Masiva participación ciudadana en consulta sobre destino de Pemex

Tomado de La Jornada, Hernández.

La jornada de consulta ciudadana para manifestar su opinión sobre la reforma petrolera del pelele Felipe Calderón Hinojosa comenzó temprano –poco después de las ocho de la mañana- con la participación de decenas de ciudadanos. Se espera que durante el transcurso del día cientos de miles lo hagan en el Distrito Federal y en otras nueve entidades en el país.

Sin mayores contratiempos y con la participación de los ciudadanos las mesas receptoras de la consulta se instalaron a tiempo. La ciudadanía podrá ejercer su derecho a opinar sobre el rumbo y tipo de país que quiere hasta las seis de la tarde o hasta que se agoten las mil boletas –por cada pregunta- con que cuentan.

Todos los habitantes del Distrito Federal y las nueve entidades podrán sufragar con el simple hecho de presentar su credencial de electoral de la entidad que le corresponda. No es por colonia o distrito electoral, se puede votar en cualquier casilla de la entidad. Después de anotar los datos de la credencial de elector se procede a entintar el dedo pulgar para evitar que se vuelva a votar.

En caso de que no sepan en donde votar o que la casilla cercana a su domicilio o lugar donde se encuentren ya no cuente con papeletas se puede consultar la dirección electrónica:

http://www.consultaenergetica.df.gob.mx/pdf/listado_final.pdf

para ubicar otra que quede por el mismo rumbo. Lo importante es no dejar de ejercer su derecho ciudadano a opinar.


Las siguientes colaboraciones fueron tomadas del diario La Jornada.



http://www.jornada.unam.mx/





Nuestra consulta de hoy

Antonio Gershenson
gershen@servidor.unam.mx

Es sabido que hoy es el día para la consulta, en el Distrito Federal y nueve estados, en favor o en contra de la iniciativa del gobierno federal para cambiar la legislación de Pemex. Esto no sólo es importante para el destino de esa iniciativa y para la defensa de nuestro petróleo. Es un paso importante en una forma de democracia que hasta hace poco no se conocía en nuestro país: que los votos no sólo decidan “quién ganó” este o aquel puesto político, diputación, etcetera, sino que decidan qué ley debe regirnos o no, si un gobierno debe continuar o no, si el petróleo debe privatizarse o no.

Esta última forma de participación ciudadana ha tenido poca vida en México hasta el momento, pero se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, incluso siglos. Es más, sólo hay dos países en América Latina que no tienen en su legislación federal o nacional por lo menos alguna de estas formas de participación, y uno de ellos es México. Tenemos legalizada la consulta en el Distrito Federal, pero no en el plano federal.

De hecho, en la pasada campaña electoral López Obrador incluyó en su programa esta participación directa. También se sometió a la revocación de mandato cada dos años, aunque la forma era distinta: una especie de encuesta supervisada y no una votación en urna, que implica infraestructura, inversión, mucho personal y algunos otros elementos. Pero ahora sí la tenemos. En la mayor parte del país la consulta es organizada por personas interesadas y organizadas de alguna manera.

En muchos casos la consulta, el referendo o el plebiscito son convocados por alguna autoridad. Hay casos en que la ley señala cuándo va a haber este tipo de votación; en varias entidades de Estados Unidos son en el mismo día y lugar que la elección convencional. Pero en Perú, Uruguay y Colombia se convoca a este tipo de actos con el 10 por ciento de firmas en relación con el total de posibles votantes. Faltan unos días para una votación en Bolivia para la revocación, o ratificación, del mandato del presidente y del equivalente de los gobernadores. En septiembre se votará en Ecuador en favor o en contra de la nueva Constitución. En un evento reciente, nos informaban que la consulta popular que empieza el domingo 27 es muy importante para otros países de América Latina, porque sienta precedente al someter a votación popular un proceso de privatización de áreas estratégicas.

En Europa se considera a Suiza como país precursor de las votaciones populares de este género, y éstas se han venido extendiendo en alcance y de unos países a otros. En Italia hay referendo revocatorio del mandato y se puede iniciar “desde abajo”.

Si vemos la evolución histórica general, observamos que se extiende más y más la votación directa de los ciudadanos para tomar decisiones y para validar leyes. De modo que el acto de hoy es, además de un paso importante en la defensa de nuestro petróleo, un paso hacia un futuro más democrático.

Es más, algunos legisladores de izquierda han hablado de una iniciativa para dotar a todos los ciudadanos mexicanos de todos estos derechos. El logro de este propósito puede tardar más o menos tiempo, pero va en el sentido en el que marchan los ciudadanos de cada vez más países.

Después de la de hoy, habrá otras dos etapas en esta consulta, el 10 de agosto en los estados del sur, y el 24 de agosto en los del norte. Esta votación, sin embargo, no se puede comparar con una elección “normal”, ya consolidada y legalizada en todo el país, con meses de campaña electoral y con medios de difusión. Es un paso muy importante, pero en cierto sentido es el primero. Para verlo en todo su alcance hay que observarlo en la perspectiva de este proceso al que nos referimos.


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El debate sigue, las consultas van

Rolando Cordera Campos

Terminado el debate en el Senado de la República, seguirá como avalancha el regaño manido: nadie nos dijo qué hacer o de qué se trata la reforma energética; todo se partidizó; la ideología se impuso y nos impidió pensar; en fin, que como dicen los malos lectores de Paz y Carlos Fuentes (¡Felicidades por El Quijote!): ¡Qué le vamos hacer! Si aquí nos tocó… hijos de… y mezcla de lo peor.

Y sin embargo la República se movió y puede seguir haciéndolo. En el Senado y a través del Canal del Congreso y de algunas bien elaboradas páginas periodísticas, se emitieron opiniones y discutieron posiciones sobre la Constitución, el estado real y futuro de la empresa, la perspectiva de una apertura de la explotación y la exploración a la inversión privada, la tragedia de la petroquímica sobre la que pocos se atrevieron a culpar a Pemex o a la propiedad nacional del subsuelo, etcétera. Ausente estuvo, como en algún momento se consignó en la prensa, el tema candente del sindicato y su papel en la industria, pero de formas de gobierno, autonomía de gestión y yugo hacendario se habló y mucho. No bastará para remover el (pre)juicio derogatorio de las jornadas de este medio año, pero sí para enriquecer el juicio de la opinión pública.

Sano fue el convivio congresal, como será la consulta ciudadana. A ésta, debe observársele como una práctica inicial que da cuenta de una de las muchas carencias que aquejan a nuestro edificio democrático, mal acostumbrado a avanzar a fuerza de votos y prebendas del Estado; sin conciencia clara de que sus órganos, en particular los colegiados representativos, se deben a la ciudadanía más allá de sus votos y que, por tanto, su misión no es sólo legislar “en nombre” de los ciudadanos, sino construir cotidianamente una auténtica voluntad colectiva, porque de eso depende en gran parte la legitimidad del sistema en su conjunto.

La ingeniería que la democracia mexicana requiere no sólo es institucional, como con su proverbial arrogancia recomendó alguna vez Sartori. Cada día es más claro y urgente entender que muchos de los nudos ciegos y nichos perversos donde se nutre el poder de hecho, radican en una Constitución que se adecua trabajosamente a la dinámica política y social desatada en su nombre, pero sin tomar en cuenta los enormes desafíos abiertos por una reformitis aguda y poco atenta a los mandatos fundamentales.

La prisa por volvernos persona grata a las nuevas configuraciones de poder de la globalización sirvió por un tiempo como pretexto para estos desarreglos. La emergencia del México bronco a partir de 1994 sirvió también para marchar a paso de ganso en la reforma política para la democracia, sin considerar desigualdades amenazadoras en la arena política y una constelación de poderes de hecho siempre en las fronteras de lo inconstitucional y listos para desplegar sus baterías contra el proyecto representativo y aun contra la propia Constitución.

No es fácil insistir en la centralidad y actualidad de una política constitucional y renunciar a las tranquilidades que nos brinda el ensamblaje institucional erigido durante la fiebre del reformismo neoliberal. Son muchos los que se las han arreglado para acomodarse, lucrar y hasta prosperar bajo este paraguas y tal vez sean muchos más los que conciente y activamente forman filas en la coalición conservadora que está dispuesta a todo para preservar lo que dejó la reformitis. De aquí la feria de fantasmas en torno al populismo y la danza de vampiros que desató la primera fase del reclamo popular ante la iniciativa calderoniana de reformas a la normatividad petrolera.

Sin embargo, aquí también es posible detectar movimientos de revisión y de renovación y configurar hipótesis diferentes a las que sirvieron para justificar el apoyo inicial, casi sin condiciones, que obtuvo el proyecto, incluso en analistas cuyas lealtades dicen estar en otro lado.

Para empezar, reiteremos que el interés nacional de los países que nos rodean y compran no está en que sus empresas petroleras entren sin más al subsuelo, la refinación o los ductos mexicanos. En primer término, como en 1938, su interés está en un abasto seguro que no mengüe, mientras se entra de lleno a la transición energética. Así ocurrió con Roosevelt y Cárdenas, y así puede ocurrir ahora y mañana. Lo que habría que definir es un horizonte de pactos y arreglos que dieran paso a proyectos nacionales de inversión de gran alcance. Lo demás, vinculado a la espectral hegemonía tecnológica de las antiguas “siete hermanas” puede dejarse para las paranoias de fin de semana o las ilusiones de negocio y consultoría de unos cuantos.

En segundo término, admitamos que el cruce entre el declive productivo y el de la exportación de Pemex es grave sí y sólo si deciden mantenerse el agudo sesgo exportador reportado por Jorge Eduardo Navarrete y la irracional pauta fiscal, que ha puesto al Estado en su conjunto al borde no de un ataque de nervios sino de una catástrofe financiera y política que la marrullería hacendaria sólo pospone. El tema no es pues el petróleo en abstracto sino el Estado y su capacidad para persuadir a los mandantes de la urgente necesidad de poner un alto a tanto desperdicio en el gasto y un hasta aquí en la codicia autodestructiva cuando se trata de contribuir y pagar impuestos.

Viéndolo así, la superchería sobre los hospitales, las enfermeras o los maestros y las escuelas que nos permitiría adquirir la reforma de Pemex cae por su propio peso; los políticos podrían pensar un poco en serio y todos nos ahorraríamos el bochorno de argumentos por la reforma cargados de buenas intenciones para los desvalidos y desprotegidos de siempre. Para éstos, sólo el empleo que viene con el crecimiento y salud y seguridad social universales, financiadas con impuestos generales, es la única esperanza. Y así debe decirse y asumirse antes de buscarle a la propuesta de Calderón virtudes distributivas de las que carece.

Por último, pero no al último. La posposición de reformas de fondo en Pemex no debería servir de pretexto para mantener su exiguo ritmo de exploración y construcción de refinerías. Tampoco para esquivar la petroquímica. Para esto hay fondos y capacidad de endeudamiento eficiente, y aún quedan empresarios dispuestos a entrarle con inversión y riesgo. Mexicanos y extranjeros, que forman el verdadero conjunto empresarial estratégico para la era que puede iniciarse gracias, entre otras cosas, a un debate que sólo los necios pueden despreciar y derogar.

Pemex y el petróleo no son la panacea y nunca lo fueron. Pero hoy, como lo fueron ayer, pueden ser sostenes efectivos para que México rencuentre la senda perdida de su desarrollo. Por eso el debate y las consultas seguirán.


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El PRI miente: su iniciativa energética es PAN con lo mismo

Claudia Sheinbaum Pardo

Cuando escuchamos a los legisladores del PRI presentar su iniciativa, parecía que tenían como objetivo evitar la privatización de diversos sectores de la industria petrolera, contenida en las iniciativas que presentó el gobierno de facto. Cuando se estudia su propuesta, desafortunadamente la realidad es otra. Plantean, al igual que el PAN, como eje central la participación de la iniciativa privada en las áreas estratégicas de exploración, extracción, refinación, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos.

Para el caso de la exploración y extracción de petróleo y gas natural, su propuesta es la participación de la iniciativa privada nacional y extranjera a través de contratos de servicios. El objetivo es que sean los privados quienes realicen estas actividades, pagándoles en efectivo de acuerdo con la cantidad de hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo. Aunque afirmen que ésos no son contratos de riesgo, porque no se comparten los hidrocarburos, en los hechos sí lo son, pues aunque el privado “no cobre” por la exploración, se llevará una ganancia sustantiva de la extracción.

En los debates en el Senado de la República diversos ponentes explicaron que este tipo de contratos son sumamente contraproducentes para el país, porque significan compartir innecesariamente una parte importante de la renta petrolera. Para negar este efecto inevitable de la privatización, de manera pedestre el PRI simplemente decide redefinir el concepto de renta petrolera, de la siguiente forma: “La renta petrolera es la que se obtiene por la venta de los hidrocarburos menos todos los costos económicos para extraerlos en que incurra Petróleos Mexicanos por sí o a través de terceros, en los términos de las disposiciones aplicables” (artículo 58 de su propuesta de ley orgánica).

También, al igual que en la propuesta de Calderón, mantienen la creación de una comisión de petróleo, para que sea un organismo externo a Pemex el que defina las reservas y quien podrá explotarlas. En ambas propuestas, los privados sólo requerirán del permiso de la Secretaría de Energía para iniciar la exploración, aunque carezcan de contratos, facilitándoles las expropiaciones a particulares, ejidos y comunidades, en caso de ser necesarias.

En el caso de la refinación, el almacenamiento y los ductos, la propuesta del PRI plantea establecer, por decreto del Ejecutivo federal, “empresas filiales” de Pemex. De acuerdo con la exposición de motivos de su iniciativa: “Estos organismos serán propiedad exclusivamente de Petróleos Mexicanos y se crearán con el propósito de complementar la capacidad de ejecución de obras y de operación de Petróleos Mexicanos en las áreas estratégicas que le corresponden a la nación, como las actividades de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de derivados, así como en la construcción de ductos. Realizarían las actividades mencionadas por cuenta y orden de Pemex, procesando y operando petróleo y gas propiedad del organismo o, en otras palabras, le darían el servicio correspondiente y, en su caso, le entregarían a Pemex los resultados de su operación”… “Los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales operarían con contratos de largo plazo que apoyarían el financiamiento de la inversión. Esto permitiría descentralizar la realización y operación de proyectos completos para nuevas instalaciones, sin congestionar la administración de los actuales organismos subsidiarios, a quien darían servicio.”

Estos organismos (de acuerdo con las modificaciones propuestas por el PRI a la ley reglamentaria del 27 y a la Ley Orgánica de Pemex) realizarán contratos de arrendamiento con terceros (léase privados) para que sean éstos los que hagan las obras y, en su caso, operen las refinerías, el almacenamiento y los ductos. Al final del contrato, la infraestructura se le entrega a Pemex. Este es un esquema de contratación que también se usó para la generación de electricidad y que resultó sumamente oneroso.

Hasta aquí la diferencia con la propuesta de Calderón es que los privados no podrían tener bajo su propiedad la infraestructura; sin embargo, en su propuesta de modificación a la ley orgánica, en su artículo 19 establecen que es una atribución del consejo de administración de Pemex:

“IX. Aprobar, a solicitud del director general, la constitución y desincorporación de los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales bajo control de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios, considerados entidades paraestatales, sin sujetarse para esos efectos al procedimiento previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento…”

Es decir, que la nueva infraestructura de refinación, almacenamiento y transporte será construida y operada por privados a través de contratos de arrendamiento con las filiales de Pemex y, por si fuera poco, además, al final podrán ser desincorporadas (léase privatizadas) por el consejo de administración. O sea, la misma privatización, sólo que con tiempos un poco diferentes a los planteados por Calderón.

Por otro lado, existen sólo diferencias de matiz entre las propuestas del PRI y del PAN en las modificaciones a la Ley Orgánica de Pemex. Por ejemplo, el PRI propone que los consejeros profesionales que se integrarán al consejo de administración, deberán ser ratificados por el Senado y todos deberán ser funcionarios públicos. Sin embargo, sus funciones son las mismas: auditorías, remuneraciones y portafolio de inversiones. Los artículos que se refieren a la exención de responsabilidades del consejo de administración en caso de que actúen “de buena fe” y la contratación de fianzas y seguros son iguales. Asimismo, con el mismo esquema conservan los bonos ciudadanos.

Por otro lado, a pesar de que la mayor parte de los ponentes en el debate planteó la necesidad del fortalecimiento de la investigación, en particular del Instituto Mexicano del Petróleo, la propuesta del PRI no toca el tema porque sencillamente no les interesa el desarrollo de la ciencia y la ingeniería nacionales. Finalmente su llamado fondo nacional para la transición energética no establece de dónde saldrán los recursos ni cuántos serán y se orienta para financiar proyectos con créditos. Es decir, de nuevo, nada para la investigación y el desarrollo de fuentes alternas, como un proyecto de Estado. Decir NO este domingo en la consulta, también significa NO a la iniciativa del PRI, porque desgraciadamente ésta también pretende la privatización de la industria petrolera.

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Se trata de la misma gata pero empanizada

Mario Di Costanzo Armenta

Sin lugar a dudas, el maridaje entre el PRI y el PAN volvió a quedar de manifiesto, pues cuando la propuesta calderonista de privatización del sector petrolero estaba prácticamente desechada, el senador Manlio Fabio Beltrones presentó la versión reloaded, tal como en la película Matrix, del proyecto privatizador de Felipe Calderón.

De esta manera, no obstante las diferencias en cuanto al número de ordenamientos jurídicos creados o modificados, de la comparación de ambos proyectos se puede observar que presentan las mismas deficiencias; siendo la única diferencia la forma en la que se estaría dando paso a la inversión privada.

Esta diferencia en cuanto a forma más no de fondo se puede advertir si comparamos las modificaciones propuestas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional; para ello, sólo basta mencionar que ambos proyectos buscan en esencia modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo.

Así, mientras que en la propuesta de Felipe Calderón la privatización es directa, en la presentada por Manlio Fabio Beltrones ésta se hace por “la puerta de atrás”, al crear la figura denominada “organismos descentralizados de carácter estratégico”, que son un mecanismo para eludir lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, que establece claramente, la exclusividad del Estado en materia de explotación de hidrocarburos, añadiendo que “en esta materia no se otorgarán contratos o concesiones de ninguna especie”.

Es decir, mientras que Felipe Calderón ha propuesto la modificación al artículo cuarto de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional para establecer que: “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”.

Y añade que: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”

Manlio Fabio Beltrones ha propuesto que “el Ejecutivo federal podrá constituir, por decreto, organismos descentralizados con carácter estratégico filiales de Petróleos Mexicanos, con el objeto de realizar, por cuenta de aquél, las actividades de construcción de ductos y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos, que forman parte de la industria petrolera. Dichos organismos filiales serán propiedad exclusiva de Petróleos Mexicanos y se constituirán a propuesta de su Consejo de Administración”.

Añadiendo que: “En los términos de su propia ley orgánica, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como los organismos filiales referidos en el párrafo anterior, estarán dotados de plena autonomía de gestión y presupuestaria, incluyendo la regulación para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.

Lo anterior significa que Pemex podrá crear “empresas filiales estratégicas” que gozarán de autonomía de gestión en toda la cadena de valor de la industria y aún y cuando se establece que estas empresas serán propiedad de la propia paraestatal, es decir de la nación, no existe en la iniciativa priísta ningún impedimento para que estas “filiales estratégicas de Pemex” se puedan asociar en cualquier actividad de la cadena productiva (exploración, distribución, transporte, almacenamiento, etcétera) con alguna empresa privada sea nacional o extranjera y en cualquier porcentaje de participación, dado que dichas filiales gozarán de autonomía de gestión.

Es decir y a manera de ejemplo Petróleos Mexicanos podría decidir crear una filial que se dedicara a la refinación de petróleo, misma que podría ser una refinería en operación, como la de Cadereyta o Ciudad Madero.

En tal virtud, estas refinerías ya convertidas en una “filial estratégica de Pemex” y dada su autonomía de gestión; podrían asociarse con Exxon, Shell o Halliburton para “ampliar o construir” la propia refinería o una nueva” en cualquier porcentaje de participación porque al final,’ serían esas petroleras extranjeras las que llevarían a cabo las actividades de la cadena productiva y con ello se violaría la Constitución, al transferir esas actividades estratégicas y por la tanto parte de la “renta petrolera” a la iniciativa privada.

Es muy importante señalar que ninguno de los dos proyectos se aborda y mucho menos se soluciona el problema fiscal y presupuestario que enfrenta Petróleos Mexicanos.

Mucho menos aún, se garantiza que lo excedentes petroleros se destinarán exclusivamente a Petróleos Mexicanos, en virtud de que en la propuesta de Manlio se establece que Pemex podrá contar con el excedente de sus “ingresos propios”; al respecto, cabe señalar que no es lo mismo lo que hasta ahora se entiende como excedentes petroleros y lo que se define como un “ingreso propio de Pemex”.

Por las demás cuestiones, como las relativas al Órgano de Gobierno de Pemex, a los Comités de Transparencia, a la “autonomía de la paraestatal”, al manejo de su deuda, ingresos excedentes, bonos ciudadanos, licitaciones (con excepción de los contratos de riesgo), es prácticamente lo mismo que ha propuesto por Felipe Calderón, por lo que al final de cuentas se puede concluir que se trata de la misma gata pero empanizada.


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Gobernar el país como a una empresa

Arnaldo Córdova

La derecha como bloque gobernante no está conformada sólo por el PAN en el gobierno ni por la derecha priísta. Sucede también que ni el PAN ni el PRI tienen una militancia uniforme. En ambos partidos hay numerosos empresarios (muchos de ellos de medio pelo y nunca grandes tiburones), clasemedieros tan diversos entre sí que es imposible distinguirlos como un conjunto (muchos son simples reaccionarios ultramontanos, otros son profesionales oportunistas y logreros, otros pequeños empresarios y así por el estilo), el PRI tiene los antiguos sindicatos corporativistas (cuyos dirigentes son ahora empresarios de masas) y muchas organizaciones campesinas (con dirigentes que no son campesinos).

De esa derecha como bloque en el poder forma parte la jerarquía católica, que ha hecho de la máxima evangélica “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” un cómodo estatus de convivencia. Hay también grupos corporativos de profesionales que se dedican a las tareas de consultoría y asesoramiento (esto, en ambos partidos) y que prestan sus servicios a quienes los pueden pagar (sin distinción de colores partidistas, es su lema). Hay, asimismo, simples grupos de fanáticos derechistas que militan por las causas más disímbolas.

En esos términos, podría decirse que se está hablando, esencialmente, de la derecha política incrustada en el poder del Estado y en la sociedad, aunque habría que hacer una excepción a los clasemedieros que se dedican sólo a los negocios. Hay una derecha económica, empero, que es decisiva en la conformación del bloque en el poder: son los grandes empresarios corporativos que dominan la economía del país, que no son sólo mexicanos (pues a éstos se han venido agregando ramas locales de trasnacionales que prevalecen en sectores enteros de las finanzas y de los negocios, principalmente estadunidenses y españolas, pero no sólo). Este es el grupo (se dice que está conformado por no más de 300 corporativos) que ha venido cohesionando ese bloque.

Convertir al país en una empresa no fue una idea de los panistas. Cuando esta idea se puso en marcha éstos todavía se atenían a sus principios de doctrina originales que no tienen nada que ver con ella. Fueron los priístas, ya desde la época de De la Madrid, pero con mayor fuerza en los tiempos de Salinas, los que fueron planteando este proyecto a los grupos empresariales como una gran alianza entre el poder político y el poder económico, cuya distinción, ya se decía entonces, era cada vez más borrosa. Fue en esos días cuando este nuevo bloque gobernante comenzó a funcionar. Los panistas sólo fueron un agregado, a fines de los 90, cuando demostraron que habían entendido la noción.

Fue entonces cuando se decidió, en ese gran bloque de poder económico y político, entregarles el poder. De otra manera resulta muy difícil entender la tersa “transición” que se dio en el 2000. Que Zedillo había decidido entregarles el mando del Estado me pareció siempre una hipótesis muy jalada de los pelos, porque de repente ya el consenso de las más diferentes fuerzas sociales en pugna pareció darse en torno al candidato panista, sin que ello pudiera explicarse con claridad. La imagen de ese Fox que desde fuera imponía su candidatura en el PAN, sin que nadie en este partido pudiera evitarlo, jamás me convenció. Un merolico provinciano, ayuno de cultura y populachero, insólitamente, se convierte en el candidato del bloque derechista en el poder.

Ni Labastida (que parecía más un cartucho quemado) ni Cárdenas (ya para entonces muy desgastado) fueron una amenaza para ese gran bloque de poder, esa Santa Alianza que, en cambio, sintió cercana la helada perspectiva de la derrota con López Obrador. Creo que éste nunca supo contra qué clase de formidable enemigo se enfrentaba hasta que no se dio la desvergonzada maniobra del desafuero. Apelando al pueblo y denunciando ya esa Santa Alianza logró poner a las masas y a los votantes de todas las clases sociales a su favor. Eso empavoreció a la derecha gobernante y se aprestó a defender su poder, como finalmente lo hizo en las sucias elecciones del 2006.

A mí jamás me convenció el pleito casado que agarraron Salinas y Zedillo por el “error de diciembre”. Aquello fue un montaje orquestado desde el bloque en el poder para engordar a los grandes empresarios a costa de una infame megadevaluación. En su nuevo libro, Salinas no aporta ningún esclarecimiento al respecto; prefiere seguir en el terreno de la riña personal y ocultar sus responsabilidades. El atraco en descampado del Fobaproa y los rescates carreteros y otros fueron sólo su secuela. Eso es lo que ha querido decir la frase “gobernar el país como a una empresa”: entregar la riqueza de la Nación entera a los grandes empresarios y gobernar para que ello sea posible y garantizable (y no las insulsas idioteces de Fox: “administrar con la eficiencia de una empresa”).

Los grandes empresarios no gustan de andar metiéndose en los pleitos políticos; prefieren pagarles a otros para que actúen por ellos. Pero tampoco deciden las cosas ellos solos. Ellos sólo hacen sus sugerencias y exigencias y demandan que se cumplan, si no, no hay trato. La clase política derechista sabe que esa es su profesión y la desempeña jubilosa y cumplidamente. El bloque derechista en el poder es, justo, la conjunción letal del poder político con el poder económico verdadero, vale decir, el real dueño de la riqueza del país. Las reformas petroleras de Calderón son el último asalto a la riqueza de la Nación para entregarla a los dueños de la riqueza. Eso es lo que han demostrado los debates sobre la materia.

Los mexicanos estamos hoy enfrentados a esa Santa Alianza del poder político y del gran dinero, y hacía falta una causa “mitológica” y “nacionalista”, como es la defensa de nuestra riqueza petrolera, para poner todas las cartas sobre la mesa. Ahora ya nadie podrá llamarse a engaño, las cosas están más que claras y cada uno puede, como nunca antes, decir lo que piensa y actuar en consecuencia. Eso es lo que han logrado los debates: hacer que se conozca la verdadera realidad y proporcionar el conocimiento necesario para que todos sepan en qué país vivimos y qué es lo que los dueños del poder y de la riqueza se proponen hacer con nuestro país y sus recursos. Sólo les falta el petróleo. Van por él. Y la Santa Alianza sigue sin pagar impuestos.