Poderes fácticos el real enemigo de México

Tomados de La Jornada, Hernández, Rocha y El Fisgón y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Todos los actores políticos están de acuerdo en que las reformas al Estado, hacendarias y energéticas son necesarias, pero el tipo, el contenido y la forma de las mismas son los temas en los que difieren. Y no es poca cosa.

Mientras para los grupos de poder –los poderes fácticos, que apoyan al usurpador Felipe Calderón Hinojosa- las reformas del Estado no deben tocar el actual sistema de partidos y la estructura de control sindical y de programas sociales. Para analistas nacionales e internacionales el corporativismo sindical, la falta de democracia dentro de los sindicatos y el uso faccioso de programas sociales son un lastre para el crecimiento de México.

La reforma hacendaria que impulsa Agustín Carstens –conocido también como “la Tonina”- pretende seguir exprimiendo a los causantes cautivos mediante la aplicación de IVA a alimentos y medicinas, además de gravar los salarios de los trabajadores que tienen los menores ingresos del país. Para los opositores bastaría con que se cobrara el IVA y el ISR a los grandes empresarios –de la misma manera en que cualquier trabajador los paga- y acabar con el sistema de privilegios que actualmente garantiza a un empresario que gane 500 millones de pesos o más un pago de 67 pesos en un año. También se tendrán que acabar los fideicomisos, donde cada dependencia, secretaría, o miembros del poder judicial o legislativo, hacen sus guardaditos de miles de millones de pesos para repartírselos entre los altos cargos.

Las modificaciones constitucionales que pretende el pelele en materia energética llevarían a la privatización del sector mediante la venta en los hechos, tal vez no en la “forma” de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Lo que ocasionaría el incremento de gasolinas, luz, gas, etc., como ha ocurrido en otros países. Para los opositores la reforma energética tendría que apuntar hacia la reestructuración de Petróleos Mexicanos a fin de que con sus propios recursos se modernice creando nuevas refinerías que traerían el abaratamiento de los combustibles, además de posibilitar nuevas exploraciones. En cuanto a la electricidad se fortalecería la industria eléctrica acabando con el saqueo que hacen grandes y pequeños particulares, que a ojos vistas roban la luz, con la complicidad –dinero de por medio- de funcionarios de todos los niveles.

Es tan inviable el modelo actual de país que organismos como el Banco Mundial y la OCDE han publicado en varias ocasiones –también durante el des gobierno del traidor y ladrón Vicente Fox Quesada- estudios que recomiendan acabar con la corrupción e inequidad que priva en México.

En el análisis del Banco Mundial titulado “México: más allá de la captura del Estado y la polarización social”, el organismo internacional destaca lo siguiente:

"Las distorsiones en políticas públicas que aún persisten se deben a la influencia excesiva de grupos de interés como algunos sindicatos de trabajadores del sector público y elites económicas, que median y a veces capturan la relación entre el liderazgo político y los ciudadanos en general (en su capacidad de votantes).

“La influencia de estos grupos se debe en parte a su capacidad de intervenir en el diseño de políticas públicas, en especial para atacar u obstaculizar funciones o fuentes de ingreso clave para el Estado, o a la de comprar el apoyo de políticos con su influencia financiera”.

El documento asegura que es poco probable que la falta de reformas estructurales se deba a un gobierno dividido, más bien indica que: "la dificultad para aprobar las reformas parece limitarse a ciertos costos de política donde los intereses creados son poderosos".

El organismo afirma que se pueden tomar medidas efectivas para controlar la influencia de grupos poderosos. La forma sería “fortalecer la rendición de cuentas electoral en a través de medidas de transparencia que permitan que el público en general escrute la conducta de los políticos”.

Hasta aquí el documento.

La realidad es que ayer esos grupos de poder se hicieron presentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ejercer su influencia y tratar de evitar que este poder de la Unión declare inconstitucionales varios artículos de la ley Televisa, que protege el oligopolio de las televisoras y radiodifusoras en el país.

También la realidad es que el espurio dio mayor control de los recursos públicos en educación al sindicato charro de la asesina y corrupta Elba Esther Gordillo, quien no se ha cansado de gritar a los cuatro vientos que colaboró –más bien copto, compró e hizo fraude mediante el IFE- para que “ganara” el pelele Calderón Hinojosa.

Un sindicato que ha sido cuestionado y acusado de ser el principal causante de que el nivel educativo del país se encuentre en el último lugar de los países miembros de la OCDE.

Otra realidad es que los principales empresarios del país –esos que destacan en las listas de los hombres más ricos del mundo y del país publicadas por la revista Forbes- no pagan impuestos, ni IVA, ni ISR. Todo esto dicho por las propias autoridades.

Que el Banco Mundial haga este tipo de señalamientos de manera insistente al igual que la OCDE, indica el grado de descomposición política e institucional de México, pues recordemos que ambos organismos son emblemas del neoliberalismo y de las políticas económicas contrarias al bien de los países más pobres.

Esos son los hechos y ese es el México de hoy.





El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.


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El Yunque muestra los dientes

Álvaro delgado

México, D.F., 14 de mayo (apro).- La derecha es, por definición, intolerante porque no tiene ideas, sino dogmas, y cuando es exhibida tal cual en el ejercicio del poder, con su ineptitud consustancial, reacciona con autoritarismo análogo, sobre todo si de periodistas se trata. Guanajuato es, hoy, el mejor ejemplo de ese talante que se extiende a todo el país.

Resulta que, el viernes 11 de mayo, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Gerardo Mosqueda Martínez, insultó y amenazó a los directores de los periódicos a.m., de León, y Correo, de la capital del estado, porque cometieron la osadía de informar sobre la reunión que --nueve días antes-- tuvo con delegados federales --la mayoría identificados con Felipe Calderón--, a quienes exigió subordinarse a las órdenes del gobernador Juan Manuel Oliva.

En el encuentro del 2 de mayo, Mosqueda Martínez recordó que Oliva pudo haber ganado la gubernatura con 700 mil votos menos de los que obtuvo, pero Calderón no hubiera oficialmente ganado la presidencia de la República sin esos votos, con lo que quiso cobrarle cuentas al gobierno federal.

Como Oliva está enojado porque Calderón no lo tomó en cuenta para la designación de delegados federales en Guanajuato, porque forman parte de la pandilla antagónica del PAN en el estado, entonces Mosqueda les “leyó la cartilla” a esos funcionarios y los quiso subordinar a sus órdenes.

“Yo estoy acostumbrado a que 2 por 2 son 18, porque 2 por 2 igual a 4 no me sirve, yo quiero delegados que me den 18. No me sirve quien diga: ‘Espérame, dame tres meses, a ver qué dicen mis jefes’. Yo sé que tienen un patrón, pero yo quiero que vean por Guanajuato, porque ver por Guanajuato es ver por México”, les advirtió.

“Si alguien quiere jugar por su cuenta, pues está en plena libertad, este es un estado libre y soberano, pero no nos interesa hacer rompecabezas, es muy difícil, a mí no me gustan, a mí lo que me interesa es hacer trabajo en equipo”, dijo Mosqueda.

Advirtió: “Queremos aliados de primera, porque nos interesa tratarlos como lo que son, como funcionarios de primera.”

Mosqueda fue prolijo en su amplia exposición ante los delegados y los periódicos a.m y Correo la recogieron en sus páginas, que luego el funcionario quiso desmentir, sobre todo el referido a la contribución de Oliva a Calderón: “Yo lo que dije fue que en el resultado del proceso electoral en Guanajuato, el candidato, hoy gobernador, le apostó a la expectativa de los ciudadanos y en la diferencia tan altísima de votación que favoreció el triunfo de Acción Nacional, a nivel nacional.”

Obviamente las palabras del funcionario tuvieron consecuencias políticas, sobre todo soterradas, y se reanudó la confrontación entre la facción de Calderón, minoritaria en Guanajuato, y la hegemónica de la que forma parte Oliva: La ultraderechista Organización Nacional del Yunque, a la que pertenece Mosqueda y cuyo seudónimo es Veckemans, en honor del belga sacerdote colaborador de la CIA y artífice del golpe de Estado a Salvador Allende.

Por ello Mosqueda --quien por cierto no es panista, sino ¡priista confeso!-- la emprendió contra Enrique Gómez, director del diario leonés a.m., y Arnoldo Cuéllar, de Correo, a quienes tildó, indistintamente, de “pendejos”, estúpidos”, “esquizofrénicos”, “faunos rastreros”, “extorsionadores”, “bueyes”, explotadores”, y les advirtió que no quiere tener trato con ellos.

“Yo no quiero seguir tratando con directores de medios que explotan a sus reporteros, que los manipulan, que les tasajean las notas, que les ponen cabezas a cuerpos de notas que no tienen nada que ver entre la nota y la cabeza de las mismas”, expresó Mosqueda, quien aseguró que a los reporteros se les trata “como bueyes” y les pagan poco.

Todavía insistió: “Cuando dos faunos como los que ya mencioné se empeñan en modificar la realidad, pues tendrán a un amigo secretario general de Gobierno que se empeñará en echarles una manita para regresarlos a la realidad y eso es lo que he intentado hacer hasta el día de hoy.”

¿Las expresiones de Mosqueda fueron desautorizadas por el formalmente gobernador Juan Manuel Oliva? Claro que no, porque forman parte de la estrategia de intimidar, primero, y luego, si no se obtienen los resultados disuasivos esperados, proceder de otra manera, con la represión abierta.

No hay que perder de vista quién es Mosqueda Martínez: Además de estar involucrado en el asesinato de dos jóvenes en el Cerro del Cubilete, en 1975, ya como militante de El Yunque, fue coordinador general de delegaciones de la Secretaría del Trabajo con Carlos Abascal y, como tal, nombró al delegado en Coahuila, Pedro Camarillo Adame, actualmente fugitivo por ser presunto responsable de la muerte de 65 mineros de Pasta de Conchos.

Mosqueda, subsecretario con Francisco Xavier Salazar, es uno de los ideólogos y jefes de El Yunque, junto con Elías Villegas --cuyo seudónimo es “Pedro”-- vicegobernador de facto en Guanajuato, donde esa organización secreta domina todos los ámbitos de la vida pública, incluyendo la iniciativa privada, la educación y los sindicatos.

No es cosa menor la insolente conducta de Mosqueda contra los directores de ambos diarios de Guanajuato, porque representa un mensaje --ciertamente más estridente-- que del gobierno de Calderón, quien también trata de intimidar y liquidar a los críticos. No hay que olvidar que, apenas se inició la gestión federal, el vocero de Calderón, Maximiliano Cortázar, advirtió al periodista José Gutiérrez Vivó que estaba “castigado” y que la relación mejoraría “si se portaba bien”.

Hay otros ejemplos de cómo Calderón, Francisco Ramírez Acuña y otros prominentes miembros del gobierno federal, como antes Vicente Fox y Marta Sahagún, amenazan, intimidan y proceden contra medios y periodistas que no les son incondicionales, a menudo por la vía del boicot publicitario, como si los recursos públicos fueran de su patrimonio.

Cierto: Calderón no es militante juramentado de El Yunque, como Mosqueda, Oliva y Manuel Espino, presidente nacional del PAN, pero son ramas del mismo tronco derechista dogmático, intolerante y represivo.

Lo bueno de lo malo en el caso de Guanajuato es que Mosqueda Martínez y su jefe Oliva han hecho público el empeño represivo contra dos diarios. El embate que padecen medios y periodistas en otros estados es sordo, pero igualmente peligroso: Querétaro, Tlaxcala, Yucatán, Baja California, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí…

Apuntes

A propósito: Qué diferente comportamiento muestra la derecha ante las cadenas de televisión, sobre todo Televisa: Calderón, está documentado, se subordinó para asaltar la Presidencia de la República, a pesar de todas las ilegalidades, muchas de ellas cometidas en Guanajuato o en Yucatán, donde se celebra un torneo de trampas entre priistas y panistas. De los priistas ya lo sabemos: Jamás han depuesto las prácticas de defraudación. ¿Pero no era el PAN el partido de la legalidad, la moralidad y la ética política? Apenas la semana pasada platiqué con el gobernador de Yucatán, Patricio Patrón, y ante las acusaciones de que se gesta una elección de Estado el domingo 20, aseguró que su gobierno es impoluto. ¿Por qué las acusaciones cruzadas de defraudación?, le pregunté. “¡Somos un país de cínicos!” A confesión de parte…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx