Triunfo rotundo del NO a la venta de Pemex Pese a todo cientos de miles sufragaron

Tomados de La Jornada, Hernández y Helguera y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Con una afluencia de alrededor de dos millones de personas la consulta ciudadana sobre la privatización de Pemex dio como resultado un rotundo rechazo a las iniciativas del PAN y PRI (PRIAN) para dejar en manos privadas el recurso energético.

Tan sólo en la ciudad capital sufragaron más de 800 mil personas de las cuales más de 700 mil se pronunciaron por el NO ante las intenciones de vender Pemex, plasmadas en las iniciativas del pelele Felipe Calderón Hinojosa y las del capo del PRI Manlio Fabio Beltrones.

Sin embargo, para los lectores de noticias y testaferros del usurpador Calderón Hinojosa los números no son suficientes. Sin importar que una consulta reciente del PRI en el Estado de México tuviera como participación 15 mil personas, o que la dirigencia del PAN-DF reuniera poco más de 100 personas la semana anterior para protestar por todo, menosprecian que dos millones de ciudadanos opinaran sobre el tema.

Hicieron comparaciones sin sentido. Que si fue menor la votación a la del 2006 o que el "músculo está débil"-veremos en las calles qué tan débil está-, pero no dijeron que ellos mismos se encargaron de descalificarla y de desinformar al señalar que no tendría ningún valor, que sólo sería entre militantes del PRD o simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador. O que día y noche en todos los espacios hicieran mofa de la misma. Por eso no importaría si hubieran votado los mismos que votaron en 2006, todavía dirían que a dos años el movimiento no ha crecido y que con todo sólo representan el 30 por ciento del padrón electoral.

Por eso es importante ver la dimensión del acontecimiento. Para empezar es la primera consulta a la ciudadanía que toma en cuenta otros estados además del Distrito Federal. Tuvo en contra todo el aparato del desgobierno espurio, además de los poderes fácticos que se sirvieron con la cuchara grande en televisión, radio y prensa escrita. La desinformación, mofa y descalificación fueron sus armas. Tuvo poca difusión debido a la escasez de recursos, la propaganda se hizo de persona a persona por brigadistas. Prácticamente no se utilizaron la radio y televisión para su difusión. La principal deficiencia fue que no se contó con la publicidad sobre la ubicación de las casillas, sin embargo la mayoría de la gente que pudo sufragar agradeció que se le tomara en cuenta.

Si las casas encuestadoras toman como base para sus sondeos una muestra a nivel nacional de 2 mil personas ¿más de 800 mil en el Distrito Federal y casi dos millones contando las otras entidades, no es representativa?

El apabullante resultado de 84 y 82 por ciento en contra de las intenciones de privatizar el petróleo ejemplifica que la ciudadanía está harta del pelele Calderón Hinojosa, del PAN y del PRI, pues con todo hubo casi un 20 por ciento de ciudadanos que votó por el SI a la privatización, lo que da certeza y veracidad al ejercicio ciudadano. Es decir unas 200 mil personas que salieron también a opinar y a manifestar su respaldo al espurio, confiaron en que sus votos serían contados y por tanto tendría sentido votar.

Pero aún estos votos favorables no tienen sentido para las corruptas cúpulas del PAN y PRI que ya han dicho que se dictaminarán –aprobarán en comisiones- ambas iniciativas. Claro que los Chuchos no se quedan atrás, el representante espurio del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo dijo que no será necesaria la movilización social si las propuestas no tienen carácter privatizador y que las mismas deberían darse después de que se apruebe la reforma de marras.

En pocas palabras la actitud de los Chuchos era de esperarse y la del PRIAN se sabía desde mucho antes, desde abril, cuando querían dar el albazo legislativo. También se sabía desde ese entonces que sólo la movilización ciudadana podrá frenar el saqueo ya que las "instituciones" están tomadas por la mafia política que controla el país.

Por lo tanto el ejercicio ciudadano cumplió con su cometido, cientos de miles se manifestaron por el rechazo al pelele Calderón Hinojosa y a los transas del PRI y de esta manera también refrendaron su disposición a oponerse activamente al atraco que pretenden. Ahora además de moral, la dirigencia partidista del PRD, PT, Convergencia y los demás políticos tienen el mandato de la ciudadanía en quien reside en última instancia –según la Constitución- la soberanía de México de no privatizar Pemex. Si no lo acatan, de manera pacífica y ordenada haremos que lo hagan. Nadie puede estar por encima de la voluntad del pueblo.



A continuación una colaboración tomada del diario La Jornada.




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El principio de legalidad

John M. Ackerman

El principio de legalidad reza que mientras los ciudadanos deben ser libres para hacer todo lo que no esté explícitamente prohibido por la norma, los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que está permitido por la ley. Este concepto es fundamental para el establecimiento del estado de derecho en un contexto democrático. Un gobierno que no se subordina a la ley rápidamente cae en el autoritarismo y la arbitrariedad.

Pero existen dos formas de interpretar este principio. Por un lado, está la lógica "letrista" del proverbial burócrata de ventanilla que se niega a atender alguna solicitud o trámite porque su manual supuestamente no se lo permite. Ésta es la filosofía del viejo servidor público indolente y cachazudo, formado a la sombra del sistema político autoritario. Es también la perfecta coartada para la corrupción, ya que alienta al ciudadano a entrar al círculo vicioso de los sobornos para completar su trámite.

Otra forma más "garantista" de entender el principio de legalidad sería a partir de un firme compromiso con la supremacía constitucional, así como una comprensión del carácter siempre abierto y dinámico del derecho. Pocas leyes funcionan como programas de computadora al ordenar comportamientos específicos ante situaciones concretas. Hacen falta funcionarios públicos inteligentes, dispuestos a hacer todo lo necesario para cumplir con el ciudadano dentro del marco del estado de derecho.

En teoría, ambas formas de entender la legalidad son perfectamente legítimas, siempre y cuando se apliquen consistentemente y sin criterios políticos. Se vale ser un buen "letrista" o "garantista". Lo que no se vale es seguir el ejemplo de Porfirio Díaz: ser garantista con los amigos y letrista con los adversarios.

Por ejemplo, en su descalificación de la consulta petrolera José Woldenberg hoy se enorgullece de ser un "formalista" ("Superliga y consulta", Reforma, 24/7/08). Pero cuando se trató de temas en los que él tenía más afinidad ideológica, el antiguo consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) no dudó en aplicar un criterio diferente. Por ejemplo, fue uno de los principales promotores de la consulta infantil y juvenil realizada por primera ocasión el 2 de julio del año 2000. Para ese ejercicio el IFE instaló 15 mil casillas en todo el país, donde niños y niñas entre seis y 17 años pudieran expresar sus opiniones.

También en 2000, Woldenberg fue uno de los impulsores del exhorto a las autoridades para suspender la difusión de sus obras 30 días antes de las elecciones. Ni la consulta juvenil ni el exhorto respondían a un mandato explícito de la ley. De hecho, en el caso del exhorto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había declarado su ilegalidad por no encontrarse dentro de las funciones del IFE. Llama la atención que ahora el antiguo consejero presidente esconda en el discurso del "formalismo" su animadversión ideológica a la consulta, cuando antes apoyó iniciativas parecidas que, como la de hoy, se orientaban a fortalecer el sistema democrático.

Lo mismo se aplica a los actuales consejeros del IFE. En su respuesta a la solicitud del Frente Amplio Progresista (FAP) para que participara en la consulta, el IFE se amparó en un supuesto respeto a la legalidad que no le permite "extralimitarse" en sus funciones.

En este contexto, habría que recordar el orgullo con el cual la autoridad electoral llamó a la "tregua navideña" antes de las últimas elecciones federales, así como la realización de la tercera edición de la consulta infantil el 2 de julio de 2006. De nuevo, "letrismo" selectivo para los adversarios. El reciente fallo del TEPJF sobre la participación del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) en la consulta comprueba el trasfondo político de la decisión de los consejeros federales.

Al poner tanto énfasis en el principio de legalidad, los personajes que se lanzan contra la consulta petrolera revelan que lo que realmente les molesta es la llegada de la izquierda al poder. Según ellos, no habría ningún problema si la consulta la organizara el PRD o una agrupación de organismos civiles (ver, por ejemplo, Jorge Alcocer, "Consulta", Reforma, 22 de julio de 2008). Claro, como están acostumbrados a simplemente ignorar este tipo de expresiones sociales, les saca de quicio que el Gobierno del Distrito Federal, el IEDF y los legisladores federales busquen romper las reglas históricas del autoritarismo desde el mismo poder público.

El asunto que más preocupa a los detractores de la consulta es que la izquierda quiera meterse adonde supuestamente no le corresponde. "Mejor en las calles, donde estamos acostumbrados a lidiar con ellos", parecen pensar; "eso es mejor que verlos ejerciendo el poder, donde representan una verdadera amenaza para los intereses creados."

Pero como reza el antiguo aforismo chino: "Cuidado con lo que deseas, que podría hacerse realidad". Sería mucho mejor aceptar y aprender de las novedades democratizadoras de los gobiernos de izquierda, que rechazarlas y con ello provocar una verdadera crisis política que nos deje al borde de la violencia.