Pretenden poner fin a Ley Televisa

Tomados de Proceso, Monosapiens, La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Naranjo y Boligán.

No se sabe en que terminará el juicio de inconstitucionalidad contra la ley Televisa. Con la ausencia de dos de sus integrantes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha manifestado la intención de invalidar varios de los artículos principales de la mentada ley que da a los concesionarios de radio y televisión manga ancha sobre es uso del espectro radioeléctrico. El duopolio televisivo ha mantenido su nivel de presión para evitar que se reviertan lo que consideraban el premio del siglo.

La semana pasada la mayoría de ministros se manifestaron por invalidar el artículo referente al refrendo que enajenaba de por vida las señales radioeléctricas a Televisa y TV Azteca, por el simple hecho de ser los concesionarios actuales. Nnada más tendrían que pagar unos cuantos miles de pesos para poder usufructuarla por 20 años, cobrando hasta medio millón de pesos por cada 20 segundos de comerciales en horario estelar. Eso si que es un gran negocio, pagan una miseria al Estado y pueden usar las frecuencias por 20 años ganando miles de millones de dólares. Negocio redondo para unos cuantos vivales, que se han enriquecido al amparo del corrupto poder de los políticos, jueces, grandes empresarios, etc.

El día de hoy martes 5 de junio de 2007 tocó el turno al tema de la subasta que se considera en la ley impugnada como el mecanismo idóneo para concesionar las señales de radio y TV. Por unanimidad los ministros declararon inconstitucional el artículo 17-G, referente a dicho precepto. Igual suerte corrieron los artículos que señalaban que los concesionarios de radio y televisión pudieran prestar otro tipo de servicios de telecomunicaciones (el llamado triple play que contempla telefonía, televisión e internet) por el sólo hecho de tener una concesión, sin licitar nuevamente y sin el pago respectivo por dar ese servicio.

Y para cerrar con broche de oro la mayoría de ministros también se pronunció por la inconstitucionalidad del artículo que declara un plazo de 20 años como término de la concesión. Se acordó que el texto fuera modificado “hasta un plazo de 20 años”, con el fin de que este tiempo no sea forzoso y que el Estado pueda revocar la concesión, cuando el desempeño de la misma afecte los intereses de la nación.

Si bien es cierto que hay avances serios en los acuerdos tomados por la corte, también lo es que las votaciones se hacen de manera preventiva y que cada ministro cuenta con la libertad de emitir de forma indistinta su voto al final de la discusión. Este si será el definitivo.

Para que esto ocurra habrán de concluirse, primero, la discusión de los artículos y después la elaboración de un nuevo dictamen. Quien lo deberá hacer es el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano –exalcalde de Guadalajara por el PAN- y uno de los que mantiene las posiciones más conservadoras en el pleno. Durante las discusiones se ha opuesto de manera tajante a que se vincule en el dictamen final la referencia a que la ley Televisa viola los artículos 6 y 7 constitucionales, mismos que garantizan la libertad de expresión, el derecho a la información, y el acceso equitativo a los medios de comunicación.

Aguirre Anguiano ha dicho que no es necesaria tal cosa y ha calificado las intervenciones en ese sentido del ministro Genaro Góngora Pimentel, como de muy valiosas, pero de sólo retórica.

Si analizamos en asunto nos daremos cuenta que la postura de Góngora Pimentel no es menor. Si la SCJN ratifica la inconstitucionalidad de los artículos impugnados, el Congreso de la Unión deberá –por mandato judicial- elaborar una nueva legislación que tome como espina dorsal la determinación de la corte. Es decir, que si el dictamen se va sólo por el lado económico y mercantil del asunto, los legisladores PRIANistas podrían apegarse nada más a este criterio y hacer una ley que no contemple lo básico en una ley de medios del siglo XXI, el derecho irrenunciable y vital a la libertad de expresión, información y al acceso equitativo a los medios de comunicación. Eso es lo que está en juego también, el detener el uso faccioso del espectro radioeléctrico –un bien de los mexicanos, así como lo es el petróleo- para los intereses particulares de un grupo de rufianes que desde hace décadas roban a manos llenas el patrimonio de todos y empobrecen cada día más a la mayoría de los mexicanos.


Los siguientes son una colaboración y un análisis tomados de la revista Proceso.

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Detentadores de la televisión

Miguel Ángel Granados Chapa

En algún momento de sus intervenciones en la sesión del jueves 31 de mayo, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano habló de los detentadores de concesiones de radio y televisión. Es seguro que lo haya hecho de la mejor buena fe, pero dio en la diana al utilizar esa palabra, cuyos dos significados, conforme a la Real Academia de la Lengua, cuadran a buena parte de los concesionarios de los medios electrónicos, sin que a esa regla escapen los dos comparecientes en el cuadrante de la televisión capitalina de data más reciente.

En su primera acepción, detentar es “retener alguien lo que manifiestamente no le pertenece”; y la segunda se le parece: “Retener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público”. O sea que se trata de una expresión peyorativa a la que el uso –o el reconocimiento de una ilegitimidad generalizada a partir de un cinismo igualmente generalizado– le ha conferido el sentido contrario, el de la simple tenencia de una cosa o del poder.

La sesión del pleno de la Corte donde Aguirre Anguiano definió, sin querer, la verdadera naturaleza de las concesiones de medios electrónicos, debatió el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión, referido al refrendo de las concesiones. Era, es, uno de los ingredientes principales de esa norma reformada el 31 de marzo del año pasado. Los autores de la ley que diputados y senadores de la mayoría se limitaron a avalar basaron en ese texto su derecho a detentar (así, en el sentido estricto de la expresión) a perpetuidad las concesiones que de modo enigmático les han sido conferidas en el pasado.

Denunciado como anticonstitucional ese artículo por los 47 senadores que iniciaron la acción respectiva, el ministro Aguirre Anguiano reconoció en su proyecto de sentencia que lo es parcialmente. La semana próxima se discutirá esa aceptación suya, relativa a la duración de las concesiones, establecida en 20 años, lapso cuya fijación le parece inconstitucional. En cambio, había calificado como lo contrario el refrendo automático, consistente en el derecho del concesionario a obtener en condiciones de preferencia la renovación de su licencia, sin tener que contender contra nadie, pues se le exceptúa –se le exceptuaba mejor dicho– de la licitación prevista en el artículo siguiente, el 17.

Los ocho ministros que se opusieron al proyecto, y con su voto decretaron la invalidez de esa excepción, asestaron un rudo golpe a los intereses de los detentadores de concesiones, especialmente las de la televisión. Derrotaron con una valiosa riqueza de argumentos (que el Congreso deberá considerar para su propio abordamiento de la reforma a la reforma) la falacia del proyecto de sentencia que admitía el privilegio de escapar a la licitación con base en el hecho de que los titulares ya se habían sujetado a una, cuando obtuvieron inicialmente su concesión.

Nadie ha ganado en concurso la concesión que detenta. Todos los participantes en la televisión se hicieron de ella de modo discreto, es decir ignorado por la sociedad: o al margen de la ley (en algunos casos antes de que hubiera ley específica) y aun contraviniéndola. De modo que era inadmisible que se sustentara en la ilegalidad el régimen de perpetuidad que habían conseguido los detentadores del poder electrónico.

Las concesiones de los canales 2, 4 y 5, eslabones principales de lo que es hoy Televisa, fueron entregadas bajo cuerda antes de que se legislara sobre la materia. La primera concesión, para operar el canal 4, se otorgó en 1949 a la empresa Televisión de México, propiedad de Rómulo O’ Farril. Es presumible que en realidad el presidente Alemán se la haya concedido a sí mismo. Había resuelto el año anterior no reproducir en México el esquema europeo de televisión pública, sino acogerse al norteamericano, que otorga licencias para la explotación comercial del espectro radioeléctrico, y quizá se adjudicó la primera. Era sabido que, bajo cuerda y con el nombre de su amigo Jorge Pasquel como parapeto, había adquirido el diario Novedades, que pasó a ser propiedad de O’ Farril cuando se hicieron insoportables los escándalos de Pasquel (el más notable de los cuales fue su agresión al semanario Presente, de Jorge Piñó Sandoval, cuyas instalaciones fueron ferozmente destruidas). De modo que O’ Farril, tan dueño como Pasquel, representaba tanto en el periódico como en el nuevo medio a Alemán. Invitaban a tener certidumbre sobre ese hecho la no muy distante modestia de la familia O’ Farrill, dedicada a la mecánica automotriz en Puebla; la instalación del primer estudio de televisión, de una empresa particular, en un edificio público, el de la Lotería Nacional; y la posterior aparición de Miguel Alemán Velasco como uno de los principales accionistas de Telesistema Mexicano y de Televisa, sin que se conociera en qué operación mercantil se hizo de acciones y de quién las obtuvo.

No hubo concurso alguno para entregar esas concesiones, porque faltaba el sustento jurídico para otorgarlas. Pero cuando se emitió la Ley Federal de Radio y Televisión, el 19 de enero de 1960, no cambió la situación. Sin licitar ninguna de esas dos frecuencias, el 24 de junio de 1967 se expidieron concesiones para operar los canales 8 y 13. Se confirió la primera a la empresa Fomento de Televisión, que en los hechos (puesto que la razón era su pretendido fortalecimiento financiero) la entregó a Televisión Independiente de México, S. A. (Timsa) filial de Alfa, una de las empresas señeras del grupo Monterrey. El 13 fue concedido a Corporación Mexicana de Radio y Televisión, encabezada por Francisco Aguirre, que ya operaba la próspera Organización Radio Centro. En 1972 Timsa se asoció con Telesistema Mexicano (que había concentrado los tres canales iniciales) y apareció Televisa. Diez años más tarde, en medio de una fuerte crisis, Alfa vendió a los Azcárraga su parte en Televisa, incluido el Canal 8, que hoy es el 9.

En el mismo 1972, el gobierno, a través de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, Somex, adquirió el Canal 13, que sería la pieza principal del Instituto Mexicano de Televisión, creado el 23 de marzo de 1983. Además de repetidoras en la República, el Estado se otorgaría a sí mismo una nueva concesión, la del Canal 7. Ambos canales constituyeron la principal oferta hecha por el gobierno de Carlos Salinas cuando suprimió el Instituto y creó la empresa TV Azteca, que se privatizó el 18 de julio de 1993. Si bien se organizó para ese efecto una licitación pública, ésta se refirió a la empresa en su conjunto, no a las concesiones que eran parte primordial de sus activos. De modo que puede afirmarse sin duda que jamás ningún concesionario de televisión ha pujado por una concesión.

Tampoco fueron licitadas las frecuencias, de distinta naturaleza técnica en su origen, de los canales 28 y 40, cuya presencia es la más novedosa en el cuadrante de la televisión abierta (único sistema al que me refiero por ahora). El 23 de septiembre de 1991 la Televisora del Valle de México, propiedad de Javier Moreno Valle (con experiencia en medios a través de la agencia Informex y el diario especializado El Financiero) obtuvo la concesión del Canal 40 en la banda de frecuencias ultraelevadas (UHF). De un modo igualmente enigmático, porque no se convocó públicamente a los interesados, años más tarde se otorgó la concesión del 28 al empresario sudbajacaliforniano Raúl Aréchiga.

Mediante argucias sin fin ni castigo, TV Azteca se apoderó el año pasado del Canal 40. Consiguió que un juez, inepto si no venal, tuviera a la empresa de Ricardo Salinas como accionista mayoritaria sólo porque tenía en sus manos, en calidad de prenda, los títulos en esa proporción. Es decir, ese juez, venal si no es que inepto, convirtió a un acreedor en propietario. Con bendición gubernamental, TV Azteca utiliza la frecuencia usurpada en un llamado Proyecto 40, una emisora pirata que por una mezcla de ambiciones, ignorancia e insensibilidades ha ganado carta de naturalización, como si se tratara de un negocio legítimo y no el fruto de una rapacidad.

El Canal 28 empezó sus transmisiones el lunes pasado, 28 de mayo. Aréchiga lo había mantenido en silencio y lo animaba sólo de tanto en tanto, a fin de no perder la concesión (lo cual sólo hubiera sido posible si se aplicara la ley, pero el de la radio y televisión es uno de los territorios donde más acentuada y riesgosa es la anomia). Finalmente, presionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que suspendió la licencia de su empresa Aerocalifornia, vendió la concesión (como si se tratara de una cosa propia y no de la autorización del Estado para explotar un bien público) a Olegario Vázquez Raña, que ya había montado en radio el Grupo Imagen y adquirido el diario Excélsior.

O sea que nadie ha pasado por las horcas caudinas de una licitación. Nadie ha ganado un concurso. Por lo menos a la hora del refrendo, ahora tendrán que pasar por la experiencia de contender por una concesión, aunque sea en condiciones preferenciales.

Mientras tanto, todos son detentadores.





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El PAN y Calderón: Involución autoritaria

Álvaro delgado

México, D.F., 4 de junio (apro).- Ahora resulta que lo deleznable en los gobiernos priistas es virtud en Felipe Calderón: el uso del aparato gubernamental para asaltar el poder partidista.

Efectivamente, el sábado 2 en León, Guanajuato, Calderón venció a Manuel Espino en la disputa facciosa por el control del Partido Acción Nacional (PAN), pero no se trató --como erróneamente se quiere hacer creer desde el oficialismo-- de una contienda entre la vertiente doctrinaria y la representada por la ultraderechista Organización Nacional del Yunque.

Porque, en efecto, quien obtuvo el mayor número de votos de los delegados a la Convención Nacional, César Nava Vázquez, secretario particular de Calderón, es ni más ni menos que miembro juramentado de El Yunque, la organización secreta de extrema derecha que tiene también una importante presencia en el gobierno federal.

Como Nava Vázquez, otros prominentes militantes de El Yunque se han incorporado a la facción del PAN encabezada por Calderón como parte de una estrategia pragmática de posicionamiento en el poder: una es la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo, por cierto suegra del secretario particular de Calderón, y José Luis Luege, director general de la Comisión Nacional del Agua (CNA).

Romero Castillo fue presidenta de la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), uno de los organismos de fachada de El Yunque, y Luege fue el penúltimo presidente de Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC), otro organismo creado por la organización secreta que, al frustrarse su registro como agrupación política --en 1982--, intensificó su infiltración al PAN.

Otro dato: el padre de Felipe, Luis Calderón Vega, renunció al PAN, en 1981, precisamente como consecuencia de esta infiltración patrocinada por los intereses del sector empresarial identificados particularmente con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), como lo declaró al semanario Proceso:

“El PAN era un partido de clases, no de clase. Ahora se pretende convertirlo en un partido empresarial. Ahí quieren llevarlo. Se han colocado los empresarios a través de Pablo Emilio Madero, Fernando Canales Clariond, Carlos Anaya, los representantes del Grupo Monterrey y Sonora”, declaró Calderón Vega en referencia a los operadores de la Coparmex.

Precisamente el padre de César Nava, César Nava Miranda, fue presidente de la Coparmex en Michoacán y adversario de Luis Calderón Vega, a tal punto que lo expulsó como profesor de la Universidad Vasco de Quiroga, institución fundada por El Yunque, del que Nava Miranda era jefe estatal.

Nava Miranda fue presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) después de que, en 1975, él y otros personajes como Francisco Xavier Salazar Sáenz, miembro del CEN y supuestamente adversario de Calderón, y Eduardo Turati, expresidente del PAN en Chihuahua, cometieron un fraude en esa agrupación, según información que denunció el presidente saliente, Francisco Quiroga, precisamente militante panista.

Por eso, haciendo historia, no hay que irse con la finta: lo acontecido el sábado en León no fue consecuencia de una deliberación ideológica, que de suyo no sólo es necesaria sino urgente en el partido de la derecha, sino una confrontación de poder para controlar y explotar a futuro la franquicia panista, como la próxima nominación de candidatos a diputados federales en las elecciones intermedias y la sucesión presidencial del 2012.

Más aún, lo ocurrido el sábado es derivación de un operativo gubernamental que comenzó apenas tomó posesión Calderón de la Presidencia de la República, el 1 de diciembre, y siguió con la compra de lealtades mediante el ofrecimiento de chambas, más aún de las que públicamente imputaron integrantes de la facción de Espino.

Un ejemplo claro es esto es Veracruz: Alejandro Vázquez Cuervas, presidente estatal del PAN y militante del Yunque, era afín a Espino, pero canjeó su lealtad a Calderón a partir de que su hermano Alfonso fue nombrado --curiosamente en abril-- delegado de la Secretaría del Trabajo, a pesar de que no terminó ni la secundaria y ha sido exhibido en video en actos de corrupción.

El “Pipo” fue uno de los organizadores de la rechifla a Espino, junto con el senador Ulises Ramírez, del Estado de México: la noche del viernes, en el hotel Radisson, aleccionaron a las delegaciones de esos estados, a las que se sumaron las de Zacatecas y del Distrito Federal, al mando de Mariana Gómez del Campo, sobrina de Calderón Hinojosa.

En los próximos días cristalizará una porción de la maniobra desde el gobierno para que Calderón se apodere del PAN, cosa que todavía no es segura: habrán de nombrarse en todos los estados los delegados de las dependencias federales y un simple cruce de nombres acreditará el operativo diseñado entre otros altos funcionarios por Juan Camilo Mouriño.

Por ahora César Nava y Germán Martínez, lugartenientes de Calderón y cuyo entrenamiento en la presidencia del PAN acreditará la subordinación del PAN al gobierno, pueden estar satisfechos por el coro de jilgueros del oficialismo de siempre y el nuevo, que proclaman su sagacidad para “tomar el control” de ese partido que, según el libreto, ha obstaculizado su administración.

¿Pero alguien puede decir en qué se ha opuesto el PAN de Espino a las medidas gubernamentales? Salvo información en contrario, el PAN no se ha opuesto a ningún proyecto del gobierno ni ha protestado, por ejemplo, por el alza en los precios de los productos básicos, no solamente como la tortilla, sino que los justifica.

Tampoco el PAN de Espino se opone a la privatización del sector energético, sino que lo promueve, ni censura los más de 3 mil 700 millones de pesos en imagen para Calderón, ni protesta por los 67 millones de pesos que regaló el gobernador de Jalisco, Emilio González, a Televisa. ¿Cuál oposición u obstáculo al gobierno? No, el asunto es sólo de control del PAN para apoderarse de la franquicia, reeditando la subordinación de partido al jefe del Ejecutivo legal.

Ese apetito de poder de Calderón sólo revela otro factor de involución autoritaria.

Apuntes

En la Asamblea Nacional del PAN en León --que viene siendo algo así como ‘Yunquépolis’, por la prominente presencia de militantes juramentados-- dos hechos acreditan el talante democrático en la actualidad: la silbatina a Espino lo exhibe como un partido que no es capaz de escuchar a quien no es sólo formalmente su presidente, sino que es una institución que se le da hasta el nombre de “jefe nacional”, y que la libertad individual de sus militantes --en este caso delegados-- se ha degradado al buscarse el voto corporativo mediante el repartido de listas. O quizá así entienden la “dignidad de la persona humana” de la que se ufanan en ese partido… Más allá de si es auténtico o es un montaje, el video que circula profusamente en la red de Internet sobre una ceremonia de juramentación de El Yunque corresponde a la que suele celebrarse --sí, todavía-- en las células básicas de esa organización secreta de ultraderecha.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx