progressif

lunes, febrero 04, 2008

Descaro "institucional" ante venta de Pemex






Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.


De la misma forma en que hace más de una década la nacionalizada banca fue vendida con el pretexto de “democratizarla”, ahora toca el turno a la CFE y Pemex , que pretenden ser vendidas por medio de la Bolsa Mexicana de Valores, para que “todos” los mexicanos puedan ser sus“verdaderos” dueños.

Una mentira más, pues queda claro que de esta forma no se sabrán en el corto plazo los nombres de quienes serían los dueños. Aunque tomando en cuenta la experiencia de la banca se sabe que serían los mismo de siempre. Carlos Slim, Bimbo, Maseca, Televisa, TV Azteca, los emporios petroleros como Halliburton, etc.

Todo está listo para que en una abrir y cerrar de ojos los mexicanos seamos despojados del último bastión de soberanía nacional. Ningún país del mundo desarrollado ha entregado sus áreas estratégicas a extranjeros. Recordemos cuando Telmex intentó comprar a la compañía telefónica italiana. Fue vetado e inversionistas locales decidieron unirse para adquirirla.

En cambio en México el grupo de pandilleros que tomó por asalto las “instituciones” hace décadas persiste en la venta indiscriminada del país y sus recursos, con el único objetivo de incrementar sus fortunas o hacer nuevas –como en el caso del pelele Felipe Calderón Hinojosa, quien dirá después de 2012 que fue rico desde siempre- y repartirse el pastel entre los menos posibles.


Para ello está puesta en marcha una estrategia mediática con apagones eléctricos incluidos que “inducirán” a los ciudadanos a repetir como loros que lo mejor para el país es que vendan los energéticos para que sean “cada vez más nuestros”. En concordancia la información pública que deberían entregar las dependencias es menor y continuará así. Sin importar que la Ley de Acceso a la Información Pública exija que de toda reunión de servidores públicos se tenga registro, se ha incrementado la cantidad de veces en que se contesta a los peticionarios de la misma que no existe registro alguno. Todo con el aval del IFAI, el elefante blanco encargado de hacer cumplir dicha ley. Ningún espacio informativo da seguimiento a tal saqueo y se cumplió mas de un mes desde que Televisa y el grupo español PRISA sacaron del aire a Carmen Aristegui, la única voz en el cuadrante que evidenciaba la rapiña de las clases política, eclesiástica y empresarial.

Para muestra está el botón de que ante la muerte del sacerdote pederasta Marcial Maciel ocurrida en días pasados, el reconocido encubridor de pederastas cardenal Norberto Rivera Carrera expresó sus condolencias y reconocimiento a la orden de los Legionarios de Cristo –de la que fue fundador-, de cuyas escuelas ha habido denuncia oportuna por casos de pederastia. Todo ello bajo el manto protector de los electrónicos medios de comunicación, que no tocarán el asunto ni por equivocación. ¿Democratizar Pemex? ¿Democráticos los medios de comunicación? ¿Apego al Estado de derecho, cuando los encargados de hacerlo valer sn los primeros en violentarlo? ¿Cuántos agravios más aguantará la ciudadanía?





El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.










Ejército, escepticismo


jorge carrasco araizaga

México, D.F., (apro).- Una de las principales deudas del Estado mexicano con los derechos humanos se encuentra en el Ejército.

Aunque en distintos momentos de la historia reciente del país el Ejército ha intervenido en crisis políticas y sociales por órdenes del poder político, los excesos cometidos por militares en contra de la dignidad humana no han sido siquiera investigados.

La fiscalía para delitos del pasado, de triste memoria, evitó a toda costa indagar y consignar a los efectivos militares –oficiales y tropa– que participaron en violaciones a los derechos humanos durante la llamada “guerra sucia” en México, sobre todo en Guerrero.

Más que por compromisos con el PRI para no enjuiciar a los jefes políticos –presidentes o secretarios de estado–, el gobierno de Vicente Fox soslayó el tema para no confrontar a los militares.

Felipe Calderón tiene todavía mayores razones para detener cualquier acción encaminada a evidenciar el pasado de graves violaciones a los derechos humanos del Ejército.

Las Fuerzas Armadas, de las cuales el Ejército es su principal componente, pues supera en efectivos a la Marina, constituyen el pilar del combate al narcotráfico, que se ha convertido en la principal política de Calderón.

El encargado del Ejecutivo federal no hará nada que vaya en contra de la imagen de sus principales aliados políticos, los militares. A lo más, cubrirá las formas en los casos de las violaciones a la dignidad humana que hasta ahora han cometido miembros del Ejército en el combate al narcotráfico. Pero los agravios siguen sin castigarse.

Sin embargo, tarde o temprano tendrá que hacer frente a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicanos en materia de derechos humanos, en particular los delitos ocurridos el pasado.

La próxima semana estará en México la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, y en vísperas de su llegada, la oficina de la PGR que asumió las funciones de la fiscalía del pasado habrá realizado una diligencia para investigar si hay restos humanos en lo que fue el Campo Militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero.

En ese lugar tuvo lugar el mayor número de detenciones y desapariciones de personas que presuntamente fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.



La diligencia, que nunca fue realizada por la fiscalía, se hará a pocos días de que Arbour vaya a Guerrero. Vaya casualidad.

Detrás de esa acción hay todavía una razón de mayor peso. En la actualidad, el Ejército mexicano es investigado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla, precisamente en Atoyac durante la “guerra sucia”.

La maniobra es clara: el gobierno de Calderón quiere decir a la comunidad internacional que está trabajando para esclarecer las violaciones del pasado.

La retórica del respeto a los derechos humanos estará seguramente en los discursos oficiales en este mes en que el Ejército toma posiciones públicamente. Primero, el día 13 celebrará “la marcha de la lealtad”, y luego el 19 conmemorará su día.

Serán días de grandilocuencia discursiva sobre la lealtad institucional del Ejército. Y por casi un siglo así ha sido, a pesar de la alternancia en el Ejecutivo federal.

Pero ese mérito ha tenido un alto costo social: la impunidad. (1 de febrero de 2008)

jcarrasco@proceso.com.mx

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