Narcoalternancia*

JORGE CARRASCO ARAIZAGA


MÉXICO, D.F., 22 de mayo (apro).- En México, no hay partido político ajeno al narcotráfico.

El escándalo por la fuga de 53 reos del penal de Cieneguillas, Zacatecas, involucra directamente a la gobernadora del PRD, Amalia García, como primera autoridad del estado, y en cuya gestión el narcotráfico ha sido imparable.

En esa descomposición no quiere ir sola y ha hecho todo lo posible para que la atención se dirija hacia su contrincante, el senador con licencia del PT, Ricardo Monreal, y su familia.

No es la primera vez que los hermanos Monreal son implicados. El propio senador fue objeto de acusaciones públicas, aunque ahora la Procuraduría General de la República (PGR) dice que no forma parte de las investigaciones por las 14 toneladas de mariguana encontradas en un rancho de su hermano Cándido, presidente municipal de Cieneguillas.

Las acusaciones de protección también ocurren en el PAN. Apenas la semana pasada se desató el escándalo en Morelos, con la destitución del secretario de Seguridad Pública estatal, Luis Ángel Cabeza de Vaca, y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitano de Cuernavaca, Francisco Sánchez González.

Ambos están arraigados como presuntos protectores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Y tampoco es la primera vez que nos enteramos de escándalos de política y narcotráfico en el Morelos gobernado por el PAN.

El exgobernador Sergio Estrada Cajigal, ahora expanista, fue vinculado sentimentalmente con la hija de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los jefes del cártel de Juárez. En 2004, el jefe de la policía ministerial del estado fue detenido por proteger a esa organización.

Son apenas dos de las historias más conocidas y que están ahora en la prensa, pero abundan los nombres de exgobernadores, presidentes municipales y representantes populares señalados por su relación con el narcotráfico.

El camino lo abrió el PRI, y los partidos que le han disputado el control político local o regional han seguido sus prácticas. El primer caso se vivió en Baja California, cuando comenzó la alternancia en el país con la llegada del PAN al gobierno estatal.

Más temprano que tarde los panistas, ya en el gobierno, se implicaron en el narcotráfico. Luego, le siguió el PRD.

Desde que hace 16 años se iniciaron los grandes crímenes relacionados con el narcotráfico, con la ejecución del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ha sido imparable la descomposición del aparato político en relación con la delincuencia organizada.

Cuando ocurrió el asesinato, el 24 de mayo de 1993, el gobierno de Carlos Salinas hizo todo lo posible para desvirtuar el móvil y lo presentó como "una confusión" entre bandas rivales del narcotráfico que se enfrentaron en el aeropuerto de Guadalajara.

Las averiguaciones posteriores al gobierno de Salinas señalaron que el entonces arzobispo de esa ciudad había sido, durante años, confesor de los hermanos Arellano Félix, del entonces poderoso cártel de Tijuana.

En una misiva a El Vaticano para deslindarse del crimen, "los aretes" –como se conoció a los hermanos que entablaron amistad con el religioso cuando éste oficiaba en Tijuana– dejaron ver que el responsable habría sido Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez.

Durante el salinismo, creció el poder de Carrillo Flores al amparo –según las acusaciones que hizo el gobierno de Zedillo–, del general del Ejército Jesús Gutiérrez Rebollo, cuando estuvo al frente del desaparecido Instituto Nacional de Combate a la Droga.

En el gobierno de Salinas, otro narcotraficante en auge fue Juan García Ábrego, jefe del cártel del Golfo, extraditado por Zedillo a Estados Unidos.

El supuesto verdadero objetivo del atentado contra el cardenal habría sido Joaquín El Chapo Guzmán, el capo del sexenio de Vicente Fox. El sinaloense se fugó del penal en enero de 2001, a unos días de la llegada del PAN a la presidencia de la República.

Y el gobierno de Felipe Calderón tampoco lo encuentra, convirtiéndose hasta ahora en el capo del PAN.

Es más, para el procurador Eduardo Medina Mora, el sinaloense ya no es importante en su organización.

Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.