Impunidad y cinisno década, tras década, gobierno tras gobierno

Tomados de La Jornada, Hernández, Rocha y Helguera y El Universal, Naranjo.

Foto tomada de la revista Emeequis.

A pesar de que las pruebas del fraude continúan acumulándose desde los días siguientes a la elección presidencial de 2006, ninguna de las “instituciones” mexicanas se ha pronunciado al respecto y la impunidad sigue en un país cada vez más polarizado por la grosera desigualdad social y la corrupción a todas luces prohijada por un sistema político caduco y rapaz.

El traidor y ladrón Vicente Fox Quesada, afirmó y reafirmó hasta el cansancio que su descarada intervención en la sucesión presidencial y el “apoyo” al candidato panista eran parte de su libertad de expresión y política, pero que nada tenía que ver con utilizar recursos públicos para favorecer al PAN.

Sin embargo, una investigación de la revista Emeequis desnuda la cínica participación del corrupto ranchero, quien utilizó su posición privilegiada para usar dinero del erario a fin de realizar encuestas de opinión que entregó al equipo de campaña del usurpador Felipe Calderón Hinojosa.

Este semanario en su edición número 71 informa de algunas de las preguntas que encargó hacer la Presidencia de la República, durante el sexenio del traidor. Este nefasto personaje ordenó 234 encuestas en los últimos 23 meses de su desgobierno. Más de la mitad trataron temas electorales del tipo: ¿Qué necesitaría hacer Felipe Calderón para que la gente votara por él?

Los sondeos midieron tópicos como el impacto de la llamada “guerra sucia” contra Andrés Manuel López Obrador (... es un peligro para México), así como el impacto de su desafuero y del resultado de los cientos de miles de anuncios publicitarios al estilo de: “Si seguimos por este camino, mañana México estará mejor que ayer”.

Durante este proceso se entrevistaron para la Presidencia a 273 mil personas y se gastó la suma de 75 millones de pesos, todo a costa de nuestros impuestos. De aquí se derivan ilícitos que en un país democrático pondrían a más de uno tras las rejas. Pero como estamos en el México del siglo XXI, la ilegalidad, el fraude, la transa, la corrupción y la impunidad son “valores” muy apreciados por las clases política, empresarial y judicial.

Sin ir más lejos el periódico La Jornada en su edición de este lunes 11 de junio de 2007 afirma que el pelele Calderón Hinojosa dio su visto bueno para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallara en contra de los principales artículos de la ley Televisa.

Fuentes de la Corte, indica el rotativo, informaron que el pasado 5 de mayo durante la ceremonia de conmemoración de la batalla de Puebla el espurio Calderón le dijo al ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, que el dictamen del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano le parecía ''muy bueno''. Días antes el “arrepentido” ex secretario de Gobernación y ahora flamante senador panista, Santiago Creel Miranda, se había acercado a los ministros para cabildear el rechazo de la ley, asegurándoles que la decisión del máximo tribunal del país sería acatada y llevada a la práctica por el usurpador Calderón Hinojosa.

Según las mismas fuentes Aguirre Anguiano entregó el borrador de su dictamen primero al represor Francisco Ramírez Acuña (Gobernación) y luego de que éste dio el visto bueno, lo repartió a sus compañeros ministros. Ahora comprobamos de qué está hecha la Suprema Corte, no necesitamos mucho tiempo para saberlo.

Otra nota del mismo diario da cuenta de una encuesta del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) en la que se sale a relucir que la corrupción entre las empresas es superior a la que se genera entre éstas y el sector público. Según la Encuesta sobre el costo de la regulación 2007, se indica que ''cuando se cuestiona a los empresarios acerca de la incidencia de los sobornos, sorprende que respondan que es entre empresas donde más frecuentemente han enfrentado solicitudes de pagos extraoficiales, superando considerablemente el promedio de frecuencia con que perciben el pago de sobornos al sector público, en sus diferentes niveles de gobierno, para influir en leyes, políticas y regulaciones''.

Eso es lo que dice el organismo cúpula de los empresarios, la crema de la crema de los ricos mexicanos.

Para rematar tenemos los casos de asesinatos y violaciones a los derechos humanos como el de Ernestina Ascencio Rosario, quien oficialmente “murió de gastritis” o el de la familia de Adán Esparza Parra, quien fue balaceado junto con su familia –cinco miembros de la misma fueron asesinados- al transitar por una carretera federal en el estado de Sinaloa, sin que hasta la fecha se tengan avances sobre el destino y castigo de sus victimarios, todos ellos miembros del ejército mexicano.

Pero no es solo eso, la noche de ayer el canal de la UNAM, transmitió un documental preparado por el Canal 6 de Julio, donde muestra –como ya lo habían hecho los investigadores de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femosp), documento que fue ocultador por el corrupto Fox Quesada- de manera clara, documentada y con testimonios de quienes estuvieron allí, como la matanza de estudiantes del jueves 10 de junio de 1971 (Jueves de Corpus), fue preparada por Luis echeverría Alvarez y sus gatilleros. Pero al ex presidente de marras y asesino consumado lo defienden los PRIANistas y las “sacrosantas instituciones”, en su afán de otorgar impunidad a todo aquel que haya servido a sus oscuros intereses. Las víctimas mortales fueron más de 100 y los heridos mucho más que eso, sin que a la fecha –luego de 36 años- alguien fuera consignado por un crimen a todas luces de Estado.

Ayer como hoy se protegen los mismos asesinos, pues pertenecen a la misma camada y son descendientes de las mismas “instituciones” y la misma corrupción.



A continuación un reportaje tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx

Y los soldados no dejaban de disparar...


Rodrigo Vera

El viernes 1 de junio fue fatídico para Adán Esparza Parra y su familia. Cuando regresaban a su casa, por la noche, unos 20 soldados emergieron repentinamente de la oscuridad y, sin más, comenzaron a dispararle a la pick up en que viajaban por una brecha en la sierra de Sinaloa. Herido en un brazo, Adán bajó de la camioneta y pidió tregua. Fue inútil: las ráfagas continuaron...

CULIACÁN, SIN.- “¡No tiren!... ¡No disparen!... ¡Traigo mujeres y niños!”, gritaba angustiado Adán Esparza Parra a los soldados que, de pronto, en la oscuridad de la noche, salieron del bosque y empezaron a lanzar ráfagas contra su camioneta Ford pick up, en la que viajaban él y su familia.

Los militares no le hicieron caso. Seguían disparando sus potentes armas largas, al parecer fusiles M-16. Una bala destrozó el parabrisas y le pegó a Adán en el brazo derecho. El joven dejó el volante. Salió sangrando del vehículo al empinado camino de terracería. Se sostuvo en pie. Y en señal de paz levantó su brazo sano para que dejaran de dispararle.

Frente a él, a muy corta distancia, distinguía las borrosas siluetas de los soldados… y los chispazos de fuego que no cesaban.

–¡Ya no tiren! ¡Traigo niños conmigo! –insistía. Otro proyectil le destrozó su brazo izquierdo y lo tumbó al suelo.

El propio Adán –en el cuarto de hospital donde hoy convalece– continúa el relato con voz decaída y lenta:

“En esa parte del camino no había ningún retén militar. Los soldados salieron de repente. Detuve la camioneta porque vi moverse la luz de una lámpara de mano que ellos llevaban, como haciéndome señas. De inmediato comenzaron a disparar. Les grité que traía mujeres y niños.”

–¿Distinguió cuántos soldados eran?

–No. Era muy difícil saberlo. Lo que alcancé a ver fue dos vehículos Hummer, estacionados, con las luces apagadas. Me imagino que serían dos comandos de soldados. No lo sé.

Al caer herido al piso –cuenta–, vio que su pick up se deslizaba, con su familia a bordo, hacia un pequeño barranco situado al borde del camino.

“Me arrastré como pude intentando alcanzar la camioneta. Les grité a los soldados que me ayudaran a detenerla. Les pedía auxilio. Ellos no hacían nada. Sólo observaban. Y la pick up cayó al barranco.”

La baleada Ford de color rojo rodó a unos siete metros de profundidad. Quedó con las llantas hacia arriba, entre la seca hojarasca y los pinares del bosque. En ella viajaban la esposa de Adán, Griselda Galaviz Barraza, de 25 años, y los tres hijos del matrimonio: la niña Grisel, de cinco años; Edwin, de siete; y Juana, de apenas dos años.

Iba también la hermana de Adán, la joven profesora rural Alicia Esparza. Y un sobrino de siete años, Josué Carrillo. Los acompañaba otra profesora, Teresa Flores Sánchez.

Ocho ocupantes en total viajaban en la camioneta. Con excepción de Adán –un campesino de 29 años, quien iba al volante–, los demás eran mujeres y niños.

Pobladores todos ellos de las pequeñas rancherías serranas del municipio de Sinaloa de Leyva, situado en los linderos con Chihuahua. Puros caseríos de adobe dispersos en esas alturas de pinares y encinos.



Y de repente, los disparos



Era viernes 1 de junio. Por la mañana, la familia había salido de la comunidad de La Joya de los Martínez –donde reside Adán– rumbo a Ocuragui, pues ahí las dos jóvenes profesoras rurales fueron a presentar un informe a las oficinas de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Aprovecharon para comprar mercancía y visitar a la parentela de allá.

De regreso a La Joya, ya oscuro, a eso de las nueve de la noche, fue cuando aparecieron repentinamente los militares en el camino y empezaron a dispararles, derrumbando a Adán, quien batido en polvo y sangre se arrastraba en el suelo, intentando accionar su radio para pedir auxilio a sus hermanos y vecinos.

“Yo traía mi radio y lo aplastaba con las piernas y con la boca. Finalmente pude comunicarme. Luego vi que llegaron a auxiliarme mis hermanos y mis vecinos”, cuenta.

Moisés y Eligio –hermanos de Adán– llegaron rápidamente al lugar, acompañados por un grupo de lugareños.

Relata Eligio:

“Lo primero que vimos fue a mi cuñada Griselda muerta, también a su hija Grisel. Acribilladas por los soldados. Éstos eran unos 20. Se movían de un lado a otro. Tenían dos Hummer estacionadas. ‘¿Por qué les dispararon?’, les preguntamos. Uno de ellos nos contestó: ‘Un niño que venía arriba en la camioneta fue el primero que nos abrió fuego’. Les dijimos que eso era una vil mentira, pues nadie llevaba armas y nosotros somos gente de paz.

“Empezamos a recoger a los seis heridos, entre ellos mi hermano Adán. Todos estaban desangrándose por las balas. Urgía llevarlos a un hospital. Los envolvimos en cobijas y los metimos a tres camionetas para llevarlos a algún hospital de Culiacán, que está a cinco horas de camino.”

–¿Los soldados les dieron auxilio?

–No. Sólo nos dijeron que iban a llamar a un helicóptero, que lo esperáramos en la comunidad de Los Alamillos. Ahí recogería a los heridos. Otra mentira más. En Los Alamillos había más soldados. Durante dos horas esperamos al helicóptero, que nunca llegó. Seguimos nuestro camino.

“Más adelante, en El Tigrito, nos para un convoy militar. Eran varios soldados que iban en tres Hummer y una Dodge Ram. ‘Déjennos pasar, llevamos gente herida’, les suplicamos. Pero no nos hicieron caso y nos sometieron a una revisión que duró casi una hora. A partir de ahí nos escoltó una Hummer repleta de soldados.

“En Surutato nos retuvo otro convoy. Luego otro más en Los Tepehuajes. Aquí ya era un camión de esos grandotes del Ejército. La cosa es que nos iban detiene y detiene. Mientras que los heridos iban desangrándose. Les poníamos trapos para detener las hemorragias.”

Fue en la comunidad llamada Sitio de Arriba –platica Eligio– cuando por fin aparecieron dos ambulancias, en las que subieron a los heridos.

“Ahí un médico los examinó. Y nos dijo que en el camino habían muerto mi hermana Alicia y mis sobrinos Edwin y Juana, los otros dos hijos de Adán. Yo en el camino ya sospechaba que mi sobrinita Juana estaba muerta, porque la sentía rígida y fría. Quizá no hubieran muerto si los hubieran atendido a tiempo”, se lamenta Eligio.

–¿Cuánto tiempo tardaron en llegar al hospital?

–Llegamos casi a las seis de la mañana del sábado. Tardamos como nueve horas en llegar. El Ejército nos estuvo bloqueando el paso.

Así, cinco fueron los muertos. Y al Hospital General de Culiacán sólo llegaron con vida Adán, su sobrino Josué Carrillo y la profesora Teresa Flores.

El director del nosocomio, David Rubio Payán, señala que “todos llegaron heridos de bala”. A Teresa –con el tórax derecho perforado– se le envió a terapia intensiva y se le puso un respirador artificial. El niño Josué “fue herido de proyectil en el glúteo derecho”. Mientras que Adán tiene destrozados los antebrazos y está en cirugía plástica y reconstructiva.

–¿Saldrán todos con vida?

–Sí. La evolución ha sido satisfactoria. Inclusive, les estamos dando apoyo psicológico.

Con los brazos vendados y una gasa cubriéndole el ojo derecho, Adán convalece en el área de traumatología. Deshecho psicológicamente porque, en un instante, el Ejército le acribilló a su esposa, a sus tres hijos y a su hermana. Ni siquiera pudo asistir al sepelio.

“Que se haga justicia. Que se repare todo el daño que se nos hizo. Qué otra cosa puedo pedir”, balbucea en su cama.



Dudas razonables



El lunes 4, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que ya fueron consignados 19 soldados –tres oficiales y 16 elementos de tropa– como presuntos responsables de los crímenes. Estos militares pertenecen, dijo, al 24 Regimiento de Caballería Motorizado.

A través de un boletín, agregó que los soldados fueron internados en la prisión militar de Mazatlán, donde quedaron a disposición del Juzgado Militar adscrito a la Tercera Región Militar.

Señala el boletín:

“La Procuraduría General de Justicia Militar integró y determinó una averiguación previa, en estrecha coordinación con las autoridades civiles, acreditando la existencia de elementos que hacen probable la responsabilidad de dicho personal del delito de violencia contra las personas.”

La Sedena removió incluso al general Arturo Olguín Hernández, comandante de la Novena Zona Militar, circunscripción en la que ocurrieron los hechos. Fue sustituido por Rolando Eugenio Hidalgo Eddi.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está investigando el caso a través de tres visitadores adjuntos y un perito médico que permanecen en Sinaloa. El viernes 8, el organismo informó en un boletín que, de acuerdo con sus pesquisas, “las personas fallecidas y lesionadas no dispararon armas de fuego de ningún tipo”.

Así mismo, la CNDH pidió a la Sedena “información acerca de la identidad con nombres y cargos de los presuntos responsables”; también sobre las “diligencias realizadas hasta el momento” por la justicia militar, con el fin de “esclarecer por completo lo ocurrido”.

En el lugar de la masacre, la CNDH asegura que encontró “cinco cartuchos y 12 casquillos, así como una jeringa hipodérmica”. Por lo que le pide a la Sedena los resultados de los exámenes de laboratorio aplicados a los 19 soldados, “relativos a alcoholemia cuantificada y panel de drogas en sangre y orina, ya que al personal actuante de la CNDH no le fue permitido realizar directamente dichos exámenes”.



Víctimas de la militarización



Algunos luchadores sociales de Sinaloa, como Óscar Loza y Federico Sauceda, también suponen que los militares asesinos actuaron bajo el influjo de la droga o el alcohol:

“¡Caray!, esos soldados estaban al lado de un camino, por donde obviamente pasan vehículos. No es posible que hayan disparado en su sano juicio… Quizá el efecto de alguna droga o del alcohol los llevó a matar a la familia. No encuentro otra explicación razonable”, señala Sauceda, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa.

Óscar Loza –cuyo período al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó la semana pasada– señala que “las comunidades serranas ya se venían quejando porque los soldados, en estado de ebriedad, solían disparar sus armas. Los acusaron incluso de haber incendiado una de las lomas de por ahí”.

Al igual que la CNDH, Loza y Sauceda exigen que se den a conocer los nombres de los 19 soldados detenidos, pues de lo contrario no resultará confiable la investigación de la Procuraduría Militar. Es más, indican que es la justicia civil la que debe investigar el caso, ya que la militar se convierte en “juez y parte”.

¿La Procuraduría General de la República (PGR) abrió ya una averiguación previa? ¿Quién la está integrando? ¿La PGR llamará a declarar a los 19 soldados? No se sabe.

El delegado de la PGR en Sinaloa, Miguel Ángel Campos Ortiz, ha guardado el más completo hermetismo.

Ni siquiera recogió la camioneta Ford, placas TW 48927, que sigue tirada en el barranco. A varios días del crimen, en el escenario siguen todavía esparcidos los zapatitos ensangrentados de los niños, una caja de cartón que contiene frutas y papeles con material didáctico que pertenecía a las maestras.

Óscar Loza indica que el vehículo tiene siete impactos de bala en el parabrisas, y otros 17 en el costado derecho. Los medios locales especulan que los disparos fueron con rifles M-16.

Dice Sauceda:

“A la PGR le corresponde investigar, porque las víctimas fueron civiles. Pero si no recogió el vehículo para practicarle las diligencias de rigor, pues menos va a llamar a declarar a los militares. Está dejando que se contamine la escena del crimen, que desaparezcan huellas y objetos. ¡Algo tan fundamental en cualquier investigación!”

–¿Será por simple negligencia?

–Podría serlo. O bien, se intenta encubrir al Ejército. Ahí está el ejemplo reciente de la anciana muerta en Zongolica.

Lo cierto es que el asesinato de esta familia se dio en el marco de la fuerte militarización, impuesta por el presidente Felipe Calderón para combatir el narcotráfico a nivel nacional. Aquí, desde principios de año, se implantó la llamada Operación Triángulo Dorado, porque abarca a los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Se dice que a la Novena Zona Militar, que contaba con 3 mil efectivos, se le enviaron 7 mil elementos de refuerzo para impedir el tráfico de droga, controlado en la región por el cártel de Sinaloa.

Mercedes Murillo, presidenta del Frente Cívico Sinaloense, señala:

“El único antecedente en Sinaloa de esta fuerte militarización fue la llamada Operación Cóndor, realizada en los años setenta. En aquel tiempo también se puso al Ejército a combatir al narcotráfico. Pero entonces era sólo en las zonas rurales, y ahora se está dando también en las urbanas.”

–¿Es efectiva la Operación Triángulo Dorado?

–No tiene ninguna efectividad. Es puro circo. Aquí en Culiacán, en pleno centro, ya es común ver desfilar a 10 o 20 tanquetas del Ejército. Nunca se vio algo semejante. Pero esto no sirve de nada, pues en nuestras calles no va aterrizar ningún avión cargado de droga.

“El gobierno federal piensa que todos los sinaloenses somos narcos. ¡Caray!, la mayoría somos gente honrada y trabajadora. Y cometió un error gravísimo al habernos mandado al Ejército, que no sirve para luchar contra los narcotraficantes.”

Mercedes Murillo se encoge de hombros y exclama:

“¡Mire! En lo que está parando todo; el Ejército asesinando a mujeres y niños inocentes. ¡Masacrando al pueblo!”