Salvemos a la gente, más que a las finanzas públicas*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Mario Di Costanzo Armenta


El viernes 8 de mayo, en medio de la crisis por la influenza” y con la intención de que pasara desapercibido, Agustín Carstens reconoció que el “catarrito” se convirtió ya en una formal recesión económica y que este fenómeno viene además acompañado por una mayor inflación; es decir, que el incremento en el costo de la vida continuará durante el presente año.

Por ello, la Secretaría de Hacienda consideraba desde ahora tanto para la Ley de Ingresos como para el Presupuesto de 2010 la posibilidad de incrementar impuestos, reducir gasto social y aumentar el endeudamiento público.

En otras palabras; si Felipe Calderón se convirtió en el “salvador de la humanidad” por sus medidas contra la “influenza porcina”, el brillante titular de la Secretaría de Hacienda quiere convertirse en el “salvador de las finanzas públicas”, eso sí, ambos sacrificando a la gente y a su economía.

Así, en vez de pensar en cómo rescatar la economía de la gente sin la necesidad de seguir incrementando el costo de la vida, el titular de Hacienda propone desde ahora más impuestos.

Y vale la pena señalarlo porque si bien es cierto que los ingresos públicos han disminuido por el “catarrito”, también lo es que el gobierno continúa con grandes deficiencias tanto en el gasto público como en la recaudación de impuestos.

Así, por ejemplo, de acuerdo con cifras del Informe de Finanzas Públicas al primer trimestre del presente año, se observa que el llamado gasto corriente representó 77 por ciento del gasto realizado por el gobierno, es decir, que de cada peso que el gobierno gastó, 77 centavos fueron para el gasto corriente.

En este punto cabe señalar que mientras que la recaudación por el impuesto sobre la renta (ISR) y del engendro llamado IETU mostraron una disminución de casi 10 mil millones de pesos, el pago de sueldos en el gobierno se incrementó en 20 mil 750 millones de pesos, lo cual equivale al doble de lo que se perdió en recaudación. Cabe decir que este comportamiento atenta contra “las más elementales prácticas de salud mental”.

Claro que si revisamos el destino del pago de prestaciones que reciben los funcionarios públicos, tan sólo en el primer trimestre del año el “sector hacienda” se gastó un mil 403 millones de pesos por este concepto, y dentro de este rubro se encuentra tanto el seguro de separación individualizado como el seguro de gastos médicos mayores, destinados a funcionarios de muy alto nivel.

Por si esto fuera poco, y contrariamente a lo que había anunciado desde hace mucho tiempo “Felipe el Salvador” de adelantar el gasto público en inversión física, el gobierno registró un subejercicio, es decir, dejó de gastar 7 mil 543 millones de pesos, de los cuales la mitad fueron en inversión física. Así, por ejemplo, de un total de 32 mil millones de pesos aprobado como gasto para construcción, conservación y mantenimiento de carreteras en el Presupuesto de Egresos, al primer trimestre de este año se habían gastado sólo 5 mil 315 millones de pesos, es decir 16 por ciento.
Mas aún: de los 180 mil millones de pesos aprobados en “programas para la superación de la pobreza” (como abasto Diconsa, Oportunidades, Alianza para el campo, etcétera,) se han gastado 32 mil 125 millones de pesos, cifra que representa sólo 17 por ciento del total asignado.

Cabe señalar que esta cantidad resulta inferior a los 4 mil millones de dólares (54 mil millones de pesos) destinados hace unos meses para el rescate de Cementos Mexicanos (Cemex) empresa que muy probablemente durante el presente año “no pagará impuestos”.

Pero hay más: al primer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó 122 mil 661 millones de pesos de impuestos con una “baja probabilidad de cobro” debido a juicios contra grandes contribuyentes que seguramente perderá, a lo cual hay que añadir las devoluciones que ha realizado por concepto del ISR, nuevamente a grandes empresas y que ascendieron a 3 mil 875 millones de pesos.

Hay que añadir lo que se dejará de recaudar durante el presente año debido a los “regímenes especiales” que son utilizados por los “grandes holdings” para “eludir impuestos” (como “la depreciación acelerada de activos o el régimen de consolidación fiscal”) y que este año se estima permitirán la elusión aproximada de 60 mil millones de pesos.

Es un hecho que durante los próximos meses Agustín Carstens, “el salvador de las finanzas públicas”, propondrá el establecimiento del IVA a los alimentos y medicinas, junto con incrementos en la tasa del impuesto para depósitos en Efectivo (IDE) y del ya engendro llamado IETU.

Claro que para lograr este propósito deberá contar con el apoyo de los diputados que integren la próxima legislatura y de la composición de ésta dependerá su éxito o fracaso.

Por ello, en sus campañas políticas los actuales candidatos deberían dar pronunciamientos claros y contundentes sobre este tema y otros de índole económica.

Más aún: si los “actos públicos” se encuentran suspendidos, deberían sustituirse por “debates públicos” en universidades, en la televisión, en los periódicos y en las plazas. Deberían tener una amplia difusión en horarios accesibles para la gente, ya que los que promueve el IFE son insuficientes.

Porque a los electores le gustaría saber si de resultar ganadores los actuales candidatos de los partidos políticos optarán por salvar a la gente o preferirán seguir salvando las finanzas públicas.

*Tomado de La Jornada.