#1Dmx: Vándalos vs violentos*

Denise Dresser

 MÉXICO, D.F. (Proceso).- “Una peste sobre ambas casas”, exclama Mercutio tres veces en Romeo y Julieta antes de morir. Maldice así a las familias cuya rivalidad lleva a su ruina. Y ese sentimiento de rechazo a ambos bandos también lo produce lo ocurrido el 1 de diciembre. También lo inspira la violencia que acompaña la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. El enfrentamiento buscado que engendra la violencia condenable. La confrontación orquestada que incita los peores instintos. Vándalos contra violentos. Estudiantes contra policías. Anarcopunks contra granaderos. Perredistas contra priistas. Mexicanos contra mexicanos. Usando la violencia para cambiar la realidad y ensangrentándola. Condenables unos y otros. 

#1DMX representa mucho de aquello que no funciona. Se ha convertido en un microcosmos de lo que el país no ha logrado resolver. La ausencia del estado de derecho y la dificultad para lograr su aplicación; estudiantes encapuchados que provocan la violencia y policías agresivos que la exacerban; muchachos que quieren actuar al margen de la ley y que –al mismo tiempo– padecen su uso discrecional. #1DMX es ése México repleto de contradicciones. Donde se exige la mano dura para quienes rompen vidrios pero no para quienes se enriquecen ilícitamente. 14 encarcelados en una prisión, y Arturo Montiel –como siempre– vacacionando en una montaña nevada. Decenas de personas acusadas de violentar la paz pública, y políticos impunes a quienes el gobierno ni siquiera ha investigado. La ley del pueblo y la ley contra el pueblo.

La intención detrás de las órdenes policiales dadas ese día es clara; el objetivo es transparente. Se trata de mostrarle al país lo que ocurriría – supuestamente– si la izquierda lo gobernara. Se trata de enseñar a los mexicanos todo aquello que –supuestamente– deberían temer. De ligar a Andrés Manuel López Obrador y #YoSoy132 con los porros y los anarcopunks y los vándalos. Los abogados del orden evidenciando a los promotores del desorden. Quienes quieren manipular el miedo provocando a quienes lo producen. Quienes se dicen los defensores de la “mano firme” creando oportunidades para usar la mano dura. Vinculando a AMLO y #YoSoy132 con las pedradas y las barricadas. Distorsionando la información para aprovecharse políticamente de ella. 

Todo eso es cierto. Todo eso es innegable. Todo eso es condenable. Pero todo eso no justifica el comportamiento de los vándalos y quienes se sumaron a su causa. Pero todo eso no justifica los vidrios rotos y los policías golpeados. Los puños empuñados y los granaderos agredidos. Los comercios destrozados y los ventanales despedazados. La frustración legítima desembocando en métodos que no lo son. El argumento de que los fines justicieros avalan los métodos antidemocráticos. El resentimiento que todo lo absuelve. Los excesos aplaudidos ante los reclamos desatendidos. La violencia redentora que en realidad no lo es. La convicción de que una causa buena sanciona los métodos malos. Ese viejo desfase entre justicia y ley, haciéndose presente una y otra vez. El 1 de diciembre y más allá de allí. 

Pero México no debe creer que la violencia de los desesperados es aplaudible. Pero México no debe pensar que la violencia de los vinculados con #YoSoy132 es aceptable. La violencia –escribe Hannah­ Arendt–, como cualquier otra acción, cambia al mundo, pero lo hace para mal. Crea vencedores y vencidos, triunfadores y resentidos. Crea heridas profundas que tardarán mucho tiempo en cicatrizar. Produce sociedades que empuñan el odio en lugar de promover el diálogo. Produce sociedades divididas, llenas de ciudadanos que no pueden reconocer la humanidad esencial de quienes caminan a su lado. 

Y por ello mismo, la violencia promovida por y desde el gobierno es algo que ningún mexicano debe aceptar. Que ningún mexicano debe exigir. Que ningún medio de comunicación debe fomentar. Que ningún político de cualquier partido debe justificar. Porque la violencia estatal es una confesión de fracaso, una admisión de incompetencia. Demostrada allí en los golpes de las macanas. En los inocentes agredidos y aprehendidos. En la agresividad desmedida de los policías. En las personas injustamente arrestadas y encarceladas durante días. En ejemplo tras ejemplo de fuerzas públicas que imponen el orden violando la ley. Evidenciando a autoridades que no saben comportarse como tales. Evidenciando al Estado que existe para impedir la ley de la selva pero que se vuelve promotor de ella. Porque el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, pero debe usarla con responsabilidad, con proporcionalidad. Con apego a la ley, y no con macanazos por encima de ella. Dentro de los límites que marca la Constitución, y no con toletazos que la mancillan. 

Y medios que padecen el mismo mal, que actúan de la misma mala manera. Erigiéndose en inquisidores; actuando como fiscales; acusando en vez de informar. Promoviendo el pleito en vez de contribuir a su desactivación. Aplaudiendo la violencia policial en vez de criticar su uso. Imagen tras imagen que apila el amarillismo y alimenta la estridencia. Medios que se han convertido en parte del problema y no en parte de la solución al depositar toda la culpa de la violencia en los jóvenes. Porque en lugar del análisis responsable han contribuido a la polarización lamentable. Porque en lugar de calmar los ánimos han ayudado a crisparlos. Sumándose al aplauso colectivo ante la costumbre de ojo por ojo, diente por diente. 

Esa costumbre que el país debe desterrar. Erradicar. Condenar en ambos bandos enfrentados ese día. Porque cada petardo disparado, cada tolete empuñado, cada bolero hostigado, cada hombre pateado, cada policía agredido es una afrenta. Algo que el país entero debe reclamar; algo que todo panista y todo perredista y todo priista debe denunciar; algo que todo ciudadano debe parar. Porque nada que valga la pena ha sido construido sobre los cimientos de la violencia. Y la violencia –como apuntó Emerson– no es poder, sino la ausencia de poder. Es la ausencia de aquello que permite mirar a los ojos de otro mexicano y reconocerse en él.

*Tomado de la revista Proceso.

Zedillo: de la inmunidad a la impunidad*

J. Jesús Esquivel

JusticiaLa matanza de Acteal, ocurrida hace 15 años, sigue siendo una herida abierta. Los familiares de los 45 tzot­ziles asesinados no han dejado de buscar justicia. Y esa justicia –concuerdan defensores de los derechos humanos– debe alcanzar a Ernesto Zedillo. Pero el gobierno calderonista trató de salvarlo ahora que el exmandatario priista goza de su estatus de académico en una prestigiada universidad de Estados Unidos y, con trampas, le pidió a Washington que lo protegiera con un manto de inmunidad… o de impunidad.

 

WASHINGTON.- El equipo de abogados que representa en Estados Unidos a los familiares de las víctimas de la matanza de Acteal exigió a la Corte Federal de Connecticut desechar la recomendación de inmunidad para Ernesto Zedillo, pues asegura que el gobierno de Barack Obama fue engañado para proponer esa excepción judicial al expresidente mexicano. 

“Toda la evidencia indica que el Departamento de Estado fue grotescamente engañado en la petición de inmunidad y que carece de la información para sustentar su propuesta”, sostienen los abogados defensores en un documento presentado el viernes 7 ante la Corte Federal de Connecticut.

“A la luz de esta nueva evidencia (…) los demandantes solicitan a esta Corte: Mantener los procedimientos de la demanda civil (contra Zedillo) hasta que se conozca el decreto final de la solicitud de amparo en las cortes mexicanas; solicitar al Departamento de Estado que revise su sugerencia de inmunidad con base en la determinación que tome la corte mexicana; y declarar en este momento que Zedillo no es inmune a esta demanda porque (…) la inmunidad le es negada según la Constitución de México”, destaca el documento de 10 páginas.

El texto –firmado por los abogados Matthew D. Gordon, Roger S. Kobert y Marc C. Pugliese– acusa al todavía embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán; al exsubsecretario de Relaciones Exteriores Julián Ventura y en general a la cancillería de la administración calderonista de haber engañado al gobierno estadunidense respecto a la supuesta protección que otorga la Constitución de México a los expresidentes del país.

“Zedillo fracasa en su intento de cambiar estas simples verdades: Que la Constitución mexicana de 1917 niega la inmunidad para cualquier presidente, incluido Zedillo, una vez que concluya su mandato; que una Corte Federal en México ha suspendido la tramposa petición de inmunidad para Zedillo hecha por el embajador mexicano (Sarukhán); y que nuestras cortes federales nunca adoptan automáticamente lo que argumenta el Departamento de Estado”, dice el documento entregado por los abogados estadunidenses y del que Proceso tiene copia.

El equipo legal también entregó copia de la demanda de amparo (contra el pedido de inmunidad) que se presentó el 22 de octubre de 2012 ante el Juzgado Decimosexto en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

Las trampas de Sarukhán 

Al cumplirse este 22 de diciembre 15 años de la matanza de 45 tzotziles en la población de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, los abogados de los familiares de las víctimas indican que el gobierno de Obama, de forma irresponsable y con sustento en los dichos de Sarukhán, Ventura y del gobierno de Calderón, el pasado 7 de septiembre recomendó a la Corte Federal de Connecticut otorgar inmunidad a Zedillo y desechar la demanda de la que es sujeto. 

Numerosas investigaciones independientes, tesis académicas e incluso informes de organismos de derechos humanos han concluido unánimemente que la matanza de Acteal fue un crimen de Estado. 

Gordon, Kobert y Pugliese le aclaran a la corte en Connecticut que en la “nota diplomática 07654” que Sarukhán envió al Departamento de Estado, el 4 de noviembre de 2011, el diplomático ocultó a Washington las limitaciones constitucionales mexicanas sobre la inmunidad de los expresidentes.

 La mentira de Sarukhán al gobierno de Estados Unidos, según la demanda de amparo, fue deliberada para “hacer valer ante instancias internacionales la inmunidad diplomática” que Calderón pretendió garantizar para Zedillo.

Los tres abogados le explican a la Corte que Zedillo ha guardado silencio ante la demanda de amparo que las víctimas de Acteal presentaron en México para solicitar la nulidad de la inmunidad diplomática.

“Con su silencio Zedillo concede que la Constitución mexicana claramente rechaza su inmunidad”, puntualizan los abogados.

Respecto a la recomendación que hizo el Departamento de Estado para otorgarle inmunidad a Zedillo y con ello anular la demanda civil –por violación a los derechos humanos– que en su contra presentaron las víctimas de Acteal en Connecticut, el documento destaca que este privilegio diplomático antes de ser emitido debe ser analizado minuciosamente para tener la garantía de que se sustenta en los decretos constitucionales del país extranjero al que pertenece el potencial beneficiado. 

Los abogados le hacen notar a la Corte que la Constitución mexicana en sus artícu­los 108 y 111 establece que el presidente de la República goza de inmunidad durante su mandato, excepto en caso de que traicione “a la patria” o cometa crímenes graves. 

Esta determinación constitucional se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Respaldados en el contenido del artículo 111, Gordon, Kobert y Pugliese insisten ante la Corte que “la Constitución mexicana guarda un perfecto silencio sobre el derecho de inmunidad para un presidente al concluir su mandato bajo la interpretación jurídica expressio unius est exclusio alterius (expresar una cosa implica excluir las otras)”. 

La defensa de las víctimas de Acteal sostiene, que por “respeto a la soberanía” mexicana, el Departamento de Estado debería acatar las recomendaciones que en el pasado se han hecho ante las cortes federales de Estados Unidos para el caso de emisión de inmunidad diplomática a extranjeros.

Como compromiso de los acuerdos internacionales –insisten los abogados–, el Departamento de Estado debe cumplir con la doctrina diplomática de respeto mutuo y cortesía para con los decretos constitucionales de naciones soberanas a los que no debería contradecir, porque esto podría ser interpretado como una intromisión.

Por encima de los argumentos internacionales y diplomáticos que se han presentado ante la Corte de Connecticut, los tres abogados reconocen una prerrogativa de Obama:

“Generalmente las cortes federales se muestran reacias a intervenir en asuntos de política exterior que le competen a la autoridad del Poder Ejecutivo. Pero aun cuando el contexto es menos obligatorio, como en este caso cuando se ha perpetrado un fraude –por parte de Sarukhán– al Departamento de Estado y a esta Corte,­ nuestras cortes pueden considerar secretos de Estado e incluso reexaminar juicios hechos sobre el contexto de asuntos extranjeros.”

Ahondando en el caso del juicio de amparo en México, el documento le hace notar a la Corte de Connec­ticut que Zedillo en su defensa argumenta que cuando hizo la sugerencia de favorecerlo, el Departamento de Estado “tenía en la mano” la información de la inconstitucionalidad del pedido de inmunidad hecho por Sarukhán. “El Departamento de Estado no rechaza, ni siquiera menciona haber considerado esta información, por lo cual no tiene fundamento la especulación contraria que hace Zedillo”, asienta la defensa. 

De lo que sostiene el expresidente mexicano acusado en la demanda civil en Connecticut, los tres abogados añaden que Zedillo también ignora una distinción importante y crucial entre lo que significa “presidente y expresidente”. 

Por ello le recuerdan a la Corte que el sistema judicial de Estados Unidos, aun cuando en el pasado haya otorgado inmunidad diplomática a extranjeros, esto ya no se aplica para el caso de ciudadanos que han dejado de ser jefes de Estado o de gobierno. 

“Es más”, acotan en el documento los abogados, “Zedillo no ha podido citar un solo caso que involucre un fraude perpetrado sobre el Departamento de Estado y, consecuentemente a una Corte Federal de Distrito por medio de violaciones a la constitución de una nación soberana”. 

Por otro lado, el argumento legal contra Zedillo le recuerda a la Corte de Connecticut que en el sistema judicial de Estados Unidos se ha reconocido que la posición de un Estado extranjero sobre el tema de la inmunidad para con uno de sus ciudadanos es incluso superior a la opinión del Departamento de Estado.

“Como mínimo esta Corte debería seguir actuando con prudencia… En caso de que el sistema judicial mexicano afirmara la negativa de inmunidad en la demanda de amparo, esta Corte podría referir este asunto nuevamente al Departamento de Estado para cualquier reconsideración sobre su actual sugerencia o decidir sua sponte si la inmunidad se rechaza en concordancia con la decisión judicial mexicana”, concluye el documento de la defens

*Tomado de la revista Proceso.

SNTE: dirigencia complacida*

Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Naranjo.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A nadie debe sorprender que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se muestre tan complaciente con la reforma constitucional del sistema educativo nacional, pues –por lo menos hasta estos momentos– serán sus personeros en las distintas instancias educativas estatales los que se encarguen de administrar el ingreso y la promoción de los integrantes del llamado Servicio Profesional Docente.

La creación de dicho servicio es una muy buena decisión, y más todavía el hecho de que en el párrafo III del artículo 3° de la Constitución se asiente: “…el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de conocimientos y capacidades que correspondan (…) Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”.

Sin embargo, el problema es quién realizará dichos concursos de oposición, y de acuerdo con la reforma constitucional serán las autoridades educativas, no el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como muchos creen. Conforme a lo hoy establecido en la fracción VIII del artículo 13 de la Ley General de Educación, corresponderá a las autoridades educativas estatales aplicarlos, en coordinación con la autoridad educativa federal.

Esto se puede modificar en la reforma a la legislación ordinaria que se haga con posterioridad a la constitucional, pero el único cambio que podría introducirse sería que dicha función corresponda a la autoridad educativa federal, y no a la estatal. Pero eso no sería muy congruente con lo indicado en la exposición de motivos planteada por el presidente Enrique Peña Nieto y avalada, igual que la reforma, por los dirigentes de los tres partidos políticos con mayor participación electoral (PRI, PAN y PRD).

En dicha exposición, se manifiesta: “Por su parte, la evaluación individual de los elementos que integran el Sistema Educativo Nacional debe continuar como una función ordinaria de las autoridades, propia de su operación, que no puede separarse de su diario quehacer. Sin embargo, la práctica de esas evaluaciones debe obedecer a criterios técnicos idóneos que el Instituto (Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE) brinde en el ejercicio de sus funciones”.

Pues bien, en el texto de la reforma la única facultad que se le da al INEE al respecto es “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”. Así, este nuevo órgano autónomo ni siquiera podrá elaborar los instrumentos que sirvan para evaluar la idoneidad de los aspirantes a ingresar o recibir una promoción dentro del magisterio.

De modo que, aun cuando integrantes del nuevo gobierno presumen de haber limpiado la Secretaría de Educación Pública de la injerencia de la lideresa sindical Elba Esther Gordillo, al retomar la rectoría de la educación, como lo pregonan, lo cierto es que en los estados las secretarías de Educación todavía están bajo el control de la dirigencia sindical y ellas serán las instancias responsables de aplicar directamente los concursos de oposición para el ingreso y promoción de los maestros. En octubre de 2009 (Proceso 1719), este autor señalaba que buena parte de la eficacia del control de la dirigencia sindical sobre el gremio “obedece al enquistamiento de sus miembros en la estructura educativa: (…) las secretarías de al menos 11 de los 31 estados; más de medio centenar de subsecretarías; cientos de direcciones…”.

Para que efectivamente haya “idoneidad de conocimientos y capacidades” de los nuevos maestros o directores y supervisores, debiera ser el INEE, órgano con autonomía constitucional, el responsable de administrar estos concursos de oposición en todos los casos, o al menos, como planteaba la iniciativa de senadores panistas y perredistas presentada en diciembre del 2011, establecer que fuese requisito para ejercer la docencia, en instituciones públicas o privadas de educación básica, el “obtener la certificación de conocimientos y aptitudes expedida por el INEE”.

Lo ideal sería que, en el caso de los concursos de ingreso, todo el proceso se realizara a nivel federal; que se institucionalizara la organización de uno o dos concursos anuales, y que, de acuerdo con el lugar que ocuparan los candidatos en ellos, se les diera la oportunidad de elegir el lugar de su adscripción. En los de promoción, si se quiere dejar una participación a las autoridades estatales, se les podrían enviar ternas por cada puesto a ocupar y ese sería su margen de decisión; se garantizaría un mínimo de conocimientos y capacidades y simplemente se dejaría la evaluación final a la autoridad directa.

Pero de acuerdo con las atribuciones mencionadas en la Constitución, el INEE no podrá ni administrar los concursos ni emitir una certificación de idoneidad. Además, el secretario de Educación, Emilio Chauyffet, fue muy claro en una entrevista con Carlos Loret de Mola el pasado 11 de diciembre: La evaluación no será retroactiva, y aplicará únicamente para aquéllos que se incorporen a partir de la entrada en vigor de dicha legislación al servicio profesional docente. Tampoco garantizó que reprobar un examen de evaluación implicase la salida del servicio; sólo ratificó que no ingresará quien no lo apruebe, pero, una vez adentro, el reprobarlo no necesariamente conduciría siquiera a que el educador fuese retirado de sus funciones (puede ser que la ley establezca su salida en algunos casos, pero en la Constitución eso no está establecido), aunque fuese para una capacitación.

El conductor del noticiario se sorprendió ante la respuesta de Chuayffet y le preguntó que si la ley aplicaría únicamente para los nuevos, cuántos años se tardarían en renovar a toda la planta de maestros, y el secretario se remitió a la experiencia de Corea del Sur y respondió que a ese país le llevó 20 años. De manera que, aparte de que el impacto de la reforma sobre la calidad educativa será en el largo plazo, nada garantiza que los que ingresen sean los idóneos, por lo señalado previamente. 

Las dos instituciones incorporadas al artículo tercero constitucional (Servicio Profesional Docente e Instituto Nacional de Evaluación de la Educación) son muy positivas, pero en los términos en los que se redactaron las disposiciones mencionadas no garantizan la consecución de los objetivos planteados.

*Tomado de la revista Proceso.

Represión, cooptación, alianzas oscuras y venta de garage, sello del nuevo gobierno*

Tomado de La Jornada, E Fisgón.

Jesusa Cervantes 

MÉXICO, D.F. (apro).- Al minuto de haberse dado a conocer los integrantes del gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto, las burlas arrancaron en las redes sociales, especialmente en Twitter. Los tuiteros preguntaron con ironía cuántos años de cárcel había en la tarima de presentación o cuántos especímenes del paleolítico habían resurgido.

 Pero más allá de la burla y el sarcasmo, lo cierto es que el nuevo gabinete encierra represión, cooptación, venta de garaje y alianzas poco claras.

 La gran sorpresa fue el exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, quien luego de un tranquilo paso por la gubernatura empezó a tener reuniones con empresarios de cuestionable enriquecimiento. Martínez y Martínez formó parte del círculo de exgobernadores que en una exclusiva residencia de Missión, Texas, dio todo su apoyo a Enrique Peña Nieto para que –por encima de Manlio Fabio Beltrones Rivera–, fuera el candidato presidencial del PRI.

 No se puede prejuzgar a nadie por sus simpatías políticas. Ese no es el punto con Martínez y Martínez, sino su gran amistad que entabló –como lo hizo en su momento el también exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández–, con el empresario originario del convulsionado Valle Hermoso, Tamaulipas, Carlos Castillo Cervantes, alías “El Dragón”.

 De este personaje se han dicho varias cosas, la principal es que tiene un gran poder corruptor y lo mismo ha engatusado a perredistas que a priistas para que, mediante dudosos acuerdos, le dejen repavimentar todo el estado. También se dice de él que ha embaucado a empresarios estadunidenses en negocios no muy derechos que digamos. Incluso, que ha vendido más de una casa a exgobernadores priistas para que luego las revendan o vivan en ellas.

 Entre el círculo de gobernadores que le son afectos y fieles seguidores está justamente Enrique Martínez y Martínez, el nuevo secretario de Agricultura.

 Ahora, quienes conocen a “El Dragón” se preguntan si con la llegada de sus amigos al poder, Peña Nieto y el exgobernador de Coahuila, el empresario se adueñará de todo Tamaulipas.

 Para la venta de garaje está un joven: Emilio Lozoya Austin, quien es ahora el nuevo director de Pemex. Y con la reforma energética que se avecina, en la cual la iniciativa privada tendrá manga ancha para comprar e invertir en petróleo –aunque la Constitución lo prohíba–, pues el joven Lozoya Austin podrá poner en práctica lo que aprendió de la empresa española OHL, de la cual hasta el 12 de septiembre de 2012 fue secretario del Consejo de Administración.

 La poderosa empresa española es la que llevó a cabo las grandes obras realizadas en el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y se le acusó de sobrevalorar el precio de las mismas para, de ahí, obtener millonarios recursos y hacer, presuntamente, “el cochinito” para la campaña presidencial del mexiquense.

 OHL está en todo el Estado de México; ahora, con su exsecretario del Consejo de Administración no dudemos que estará en todo México, principalmente como inversionista en el devaluado Pemex, que cada día le aparecen nuevos yacimientos de petróleo qué administrar.

 Uno más para la venta de garaje será Gerardo Ruíz Esparza, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este personaje está ligado política y empresarialmente al grupo Atlacomulco. Es socio desde hace muchos años de uno de los tíos de Peña Nieto: el exgobernador mexiquense, Alfredo del Mazo.

 Proceso publicó que Ruíz Esparza fue uno de los operadores para entregarle a OHL las grandes obras del gobierno mexiquense y donde, además de beneficiarla con multimillonarios recursos y entregarle por más de 30 años el manejo de algunas obras, como ciertos hospitales, lo hizo su aliado, presuntamente para hacer “el cochinito electoral”.

 Veremos ahora a cuáles empresas el concesiona el gobierno a Ruíz Esparza.

 En la captación, tenemos nada más y nada menos que a Rosario Robles. Ella está en Sedesol, conoce a viejos líderes que por años hicieron trabajo de base en las zonas más pobres del país, no nos sorprendamos ver en los próximos días a exizquierdistas trabajando a su lado y elaborando la estrategia para llegar a las zonas más pobres; pero también y de pasadita, trabajo político a favor de su nuevo partido, el PRI. O ya de plano, rompiendo esquemas de ayuda comunal para debilitarlos. Como sucedió con Carlos Salinas de Gortari y Pronasol.

 Y finalmente tenemos a la mano dura. A los hombres del régimen que todos temerán: Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación, a cargo de la policía federal, la gendarmería y el Cisen.

 El otro personaje es Jesús Murillo Karam, un hombre que mantiene contactos con el sector castrense pero que hoy estará en la Procuraduría General de la Republica. A este hidalguense se le recuerda no por haber hecho un buen gobierno en su estado, sino más bien por dejar pasar enfrentamientos comunales, linchamientos de gente inocente y por no poder contener nunca a la turba. Ahora, con cientos de agentes a su mando, seguramente la palabra represión, la escuchará cotidianamente, así como la de violación a los derechos humanos.

 Este será el gobierno de Peña Nieto: de cooptación, represión y venta de garaje. Si alguien pensó que la pesadilla había terminado, se equivocó; la pesadilla, más bien regresa. El PRI está de nuevo en Los Pinos con lo más antidemocrático y autoritario que tiene: su origen mismo.

Posdata. El 29 de enero de 2012, Proceso ubicó al general Salvador Cienfuegos Zepeda entre los primeros nombres para ocupar Sedena, en caso de que Peña Nieto lograra llegar a la Presidencia. Este viernes se confirmó. Peña Nieto colocó a su gran amigo en la Sedena.

La amistad entre ambos se dio por medio de Jaime Camil, un exproveedor de la Sedena en la época en que el titular era Juan José Arévalo Gardoqui. El empresario tenía casa en Acapulco, donde conoció a Cienfuegos Zapata cuando este ocupó la comandancia de la IX Regional Militar de Guerrero. 

 El lazo entre el político Peña Nieto y el general se fortaleció cuando él primero llegó a la gubernatura del Estado de México y Cienfuegos como comandante de la I Regional Militar del Distrito Federal que abarca la entidad mexiquense. 

 El gobernador se mostró generoso con el Ejército y el 29 de abril de 2009 firmó dos convenios con la Sedena mediante los cuales le entregó en permuta dos grandes predios para la construcción de instalaciones militares. Pero el camino hacia la Sedena se le pavimentó a Cienfuegos cuando el pasado 16 de enero fue nombrado Oficial Mayor de la Sedena. A partir de ahí su paso hacia la Secretaría de la Defensa se ensanchó más y más. Hoy es el nuevo titular y cabeza de los militares.

Comentarios mjcervantse@proceso.com.mx

Twitter @jesusaproceso

*Tomado de la revista Proceso.

Ilegítimo hasta el último minuto*

Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

 Jorge Carrasco Araizaga 

MÉXICO, D.F. (apro).- Como hace seis años, Felipe Calderón recurre a una peculiar ceremonia militar de entrega del poder.

Ante su incapacidad para asistir al Congreso de la Unión, formal representante nacional, acordó con Enrique Peña Nieto repetir el acto castrense de entrega simbólica del poder en la residencia oficial de Los Pinos.

Hace seis años, en el primer minuto del 1 de diciembre, Vicente Fox le entregó una bandera nacional en una inédita y breve ceremonia de sucesión presidencial, ante la incertidumbre que existía sobre su presencia frente al pleno del Congreso para jurar como presidente.

El artículo 87 de la Constitución ordena que el presidente, al tomar posesión de su cargo, protestará ante el Congreso de la Unión o, si es el caso, ante la Comisión Permanente. Calderón tuvo que entrar a escondidas para cumplir con ese mandato constitucional. Fue sacado en vilo porque no podía permanecer frente a un Congreso donde se resumía la confrontación nacional que representó su designación, en el tribunal electoral, como presidente de México.

Nunca más se paró ante la representación nacional. Nunca pudo dar la cara a la nación. En la lógica democrática y de división plena de poderes, el titular del Ejecutivo acude cada año a rendir cuentas ante el Legislativo. Calderón no lo hizo, sencillamente no pudo. Pesada, la sombra de la ilegitimidad se lo impidió.

Aunque cumplía con la obligación de informar al Congreso mediante la entrega por escrito de su respectivo informe de Gobierno, cada septiembre se le tenían que preparar escenarios ad hoc para dar un mensaje.

La pretendida ocupación, esta semana, de una vasta zona alrededor del Congreso de la Unión por parte del Estado Mayor Presidencial, fue también signo de la ilegitimidad. Calderón quería asegurarse de que nada impidiera, por fin, su presencia en el Congreso como presidente de la República. Desde una semana antes ordenó un ofensivo cerco que afectó la vida cotidiana de miles, si no es que millones de personas. 

Ni el presidente democrático más poderoso afecta de esa manera a la población. Sólo el abuso del poder lo permite.

 Frustrada la ocupación del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal, lo único que logró fue el enojo y el recuerdo indeleble de su ilegitimidad, sellada por él mismo con su afrenta del “haiga sido como haiga sido”. 

Durante todo su gobierno, el Estado Mayor Presidencial –ese Ejército dentro del Ejército– lo mantuvo cercado. Así tenía que ser. No podía actuar más que ante la televisión y en auditorios cerrados, aunque muchas veces lograron colarse personas que a gritos o con letreros le recordaron su condición de presidente ilegítimo.

Con la anunciada ceremonia al primer minuto del sábado, Calderón no viola la Constitución. No se sabe si además de la bandera entregará la banda presidencial. Si es así, Peña Nieto podría llegar a San Lázaro con la banda presidencial y protestar como presidente. 

La única certeza es que Felipe Calderón habrá de hacer de su último instante de poder una reafirmación de lo que siempre fue.

@jorgecarrascoa

jcarrasco@proceso.com.mx 

*Tomado de la revista Proceso.

Expresidentes: beneficios de escándalo*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 1 de diciembre de este año Felipe Calderón se convertirá en expresidente de la República y, en principio, en titular de una serie de beneficios ajenos a casi todos los mexicanos. Ya dediqué aquí un texto (Proceso 02/01/2012) que ahora profundizo con mayores datos sobre el tema.

Primero. De ese artículo de Proceso surgió la idea de hacer un libro que es ya una realidad (en coautoría con Hilda Nucci: Beneficios expresidenciales. Temis. Colombia, 2012) y que será presentado el 2 de diciembre en la FIL de Guadalajara. En una muestra de 20 países de los cinco continentes, se observa que los exprimeros mandatarios gozan, en mayor o menor medida, de beneficios. El problema grave es que el caso de México rompe los parámetros observados alrededor del mundo por razones de fondo y forma.

Por lo que concierne al fondo, cabe decir de entrada que México tiene con creces el primer lugar en el número de salarios mínimos mensuales de ingreso de un expresidente, en comparación con Australia, Estados Unidos, Singapur y Sudáfrica, entre otros países. Después de México, las naciones donde los exmandatarios reciben mejores pagos son Singapur y Suiza. El expresidente de México, empero, tiene ingresos globales 500% mayores que el segundo lugar y 600% sobre el tercero, lo que de por sí resulta escandaloso. 

Ningún país cuenta con la infraestructura de apoyos de que dispone el expresidente de México, incluidos el expresidente de Estados Unidos y el exprimer ministro del Reino Unido, lo que no es poca cosa. Este fenómeno había estado fuera del radar académico, aunque tuvo esporádicas apariciones en el ámbito legislativo. Se han registrado seis iniciativas y tres proposiciones con punto de acuerdo para reducir los excesos existentes, pero quedaron sólo para el testimonio histórico.

Segundo. Hay una circunstancia que podría dejar a Felipe Calderón sin las grandes sumas con las que ya se imagina que cuenta a partir del término de su periodo presidencial. Resulta que las disposiciones legales que justifican las exorbitantes pensiones y apoyos de los expresidentes de México carecen de fuerza legal; es decir, no existen jurídicamente en virtud de que no se han cumplido las obligaciones básicas para que una norma jurídica pueda existir.

En efecto, el Acuerdo Presidencial 2763 Bis del 31 de marzo de 1987, en el cual se funda la pensión expresidencial, tiene tres deficiencias esenciales: a) Conforme al Acuerdo, la Secretaría de Programación y Presupuesto sería la encargada de hacer que se cumpliera dicho ordenamiento. Al quedar abrogada la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el referido Acuerdo se debe someter a la legislación vigente, es decir, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la que dispone que la administración de los recursos públicos federales deberá realizarse bajo criterios de legalidad, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. No es, evidentemente, el caso; b) El Acuerdo no fue firmado por el presidente de la República, quien tiene la facultad de hacerlo, sino por el secretario de Programación y Presupuesto, que en esa época era Carlos Salinas de Gortari; y c) El Acuerdo no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que es un requisito imprescindible para su validez, según lo establecen los artículos 3 y 4 del Código Civil Federal y la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. Como norma complementaria se encuentra lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que invoca una norma inválida.

Lo anterior crea un escenario para que se pueda impugnar la legalidad de la posible pensión con apoyos de Felipe Calderón, en virtud de que el Ejecutivo Federal carecería de fundamento legal aplicable para hacer las erogaciones económicas respectivas. De hacerlas, estaría sujeto a las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. No propongo, en modo alguno, privar de un estímulo económico a Calderón y a los futuros expresidentes de la República. Lo que sí se requiere es ajustar esas pensiones a las mejores prácticas internacionales y a un sentido de racionalidad que hoy no existe.

 

Tercero. Para evitar que el país permanezca en una laguna jurídica sobre este asunto, resulta pertinente el proyecto de iniciativa de ley sobre la cuestión del diputado Carlos Augusto Morales. Esta iniciativa podría ser el marco referencial para una discusión amplia, de obvio interés público, pues las leyes al respecto no pueden seguir postergándose. En el marco de la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas, un expresidente de la República mexicano no debe vivir como jeque con recursos del pueblo. Para que un mexicano de a pie logre una pensión de risa debe trabajar al menos 25 años (no seis, como un presidente de la República) y tener al menos 60 años de edad. (Calderón tiene 10 años menos.) Hoy sucede, como sugiere Orwell en La rebelión de la granja, que todos somos iguales, pero unos más que otros.

evillanueva99@yahoo.com

@evillanuevamx

www.ernestovillanueva.blogspot.com

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Calderón: ¿Podrá tu conciencia vivir en paz?

 

 José Gil Olmos

 MÉXICO, D.F. (apro).- El 20 de noviembre un helicóptero aterrizo frente al Palacio Nacional para recoger unos soldados que resultaron heridos al fracasar una acrobacia encima de los caballos. El desfile del aniversario de la Revolución se suspendió por unos minutos y mientras la aeronave bajaba Felipe Calderón comenzó a batir las manos quitándose algo de encima, lo mismo que a sus hijos y esposa. Al principio nadie sabia qué pasaba, pero luego se supo que las hélices habían levantado y lanzado las heces de los caballos sobre el presidente y su familia. 

 Pocos medios (salvo Milenio televisión) difundió esta situación inoportuna de la familia presidencial. En las imágenes se veía como Calderón, Margarita y sus hijos hacían esfuerzos por quitarse el estiércol de los caballos de su ropa, el pelo y la cara, sobre todo del presidente que no sabía qué hacer para quitarse esa inmundicia mientras estaba en el principal balcón del Palacio Nacional.

 La imagen parece un preludio de lo que a partir de esta semana será la vida de Felipe Calderón, que nada podrá hacer para quitarse las excreciones de su gobierno, los errores cometidos, la negligencia e ineficacia de todo su equipo, la corrupción y las malas decisiones que dieron lugar a la etapa más violenta que ha tenido el país desde 1929 cuando en la guerra cristera murieron 150 mil mexicanos.

 El pasado domingo se reunieron decenas de familias de desaparecidos en varias entidades del país frente al Palacio de Bellas Artes. Por varias horas hablaron de sus tragedias mientras los paseantes dominicales iban y venían por el edificio de mármol blanco.

Las fotos de sus esposos, hermanos, hijos e hijas, de amigos estaban sobre el piso de la plaza y en la carpa instalada para taparse del sol. En casi todas las imágenes había sonrisas. En el momento en que fueron captadas las familias estaban unidas. Hoy todos y cada uno de ellas y ellos están ausentes, víctimas de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad que no prescribe. 

 Durante todas esas horas, aproximadamente cinco, los testimonios estuvieron acompañados por gritos de dolor y rabia. Gritos que pocas veces se ha escuchado en público contra un presidente de la República. 

 “Eres un asesino”, le gritaron decenas de veces. “No somos daños colaterales”, le espetaron a Calderón representado por una botarga de cartón que recibió botellazos de plástico cuando le entregaron un diploma por su gobierno entintado de sangre. 

 “Huyes como un cobarde, pero te estaremos persiguiendo para recordar lo que hiciste toda tu perra vida”, le grito Yolanda Moran, cuyo hijo Dan Jeremeel Fernández Morán desapareció el 19 de diciembre de 2008 en Gómez Palacio, Durango, cuando viajaba en su coche interceptado por un comando militar. 

 Más que una catarsis, lo que las mujeres hicieron fue una advertencia a Calderón. Le dijeron que su pesadilla apenas comienza, que sin la protección que tenía como presidente, fuera de la membrana del poder, será perseguido, no importa a dónde quiera refugiarse, por todas aquellas familias que fueron dañadas por la violencia generada tras su declaración de guerra contra el narcotráfico, por la tragedia y el horror que motivó por una pésima estrategia militar y policíaca. 

 El acto de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de México (Fundem) es uno de una lista de eventos de despedida a Calderón organizados por distintas agrupaciones de víctimas de la violencia, como el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, que en algún momento confió en el gobierno para resolver su demanda de justicia pero no tuvo respuesta, sino solo engaños, porque ninguno de los casos presentados fueron resueltos. 

 Calderón no cumplió su palabra empeñada y tampoco dio la seguridad que le pidieron algunos familiares, como Nepomuceno Guerra, quien en el castillo de Chapultepec le pidió que lo ayudara a investigar el paradero de su hijo secuestrado en Hermosillo y que le diera protección porque había recibido amenazas de muerte. Calderón se comprometió a las dos cosas pero no cumplió, Nepomuceno fue ejecutado al mediodía, en pleno centro de la capital sonorense. 

 “¿Podrá tu conciencia vivir en paz?”, decía una de las mantas colgadas en la carpa puesta el domingo frente a Bellas Artes. 

Margarita Zavala ha dicho que su esposo tendrá que pagar los costos políticos y personales por la narcoguerra que encabezó los seis años de su administración. Tiene claro que a donde quieran que vayan, Estados Unidos, España o cualquier país, Calderón será confrontado, perseguido, asediado por aquellos que lo consideran responsable de miles de muertos, desaparecidos y desplazados por la espiral de violencia que se levantó en su sexenio. 

Aunque trate de rechazar su responsabilidad argumentando su papel de jefe de Estado, Calderón no podrá eludir su cruz a donde quiera que vaya. Peor que Gustavo Díaz Ordaz, responsable de la matanza en Tlatelolco, Calderón quedará marcado por decenas de miles de muertes y desapariciones. Eso lo perseguirá apenas termine su mandato y a partir de entonces comenzará su pesadilla.

*Tomados de la revista Proceso.

En economía, un sexenio exitoso... para el crimen organizado*

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

 Carlos Acosta Córdova

Uno de los principales, acaso el más dramático por sus efectos en la economía –la cual no creció de acuerdo con su potencial ni produjo un mayor bienestar social–, es que las medidas adoptadas no pudieron romper con el viejo pacto fiscal, ese por el que los gobiernos cobran poco y gastan mal –dejando “amplios espacios para la corrupción de quienes ejercen el gasto y de quienes están bien conectados con el poder”–, es decir, gastaron mucho más de lo que obtuvieron vía impuestos.

Los gobiernos panistas siguieron la fórmula fácil que instauraron los priistas desde mediados de los años 70: valerse del petróleo y sus generosos ingresos para compensar su debilidad recaudatoria.
Pero no sólo eso, en el balance bisexenal se observan dos fenómenos igual de graves: aparte de que no se redujo la economía informal, en la que ya se ocupan 30% de los mexicanos con trabajo, la debilidad del Estado y sus instituciones ha permitido una creciente e incontrastable economía criminal: grupos de la delincuencia organizada desafían al Estado y, aun, lo sustituyen en algunos ámbitos, como el cobro de “impuestos”.

Así lo cree el politólogo Carlos Elizondo Mayer-Serra –doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, exdirector general del CIDE y exembajador de México ante la OCDE–, y lo documenta en su nuevo libro: Con dinero y sin dinero… Nuestro ineficaz, precario e injusto equilibrio fiscal.

En este texto, ya en librerías desde la semana pasada, bajo el sello de Random House Mondadori, colección Debate, el autor explica las tres premisas del pacto fiscal que nos tiene estancados.

La primera, dice, es que se cobra relativamente poco como proporción de toda la riqueza que se genera en el país. “Esto es así porque el gobierno cobra mal, tanto por incapacidad administrativa como porque la ley fiscal tiene tantos huecos y privilegios que el cobro de impuestos es inequitativo y las posibilidades para evadirlos o darles la vuelta son muy atractivas y pueden ser autojustificadas en vista de la baja calidad del gasto público. Incluso entre individuos que reciben el mismo ingreso las tasas impositivas efectivas pueden ser muy distintas en función del origen de esos ingresos”.

La segunda premisa, afirma el autor, “es que el gasto público, generalmente de mala calidad y con muchos desvíos a favor de quienes lo controlan, siempre es mayor que ese ingreso y muchas veces es acaparado por grupos con capacidad de presión política o por la burocracia encargada de ejercer el gasto, ya sea a través de derechos laborales favorables respecto a los que hay en el mercado laboral privado, por desperdicios provocados por la desorganización administrativa o por la vía de la corrupción”.

Y justo lo que ha permitido la existencia del binomio “impuestos bajos-gasto alto” es el caudal de recursos que deja el petróleo. Esa es la tercera premisa de nuestro pacto fiscal, dice Carlos Elizondo.

Explica: “Los ingresos petroleros generados a lo largo de décadas se han gastado para cubrir la diferencia entre los impuestos que efectivamente se recaudan y el gasto público que ejerce el gobierno. No invertimos esos ingresos en actividades que generarían una mayor riqueza en el futuro ni los ahorramos, como sería razonable y justo con las generaciones venideras”.

Nada de eso cambió una vez que el PRI salió de Los Pinos, a finales del año 2000, afirma. Y lamenta: “En ocasiones las transiciones democráticas proporcionan la oportunidad para rehacer el pacto fiscal. Cuando el gobierno ya es resultado del voto popular, se supone que debería gastar los recursos públicos en beneficio de la sociedad en general, pero en nuestro caso dicho cambio no se ha dado.

“Peor aún, en el camino se deterioraron otros ámbitos; la transición debilitó el poder político del presidente, lo que, aunado a la baja capacidad de muchos de quienes llegaron al poder a partir del año 2000 y a las débiles instituciones que heredó el priismo en materia de recaudación y gasto, provocó incluso que crecieran los espacios donde existen pactos fiscales informales o ilegales.”

Además, advierte Elizondo Mayer-Serra, particularmente en los últimos seis años se dio paso a una creciente presencia del crimen organizado, sobre todo en las economías regionales.

Escribe: “En algunas zonas del país la crisis de seguridad se ha convertido en un conflicto entre el Estado y las mafias criminales por ver quién le cobra a la sociedad.

“La mafia le llama derecho de piso, pero es una suerte de impuesto que no da servicios públicos sino que garantiza no ser violentado. Incluso también protege contra los recaudadores fiscales, lo que le permite, gracias al flujo constante de ese ingreso, desafiar al Estado y hasta sustituirlo en ciertos ámbitos.

“Si en la economía informal hay grupos fuera del Estado que con apoyo de sus propios agentes construyen un pacto que no pasa por las leyes, en la economía criminal un grupo de organizaciones pretende desplazar al Estado.”

En el caso de los criminales, dice, no hay pacto alguno. “Es una imposición. Las organizaciones delictivas pretenden suplantar al Estado, a veces con la colaboración de sus agentes, a los que tienen comprados o amenazados, a veces también apoyando a algún candidato en una elección local, incluso con algún apoyo social, pero el control de la relación está en el crimen organizado”.

Con autorización del autor y de la editorial, se reproduce el siguiente fragmento del capítulo 6:

* * *

A pesar de la alternancia y de que el voto se ha convertido en el instrumento para llegar al poder político, nuestro pacto fiscal no ha cambiado. Sigue descansando en una lógica perversa: recaudar poco y gastar mal. Sigue prevaleciendo la práctica de devorar todos los recursos fiscales posibles, algo propio de un sistema basado en la opacidad del gobierno y la desconfianza de los ciudadanos.

La democracia nos dio la oportunidad de enfrentar el problema de la legitimidad gubernamental y construir un pacto fiscal distinto basado en un gasto público de mayor calidad, liberado de los amarres corporativos y de las ineficiencias y corrupciones del pasado. Sin embargo, como ya vimos, la oportunidad no fue aprovechada por varias razones. En primer lugar, el presidente Vicente Fox consumió el capital político de la alternancia en escaramuzas y embates sin que hubiera claridad en sus objetivos. Esto permitió que prevaleciera la naturaleza del viejo sistema político, el cual otorga a los actores bien organizados un peso inusualmente alto para una democracia. En segundo lugar, el hecho de que “el presidente de la alternancia” nunca tuviera una mayoría en el Congreso, hizo que su incapacidad para enfrentar a los grupos privilegiados se magnificara: no logró llevar a cabo las reformas que hubieran generado otra relación entre ciudadano y Estado. En la elección intermedia de 2003, lejos de ganar más espacios en la Cámara de Diputados, Vicente Fox los perdió, a pesar de que el lema panista de la campaña fue “Quítale el freno al cambio”. 

Su falta de liderazgo, la ausencia de reformas que disminuyeran las barreras de entrada para la participación de la sociedad y la pasividad de ésta permitieron que nuestro viejo pacto fiscal sobreviviera sin alteraciones. El presidente Calderón tuvo menos margen que su antecesor y tampoco fue capaz de cambiar nuestro pacto fiscal que, en sentido estricto, se volvió peor, dado el ingreso petrolero excedente por el aumento en el precio internacional del crudo, que permitió tener más ingresos sin tener que recaudar más, y la creciente descentralización de los recursos fiscales federales a las entidades, las cuales en general gastan con menos rendición de cuentas que el gobierno federal. Seguimos padeciendo un gobierno caro y de baja calidad, pero que no nos cuesta tanto como contribuyentes. Como el ingreso del petróleo es un dinero que no ha salido de nuestro bolsillo, hemos protestado poco por el mal uso que se ha hecho de él. Nuestra democracia se ha construido sobre la renta petrolera. 

Los gobiernos de la alternancia sí lograron mantener la estabilidad fiscal en medio de una seria crisis macroeconómica mundial. No es poca cosa. Los gobiernos no democráticos, que tenían mucho más poder, no pudieron hacerlo. De 1976 a 1994 hubo regularmente una crisis macroeconómica de fin de sexenio. Sin embargo, nuestro actual equilibrio depende en buena medida de la renta petrolera. No es suficiente. Los gobiernos de la alternancia no lograron construir un nuevo pacto fiscal y perdieron amplios segmentos del territorio a manos del crimen organizado. Por tanto, no es sorpresa que sólo 25% del electorado votara por la candidata del partido en el poder.

*Tomado de la revista Proceso.

El daño colateral**

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Erubiel Tirado*

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La justificación principal del presidente Calderón y sus defensores, dentro y fuera del gobierno, por el hecho de acudir a las Fuerzas Armadas ante la pérdida del control territorial a manos de las organizaciones criminales, es que dicha medida era supuestamente inevitable. Sin embargo, el componente militar en el contexto histórico y político se ha revelado como parte del problema antes que como la solución, tanto en su uso policiaco como en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Al final, el resultado es una distorsión, si no es que una pérdida, de la esencia de defensa nacional que define a las Fuerzas Armadas. 

La participación directa de los militares en la lucha contra el narcotráfico durante los gobiernos de la alternancia panista 2000-2012, y en particular la guerra que declaró Felipe Calderón a esa actividad al inicio de su régimen, trajeron consecuencias negativas para las instituciones armadas y para la relación civil-militar en México.

El fracaso de la guerra calderonista no se limita al alarmante número de muertes, desapariciones forzadas y violaciones graves a los derechos humanos relacionadas con la actividad de las fuerzas militares y policiacas en los últimos seis años. El daño se extiende de modo orgánico y operativo a las Fuerzas Armadas en términos tales que nuestra incipiente institucionalidad democrática en materia de relaciones civiles-militares se muestra débil o incapaz de reaccionar y se encuentra amenazada ante la prolongada permanencia e influencia castrense.

Hay factores estructurales del diseño legal e institucional que dieron lugar a la organización de unas Fuerzas Armadas que responden –porque así se concibieron, histórica y políticamente (de acuerdo también con una realidad geoestratégica)– más a tareas de dominio y control (político) en lo interno que al desempeño real de funciones de defensa. De hecho, si acaso han sido dos las ocasiones en que las Fuerzas Armadas se han organizado en este ámbito connatural: durante la Segunda Guerra Mundial y en medio de las guerras centroamericanas en los años 80.

En el escenario de fracaso de las estructuras policiacas en los tres órdenes de gobierno, los orígenes de utilización política represiva de las Fuerzas Armadas explican el papel negativo que ha tenido y tiene su desempeño en las tareas de seguridad pública y de combate al narcotráfico. En el sexenio de Calderón se llega al clímax de la irresponsabilidad de los gobernantes civiles al comprometer y utilizar a la fuerza castrense en misiones de seguridad interior, seguridad pública y contraamenazas no tradicionales, sin el cuidado de un marco legal e institucional de un régimen democrático de derecho. 

La marca de la ilegalidad 

Aunque relativamente reciente, no es menos significativa la deformación de las Fuerzas Armadas en su aspecto funcional. El uso de recursos castrenses fuera de su ámbito connatural ya se observaba en el pasado de dominio priista antes de la alternancia política. Gracias a la jurisprudencia de la Suprema Corte que validó su salida a las calles en tiempos de paz para garantizar la “seguridad interior”, el ánimo militarista se catapulta durante la administración de Vicente Fox (2000-2006) a la seguridad pública y se extiende hacia la procuración de justicia.

De acuerdo con el propio plan gubernamental, los ejes de la militarización abarcaron la prevención delincuencial (teniendo como puntal a la Policía Federal Preventiva, la PFP, creada desde el fin del gobierno zedillista), cambios en los sistemas de seguridad pública y penitenciario (todo direccionado desde una nueva secretaría de Estado) y el combate a la corrupción. 

Además de refrendar y ampliar el núcleo militar de la PFP (creada a partir de la transferencia de la 3ª Brigada de la Policía Militar), según los propios informes de la Sedena, el Ejército se encargó, en forma directa, de la formación y entrenamiento de toda la fuerza policiaca del país, especialmente la municipal, y estableció directrices de modernización logística, como la adquisición de armamento para las policías. 

También, el gobierno federal dispuso que los militares ocuparan los cargos más relevantes en la procuración de justicia, desde la Procuraduría General de la República hasta los aparatos de seguridad pública estatales. En la PGR el fenómeno se manifiesta tanto en el Centro de Planeación para el Control de Drogas como en el reclutamiento y formación de elementos castrenses que se incorporaron directamente a la naciente Agencia Federal de Investigación, la AFI, que sustituyó en 2002 a la Policía Judicial Federal. 

En el foxismo los militares prácticamente asaltaron la burocracia de mandos policiales en niveles federales y estatales, al punto que hubo entre mil 585 y 2 mil 130 oficiales militares de diverso rango dirigiendo la seguridad pública del país. 

Como legislador y líder del PAN, Felipe Calderón criticó fuertemente el uso del Ejército en tareas policiacas y no dudó en calificar como política la utilización de elementos castrenses en los años de dominio hegemónico priista. Como presidente, sin embargo, usó y abusó de las Fuerzas Armadas como parte de su estrategia de legitimación política y para hacer frente a una crisis de seguridad que él mismo se encargó de agudizar con su peculiar guerra contra el narcotráfico.

Prevalecieron y se consolidaron los patrones establecidos en el pasado foxista. Se amplió la presencia institucional y estructural de las Fuerzas Armadas influyendo en ámbitos más allá de la defensa y militarizando la concepción mexicana de la seguridad nacional. La procuración de justicia y la seguridad pública no se apartan de este patrón que comenzó como tendencia en los años de dominio priista. Los militares participan desde el Consejo de Seguridad Nacional, pasando por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus órganos federales y estatales, las instancias de gabinetes intersecretariales y hasta Províctima. 

Otro patrón consolidado es la injerencia o influencia militar en la definición y palomeo de secretarios de seguridad pública en los estados. En el primer trimestre de este año, 13 de 32 secretarios de seguridad pública eran de origen militar. La cifra se multiplica si extendemos y afinamos el criterio hacia los niveles municipales y ciertos ámbitos de la procuración de justicia. 

El calderonismo solicitó y exacerbó la injerencia estadunidense en las definiciones estratégicas de la agenda de seguridad y defensa mexicana a través de la Iniciativa Mérida (2007-2012). La ambición de un financiamiento externo en el aparato de la seguridad mexicana (que no se refleja en los reportes oficiales) trajo consigo no sólo la dependencia en términos de infraestructura militar-policial, sino también la claudicación en las capacidades del Estado de definir y orientar sus prioridades en la materia. No es casual que la captura o asesinato de líderes de cárteles (25 de 32 hasta el momento) se reporten como parte de los logros de la Iniciativa (la lista es un símil de lo hecho por el ejército de EU en su guerra contra Al Qaeda). 

El resultado final de esta orientación ha sido la deformación grave y estructural de las Fuerzas Armadas: un Ejército reducido a una fuerza antinarco y antiterrorista de intervención (interna) y una Marina volcada a labores de tierra que ni siquiera cubren el perfil de una guardia costera.

En los hechos se desplaza la autoridad presidencial, incluso en la operación militar de la estrategia de seguridad. El ejemplo claro fue la ejecución de Arturo Beltrán Leyva por parte de la Marina a partir de las indicaciones de las agencias de seguridad estadunidenses, luego de la negativa de la Sedena, la cual esperaba las órdenes de la superioridad civil. 

Los números oficiales sobre las deformaciones estructurales son claros: De acuerdo con sus propias cifras, la Sedena destina más de 95% de su presupuesto a gasto corriente (el parámetro de los ejércitos profesionales es de 60%); contamos con un Ejército con más generales en el mundo luego de Rusia, China y EU, muchos de ellos sin tropa. 

La presencia militar en el territorio del país es abrumadora desde hace 12 años, sin que se haya controlado la crisis de violencia e inseguridad. También en ese parámetro se observan contradicciones perjudiciales para la función de defensa: La Marina, con sus 22 batallones de Infantería (figura militar casi extinta al fin del mandato foxista), tiene más presencia en tierra firme que en el mar territorial: mil 603 millas navegadas, contra 7 mil 147 kilómetros recorridos en 2011, cuando hasta 2006 la proporción era inversa (el patrón cambia en 2007 y se incrementa sustancialmente con la Iniciativa Mérida). 

Futuro inmediato: ceguera o complicidad 

Al despliegue operativo y la injerencia castrense en las agendas federales y estatales de seguridad pública y procuración de justicia se debe agregar un comportamiento institucional que no se observaba en el sistema político: la deliberación política y la abierta intervención de los militares para defender sus posturas e intereses.

Así lo hacen ante el Congreso (como ocurrió en el proceso de reforma a la Ley de Seguridad Nacional), lo mismo que al participar en la compra de víctimas o de familiares de víctimas de sus abusos con una oficina o Unidad de Vinculación Ciudadana (Univic), la cual presiona para “reparar” sus daños colaterales y procurar que no lleguen a instancias jurisdiccionales (esquema que por cierto quedó fuera de Províctima).

El dinero alcanza también para la cooptación de académicos y comentaristas que ayuden a salvaguardar la imagen institucional, e incluso para la propaganda mediática (como la serie televisiva La teniente). Esto evidencia la falta de definiciones y liderazgo civil, lo mismo en el gobierno que en el Congreso, y un tímido Poder Judicial que a fuerza de condenas y compromisos internacionales se ocupa, ahora sí, del fuero militar.

El gobierno entrante parece ignorar el escenario que hereda, y las propuestas visibles apuntan hacia más de lo mismo, antes que a revisar el daño provocado por los gobiernos panistas. El riesgo es fortalecer la incapacidad gubernamental de garantizar la autonomía castrense, en un creciente entorno crítico dentro y fuera del país. Se debe procurar, desde el liderazgo civil, una verdadera modernización de las instituciones, en democracia y sin simulaciones. 

* Coordinador del Programa de Seguridad Nacional, Universidad Iberoamericana.

**Tomado de la revista Proceso.