Legal, legítima y ciudadana la consulta del domingo 27

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

No cabe duda que la discusión actual es sobre el proyecto de nación que se quiere tener y las dos visones que se ofrecen. Por un lado de manera clara está la derecha del PAN, el PRI, el Verde, el Panal y la Nueva Izquierda de los Chuchos del PRD, que pretenden acrecentar sus fortunas y las de sus compinche aún a costa de la ruina del país y de los mexicanos. Por el otro esta una parte del PRD, el Partido del Trabajo, Convergencia y sobre todo la masiva corriente que apoya a Andrés Manuel López Obrador, los que buscan terminar con el régimen de privilegios de unos pocos –grandes empresarios como Bimbo, Telmex, Cemex, Televisa, Wal-Mart, TV Azteca, Coca Cola, Radio Centro, Radio Fórmula, diputados y senadores, jueces y magistrados, gobernadores, presidentes municipales, etc.-, la impunidad y el saqueo a la nación que mantienen a los mexicanos en la pobreza extrema.

La importancia de rechazar la privatización de Pemex en el referéndum del próximo domingo 27 es tal que el ejercicio ciudadano ha sido descalificado de antemano por las fuerzas de la derecha. De diversas maneras los funcionarios patito del desgobierno usurpador de Felipe Calderón Hinojosa han afirmado que se trata de una simulación tramposa. Que sólo votarán los perredistas, que no tiene carácter obligatorio, que es un desperdicio de recursos y que es ilegal y violatoria de la Constitución.

Aunque se sabe que podrá votar cualquiera, de cualquier corriente política incluidos los del PAN, PRI, Verde, Panal, Alternativa y los sin partido, los lectores oficiosos de noticias de las radiodifusoras y televisoras dicen que no será así. Grandes empresarios de la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial –que apoyaron el fraude electoral del 2006 e impusieron a su pelele Calderón Hinojosa- también la descalifican.

Si creemos en las encuestas oficiales, en los sesudos lectores de noticias, en los empresarios, en los políticos de la derecha, no tienen nada que temer, se tratará entonces de una encuestita a la que nadie acudirá y los que lo hagan votarán mayoritariamente por respaldar al espurio Calderón Hinojosa.

Sin embargo, las encuestas –de ellos mismos- no amañadas indican que los mexicanos mayoritariamente rechazan la venta de Pemex sin importar el disfraz o las palabras que usen para ello. Tampoco quieren seguir pagando las borracheras y lujos de la clase gobernante que les cobra impuestos hasta por respirar, mientras que a los grandes empresarios les regresa dinero, para que sigan cobrando precios altos por sus productos y servicios, como refrescos –Coca Cola y Pepsicola- pastelitos –Bimbo- frituras –Bimbo, Coca Cola y Pepsicola- telefonía fija y celular –Telmex-. Etc.

El ejercicio no sólo representará la opinión de los mexicanos respecto al petróleo, sino también un referéndum sobre la actuaciones de los políticos del PRI y PAN, así como los casi dos años del usurpador Calderón Hinojosa. Ese es el punto, y por eso tanto encono y descalificación.

En dos días se llevará a cabo la primer consulta a la ciudadanía con la legalidad suficiente, avalada por instituciones sin reproche como el Instituto Electoral del Distrito Federal, la UNAM y el Politécnico. De la fuerza de la manifestación popular en el voto dependerá en mucho que se pueda frenar –sin llegar a tomar otras medidas- la privatización del petróleo. El PAN y el PRI (PRIAN) ya tienen –desde abril pasado- acuerdo de aprobar la venta de Pemex a como de lugar, los “debates” en el Senado de la República fueron un logro de los ciudadanos. Demos un paso más hacia la democracia participativa que hace falta en el país, no a los acuerdos cupulares entre los mafiosos de siempre, no a la privatización del petróleo, no más pobreza. Si a la democracia participativa y ciudadana, basta de saqueos, transas e impunidad.


A continuación colaboraciones tomadas del periódico La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx/

La ley Beltrones

Luis Javier Garrido

Las iniciativas legales en materia de petróleo que anunció el PRI no resultaron a fin de cuentas más que un refrito de las de Calderón y tienen el mismo objetivo que las de éste: destruir a Pemex y entregar la riqueza estratégica del petróleo a compañías privadas extranjeras, por lo que la que ya se llama ley Beltrones está suscitando la más viva oposición.

1. La propuesta que se suponía iba a ser del PRI sobre la industria petrolera mexicana, entregada como propia por Manlio Fabio Beltrones (coordinador de los senadores priístas) a la Comisión Permanente del Congreso el día 23, consta de nueve iniciativas de ley (frente a las siete de Calderón), de las cuales tres son nuevos cuerpos legales –la Ley Orgánica de Pemex, la Ley de la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo y la Ley para el Financiamiento de la Transición Energética–, y seis son proyectos de “reformas y adiciones”: a la Ley Reglamentaria del artículo 27, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a la Ley de Obras Públicas y Servicios y a la Ley de Adquisiciones, y tiene los mismos objetivos que la de Calderón y también busca: desmantelar a Petróleos Mexicanos y crear en México una industria petrolera en manos de consorcios privados, que mentirosamente se dice van a ser nacionales.

2. La privatizadora y antinacional ley Beltrones, presentada por el senador sonorense a nombre de los legisladores del PRI, y que de manera poco confiable se afirma fue aprobada por las cúpulas priístas, no sólo es tanto o más anticonstitucional que la de Calderón, sino que viola la Declaración de Principios del PRI, que sostiene el principio de que el petróleo es “propiedad de la nación” y se pronuncia contra “todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos”, por lo que a todas luces no representa el sentir de la mayoría de los miembros de ese partido.

3. Estas iniciativas, redactadas a oscuras, a espaldas y en contra de la nación y de los priístas, sin tomar en cuenta el resultado de los Foros del Senado (por una comisión que se dice fue presidida por Marco Antonio Bernal), y al ser impuestas por la fuerza de los hechos a los miembros de ese partido, y formalmente presentadas como la propuesta de lo que queda del viejo PRI, culminan históricamente el proceso de derechización del tricolor, acelerado desde los años de De la Madrid, y que hoy lo deja desacreditado por completo y sin un proyecto histórico, y a sus dirigentes relegados al papel de empleadetes del gran capital y sin más función que hacerle el trabajo sucio al gobierno espurio: cargando una vez más con el descrédito histórico. Con ellas, cínicamente, Beltrones pretende ser más servil con el gran capital –que calificaba como timorata la iniciativa de Calderón–, a cambio de que se permita a los gobernadores estatales una tajada del pastel mediante las anticonstitucionales “empresas espejo”.

4. Las nueve iniciativas de Beltrones no constituyen más que un intento mal hecho por esconder el objetivo de priístas y panistas de destruir a Pemex y crear las condiciones para una industria privada en la que florecería la corrupción, pues hay que recordar que no existen en el mundo globalizado grandes empresas privadas “nacionales”: todas son trasnacionales. Carlos Slim lo decía no como un mexicano que abdica de su vocación nacional, sino como un empresario sin patria al sostener que la industria petrolera mexicana debe estar en manos de compañías privadas y que Pemex “debe acudir a ingeniería, tecnología y empresas internacionales con experiencia y conocimiento” (Reforma del jueves 24).

5. Las iniciativas de Beltrones son tanto o más anticonstitucionales que las de Calderón, pues transgreden el principio de la supremacía constitucional consignado en el artículo 131, violan el principio del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos, establecido en el 27, contravienen el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros definido en el 28, transgreden el principio de la prohibición a las autoridades de otorgar concesiones ni contratos a los particulares tratándose del petróleo establecido en el mismo 27, violan el principio que considera hidrocarburos y petroquímica básica como un área estratégica establecido en el 25 y en el 28, y violentan el de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas sometidas a un régimen jurídico “de excepción”, que sería el caso de las “empresas espejo” a las que pretende entregarle las funciones de Pemex.

6. Privatizar es eso: entregar funciones que por mandato constitucional han de ser públicas a los particulares, y no es otra cosa lo que se busca al pretender que el Ejecutivo pueda crear libremente organismos descentralizados como filiales o “empresas espejo” de Pemex para que realicen sus tareas, las que a su vez puedan contratar obras y servicios.

7. Las iniciativas de Beltrones atentan en consecuencia contra el principio de que el Estado debe garantizar que “el desarrollo nacional” fortalezca “la soberanía de la nación”, tal como lo prescribe el artículo 25, por lo que de ser aprobadas, comprometerían tanto o más que la de Calderón la independencia, la seguridad y la soberanía de la nación y, en consecuencia, el porvenir de todos los mexicanos.

8. El PRI le mentirá en lo sucesivo a los mexicanos si mantiene sus eslogans propagandísticos diciendo que lo que busca en Pemex es “modernización sin privatización”, y deberá asumir en los meses que viene el repudio creciente del pueblo ante lo que es claramente un intento mal disfrazado para defraudar el marco constitucional y despojar a la nación.

9. La cacareada contrapropuesta del PRI a las iniciativas de Calderón no fue tal sino que produjo un remedo de aquélla: un nuevo engendro legislativo, que por su carácter anticonstitucional debe ser desechado por notoriamente improcedente por las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, obligadas ahora a iniciar una reflexión en serio, de acuerdo con lo que se planteó mayoritariamente en los Foros del Senado sobre cómo modernizar y fortalecer a Pemex.

10. La consulta popular, que se inicia el próximo domingo 27 en el Distrito Federal, no sólo no pierde peso con esta fallida intentona por confundir, sino que adquiere un doble sentido. Al rechazarse con dos no rotundos la iniciativa de Calderón, se estará igualmente repudiando la de Beltrones, y fortaleciendo la vía para rescatar a Pemex y a la nación.


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PRIvatización mal escondida

Antonio Gershenson
gershen@servidor.unam.mx

La iniciativa del PRI para la legislación que afecta a Pemex va encaminada a hablar de que no se va a privatizar nada, como lo dijeron con la suya el gobierno federal y el PAN, pero sólo para ocultar mejor esa privatización. El documento es largo y seguirá dando materia de discusión por un tiempo, como sucedió con su antecesora federal, pero vamos a señalar algunos de los puntos claves.

Empezamos por las refinerías privadas, que nominalmente desaparecen. En la iniciativa panista tampoco usaban estas palabras, lo encubrían hablando de “maquila” y cosas así. Pero ahora se dice, en el artículo 4º de la propuesta de cambio a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo:

“El Ejecutivo federal podrá constituir, por decreto, organismos descentralizados con carácter estratégico filiales de Petróleos Mexicanos, con el objeto de realizar, por cuenta de aquél, las actividades de construcción de ductos y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos, que forman parte de la industria petrolera. Dichos organismos filiales serán propiedad exclusiva de Petróleos Mexicanos y se constituirán a propuesta de su consejo de administración.”

Hasta aquí no hay refinerías privadas. Serán organismos nuevos, pero públicos. Más pedacitos de Pemex, pero finalmente de Pemex. Seguimos viendo qué con estas nuevas empresas, y llegamos a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, que también aquí, como en la iniciativa del gobierno federal, se plantea como una nueva ley. En el segundo párrafo del artículo sexto dice:

“Los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales tendrán el carácter de entidades de control presupuestal indirecto”. Esto significa que no los controla el Congreso, en especial la Cámara de Diputados, ni su Auditoría Superior. Será Pemex, y luego Hacienda, quien lo haga, y los legisladores recibirán los informes de esta secretaría, que incluirán un resumen de cada entidad de control presupuestal indirecto.

Esto no es lo peor. Lo más grave viene en el artículo 19 de la misma ley, con las funciones del consejo de administración de Pemex, adicionales a las que establece la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. En el inciso IX se dice: “Aprobar, a solicitud del director general, la constitución y desincorporación de los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales bajo control de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios, consideradas entidades paraestatales, sin sujetarse para esos efectos al procedimiento previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento”.

Recordamos que “desincorporación” es un eufemismo y al mismo tiempo nombre oficial, desde hace años, de la privatización de las empresas estatales. Ese término se sigue usando en la ley vigente citada al final del párrafo anterior. Entonces, el esquema queda completo. Se crea, por ejemplo, uno de estos “organismos descentralizados de carácter estratégico filiales” de Pemex, asociado a la construcción de la refinería del nombre que nos guste. Se formalizan los trámites para que quede consolidada con esas funciones. Y más adelante, en un momento “tranquilo”, el consejo de administración, que ya no requiere de ningún trámite porque ha sido exceptuado en este inciso IX, “desincorpora” a este organismo y se lo vende a “su trasnacional favorita” o como le queramos llamar. O a una fórmula intermedia, si se quiere privatizar por etapas. De modo que no dicen “refinerías privadas”, pero sí dicen “desincorporar” al organismo público que las iba a hacer, o que las empezó a hacer.

En otras partes la iniciativa del PRI no difiere mucho de la panista. En cuanto a los contratos, en unas partes usan los términos de las leyes existentes, por ejemplo, “obras” y “servicios” que se rigen cada uno por su ley. Pero en otras partes, y al evaluar los pagos, se habla del “proyecto” que contendría obras, servicios, adquisiciones y demás. Los panistas usan otras palabras. Lo que sigue es de la citada ley orgánica.

Artículo 60, fracción IV: Los pagos “podrán condicionarse al menor o mayor éxito del proyecto”. Pero, ¿fue contrato de obra? ¿O de qué? Y si el proyecto sale bien, ¿por qué y cuánto se le paga al que hizo la obra civil, por ejemplo? Se implica, aunque no se le legaliza, que haya contratos enormes por proyecto. En la siguiente fracción se dice que se puede compensar o penalizar, como parte de la remuneración, una serie de factores orientados “a maximizar la eficacia o el éxito de la obra o servicios”. Esto va por el camino de la iniciativa panista, con algunos matices de diferencia.

En el artículo 59 se dice que “los contratos podrán contemplar cláusulas donde se permita a los contratistas sugerir modificaciones a los proyectos” con diferentes pretextos. También aquí no queda claro si el contrato es, por ejemplo, por una obra o por todo el proyecto; y si tiene sentido que el que hace la obra civil pueda sugerir modificaciones al proyecto de toda la refinería. Hay algo oculto aquí.


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Asesores extranjeros: ¡un peligro para México!

Jorge Camil

Vicente Fox dio inicio a la práctica de utilizar asesores extranjeros para asuntos electorales, y a juzgar por las circunstancias es posible que al menos Rob Allyn, verdadero autor de sus “memorias”, lo haya asesorado también en la toma de decisiones de Estado. Todo indica que la estrecha relación entre Fox y Allyn, el publirrelacionista texano que lo llevó a la presidencia de México, fue más allá de la elección del 2 de julio de 2000.

Las “memorias”, escritas por Allyn y publicadas en Estados Unidos en un tiempo récord, justo al final del sexenio, indican una intensa relación de trabajo que se prolongó hasta el final del mandato. ¿De qué otra manera Allyn, autor e instigador de unas “memorias” destinadas a vender su nombre junto al de Vicente Fox en el mundo empresarial estadunidense, pudo conocer oportunamente, y con tanto detalle, temas como el pretendido desafuero de López Obrador? Es posible que este hábil asesor, con experiencia electoral en varios países, haya sido el autor principal de una estrategia claramente destinada a deshacerse del único obstáculo que podría frustrar la elección de un sucesor como Santiago Creel o Marta Sahagún, que garantizara la continuidad.

Sin la activa participación de Allyn en el sexenio hubiera sido imposible que Fox, dedicado a entregar la presidencia, y a la tarea de manipular ilegalmente la elección de 2006, pudiese haber mantenido a Allyn informado al detalle sobre eventos minuciosamente redactados en un libro titulado con desvergüenza La revolución de la esperanza. (¿Fox, autor de una falsa transición democrática, mostrado a los ojos de futuros clientes multinacionales con los atributos de innovadores como Lech Walessa o Mikhail Gorbachev?) Así que la pregunta es obligada: ¿qué tanto participó Allyn en asuntos y decisiones de Estado? ¿Fue él, junto con el defenestrado Santiago Creel, el autor del desafuero? Para una democracia incipiente es un peligro importar asesores extranjeros y estrategias diseñadas en otros países. Al parecer Dick Morris, el asesor que fue factor decisivo en las debatidas elecciones mexicanas de 2006, hizo mucho más que acuñar la frase que resultó letal para el PRD: “López Obrador es un peligro para México”. Su consejo influyó seguramente en la decisión que llevó a las cúpulas empresariales mexicanas a financiar millones de pesos de propaganda soterrada, conocida en Estados Unidos como Swift boating: la estrategia que destruyó la campaña presidencial de John Kerry. (En esa campaña, un grupo de veteranos de Vietnam, que participaron con Kerry en las lanchas cañoneras, Swift boats, que patrullaban las aguas vietnamitas, produjeron supuestamente motu proprio, pero con formidables contribuciones de millonarios anónimos, comerciales maliciosos destinados a cuestionar el heroísmo de Kerry: “Kerry no tiene el patriotismo requerido para ser presidente de Estados Unidos”, era el mensaje.)

En México, la estrategia sucia del Swift boating diseñada por Morris fue más allá: convirtió al candidato del PRD en “un peligro para México”. Resulta increíble que con experiencias como las de Allyn y Morris la reciente reforma a nuestra legislación electoral no haya prohibido categóricamente la participación de “asesores” o “estrategas” extranjeros en campañas políticas mexicanas (una intervención que, por otra parte, viola el artículo 33 de la Constitución).

¿Continuará Morris asesorando a Calderón? La pregunta es obligada frente a las elecciones legislativas de 2009, con respecto a las cuales el presidente del PAN ya declaró que el enemigo a vencer es el PRI, dando por muerto al PRD. (¿Se está montando acaso un escenario en el que todo el Partido de la Revolución Democrática va a resultar “un peligro para México”?) La posible participación de asesores extranjeros podría ser el motivo por el cual el gobierno actual, en la mejor tradición de Washington, está más dedicado a impulsar la imagen de Calderón, y a mantener a Acción Nacional en el poder, que a la tarea de gobernar. Todo apunta en ese sentido: el despegue espectacular de la campaña de 2009, la publicidad constante sobre una guerra contra el crimen organizado, que irónicamente está ganando el crimen organizado, y el desprecio por el PRD (¿hemos regresado al “ni los veo ni los oigo” de Carlos Salinas?) Un hecho que recuerda tácticas de administraciones siniestras, como las de Richard Nixon y George W. Bush, es el “espionaje preventivo” contra futuros adversarios políticos. Scott MacClellan, ex vocero de Bush, puso el dedo en la llaga con su reciente libro, What happened? (¿Qué pasó?).

Con el advenimiento de Bush –dice McClellan– Washington entronizó una política conocida como “campaña permanente”, en la que publirrelacionistas de prestigio son contratados de tiempo completo, desde el primer día del nuevo gobierno, para librar una campaña sin cuartel que mantenga a toda costa la popularidad del presidente, destruya a la oposición, y asegure la continuidad del partido en el poder. Aunque las cosas están saliendo al revés, todo indica que México vive esa situación.