Represión contra quienes denuncian la corrupción e impunidad que se vive en México

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Omar.

La única respuesta del usurpador Felipe Calderón Hinojosa y de la dirigencia fascista del Partido Acción Nacional (PAN) al descontento social generado por décadas de pobreza, inseguridad, inequidad, saqueo y agravado por el fraude electoral de 2006, la impunidad y el descrédito de las “instituciones” es la represión. Ahora, como el los tiempos del PRI, con leyes contrarias al bien común y a la vida.

Ayer se definió en lo legal el rumbo que en los hechos ha sido el sello del pelele: acallar la protesta social con la fuerza pública. Senadores del PRIAN aprobaron una ley para luchar contra el terrorismo-cuál ¿el de Estado?-, misma que implica por su ambigüedad el ataque a la libre manifestación de ideas.

La ley de marras dice que se aplicará a “todo lo que atente contra la seguridad nacional o presione a las autoridades para que tomen una determinación”. Es decir, cualquier manifestación, cualquier lucha social, como en tiempos de los asesinos Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez, puede caer en esa clasificación, hecha con dedicatoria para la Resistencia Civil Pacífica.

La pena corporal va de 6 a 40 años de prisión, por lo que automáticamente no se tiene derecho a la libertad bajo fianza y se aplica una multa de mil 200 días de salario mínimo. Es claro que va contra las personas de menos recursos, pues es sabido que realizar actos de terrorismo se necesitan fuertes cantidades de dinero, organizaciones etc. Pero en el peregrino caso que se de un hecho de terrorismo en el país, la multa es irrisoria para un grupo terrorista. No lo es para una persona, pues significa casi cuatro años de salario mínimo.

La ley dice: "sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares (...) explosivos, armas de fuego, incendio o inundaciones, o por cualquier otro medio violento, para producir alarma, terror o temor en la población, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación".

La cosa no queda ahí, también internet entró en el objetivo de la represión. Los “representantes populares” aprobaron modificaciones al Código Penal Federal –aplicable por ello en todo el país- para imponer penas de cárcel de seis meses a seis años de prisión a toda persona que gestione, instale o permita que se instale en un lugar público o en propiedad privada algún dispositivo tecnológico con el propósito de promover, publicar, distribuir o transmitir, en tiempo real o diferido, imágenes o fotografías con contenido sexual, de exhibición corporal o que resulten lesivas a la integridad moral, al honor o a la intimidad, sin el consentimiento expreso de quien o quienes ahí aparezcan.

Es decir, que si alguien se dice agraviado por un video o fotografía publicada en internet, puede iniciar un juicio contra quien realizó el material, lo subió y lo almacena en algún servidor –web hosting-. De esta manera el espurio pretende poner un alto a una actividad que –aunque traten de ignorarlo- cobra cada vez más importancia en la denuncia los atropellos sociales y el saqueo por parte de los grupos de poder .

No es algo menor si tomamos en cuenta que desde la web se organiza la resistencia civil ante el cerco informativo y el bombardeo de desinformación. Cualquier sitio –junto con quien le de hospedaje, o incluso el café internet- puede ser acusado de publicar, promover, distribuir, transmitir imágenes o fotografías que “lesionen” la moral y honor de las personas. Y como esto estará a cargo de la “interpretación” a modo de los jueces, se trata en los hechos de una ley mordaza y de intimidación con dedicatoria para quienes realizamos la tarea de resistir y difundir lo que se oculta en los medios electrónicos y en no pocos impresos.

Recordemos que la ambigüedad de daño al honor ha tenido como consecuencia que se condene a Olga Wornat al pago de medio millón de pesos por “lesionar” el honor de la corrupta Marta Sahagún , por publicar los motivos expuestos al Vaticano para la anulación de su matrimonio religioso. La periodista ahora recurre a tribunales internacionales, porque los mexicanos dieron por “cosa juzgada” el caso a favor de una persona que carece de honor y dignidad. De nada valió al juez que se aportaran pruebas que demostraban que la señora ventiló en espacios públicos –como revistas y programas de televisión- su vida privada. Todos sabemos que así se aplica la “ley” en México.

Otro ejemplo es el caso de San Salvador Atenco, que a un año de la nefasta actuación de la Policía Federal Preventiva y la del Estado de México que cometió violaciones –ocurrida los días 3 y 4 de mayo de 2006- a 27 personas se les ratificó el auto de formal prisión. Cuatro grupos de ellos consiguieron amparos de la justicia federal para que se valoraran las pruebas de descargo, pero por consigna el juez determinó no tomarlas en cuenta.

Sólo una persona logró que se revisara su caso. Arnulfo Pacheco, quien es parapléjico, pudo “demostrar” con su presencia que ante su condición física –necesita silla de ruedas para trasladarse- no pudo participar activamente con el movimiento por su imposibilidad para caminar y moverse por sí solo. ¡Háganme el favor!

Mientras las víctimas de la represión y el joven muerto siguen esperando justicia.


En seguida una colaboración tomada de La Jornada.




http://www.jornada.unam.mx






Astillero

Julio Hernández López

El juego del ombudsman
Aparentar, mediatizar
Partituras de elite
Oficioso MP Federal



La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un juguete caro que sirve para aparentar que en México se atienden y corrigen los excesos cometidos desde el poder contra los ciudadanos. Su actual presidente, José Luis Soberanes, es un aplicado continuador de las políticas de comercialización del conocimiento jurídico que para fines de escalamiento de la alta burocracia implantó Jorge Carpizo, el corruptor fundacional del concepto del ombudsman. Creadas desde el poder, designados sus titulares mediante arreglos facciosos y comprometidas con el funcionamiento "institucional", es decir, con el canje de favores y encubrimientos en puntos clave para que todo siga funcionando en el tono compartido por los beneficiarios de esas partituras de elite, entidades como la CNDH, el IFE y el propio IFAI demuestran que la presunta "autonomía" de ciertas organizaciones "buenas" no ha sido más que una treta bien pagada.

El caso de Zongolica ha mostrado con crudeza a un Soberanes que en otros temas había podido manejar con más eficacia los disfraces. Pero nunca ha sido dicho funcionario un verdadero defensor del pueblo que hubiera retado o confrontado al poder para que se reconociera una verdad o se estableciera la justicia. Soberanes es parte de la clase política que ha sobrevivido a la era del control priísta y ha pasado a la etapa de vaivenes a veces inexplicables o aberrantes del aprendizaje panista. A finales del sexenio de Vicente Fox mantuvo un forcejeo verbal motivado más por los modos y desdenes del ex gobernador de Guanajuato que por diferencias de fondo o conflictos trascendentes. De cualquier forma, ese distanciamiento del foxismo le permitió a Soberanes asumir posturas declarativas de presunto desafío del poder, rozando incluso, en varias ocasiones, los terrenos de la opinión política más que los propios de su encargo.

Pero con el débil aparato calderonista el hombre de política apellidado Soberanes ha encontrado comodidad y expectativas, de tal manera que la CNDH se ha acomedido a cumplir tareas de desactivación de conflictos como el de Zongolica. El planteamiento es sencillo: el secretario de la Defensa Nacional ha sostenido públicamente que no se protegerá ningún abuso cometido por hombres de verde y que, en ese tenor, se respetará y se exigirá respeto a dictámenes o señalamientos de instituciones que establezcan inocencias o culpabilidades. ¡Y resulta que el buen amigo Soberanes se ha aprontado, convirtiéndose en un oficioso agente del Ministerio Público Federal, a expedir exoneraciones pasando por encima de indagaciones locales que eran favorables al dicho de los exigentes de justicia y sin siquiera llamar a comparecer a los soldados presuntamente culpables de una violación fatal! Tal como un agente del Ministerio Público, que tiene el monopolio de la acción penal, el agente Soberanes consideró que no había sustento en las denuncias recibidas y determinó a su personal criterio que no tenía sentido seguir con el asunto: carpetazo por órdenes del jefe federal. De tal manera que, establecida una verdad por la instancia supuestamente defensora de los derechos humanos, y convalidada por los comerciantes de la opinión pública, el caso de Zongolica quedaría como una anécdota más.

Pero diputadas federales de distintos partidos, que han conocido el expediente amplio de la muerte de Ernestina, han insistido en que en San Lázaro se atienda a fondo el punto y luego, teniendo frente a ellas al titular de la CNDH, le han puesto lo que La Jornada describió en primera plana como una "tunda". Y el gobierno de Veracruz, encabezado por un personaje escurridizo y tramposo, ha sostenido sin duda la tesis de la violación que la procuraduría estatal de justicia había establecido. Además de que la fuerza de los hechos, y las evidencias documentales y testimoniales disponibles, están llevando a más segmentos periodísticos a atender cuando menos con cierto equilibrio la información derivada de este caso.

En ese contexto, la CNDH y su titular quedan en evidencia y demuestran que allí, como en el IFE, son necesarios relevos, pues la función presuntamente ejercida está ya no sólo bajo sospecha sino bajo repudio popular. Una institución que debe proteger los derechos humanos no seguirá adelante con eficacia si no hay confianza en ella. Tal vez sea tiempo de que José Luis Soberanes vaya pensando en el nuevo cargo que el agradecimiento felipista-militar tenga a bien darle.

Mientras tanto, el michoacano al que gustaba usar como canción de campaña el corrido del hijo desobediente fue a Guanajuato a hablar contra el paternalismo político y, al mismo tiempo, rendirle honores al progenitor del gran fraude del 2 de julio de 2006 que, por tanto, es padrastro o tutor de los resultados institucionales de aquellas violaciones. Menciones y agradecimiento público prodigó al jefe Chente el hijo pródigo, cuadro pictórico en el que se mezclan el reconocimiento del papel dirigente que aún tendría el ex presidente en la política interior y, sobre todo, la aceptación y el aval a las nuevas andanzas de quijotería a la inversa que está practicando a escala internacional el caballero armado de nombre Vicente, quien ha prometido ir a lomos de caballo a Venezuela para defender a aquel pueblo de las tiranías y maldades del presidente de esa república sudamericana con quien pretende (¿o pretendía?) reanudar buenas relaciones el jovenzuelo de espejuelos que sin embargo prefiere acogerse a los trazos y decisiones que toma el adulto mayor que oficialmente ya no gobierna pero sí es sapiente guía reconocible. Por cierto, linda declaración del chivo Fox en cristalería: "Soy un ciudadano privado (¿de la razón?, pregunta algún astillero siquiátrico) y el presidente Calderón es una institución aparte. No veo por qué razón mi labor a favor de la democracia en países como Venezuela pueda afectar al gobierno de México". ¡Ya está: si Hugo Chávez se queja de algo, la CNDH podría expedir un certificado de gastritis intelectual a nombre de Chente, y colorín colorado! ¡Feliz fin de semana!

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