A 72 días ilegalidad y violación de los derechos humanos; el saldo

Tomados de La Jornada, Helguera y Hernández.

Los días pasan y el usurpador Felipe Calderón Hinojosa insiste en seguir de “gira” promoviendo equipos de futbol, “programas” patito y eso sí, acudiendo a las fiestas de sus amigos y a las reuniones con los militares, que este mes sumarán 4 de manera oficial (5, 9 16 y 24) más las que se acumulen en su destartalada “lucha” contra el crimen organizado.

El discurso castrense es cada vez más abierto como aquí se ha consignado y el involucramiento de los militares en la vida civil traerá consecuencias nefastas, no se trata de ser adivino, sino de mirar al pasado reciente, la guerra sucia contra los opositores a los regímenes priístas. Cientos de desaparecidos, otros tantos muertos, y muchos más encarcelados.

Sobre la marcha de estos 72 días el títere de los empresarios ha dejado una estela de violaciones a la Constitución y a los derechos humanos que ha sido documentada por Amnistía Internacional. Pero a pesar de ello –y del discurso hueco de respeto al Estado de derecho- sigue sin hacer algo para remediar los hechos, todo lo contrario, cada vez se recrudece la forma extrajudicial en la que se comportan los elementos de los cuerpos de in-seguridad bajo el amparo de la impunidad que reina en el país.

Para Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional, los discursos del pelele son retórica pura pues lo que se necesita, dice, es investigaciones independencias sobre los casos de las muertas de Juárez, San Salvador Atenco, Oaxaca. Guadalajara y la guerra sucia. Investigación esta última que quedó sin final y la fiscalía creada por el traidor de Vicente Fox Quesada –mejor conocido como el salvaje de Guanajuato- desapareció con el único resultado de haberse gastado decenas de millones de pesos de los contribuyentes.

Knox señaló en entrevista con La Jornada que en la reunión con funcionarios de Gobernación –realizada la semana pasada- "vimos incertidumbre sobre el seguimiento al Programa Nacional de Derechos Humanos que impulsó el presidente Vicente Fox, cuyo papel central estuvo en Gobernación, pero ahora no supieron informarnos de su cumplimiento. Es cierto que era un programa con deficiencias, pero al menos marcaba prioridades. Trataron de tranquilizarnos, nos dijeron que este gobierno sí está comprometido con los derechos humanos, pero para nosotros eso no es lo adecuado."

Amnistía Internacional espera “un compromiso ¡ya! en derechos humanos. Lleva más de 70 días en el gobierno, es hora de poner sobre la mesa sus compromisos concretos en la materia. Es temprano para asegurar que su gobierno no está cumpliendo con el respeto a los derechos humanos, pero las señales son negativas, y eso nos causa problemas. Esto lo puede solucionar rápidamente, sí ordena que se investiguen las violaciones graves a los derechos humanos en Oaxaca, San Salvador Atenco, los feminicidios de Ciudad Juárez, la violencia en Guerrero contra indígenas, pero no basta sólo con abrir averiguaciones previas, tienen que realizar investigaciones serias, imparciales y eficaces”, afirmó.
El investigador agregó que al tratar los temas de las violaciones a los derechos humanos en el país “hubo desconcierto cuando tratamos las investigaciones de Atenco y Oaxaca, porque es realmente lamentable la impunidad que reina hoy. El Estado tiene la obligación de garantizar que no haya abusos, y aunque son violaciones del gobierno anterior, eso no exime a Calderón de su responsabilidad como gobernante. No puede argumentar que esos casos no son de su gobierno.”

“Para AI hay un fracaso total de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Calderón tiene que investigar y garantizar justicia para las víctimas y familiares de la guerra sucia, eso que Fox prometió, pero incumplió. Es una vergüenza que cinco días antes de concluir su gobierno, Fox cerrara la fiscalía, sin entregar cuentas, sin hacer suyo el informe de esa fiscalía, y lo más importante, sin llevar ante la justicia a los responsables.

"Este gobierno tiene la responsabilidad de investigar, de sancionar esos crímenes, porque el hecho de que un gobierno haya concluido, no lo exime de responsabilidad. El Estado tiene que aclarar que pasó en esa época, reparar el daño y castigar a los responsables. Para AI Calderón tiene pendiente investigar Atenco, Guadalajara, Oaxaca, feminicidios de Ciudad Juárez, y la guerra sucia. Esperamos que haga justicia."

También señaló –como millones de mexicanos sabemos- que la mayor preocupación del organismo internacional es la impunidad, porque es claro que en los casos antes citados están implicados agentes del Ministerio Público y jueces, ante ello es evidente falta de voluntad del usurpador para cumplir con la ley y sancionar a los responsables, una prueba de ello, señaló, es el rechazo a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Este es el México real, el que vivimos todos los mexicanos día a día y no Calderolandia, maquillada desde las oficinas del duopolio televisivo Televisa y TV Azteca.



El siguiente es un reportaje tomado de la revista Proceso, de su edición 1580.


http://www.proceso.com.mx

La militarización...

Jorge Carrasco Araizaga

Tan claro como la obsesión del presidente de la República por arroparse con las Fuerzas Armadas en cualquier oportunidad propicia, es el hecho de que su guerra militarizada contra el narcotráfico, además de ineficaz hasta el momento, pasa por encima de la ley, pues no le ha dado sustento jurídico a sus decisiones políticas. Más allá de la legalidad, a Felipe Calde-rón los militares –con el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, a la cabeza– pretenden legitimarlo con sus palabras, y con sus operativos tratan de ayudarlo a reafirmar su aún endeble liderazgo.

El secretario de la Defensa Nacional, general de división Guillermo Galván Galván, reivindicó la legitimidad de Felipe Calderón como presidente de la República, pero la legalidad de los operativos que encabeza el Ejército en distintos estados del país está en duda.

Además, los magros resultados después de dos meses del despliegue militar y la respuesta violenta del narcotráfico, aumentan las interrogantes sobre lo que Calderón se propone con esa estrategia en la que tienen el papel principal las Fuerzas Armadas.

Como ha ocurrido desde que asumió el poder, Calderón fue arropado una vez más por el general Galván. El pretexto fue el 94 aniversario de la Marcha de la Lealtad, celebrado el viernes 9 en el Castillo de Chapultepec para recordar la fidelidad del Colegio Militar al presidente Francisco I. Madero ante la asonada encabezada por militares adeptos al porfirismo.

La fecha fue propicia no sólo para reiterar la fidelidad del Ejército al presidente, sino para que el secretario de la Defensa hiciera una firme defensa política de Calderón al mencionar en una parte de su discurso al excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien se ostenta como “presidente legítimo” de México y desconoce al titular del Ejecutivo federal.

Su legitimidad constitucional no está cuestionada y el Ejército le tendrá lealtad absoluta, fue el mensaje de Galván a Calderón, quien a fines de noviembre del año pasado rescató al general del retiro que le esperaba en 2008, al designarlo secretario de la Defensa Nacional.

Galván aseguró que no es el Ejército el que legitima a Calderón como presidente: “La legalidad del comandante supremo de las Fuerzas Armadas reside esencialmente en el fallo de las instituciones, y éstas han sido contundentes”, dijo. Y aseguró que la legitimidad del mandatario “permanece cimentada en la aprobación popular”.

El general fue más allá del tradicional discurso con que el secretario de la Defensa Nacional reafirma cada año la institucionalidad del Ejército: “Quienes desearían ver a un presidente distanciado de sus Fuerzas Armadas no miden los alcances de su esquema”. Habló, incluso, del “grave riesgo” en que caería el país “si las Fuerzas Armadas no ponen todo de sí para respaldar al jefe del Ejecutivo federal”.

El divisionario marcó de esa manera una diferencia respecto de su antecesor, el ahora general retirado Ricardo Clemente Vega García, quien hace un año, en pleno proceso electoral, evitó hacer referencias directas como las de Galván. Incluso, en medio del intento de desafuero de López Obrador por parte del entonces presidente Vicente Fox, Vega declaró en 2004 que el Ejército no estaba al servicio de intereses políticos particulares.

En una actitud opuesta, al reclamar la legitimidad presidencial para Calderón, Galván aseguró que en los operativos contra el narcotráfico el Ejército irá tan lejos como el presidente lo decida, a pesar de las interrogantes que hay entre los especialistas sobre el propósito de Calderón de involucrar cada vez más a los militares en la lucha contra este flagelo: “Cumplimos sin cortapisas sus órdenes que provienen de su legitimidad constitucional y no cuestionamos ni titubeamos para servir a las instituciones en cualquier misión o tarea que se nos asigna”, dijo el general artillero.

“Usted, señor presidente de la República, es nuestro comandante supremo, las 24

horas del día y todos los días del año... Siem-

pre a las órdenes de usted, señor presidente”, remató Galván.



Contra la Constitución



Pero la legitimidad y la legalidad con las que el general secretario revistió en su discurso a la figura presidencial, son cuestionadas por la manera en que el nuevo gobierno actúa en contra del narcotráfico. Xavier Olea Muñoz, exgobernador provisional y procurador de Justicia de Guerrero, también cofundador del PRD y candidato de este partido, y quien recientemente publicó dos volúmenes de Recuerdos, en los que narra las pugnas con Rubén Figueroa, los conflictos que enfrentó con la Universidad Autónoma de Guerrero y su cercanía con personajes de la jerarquía católica como Sergio Méndez Arceo y Girolamo Prigione, advierte que Calderón “está rompiendo la estructura constitucional del país”.

El comandante en jefe del Ejército tenía que cubrir las formas jurídicas, porque es el representante de un Poder Ejecutivo y debe respetar la soberanía de los estados y los municipios. “Nada le cuesta llenar las formas, pero no lo ha hecho”, dice el abogado y exembajador.

El desplazamiento de fuerzas federales a cualquier estado, explica, requiere una solicitud oficial del gobernador, sancionada por el Congreso estatal. Pero en ninguno de los operativos se ha cumplido con este trámite. Al menos eso es evidente en Guerrero, dice el abogado originario de Iguala.

“Si yo, como presidente, quiero realizar una acción de ese tipo, tengo que llamar al gobernador y decirle: ‘Tú no puedes resolver el problema. Tu policía no tiene la capacidad para hacerlo. Pídemelo oficialmente y que el Congreso te apoye. No quiero cometer el error de que se sienta hoy o mañana que yo he violado la soberanía del estado’”. Lo lamentable de esto, dice, es que ningún Congreso ha levantado la voz.

Tiene que ser así, añade, porque el pacto federal significa que los estados pertenecen a una federación pero son independientes. No hacerlo es una violación al principio de soberanía de cada entidad.

Para Olea Muñoz no hay duda de que Calderón “ha mandado un mensaje que tiene muchos defectos”; el principal de éstos es la violación de la Constitución: manda al Ejército, a la Marina, a la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva a diferentes estados, pero sin permiso de los Congresos. Y no sólo eso: en varios lugares esas fuerzas federales han desarmado a las policías locales sin la autorización de los gobernantes de la entidad.

No se trata de oponerse a las acciones contra el narcotráfico, aclara, pero no se han cubierto las formas jurídicas en plena celebración de los 150 años de la Constitución de 1857 y los 90 años de la actual.

“El problema es que Calderón es abogado pero no jurista”, dice Olea Muñoz. Para sustentar las acciones en contra del narcotráfico, Calderón debe darle sustancia jurídica a sus decisiones políticas, pero hasta ahora no lo ha hecho. E insiste: la gravedad del problema del narcotráfico no justifica que se esté violando el pacto federal.

“Esto nos va a llevar a violaciones graves. Por una decisión política que tiene el propósito de impactar a la gente, se está rompiendo la estructura constitucional del país”. Es el caso de las extradiciones del pasado 19 de enero. Como lo publicó Proceso (1579), los jueces no fueron notificados de la resolución del Ejecutivo para entregar a los delincuentes requeridos por la justicia de Estados Unidos.

Olea Muñoz segura que la extradición de una persona requiere de un proceso muy complicado, por lo que en la entrega de 15 personas a Estados Unidos no se sabe realmente a cuántas de ellas se les había agotado el proceso en México. “La verdad histórica es que desde el máximo poder político del país se está violando la Constitución, y en eso está arrastrando a las Fuerzas Armadas. Es evidente que en el caso de las extradiciones se violó el proceso judicial”, argumenta el abogado.

Calderón, dice, necesitaba impactar a la opinión pública para ganarse su aprobación, lo cual “aparentemente ha pegado, pero no se ha resuelto nada, ni se logrará violando la ley. Qué le cuesta llenar las formas. En Guerrero, la intromisión del Ejército no ha representado nada. Siguen matando a la gente”.



Escepticismo



Además de la falta de legalidad de las acciones de Calderón, otros especialistas como Roderic Ai Camp expresan dudas sobre los alcances de estas medidas: “Nadie sabe exactamente a dónde va con esa estrategia. Creo que tiene que explicar hacia dónde va con esto; qué es lo que se está proponiendo en el mediano plazo y qué es lo que está proponiendo que hagan las Fuerzas Armadas que sea diferente de lo que se ha hecho en los últimos 12 años.

“Todos los mexicanos deberían estar informados de lo que esta administración se propone alcanzar”, dice Ai Camp en entrevista telefónica desde el Colegio Claremont McKenna, en California, donde es profesor en el Departamento de Gobierno.

Investigador del tema de las Fuerzas Armadas en México desde hace dos décadas, Ai Camp asegura que Calderón no está haciendo algo muy distinto de lo que ya hicieron sus antecesores Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

Desde 1994, los militares mexicanos han tenido una creciente participación en misiones antinarcóticos. Es un tema que ha estado presente en las tres últimas campañas presidenciales.

La diferencia, señala, es que Calderón lo está haciendo más visiblemente y de forma más simbólica, como la de asistir con chamarra y gorra militares a una unidad del Ejército, y con declaraciones públicas sobre la lealtad castrense. Además, cree que puede lidiar con el tema aun cuando los estados cedan parte de su soberanía, dado que el problema está tan extendido.

Sin embargo, dice el autor de Mexico’s Military on the Democratic Stage (Los militares en México en el escenario democrático), publicado el año pasado y de próxima edición en español, el gobierno no ha sido claro en la información.

No se sabe si los uniformados desplazados forman parte de los 30 mil elementos, entre oficiales y tropas, que de acuerdo con Ai Camp cotidianamente lidian con el tema del narcotráfico. En cualquier caso, asegura que desde el punto de vista logístico hay límites para saber hasta dónde pueden llegar con estos operativos. Puede ser incluso que el modelo de Calderón se limite al desplazamiento de 4, 5 o 6 mil elementos en una zona específica y en un tiempo determinado.

El experto considera que la permanencia y ampliación de los operativos dependerán de su éxito para restablecer el control civil y político en las comunidades y regiones ahora dominadas por el narcotráfico. Si no es el caso, dice, cada vez será más relevante la pregunta de qué tan lejos puede llegar Calderón con esta estrategia.

Ai Camp desestima la posibilidad de que con su mayor presencia las Fuerzas Armadas obtengan mayor influencia política en el país. “No veo ningún incremento de riesgo político, a pesar del creciente y visible uso de las instituciones armadas. Los oficiales no están interesados en tener una mayor influencia política, sino más bien en demostrar que estas tareas son decididas por los civiles”.



Reafirmación



Ante las críticas que está recibiendo por su cercanía con los militares, dice el especialista en temas mexicanos Roderic Ai Camp, es probable que el presidente Calderón quiera decirle a la gente que el Ejército es confiable para enfrentar misiones de seguridad nacional, pero sobre todo que hay un liderazgo civil y que él está a cargo de todo, que el liderazgo es del presidente y que los militares no están negociando la asignación de los operativos.

Pero tampoco se puede dejar de lado el hecho de que Calderón llegó a la Presidencia con un escaso apoyo de entre 35 y 36% de los votos. Puede sentir que necesita hacer algo más significativo para atraer un apoyo más fuerte de los que votaron por él, pero también de la gente que no lo hizo.

Estas acciones con militares, señala, pueden ser un tanque de oxígeno que le dé tiempo para proponer soluciones de más largo plazo, pero es claro que necesita algo más que el desplazamiento de los militares, sobre todo si se toma en cuenta la infiltración del narco en las instituciones civiles.

Autor también de Generales en el Palacio. Los militares en el México Moderno (1992), Ai Camp asegura que para Calderón resultó fácil disponer de las Fuerzas Armadas como lo está haciendo, porque tanto la opinión pública como los propios militares están de acuerdo en que se involucren en esas tareas.

Señala que a mediados de los ochenta había una gran resistencia a la intervención del Ejército en tareas que les correspondían a civiles. “Los oficiales que entrevisté en ese tiempo –agrega– daban como principal razón que los podía contaminar la corrupción de las dependencias gubernamentales a cargo de civiles. Una década después eso empezó a cambiar. Ha habido una transformación en la mentalidad de la milicia, pero también en la opinión pública, según lo reflejan las encuestas de opinión”.

Considera que Calderón debe mantener los operativos a pesar de la respuesta violenta de los narcotraficantes, quienes el pasado 2 de febrero asesinaron en Culiacán, Sinaloa, a dos soldados de intendencia del Ejército que iban desarmados. Además, el martes 6 siete personas fueron ejecutadas en dos instalaciones de la procuraduría de Guerrero.

“Si lo que pasó en Acapulco es en verdad un ataque de los narcotraficantes, está diseñado a enviar un mensaje al gobierno y a las Fuerzas Armadas. La extradición podría ser una de las decisiones que haya provocado ese tipo de respuestas. Otra interpretación, sin embargo, es que podría ser resultado del intento de un cártel para culpar a otro (grupo) de esos crímenes”, dice Ai Camp.

En cualquier caso, añade, se está forzando al gobierno para que elija entre continuar con su actual estrategia u optar por una vía que implique menor confrontación.

Sin embargo, añade, será muy difícil que el gobierno y las Fuerzas Armadas retrocedan, pues los costos de esta decisión resultarían muy altos. Es posible que los beneficios que se obtengan no sean considerables, pero el Estado no puede renunciar a su soberanía y permitir que ésta quede en manos de la delincuencia organizada. En ese caso, las instituciones gubernamentales perderían toda legitimidad política. Además, afirma, Calderón no puede permitirse un retroceso de este tipo en una etapa tan temprana de su gobierno.

Ai Camp llama la atención sobre un “trascendido” publicado por el periódico Reforma la semana pasada: que en las próximas semanas el general Galván se reunirá en las oficinas centrales de la Sedena con los 45 generales de brigada que comandan las zonas militares de todo el país y con los 12 generales de división que están al frente de las regiones militares. El objeto de ese encuentro sería analizar los resultados de los operativos y probablemente asistiría Calderón.

“Hasta donde sé, este tipo de reuniones entre el secretario de la Defensa Nacional y sus comandantes de zonas y regiones militares han ocurrido con anterioridad, pero nunca de manera regular”, concluye el especialista.