Refuerza PRIAN su alianza, negocian Yucatán

Tomados de El Universal, Helioflores y Naranjo y La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha.

En las elecciones estatales efectuadas ayer en Yucatán se preveían dos escenarios, cualquiera de ellos nocivos para la democracia del país y para los yucatecos. El primero –se denunció hace semanas- comprometía al usurpador Felipe Calderón Hinojosa a “regresar” la gubernatura al PRI a cambio de que este partido apoyara sus reformas estructurales –léase la privatización de Pemex , la CFE, el IVA a alimentos y medicinas, además de no tocar los intereses de los poderes fácticos- en el Congreso de la Unión. El segundo preveía retener la gubernatura de Yucatán pero ceder la de Baja California al hijo del “profe”: el mafioso de las apuestas Jorge Hank Rhon.

Luego de meses de campaña sucia por parte del PRIAN, de acusaciones mutuas de compra de votos, reparto de despensas, elección de Estado, las encuestadoras oficiales de México dijeron que los resultados serían muy cerrados. Ayer las mismas empresas se negaron –como el 2 de julio de 2006- a dar como vencedor a alguno de los dos principales contendientes, porque a decir de ellos la elección era muy cerrada.

Por la tarde-noche ambos candidatos Ivonne Ortega del PRI y Xavier Abreu del PAN se declararon ganadores. Los presidentes de sus partidos Beatriz Paredes y Manuel Espino hicieron lo propio. Hasta aquí todo iba de acuerdo a lo previsto.

Sin embargo, el PREP yucateco desde ayer mismo desmintió tal cosa. Desde temprana hora de la noche Ortega estaba arriba de Abreu en el conteo rápido. Algo todavía más insólito –si tomamos en cuenta que durante las campañas hubo golpes y detenciones, parecía que la situación de complicaría sobre manera- sucedió en las primeras horas de la mañana: Xavier Abreu reconoció que los resultados del PREP no lo favorecían –a esa hora iba casi seis puntos debajo de Ivonne Ortega-.

No paro ahí, poco después de las 14:00 horas el político yucateco –con lágrimas en los ojos- dio una conferencia de prensa donde reconoció su derrota. Horas antes –11:56 A.M.- el PREP había cerrado su conteo con el 80.52 de las casillas computadas. Los resultados: 49.12 por ciento para el PRI y 42.39 por ciento para el PAN.

Es claro que los resultados no se corresponden con la realidad vista hasta el domingo y mucho menos con los datos de las propias casas encuestadoras. Para que el arreglo entre el PRI y el PAN funcionara –previsto en el primer escenario- era forzoso que el resultado fuera inobjetable, que la diferencia entre el primer y segundo lugar fuera suficiente para que el candidato “perdedor” saliera a reconocer el triunfo de su contendiente y así evitar la polarización social que vivimos desde el robo de la elección presidencial de 2006.

Todo parece haberles salido bien a los PRIANistas, ahora falta ver si los militantes y simpatizantes de ambos partidos en la entidad se tragan la pifia y se quedan conformes. De cualquier forma estamos ante el ejemplo claro de cómo el PRIANismo pretende continuar con la división de los estados para seguir manejando los asuntos públicos del país como si de una empresa particular se tratara. Donde lo que menos importa –como hasta hoy- es la voluntad popular y el interés de las mayorías.

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Por otro lado iniciaron las sesiones públicas para discutir la inconstitucionalidad de la ley Televisa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de las presiones que la cámara del ramo ha ejercido sobre los magistrados y la de las televisoras y radiodifusoras que día a día atacan a los opositores de la mencionada ley, se sumó hoy lunes 21 de mayo de 2007 la salida del ministro José Ramón Cossío –desde la semana pasada se sabía que solicitaría no conocer del caso- por haberse pronunciado en el pasado sobre el mismo.

También se acumula la no participación del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien se encuentra enfermo. De esta manera sólo quedan 9 de los 11 ministro que integran el máximo tribunal del país. Para declarar inconstitucional algún artículo de la ley de marras se necesitan 8 de los 9 votos del pleno, prácticamente la unanimidad.

Algo que es incomprensible es que la corte en su primera sesión pública sobre el caso, y después de una intenso show mediático se dedique a escuchar a especialistas de la UNAM y Politécnico –ya antes había escuchado los pros y contras en privado-, en lo que aparenta ser la continuación del espectáculo, que por cierto continuará mañana en la misma tónica. Tendremos que esperar hasta el miércoles para el debate entre los magistrados. Todo parece estar ya decidido y se encamina más hacia cambios cosméticos, que en nada dañen el poder oligopólico de las televisoras y radiodifusoras.


En seguida una nota tomada del diario La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx

Algunos ministros de la Corte, en favor de anular más artículos de la ley Televisa


Arrancan las discusiones sobre la constitucionalidad de dicha legislación

JESUS ARANDA

En vísperas de que empiece la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de la llamada ley Televisa, trascendió que la mayoría de ministros coincide con el proyecto de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que busca invalidar los artículos 16 (parcialmente), 17 G, 18, 28 y 28-A; sin embargo, hay quienes consideran que existen las condiciones para que la SCJN vaya "más allá" y declare que otros artículos también son contrarios a la Carta Magna.

De acuerdo con fuentes judiciales de primer nivel, hay ministros que consideran que el documento de Aguirre Anguiano se queda "corto" al invalidar parcialmente el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), que establece que "el término de una concesión será de 20 años y podrá ser refrendada al mismo concesionario, que tendrá preferencia sobre terceros. El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley".

Si el pleno invalida el artículo 28, como propone el proyecto, y también el 16 en su totalidad, entonces la Corte estaría "cerrando la pinza" y con ello rompería la actual estructura de las leyes impugnadas, obligando así al Congreso de la Unión a instaurar un nuevo marco jurídico para las telecomunicaciones, la radio y la televisión, en el que se garanticen las condiciones de igualdad, acceso y competitividad que consagra la Constitución, indicaron los funcionarios que han tenido acceso a los distintos dictámenes elaborados por algunos ministros. Esto, independientemente de que otros artículos también corrieran la misma suerte.

El artículo 28 de la LFRT señala, según el dictamen, una diferenciación injustificada en favor de los concesionarios de radiodifusión, a los que privilegia permitiéndoles obtener concesiones en materia de telecomunicaciones, sin someterlos al procedimiento de licitación pública a que se encuentra sujeto cualquier otro interesado y, además, previendo como mera posibilidad el pago de una contraprestación a cambio de la nueva concesión.

Aguirre señala en su documento que no existe una "una razón objetiva" que justifique el trato privilegiado que se otorga a los concesionarios de radio y televisión abiertas, "al permitirles acceder a concesiones de servicios de telecomunicaciones sin sujetarlos al procedimiento de licitación y sin que se les exija el pago de la contraprestación correspondiente.

"No queda claro por qué el trato privilegiado a determinado sector de las telecomunicaciones podría favorecer el desarrollo de la digitalización en la transmisión de audio y video a través del espectro radioeléctrico nacional", sostiene el ministro instructor.

Hay ministros que consideran que si se invalidan en su totalidad los artículos 16 y 28, con eso se dan "por bien servidos", porque se rompería la estructura de la LFRT, sostuvieron los informantes.

En este tenor, se informó también que hay integrantes del pleno que consideran que los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales serán fundamentales para lograr la inconstitucionalidad de los artículos referidos, que tienen que ver también con la radio comunitaria y con garantizar que exista igualdad y equidad en la entrega de concesiones.

Dichos artículos de la Carta Magna, particularmente el 25, son claros en afirmar "la rectoría del Estado en la planeación del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una distribución más justa del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales".

En este contexto, el artículo 27 constitucional señala que "el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes...", y que independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas.

Este lunes se iniciará en sesión pública el análisis de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) con la comparecencia de especialistas en el tema provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, que responderán a un cuestionario que previamente les envió la presidencia de la Corte, además de que resolverán dudas que aún tienen los ministros sobre aspectos técnicos de dicha legislación.

Se espera que el martes comience la discusión de la acción de inconstitucionalidad con una introducción general del ministro instructor Aguirre Anguiano, en la que abordarán los temas principales de su proyecto, para después dar paso a la discusión.