Otra pifia más. Un corrupto ahora combatirá la corrupción

Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Naranjo.

Uno de los artífices del fraude electoral de 2006 en contra de millones de mexicanos, quien junto con la otrora secretaria de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) Josefina Vázquez Mota, manipularon los recursos públicos de programas sociales a favor del usurpador Felipe Calderón Hinojosa ahora será el “guardián” para que todo esto no pase.

Sí efectivamente se trata del transa Juan Camilo Mouriño –el sahaguncito del pelele- que fue nombrado por el espurio para “vigilar” que los programas sociales se apliquen sin sesgo partidista. Pero resulta que el tal Mouriño es señalado en Campeche y Tabasco como traficante de influencias, además de se beneficiario de Pemex, ya que cuenta con decenas de gasolinerías en el sureste del país.

El nefasto personaje ha sido señalado en reiteradas ocasiones por el PRI y el PRD por utilizar recursos públicos a favor de los candidatos del PAN. Por lo que más bien el nombramiento oficializa lo que se denunció hace meses como el programa “Manzana Azul” mediante el cual se utilizan todos los recursos públicos en manos de panistas para comprar y corromper el voto ciudadano en los lugares donde se celebrarán elecciones el presente año.

La “estrategia” consiste en comprar, coaccionar, presionar, amedrentar y utilizar los programas sociales como Oportunidades para dirigir el voto a favor de los candidatos del PAN a nivel estatal y municipal. La primera prueba será en Yucatán el próximo domingo 20 de mayo. Desde hace semanas los partidos opositores al gobierno panista han denunciado la “guerra sucia” –la misma que hicieron contra Andrés Manuel López Obrador- contra sus candidatos. También la compra de votos, el uso de programas sociales como entrega de despensas y materiales de construcción y la intimidación policiaca contra los opositores. Todo dirigido por el gobernador panista Patricio Patrón y coordinado por Juan Camilo Mouriño. Así que no nos vengan con cuentos. Se trata pues de cinismo puro.



En seguida dos artículos tomados del periódico La Jornada.


http://www.jornada.unam.mx

Desmantelar el Estado


Carlos Montemayor /I

En varios aspectos, durante la administración federal de Felipe Calderón se ha hecho evidente un deterioro del Estado y del sistema político mexicano que bien podríamos designarlo en su totalidad como un proceso general de desmantelamiento del Estado mismo. Por supuesto, la actual administración no es la causa; Felipe Calderón no podría tener la capacidad política, operativa ni ideológica para haber iniciado ni acelerado un proceso así. El desmantelamiento del Estado comenzó antes, y por la naturaleza de los distintos factores que en él concurren, no se trata de un proceso uniforme que avance al mismo paso y siempre con un mismo ritmo. El término "desmantelamiento" es en principio de muy amplia y quizás vaga connotación, pero subraya un hecho esencial: no se trata de una reforma, variación, reforzamiento o modernización del Estado, sino de un proceso constante y sistemático de desarticulación del poder del Estado en enclaves esenciales de la vida política, económica y social del país; una especie de capitulación en áreas políticas y sociales que hubiera sido impensable antes de los años ochenta del siglo pasado.

No debemos confundir la acción propia del gobierno federal con las del Estado, cierto; gobierno federal y Estado no son lo mismo. Pero determinadas acciones de gobierno, en particular algunas políticas económicas, sociales y policiales del gobierno federal, han conseguido paulatinamente afectar el Estado mexicano bajo un proceso que se acerca más a su desmantelamiento que a su renovación, remozamiento o "modernización".

Describamos someramente algunos casos de la vulnerabilidad progresiva del gobierno federal que afecta a la conformación del Estado mismo. Empecemos con la lucha contra el narcotráfico, que el discurso gubernamental señala como total y decidida. En realidad, podríamos decir que el narcotráfico posee numerosas facetas que no son sangrientas ni propiamente conflictivas, y contra las cuales no siempre se combate ni se intenta desarticular a fondo circuito alguno. Es el caso de la producción o cultivos tanto en territorio mexicano como en territorio estadunidense e incluso en otros más lejanos, pues Afganistán volvió a convertirse, por ejemplo, en el primer productor mundial de amapola en cuanto Estados Unidos lo invadió. El procesamiento químico de los estupefacientes tampoco es una faceta particularmente conflictiva, sobre todo si las bases químicas para el procesamiento provienen de la industria de Estados Unidos, y no de China, pues nada más fácil para la DEA que el seguimiento de compradores asiduos, posibles o recurrentes en territorio estadunidense. Incluso en este aspecto podemos agregar otro circuito no violento que se inicia en la industria estadunidense: el contrabando de armas. Y por supuesto, el lavado de dinero y la inversión ulterior en ramos de la construcción, turismo, comercio o bienes raíces, pongamos por caso, no provocan combates ni vendettas, sólo planeación y estrategias financieras. El punto conflictivo, sangriento, es uno solo: el traslado terrestre, marítimo o aéreo de los narcóticos, y aquí se centra "el combate" al narcotráfico.

Ahora bien, incorporar al Ejército en ese enclave conflictivo de la lucha antinarcóticos revela dos cosas: una, que fueron rebasadas ya las estructuras policiales y políticas del país y que el Ejército se ha convertido en el último recurso; dos, que la incorporación de militares a las tareas policiacas antinarcóticos revela el dócil sometimiento del gobierno mexicano a los lineamientos de seguridad hemisféricas que desde la anterior década del siglo pasado han previsto los gobiernos de Estados Unidos: convertir a los ejércitos latinoamericanos (o a muchos de ellos) en fuerzas de complemento.

En cuanto al primer punto, el de las estructuras rebasadas, al echar mano del Ejército como último recurso el gobierno se sitúa al borde del vacío, y detrás de él, el Estado. La ausencia de poder estatal en estos ámbitos del crimen organizado lo ha ocupado ya la misma fuerza criminal. El otro punto es más complejo. En 1996, cuando el Partido Republicano celebró su Convención en San Diego, el entonces candidato Robert Dole afirmó que de triunfar en las elecciones ordenaría a las fuerzas armadas que participaran en la lucha antinarcóticos. El entonces zar antidrogas, general Barry McCaffrey, tildó de grave error que se expusiera a militares al inmenso poder de corrupción del narcotráfico y se le desviara de sus funciones primordiales de seguridad nacional. La misión de las fuerzas armadas era superior: conservar la integridad y la capacidad de defensa de Estados Unidos, sobre todo cuando era ya el vencedor de la guerra fría. Era paradójico que el general McCaffrey se opusiera a que las fuerzas armadas estadunidenses participaran en la lucha antinarcóticos, pero exigiera que las de América Latina sí lo hicieran. ¿Por qué al zar antidrogas estadunidense sí le parecía natural que nuestros ejércitos se expusieran "al inmenso poder de corrupción del narcotráfico"?

Un año antes, el 24 de julio de 1995, en la Reunión Ministerial de Defensa de las Américas, cuando se desempeñaba como comandante en jefe del Comando Sur, el general McCaffrey expuso que el fin de la guerra fría había llevado a Estados Unidos a cambiar significativamente la orientación y naturaleza de sus fuerzas armadas y que, como un "apéndice del Norte", también "nuestros colegas uniformados de toda América Latina están atravesando por un proceso militar de análisis, transformación y orientación", y avanzó que los posibles roles y misiones de los ejércitos latinoamericanos para el siglo XXI "serían operaciones de apoyo doméstico, protección del medio ambiente, administración colectiva de las fronteras, operaciones humanitarias, operaciones convencionales de los intereses del soberano y operaciones regionales contra el narcotráfico".

Esta encomienda de nuevas misiones para nuestras fuerzas armadas revela otro tipo de globalización. Al sometimiento financiero, industrial, diplomático, sobreviene ahora en nuestros países el sometimiento a nuevas estrategias militares. A la apertura comercial de los mercados corresponde un nuevo ajuste de fronteras desde la perspectiva de la teoría de seguridad continental. Ahora se trata de convertir a los ejércitos latinoamericanos en una especie de fuerzas de complemento que puedan coordinarse con aquello que en el futuro será el único cuerpo propiamente militar del continente: el ejército estadunidense. El imperio no quiere ya invadir: requiere la docilidad de fuerzas complementarias o de apoyo.

Desde la perspectiva de Estados Unidos, pues, sólo se enfoca el combate total y decidido contra el narcotráfico en el gobierno de Calderón como una más de las "operaciones regionales contra el narcotráfico", agravado esto con lo siguiente: se trata de controlar el traslado territorial de la oferta externa de narcóticos sin que se corresponda con otra lucha en Estados Unidos para controlar la demanda y la oferta internas; esto es, se nos utiliza como un instrumento regional de control externo en una lucha que más se dirige a consolidar el monopolio estadunidense de los narcóticos fuera de su país que a combatirlo dentro y fuera de sus propias fronteras. En otros términos, la fase actual de la lucha contra el narcotráfico está revelando no sólo la inoperancia del gobierno mexicano y de sus estructuras policiales y el sometimiento del Ejército a un orden estadunidense de seguridad hemisférica; también está significando el desmantelamiento de una estructura del Estado mismo en seguridad nacional.


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Desmantelar el Estado

Carlos Montemayor / II

Varios elementos concurren en el desmantelamiento del Estado mexicano, comentábamos en la entrega anterior. El proceso es visible en diversos niveles y dinámicas: en el sector fiscal, en la migración, en el desarrollo económico o en el narcotráfico, por mencionar algunos.

Veamos ahora el sistema bancario, que ha dejado de ser mexicano hace ya tiempo y que es un ejemplo destacado de la vulnerabilidad del gobierno como autoridad fiscal. Los bancos han entendido que debían ocupar el vacío dejado por el Estado y se han apresurado a hacerlo con lujo de poder, efectividad y soberbia: son el sector que se beneficia con las más altas ganancias en el país, pero no contribuyen al desarrollo económico y productivo, no pagan impuestos, aumentan el costo de operaciones a sus clientes cautivos, despiden a trabajadores y reducen sueldos y prestaciones a los que no han despedido o a los que vuelven a contratar y, por si esto no bastara, siguen recibiendo fortunas desmedidas del IPAB/Fobaproa en función de un rescate que desde su origen fue ilegal y turbio, pero que ahora carece de justificación y sentido.

Los bancos son un aspecto relevante de la vulnerabilidad del gobierno en el pago de impuestos de los grandes causantes. Centenares de miles de millones de pesos que debían reportar al fisco los bancos y también grandes empresas nacionales y consorcios trasnacionales son retenidos por los propios causantes y transformados nuevamente en activos vía devoluciones o créditos, a lo que se agrega incluso la venta de grandes empresas y bancos (Banamex, Hylsamex, por ejemplo) a través de canales bursátiles no gravables. El pasado 10 de mayo, en una nota de Enrique Méndez publicada por La Jornada, se hizo público que en los primeros cinco años de gobierno de Vicente Fox el Servivicio de Administración Tributaria (SAT) devolvió 679 mil 691.3 millones de pesos a grandes contribuyentes y registró créditos fiscales por 495 mil 807.9 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró recientemente, como lo documenta el reportaje de Carlos Acosta Córdova en la revista Proceso del 6 de mayo de este año, que el gobierno federal devolvió a la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana, ahora Kansas City Southern de México, SA de CV, por concepto de IVA, 12 mil 965 millones 742 mil 200 pesos de manera ilegal e insólita, ya que ese impuesto nunca fue pagado al fisco. Para compensar esta pérdida fiscal permanente el gobierno mexicano se propone desde hace tiempo gravar alimentos, medicinas y libros y eliminar la tasa cero de la exigua canasta básica. O sea, como no pagan impuestos los grandes causantes, se busca compensar tal pérdida gravando el consumo directo de todos los mexicanos. El vacío de poder que deja el gobierno en materia fiscal lo ocupan ya los grandes causantes, capitales y trasnacionales. Además de la impotencia o permisividad del gobierno federal, esto refleja un desmantelamiento del Estado: su sometimiento voluntario o forzoso a una elite financiera, en lugar del ejercicio soberano de la recaudación para beneficio nacional.

En este sentido, en el impulso al crecimiento económico, el poder del gobierno mexicano ha ido menguando notablemente: su capacidad es ahora casi nula, como lo viene registrando desde hace varios años Carlos Fernández Vega en estas mismas páginas de La Jornada. Repasemos algunos datos que publicó el 19 de noviembre de 2005 y que constituyen otro ejemplo de la vulnerabilidad del gobierno que afecta la naturaleza del Estado mismo. En los primeros 12 años transcurridos desde la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte la tasa anual promedio de crecimiento económico en México ha sido de 2.89 por ciento, menos de la mitad registrada en el periodo 1934-1982. Al finalizar el año de 2005, Fernández Vega señalaba que el 1.86 por ciento de crecimiento anual promedio de la administración de Vicente Fox se daba en plena paz macroeconómica. "Consumido 83 por cierto de su periodo constitucional (es decir, cinco de seis años), el gobierno de Zedillo reportaba una tasa anual promedio de crecimiento económico de 2.87 por ciento (incluidos 'errores de diciembre' y crisis financiera), y en igual lapso, pero del innombrable, dicho indicador fue de 3.8 por ciento. Sólo para dar una idea, en sexenios anteriores al de Miguel de la Madrid, en los primeros cinco años de gobierno la situación fue la siguiente: 5.19 por ciento con Lázaro Cárdenas; 6.08 por ciento con Avila Camacho; 6.14 por ciento con Alemán Valdés; 6.64 por ciento con Ruiz Cortines; 5.49 por ciento con López Mateos; 6.2 con el genocida Díaz Ordaz; 6.27 por ciento con Echeverría y 7.97 por ciento con López Portillo... Con Fox y su maravillosa maquinaria económica, envidia de la comunidad de naciones, 1.86 por ciento."

Un crecimiento así en los gobiernos neoliberales, tan próximo en verdad al "decrecimiento", pero en una economía que por su volumen en términos macroeconómicos se sitúa en la segunda decena de las economías del mundo, sólo se puede entender por la acumulación inusitada de la riqueza en una reducida elite y por una brutal expansión de la pobreza en las grandes mayorías. Esto es, a falta de la capacidad del Estado para impulsar la economía y asegurar una mejor distribución de la riqueza, la elite económica ha ocupado el sitio que el Estado abandona.

Una investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM difundida a finales de marzo de 2006 y publicada en La Jornada el 27 de ese mismo mes destaca otro rasgo más: el abaratamiento del trabajo en México. Las empresas están bajando salarios en un esquema de despido permanente de trabajadores de altos ingresos que son sustituidos por empleados baratos, eliminando o restringiendo las prestaciones laborales. La investigación asentó que de diciembre de 1987 a enero de 2006 el precio de la canasta básica se había incrementado en mil 435 por ciento, mientras que el salario mínimo había aumentado en este periodo 308 por ciento, lo que arrojaba una pérdida acumulada de 73.4 por ciento. Es decir, en 1987 los trabajadores que percibían el salario mínimo podían adquirir 31 de los 35 artículos que formaban la canasta básica, y en 2006 sólo podían comprar cinco, eliminando o disminuyendo de su consumo productos esenciales.

Esta política económica, impuesta globalmente como un nuevo colonialismo, ha producido un desmesurado avance de la pobreza y un proceso acelerado de concentración de la riqueza. ¿Qué idea de Estado supone liberar precios de mercancías mientras se controla y frena el aumento de salarios de trabajadores, sobre todo cuando las Afore incrementan 200 por ciento las comisiones bancarias sobre los fondos de pensión? Son cambios drásticos en los conceptos del trabajo y de los derechos laborales, ciertamente, pero también lo son en el concepto de gobierno y la naturaleza del Estado.