Hacia el 2009, en el trampolín de la impunidad*

Tomados de La Jornada, Hernández.

Verónica Espinosa Y José Gil Olmos

Como secretario de la Función Pública, Germán Martínez dejó ir la oportunidad de investigar los evidentes abusos contra el erario que cometió Vicente Fox, como presidente de la República, en beneficio propio, de su cónyuge y de sus hijos políticos. En la práctica se convirtió en cómplice y gracias a él, entre otros, Fox y su familia permanecen impunes. Ahora se sabe por qué: al hoy dirigente nacional del partido en el poder le asignaron la misión de reivindicar al político guanajuatense para “guanajuatizar” al país, es decir, convertirlo en un feudo del panismo ultraconservador que perdona todos los pecados... siempre que los cometa el grupo panista que va por el 2009 y, por qué no, por el 2012. Aunque hasta en sus propias filas lo cuestionan...

GUANAJUATO, GTO.- Al encabezar en León el Consejo Nacional del PAN el pasado 26 de julio, el presidente de ese partido, Germán Martínez, anunció que pretende guanajuatizar el país en las elecciones intermedias de 2009. Para garantizar esa victoria puso al frente de la planeación estratégica a Vicente Fox, y señaló al gobierno estatal de Juan Manuel Oliva como ejemplo de éxito.

Alarmados por lo que consideran un pacto con El Yunque y con el expresidente Fox, panistas como el exsubprocurador Juan Miguel Alcántara advierten que Germán Martínez comete un grave error, pues la mala imagen que dejó el gobierno foxista y las prácticas antidemocráticas de Oliva –como el acarreo y la compra de votos– le restarán apoyo a Acción Nacional.

“Formular la expresión de guanajuatizar el país me parece que es un equívoco porque genera interpretaciones dañinas para el partido y para el proyecto que se quiera alcanzar”, advierte en entrevista el también exlegislador nacido en Guanajuato. Agrega que la dirigencia nacional panista sobredimensiona una vez más la fuerza de El Yunque al otorgarle espacios que no le corresponden.

Mientras que los dirigentes locales del PRI, Miguel Chico, y del PRD, José Luis Barbosa, señalan que el panismo calderonista está mostrando que se encuentra debilitado y, en su desesperación, se ha rendido a la ultraderecha de El Yunque y a Vicente Fox, en un intento de que se reproduzca en todo el país la hegemonía que el PAN ha logrado en esta entidad desde 1991, cuando Carlos Salinas cedió la gubernatura a Carlos Medina Plascencia.

Fox y El Yunque

Antes de la mencionada sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, a la que asistieron cerca de 20 mil personas llevadas en 600 camiones, Vicente Fox y Marta Sahagún ofrecieron una cena en su rancho San Cristóbal para todos los consejeros nacionales, encabezados por Germán Martínez y Carlos Abascal.

Ahí, tequila en mano, el jefe nacional del panismo brindó por Fox y le dio las “gracias por darle a México futuro y democracia”. El expresidente de la República correspondió: “Nos ponemos a la orden de nuestro partido y de su presidente Germán. ¡El 2009 es nuestro!”.

En la opinión de los líderes estatales del PRI y del PRD, ese acuerdo es parte de la culminación de un “pacto de impunidad” entre el calderonismo y Fox, pero también una alianza con el ala más conservadora del PAN, en la que ubican a El Yunque, organización en la que trabajaron directamente Carlos Abascal y Manuel Espino.

Como ejemplo, recuerdan que cuando se analizaron las cuentas de Fox y el manejo del erario en sus cuatro años como gobernador de Guanajuato, se detectaron irregularidades, pero el Congreso del estado –bajo control del PAN– archivó las investigaciones y les dio carpetazo a finales de 2006.

Ya como presidente, Vicente Fox fue objeto de siete demandas ante la PGR. Cinco fueron presentadas por los diputados priistas Carlos Rojas y Raúl Cervantes en agosto de 2007 por irregularidades en obras millonarias –la megabiblioteca José Vasconcelos, la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el programa Enciclomedia, la expropiación de ingenios azucareros y el Seguro Popular–; y dos más, por enriquecimiento inexplicable, las interpuso al siguiente mes el senador perredista Ricardo Monreal.

En agosto de 2006, cuando la Cámara de Diputados creó una comisión especial para investigar a Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, el entonces diputado federal Germán Martínez se negó a defenderlos a ellos o a Fox. El grupo parlamentario del PAN, dijo, “no defiende ni mete las manos al fuego por los hijos de nadie, ya sean los hijos de la esposa del presidente”.

En un artículo publicado en Proceso (edición 1527, de febrero de 2006), Martínez Cázares advirtió que sería una “torpeza” que Fox defendiera a sus “hijos políticos” y que esa “necedad” podría tener consecuencias para Calderón en las urnas.

Un año más tarde, ya como secretario de la Función Pública, sostuvo que el gobierno de Felipe Calderón “no dejaría pasar ni un solo caso de corrupción ni de impunidad del sexenio foxista”. Reiteró: “En mi gestión no habrá escándalos ni impunidad (sino) aplicación estricta de la ley (porque) no tengo ningún compromiso con el pasado y no quiero adquirir compromiso para el futuro”.

Pero en los hechos el contralor Germán Martínez dejó cerrados los expedientes de las denuncias contra Vicente Fox y fue enviado por Calderón a dirigir el PAN en diciembre de 2007.

Finalmente, acabó agradeciendo a Fox por “darle a México futuro y democracia” en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de León y lo invitó a formar parte del Comité de Planeación Estratégica del PAN rumbo a las elecciones federales de 2009. Fox contestó: “Me siento cobijado”.

En ese mismo acto, el dirigente de

Acción Nacional anunció que el gobernador guanajuatense, Juan Manuel Oliva, formaría parte de la Comisión de Estructura. Con ello, dice el dirigente del PRD en el estado, José Luis Barbosa, el PAN reconoce y valida las prácticas antidemocráticas del Ejecutivo estatal:

“Si se entiende guanajuatizar por lo que ha hecho el gobernador Juan Manuel Oliva, los mexicanos deberíamos estar preo-cupados porque tenemos muchos problemas en el estado: estamos en el lugar 20 de educación, y entre los primeros 12 estados con mayores índices de inseguridad a pesar de que no se ha querido reconocer que el narco está operando en Guanajuato.

“Además en la entidad está muy polarizada la sociedad, y la situación de derechos humanos no es buena. El Instituto Electoral del Estado carece de autonomía porque el gobernador y el PAN deciden quién va a ser consejero, de tal forma que en una contienda electoral el árbitro está inclinado y el consejero presidente del IFE en Guanajuato, el profesor Antonio Manjarrez Valle, es gente de Elba Esther Gordillo.”

Barbosa recuerda que en la elección presidencial de 2006 se denunció que el gobierno de Juan Manuel Oliva compró el voto hasta en mil 500 pesos a favor de Felipe Calderón, y que un estudio del Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral, a cargo de Hugo Almada, mostró que Guanajuato fue el único estado donde el candidato presidencial panista obtuvo una ventaja de hasta 17 votos sobre su más cercano rival, cuando el promedio nacional fue de sólo un voto de diferencia.

“El PAN, como nuevo partido hegemónico en Guanajuato, perfeccionó las prácticas que dominaba el PRI. Con un manejo más sofisticado para no ser descubiertos, (los panistas) aplican los programas sociales, como piso seguro, láminas para techos, caminos y las casas del DIF, con un criterio electoral y de manera muy efectiva. Si eso es guanajuatizar al país, cuidado, porque además es un gobierno autoritario, apoyado por Elías Villegas, jefe nacional de El Yunque, y Gerardo Mosqueda, su segundo.”

Mosqueda Martínez es el actual secretario de Gobierno del estado. Ha sido subsecretario en la Secretaría del Trabajo y coordinador del equipo de transición del gobernador Oliva. También dirigió en León la organización “A favor de lo mejor”, creada en 1997 por el multimillonario Lorenzo Servitje, cabeza del grupo Bimbo, promotor de la censura católica en los medios de comunicación y de la guerra sucia contra la izquierda.

Elías Villegas, director del Instituto Estatal de Planeación de Desarrollo Local en el gobierno de Guanajuato, es empresario zapatero y dueño de uno de los hoteles más grandes de León. En 1988 ganó una diputación por el PAN y en la campaña de 2000 fue uno de los principales apoyos económicos de la campaña de Fox. Se le considera el principal patrocinador del Yunque.

Desprestigio

Desde que Germán Martínez llegó a la dirigencia a finales de 2007, el PAN ha venido a menos: de las 136 posiciones que se han disputado en las elecciones de Baja California Sur, Quintana Roo e Hidalgo, únicamente ganó 16, según el recuento publicado por el reportero Juan Pablo Proal (Excélsior, 21 de julio).

Con este déficit electoral a cuestas y en pugna con el grupo más conservador de Acción Nacional, encabezado por Manuel Espino, Germán Martínez llegó al Consejo Nacional con la propuesta de unir fuerzas y ganar las elecciones de 2009.

Sin embargo, El Yunque no garantiza el triunfo. El exsenador Juan Miguel Alcántara Soria, que accedió a hablar de la estrategia electoral de su partido, puntualiza: “Yo soy de Guanajuato y antes de que los miembros del Yunque tomaran la conducción del partido en el estado, el PAN tenía alrededor de 12 mil miembros. Hoy tiene 3 mil. En lugar de haber ganado, perdió las tres cuartas partes de miembros”.

Alcántara –exdiputado federal y local, procurador del estado y subprocurador en la PGR cuando el titular era Antonio Lozano Gracia– señala que con el neologismo guanajuatizar Martínez intentó hacer un homenaje al panismo local, que tiene la mayoría en el Congreso local, 36 de 46 presidencias municipales y en 2006 ganó todas las diputaciones federales.

Pero el entrevistado reconoce que la expresión puede tener otras interpretaciones, menos afortunadas, como avalar el acarreo.

“La presencia de 15 mil personas en León en la reunión del Consejo Nacional, según se publicó en los medios, no obedeció a la capacidad organizacional del partido, sino a un acarreo de ciudadanos. En Irapuato, donde yo vivo, se mandó una circular a los miembros activos obligándolos a llevar a no menos de siete personas que no fueran miembros del partido al evento de León.

“Por eso cuando el presidente del partido dice: vamos a guanajuatizar a México para 2009, no podemos aceptarlo si vemos que se está incurriendo en ciertas prácticas que no corresponden a los principios del PAN. Aquí ya no podemos tener una lectura amable de la expresión.”

–¿En Guanajuato El Yunque ha cooptado o copado al PAN?

–Así es, definitivamente. Lo que sabemos de El Yunque es que es un grupo teocrático, no democrático, que dice buscar implementar el reino de Dios, aunque en los hechos pronto se olvidan de él. No es un grupo de vocación democrática, su forma de organización está basada en la obediencia incondicional y el secretismo. El Yunque tiene una disciplina ciega y con eso han tomado las riendas del partido en el estado. Con frecuencia sus éxitos internos para hacerse de candidatos y de los mandos directivos del partido no se corresponden con la calidad democrática.

“Por eso mismo, cuando los que somos de Guanajuato escuchamos la expresión de Germán Martínez, pensamos que pudiera estar avalando prácticas antidemocráticas, que pueden ser muy eficientistas desde el punto de vista electoral, pero que desprestigian a la institución, deterioran la vida orgánica del partido y a la larga generan un escep-ticismo dañino respecto a la vocación, a las capacidades democráticas del partido y a sus posibilidades electorales.”

Además, agrega, la expresión de guanajuatizar el país tiene otra connotación posible, que es la de buscar el regreso al régimen de partido hegemónico. Pero eso, advierte, no es deseable ni corresponde con la pluralidad de este país.

“En cambio, si lo que Germán Martínez quiso decir es: vamos a organizarnos de una manera eficiente para tener una mayoría en ambas cámaras, eso sí me parece un objetivo deseable para cualquier político del mundo. Pero en el contexto mexicano, y más específicamente en el de Guanajuato, la expresión de ‘guanajuatizar el país’ me parece que es un equívoco que generan interpretaciones dañinas para el partido y para el proyecto que se quiera alcanzar.”

En cuanto al nuevo miembro del Comité de Planeación Estratégica, comenta: “Para quienes se ilusionaron con la victoria de Vicente Fox, que fueron millones, pues también hay millones de desilusionados. El problema es que ahora la desilusión será para el PAN, no para Vicente Fox”.

Para Alcántara Soria, son indiscutibles las habilidades mercadotécnicas y electorales de Fox, pero pesa más su mala actuación como presidente de la República:

“Veo como un despropósito involucrar en un papel relevante al expresidente Fox, pues si se hace un juicio sereno sobre su sexenio, me parece que no es satisfactorio para buena parte de la población. Si en un país subsiste la cultura priista en la que se ponía a un expresidente para ser culpado de todos los males, traer ahora a Fox me parece que le puede ser perjudicial y contraproducente al partido.”

–En este marco, ¿cree que ha sido conveniente utilizar a Fox y a Guanajuato como banderas?

–Germán Martínez está buscando unificar a los diferentes grupos al interior del partido, pero no hay que hacerlo de cualquier forma y a cualquier costo. Hay lecturas de rendición frente a El Yunque, que a su vez tiene como figura a Vicente Fox, aunque él no sea de esa organización, pero detrás de él se han cobijado.

“Me parece que el pueblo mexicano aún tiene viva la sensación de que se pudo hacer mejor la alternancia en el gobierno de Fox, y traer al presente el protagonismo de Vicente Fox puede irritar a más de uno.”

–¿Qué buscará Germán Martínez con Fox, usarlo de pararrayos o como golpeador en el escenario político?

–Si yo fuera presidente del PAN, a lo que invitaría a Vicente Fox es a diseñar las estrategias mercadotécnicas de la campaña, nada más a eso.

–Conociendo a Fox, es poco probable que se quiera quedar sólo con eso.

–Eso sería contraproducente, ya se lo decía. Prácticamente es una muestra de debilidad del Comité Ejecutivo Nacional, que una vez más sobredimensiona la fuerza de El Yunque y le da espacios que no se corresponden con su peso específico en el interior del partido.

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El poder blinda a los Bribiesca...*

Jesusa Cervantes

La última comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó a la empresa Construcciones Prácticas demandará anular cuatro subastas públicas “ilegales” del IPAB en las que, nuevamente, aparecen involucrados los hermanos Bribiesca Sahagún. Los legisladores establecen que, en esos negocios multimillonarios, fueron violadas las bases de las subastas y hubo información privilegiada, así como falta a los principios de igualdad y oposición.

La comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar a la empresa Construcciones Prácticas demandará la anulación de las cuatro subastas públicas del IPAB que la firma “ganó” en 2004, y exigirá al Ejecutivo Federal que “invalide los contratos”.

Los argumentos: que “se violentaron las disposiciones legales que rigen las subastas”, y se evidenció la intervención de de los hermanos Bribiesca Sahagún en las operaciones que favorecieron, ilegalmente, a la empresa Construcciones Prácticas.

En el informe final que la comisión especial entregará el 13 de agosto a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados –del cual ya tienen copia los 10 integrantes de la comisión– se detallan las irregularidades y las violaciones a los procesos de subasta a favor de Construcciones Prácticas, que constituyen un daño “contra el Estado”.

Y aunque en su indagatoria la comisión no aporta los nombres de los funcionarios implicados, considera “procedente ejercer acciones judiciales en contra de todos y cada uno de los servidores públicos involucrados”.

El informe de 117 cuartillas hace un desglose de los escasos documentos que entregó el IPAB, incluye un estudio de una decena de actas notariadas sobre procedimientos de Construcciones Prácticas para regularizar los bienes obtenidos del gobierno, y establece una correlación de actos previos y posteriores a las subastas donde surgieron los nombres de los hermanos Bribiesca.

En diversos movimientos mercantiles aparecen reiteradamente: Miguel Khoury Siman, Manuel Bribiesca Sahagún, Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, Luis Ángel Alonso Puente, Alberto Dunand Aramburu, Adrián Campuzano y el notario público número 26 de Celaya, Guanajuato, Arturo Nieto Lambarri.

A diferencia de las dos anteriores comisiones especiales –que recomendaron al Ejecutivo interponer denuncias ante la PGR contra los hermanos Bribiesca Sahagún, Miguel Khoury Siman y funcionarios de varias dependencias federales, así como una investigación de la Secretaría de la Función Pública contra autoridades del IPAB, de Sociedad Hipotecaria Federal, Fovissste, Infonavit, Pemex y Aduanas–, esta tercera comisión únicamente exploró las operaciones del IPAB y las cuatro subastas que “ganó” Construcciones Prácticas.

Al inicio del documento, los legisladores manifiestan que no denunciaron penalmente a los hermanos Bribiesca u otros particulares debido al amparo concedido el 14 de junio de 2007 a Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito “contra los actos” de las comisiones anteriores, incluyendo “las investigaciones, las conclusiones que sustentaron y sus efectos y consecuencias”.

Como por esta misma circunstancia decidió “no tomar en cuenta” los archivos entregados por sus dos antecesoras, la tercera comisión partió de cero y sólo investigó “la legalidad” de los cuatro contratos que firmó Construcciones Práctica con el IPAB, con el fin de evitar una impugnación de sus resultados en los tribunales. Pero aun cuando nunca investigó directamente a los hermanos Bribiesca, sus nombres surgieron inevitablemente en la indagatoria.

El cuarto de datos

Con base en su ley, el IPAB contrató a Fénix Administración de Activos, S. de R.L. de C.V., para que “colocara” en el mercado, a través de subastas públicas, bienes que eran de Bancrecer y que pertenecían al gobierno. Así, subastó, entre otros, el llamado paquete “C”, el predio Los Pirules, 275 departamentos de Puebla y el paquete “H”, que ganó Construcciones Prácticas, firma que está a nombre de Miguel Khoury Siman y de la cual los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún eran en ese año, 2004, proveedores de tubería de PVC.

Además de que tanto Khoury como Manuel Bribiesca habían conformado por esas fechas las empresas Urbanizaciones Inteligentes y Súper Block de Celaya; ambas eran proveedoras de Construcciones Prácticas.

Según el informe final de los dipu-tados, en las cuatro subastas que beneficiaron a Construcciones Prácticas se detectaron irregularidades que, al concatenarse unas con otras y ubicarlas en tiempo y espacio, hacen evidente que se favoreció indebidamente a esa empresa, y que tal favoritismo es consecuencia directa e inmediata de las omisiones de Fénix Administradora de Activos y el IPAB.

Así, destaca el informe, “los contratos celebrados por Fénix con Construcciones Prácticas son ilegales por tener vicios de origen”, como la“inobservancia de las sanas prácticas que, en cualquier tipo de subasta y licitación en los que se manejen recursos públicos, se deben hacer valer, como lo son: concurrencia, igualdad, publicidad y oposición”.

El llamado paquete “C” se subastó el 3 de febrero de 2004. Se trató de 3 mil 660 casas ubicadas en 15 ciudades de 12 estados de la República y de nueve terrenos para edificar otros conjuntos habitacionales. El constructor original era Plaza Industrial. Su propietario, Adrián Campuzano, las empezó a edificar en 1993, para lo cual solicitó a Bancrecer un crédito de 425.4 millones de pesos, poniendo como hipotecas las casas y terrenos.

Con la crisis de 1995, Campuzano no pudo liquidar su crédito y Bancrecer se quedó con las propiedades. Más tarde, esa institución bancaria fue absorbida por el gobierno federal, el cual decidió subastar sus bienes a través del IPAB. Este instituto, a su vez, contrató a la firma Fénix para realizar el proceso.

Construcciones Prácticas se quedó con las 3 mil 660 casas y con los nueve terrenos por sólo 8 millones 100 mil pesos. Sin embargo, según los documentos del mismo IPAB, todo el paquete “C” tenía un valor en libros de mil 183 millones 5 mil 751 pesos 33 centavos.

El informe final indica que “presuntamente el procedimiento de licitación fue legal”, pero previamente a la subasta Fénix facilitó a Construcciones Prácticas, antes que al resto de los concursantes, el conocimiento de toda la información sobre el paquete.

“Fénix permitió el ingreso al cuarto de datos a Construcciones Prácticas el día 28 de noviembre de 2003, es decir, un mes y dos días antes de que esa empresa contara con la Carta de Aprobación de Bancrecer, a través del agente colocador, hecho que resulta ilegal”, asientan los legisladores.

El “cuarto de datos” consiste en tener acceso a la información de los bienes que se van a subastar, es decir, a datos como el nombre de los acreditados, el valor de los créditos, la naturaleza y la ubicación de las garantías, el tipo de juicio y su etapa procesal.

Eso permite al participante en la licitación hacer un estudio financiero que determine el valor de la postura con la cual pujará. Pero al cuarto de datos sólo puede entrar una persona física o moral cuando ha sido aprobada su participación, y en este caso Construcciones Prácticas ingresó antes.

El informe de los diputados puntualiza que una vez que es aceptada la participación de los concursantes, éstos firman una carta de confidencialidad y pueden entrar al cuarto de datos. La carta los obliga a no divulgar la información a la que tuvieron acceso y a no establecer ningún tipo de comunicación con los acreditados o con cualquier persona que de manera directa o indirecta tenga interés en las operaciones. Por ejemplo, Miguel Khoury no podía establecer contacto con Adrián Campuzano, el constructor original de las casas y deudor de Bancrecer.

“El incumplimiento de esas disposiciones podría poner en ventaja al participante incumplido por sobre aquellos que dieron cumplimiento a los tiempos de acceso al cuarto de datos (…) Fénix debió hacer cumplir estas reglas y no lo hizo.

“Tal omisión hace presumir que se puso en ventaja a Construcciones Prácticas por encima del resto de los participantes, contraviniendo el principio de igualdad. Razón por la cual resultó irregular la actuación de Fénix (…) En opinión de esta comisión, resulta irregular y, por lo tanto, ilegal el proceso de enajenación del paquete ‘C’.”

Acuerdos y concertaciones

En este caso del paquete “C”, no sólo se produjo información privilegiada, sino que hubo también una serie de “actos jurídicos que a manera de presunción establecen acuerdos y concertaciones entre Construcciones Prácticas y Grupo Inmobiliario Kilate”, es decir, entre Miguel Khoury Siman y Manuel Bribiesca Sahagún.

Para explicar lo anterior, los diputados recuerdan que Construcciones Prácticas pertenece a Miguel Isaac Khoury Siman y Munir Isaac Khoury Jorge, y que Kilate es de Miguel Isaac Khoury Siman y Manuel Bribiesca Sahagún, y en seguida expresan:

“El señor Miguel Khoury conocía y tenía negocios con los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún. Debe recordarse que el segundo (Jorge Alberto) sustituyó a Construcciones Prácticas en una obligación que correspondía a esa sociedad, consistente en garantizar la postura mediante la expedición de un cheque en la subasta del predio Los Pirules.”

“Aunado a lo anterior”, continúan, Grupo Inmobiliario Kilate fue vendido por Miguel Khoury y Manuel Bribiesca a Alberto Dunand Aramburu y Luis Ángel Alonso Puente.

Por cierto que, advierten, el apellido de Alberto Dunand “es idéntico al de Alfredo Dunand, persona que indebidamente sustituyó a Construcciones Prácticas al garantizar su postura en el procedimiento de subasta de 275 departamentos ubicados en Puebla”.

Y agregan: “…Es de hacerse notar la identidad de las personas que intervienen en estos actos jurídicos, y el interés justificado que tendrían en el éxito de los negocios que conjunta o separadamente emprendieran sus respectivas empresas”.

Más adelante, los legisladores refieren cómo la empresa Kilate le compró el 15 de marzo de 2004 a Plaza Industrial, de Adrián Campuzano, 460 casas que estaban en el paquete “C”, que ya no eran de Campuzano ni del IPAB, sino de Construcciones Prácticas.

“Ante los hechos descritos, se presume fundadamente que Construcciones Prácticas concertó o entabló comunicación indebidamente con el señor Adrián Campuzano, quien no obstante conocer que los créditos a cargo de su empresa habían sido transferidos al IPAB, comparece sin recato alguno a formalizar la venta del conjunto habitacional”, enfatiza el informe.

La presunción de que se produjo dicha “concertación” brota del hecho de que la parte compradora, Kilate, y sus accionistas originales y posteriores, “tenían conocimiento pleno de la enajenación a favor de Construcciones Prácticas”, abundan los legisladores.

Y para reforzar la misma presunción, los integrantes de la comisión recuerdan que los segundos propietarios de Kilate solicitaron un crédito por 54.2 millones de pesos a la entidad gubernamental Sociedad Hipotecaria Federal, “firmando como avales los señores Miguel Khoury Siman, Manuel Bribiesca Sahagún y Luis Ángel Alonso Puente”.

Los depósitos de garantía

La segunda subasta que el IPAB entregó a Construcciones Prácticas se realizó el 1 de abril de 2004. Consistió en un predio rústico denominado Los Pirules y ubicado en Celaya, Guanajuato, donde posteriormente se construyeron dos conjuntos habitacionales.

Los diputados reclaman igualmente anular esa operación, ya que en el proceso hubo violación de las bases de la subasta, según las cuales no puede presentar su propuesta de compra ni ser adjudicado un participante que no hizo el depósito de garantía, sino que éste fue pagado por un tercero.

Efectivamente, en este caso no fue Construcciones Prácticas la que cubrió el depósito de garantía, sino un tercero que, por añadidura, era el hijo político del entonces presidente Vicente Fox: Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijo de Marta Sahagún de Fox.

Fue él quien, el 1 de abril de 2004, liquidó al IPAB el depósito de garantía con un cheque por 1 millón 303 mil 686 pesos 30 centavos.

“Este hecho es irregular e ilegal”, se indica en el documento de la comisión especial, pues “Jorge Alberto Bribiesca Sahagún o cualquier otra persona física o moral carece de legitimación para comparecer en un acto cuyas bases imponen derechos y obligaciones únicamente al participante”. Los diputados sentencian que las reglas no dejan lugar a dudas ni a interpretaciones, de modo que si el depósito de garantía fue cubierto “por un tercero” distinto a quien fue aceptado por escrito en ese procedimiento de enajenación, era imperativo que “el agente colocador desechara su propuesta en términos del inciso B de las bases”.

Según la comisión, esto puso en ventaja a Construcciones Prácticas sobre los demás concursantes, en “un clima de desi-gualdad y, por lo tanto, de inseguridad jurídica y desventaja al resto de los participantes”.

Sumado a lo anterior, agrega el documento, Jorge Alberto Bribiesca Sahagún estaba “expresamente impedido para participar de manera directa o indirecta (en el proceso) por ser familiar del entonces presidente de la República.

“El señor Jorge Alberto Bribiesca, desde el día en que se publicó la convocatoria de subasta, tenía –y tiene hasta el día de hoy– un parentesco por afinidad con el entonces titular del Ejecutivo, Vicente Fox Quesada, quien en ese momento era parte del sistema financiero del país en virtud de que el presidente es quien designa al secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo representa y funge como presidente de la Junta de Gobierno del IPAB.”

Por esta razón, el agente colocador, Fénix y el IPAB debieron desechar la propuesta de Construcciones Prácticas, ya que al permitir esta irregularidad la subasta fue “ilegal”.

Más aún, al no haber aportado el depósito de garantía, Construcciones Prácticas puso en evidencia “que no tenía dinero suficiente para participar (…) obteniendo así una ventaja” sobre el resto de los postores.

Esta misma ilegalidad se produjo en la subasta número tres de los 275 departamentos de Puebla, donde quien entregó el depósito al IPAB no fue Construcciones Prácticas, sino Alfredo Dunand, por 4 millones 410 mil pesos.

Como las bases de esta tercera subasta especifican que una violación de esta naturaleza impide al concursante intervenir en otra subasta, esto debió bastar para que no compitieran en la número cuatro, que otorgó el paquete “H” a Construcciones Prácticas.

Por lo anterior, los diputados demandan la anulación de las cuatro subastas y la realización de una auditoría externa al proceso del IPAB, ya que éste “tenía los medios y las facultades suficientes para requerir información que resultara necesaria para supervisar el correcto desempeño del agente colocador, bajo la premisa de que en esa subasta se habían utilizado recursos públicos”.

En consecuencia de “las omisiones adver-tidas en la legalidad del procedimiento –concluye el documento de los legisladores–, se invalidan los contratos, produciendo su nulidad absoluta, la cual puede y debe ser invocada por el propio Ejecutivo”.

*Tomados de la revista Proceso.