CNDH, una farsa para la impunidad

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha.

La ilegalidad, la mentira constante y la violación de la Constitución son el PAN de todos los días en México. La continuidad de los poderes fácticos en la escena nacional, la avaricia de las “instituciones” y su descrédito son también el PAN de todos los días.

Desde que el ratero Carlos Salinas de Gortari creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha sido más que un elefante blanco que gasta como ningún otro en el mundo. Pero no creamos que ha servido para nada. Su principal función y de ahí su permanencia es ocultar, disminuir o de plano negar la violación de las garantías individuales y constitucionales, irónicamente su único y fundamental sentido de ser.

Mucho ha abonado en lo contrario. Siempre del lado de los violadores y siempre en contra del interés ciudadano y por ende del de México. No pocas veces se ha denunciado su nefasto procedes en casos como el del asesinato por parte de militares de la anciana indígena Ascensión Rosario en la sierra de Zongólica en Veracruz, o la violación tumultuaria de mujeres en un bar de Castaños, Coahuila, o el asesinato de una familia –también por militares en La Joya Sinaloa, o la muerte de 65 mineros en Pasta de Concho, Coahuila. Y se podrían enumerar muchas causas más.

Todas las denuncias han caído en suelo infértil. La mayoría acalladas por los medios de comunicación paleros del desgobierno en turno. Por ello se ha recurrido en incontables ocasiones a las denuncias en tribunales y foros internacionales, pues la justicia en México no existe. La misma fue coptada por los mismos poderes fácticos que mantienen secuestrado al país desde hace décadas.

La Organización Human Rights Watch (HRW) en su informe “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), una evaluación crítica” cuestiona el “trabajo” de la mentada comisión. De entrada señala que tiene el mayor presupuesto del mundo autorizado a un organismo similar –casi mil millones de pesos anuales- y cuenta con mil empleados.

Sin embargo, para HRW los recursos no han servido para defender los derechos humanos de los mexicanos por la “interpretación notablemente acotada que hace de su mandato. Vemos ahí unas limitaciones autoimpuestas, y no hay una actitud preactiva sino conformista”.

Y agrega que:



“Cuando los militares cometen violaciones sexuales de mujeres, tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, cateos ilegales, entre otras graves violaciones a los derechos humanos, y tampoco ha exigido que en lugar de que sean llevados a la justicia militar, sean puestos bajo la autoridad civil, como lo establecen las normas internacionales y la propia Constitución.

“No ejerce al máximo su mandato para promover y defender los derechos humanos, cuando se trata de impulsar medidas para mejorar el pobre historial de violaciones a las garantías básicas, por medio de asegurar un recurso efectivo a las víctimas y de promover reformas estructurales. La actuación de la CNDH es decepcionante.

“La CNDH tiene herramientas muy poderosas, y desgraciadamente muchas veces no las usa para impactar realmente en la situación de los derechos humanos. Una de esas herramientas más eficaces es el seguimiento a sus recomendaciones”.

José Miguel Vivanco, director de HRW para América Latina, aseguró que cuando las recomendaciones de la CNDH no han sido atendidas ésta ha debido recurrir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacer un reporte pormenorizado de los casos. Para Vivanco “esa institución confunde muchas veces la legalidad –lo que está previsto en la ley mexicana– con las obligaciones jurídicas que en materia de derechos humanos México tiene ante la comunidad internacional. Puede invocar los tratados internacionales, pero no lo hace”.

El informe de 136 páginas es demoledor en lo sustantivo y resume lo que organismos y defensores de los derechos humanos han denunciado desde hace años. La pregunta es ¿para qué seguir manteniendo un organismo contrario a los intereses de México y a la función para la que fue creado? ¿Tendremos que seguir pagando a tanto corrupto?


En seguida un análisis tomado de la revista Proceso.



http://www.proceso.com.mx/

Leonardo Valdés y los votos


Octavio Rodríguez Araujo

En la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somee) participan los principales estudiosos del tema en nuestro país (yo sólo soy miembro honorario, que es una distinción por haber sido uno de los pioneros en los estudios electorales y de los partidos políticos en México). Es una sociedad muy prestigiada y Leonardo Valdés ha pertenecido a ella desde hace muchos años. Anteriormente, desde 1986, la Somee era el Grupo Especializado en Estudios Electorales (GEEE) del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso). En una de sus reuniones anuales, en Pachuca, Hidalgo, conocí a Leonardo Valdés Zurita, uno de los cuadros importantes de aquel grupo especializado. En esa reunión (1991) tuve un pequeño y amistoso enfrentamiento con él.

El punto a debate era relacionado con la validez de las estadísticas electorales. Mi argumento era que no había que tomarlas como ciertas si todos sabíamos que eran inventadas, parcial o totalmente. Las elecciones de 1988, todavía muy frescas en la memoria, habían demostrado que mi afirmación era correcta, el mejor ejemplo hasta entonces de datos inventados para que ganara Carlos Salinas de Gortari. La réplica de Leonardo Valdés fue que ésas eran las cifras y que con ellas teníamos que trabajar. Es decir, no las cuestionó, como dando a entender que lo oficial era lo válido y que, por lo tanto, no tenía sentido investigarlo o demostrar su falsedad. Interpreté que si se demostraba la falsedad de los datos electorales oficiales se invalidaría el objeto de estudio principal del Grupo Especializado en Estudios Electorales y éste perdería piso. Opté por no insistir pues, contra lo que pensaron algunos, no estaba interesado en que el GEEE desapareciera o se desprestigiara, sino simplemente en que se intentaran estudios que, además de lo que ya hacía el grupo, demostraran la falsedad de la estadística electoral o, si se prefiere, su inconsistencia.

Me vieron feo; sin embargo, algunos investigadores, como Silvia Gómez Tagle, han realizado pruebas de inconsistencias en la información oficial de las elecciones. Yo, por mi lado y al margen del GEEE, y luego de Somee, hice ejercicios semejantes que he publicado en algunos libros y artículos. Pero además, y gracias a mi amistad con altos funcionarios de gobierno del pasado, tuve experiencias interesantes, como aquella en que le pedí a un subsecretario de Gobernación que me hiciera el favor de proporcionarme la estadística por distrito de las elecciones en una entidad federativa. Me envió un cuadro y, al vaciarlo a una hoja electrónica de cálculo, los totales no coincidían con las sumas de votos. Le hablé y se lo dije, y entonces me envió otro cuadro, donde las cifras parciales por distrito fueron alteradas para que coincidieran con los totales. Me reí y ya no dije nada. Entendí que no me proporcionarían los datos reales. (Podría contar muchas otras anécdotas semejantes de cómo se elaboraban los resultados electorales, fenómeno que quizá no haya desaparecido hasta la fecha.)

Traigo a cuento estos recuerdos porque podría darse el caso de que, con Valdés Zurita en la presidencia del Instituto Federal Electoral (IFE), él intente seguir con su actitud (que yo llamaría oficialista, sin doble intención ni mala fe) de no cuestionar los resultados oficiales de las elecciones en México. Si fuera el caso, se correría el riesgo de que las boletas de la elección presidencial de 2006, única prueba probable de la presunción de fraude, sean destruidas sin dar oportunidad a la ciudadanía y a grupos de investigación de que sean contadas.

Aunque yo pienso que esas boletas ya han sido muy manoseadas, y quizá alteradas, la única manera de demostrar que Felipe Calderón no ganó la Presidencia (o que sí la ganó) es contando las papeletas en las que la ciudadanía eligió a su candidato. Para mí la evidencia del fraude es que tanto Felipe Calderón como sus voceros o simpatizantes, incluso en los medios intelectuales, así como los consejeros del IFE y los magistrados del tribunal electoral, se han negado a abrir los paquetes electorales y a que se cuenten los votos. Si estuvieran seguros del triunfo del ahora inquilino de Los Pinos, hubieran sido los primeros en aceptar que se contaran, incluso los primeros en proponerlo, como lo hicieron los ganadores por estrecho margen en otros países, destacadamente en Italia. Con base en la experiencia de Italia, uno podría haber esperado que Calderón, el presunto ganador de la contienda, fuera el más interesado en pedir que los votos fueran contados en su totalidad. Si estaba seguro de su triunfo no tenía nada que temer y, en esta lógica, el conteo lo hubiera ratificado y su legitimidad no hubiera sido puesta en duda. En las elecciones legislativas de Italia, de 9 y 10 de abril de 2006, en las que hubo una diferencia de 41 mil 289 votos en la elección de diputados, es decir 0.11 por ciento, y ante la impugnación de Silvio Berlusconi (perdedor), el ganador (Romano Prodi) estuvo de acuerdo en que se contaran los votos, y declaró: “No temo para nada que se invierta la situación. Hemos alcanzado tranquilamente la victoria” (La Jornada, 13/4/06).

¿Valdés y su elenco de consejeros priístas y panistas estarán dispuestos a que se cuenten los votos? Lo dudo, pues el flamante presidente del IFE, como he querido señalar, es partidario de dar por buenos los datos oficiales o, en otros términos, de no cuestionarlos. ¿Es de esperarse que ahora, más maduro, cambie de actitud y esté de acuerdo en aclarar, de una vez por todas, las dudas de la elección federal de 2006? Ojalá.