Medios y encuestas a modo para apuntalar venta de Pemex y CFE

Tomados de El Universal, Helioflores y Naranjo y La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha.

Como es costumbre en los sondeos de opinión realizados en México éstos son usados para conseguir manipular a la ciudadanía. En días pasados El Universal oficializó una marcada baja en la “popularidad” del pelele Felipe Calderón Hinojosa, pese a que se aumentó el gasto en publicidad en 90 millones de pesos durante el año pasado. La nota la dio a conocer en el puente vacacional, pero hoy martes salió con el cuento de que ya la recuperó.

Es decir en unos cuantos día pasó de una debacle de 11 puntos a una baja de 2. La explicación para los sesudos editorialista de este medio que busca una concesión de televisión es que la ciudadanía estaba espantada por el gasolinazo en noviembre, pero justo durante la “cuesta de enero” –cuando tuvieron que empeñar sus bienes en el Monte de Piedad- se dieron cuenta que no era para tanto y decidieron “calificar” de mejor manera al usurpador hasta lograr una de las cifras “más altas de su gestión”.

En esta ocasión, el aumento en la aprobación del Presidente se debe principalmente a que sumó puntos en el rubro de la aprobación dura (el conjunto de ciudadanos que manifiesta aprobar “mucho” su trabajo). La aprobación dura se sitúa en 19%, siete puntos porcentuales arriba de nuestra medición de noviembre del año pasado. Desde el inicio su mandato, el jefe del Ejecutivo federal no había recibido opiniones positivas de esa intensidad.

En menos de una semana el mismo medio da a conocer dos sondeos que son totalmente opuestos. Cualquiera sabe que esto no puede ser. Claro se dirá una encuesta fue levantada en noviembre y la otra en enero. ¿Entonces por qué la dieron a conocer hasta ahora y en periodo de asueto? ¿Es creíble que durante el mes más pesado del año se den opiniones favorables? No cabe duda que la manipulación –igual que sucedió en el sexenio del traidor y ladrón Vicente Fox Quesada- es un instrumento del PRIAN.

Para medir el descontento social no hay nada mejor que las expresiones de viva voz o escritas que se dan en las manifestaciones públicas, como las llamadas telefónicas a los noticieros, los correos electrónicos o las marchas y manifestaciones en contra de la mafia que se apoderó del país. Los sondeos más numerosos no cuentan ni con dos mil encuestados, mientras que en las manifestaciones públicas y populares participan decenas de miles de personas.

Todo el show forma parte de la embestida mediática para vender Pemex, la CFE y hacer el negocio millonario entre los de siempre.




La siguiente nota fue tomada del periódico La Jornada.




http://www.jornada.unam.mx/

Demanda AMLO espacios para la defensa de PEMEX


Envía una carta a dueños y directores de medios de comunicación

“Espero que se abra un debate que impida la privatización”, sostiene

El despojo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, dice


Enrique Méndez

Andrés Manuel López Obrador envió ayer cartas a los presidentes y directores de empresas de radio, televisión y periodísticas para solicitar tiempos y espacios en los que él y los colaboradores del “gobierno legítimo” ofrezcan los argumentos en el sentido de que no existe ninguna justificación técnica o financiera para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex).

Afirmó que la reforma energética tiene como única motivación “el afán de lucro de una minoría rapaz que quiere apropiarse de bienes y recursos de todos los mexicanos”, y que “el despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta” o de que se afecte la estabilidad política y social del país.

En conferencia de prensa, el ex candidato presidencial leyó –y posteriormente firmó– la carta que directamente le envió al presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, y confió en que los concesionarios y propietarios de los medios le brinden tiempos y espacios “para hacer uso del derecho a la información y dar a conocer al pueblo de México nuestros argumentos técnicos, económicos, políticos y sociales”.

Bien de la nación, en riesgo

En las misivas, López Obrador asegura que, de conformidad con la Constitución, el petróleo no es del Estado ni del gobierno, sino que pertenece a la nación y no puede ser entregado con una reforma a la legislación secundaria.

“De imponerse esta reforma, se perdería la posibilidad de utilizar el petróleo para industrializar a México, generar empleos y convertir al país en una potencia energética”, señala.

Considera que si se entrega la renta petrolera a particulares, nacionales y extranjeros, no habrá forma de mejorar las condiciones de vida y de trabajo y se cancelaría la posibilidad de transformar al país por la vía pacífica.

“El despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, lo cual nos puede llevar a más sufrimiento, inestabilidad política y social, el predominio del uso de la fuerza y no necesariamente a la emancipación del pueblo”, afirma.

Hasta el momento, aseguró, los promotores de la reforma se han negado a discutir el asunto “y con gran irresponsabilidad” están decididos a votarla en el Congreso e imponerse “mediante la cooptación, los acuerdos cupulares, el control de los medios y el mayoriteo legislativo”.

Por esa razón, expuso, se solicitan los espacios informativos, de debate y análisis en radio, televisión y periódicos. “Queremos que la gente asimile, cada vez más, que las acciones de resistencia civil pacífica tienen como propósito impedir que se cometan injusticias y violaciones a la Constitución, y evitar a toda costa la violencia”, indica.

López Obrador designó a su vocero, César Yáñez Centeno, encargado de concertar las entrevistas con aquellos medios de comunicación que respondan a las cartas. “Espero que se abra el debate en los medios”, dijo en respuesta a una pregunta de si con esta estrategia espera que se rompa el “cerco informativo”.

Porque, dijo, no se trata de un tema menor y todos los mexicanos tienen derecho a expresar su punto de vista sobre una reforma “que no se puede manejar en sigilo, en las cúpulas; se tiene que ventilar”.

Insistió en que es evidente la existencia de un acuerdo “arriba, entre PRI y PAN”, que sólo esperan “el mejor momento para cometer este acto de traición a la patria”.

–¿De dónde vendría el riesgo de la violencia? –se le preguntó.

–En la carta está bastante claro lo que planteamos. Nosotros no queremos la violencia, éste es un movimiento pacífico.

–¿Existe esa posibilidad?

–Es que si se entrega el petróleo a extranjeros no habría la posibilidad de mejorar las condiciones de vida del pueblo y, como aquí lo expresamos, quedaría latente el riesgo de la confrontación violenta, que desde nuestro punto de vista no conduciría a nada bueno.

“Por eso debemos evitar que se lleve a cabo esta acción totalmente irresponsable. No puede ser que, por el afán de lucro de unos cuantos, se ponga en riesgo la estabilidad política y social del país.”


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En seguida un reportaje tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

Devolución inminente

Juan Gasparini Y Homero Campa

Luego de 12 años de litigio, Raúl Salinas de Gortari está a punto de recuperar los más de 130 millones de dólares que depositó en bancos de Suiza y que la justicia de ese país mantiene congelados por su presunto origen ilícito. El juez de la causa, Paul Perraudin, determinó que no puede seguir reteniendo esos fondos, por lo que se apresta a entregarlos a las autoridades mexicanas, que, por su parte, ya hicieron la solicitud formal del dinero a su contraparte suiza.

GINEBRA.- Después de un intrincado proceso judicial de 12 años, Paul Perraudin, juez de instrucción federal de Suiza, se dispone a entregar al gobierno de México 130 millones 790 mil dólares depositados en diferentes cuentas de la banca helvética por Raúl Salinas de Gortari –hermano del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari– y por su esposa, Paulina Castañón.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Proceso, el juez Perraudin ya tomó la decisión y firmará el auto de remisión a México de los fondos en el transcurso de este mes.

Desde abril de 2007, el propio Perraudin comunicó a la Procuraduría General de la República (PGR) su disposición de enviar el dinero a México, pero era necesario que esta dependencia se lo solicitara formalmente. En la tercera semana de diciembre pasado, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, firmó la petición de entrega de esos fondos. Lo hizo después de que viajó a Ginebra y sostuvo una reunión con Perraudin.

Según las fuentes citadas, a partir de la eventual transferencia del dinero a México, la PGR debe decidir si lo confisca o se lo restituye a Raúl Salinas, contra quien mantiene un juicio por el delito de enriquecimiento ilícito.

La justicia suiza sostuvo que el dinero de Salinas –originalmente 105 millones pero que aumentó a 130 millones 790 mil dólares debido a los intereses acumulados durante 12 años– procedía del narcotráfico y el desvío de recursos del erario mexicano. Por ello, en noviembre de 1995 lo acusó de los delitos de “tráfico de drogas, lavado de dinero, desviación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos y falso testimonio”, según se asienta en varias actas y requerimientos que forman parte del “procedimiento judicial” número P79130/94 realizado en ese país.

Pasaron casi siete años y las acusaciones no pudieron ser acreditadas. En mayo de 2002, el juez Perraudin transfirió la investigación del caso a las autoridades mexicanas. Argumentó que no podía continuar en su país con la investigación sobre el origen del dinero, ya que éste fue enviado desde sucursales de bancos mexicanos, y debido a la dificultad para que testigos rindieran declaración en Suiza. Un mes después –junio de 2002–, las autoridades helvéticas enviaron a México el voluminoso expediente del caso, formado por casi 300 carpetas.

Sin embargo, el juez Perraudin determinó que los recursos incautados “no serán remitidos al Estado requerido (México) más que bajo la presentación de una demanda formal (de entrega) que responda a las exigencias de la ley” helvética, según las cuales tendría que comprobarse el origen ilícito de los fondos o bien enjuiciar a los responsables de los delitos que se imputan, señala uno de los documentos del expediente.

Pero en México las acusaciones contra Raúl Salinas se fueron desmoronando. En julio de 1997, el juez tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de México desechó la acusación en su contra por lavado de dinero debido a “falta de pruebas”. En octubre de 2004, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca lo absolvió del delito de peculado. Un año después –junio de 2005–, ese mismo tribunal le concedió un amparo que, en los hechos, lo absolvió del delito de homicidio contra Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, por el cual pasó 10 años en la cárcel.

Luego, en mayo de 2006, la Corte de lo Penal de París, Francia, anuló la acusación en contra de Raúl Salinas y su excuñada Adriana Lagarde por el delito de “lavado de dinero producto del narcotráfico” que la justicia de ese país investigó durante 12 años.

El efecto filipino

En 1998 ocurrió un hecho aparentemente ajeno al caso Salinas pero que terminó por influirlo: la Corte Superior de Suiza decidió repatriar a Filipinas 683 millones de dólares incautados desde 1986 en bancos helvéticos al expresidente de ese país, Ferdinand Marcos, y a su esposa Imelda Marcos. En la resolución de este caso, la Corte sentó jurisprudencia, pues dispuso de un plazo máximo de 12 años para mantener incautado dinero sujeto a investigación por su presunto origen ilícito.

Tal plazo se cumplía en 2007 para el dinero incautado a Salinas y Castañón.

El 4 de abril de 2007, Perraudin recibió en su oficina al representante legal de México en Suiza, Maurice Harari, y “al nuevo jefe de la Cooperación Internacional de México”, según alude el documento RR.2007.77 del Tribunal Penal Federal, el cual, sin embargo, no precisa el nombre del funcionario.

De acuerdo con una fuente que conoció el contenido de la reunión, Perraudin dijo a los representantes del gobierno de México que la justicia suiza no podía mantener congeladas de manera indefinida las cuentas bancarias atribuidas a Salinas y Castañón. Habían pasado cinco años desde que la PGR había aceptado que el caso pasara a sus manos. Les advirtió que Salinas y Castañón podrían utilizar el plazo de 12 años que la Corte Superior de Suiza fijó para el caso de Ferdinand e Imelda, y lograr la restitución del dinero sin que el gobierno de México hubiera tomado iniciativa alguna. La morosidad de la PGR provocaría un escándalo, les alertó.

De hecho, en mayo de 2007 Paulina Castañón interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Penal Federal para recuperar el dinero de dos de las 17 cuentas incautadas en ese país.

La primera cuenta es la 1.311.690 del Banqué Privée Edmond de Rothschild, en Ginebra. El depósito incautado es de 18 millones 500 mil dólares. El titular de la cuenta es la empresa Dozar Separate Property y sus beneficiarios son Raúl Salinas, Paulina Castañón y las hermanas Andrea y Paulina Díaz Ordáz, hijas de Paulina Castañón y Alfredo Díaz Ordaz Borja, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

La segunda cuenta es la número 55.911 del banco UBS de Zurich, a nombre de Castañón y cuya beneficiaria es su hija Paulina Díaz Ordaz. El depósito es modesto: 1 millón 500 mil dólares.

En su apelación, la esposa de Raúl Salinas acusó al juez Parraudin de no ofrecer “todas las garantías de independencia e imparcialidad”. Y aludió a la reunión que el 4 de abril el juez suizo sostuvo con el abogado Harari y con “un representante del gobierno mexicano”. Aseguró que de dicha reunión se enteró “por casualidad”.

En ese documento, Castañón sostuvo la versión ya difundida por Raúl Salinas: que el dinero depositado en los bancos suizos es propiedad de un grupo de empresarios mexicanos y que una parte de dicho dinero le fue transferida por Raúl en virtud un acuerdo matrimonial.

Sin embargo, el pasado 29 de octubre, el Tribunal Penal Federal emitió el decreto RR.2007.77 en el que desechó el recurso interpuesto por Castañón con el argumento de que ella no documentó su alegato. Además, rechazó las acusaciones contra Perraudin.

A partir de ello, el juez suizo retomó el contacto con la PGR. Reiteró que estaba dispuesto a enviar el dinero a México, pero que requería una solicitud formal. Fue entonces cuando el subprocurador Santiago Vasconcelos firmó en diciembre pasado el pedido de entrega.

La partida secreta

Entre el 3 de noviembre de 1995 y el 28 de agosto de 1996 el Ministerio Público suizo incautó el dinero de Salinas depositado en 17 cuentas de los siguientes bancos: Pictet, Rothschild, Julius Bär, Citibank, Banque Genevoise de Gestion y SBS (convertido posteriormente en UBS). La incautación incluyó 25 millones de dólares detectados en Inglaterra, cuyo titular es la sociedad Trocca LDS, que Salinas controlaba desde otra cuenta abierta en Zurich.

De acuerdo con la investigación suiza –contenida en diversos documentos que integran el “procedimiento judicial” número P79130/94–, el presunto origen de dicho dinero fue el narcotráfico y el desvío de recursos del erario mexicano.

Por ejemplo, el decreto A.153/2002/col, emitido por el Tribunal Federal de Suiza el 10 de septiembre de 2002, establece que las investigaciones en este país “apoyan la sospecha de que el clan Salinas –integrado por el expresidente (Carlos Salinas), su hermano Raúl, otros miembros de su familia, pero también por oficiales de las fuerzas armadas y autoridades locales– montó una organización estructurada con el fin de facilitar el tráfico de cocaína producida en Colombia y destinada a Estados Unidos a través de territorio mexicano”.

Y agrega: “A cambio de las ventajas ofrecidas, el clan Salinas habría percibido remuneraciones importantes, de las que una parte habrían sido derivadas a Suiza por Raúl Salinas de Gortari”.

En lo que se refiere al desvío de recursos del erario mexicano, el citado dictamen RR.2007.77 del Tribunal Penal Federal suizo –que rechazó el recurso de apelación de Castañón– apunta que Raúl Salinas “habría abierto, bajo el nombre de Rolando Gutiérrez García y/o Juan José González Cadena” una cuenta en el banco Somex y dos más en Banca Cremi por un monto de 200 millones de dólares. “Estas cuentas habrían sido alimentadas con fondos públicos” durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Según este documento, la PGR mantenía una investigación sobre estos hechos, por lo que desde el 21 de diciembre de 2001 presentó a las autoridades suizas una “demanda de interacción judicial”.

En el expediente aparece además un documento fechado el 6 de mayo de 2002 que María de la Luz Lima Malvido, entonces subprocuradora de Coordinación y Desarrollo, envió al juez Perraudin para solicitarle que mantuviera congeladas las cuentas de Salinas y Castañón. Según la funcionaria, “existen elementos de prueba que permiten establecer fehacientemente” que fueron desviados recursos de la partida secreta de la Oficina de la Presidencia durante la administración de Carlos Salinas.

En ese documento se indica que el director general de Administración de la Presidencia durante el gobierno de Salinas, Ernesto Sentíes Hoyos, y su secretaria, Araceli Vázquez Alanís, triangularon depósitos de dinero a cuentas de Somex y Banca Cremi, cuyos titulares eran Juan José González Cadena y Rolando Gutiérrez García, ambos sobrenombres utilizados por Raúl Salinas.

Cuando en mayo de 2002 el juez Perraudin transfirió la investigación del caso a la PGR, ésta mantenía el juicio contra Raúl Salinas por peculado. Debido a que un juez federal lo absolvió de este delito, la dependencia no puede usar los argumentos de la justicia suiza para confiscar al hermano del expresidente de México el dinero que Perraudin enviaría de Suiza.

Más aún, la causa pendiente de Raúl Salinas –enriquecimiento ilícito– no tiene relación alguna con el dinero incautado por la justicia helvética, pues se trata de 40 inmuebles y una docena de cuentas bancarias aseguradas en México que suman un total de 174 millones de pesos y que Salinas presuntamente omitió en sus declaraciones patrimoniales presentadas entre 1982 y 1992.