Más mentiras de la jerarquía católica

Tomados de La Jornada, Hernández, Rocha y El Fisgón y El Universal, Helioflores y Naranjo.

No cabe duda que en la lucha por el poder ni los PRIANistas, ni la Iglesia católica, dejarán a un lado la guerra sucia implementada desde el año pasado para robarse la elección presidencial y presentar a todos los que no comparten sus intereses –no los espirituales- como dictadores.

Se trata de la misma campaña de odio puesta en marcha por el PRIAN y apoyada decididamente por la jerarquía católica, que teme perder la serie de canonjías acumuladas desde el sexenio del transa Carlos Salinas de Gortari y elevadas sustancialmente por el traidor y ladrón Vicente Fox Quesada.

A menos de un mes de que el usurpador Felipe Calderón Hinojosa asaltara Los Pinos, el presidente del Episcopado mexicano, Carlos Aguiar, afirmó a la revista Proceso (1574) que con base en los compromisos asumidos por el pelele la Iglesia exigirá acceso a la educación pública, a los cuarteles, a los medios de comunicación, etc. Para lograrlo implementarán un frente para “clarificarles” a diputados y senadores qué es la libertad religiosa.

“Fundamentalmente –señaló en esa entrevista, solicitarán- que se modifique el artículo 24 constitucional, que garantiza la libertad de culto y de creencia. Queremos que ese concepto se amplíe por el de libertad religiosa como lo estipula la ONU, y donde ya se abarca todo el derecho humano a la expresión, asociación, gestión y servicio de una fe”.

El fin es tener acceso irrestricto a escuelas, hospitales, reclusorios, cuarteles, medios de comunicación y por lo tanto la política del país. Aunque se declara respetuoso del Estado laico, intenta dirigir, no sólo desde los púlpitos, sino desde la radio y televisión a la ciudadanía como lo ha hecho en elecciones estatales, federales y municipales, además de ocultar y deformar acusaciones sobre mal manejo de fondos, pederastia, homosexualismo y la falta de castidad de sus miembros. Temas, siempre, a los que da la vuelta y se ampara en el respeto a la intimidad, aunque la Iglesia católica sea la primera en atacar a los que considera sus enemigos.

Después de la estrepitosa derrota ante las leyes de convivencia y de aborto aprobadas en el Distrito Federal, la alta jerarquía católica apunta sus armas –el odio, la mentira y el insulto- contra aquellos que han denunciado su inmoral actuación en casos como la pederastia, el embarazo en adolescentes, su objeción al uso de cualquier método anticonceptivo o de prevención de enfermedades de transmisión sexual y hasta de este tipo de educación en escuelas.

La Arquidiócesis de México denunció en un editorial “la persecución que el gobernante Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha emprendido contra la Iglesia en el país”. Primero el PRD no gobierna el país, quien asaltó el poder fue el PAN, el PRD es el partido que menos estados gobierna en México. Segundo, las principales confrontaciones en las que han participado miembros de la Iglesia y sus simpatizantes como Provida y la asociación fantasma de abogados católicos, se han dado en el Distrito Federal no en todo México.

“A la iglesia católica en México le preocupa la beligerante campaña de odio, intolerancia y calumnias que el Partido de la Revolución Democrática ha venido desarrollando de manera sistemática contra la fe y los pastores de nuestra Iglesia”. Ni sistemática, ni contra la fe. Esta es de cada uno y se profesa libremente, nadie –aunque lo quisiera- podría acabar con ella, pues se trata de algo personal, íntimo.

Y afirma que es el PRD y no sus acusadores ante una corte de Estados Unidos quienes “orquestaron” la “campaña” contra el Arzobispo de México, Cardenal Norberto Rivera, “acusándolo falsamente de ser encubridor de sacerdotes delincuentes, azuzando a supuestas víctimas, y uniéndose a redes internaciones de inconfesables intereses que se valieron de instrumentos mercenarios del periodismo para enlodar a la Arquidiócesis primada.” Insiste la jerarquía católica en mentir. El juicio se lleva a cabo en Los Angeles, California, es ahí donde se acusa a Norberto Rivera de encubrir al sacerdote pederasta Nicolás Aguilar, señalado por violar a 90 niños en México y Estados Unidos. De esto poco habla la Arquidiócesis.

“Se atreven –continúa- a ir a Gobernación, la instancia de un gobierno que ellos llaman ‘espurio’ a denunciar al cardenal Juan Sandoval Iñiguez por atreverse a decir una gran verdad: que quienes legislan a favor del aborto, asesinato abominable o de la eutanasia que a todas luces es criminal, están actuando como hijos de las tinieblas”. No es atrevimiento hay leyes y se supone que se trata de un Estado de derecho. ¿La Iglesia está por encima de las leyes? ¿Otra vez llaman a violentar el Estado de derecho?

Y para rematar su editorial la Arquidiócesis hace un llamado a “los fieles católicos –quienes- deben estar muy atentos a la conducta intolerante, persecutoria y llena de odio del PRD y no puede pasar por alto las ofensas a sus símbolos sagrados y las calumnias y ataques contra sus obispos y sacerdotes”. ¿Este es el comportamiento de una Iglesia con “profundas raíces” humanistas? O se trata de una más de las sectas cristianas que la propia Iglesia critica. ¿Dónde están puestos en práctica los evangelios, dónde la tolerancia, dónde está la otra mejilla y aquello de predicar con el ejemplo?

No es la primera vez que el alto clero responde con lo mismo que critica: odio, violencia, mentiras, sectarismo. Recordemos que la ley que despenalizó el aborto en el Distrito Federal fue aprobada por cinco de los ocho partidos representados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Con una mayoría de votos, que hasta el momento ha hecho imposible buscar una controversia, pues los opositores a la ley PAN, Verde Ecologista y Panal, no reúnen los votos necesarios para hacerlo. Esa es la realidad y las pataletas de la alta jerarquía católica no hace más que evidenciar sus oscuros intereses de todos conocidos.

Tomado del periódico Milenio.

En seguida un artículo tomado del periódico El Universal.


http://www.eluniversal.com.mx

Censura y mentira

Javier Corral Jurado

22 de mayo de 2007

Esta semana entra en su etapa definitoria la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa, el asunto quizá más importante que en su última época ha recibido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo conciben varios ministros, y el propio presidente del máximo tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, lo calificó como un tema de "alto impacto". Por ello modificaron su forma de trabajo, se reservaron para el estudio del proyecto toda una semana, convocaron a peritos en la materia, recibieron en audiencia a los que están a favor y a los que estamos en contra y, sin duda lo más relevante, dieron nuevo impulso a la transparencia cuando entregaron a las partes no sólo el problemario, sino el mismísimo proyecto y luego determinaron su publicación en internet.

Al concretar ese acto frente a los poderosos intereses de las dos empresas dominantes de la televisión, la Corte decidió jugar el riesgo mayor de toda apertura, que es la multiplicación de las presiones, el incremento del cabildeo e incluso las campañas intimidatorias. A ese riego hoy patente le sobreviene también una robustez a su prestigio, a su modernidad.


El país se enteró fundamentalmente por los medios impresos y contadas excepciones por los electrónicos -sobre todo por la radio- de las importantes consideraciones que el ministro Aguirre plantea para declarar inválidos varios artículos de esas reformas legales ominosas. Pero las dos televisoras censuraron de sus espacios informativos el mayor proceso de apertura que ha tenido la Corte hasta nuestros días, y negaron a sus auditorios el derecho de saber qué propuestas hace el ministro ponente a sus colegas y bajo qué argumentos plantea declarar inconstitucional los preceptos impugnados.


Sólo cuando vino la primera definición del pleno de la Corte sobre la inconstitucionalidad de la atribución del Senado para objetar los nombramientos que el Presidente de la República haga en órganos desconcentrados -el caso de la Comisión Federal de Competencia y el de la Comisión Federal de Telecomunicaciones-, Televisa interrumpió el silencio y optó como siempre por utilizar la pantalla de la tv concesionada por el Estado para defender sus negocios y tratar de intimidar a sus críticos. Editorializó en voz de Joaquín López Dóriga, el viernes 11 de mayo: "Este fallo de la Corte es una vuelta al pasado, va en sentido opuesto al cambio democrático para establecer contrapesos al Poder Ejecutivo y viene a romper el equilibrio entre poderes al fortalecer el presidencialismo que se decía superado".


Sin embargo, consciente del efecto contraproducente de esa estrategia, Televisa encargó a TV Azteca lo que le es consustancial a su forma de operar la tv en México: el trabajo sucio. Decidida a ser colera de la empresa dominante y no su competencia, la televisora del Ajusco llevó a cabo la campaña de intimidación, mentiras y calumnias. Falsificó los contenidos de las reformas adjudicándoles atributos que no tiene, como insistir una y otra vez que la ley Televisa establece un órgano regulador autónomo, y distorsionó el proyecto de sentencia de una manera inescrupulosa, como sólo ellos saben hacerlo.


Una legislación que se defiende con base en la intimidación, que censura los dichos de un ministro de la Corte y que ataca a sus impugnadores a través de la mentira no puede ser moderna ni democrática. En esa burda manipulación informativa que trata de comparar un posible fallo adverso de la Corte a la matanza de Tlatelolco en 1968, en la magnificación de las consecuencias de echar abajo el 28 de la Ley de Radio y TV, y en la recurrencia a la distorsión y la falacia de lo que realmente significan esas reformas están perfectamente acreditados los nocivos y abusivos efectos de la concentración del espectro en dos familias.


De manera vigorosa y como prueba sobreviviente al proceso que se inició hace más de un año y que está por culminar, o como simple botón de muestra, las televisoras rubrican con su actuar lo que el ministro Aguirre Anguiano escribe en la página 496 de su ponencia cuando les propone a sus compañeros declarar inconstitucional el artículo 28:

"En efecto, la disposición en análisis propicia la concentración, en manos de los concesionarios de la radiodifusión, de los servicios de telecomunicaciones, lo que se contrapone a un régimen que asegure una efectiva pluralidad de concesionarios que evite la formación de grupos de poder en una actividad que tiene una influencia decisiva en la sociedad, pues debe tomarse en cuenta que es un hecho notorio que los actuales concesionarios de servicios de radiodifusión tienen un poder sustancial en el mercado de la radio y tv abiertas, por lo que el otorgamiento de mayores privilegios para la obtención de concesiones en materia de telecomunicaciones implicará la traslación de su posición preponderante en su mercado al segmento de los servicios de telecomunicaciones, provocándose así que las actividades tanto de radiodifusión como de servicios adicionales de telecomunicaciones se concentren en unos cuantos agentes económicos, en lugar de que se abran a la competencia y se logre una mayor diversidad y pluralidad tanto en los medios masivos de comunicación como en telecomunicaciones".


Profesor de la FCPyS de la UNAM