Concentración de la fuerza

Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Naranjo.

jorge carrasco araizaga

México, D.F. (apro).- Durante décadas, el régimen autoritario del PRI se caracterizó porque sus servicios de seguridad e inteligencia estuvieron al servicio de la clase política en el poder y, en particular, del presidente en turno.

La Dirección Federal de Seguridad (DFS), creada en 1947 y desparecida en 1985 en franca descomposición por sus vínculos con el narcotráfico, se convirtió en el símbolo de ese autoritarismo.

Con el pretexto del combate a la inseguridad, ese aparato policial que al mismo tiempo tenía funciones de investigación y operativas fue utilizado para la persecución de los enemigos del régimen, más que para la seguridad interior del Estado, con las conocidas consecuencias de violaciones a los derechos humanos.

Cuando la DFS desapareció tras el asesinato del periodista Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984, y por el que está encarcelado su último director, José Antonio Zorrilla Pérez, la reestructuración de los aparatos de inteligencia del Estado mexicano se encaminó a la separación de ambas funciones.

La creación, en 1989, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tuvo como propósito acabar con lo que en la práctica se conoció como la policía política del régimen, si bien ese organismo siguió y sigue desarrollando actividades de investigación política al servicio del poder presidencial.

La aguda crisis de inseguridad pública está generando una peligrosa tendencia regresiva para involucrar de nueva cuenta a los aparatos de inteligencia en acciones directas contra la delincuencia y, peor aún, en la procuración de justicia.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo presentado la semana pasada por Felipe Calderón para sus seis años de gobierno, los centros y sistemas de inteligencia del país –se entiende que tanto civiles como militares– se dedicarán de lleno no sólo a la investigación de los delitos del orden común y organizado, sino a la formulación de cargos para las consignaciones penales.

Con los argumentos de la falta de coordinación policial y de un inadecuado uso de la tecnología por parte de los cuerpos civiles uniformados, Calderón justificó la medida que está dispuesto a poner en marcha.

En el apartado “Estado de derecho y seguridad”, presentado como la prioridad número uno, dice el PND: “El gobierno federal promoverá el fortalecimiento de los centros y sistemas de inteligencia para que apoyen la profesionalización de la investigación en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, así como la mejora de averiguación previa del proceso penal.”

En la práctica, eso se traducirá en que el Cisen, el pretendido mando unificado de las policías y, desde luego, la Sección Segunda tanto del Ejército como la Marina, se convertirán en los proveedores de la información delictiva.

En el caso de la policía civil, de acuerdo con el mismo plan, se creará una coordinación central de todas las policías del país, “con funciones de autoridad” para crear, dice el plan, un frente común contra la delincuencia. La autoridad, desde luego, recaerá en el Ejecutivo federal.

Esa coordinación policial, que incluye a la predominantemente militar Policía Federal Preventiva, se traducirá en un Sistema Único de Información Criminal que debe ser manejado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), instancia creada en 1998 por el gobierno de Ernesto Zedillo y que también está en manos del presidente.

Que los servicios de seguridad del Estado provean de información delictiva no es ninguna novedad. Es parte de su razón de ser, aunque están concebidos también para salvaguardar al Estado de otros riesgos y amenazas.

Pero convertirlos en punta de lanza contra la delincuencia conlleva el peligro de que los agentes de seguridad civiles y militares del Estado vuelvan a estar a cargo, como en el pasado, de los operativos y de la entrega de datos a las procuradurías del país sobre lo que el gobierno de Calderón considera como las amenazas en su cruzada contra la delincuencia.

La combinación no deja de ser preocupante, pues el aparato político mexicano está reconstruyendo los brazos operativos policiales que tuvo durante el autoritarismo.

No sólo es el anuncio del llamado Plan de Desarrollo. En ese camino se dirige también la creación, en mayo pasado, del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal dentro del Ejército, al mando directo de Calderón, para enfrentar lo mismo a la delincuencia organizada que a la delincuencia común. Todo la fuerza para un solo hombre. (1 de junio de 2007)

(jcarrasco@proceso.com.mx)




Mario Di Costanzo*

La reforma fiscal de Calderón: un asunto de caciques y esclavos

Durante la semana pasada, diversos funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público señalaron que, en la propuesta hacendaria que en breve se presentará al Congreso de la Unión, se ha descartado la posibilidad de la aplicación del IVA a los alimentos y medicinas.

En vez de ello, el equipo de Agustín Carstens, de manera muy discreta, ha dejado entrever que su propuesta abarcará temas relativos al gasto público, donde se propondrá una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las erogaciones gubernamentales.

A decir de los hacendarios, la propuesta también incluirá disposiciones tendientes a mejorar la administración tributaria, lo que necesariamente implicaría profundas modificaciones al marco jurídico y administrativo del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En estos temas, tal pareciera que Agustín Carstens ha reconocido la absoluta viabilidad de los planteamientos que desde su campaña presidencial viene haciendo Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, en materia de impuestos el jefe del proyecto económico de Calderón, además de no tocar el IVA en alimentos y medicinas, "por no existir condiciones para hacerlo", ha decidido recurrir a una serie de propuestas muy cómodas para el "gran capital".

Así, el plan fiscal de Carstens necesariamente contemplará mayores controles para que los profesionistas independientes, como los médicos, paguen impuestos; se incluirán modificaciones al impuesto especial a la producción y servicios (IEPS), sobre bebidas alcohólicas, refrescos, cerveza y tabacos, y también la aplicación de impuestos ecológicos, e inclusive no descarta la posibilidad de modificar el régimen del IVA de tasa cero a exento, así como la aplicación del mismo a las colegiaturas.

Desafortunadamente estas propuestas tributarias de ninguna manera solucionarán la baja recaudación de impuestos en México y sí generarán distorsiones no deseadas en la economía.

Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que en la Ley de Ingresos vigente la recaudación total por el IEPS se estima en aproximadamente 60 mil millones de pesos, por lo que si las tasas de estos impuestos se duplicaran (lo cual sería una locura), los ingresos fiscales provenientes de estos impuestos, en el mejor de los casos, darían al fisco 60 mil millones de pesos adicionales.

Lo anterior resulta verdaderamente absurdo si consideramos que de acuerdo con información en poder del Gobierno Legítimo obtenida de la BMV, tan sólo tres grandes grupos empresariales (Cemex, Telmex y Carso) presentaron impuestos diferidos por 49 mil millones de pesos.

Por ello, la propuesta hacendaria de Calderón y su equipo económico es el reconocimiento de los señalamientos y propuestas de Andrés Manuel López Obrador.

En materia de impuestos la propuesta calderonista es la materialización del poder que sobre su gobierno tiene el gran capital, es el secuestro del Estado mexicano por parte de una pequeña pero poderosa oligarquía, que en materia hacendaria los ha obligado a reconocer y aplicar las propuestas de quien se consideraba "como un peligro para México", y que en materia tributaria los está obligando a regresar al siglo XIX, la época de los caciques y de los esclavos.

Por ello, la reforma tributaria que se propone, antes de definir quién va a pagar impuestos, debe aclarar quién no los está pagando.

*Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo
mariodc50@yahoo.com