, PRI, grandes empresarios, radio y televisión se unieron para defraudar la elección popular. Después, no tuvieron empacho en llenarse las bocas con llmados a respetar las “instituciones” y el “Estado de derecho” violentado por ellos. A más de dos años nada se va a hacer, el dinero de las multas –que serán de poca cuantía- saldrá del dinero de los contribuyentes, que están secuestrados por la corrupta política y sus nada brillantes “instituciones”.

Pese a que la economía mexicana se encuentra en picada y que la población reciente los rigores de 8 años ininterrumpidos de “idiotez” y corrupción panista-priísta, que ha llevado a México a niveles nunca vistos de pobreza, marginación y saqueo, el espurio Felipe Calderón Hinojosa se ve obligado –por quienes lo impusieron- a rescatar a sus compinches del fraude.

Ayer mismo se anunció un rescate por 3 mil millones de pesos -¿autorizados por quién y a cuenta de qué?- para evitar la quiebra de Comercial Mexicana, la empresa abarrotera que jugó en los mercados y perdió hasta la camisa. Ahora con dinero de los contribuyentes será salvada de la bancarrota y sus dueños seguirán gozando de sus fortunas y de la impunidad que les brinda el mentado estado de chueco, que nunca de derecho. En los hechos se trata del Fobaproa II.

Por el mismo rumbo y con el apoyo del pelele Calderón Hinojosa están Soriana, Cemex y Coppel. A éstas se sumarán muchas otras, pero no todas, sólo las que participaron en el fraude de 2006. Pero el ciudadano común, al que le han incrementado los bancos los intereses hasta el 80 por ciento al año, mientras que ellos pagan al ahorrador menos del 5 por ciento anual, no gozará de ningún plan de rescate, ni siquiera de la necesaria regulación de las tasas de interés y las abusivas comisiones que cobra la banca, pues el usurpador Calderón Hinojosa está para cuidar los negocios de los que mandan en México.

La situación es dramática y se pondrá peor si se toman en cuenta las declaraciones de Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México y artífice el atraco llamado Fobaproa, quien anunció ayer –con más de un año de anticipación- que México crecerá a lo más 1.5 por ciento en 2009. Si a eso le sumamos la devaluación del peso frente al dólar, el regreso de mexicanos por la recesión en Estados Unidos, el aumento del desempleo y la crisis financiera mundial, tendremos una idea general de los que nos espera el próximo año.

Las siguientes notas dan cuenta del “Estado de derecho” y del país de “leyes” en el que viven más de 100 millones de mexicanos, secuestrados por sus “representantes” y los poderes fácticos.



Pachuca, Hgo., 29 de octubre. En el gabinete de Vicente Fox Quesada “vi tanto pendejo que me arrepentí de no haber sido secretaria de Estado”, dijo hoy Xóchitl Gálvez al definir el perfil de algunos funcionarios que colaboraron con el ex presidente, con quien ella misma fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Xóchitl Gálvez acudió al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec), donde ofreció una conferencia y envió un mensaje a los alumnos: “si se van a dedicar a la política no sean mediocres ni ratas; robar es malo, pero robarle a los jodidos, aunque se confiesen, se van al infierno. No sean mamones, sean medio ojetes, pero mamones no.

“Pero al transcurrir el sexenio, “vi tanto pendejo que me arrepentí de no haber sido secretaria. En serio, decían tantas estupideces, y muchos eran del Tec de Monterrey, ¿eh?”, señaló en tono sarcástico dirigiendo la vista a los estudiantes.

Se acordó de los roces que llegó a tener con connotados funcionarios foxistas, como el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, de quien aseguró: “le gustaba ser mamón, disfrutaba ser mamón”.

O como el actual gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, “a quien le valían madre los jodidos y en más de una ocasión amenacé con exhibirlo ante la prensa” si no atendía a los pueblos indígenas. “Así entendió el cabrón; los gobernantes sólo entienden a periodicazos, como los perros”, dijo.

La Jornada, 30 de octubre de 2008.


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En una “inusitada, delicada y muy grave acción”, la Procuraduría General de la República (PGR) promovió, “sin derecho jurídico”, un juicio de amparo para mantener en secreto la respuesta del gobierno de España sobre la supuesta participación de Manuel Carlos Mouriño Atanes (padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo) en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En la sesión de ayer del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), los cinco comisionados expresaron lo anterior tras denunciar “las artimañas” usadas por la PGR para evitar la entrega de los documentos al organismo.

Adrián Franco, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la PGR, fue quien promovió el amparo ante la juez cuarta de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, María Guadalupe Rivera González, quien le otorgó la suspensión.

Durante la sesión, el comisionado Alonso Lujambio consideró “inaceptable la conducta de la PGR, por expresar absoluta desconfianza hacia el IFAI”. Es, enfatizó, “una estrategia dilatoria para que los plazos corran y el instituto no pueda resolver. Ostentosamente se trata de una chicanada”.

El también consejero del IFAI Juan Pablo Guerrero, ponente del caso, advirtió que “más allá de la desconfianza de la PGR, ésta es la primera vez que ocurre una situación así y en qué caso: nada más y nada menos que en una supuesta investigación de blanqueo de capitales de un señor de nombre Manuel Carlos Mouriño Atanes”.

La Jornada, 30 de octubre de 2008.


El siguiente material fue tomado de la revista Proceso.

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Ugalde dobló las manos

Alvaro Delgado


Aunque dos consejeros del IFE, Arturo Sánchez Gutiérrez y Virgilio Andrade, sí supieron de las presiones que Luis Carlos Ugalde recibió para declarar a Felipe Calderón ganador de la elección de 2006, dicen haberse enterado por charlas personales y no le objetan la omisión de una denuncia institucional. La exconsejera electoral Lourdes López Flores, en cambio, advierte que, al proceder como lo hizo el 6 de julio, Ugalde no sólo incurrió en una doble responsabilidad, sino que expuso la confiabilidad y credibilidad del proceso al sucumbir ante las presiones. Y eso fue, sentencia, "un grave error político".


La exconsejera electoral Lourdes López Flores lo dice sin atenuantes: Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), se queja en su libro de las presiones de Vicente Fox, Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón para declarar a éste ganador de la elección presidencial en 2006, pero finalmente cedió a ellas.

"Tan cedió a las presiones que, el jueves 6 de julio, declaró ganador a Felipe Calderón", subraya, y reprocha a Ugalde haber afirmado ese día, indebidamente, que "la regla de oro de la democracia establece que gana el candidato que obtiene más votos", frase que el gobierno de Fox y el Partido Acción Nacional (PAN) usaron para iniciar una estrategia de triunfo que atrajo inmediatas felicitaciones de mandatarios de varios países.

"Esa osadía tiene que ver con las presiones. Fue un grave error político. Expusimos inclusive, no la legalidad, pero sí la confiabilidad y la credibilidad del proceso, porque no había necesidad de esa osadía", insiste López Flores.

A diferencia de otros consejeros, como Arturo Sánchez Gutiérrez y Virgilio Andrade, quienes sí fueron enterados por Ugalde de las llamadas que le hicieron Fox, Calderón y Gordillo, la noche del 2 de julio, López Flores supo de ellas por los fragmentos del libro (Así lo viví / Testimonio de la elección presidencial de 2006, la más competida en la historia moderna de México) publicados en Proceso 1668.

La exconsejera recuerda, en entrevista con el reportero, que después de concluidos los cómputos en los 300 distritos electorales, el 6 de julio, Ugalde convocó a los consejeros a una reunión previa a la sesión del Consejo General donde el secretario ejecutivo, Manuel López Bernal, leería las cifras oficiales.

En esa reunión, refiere, Ugalde se empeñó en que debía emitir un mensaje después de la intervención de López Bernal. "Insistía en que tenía que ser él quien dijera el ganador de la elección. Algunos de los consejeros señalábamos que no, porque esa era competencia del Tribunal Electoral, y que el secretario ejecutivo debía limitarse a indicar los resultados.

"Pero él decía: 'Es que me quieren oír, me quieren escuchar que sea yo el que lo diga'. Yo le pregunté:

"-¿Quién te quiere escuchar?

"-Los medios de comunicación.

"-No. Que los medios saquen sus cuentas. La sesión tiene que ser sobria."

López Flores señala que en esa discusión se manifestaron los dos "bloques" de consejeros: ella, Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez Alcántar y Rodrigo Morales -supuestamente afines al priismo-, quienes estaban en contra de que Ugalde proclamara ganador, mientras que Arturo Sánchez Gutiérrez, Teresa González Luna, Alejandra Latapí y Andrés Albo -los proclives al PAN- se manifestaban a favor.

"Terminó esa reunión previa al Consejo General con la promesa de Ugalde de reflexionar para ver qué decía. Y escuchamos luego su discurso sobre la regla de oro de la democracia. ¡A final de cuentas sí dio ganador!", exclama la exconsejera, y dice haber pensado entonces que eso tendría un costo político para todos los consejeros.

"Eso fue concertado, porque hubo inclusive aplausos debajo de la mesa del Consejo General. Ahí lo tuve muy claro: fue un grave error político y esto nos va a costar", evoca la exconsejera, quien fue removida del cargo como parte de la reforma electoral de 2007.

Doble responsabilidad

Radicada en Monterrey, Nuevo León, y en entrevista el miércoles 22, luego de la ceremonia para festejar los 18 años de la fundación del IFE -conmemoración desai-rada hasta por el propio Ugalde-, López Flores manifiesta:

"Si no era presión de los medios, porque no la había -la hubiésemos recibido todos, porque además era evidente cuál era el resultado electoral-, y si él denuncia que tuvo presiones, quiere decir que cedió a ellas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas él, cuatro días después, el 6 de julio, sí dio un ganador. Después dijo haberse arrepentido, que fue un error, como si se hubiera comido una coma."

-Porque ahí proclaman Calderón y el gobierno el triunfo y vienen las felicitaciones internacionales...

-Sí, cuando todavía faltaba el proceso de conclusión de los plazos de impugnación. No es que apostáramos a que luego se revirtiera el resultado; había que respetar las etapas del proceso electoral. Había un virtual ganador, pero no todavía un ganador oficial, porque la declaración la hace el tribunal.

"Luis Carlos, al adelantarse en un tema que sí fue discutido, y al no tomar en cuenta valoraciones que se hicieron sobre de quién era competencia hacer la declaración formal de presidente electo, cometió una osadía que tiene que ver con esas presiones. Esos son los indicios que yo tuve. De lo que hoy puedo dar testimonio es que decía: 'me quieren oír'."

-¿Para usted las presiones eran de quienes él dice que lo presionaron?

-Claro, claro. Y cedió a ellas. Tan cedió a ellas que hizo esa declaración.

En su libro, Ugalde no menciona la presencia de López Flores en la reunión de consejeros ni las preguntas que ella le formuló. Y tras aducir, en cambio, que el IFE y él en lo personal habían sido acusados de vacíos de información, escribe:

"Por lo tanto, pensaba, la voz del consejero presidente del IFE era necesaria para dar por concluida la fase de los cómputos distritales. Esa sería la última vez que 'hablaría' el instituto, antes de que lo hiciera el Tribunal Electoral para calificar la elección."

Cuenta Ugalde que Virgilio Andrade se pronunció contra su deseo de hablar, al contrario de Alejandra Latapí, y refiere: "No se trataba de anunciar ganador -no lo habíamos hecho en los últimos días, a pesar de la presión ejercida sobre el instituto, sino de que el IFE dejara constancia del momento que ocurría".

Ya en la sesión, Ugalde pronunció la frase que el gobierno de Fox y su partido usaron para desplegar una estrategia propagandística de triunfo: "El candidato que obtuvo el mayor porcentaje de la votación presidencial es Felipe Calderón, del PAN. La regla de oro de la democracia establece que gana el candidato que tenga más votos".

Ahora, en su libro, Ugalde arguye: "Al concluir mi mensaje, no sabía el impacto que causaría esa frase. Los críticos la interpretaron como un intento por declarar ganador a Felipe Calderón y, con ello, anticipar un resultado oficial. No era el propósito".

Y, en el mismo tono, añade: "Creo que, luego de haber resistido durante varios días la presión para declarar ganador, fue un error incluir esa frase. Fue innecesaria y, simplemente, exacerbaba la polémica. No hubo ninguna intención deliberada, pero se trató de un error... Había incluido una frase inapropiada, que dio lugar a interpretaciones, pero en ningún momento di como ganador a Calderón".

Pero López Flores insiste en que Ugalde, "a final de cuentas, sí dio un ganador", y comenta:

"Aún está muy cercano el 2006 para hacer una evaluación y todavía estamos demasiado emocionados quienes participamos, los que individual y colectivamente cometimos errores y aciertos, pero que además sufrimos las consecuencias políticas de esa etapa muy importante del país. Estamos todavía demasiado emocionados para que nuestros dichos sean objetivos, claros. Creo que eso puede afectar un poco la visión y la crónica."

-¿Ugalde pretende lavarse la cara?

-No sé. No me atrevo a dar motivaciones. Lo que sí creo es que, a toro pasado, no es dable. Yo no comparto que a toro pasado se hagan denuncias por lo que se vivió, haya sido por cuestión individual o colectiva, de unos cuantos o de todos, y que se hable de presión, porque había responsabilidades que cumplir. Si se reciben presiones y se sucumbe a ellas, creo que es una doble responsabilidad que hay que asumir.

-¿Debió haberlo dicho en su momento?

-Si a mí me hubiera tocado vivir eso, yo lo hubiera hecho en su momento. Pero cada quien actúa conforme a su situación, a sus convicciones o a sus condiciones particulares. Yo lo habría hecho en ese momento.

López Flores no recuerda haber sido informada por Ugalde, ni institucional ni personalmente, de las "recomendaciones" de Gordillo para nombrar a Humberto Trejo director ejecutivo de Capacitación, y de Manlio Fabio Beltrones para designar a su concuño, José Manuel Moreno Aguiñiga.

Tampoco supo de las reuniones de Ugalde con Fox ni de las llamadas que éste y Gordillo hicieron, el 2 de julio, para declarar ganador a Calderón, quien también, según el presidente del IFE, lo presionó.

"Conmigo -enfatiza la exconsejera- nunca habló de eso."

Sólo a los cuates

Otros consejeros sí fueron confidentes de Ugalde sobre las "presiones" que dijo haber recibido de Fox, Gordillo y Calderón: Arturo Sánchez Gutiérrez y Virgilio Andrade.

En entrevista, Sánchez Gutiérrez recuerda que "a algunos de nosotros nos comunicó privadamente esos telefonemas, pero no de manera formal".

-¿Ni siquiera les comunicó formalmente las recomendaciones de Gordillo y Beltrones?

-No, yo no tenía esa información. Siempre fue muy respetuoso de que nosotros no formáramos parte de ese tipo de presiones. Siempre tuvimos libertad; yo no tenía conocimiento, y qué bueno: no era un mensaje dirigido a nosotros.

-¿Pero no tenía el deber, o por simple consideración con sus compañeros del órgano colegiado?

-No, porque él guardó en ese sentido la autonomía del instituto. Si hubiera sido una información formal, habríamos aceptado que esa hubiera sido una presión al instituto. No lo manejó así, lo manejó como una presión personal, y en ese sentido pudo actuar independientemente en ese tipo de llamadas.

Según Sánchez Gutiérrez, revelar las presiones en un libro ya no afecta al IFE, ni siquiera en un episodio del 2 de julio de 2006 en el que Ugalde menciona las relaciones de aquél con el PAN.

Ugalde escribió: "El consejero Sánchez Gutiérrez sostuvo conversaciones con miembros del equipo de campaña y me dijo lo mismo: Esa noche, en el PAN, tenían la certeza de que habían ganado".

En la entrevista, Sánchez Gutiérrez lo confirma: "Yo estuve en contacto no solamente con ese equipo, sino con diferentes equipos de campaña, y yo, en efecto, vi la información que teníamos en ese momento, y lo que teníamos en ese momento era que, en efecto, Calderón iba adelante".

-¿Fue en función de su vinculación con miembros del equipo de campaña de Calderón?

-Igual que hablé con él, hablé con miembros de otros equipos. No tiene nada que ver ese tipo de relaciones personales.

-Pero son relaciones no sólo personales, sino políticas.

-No, políticas no. No hay ningún tipo de vínculo político entre muchos amigos míos y yo, porque si fuera así tendría víncu-los políticos con todos los equipos.

-Es usted compadre de Juan Molinar, director del IMSS.

-Pero igual soy amigo de muchos miembros de otros grupos y partidos políticos, lo que no implica para nada tener una vinculación política, sino una vinculación personal.

Por su parte, el consejero Virgilio Andrade asegura que también supo de las "presiones" reveladas por Ugalde, pero se enteró igual que Sánchez Gutiérrez: por charlas informales y no de manera institucional, aunque afectaban al IFE.

"Algunas cosas -reconoce Andrade- sí me las comentó."

-¿Las llamadas de Gordillo, Fox y Calderón?

-Algunas sí, algunas no. Lo pondría así: En una posición política, donde participamos distintos actores, algunas cosas se platican y otras cosas no. Algunas cosas sí las platicó y otras las mantuvo en reserva.

-¿Le sorprendió lo que publica Ugalde?

-No, no me sorprende, porque esos episodios forman parte de la vida pública y finalmente la toma de decisiones recae en nosotros mismos.

"Algunos de esos eventos nos los comentó a veces como anécdota, a veces como elementos para la decisión, pero otros no, y desde luego que está en la esfera de la privacidad y de la ponderación propia que hace un presidente del instituto. Como todos los humanos, no siempre andamos contando todo. Así es en este caso."

-Pero no son asuntos de carácter particular.

-Pero aún así hay que entender que el consejero presidente del IFE también tiene una esfera particular de decisiones que no necesariamente está obligado a compartir.

-¿Aun con sus compañeros consejeros?

-Aun cuando sea un órgano colegiado, el consejero presidente tiene una órbita de libertad en la que puede ponderar individualmente lo que comparte y lo que no comparte con el colegiado. Es más, esa es una de las responsabilidades más finas que tiene el presidente de un órgano colegiado: saber qué situaciones comparte con el colegiado y qué situaciones no ameritan ser compartidas.

Andrade defiende, también, el derecho de Ugalde a publicar un libro dos años después de las elecciones más controvertidas de la historia: "forma parte del derecho que tienen los exfuncionarios para decidir cómo van procesando su pasado".

Intentan PRI y PAN privatización desesperada

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Con el cinismo que caracteriza al PAN y PRI, pero con la falta de carisma y dicción, el pelele Felipe Calderón Hinojosa utilizó por enésima vez a la televisión para decir mentiras en cadena nacional. Como en las “reformas” económica y laboral, el usurpador llenó de elogios a los “legisladores” que “mejoraron” su propuesta. Fue la primer mentira de las muchas que dijo. Ante las cámaras de televisión prometió –ya se sabe que ninguna cumple- que Pemex reactivaría la economía, que francamente está al borde del colapso. La minireforma fue catalogada como un “hecho histórico” nunca antes visto desde 1938, que posibilitará el desarrollo económico y recursos para programas sociales, además de más empleos -¿cuáles?- y desarrollo. Por la noche “festejó” con sus compinches del PAN los “triunfos”.

Sin embargo, la historia y la verdad fueron otras. El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el panista David Maldonado, había cambiado y publicado el texto de los dictámenes en la Gaceta Parlamentaria, sin otro acuerdo más que el de él. La típica maniobra de los que “respetan el Estado de derecho y el país de leyes”. También de los que “respetan las instituciones que los mexicanos nos hemos dado”.

Las modificaciones implicaban los rechazados –en el Senado- contratos incentivados, lo que implicaría compartir la renta petrolera. “Los terceros podrán hacer sugerencias a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, a efecto de modificar los proyectos con la finalidad de mejorar el resultado del mismo. Estas sugerencias se reflejarán en un mejor desempeño de los organismos en lo relativo al cumplimiento de su objetivo… los organismos subsidiarios podrán, en función del proyecto, establecer remuneraciones con base en el desempeño, o bien incentivos por la buena realización o éxito del proyecto.

“Se tendrá un pago en función o con base en una fórmula o esquema predeterminado que le da certeza al contrato. De acuerdo con lo anterior, en la celebración de contratos es factible que Pemex o los organismos subsidiarios paguen incentivos en función del desempeño de los proveedores o contratistas, metas de producción, resultado exploratorio, etcétera”, fueron los textos agregados de espaldas a los demás partidos, sólo avalados por el PAN y PRI.

Las negociaciones habían previsto la “protesta” y la toma de la tribuna y el desarrollo de la sesión, pero con la condición de retirar los textos y votar lo que se había mandado del Senado. Al final quedó una minireforma, que si bien es un logro, nunca podría ser del espurio Calderón Hinojosa y mucho menos del PAN, PRI, y Chuchos del PRD.

Recordemos que se logró frenar la privatización abierta y descarada de la principal empresa del país. De lo que originalmente se propuso nada más quedaron los bonos ciudadanos, que serán acaparados por los bancos y la Bolsa Mexicana de Valores. El triunfo –si se toma en cuenta la aplanadora que representaron el PAN, PRI y Chuchos del PRD- para el movimiento de resistencia civil pacífica es evidente. Sin embargo, no es suficiente para paliar los efectos de la crisis y de 8 años de panismo en Los Pinos y de décadas de saqueo a cargo de los rateros de siempre y de sus descendientes, sumados a los oportunistas de cada sexenio.

La lucha continúa, el frente más visible es la defensa de los ingresos y economía de más de 100 millones de mexicanos que serán hechos a un lado mientras que se rescata con dinero público a los transas empresarios del fraude. ¿Alguien se pregunta cómo es posible que se llegara una crisis tan severa con el navío de gran calado que aseguraba el pelele era la economía de México? Y todavía hay ignorantes que esperan ya la llegada del PRI, porque a decir de ellos, ese partido “robaba menos”. ¡Háganme el desgraciado favor!


La siguiente nota fue tomada de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

PRI y PAN intentan privatizar de última hora; fracasan

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 28 de octubre (apro).- Mediante "trampas legales" y de último momento, priístas y panistas pretendieron aprobar los "contratos de riesgo" y el otorgamiento de "incentivos" a empresas contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), como inicialmente lo propuso Felipe Calderón.

Sin embargo, una amenaza de los perredistas de "reventar" la sesión obligó a los promotores del albazo a dar marcha atrás y aprobar la reforma energética en los mismos términos en que llegó procedente del Senado.

Luego de la pretendida imposición y de la toma de la tribuna por parte de una treintena de legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), la Cámara de Diputados aprobó con 326 votos a favor, 133 en contra y cinco abstenciones, la reforma energética que otorga mayor autonomía de gestión y manejo de las finanzas de Pemex, y rechazó los cambios propuestos por Andrés Manuel López Obrador.

El excandidato presidencial pretendía que los legisladores integraran una séptima fracción al artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, sección cuarta, capítulo "modalidades" especiales de contratación. Proponía que se agregara la siguiente frase: "No se suscribirán contratos de exploración o producción que contemple el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas".

Su propuesta no prosperó.

Por mayoría, los diputados aprobaron uno por uno los siete dictámenes que conforman la reforma energética: los cambios a la Comisión Reguladora de Energía; la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; la reforma y adición al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la nueva Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; la nueva Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; cambios a la Ley Reglamentaría del Artículo 27 constitucional y la nueva Ley de Pemex.

El debate más ríspido se presentó durante el análisis de los dos últimos dictámenes, en los cuales López Obrador pretendía que se incluyera de manera específica la prohibición de los lotes. Sin embargo, los problemas iniciaron minutos antes de que arrancara la sesión: Cuando faltaba un par de minutos, una treintena de legisladores del PRD, respaldados por los 16 de Convergencia y 16 del PT --todos simpatizantes de López Obrador-, tomaron la tribuna para impedir que el presidente de la Mesa Directiva, César Duarte, y los demás miembros tomaran sus lugares.

Esto provocó que Duarte convocara de urgencia a los ocho coordinadores parlamentarios a una reunión en el salón de Protocolo, ubicado en el edificio "C". Ahí, se analizó la posibilidad de cambiar la sede de la sesión al Centro Banamex, sin embargo, la presión de los panistas se impuso y lograron que se restableciera en el mismo salón de plenos, aunque los miembros de la Mesa Directiva presidieran la reunión a ras del suelo.

A las 11:30 se reinició la reunión. En la tribuna permanecían los integrantes del FAP, un escalón más abajo (en el área de estenógrafos) se colocaron cerca de 40 legisladores del PAN y debajo de ellos, los miembros de la Mesa Directiva, custodiados por dos vallas de panistas.

Así, entre gritos -con megáfonos en mano-- y banderazos se inició la sesión. Los primeros cinco dictámenes se aprobaron con el voto del PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza, Alternativa y 66 de la fracción del PRD que forma parte de la corriente interna Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos.

El "albazo"

El problema se agudizó después de las dos de la tarde, cuando previo a la discusión de los dictámenes seis y siete, el diputado priista Carlos Rojas --uno de los principales detractores de la reforma--, se percató de que la minuta de la Cámara colegisladora (el Senado de la República) había sido modificada en los "considerandos".

Rojas lo comunicó de inmediato a los perredistas Javier González Garza y Juan N. Guerra, coordinador y vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, respectivamente.

En siete páginas de los "considerandos", bajo el título de "Contratos en la Ley de Petróleos Mexicanos", se plasmó la esencia de la reforma que el 8 de abril pasado envió el presidente Felipe Calderón al Senado de la República y que abría el paso a la privatización de Pemex.

González Garza convocó al panista Héctor Larios y al priista Emilio Gamboa, a una reunión urgente en las oficinas del coordinador parlamentario del PRI. Ahí, los perredistas reprobaron el pretendido "albazo legislativo" y reclamaron que no se les haya comunicado de los cambios que se le habían hecho a la minuta enviada por el Senado; y exigieron que se retiraran dichas modificaciones. De lo contrario, advirtieron, "reventarían" la sesión.

Reticente a las modificaciones, Larios justificó en varias ocasiones que era potestad de la Cámara de Diputados cambiar la minuta; los perredistas se comunicaron con el presidente interino de su partido, Guadalupe Acosta Naranjo, quien dio la orden de "reventar" la sesión en caso de que no se atendiera su exigencia y todos los legisladores del PRD se sumarían a la toma de la tribuna.

A su vez, Larios se comunicó con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien ante la amenaza de que se atorara la reforma, aceptó regresar todo a su estado inicial.

En el salón de plenos, momentos antes de que iniciara la discusión del dictamen que reforma la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, el presidente de la Comisión de Energía, David Maldonado, pidió la palabra y desde su curul informó que "por decisión unánime de todos los coordinadores parlamentarios, se omitirían los 'considerandos' que se habían incluido" para que la minuta quedara como la envió el Senado de la República. Lo mismo ocurrió a la hora de votar la Ley de Pemex.

Hasta las tres de la tarde, ninguno de los miembros del FAP que tomaron la tribuna, ni el resto de los diputados de los demás partidos entendía la omisión de los "considerandos"; sin embargo, avalaron los cambios.

En ese momento, el perredista Juan N. Guerra intentó explicar el significado de los cambios. Dijo que cuando un juez debe decidir sobre la aplicación de alguna ley, "lo que toma en cuenta no es sólo el articulado, sino también los 'considerandos' que son la esencia de la propia ley".

El significado de las siete cuartillas que finalmente fue omitido, implicaba la autorización de los contratos de riesgo, contratos de desempeño y la entrega de "incentivos" a las empresas contratadas por Pemex para realizar los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos.

En los hechos, sentenció, estaba autorizando la "privatización" de Pemex y se echaban abajo todos los avances logrados por el PRD que fueron avalados en el Senado de la República, detalló Juan N. Guerra.

"Así, lo que tanto estuvimos peleando y que se logró gracias a la movilización de la gente con López Obrador, los foros de consulta del Senado y la minuta aprobada en la colegisladora, automáticamente se eliminaban con estos 'considerandos' y eso no lo íbamos a permitir", advirtió Juan N. Guerra.

Valentina Batres, allegada a López Obrador, tomó entonces la palabra y denunció en tribuna que la minuta estaba "truqueada": "Ustedes cambiaron la minuta, querían meter a fuerza los contratos de riesgo", les reclamó a los diputados del PRI y el PAN.

"¿Cómo confiar en ustedes?, pero las malas intenciones siempre salen a la luz pública. Los dictámenes nunca tuvieron un espacio digno de discusión y en la Comisión de Energía, el sábado pasado, nunca se leyeron. El presidente de la Comisión faltó a su palabra de dictaminar en dos sesiones y luego, tres días después, salió el peine.

"Por eso, ahora más que nunca, pido que se incluyan las doce palabras que propone López Obrador para que quede plasmado, con todas sus letras, que no se entregarán contratos de explotación a ningún privado y no se les asignarán trabajos por lotes", exigió Valentina Batres; sin embargo se demanda fue desechada.

Transcurrieron dos horas y cuarenta minutos; los diputados del FAP presentaron 20 reservas a varios artículos de la Ley de Pemex, pero todas las propuestas fueron desechadas.

Cuando los diputados se disponían a votar esta última ley, el perredista Antonio Soto, integrante de la corriente Los Chuchos, pidió la palabra y denunció la pretendida maniobra del presidente de la Comisión de Energía, el panista David Maldonado, y le exigió que renunciara a la misma. "Por dignidad lo debe hacer", señaló.

"El presidente de la Comisión se prestó al cambio en los 'considerandos' y usted, Larios (el coordinador de los pansitas), estaba enterado de ello. Estas acciones tienen implicaciones legales para el diputado presidente de la Comisión porque violó su juramento de hacer cumplir la Constitución. Por dignidad y vergüenza debe renunciar, pero él solo obedeció órdenes, hay que buscar al autor intelectual de este cambio", reclamó.

En respuesta, Héctor Larios dijo que toda minuta puede ser cambiada y que es facultad de los diputados hacerlo.

Molesto, Antonio Soto le respondió: "Sí, puede ser cambiada una minuta, pero lo que no es aceptable es que lo corregido no se haya consultado entre los diputados. Usted como coordinador del PAN estaba al tanto de esta maniobra. De nuevo exijo la renuncia del presidente de la Comisión, por dignidad y vergüenza."

David Mendoza, también legislador del PRD e integrante de la Comisión de Energía, segundó a su compañero de partido y corriente. Dijo que "nunca, en la sesión se propuso, se planteó, o se sugirió el cambio. El presidente faltó a la verdad y fue un mañoso".

Finalmente, después del segundo escollo librado, se votó el último dictamen con 326 votos a favor y 133. Los legisladores del PRD avalaron el dictamen.

Al término de la sesión, en entrevista, el presidente de la Comisión de Energía, el panista David Maldonado, intentó exculparse. Aseguró que fue la Secretaría Técnica de la comisión la que hizo el cambio, y subrayó que éstos sí fueron aprobado por todos los diputados. "Lo que ocurre es que desde la votación del tercer dictamen, el perredista David Mendoza pidió que no se disculpara la lectura de los cinco dictámenes que faltaban por discutir. Fue propuesta de ellos que se leyera, no mía, aunque fue mi secretario técnico quien hizo la modificación."

Para ese momento, los legisladores del FAP, quienes durante toda la sesión estuvieron recriminando y llamando "traidores" a los que votaron a favor de los dictámenes, abandonaron la tribuna, mientras a sus espaldas se escuchaba el grito de "México, México, México", entonado por quienes consumaron la aprobación de la reforma.

Sin escuchar razones mayoritean PAN y PRI; se consuma el atraco

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Rocha.

Por la mañana de hoy martes 28 de octubre de 2008 Andrés Manuel López Obrador habló ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados donde expuso las razones de él y de millones de mexicanos para que en los dictámenes de la reforma de Pemex se exponga de manera clara y precisa que no se otorgarán áreas de territorio nacional en exclusividad para su exploración o explotación a ningún particular. Medida que es rechazada por el PAN, PRI, PANAL y Verde Ecologista, pues de esta manera se mantienen abiertas las rendijas por las cuales se continuará con la privatización de la paraestatal.

López Obrador denunció –y entregó pruebas de ello- "a los grandes empresarios y los políticos corruptos. Tengo pruebas que voy a entregar ahora, de cómo el principal asesor de Carlos Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya y Claudio X. González, también salinista, y actual presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, están asociados en una empresa que le vende energía a la Comisión Federal de Electricidad y mantiene contratos con Pemex Gas y Petroquímica Básica. Imagínense cuánta inmoralidad hay en todo esto, si en el gobierno de Salinas se hizo la reforma para privatizar la industria eléctrica, y ahora, el que era jefe de su oficina y principal asesor, es empresario del sector energético. Y esa es la situación de Calderón, Mouriño, César Nava, Gastón Azcárraga, Roberto Hernández, José Luis Barraza, de los hijos de la señora Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox, y de otros más".

También advirtió que los diputados hicieron el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución mexicana y de votar los dictámenes tal y como están, faltarían a ese juramento y se convertirían en traidores a la patria, según los expresado en 1938 por el ex presidente Lázaro Cárdenas del Río. Para dejar clara la necesidad de plasmar en los dictámenes la no privatización de la industria petrolera, recordó que desde que el pelele asaltó Los Pinos, otorgó contratos para la exploración y explotación de gas en la cuenca de Burgos a empresas españolas. Es decir, ya se están otorgando bloques de áreas exclusivas con la total prohibición de la Constitución, por lo que es una cínica mentira decir lo contrario.

Una vez terminada la exposición de López Obrador se pasó al pleno de sesión, cuya tribuna fue tomada por parte de los diputados del PRD simpatizantes del movimiento de resistencia civil pacífica, no así por los miembros de la derechista Nueva Izquierda de Los Chuchos, quienes están a favor de aprobar de manera rápida y sin discusión lo dictámenes aprobados el fin de semana, rompiendo un acuerdo parlamentario.

Pese a la toma de tribuna la sesión comenzó luego de un acuerdo entre los coordinadores parlamentarios y cada uno de los partidos expresó su posición respecto a los siete dictámenes. Los partidos miembros del Frente Amplio Progresista (FAP) hicieron un elogio a la resistencia civil pacífica y un reconocimiento al freno que se impuso a la privatización abierta, pero también hicieron hincapié en la urgente necesidad de agregar a los dictámenes los párrafos que darán certeza a la no privatización del petróleo y cerrarán en definitiva las rendijas de las privatizaciones futuras.

Por un evidente acuerdo entre todos los partidos políticos se dejó continuar con la sesión y los que tomaron la tribuna fueron un eco decorativo, una mínima objeción que en los hechos sirvió sólo de telón de fondo ante la ola arrolladora del PRIAN.

Tal y como sucedió con la aprobación de las leyes del Fobaproa, del IMSS, del ISSSTE, del IVA, sin el menor debate, sí ni uno sólo, se aprobaron todos los dictámenes con la aplanadora del PAN, PRI, Panal y Verde Ecologista. Ni una coma se movió. Todas las leyes importantes en este país han tenido la misma madre, la falta de debate y discusión. Las cúpulas y sus intereses, junto a los de los poderosos son los que se imponen. ¿Representantes del pueblo? ¿El debate se dará en el Congreso de la Unión? Se trató de una burla para los millones de mexicanos que fueron de nueva cuenta engañados por sus dizque "representantes". Las palabras de López Obrador y de una decena de diputados del FAP se fueron al cesto de la basura. ¿Cuál democracia y cuál Estado de derecho? Insisto: ni un solo debate, sólo monólogos de parte del FAP y burlas de parte del PAN y compinches que consumaron un nuevo saqueo a la nación. Una verdadera pachanga disfrazada de legalidad. Miles de millones de pesos gastados en "legisladores" que atentan contra el bienestar del país y de sus habitantes. Eso se llama corrupción institucional y la pagamos todos con nuestros impuestos. Una vergüenza.

Afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro miles de ciudadanos y Andrés López Obrador manifestaron su respaldo a los legisladores del FAP y su rechazo a la privatización de Pemex por parte de los gandallas del PAN y PRI.

A continuación el texto íntegro leído por Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados.



Será el Legislativo cómplice de la entrega de nuestro territorio, si no incorpora a la reforma petrolera una prohibición expresa de entregar bloques en exclusiva, afirma López Obrador

México, Distrito Federal
Martes 28 de octubre de 2008

* Discurso del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, en la reunión que sostuvo con integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRD, PT y Convergencia, en el Palacio Legislativo de San Lázaro

Diputado César Duarte Jáquez,
Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados.
Diputadas y diputados.
Pueblo de México:

Como hemos venido diciendo, y todos sabemos, estamos librando la lucha por la defensa del petróleo en medio de una tremenda crisis económica y de descomposición social.

En primer término, es indispensable saber qué nos llevó a esta debacle que afecta todos los órdenes de la vida pública: en lo político, lo económico, lo social, lo cultural y, desde luego, la pérdida de valores morales.

Como lo hemos dicho en otras ocasiones, la crisis de México viene de tiempo atrás, pero se ha profundizado desde el inicio de la década de los ochenta, cuando un grupo de potentados, sintiéndose dueños del mundo, ordenó a sus técnicos y a sus políticos, diseñar y aplicar un modelo que les permitiera apoderarse por completo de los estados nacionales, de los recursos naturales y de los bienes de la inmensa mayoría de los seres humanos.

Para ello, los ideólogos de la derecha inventaron una serie de recetas y recomendaciones que, machaconamente, con el apoyo de los medios de comunicación, fueron imponiendo en la mente de millones de personas para tratar de justificar su política de pillaje.

Así, divulgaron y convirtieron en dogmas, criterios como el de la dictadura del mercado; llegaron a proclamar el fin de la historia; la desregulación por completo de la economía y del sistema financiero; hicieron de las privatizaciones la panacea; la utilización del Estado sólo para proteger y rescatar a las minorías privilegiadas, y la contención salarial y la cancelación de la seguridad social.

También postulaban, y siguen sosteniendo, que el nacionalismo económico es una expresión retrógrada que debía desaparecer; que la soberanía nacional es un concepto caduco que estaba superado y en vías de disolución; que los potentados y los tecnócratas no son corruptos; que el capital internacional es la solución; que debía predominar lo económico sobre lo político y lo social; que debían bajarse los impuestos a los de arriba y cobrar más a los de abajo; que el Estado abandonara su responsabilidad social y que, automáticamente, si le iba muy bien a los de arriba, les iría bien a los de abajo; que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza en sí misma fuese permeable o contagiosa.

Con todos estos llamados "paradigmas", que no son más que una retacería de mentiras sin fundamento teórico ni científico, los barones del dinero y sus ideólogos llegaron a imponer el orden del día, la agenda, las llamadas "reformas estructurales", los marcos legales y las políticas de los gobiernos, haciendo a un lado o sometiendo a los poderes públicos nacionales e internacionales.

En el caso de México, estas políticas fueron secundadas y llevadas a la práctica por un grupo de traficantes de influencias, especuladores, banqueros y políticos corruptos.

Aquí no sólo se adoptaron todos estos dogmas de manera ortodoxa, sino que se utilizaron como parapeto para llevar a cabo el peor saqueo de las riquezas y de los bienes de la nación que se haya registrado en toda la historia de nuestro país.

A esta política de pillaje se debe la actual tragedia nacional. El saldo ha sido devastador. Hoy México es un país en ruinas, cuyo extraordinario pueblo ha sido condenado a la sobrevivencia.
Ya no hay movilidad social, y ahora, para salir adelante, sólo han dejado el camino de la migración. Millones de familias están padeciendo por la falta de empleo o porque sus ingresos no les alcanzan ni siquiera para lo más indispensable.

A los jóvenes se les ha cancelado el futuro, pues son rechazados en las universidades públicas y no tienen para pagar las cuotas de las universidades privadas; tampoco tienen trabajo, por lo que se les orilla a migrar o a tomar el camino de las conductas antisociales.

Muchos mexicanos viven hacinados, enfermos y sin seguridad social. Las colonias exclusivas donde viven los potentados, los centros turísticos, las plazas comerciales y un corto etcétera, no son más que islotes en un océano de marginación y pobreza.

Y, desde luego, los responsables de toda esta infamia tienen nombre y apellido. Por ejemplo, tengo pruebas, y las he entregado ya a los medios de comunicación, de cómo el principal asesor de Carlos Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya, y Claudio X. González, también salinista y actual presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, están asociados en una empresa que le vende energía a la Comisión Federal de Electricidad y mantiene contratos con Pemex Gas y Petroquímica Básica.

Imagínense cuánta inmoralidad hay en todo esto, si en el gobierno de Salinas se hizo la reforma para privatizar la industria eléctrica y ahora el que era jefe de su oficina y principal asesor, es empresario del sector energético.

Y esa es la situación de Calderón, Mouriño, César Nava, Gastón Azcárraga, Roberto Hernández, José Luis Barraza, de los hijos de la señora Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox, y de otros muchos más.

Y este es el mal, para hablar con toda claridad, que más aqueja y atormenta a la Nación. La corrupción política es lo que ha dado al traste con todo, es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica.

Esta corrupción es lo que más ha generado desigualdad en nuestro país, esto es lo que ha estado hundiendo a México. Por eso, precisamente, es que estamos padeciendo más de la cuenta ante el derrumbe del modelo económico neoliberal.

Todo esto que, desgraciadamente, está pasando, lo advertimos desde la campaña por la Presidencia de la República. Dijimos, una y otra vez, que había que cambiar la política económica neoliberal, abolir los privilegios y cortar de tajo con la corrupción imperante. Que el principal objetivo del gobierno debía ser impulsar las actividades productivas, crear empleos y garantizar el bienestar del pueblo.

Sin embargo, después del fraude y de que nos robaron la Presidencia de la República, este grupo ha seguido dominando.

A pesar del rotundo fracaso de las políticas neoliberales y del daño que están causando a la mayoría del pueblo y a la nación, siguen aferrados a lo mismo y no están dispuestos a ceder en nada, aunque terminen de destruir a México.

No quieren aceptar el hecho de que procurar el acaparamiento económico de (unos) pocos con el sacrificio y la miseria de (otros) muchos, no sólo produce una monstruosa desigualdad económica y social, sino que desata la inseguridad y la violencia e impide la gobernabilidad democrática.
Por esta razón, es por lo que millones de mexicanos hemos decidido seguir luchando hasta lograr la transformación de la vida pública de México y establecer una nueva economía, una nueva forma de hacer política y una nueva convivencia social, más humana, más justa y más igualitaria. Y tenemos como objetivo defender al pueblo y defender al patrimonio nacional. En este marco entendemos que la lucha por la defensa de la economía popular, está estrechamente vinculada con la defensa del petróleo.

Tengamos presente que la devaluación del peso y la actual crisis económica y financiera ya ha provocado, en sólo 30 días, la pérdida del 25 por ciento de los ingresos y de los bienes de la mayoría del pueblo de México.

Tenemos que luchar para que se frene de inmediato este deterioro, porque desgraciadamente todo indica que las cosas van a empeorar.

No podemos cruzarnos de brazos, no podemos aceptar pasivamente que, como ya lo están haciendo (con el uso de las reservas internacionales del país), se utilice al Estado sólo para rescatar a los de arriba; tampoco podemos permitir que se recurra de nuevo a organismos financieros internacionales, al Fondo Monetario Internacional para aplicar las recetas de siempre que, una y otra vez, han fracasado.

Se trata de establecer un manejo de la crisis, aplicando un modelo propio que tenga como elementos fundamentales lo siguiente:

1. Evitar despidos de trabajadores y un mayor desempleo. Para este propósito, cualquier apoyo de crédito que otorgue el gobierno a las empresas, debe estar condicionado a que no despidan trabajadores. Asimismo, es urgente que se lleve a cabo un programa emergente de construcción de obras públicas para reactivar la economía y generar empleos.

2. Se debe establecer el congelamiento de precios de los alimentos, de impuestos y de servicios y se debe lograr la reducción del costo de los energéticos. Vamos a luchar para que se congelen los precios de la tortilla, pan, agua, leche, huevo, frijol, lenteja, arroz, aceite, carne de res, de cerdo y de pollo, café, azúcar, pastas para sopa, teléfono, transporte público, medicamentos, renta de viviendas, colegiaturas, predial y peajes de carreteras. Todos estos alimentos, bienes y servicios han aumentado en promedio 100 por ciento. Inclusive, vamos a luchar para que bajen de inmediato el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica. Van 24 aumentos a la gasolina en lo que va del año y estos aumentos se trata de justificarlos, diciendo que estaba muy alto el precio del petróleo en el mercado internacional. Ahora que ha bajado el precio del petróleo, tiene que bajar de inmediato el precio de la gasolina, del gas, la energía eléctrica y del diesel.

3. Vamos a exigir que el Estado intervenga de inmediato para frenar la caída de los ahorros o de los fondos de pensiones de los trabajadores que, de forma irresponsable también por las políticas privatizadoras, éstos fondos que significan el patrimonio de millones de mexicanos, se colocaron en las Bolsas de Valores, y que con el derrumbe financiero, han perdido en estos últimos días del 20 al 30 por ciento de su valor. Estamos hablando de las pensiones con las que van a vivir el día de mañana los trabajadores de México. Es urgente evitar una mayor pérdida en el patrimonio de 39 millones de trabajadores y de la clase media.

4. Demandamos que aumente el presupuesto destinado al campo; que se establezcan precios de garantía y subsidios al fertilizante y a otros insumos. Debe garantizarse, en estas circunstancias de crisis, la autosuficiencia alimentaria, que implica también un cambio, un viraje, ya no apostar a estar comprando los alimentos en el extranjero, hay que apoyar a los productores, ejidatarios y pequeños propietarios para lograr la autosuficiencia alimentaria y crear una reserva de granos básicos.

5. Se debe establecer el Estado de Bienestar, otorgando becas a todos los estudiantes de preparatoria del país, hay que darle un trato especial a los jóvenes que se les han cerrado las puertas y no tienen posibilidades ni de trabajo ni de estudio; hay que aumentar el presupuesto a todas las universidades públicas, no debe haber rechazados, todos los jóvenes que están en posibilidad y en edad de estudiar, tienen que tener acceso a la educación, sin importar su condición económica o social de los padres, el Estado tiene que garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares; se deben entregar pensiones alimentarias a todos los adultos mayores del país, así como apoyos a madres solteras y becas para personas con discapacidad; se debe garantizar, en esta situación difícil, la atención médica y los medicamentos gratuitos a quienes no cuentan con seguridad social; también deben devolverse los ahorros a los ex braceros y debe cancelarse la llamada Alianza Educativa, que agrede al sector magisterial.

¿Y por qué expongo este tema ante ustedes? Porque esta Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto público y, de acuerdo a las normas, a la ley, tienen que tener aprobado este presupuesto a más tardar el 15 de noviembre, ustedes tendrán que decidir cómo se orienta el presupuesto en estas circunstancias de crisis económica.

Tienen ustedes esta posibilidad de orientar adecuadamente el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo de México, van a aprobar un presupuesto de alrededor de tres billones de pesos.

Mucho se puede hacer si hay una adecuada orientación de este presupuesto. Ustedes van a tener en sus manos esta decisión, tienen que ver hacia dónde se orienta este presupuesto, si se va a seguir orientando para rescatar y proteger a los de arriba o se va a utilizar el presupuesto para apoyar y proteger al pueblo.

Por ejemplo, tienen ustedes la oportunidad que de se reduzca el gasto superfluo del gobierno, se puede hacer una reducción de gasto superfluo, destinado a la alta burocracia, del orden de 200 mil millones de pesos, es una bolsa importante.

Pueden ustedes, por ejemplo, terminar con todos los privilegios de la alta burocracia, empezando por bajar a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos, incluyendo el del presidente usurpador, los sueldos de los ministros de la Corte, jueces y magistrados, y los sueldos de ustedes, los diputados federales, y senadores.

Hay que suprimir las partidas de gastos médicos privados y el fondo de ahorro especial para latos funcionarios públicos, que significan 12 mil millones de pesos del presupuesto. Así mismo, deben cancelarse las pensiones millonarias para los expresidentes y aplicar un plan de austeridad republicana. Nunca, menos ahora, un gobierno rico con pueblo pobre.

Sería ofensivo y un insulto más que, ante esta grave crisis económica, ni siquiera se tomara una medida de esta naturaleza.

Ahora bien, como dije al principio, en medio de esta crisis económica y de descomposición social, tenemos que seguir defendiendo el petróleo.

Es claro y del dominio público que lo hasta ahora logrado se debe en lo fundamental a nuestro movimiento.

No olvidemos que tanto la propuesta inicial de Calderón como la del PRI, iban orientadas a privatizar casi toda la industria petrolera. Tengamos presente que querían legalizar la privatización de la refinación, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos. Y eso lo paramos. Así como también se avanzó en otras demandas.

Sin embargo, como es sabido, por decisión mayoritaria el pasado miércoles en el Hemiciclo a Juárez, de manera democrática, se decidió iniciar las acciones de la resistencia civil hasta lograr que se incluyan en la reforma en materia de petróleo, las demandas pendientes de nuestro movimiento, sobre todo –subrayo— la prohibición expresa para no permitir la asignación a compañías nacionales o extranjeras, de bloques o áreas del territorio o de las aguas nacionales para la exploración y producción de petróleo.

Aquí quiero informar que este tema, además de haberlo planteado públicamente con anticipación, me tocó comentarlo con nuestros senadores de las comisiones de Energía y de Asuntos Legislativos, cuando se estaban elaborando los dictámenes.

Me consta que Pablo Gómez y Dante Delgado insistieron en que se aceptara la fracción séptima del Artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para incorporar la prohibición expresa de entregar áreas o bloques del territorio, en exclusiva, a compañías extranjeras.

Sin embargo, tanto los senadores del PRI como los del PAN siempre terminaron por rechazar esta petición, a pesar de que consultaron, quién sabe con quién y dónde. Lo cual, como es lógico, nos genera una gran sospecha.

¿Qué significa esto de los bloques? Voy a tratar de explicarlo. En esencia, se pretende que en toda la zona petrolera del país —terrestre y marítima— la tierra y el agua, sobre todo en el Golfo de México, se hagan parcelas, que se divida el territorio petrolero en lotes, para conceder estas parcelas, estos lotes y estos bloques a empresas extranjeras que manejarían, en exclusiva, la exploración y la producción de petróleo.

Con este proyecto, por ejemplo, el área clasificada como Aguas Profundas, que abarca una superficie de 575 mil kilómetros cuadrados en el Golfo de México, y que significa más de una cuarta parte del territorio nacional, sería cuadriculada y dividida en 115 bloques o lotes de 5 mil kilómetros cuadrados cada uno.

Es como ceder a pedazos nuestro territorio a empresas extranjeras. Para tener una idea: cada bloque sería del tamaño de estados como Tlaxcala, Morelos, Colima o Aguascalientes.
Este modo de operar de las compañías petroleras extranjeras ya se aplica en el Golfo de México en el territorio de Estados Unidos, así como en Rusia, Cuba, Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia, entre otros países productores de hidrocarburos.

Nada más que es necesario aclarar que, en la mayoría de estos países, este tipo de contratos se suscribieron cuando había gobiernos de derecha, sometidos a intereses extranjeros.

No obstante, los actuales gobiernos están cancelando estos contratos y están recuperando su soberanía. Es decir, aquí quieren imponer lo que en el mundo ya viene de regreso.

En poco tiempo todo se ha venido aclarando. Recordemos que el mismo jueves que se aprobó en lo general dicha reforma en la Cámara de Senadores, legisladores de los partidos del Frente Amplio Progresista pidieron que se discutiera en lo particular este asunto de la concesión de bloques de nuestro territorio.

Sin embargo, a pesar de que se reservó el Artículo 60, para ser discutido, a la hora de la hora, por votación mayoritaria de los senadores del PRI y del PAN, se desechó esta discusión, sin argumento alguno, es decir no quieren discutir este tema.

Hemos propuesto que todo esto se resolvería con la fracción séptima del artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, en donde se aclare que no se entregarán áreas o bloques del territorio nacional para la exploración y producción de petróleo, de manera exclusiva, a empresas extranjeras.

Es más, al día siguiente de la aprobación de las reformas en el Senado, el viernes en la columna Capitanes de la sección Negocios del periódico Reforma, publicada bajo la responsabilidad editorial de ese diario, se dio a conocer una información que deja totalmente al descubierto la gran trampa "escondida" en la reforma petrolera aprobada en el Senado de la República.

Les voy a leer el fragmento de esta información. Repito, el jueves se aprueba la reforma en el Senado, al día siguiente aparece como nota principal de la sección Negocios del periódico Reforma esta nota que les voy a leer.

Dice así:

"PETROLERAS PENDIENTES

"Calladas pero cabildeando. Así andan las huestes de grandes petroleras como Shell, Exxon Mobil, Petrobras, Statoil Hydro y hasta Chevron.

"Aunque no han fijado una postura abiertamente, está claro que no descartaron de facto su posible intervención en la producción de hidrocarburos bajo las reglas de la reformita que ya pasó el Senado.

"La primera tarea que encargaron a su equipo en México está en manos de firmas de abogados locales, agremiados en la Asociación Mexicana de Derecho Energético, que preside Tomás Mueller Gastell.

"Su misión: interpretar los esquemas contractuales que detonarán los cambios realizados a la Ley Reglamentaria del 27 constitucional en el ramo petrolero.

"La segunda tarea está en manos de las áreas de desarrollo de negocios.

"Estas analizan la conveniencia de entrar a las nuevas opciones que dará Pemex, bajo la modalidad legal de contratos de servicio.

"Antes de eso falta un último paso.

"Ahora que las leyes están casi planchadas, sigue el reglamento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

"Esta decidirá sobre la asignación de bloques para la exploración y producción de hidrocarburos, el tiempo de adjudicación mediante contratos de servicios y las medidas para la asignación de incentivos económicos.

"Así que las extranjeras no pierden de vista el proceso, pues no descartan que pese a la "reforma chiquita" –porque ya aquí están dando como hecho de que fue para ellos una gran reforma— al final todavía puede salir algún negocio interesante".

Hasta aquí la nota del periódico.

El sábado pasado, cuando dimos a conocer esta información en un manifiesto publicado en el periódico La Jornada, plantee las siguientes interrogantes: ¿qué dirán ahora nuestros detractores con estas evidencias, con estas pruebas? ¿Se atreverán a reconocer con honestidad que nos asiste la razón?

Diputadas y diputados:

Diputado Duarte:

Acepté comparecer ante ustedes, porque todavía están a tiempo de evitar que se cometa el mayor agravio al pueblo de México y a la Nación, en la historia reciente de nuestro país.

Están por aprobar leyes que no sólo contravienen el espíritu y la letra de la Constitución, sino que abren la puerta para que empresas y gobiernos extranjeros puedan explorar y explotar en exclusiva nuestro petróleo tanto en tierra como en las aguas patrimoniales.

Es evidente la intención que se tiene y la trampa que hay en las reformas legales que ustedes pretenden aprobar. Se trata, como se dice en la columna periodística, de aplicar la modalidad de contratos de servicios, con la asignación de bloques para la exploración y la producción de hidrocarburos, por un tiempo de 20 a 25 años, y con incentivos económicos especiales.

Y da la casualidad que en la legislación que ustedes, espero no aprueben, no hay limitantes de tiempo en contratos y existe en el capítulo titulado "Modalidades especiales de contratación", en el artículo 61, la autorización para otorgar compensaciones.

Esto es, de acuerdo a nuestros antecedentes históricos, parecido a lo que se hizo en el gobierno de Miguel Alemán, que de 1947 a 1951 se entregaron contratos a cinco grandes empresas extranjeras, que llegaron a dominar en los estados del Golfo de México, de Tamaulipas a Campeche, en una extensión de cerca de cuatro millones de hectáreas.

Esto llevó al presidente Ruiz Cortines a modificar la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y llevó también al presidente Adolfo López Mateos a modificar el artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. Y fue hasta 1970, siendo don Jesús Reyes Heroles padre, director de Pemex, que se pudieron cancelar estos contratos. Es decir, nos tardamos 20 años para poder cancelar estos contratos.

Pueden decir también que esto de los bloques no está permitido en la Constitución, porque últimamente se viene diciendo eso, que no está permitido, nosotros lo que queremos es que se prohíba expresamente. Les voy a decir por qué.

No está permitido ni en la Constitución ni en las leyes que están por aprobarse, pero nada más les recuerdo que ya en nuestro país, en el 2003, el señor Felipe Calderón, como secretario de Energía, entregó los primeros bloques de territorio nacional, sin estar permitido, sin estar en la Constitución.

Entonces ¿con qué atribución legal Calderón licitó y entregó a empresas extranjeras ocho bloques de nuestro territorio nacional, por cincuenta mil kilómetros cuadrados en la región de Burgos, correspondientes a los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para la extracción de gas?
¿Cuál fue la ley utilizada para respaldar la asignación de bloques, si esto va en contra de lo que señala nuestra Constitución?

Entonces no es nada más de que no esté permitido, porque ya se ha hecho. Se necesita prohibir de manera expresa.

También se dirá que entregar bloques a empresas extranjeras, en exclusiva, es la única forma que tenemos de explotar el petróleo, porque carecemos de tecnología.

Para contestar a esto, baste decir, como lo saben todos los técnicos petroleros, que Pemex puede llevar a cabo estas actividades como lo ha hecho siempre, contratando con empresas la perforación de pozos exploratorios y de producción, sin entregar en exclusiva, áreas del territorio nacional a compañías petroleras extranjeras.

De modo que, ciudadanas y ciudadanos diputados, está en sus manos dejar en claro este asunto. De lo contrario, van a convertirse en cómplices de la entrega de nuestro territorio y de la violación a la soberanía nacional.

Esto significa que van a violar el juramento que han hecho de cumplir y hacer cumplir la Constitución.

De manera respetuosa, les pedimos que antes de aprobar en el pleno la Ley del Petróleo y la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, se regresen estos dos proyectos a comisiones, para incluir la prohibición expresa de entregar bloques en exclusiva a empresas petroleras extranjeras.

¿Cuál es la prisa? Vamos a ventilar este asunto con toda responsabilidad, vamos a resolver de acuerdo a lo que mejor le conviene a México y lo que garantice que no se va a entregar nuestro territorio y nuestra soberanía.

Si ustedes revisan el mapa de explotación de Petróleo y Gas de los Estados Unidos de Norteamérica, van a encontrar que ya todo el Golfo de México, del lado estadounidense, está cuadriculado y que, en gran parte, ya fue repartido a las empresas petroleras. Ya cada lote tiene asignada una empresa petrolera.

Esa es realmente la intención que tienen los promotores de este plan entreguista. Quieren anexarnos con el asunto del petróleo y algo que es muy grave.

Nada más pónganse a pensar, que una vez que estén las empresas extranjeras en el Golfo de México, del lado nuestro, del lado mexicano, alegando la defensa de sus intereses y asuntos de seguridad, los Estados Unidos van a querer custodiar nuestros mares y nuestras costas con su Armada, como lo hacían antes de la expropiación petrolera.

Muchos de los que nos están viendo y escuchando, ustedes mismos, conocen bien esta historia, de como siempre estaban las cañoneras extranjeras en las costas de Tamaulipas y de Veracruz, para cuidar el área petrolera que tenían las compañías.

No debemos dar cabida a este intervencionismo. No aceptemos ninguna ocupación a nuestro territorio. México debe seguir siendo un país libre, independiente y soberano. No queremos convertirnos en colonia.

En este asunto tan importante, lo que está en juego es precisamente eso: ser país o convertirnos en colonia.

Diputadas y diputados:

Vamos a estar allá afuera, esperando la decisión que tomen en cuanto a la Reforma Petrolera y les adelanto, de manera respetuosa, que vamos a regresar antes del 15 de noviembre, antes de que se apruebe el presupuesto federal de 2009, para defender nuestros puntos, defender nuestros planteamientos relacionados con la defensa de la economía popular.

La lucha por la defensa de nuestro petróleo será permanente y siempre actuaremos de manera pacífica. Que quede claro: este movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. No vamos a caer nunca en la trampa de la violencia, porque nos asiste la razón.

Hay millones de mexicanos, mujeres y hombres, libres y concientes, como los que están afuera de esta Cámara, y muchos más, que no permitiremos dejar sin patrimonio a las nuevas generaciones, ni condenarlos, a nuestros hijos y a nuestros nietos, a ser esclavos en su propia tierra.

No olviden ustedes que son representantes populares y no simples instrumentos al servicio de intereses creados. Tienen la oportunidad histórica de actuar con lealtad al pueblo y con patriotismo.

La vida, como todos sabemos, es demasiado corta, para que la ensuciemos dejándonos dominar por la codicia y el interés personal o de grupo.

Y recuerden siempre lo que decía el general Lázaro Cárdenas del Río, el mejor presidente del Siglo XX: "Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, traiciona a la patria".

La patria no se vende, la patria se ama y se defiende.

Muchas gracias.

Ante crisis y quiebra financiera, presenta pelele Calderón detención de delincuentes

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

En plena crisis financiera mundial y con empresas insignia del capitalismo mexicano en graves problemas financieros el pelele Felipe Calderón Hinojosa, como por arte de magia, obtiene “triunfos” en contra de la delincuencia organizada que son hábilmente administrados para la televisión y la radio. Ayer mismo, en los momentos en que miles de ciudadanos manifestaban su convicción de continuar con la defensa del petróleo y por la democracia de México, y a pocas horas de que se habilite el “madruguete” legislativo en la Cámara de Diputados, se detuvo a Eduardo Arellano Félix, “El Doctor”, que no cuenta con procesos judiciales en México, pero que si es buscado por las autoridades de Estados Unidos.

Con su captura los “eficientes” policías federales dan por terminada a la familia Arellano Félix. “Podríamos decir que la generación de los hermanos Arellano Félix que dieron forma a este grupo criminal ya quedó disuelta. Falta todavía seguir trabajando en las estructuras que van emergiendo, pero recordemos que los grupos que han operado en esta región del país lo han hecho básicamente en entornos familiares”, aseguró Facundo Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia policial de la Secretaría de Seguridad Pública espuria. El mentado funcionario ha sido señalado por la revista electrónica Reporte Índigo como la persona que llevó hasta niveles de dirección a Lorena González, la agente de la AFI encargada de colocar el retén donde fue secuestrado –y posteriormente asesinado- el joven Fernando Martí.

También hoy dieron a conocer que la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) –dirigida durante todo el sexenio el corrupto Vicente Fox Quesada, por José Luis Santiago Vasconcelos- fue “infiltrada” por el narcotráfico, por lo que se va a “reestructurar”.

De esta manera se pretende desviar la atención de lo más importante. Comenzando con la debacle financiera en la que acciones bursátiles de empresas como Comercial Mexicana han perdido hasta el 90 por ciento de su valor. La acción de ICA bajó 78.12 por ciento, mientras que la de Famsa perdió 83.77 por ciento y la del Grupo Minero México –el de los mineros sepultados en la mina Pasta de Conchos- 71.11 por ciento.

A estos monopolios se ha transferido dólares baratos que cubren el 62.36 por ciento de los 21 mil millones de dólares que tienen que pagar en el corto plazo. Aun les faltan 8 mil millones de dólares que saldrán de nueva cuenta de las reservas internacionales de México para estacar a estos “tiburones” especulativos.

No será suficiente para ponerlas a flote pues los mercados bursátiles del mundo continuaron con pérdidas. El índice Nikkei cayó hasta su nivel más bajo en los últimos 26 años y cerró la jornada con una pérdida de 6.36 por ciento, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores comenzó con ganancias que no pudo sostener y terminó el día con pérdidas del 0.61 por ciento. La cotización del dólar siguió rondando los 14 pesos, con todo y la intervención del Banco de México.

A la par que se destinan millonarios recursos para el rescate de fraudulentos empresarios no se contempla ningún plan para enfrentar la carestía y los altos precios del combustible cuando en el mundo tienden a bajar en concordancia con la caída en los precios del crudo.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) aseguró que los problemas financieros del mundo traerán como consecuencia para México el retorno de entre 2 y 3 millones de mexicanos que buscarán empleo en el país. Esto afectará de manera importante el envío de remeses de Estados Unidos, agregó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo.

La Cepal calcula que el crecimiento económico de México será de 1.8 por ciento, muy por debajo del estimado a principios de año.

Sin embargo, para el desgobierno usurpador todos son retos y oportunidades, pero da la casualidad de que en los nefastos 8 años del PAN en Los Pinos, la crisis económica, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios ha sido una constante. Eso sin contar la recesión mundial que traerá peores consecuencias a más de 100 millones de mexicanos, que no serán rescatados por nadie, pues a los poderosos del país lo que les interesa son sus ganancias, por ello ya empezaron los despidos y vendrán los aumentos en los precios de bienes y servicios. La televisión y la radio seguirán con su verborrea, la resistencia civil pacífica continuará, porque no es posible aguantar más saqueo, más cinismo y más impunidad.


Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx

En defensa de la libertad

exto de la intervención del director de Proceso en la sesión privada del Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, efectuada en Washington el pasado jueves 23, en relación con la solicitud de acceso a las boletas electorales del 2006.

Rafael Rodríguez Castañeda

En 1976 la revista Proceso nació como respuesta de un grupo de periodistas, encabezado por Julio Scherer García, víctima de una agresión del gobierno de México. Treinta y dos años después estamos aquí, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por una razón hasta cierto punto semejante: una pugna con el Estado mexicano por la libertad de expresión.

Desde hace más de dos años, en nombre y representación de nuestro semanario, solicité tener acceso a la totalidad de las boletas electorales emitidas en los controvertidos comicios presidenciales del 2 de julio de 2006. Las boletas electorales son reconocidas como documentos públicos y, por tanto, están amparadas para su consulta irrestricta por las leyes mexicanas.

Esta solicitud nos ha llevado a recorrer un largo y frustrante camino por todas las instancias legales a nuestro alcance en México: en una primera etapa, nos topamos con la cerrada negativa del Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. En un segundo momento, recurrimos al amparo, el último recurso que tenemos los mexicanos de protección ante las decisiones de gobierno que afectan nuestros derechos. Un juez de distrito en materia administrativa nos negó el amparo. Recurrimos a la revisión y logramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción. Al final, apenas por un voto de diferencia, el máximo tribunal desechó de igual forma nuestra petición. Como por casualidad, el voto de diferencia fue emitido nada menos que por el ministro presidente.

La justicia mexicana dio así, como lo hicieron primero los órganos electorales, un portazo a los periodistas que creemos que las leyes nos protegen y nos garantizan la libertad de prensa y de expresión y, sobre todo, la libertad de acceso a la información pública, sin la cual las dos primeras carecen de sentido.

Para Proceso, para mí en lo personal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es ya el único recurso disponible para conseguir que en mi país y en nuestro continente quede sentado el precedente de que los derechos humanos, su respeto, son más fuertes que el más fuerte de los Estados. Negar el acceso a la información es una forma de censura y la censura es reconocida por el sistema interamericano como una flagrante violación a los derechos humanos.

Señores comisionados:

No duden en mantener las medidas cautelares, que ustedes mismos ya dictaron, para evitar la destrucción inminente de las boletas electorales. La tradición de la CIDH y de la propia OEA exige de ustedes una actitud congruente. Recuerden: un Estado, en este caso el Estado mexicano, no puede estar por encima de las leyes que le dan razón de existir.

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“Impidan un daño irreparable...”

J. Jesús Esquivel


En una reunión privada, el jueves 23, el pleno de la CIDH de la OEA recibió al director de Proceso y a sus abogados, a fin de escuchar sus argumentos en favor de que se mantengan los medidas cautelares que dictó este organismo para impedir, por el momento, que el gobierno mexicano destruya las boletas de la elección presidencial de 2006. Los representantes de este semanario subrayaron la importancia de que se preserven dichas medidas cautelares para hacer valer ante el Estado mexicano el derecho de acceso a la información. Por razones de reglamento, en esta reconstrucción de la audiencia no es posible identificar a los comisionados que formularon las preguntas específicas.




WASHINGTON.- En su litigio con el Estado mexicano y ante el riesgo de eventuales daños a su derecho ineludible de acceso a la información, Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, presentó ante el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su solicitud de que se mantengan vigentes las medidas cautelares que este órgano jurídico dictó para evitar la destrucción de las boletas de la elección presidencial de 2006.

En reunión privada con el Pleno de la CIDH de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Rodríguez Castañeda y sus abogados destacaron "la gravedad, la urgencia y la necesidad" de preservar dichas medidas cautelares para hacer valer ante el Estado mexicano su derecho a la información y el de cualquier otro ciudadano.

Cuando se cumplieron dos años de la elección presidencial, el pasado 2 de julio, la CIDH solicitó al Estado mexicano "suspender la destrucción de las boletas electorales de la elección del 2 de julio de 2006, hasta que la comisión se pronuncie sobre la petición presentada en relación con una presunta violación al derecho de acceso a la información pública contemplado en el artículo 13.1 de la Convención Americana" (Proceso 1653).

En un ambiente de receptividad e interés de parte de los comisionados de la CIDH, el director de este semanario y sus representantes legales argumentaron que las circunstancias en las cuales se dictaron esas medidas no han variado y, por lo tanto, siguen siendo necesarias.

En opinión de Graciela Rodríguez Manzo y Luis Miguel Cano López, los abogados que presentaron la causa de este semanario de manera oral ante el Pleno de la CIDH, "el levantamiento de las medidas cautelares sería un paso regresivo, en tanto que éstas sientan un precedente positivo para los países de la región al extender el ámbito de su protección a todos los derechos siempre que éstos se encuentren en peligro de sufrir un daño irreparable".

Razones informativas

Rodríguez Castañeda fue convocado por la CIDH con base en la igualdad de las partes en el procedimiento, ya que en el período de sesiones de este órgano de la OEA, correspondiente a julio pasado, se le concedió una reunión privada al Estado mexicano para conocer sus argumentos contra la preservación de las medidas cautelares.

El pleno de la CIDH está formado por siete miembros de diversas nacionalidades, de los cuales en esta ocasión sólo asistieron seis.

En una sala de audiencias de la CIDH ubicada a unas cuadras de la Casa Blanca, los representantes legales de Proceso en esta causa delinearon los argumentos esenciales contra la posición del gobierno de Felipe Calderón, que pretende proceder a la destrucción de las boletas.

Sin embargo, la destrucción de la papelería electoral no sólo está bloqueada debido a las medidas cautelares otorgadas a Rodríguez Castañeda por la CIDH; ese procedimiento también está detenido a causa de una suspensión dictada en el Distrito Federal por el juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el juicio de amparo interpuesto por Sergio Aguayo.

Este investigador de El Colegio de México, que tiene pendiente un litigio en la República Mexicana por el acceso a las mismas boletas, testificó en la reunión privada en virtud de que cuenta con información relevante para el caso.

El abogado Cano López expuso ante el Pleno de la CIDH uno de los argumentos centrales con los que el director de Proceso ha defendido el carácter informativo de su petición: "El acceso a las boletas electorales no guarda relación alguna con la materia electoral ni de manera alguna repercute en los resultados definitivos de la elección presidencial de 2006".

La CIDH planteó entonces que, según el alegato del Estado mexicano, para dar por cumplido el derecho a la información es suficiente que se otorgue el acceso a las actas electorales, las cuales contienen la suma de los votos emitidos para cada partido.

Sin embargo, la abogada Rodríguez Manzo aclaró a los comisionados que "las actas electorales no necesariamente reflejan la información contenida en las boletas". Sustentó su respuesta con las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al resolver juicios de inconformidad que fueron presentados por diversos partidos políticos.

En dichas sentencias el TEPJF rectificó el cómputo distrital emitido originalmente por el Instituto Federal Electoral (IFE), después de que se comprobaron inconsistencias entre la información contenida en las actas y las boletas electorales depositadas en las urnas y recogidas en los paquetes.

Enseguida, la CIDH pidió a la defensa de Proceso profundizar sobre las razones por las que es necesario mantener las medidas cautelares, puesto que la destrucción de las boletas se encuentra actualmente detenida gracias al amparo interpuesto por Aguayo.

"Dados los principios rectores del juicio de amparo, que limitan sus efectos protectores únicamente a las personas que lo promueven, la eventual decisión que se adopte en el juicio de Aguayo no beneficia al derecho de información de Rodríguez Castañeda", contestó el abogado Cano López a los comisionados.

Además, la defensa recalcó que el fallo para el caso de Aguayo no modifica en sentido alguno el hecho de que en México ya se emitió una resolución definitiva que le impide a Rafael Rodríguez Castañeda el acceso a las boletas electorales.

Alternativas legales

Posteriormente la CIDH pidió a Cano López y Rodríguez Manzo que precisaran "el alcance mayor que pudiera ofrecer al caso la intervención del Sistema Interamericano, en contraste con la protección (al derecho a la información) que se pudiera tener por la jurisdicción interna".

Los abogados de la causa de Proceso respondieron que, si se concluyera que el Estado mexicano viola los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -como sostiene el director del semanario-, la CIDH podría solicitarle al gobierno de México "la modificación de su legislación interna en específico" para que "se permita el acceso a la información en las boletas con la finalidad de preservarlas, en lugar de destruirlas", tanto en este caso como en el futuro.

Los comisionados plantearon a la defensa de Proceso otra posibilidad: la de "adoptar medidas alternativas para conservar las boletas", como podría ser su digitalización.

Rodríguez Manzo y Cano López sostuvieron que esa es una vía óptima, pero enfatizaron que para no depender de la voluntad política del Estado "se requeriría la recomendación de la comisión en ese sentido, lo cual haría posible la permanencia de esa medida para la causa de petición de Rodríguez Castañeda y para la consulta por cualquier persona en un futuro".

En la reunión privada de Rafael Rodríguez Castañeda y su defensa con la CIDH, que se llevó a cabo el jueves 23, también estuvieron presentes Catalina Botero y Santiago Cantón, relatora para la Libertad de Expresión y secretario ejecutivo de la CIDH, respectivamente

Tras el encuentro, en conferencia de prensa, el director de Proceso declaró a corresponsales de la prensa mexicana acreditada en Washington: "Nuestra preocupación es que la CIDH decida levantar las medidas cautelares, si acaso ocurre esto. La comisión incurriría en una grave, inexplicable e injustificable contradicción consigo misma. Tendríamos pleno derecho a sospechar o a pensar que se está ejerciendo una presión para que los comisionados levanten esas medidas, una presión que obviamente sólo puede venir del Estado mexicano".


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Los alegatos del gobierno


J. Jesús Esquivel


El gobierno mexicano presentó ante la CIDH un extenso alegato en defensa de su decisión de negar el acceso a las boletas electorales de 2006. En su documento, emitido el 8 de octubre, dice que en el caso de la solicitud de Rafael Rodríguez Castañeda, el Estado mexicano no incurrió en violación alguna de sus derechos. Por el contrario, argumenta, el peticionario no agotó los recursos internos a los que tuvo acceso y, por ello, su caso no cumple los requisitos para ser admitido por la CIDH.



De acuerdo con el gobierno mexicano, Rafael Rodríguez Castañeda no agotó los recursos internos en el caso de su petición de acceso a las boletas de la elección presidencial del 2006, y por ello no reúne las condiciones básicas para que su alegato sea admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En su respuesta a los argumentos esgrimidos por el director de Proceso para solicitar la intervención de la CIDH, el gobierno de Felipe Calderón asegura:

"El peticionario tenía por lo menos dos recursos idóneos y eficaces a los cuales recurrir para reclamar la presunta violación a su derecho de acceso a la información: el primero de ellos, de carácter administrativo, consistía en el recurso de revisión ante la Unidad de Enlace del Instituto Federal Electoral; el segundo, de carácter jurisdiccional, consistía en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación".

En ambos casos, según el gobierno mexicano, "se demuestra su idoneidad, eficacia y pertinencia, precisamente en asuntos relacionados con solicitudes de acceso a la información en materia electoral. Dichos recursos, además, cumplen con los estándares internacionales de eficacia y accesibilidad señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Este alegato fue emitido el pasado 8 de octubre, acompañado de una carta firmada por Alicia Kerber Palma, encargada de negocios de la Misión Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, y cuyo texto apunta:

"Me dirijo a usted en ocasión de referirme a su comunicación sin número del 8 de septiembre de 2008, mediante la cual otorga una prórroga para responder a las observaciones de los peticionarios en el asunto P-492-08 Rafael Rodríguez Castañeda.

"Al respecto, adjunto a la presente se servirá encontrar la respuesta del gobierno de México, así como los anexos que acompañan a dicha respuesta."

Esta última se halla contenida en un documento central de 94 páginas a renglón cerrado y una voluminosa serie de anexos con una pormenorizada historia del caso de la solicitud de Proceso para acceder a las boletas electorales de 2006.

En su defensa, el Estado mexicano asegura que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación "tiene un enfoque marcadamente garantista" y, de acuerdo con ello, "ha desarrollado jurisprudencia para afirmar su facultad de conocer del fondo y por sus propios méritos solicitudes y casos relacionadas (sic) con el derecho a la libertad de expresión y, en particular, en materia de acceso a la información, incluyendo el acceso a boletas electorales... Por ello, no cabe duda de que el peticionario tuvo la oportunidad de agotar esos recursos y no la vía del recurso de amparo".

El gobierno insta a los integrantes de la CIDH a recordar "el desarrollo que ha registrado en México el régimen general de acceso a la información. Se trata de un derecho constitucional protegido por un instituto con capacidades jurisdiccionales que garantiza su ejercicio efectivo por la ciudadanía. La transparencia y el acceso a la información son una realidad plenamente demostrada, y no sólo una norma legal".

Y añade que el avance en materia de derecho a la información ha permitido que en la protección de los derechos políticos se protejan también otros derechos vinculados, como son, dice en su alegato, precisamente el de información, de petición o de libre expresión de las ideas, entre otros.

"Sin duda -puntualiza-, la Ilustre Comisión podrá examinar particularmente esos desarrollos jurisprudenciales y su alcance protector, incluso, al caso que nos ocupa."

Una segunda incidencia de los avances en materia de acceso a la información tiene que ver estrictamente con los procesos electorales "absolutamente ciudadanizados, es decir, conducidos, vigilados y calificados por órganos ciudadanos, y orientados por los principios de máxima transparencia y acceso a la información". Ofrece como ejemplo el hecho de que "todas las actas que reflejan el sentido de la votación, contabilizadas por ciudadanos, son públicas y accesibles: lo mismo las actas de cómputo y escrutinio de cada casilla que las de cómputo distrital... Todas esas actas son públicas y de acceso a los ciudadanos interesados".

En la introducción a su defensa, el Estado abunda:

"En México, al igual que en la mayoría de los países democráticos, los procesos electorales son también guiados por principios de seguridad jurídica, certeza y definitividad, para garantizar la decisión de los ciudadanos expresada mediante el voto libre y secreto, que establece la Constitución de México, al igual que las de todos los países democráticos.

"La respuesta del Estado no aborda en forma alguna el propósito de la solicitud de información del señor Rodríguez Castañeda en tanto que la jurisprudencia interamericana, a diferencia de la europea, considera el derecho de acceso de la información (sic) per se y no en su vinculación con otros derechos; es decir, la legitimación activa que precisa dicho derecho es amplia...

"En suma, la petición del señor Rafael Rodríguez Castañeda es inadmisible a la luz de la Convención y Reglamento de la CIDH, por cuanto no se han satisfecho todos los requisitos de admisibilidad que cualquier petición individual debe contener, al no haberse agotado los recursos internos accesibles al peticionario, así como por la inexistencia de violación alguna a los derechos tutelados en la convención."

Los hechos

En el segmento titulado Hechos, el alegato gubernamental ofrece una cronología del caso:

-El 28 de julio de 2006 el señor Rafael Rodríguez Castañeda presentó ante la Unidad de Enlace del IFE una solicitud de acceso a la totalidad de las boletas de la elección para presidente de la República, efectuada el 2 de julio.

-El 1 de septiembre de ese año, a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, el IFE dio a conocer su negativa a lo solicitado. El asunto fue elevado a la consideración del Comité de Información del propio IFE.

-Este comité resolvió, el 5 de septiembre, confirmar la respuesta negativa. A cambio de las boletas, indicó, "se ponen a disposición del C. Rafael Rodríguez Castañeda las diversas actas que el IFE emitió desde la jornada electoral y hasta el cómputo distrital".

-Rodríguez Castañeda, "sin agotar el recurso de revisión ante la Unidad de Enlace", impugnó la decisión del Comité de Información por vía del juicio de amparo ante un juzgado de Distrito el 20 de septiembre de 2006.

-Un día después, la juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa emitió un auto por el que desechó "de plano" (sic) la demanda de amparo, ateniéndose al artículo de la ley del mismo que declara improcedente ese juicio en materia electoral.

-El afectado impugnó el auto de dese-chamiento a través del recurso de revisión (número 1043/07) y, en atención a sus planteamientos, un tribunal colegiado planteó la intervención de la Suprema Corte de Justicia para resolver el caso.

-La Suprema Corte ejerció su facultad de atracción y admitió a trámite el recurso de revisión previsto en la Ley de Amparo.

-El 11 de marzo de 2008 el pleno de la SCJN decidió confirmar el sentido de la decisión del juez de distrito.

La inadmisibilidad

El documento gubernamental alude después a la "inadmisibilidad" de la petición hecha ante la CIDH. En la Convención Americana de Derechos Humanos se establece como requisito, para que una solicitud sea admitida, "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principales del Derecho Internacional generalmente reconocidos".

Según el Estado mexicano, "el peticionario deberá haber agotado los recursos internos antes de presentar una queja ante el sistema interamericano de derechos humanos.

"En su petición P-492-08, el peticionario Rafael Rodríguez Castañeda no agotó los recursos contemplados en la legislación interna para hacer valer su pretensión. En su lugar, el peticionario interpuso y tramitó un mecanismo de defensa que, de acuerdo con la propia legislación mexicana, es improcedente en materia electoral, improcedencia que incluso ha sido confirmada por el máximo órgano jurisdiccional del país."

Según el alegato oficial, los recursos a los que no atendió el peticionario eran:

"1.- El de revisión ante la Unidad de Enlace del IFE, contemplado en los artículos 37 a 46 del reglamento del propio IFE en materia de transparencia y acceso a la información pública. Dicho recurso es remitido para su trámite a la secretaría técnica del Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información y es resuelto por dicho órgano.

"2.- Una vez agotado el recurso anterior (quedaba) el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, contemplado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ante el Tribunal Federal Electoral."

Más allá de sus argumentos, el alegato del gobierno de Felipe Calderón hace una advertencia a los integrantes de la CIDH sobre los riesgos que implica la decisión que vaya a tomar sobre la solicitud de Proceso:

"...La Comisión podrá valorar el impacto que generaría la consagración del derecho de acceso a las boletas electorales para la certidumbre y definitividad de los procesos electorales a cualquier nivel, en cualquier sistema político de cualquier Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".