Reforma convaleciente*

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

John M. Ackerman

La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar la multa impuesta al Partido Verde a causa de los promocionales de sus legisladores podría ser un golpe mortal a la histórica reforma electoral de 2007-2008. Con su fallo del 8 de mayo, los magistrados han abierto de par en par la puerta al dinero privado para la contratación de propaganda político-electoral. También dan permiso a la utilización de los logotipos de los partidos políticos en la difusión gubernamental. Asimismo, la decisión renueva el flujo de recursos públicos a las arcas de las principales empresas de radio y televisión.

Se encuentra en riesgo nada menos que la columna vertebral de la reforma electoral: el supuesto blindaje en contra de la intervención indebida del sector privado, el gobierno y los medios de comunicación en la competencia política. La equidad de las elecciones de 2009 ya se encuentra en duda. Si las instituciones electorales y nuestros representantes populares no toman de manera urgente las providencias necesarias para frenar esta ominosa tendencia, las elecciones presidenciales de 2012 serán nada menos que un desastre.

Con su fallo, el TEPJF ha hecho de todos los legisladores del país vehículos para la contratación de propaganda política en radio y televisión. Bastará con que el espot esté relacionado, aun tangencialmente, con las supuestas labores del legislador correspondiente, para que éste haga valer su derecho a difundir su “informe” de gestión durante 12 días al año.

Para los diputados plurinominales, estos informes podrán difundirse a lo largo y ancho del país. Con el escalonamiento de los mensajes, cada 12 días un diputado diferente podría estar “informando” al público de sus actividades, los partidos podrían estar presentes en la televisión de manera constante durante todo el año.

Esta vía paralela de acceso al radio y la televisión al margen de los tiempos oficiales y de la Constitución permite la utilización de nuestros recursos como contribuyentes para el pago a los grandes consorcios televisivos. Con una simple transferencia de fondos desde los partidos políticos a sus grupos parlamentarios se podrá utilizar el financiamiento público para enriquecer a Televisa y Tv Azteca. A ello se suma que el sector privado, una vez más, podrá utilizar su poder económico para “promover” a sus diputados favoritos y así influir de manera indebida en la competencia política-electoral.

El colofón es que el fallo también abre la posibilidad para que cualquier servidor público incluya propaganda de su partido político en sus informes gubernamentales. En lugar de exigir a los legisladores del Partido Verde remover el logotipo de sus promocionales y distinguir su mensaje de los de campaña de su partido, los magistrados avalaron integralmente los anuncios de los legisladores.
De acuerdo con esta lógica, tampoco habría problema con que Felipe Calderón se sentara junto a una bandera del Partido Acción Nacional cuando presumiera los logros de su gobierno en cadena nacional, ni que Enrique Peña Nieto portara una playera del Partido Revolucionario Institucional cuando rinda su informe ante el Congreso del estado de México, o que Marcelo Ebrard lleve puesta una cachucha del Partido de la Revolución Democrática en su siguiente inauguración de un puente vial.

Incluso algunos consejeros del Instituto Federal Electoral han expresado ya su descontento con el fallo del TEPJF. Desde luego habría que reconocer su valentía al poner en cuestión la decisión de los magistrados. Sin embargo, los mismos consejeros no están libres de culpa.

El Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos vigente limita la “propaganda político-electoral” a aquella que “se contrata con recursos públicos”. Esto abre un enorme boquete en la prohibición de la promoción personalizada de los servidores públicos, ya que cualquier anuncio pagado por los mismos gobernantes o por terceros estará libre de sanción.

Los lectores seguramente recuerdan las cartas de felicitación de fin de año enviadas por Miguel Ángel Yunes y los frecuentes desplegados de “felicitaciones al señor gobernador” para la mayoría de los mandatarios estatales.

El caso de los legisladores del Partido Verde es apenas la punta del iceberg. En lugar de rasgarse las vestiduras, los consejeros electorales deberían poner manos a la obra para reformar éste y otros reglamentos que ofrezcan a gobernantes y políticos estratagemas para evadir la ley. Asimismo, los diputados y senadores federales hoy más que nunca están obligados a aprobar una ley reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, que delinea con precisión las características de la propaganda gubernamental.

Pero los vacíos legales y reglamentarios existentes no pueden ser el pretexto para la actuación irresponsable de los magistrados del TEPJF. Los jueces electorales hoy cuentan con más que suficientes herramientas jurídicas para asegurar el cumplimiento de los principios fundamentales en materia electoral y su más reciente actuación deja a la reforma constitucional en un estado de grave convalecencia.

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Influenza, recesión y teoría del shock*

Carlos Fazio

Durante el pasado cuarto de siglo, México ha sido considerado un laboratorio de la mundialización neoliberal. País tercermundista, tierra de pobres hambrientos, desde la fraudulenta imposición de Felipe Calderón se sumaron la guerra” y las muertes violentas en clave ascendente, y ahora llegó el flu mexicano, rebautizado por razones de imagen política como virus A/H1N1.

Hoy que la crisis sanitaria desapareció de los medios de difusión masiva con la misma celeridad con la que había llegado, algunas cosas van quedando claras. Por ejemplo, que luego de dos semanas de una demagogia oficial atemorizante y de saturación, a ratos triunfalista o chauvinista, que incluyó la manipulación de cifras, el engaño, la distorsión informativa y una campaña de rumores apocalípticos, afloró, bajo la influenza, el miedo. Un miedo pánico paralizador, fragmentador, desmovilizador de toda acción colectiva y de la solidaridad social.

Con el apoyo de las principales cadenas de radio y televisión bajo control monopólico, que en la coyuntura volvieron a actuar como dispositivo de poder de la actual estructura de dominación de clase, el gobierno logró sacar a millones de mexicanos del espacio público y los acuarteló en sus casas, presas pasivas del duopolio televisivo y sus papagayos. En otra clara acción de terrorismo mediático, los forjadores de opinión volvieron a sembrar alarmismo, temor y desolación, y ayudaron a construir en el imaginario colectivo la idea de un nuevo enemigo devastador oculto.

En ese ambiente manufacturado, la “dictadura sanitaria” de Calderón –como la llamó uno de sus apologistas– logró cuajar de facto, sin aprobación del Congreso (en abierta violación del artículo 29 constitucional), sin toque de queda formal ni tanques en las calles, una extraordinaria experiencia de control de población y disciplinamiento social. Entre otras medidas, el Estado de excepción sin fecha de caducidad decretado por Calderón permite el allanamiento de morada por la policía y el ejército, sin orden de cateo de alguna autoridad judicial, en flagrante violación de las garantías individuales.

Con el paso de los días y nuevas informaciones de especialistas y gobiernos extranjeros queda la sensación de que Calderón y su entorno exageraron la reacción a la influenza, y en un exceso de ortodoxia con la medicina amarga dieron otro golpe brutal al aparato productivo. Y ahora que se vuelve a la “normalidad” por decreto y reaparece la devastadora crisis económica global que ha sumido en la pobreza y el paro a millones de hombres y mujeres concretos, el saldo, en México, es el reforzamiento, desde arriba, en clave de lenguaje de guerra, de la violencia y el miedo, dos núcleos duros explotados por los medios para generar más inseguridad y fragmentación social.

Superada la crisis epidemiológica y sanitaria, tras el anuncio oficial de que pese a los “programas contracíclicos” gubernamentales México ya había entrado en recesión luego de dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo –información que se retrasó de manera deliberada–, se consolida el escenario propicio para la “teoría del shock”.
Creada por el monetarista Milton Friedman, padre de los Chicago boys que introdujeron a sangre y fuego el neoliberalismo en el cono sur en los años 70, dicha doctrina es la historia no oficial del “libre mercado”. Un programa de ingeniería social y económica que Naomi Klein identifica como el “capitalismo del desastre”. Se basa en la aplicación de eventos violentos o traumáticos para infundir miedo, temor y pánico a los individuos, con el fin de debilitarlos y doblegarlos, y, en el contexto de la crisis, introducir impopulares medidas de choque económico, que pueden llegar acompañadas de represión en un estado de excepción.

El virus A/H1N1 existe. Su epicentro fue Perote, Veracruz, y el gobierno lo ocultó. Pero como dice el epidemiólogo Marc Siegel, el virus más poderoso es el miedo. Por otra parte, más allá de teorías comparativas, todos esos elementos de la doctrina del shock están presentes en México. Incluida la “terapia de choque económico”, según las palabras utilizadas la semana pasada en Estados Unidos por el titular de Hacienda, Agustín Carstens. Ante el Consejo de las Américas, en presencia de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el secretario dijo que “la terapia de choque funcionó” durante la emergencia del flu mexicano, y que el gobierno prepara “reformas estructurales adicionales” para la segunda parte del año.

A confesión de parte, relevo de pruebas. Después de las elecciones de julio –otros comicios de miedo– vendrá lo peor. Incluido, tal vez, un oportuno rebrote del virus A/H1N1. Nuestro Al Qaeda de ocasión. Habrá que ver cuánto de ese miedo nocivo que ha sido inoculado desde las instancias oficiales a través de los medios, se quedará en el fondo de la sensibilidad social y por cuánto tiempo. Es difícil saberlo ahora.

No obstante, a pesar de la fatalidad inducida en la hora, existen opciones para desplazar la guerra mediática manipuladora reproductora de la ideología dominante y llevarla al terreno de lo público. A los espacios comunes, a la calle, los parques, los foros abiertos y las universidades. Y, como dice Robinson Salazar, dado que el verdadero pavor reside en la subjetividad de los que mandan –en los grandes financistas, banqueros, empresarios y sus administradores de turno–, temerosos de la movilización popular y los sujetos rebeldes y libertarios, la mejor estrategia para romper con las ataduras mediáticas y los espantos engañosos de moda son la contrainformación, la organización y la participación, con un sentido de cambio profundo de las injustas estructuras. Por cierto, ¿qué habrá querido decir Fidel Castro con eso de que Calderón suspendió un viaje que ya había suspendido?

*Tomados de La Jornada.