Infamia de las "instituciones"

Tomados de La Jornada, Rocha, Hernández y Helguera y El Universal, Naranjo y Helioflores.


El proceso electoral de julio de 2006 marcó en México el descaro de las “instituciones” para aplicar la ley a modo, a su conveniencia, a la de los poderes que realmente gobiernan el país. El poder del dinero –los empresarios y medios de comunicación- el de los partidos políticos y el de los jueces que venden caros su veredictos, que irremediablemente contribuyen al deterioro de una democracia incipiente, atrasada, urgida de oxígeno.

La resolución de los magistrados del Trife –varios de los mismos que avalaron el fraude electoral, pese a reconocer la violación de las leyes- rechazaron la petición de acceder a las boletas electorales afirmando que de hacerlo así se vulneraría el precepto de voto libre y secreto. Una mentira más pues la boletas electorales no cuentan con nombre ni manera de identificar a quien corresponde, por lo que no se vulnera de ninguna manera el secreto del voto.

Al decidir que el acceso a las boletas es restringido –a jueces del Trife y al propio IFE, nada más- se abre un abismo en el camino de la transparencia. ¿Cómo creer en las “instituciones” si ellas mismas se encargan de engendrar los acuerdos en lo oscurito, sin claridad para nadie? ¿A que le temen las “instituciones”? ¿A comprobar –como ya quedó claro- que no ganó el pelele y que robaron la elección a millones de mexicanos?


Primero el Trife desechó la posibilidad de tener acceso a las boletas electorales, que en los hechos es inatacable, es decir, en el país no hay más que hacer. Pero al mismo tiempo le corrige al IFE el dictamen y lo obliga a presentar nuevamente los argumentos para rechazar el que ciudadanos puedan ver las boletas. No se queda ahí, el Trife le dice de qué manera contestar a los reporteros del programa de Carmen Aristegui y de la revista Proceso para que todo quede dentro de la “ley”. Sólo que los jueces no pueden “ayudar” a ninguna de las partes en el litigio, pues de esta manera se vulneraría la imparcialidad en la impartición de justicia. Eso ni más ni menos es lo que ha venido haciendo el Trife y la Suprema Corte.

El asunto no termina aquí, ambos reporteros recurrirán a instancias internacionales con las que México tienen firmados acuerdos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar su intervención ante la flagrante violación del Estado de derecho por parte de las “instituciones” mexicanas.

Otro dato que muestra el “avance en la transparencia” de los actores públicos del país es que ambos reporteros han tenido que recurrir a los servicios de abogados –hasta cuatro en un caso- para que los asesoren en la petición de sus demandas y en la presentación de amparos contra resoluciones del IFE. Es decir algo que según la publicidad gubernamental algo que debería ser fácil, de libre acceso a cualquiera, se vuelve un vía crucis, que implica gastos considerables. ¿Esa es la transparencia que pregonan? Primero gastas cantidades importantes para obligar a las “instituciones” a cumplir con la ley y al final estas “instituciones” dicen que no y con la “ley en la mano”. ¡Es una burla! ¡Pero ese es el México real, el de hoy!


En seguida una colaboración tomada de La Jornada.


http://www.jornada.unam.mx



Cuando se mueve el avispero

Octavio Rodríguez Araujo


Las avispas no necesariamente son agresivas, pero cuando se las molesta tienden a picar con su aguijón. Uno debe tener cuidado al tratar de acabar con un panal de avispas y saber hacerlo. De otro modo, se revierte, y el "exterminador" puede resultar seriamente dañado.

Cuando Felipe Calderón resolvió combatir el narcotráfico algo falló en el método y en la prevención de las consecuencias. Ya perdí la cuenta de las muertes provocadas por el narcotráfico, principalmente de policías y de otras personas relacionadas con la administración de justicia en nuestro país. Todas o casi todas tienen la apariencia de haberse realizado por venganza, algunas bajo la forma de ajusticiamientos más que como advertencia. Muy lamentable.

El crimen se ha extendido, sobre todo en aquellos estados donde más han actuado las fuerzas militares encargadas por el Ejecutivo para combatir a los narcotraficantes. De golpe varias ciudades del país se volvieron la Medellín de la película La virgen de los sicarios (2000), dirigida por Barbet Schroeder y basada en una novela y un guión de Fernando Vallejo. ¿Cuántos años, por cierto, lleva la guerra contra el narcotráfico en Colombia y qué resultados positivos se han obtenido?

No digo, ni pretendo sugerirlo, que el crimen organizado deba ser permitido ni tolerado en lugar de combatirlo. Por salud social debe ser perseguido, y sus autores, intelectuales o directos, detenidos. Pero la forma en que se está haciendo no parece ser la mejor. Ahora los ciudadanos, y no sólo los miembros de las diversas fuerzas del orden, estamos expuestos a ser victimados, sin tener parte en el asunto. Si andar por las calles es un peligro desde hace 20 años, por el aumento de criminales de poca monta que asaltan, roban y secuestran (algo que casi no ocurría a principios de los 80 del siglo pasado), en el presente la inseguridad se ha vuelto una amenaza de tal magnitud que terminará por encerrarnos en nuestras casas (nunca ciento por ciento seguras). Salir a la calle, sin metáforas de especie alguna, es un riesgo, en algunas ciudades más que en otras.

Pero ese riesgo es mayor porque Calderón movió el avispero sin medir las consecuencias y sin haber creado antes mecanismos de defensa para quienes nada tenemos que ver con el narcotráfico ni con el gobierno. Se trata de una medida necesaria y no sólo mediática, pero no se siguió una estrategia adecuada, si juzgamos los resultados. Para decirlo de manera simplista, lo que ahora parece es que se están dando palos de ciego a una piñata que todos sabemos que ahí está, pero no que su contenido, que en este caso no es de dulces ni frutas, nos puede caer encima, como ya está ocurriendo con graves secuelas.

Lo que veo, como ciudadano y lector de periódicos es que esta guerra no se está ganando. La sociedad, y en ésta incluyo a policías que no están directamente involucrados con esta guerra, lleva más muertos que los peligrosos hampones perseguidos por el gobierno, y normalmente en una guerra el que tiene más muertos es el que pierde.

La guerra de Eliot Ness contra Al Capone se inició aproximadamente en 1927 y el mafioso fue condenado en 1931, pero antes Ness dedicó sus esfuerzos a depurar la corrupción entre la policía hasta quedarse con sólo nueve elementos de su absoluta confianza. Con esto atacó a Capone por dos lados: evasión de impuestos y contrabando de licor en la "era de la prohibición". Con Capone sentenciado no terminó la lucha contra las mafias en Estados Unidos, pero con el fin de la prohibición en 1935 los mafiosos tuvieron que dedicarse a otros negocios y ahí siguen, no los mismos, pero sí sus socios más jóvenes, o sus hijos u otros que surgieron después. Las mafias y el narcotráfico no han desaparecido en el país más poderoso de este planeta. ¿En el nuestro sí desaparecerán? Perdóneseme mi pesimismo, pero mi respuesta es contundentemente negativa.

En el libro de James Mills (The Underground Empire. Where Crime and Governments Embrace/El imperio subterráneo. Donde crimen y gobiernos se abrazan), publicado en 1987, se involucra a varios políticos mexicanos en activo como cómplices o relacionados con el narcotráfico. Ahí se mencionan varios personajes muy importantes de gobiernos de aquella época. ¿Por qué no pensar que ahora ocurre algo semejante? ¿Se ha hecho una investigación a fondo de los posibles funcionarios públicos coludidos con los capos del narcotráfico?

Hay quienes sostienen que la mejor manera de acabar con el tráfico ilegal de drogas es legalizándolas. Yo estoy de acuerdo con esa hipótesis. Es cierto que con una medida semejante no se terminará con el consumo de drogas, como no se ha terminado con el de alcohol legalizando su producción, venta y consumo, pero lo que sí es un hecho es que, con la excepción de bebidas adulteradas metidas de contrabando en el comercio legal, se acabaron las mafias que vivían del tráfico ilegal de bebidas alcohólicas. Ahora son otras o cambiaron de giro, pero siempre existirán. ¿Quiénes son los únicos beneficiarios de que las drogas sean ilegales? Los que comercian con ellas y los que los cubren y protegen desde las instancias que debieran combatirlos, ni siquiera los consumidores que con frecuencia reciben gato por liebre (productos adulterados) y mueren en consecuencia.




La siguiente es una nota tomada de la revista Proceso.



http://www.proceso.com.mx



Niega el TEPJF a Proceso acceder a las boletas electorales


jorge carrasco y daniel lizárraga

México, D.F., 25 de abril (apro).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la petición del semanario Proceso para acceder a las boletas de la elección presidencial del 2006, con lo que cerró en definitiva la contienda en la que el propio órgano declaró ganador a Felipe Calderón Hinojosa.

El tribunal negó así a cualquier ciudadano, que en su momento no haya sido autoridad electoral, la posibilidad de acceder a los votos.

Con esa decisión, una vez que el IFE emita una nueva resolución, según lo establecido por el propio Tribunal, las boletas utilizadas en la elección del año pasado podrán ser destruidas.

El principal argumento esgrimido por el Tribunal fue que si bien la petición de la revista era un asunto que tenía que considerarse en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la legislación electoral establece límites para el acceso a la papelería utilizada en los comicios.

Señaló que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece la inviolabilidad de los paquetes, las personas que pueden manejarlos y la forma de difundir su contenido antes de su destrucción.

La Sala Superior del TEPJF expuso, no obstante, las graves irregularidades en que incurrió el Instituto Federal Electoral (IFE) al ignorar el contenido de la Ley Federal de Transparencia y argumentar infundadas causas de seguridad nacional para rechazar la petición de Proceso.

Por unanimidad, los siete magistrados electorales cuestionaron que el IFE haya desestimado los principios de transparencia vigentes en México y a los que se ha comprometido el país en diferentes instrumentos internacionales.

Como muestra de las deficiencias del Consejo para la Transparencia del IFE, los magistrados concluyeron que las boletas sí son documentos públicos –contrario a lo señalado por el Instituto--, pero éstas no pueden ser manejadas por los ciudadanos una vez concluido el proceso electoral.

En palabras del magistrado Pedro Esteban Penagos, quienes pudieran acceder a las boletas sólo encontrarían “papeles inservibles”, cuya utilidad, en su momento, quedó plasmada en las sesiones de cómputo posteriores al 2 de julio.

La mala fundamentación y motivación para impedir el acceso a los votos por parte del IFE provocó que algunos de los magistrados lanzaran frases irónicas contra ese Instituto. Por ejemplo, Salvador Olimpo Nava, uno de los creadores de la actual Ley de Transparencia, dijo que su intelecto no alcanzaba a comprender los razonamientos de la Comisión de Transparencia al argumentar “razones de Estado” para negar el acceso a las boletas.

El presidente de la Sala, Flavio Galvan, incluso acusó al IFE de haber lanzado juicios “genéricos, abstractos y dogmáticos” respecto a la supuesta seguridad nacional, ya que este concepto tiene un uso diferente y mucho más amplio al que pretendieron constreñirlo en el Instituto en el caso de las boletas electorales.

El magistrado Manuel González Oropeza propuso una sanción al Instituto, que quedó en una amonestación, por la manera en que trató el recurso de revisión presentado por la periodista Delia Angélica Ortiz, ya que primero se negó a recibirle la impugnación y luego, en exceso de sus atribuciones, declaró improcedente el juicio para la protección de los derechos político electorales, asunto que sólo compete al TEPJF.

El Tribunal acumuló en un solo expediente las quejas de Proceso y de la periodista, porque en ambos casos se trataba de peticiones de acceso a la información relacionada con el impugnado proceso electoral del año pasado. La petición de Ortiz se refería a las candidaturas independientes.

Con esos argumentos, los magistrados revocaron las resoluciones tomadas por el IFE en los dos casos, pues consideraron que la Ley de Transparencia y el Cofipe deben interpretarse “de manera armónica y complementaria”.

Al final, sin embargo, establecieron que el Cofipe dispone la destrucción de las boletas electorales una vez concluido el proceso electoral, por lo que “es evidente que jurídicamente tales documentos no tienen la calidad de información disponible”.

Más aún, decidieron que “la protección de inviolabilidad de las boletas electorales involucra valores que fundamentan el sistema democrático electoral, y por ello, es indudable que se erige como una causa de indisponibilidad… el acceso físico a los documentos señalados”.

Según los magistrados, esa indisponibilidad no puede considerarse como una limitación al derecho de acceso a la información que contienen las boletas, puesto que ésta ya fue publicitada cuando se dieron a conocer los resultados electorales.