Violadores de la ley

Tomados de El Universal, Helioflores y Naranjo y La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha.

La estupidez e intolerancia del usurpador Felipe Calderón Hinojosa llegó este lunes hasta el extremo de remitir a un inconforme con su gobierno ante el ministerio público como un mensaje de lo que el Estado puede hacer contra alguien que manifiesta de manera pacífica su ideas. Algunos podrán decir que al contrario es un delincuente porque esta violentando la ley, pero nadie puede militarizar cada día los espacios públicos en su afán de “no ver ni oir” o no “darse cuenta” de las protestas contra su persona y lo que representa. El pelele en su discurso llamó a aplicar la ley, pero el PRIAN, el gobierno federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los primeros que violan el Estado de derecho.

No nos cansaremos de insistir en que todo ciudadano esta amparado por la Constitución –que en esta parte no admite interpretaciones distintas pues es muy clara- para manifestar libremente sus ideas –siempre que lo haga de manera pacífica- de forma individual o en grupo. Asimismo, tiene garantizado el libre tránsito por todo el país en lugares públicos. En ninguna parte el texto señala que el estado mayor presidencial puede aplicar un estado de excepción cuando se le antoje y conculcar los derechos ciudadanos. Eso y no otra cosa es lo que hizo al detener y llevar ante el Ministerio Público a Gerardo Fernández Noroña –vocero del PRD-, quien haciendo uso de su legítimos derechos protestaba contra el espurio en Palacio Nacional.

Y es que nadie puede decirnos que “ya es suficiente” que “ya nos dieron chance de protestar”, pues nadie puede estar por encima de la ley principal de México que es la Carta Magna. Si queremos protestar día y noche durante 5, 10, 15 años lo podemos hacer, siempre que lo hagamos de manera pacífica. Eso es a lo que tenemos derecho todos los mexicanos, quien quiera hacer uso de ese derecho está en completa libertad de hacerlo y ni el estado mayor presidencial, ni el pelele, ni los jueces, ni nadie puede impedirlo. Así de fácil, pues lo marca claramente la Constitución y punto.

Los medios de comunicación paleros no se cansan de insultar y decir que se trata de provocación de actos ilegales, pero saben perfectamente que mienten, pues la estrategia que manejan a las órdenes del espurio es la de desprestigiar día a día a la gente que se manifieste en contra del gobierno federal y de los intereses fácticos. Pretenden que todos pensemos de la misma manera que estemos alienados (y alineados) para poder manejarnos mejor.



En seguida una colaboración tomada de La Jornada.


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Extradiciones y debilidad de las instituciones

Pilar Noriega García


La reciente entrega a Estados Unidos de algunos narcotraficantes mexicanos el pasado 19 de enero tiene un impacto jurídico y político que no puede soslayarse.

No puede sostenerse que sea constitucional, pues de acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona gozará de las garantías que otorga la misma sin que "puedan restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece".

En el artículo 14 constitucional se establece que nadie puede ser privado de la libertad, posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad. (Garantías de audiencia y legalidad.)

El artículo 16 señala que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. (Garantía de fundamentación y motivación.)

El artículo 15 constitucional dice que no se autorizará la celebración de tratados de extradición en los casos en que se alteren las garantías y derechos establecidos por la Constitución.

Por lo tanto, cualquier acto de las autoridades o incluso una ley que pretenda entregar a otro país a una persona sin un procedimiento establecido con anterioridad, en el que la persona pueda defenderse, por más justificación que pueda dársele, viola nuestra Constitución, porque hasta el momento no existe ninguna norma constitucional que permita la entrega de una persona nacional o extranjera a otro país sin mediar un juicio de extradición.

De acuerdo con la información que se tiene por los medios de comunicación, la entrega de los narcotraficantes mexicanos a las autoridades de Estados Unidos se hizo sin mediar ningún procedimiento. Esto último implica que no se trató de una extradición y que no se respetaron sus garantías.

Esta no es la primera vez que el gobierno mexicano entrega a Estados Unidos a un connacional, pues ya en 1996 se hizo lo mismo con Juan García Abrego (La Jornada, 25/1/07, p. 10) y en 2001 con Everardo Arturo Páez (Proceso no. 1578). Sin embargo, la explicación del gobierno mexicano y la reacción tanto de diferentes sectores sociales como de las circunstancias en que se produce es diferente, lo que amerita reflexión.

El editorial de La Jornada del 22 de enero pasado señaló correctamente algo que no puede pasar desapercibido: la entrega de los narcotraficantes es una "alarmante manifestación de debilidad". Sin embargo, no solamente por la desconfianza del Ejecutivo federal en las instituciones mexicanas, como señala el editorial, sino porque las razones esgrimidas van más allá y denotarían no sólo la debilidad del gobierno federal sino del propio Estado mexicano.

El procurador general de la República señaló que la "extradición" muestra la decisión del gobierno de hacer frente a la ola de violencia y de impunidad del crimen organizado, y que el gobierno refrenda su compromiso de proteger la seguridad interior de la nación, el orden, la paz social y fortalece la actuación de las instituciones (La Jornada, 20/1/07).

No se comprende cómo se fortalecerán nuestras instituciones si no se confía en éstas para hacer frente a la ola de violencia e impunidad del crimen organizado. Más bien, la entrega de miembros de la delincuencia organizada a otro Estado es signo de claudicación en todos y cada uno de los objetivos que supuestamente se persiguen con su entrega.

Bajo cualquier teoría política, una condición necesaria y suficiente para la existencia de un Estado es que en determinado territorio exista un poder tal que pueda crear y aplicar su derecho legítima y eficazmente. En el Estado democrático el poder no es absoluto, tiene limitaciones entre las cuales se encuentra el respeto, vigencia y eficacia de los derechos y libertades fundamentales.

Si un Estado "para proteger la seguridad de la nación, el orden y la paz social" requiere entregar a sus delincuentes a otro Estado, en violación de su propia Constitución, implica que el primer Estado no puede realizar esa labor y cede sus facultades ilegítimamente a otro ("Extradición de narcos, necesaria pero ilegítima", pg. 6, La Jornada, 27/1/07, p. 6). Por lo que la justificación del procurador general de la República sobre la entrega a Estados Unidos no solamente de narcos, sino de otras personas acusadas de otros delitos no denota un acto de poder, sino de debilidad, que puede ser un riesgo para la seguridad tanto interior como exterior del Estado mexicano al decidir poner en manos de otro la función propia del mismo Estado.