Supimos de qué estaba hecha la SCJN, nada nuevo bajo el sol
Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Naranjo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó lo que ayer y las semanas anteriores había votado, la inconstitucionalidad de la ley Televisa en su artículos principales. Se trató en los hechos de un enérgico llamado de atención a los partidos políticos, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, porque dejó en claro que todos violentaron el Estado de derecho y la Carta Magna.
Dicha Ley Federal de Radio y Televisión –publicada por el traidor y corrupto Vicente Fox Quesada, aun en contra de la objeción de su propio secretario de Comunicaciones y Transportes- contempla 46 artículos, 16 de los cuales fueron impugnados por un grupo de senadores. De estos 8 fueron declarados total o parcialmente inconstitucionales.
Entre los artículos declarados ilegales están los que hacen referencia al permiso que tenían los concesionarios brindar servicios adicionales de telecomunicaciones, sin participar en licitación y sin obligación de pago al Estado. También se invalidó el tiempo de 20 años como plazo de la concesión, así como el refrendo automático de la misma, que equivalía a ceder por tiempo indefinido el control del espacio radioeléctrico –un bien de todos los mexicanos- a manos del duopolio: Televisa y TV Azteca.
Aunque la declaración oficial fue poco menos que timorata, pues el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia dijo que "no somos un árbitro de la práctica parlamentaria, sino un tribunal constitucional que debe velar por el Estado de derecho bajo los principios que rigen a todos los poderes públicos, incluyen al propio Poder Judicial de la Federación".
Y agregó que este tribunal colegiado "no hace política, incide en la política pero de una manera absolutamente apartidista". Además añadió que la modificación o expedición de leyes "corresponde únicamente a la representación democrática depositada en el Poder Legislativo. El control de la constitucionalidad de las normas es función del Poder Judicial".
De esta manera nunca señaló las fallas de ambos poderes, como sí lo hicieron varios ministros de forma clara y precisa al afirmar que no se explicaban el por qué se había legislado de una forma tan poco pulcra y con clara ventaja para los monopolios –algo prohibido expresamente en la Constitución- de radio y televisión. También se hizo el señalamiento que pese a estar instruido en la Constitución el hacer una legislación que contemple el que los pueblos indígenas posean medios de comunicación el Congreso de la Unión lleva seis años violando ese precepto. Asimismo se aseveró que los legisladores fueron omisos para hacer una reglamentación que incluyera a la los medios comunitarios y culturales.
Pero todo esto quedó al margen en el resolutivo final, donde nada más se marca qué artículos no forman ya parte de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Ortiz Mayagoita aseguró que las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, podrán seguir aplicándose para el futuro, pero sin los artículos o incisos que fueron declarados inconstitucionales, con lo que se garantiza que exista certeza jurídica en el sector de los medios de comunicación electrónicos.
Como ya sabíamos desde ayer la bolita fue turnada a los mismos que implementaron tamaño atraco a la nación. Los PRIANistas buscarán negociar con las televisoras y radiodifusoras un nuevo contrato que les de ventajas para las próximas elecciones intermedias de 2009 –donde se renueva la Cámara de Diputados- , para hacer a un lado a la oposición incómoda de la corriente de Andrés Manuel López Obrador y acomodarse con la “moderna izquierda” de los Chuchos y demás partidos de “oposición”.
Se trata pues del triunfo en una batalla. Los poderes fácticos moverán de nuevo sus piezas y veremos de nuevo “morder el polvo” o lamer las suelas a nuestros “honrados, pulcros e incorruptibles” políticos mexicanos. Al tiempo.
El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.
Dicha Ley Federal de Radio y Televisión –publicada por el traidor y corrupto Vicente Fox Quesada, aun en contra de la objeción de su propio secretario de Comunicaciones y Transportes- contempla 46 artículos, 16 de los cuales fueron impugnados por un grupo de senadores. De estos 8 fueron declarados total o parcialmente inconstitucionales.
Entre los artículos declarados ilegales están los que hacen referencia al permiso que tenían los concesionarios brindar servicios adicionales de telecomunicaciones, sin participar en licitación y sin obligación de pago al Estado. También se invalidó el tiempo de 20 años como plazo de la concesión, así como el refrendo automático de la misma, que equivalía a ceder por tiempo indefinido el control del espacio radioeléctrico –un bien de todos los mexicanos- a manos del duopolio: Televisa y TV Azteca.
Aunque la declaración oficial fue poco menos que timorata, pues el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia dijo que "no somos un árbitro de la práctica parlamentaria, sino un tribunal constitucional que debe velar por el Estado de derecho bajo los principios que rigen a todos los poderes públicos, incluyen al propio Poder Judicial de la Federación".
Y agregó que este tribunal colegiado "no hace política, incide en la política pero de una manera absolutamente apartidista". Además añadió que la modificación o expedición de leyes "corresponde únicamente a la representación democrática depositada en el Poder Legislativo. El control de la constitucionalidad de las normas es función del Poder Judicial".
De esta manera nunca señaló las fallas de ambos poderes, como sí lo hicieron varios ministros de forma clara y precisa al afirmar que no se explicaban el por qué se había legislado de una forma tan poco pulcra y con clara ventaja para los monopolios –algo prohibido expresamente en la Constitución- de radio y televisión. También se hizo el señalamiento que pese a estar instruido en la Constitución el hacer una legislación que contemple el que los pueblos indígenas posean medios de comunicación el Congreso de la Unión lleva seis años violando ese precepto. Asimismo se aseveró que los legisladores fueron omisos para hacer una reglamentación que incluyera a la los medios comunitarios y culturales.
Pero todo esto quedó al margen en el resolutivo final, donde nada más se marca qué artículos no forman ya parte de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Ortiz Mayagoita aseguró que las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, podrán seguir aplicándose para el futuro, pero sin los artículos o incisos que fueron declarados inconstitucionales, con lo que se garantiza que exista certeza jurídica en el sector de los medios de comunicación electrónicos.
Como ya sabíamos desde ayer la bolita fue turnada a los mismos que implementaron tamaño atraco a la nación. Los PRIANistas buscarán negociar con las televisoras y radiodifusoras un nuevo contrato que les de ventajas para las próximas elecciones intermedias de 2009 –donde se renueva la Cámara de Diputados- , para hacer a un lado a la oposición incómoda de la corriente de Andrés Manuel López Obrador y acomodarse con la “moderna izquierda” de los Chuchos y demás partidos de “oposición”.
Se trata pues del triunfo en una batalla. Los poderes fácticos moverán de nuevo sus piezas y veremos de nuevo “morder el polvo” o lamer las suelas a nuestros “honrados, pulcros e incorruptibles” políticos mexicanos. Al tiempo.
El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.
Daños colaterales
josé gil olmos
México, D.F., 6 de junio (apro).- Mientras los calderonistas festejaban su triunfo en la asamblea nacional del PAN, en un reten de Sinaloa militares mataron a cinco personas e hirieron a dos más, sin que el gobierno federal diera una explicación. ¿De qué gobernabilidad hablan cuando dicen que Felipe Calderón ganó dentro de su partido precisamente esta condición fundamental para conducir al país?
Los gritos, la estridencia con los que los calderonistas acallaron a Manuel Espino y su grupo, vencieron en los medios el ruido de las decenas de disparos que los militares hicieron a la camioneta en la viajaba la familia Esparza y que esa noche tuvo la mala fortuna de circular por ese punto de revisión militar cercano a La Joya que, de acuerdo con la ley es ilegal porque atenta contra el derecho al libre tránsito que está inscrito en la Constitución.
Esa noche del viernes primero de junio el gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se enteraron del asesinato de los tripulantes de la camioneta: Griselda Galaviz Barraza, sus tres hijos de 7, 4 y 2 años, así como Alicia Esparza Parra, de 19 años; así como de los heridos, un niño de 5 años de apellido Esparza, Teresa de Jesús Flores, de 16, y Adán Abel Esparza, el conductor, quienes fueron internados en el hospital general de Culiacán.
Este hecho grave por el cual deberían renunciar altos mandos de la Sedena no fue mencionado por Calderón en los días siguientes. En realidad estaba muy entretenido en tejer la estrategia para derrocar a quien considera su enemigo, Manuel Espino, olvidando que su verdadero enemigo, el narcotráfico, estaba siendo beneficiado por el gazapo de los militares apostados en ese reten de Sinaloa.
Cuando uno observa cómo los medios más influyentes del país, principalmente las televisoras, se alinean al gobierno del PAN, festejando la grandiosa victoria de Calderón sobre la “ultraderecha”, no se puede dejar de comparar lo estos mismos medios hacían con el PRI. No hay ninguna diferencia.
Sobre todo cuando se detecta que gracias a esa estrategia de medios, la noticia del asesinato y ahora el supuesto castigo a 19 militares que fueron detenidos pasaron casi desapercibidos.
En un principio se hizo correr el rumor de que los tripulantes de la camioneta roja llevaban armas y droga. Pero la especie resultó demasiado burda ante la contundencia de los hechos: los disparos fueron hechos a mansalva.
Después la Sedena guardó silencio por tres días y sólo informó de las medidas adoptadas en contra de los soldados y sus respectivos mandos, hasta que Felipe Calderón ya estaba de gira por Europa, encontrándose en primer lugar con el papa Ratzinger en la sede del Vaticano.
Pero ni siquiera saliendo de la Santa Iglesia de San Pedro, el presidente Calderón se dignó a dar el pésame a la familia sinaloense que fue acribillada por los soldados en esta “guerra” contra el narcotráfico. Total, son daños colaterales.
Si el presidente Calderón y su grupo creen lo que algunos de sus columnistas preferidos han escrito en los últimos días, de que gracias a su aplastante victoria en la asamblea nacional en contra del “espinismo” ya ganó la gobernabilidad que le hacía falta, incurrirán en un peligroso error.
La gobernabilidad no está en el interior del PAN sino en las calles, plazas, pueblos y ciudades donde el narcotráfico se ha apoderado de la vida cotidiana.
Y también está en la forma en cómo se combate el mayor peligro de la seguridad nacional. No es posible se deje sólo en manos del Ejército la lucha antinarco. Los casos de Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Nuevo León y Michoacán, donde los militares han incurrido en violaciones a derechos humanos, agresiones sexuales y asesinatos, son señales claras que el problema se les ha ido de las manos.
Así que más valdría la pena poner atención en lo importante, que es gobernar al país, y no en lo secundario, que es controlar a su partido, igual que lo hacían antes los presidentes emergidos del PRI.
Ahora que regrese Felipe Calderón de su primera gira por Europa, lo primero que tendría que hacer es ofrecer una disculpa pública a los deudos de los acribillados por el Ejército, y después replantear su estrategia en la “guerra” contra el narcotráfico, desconcentrando las acciones de las Fuerzas Armadas y dar una lucha más integral, porque la va perdiendo con lamentables costos humanos.
Al mismo tiempo, cumplir con las demás condiciones que dan la gobernabilidad, como aumentar el empleo, impulsar programas del campo, combatir la pobreza, abatir los rezagos en salud y educación, mejorar el medio ambiente y ofrecer mayores niveles de seguridad pública a la ciudadanía.
De no hacerlo, la situación empeorará y los famosos daños colaterales, en los cuales las víctimas son ciudadanos inocentes, se podrían ir repitiendo sin que al gobierno y a su partido, el PAN, le importe, repitiendo la misma historia del PRI.
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