De nuevo las amenazas, mentiras y miedo; tácticas del PAN y la derecha

Tomados de Proceso, Monosapiens, La Jornada, Helguera y Hernández y El Universal, Heliofloresy Naranjo.

De nueva cuenta como ayer dos grupos uno a favor y otro en contra de la despenalización del aborto en el Distrito Federal se dieron cita. Ahora fue en la glorieta del Angel de la Independencia. A unas horas de que sea votada la iniciativa de ley –que sin duda será aprobada- los anuncios en radio y televisión, así como en algunos medios escritos buscan amedrentar a los legisladores.

Esta polémica nos vuelve a dar –como el año pasado en las elecciones- la oportunidad de ver a los actores de la política mexicana, sin máscaras, tal cual son. Mientras que el “niño muerde” Jorge Emilio González y su partido familiar el Verde Ecologista se manifiesta abiertamente en contra del aborto –“si embarazara a una chava no la dejaría abortar”, aseguró-, su tío el doctor Simi, promueve el Simipower, que en su publicidad reza que si quieres tener a una mujer despampanante basta con que uses el producto. No conforme con ello Víctor González Torres asegura que tiene a siete mujeres y a todas las mantiene contentas.

De la misma manera la Iglesia católica –que no consigue llamar la atención de prácticamente nadie y recurre a sus órdenes religiosas para sus desangeladas manifestaciones en contra del aborto- continuó con su doble discurso:

"Tendrá que pagar un costo político, porque él gestó ésto. Lo señalamos como responsable y todo su sexenio tendrá que cargar con este costo, que es un costo de sangre", Jorge Serrano Limón de Próvida al jefe de gobierno del DF.

"Si esta ley se impone habrá violencia para los médicos, para las enfermeras y para todos aquellos que se vean obligados a ejercer este reclamo de algunos, a terminar la vida antes de que nazca", Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México en a Basílica de Guadalupe.

Por otra parte hace un llamado a la paz y a la manifestación pacífica, pero si el más alto jerarca insita a la violencia, de qué sirven las palabras de paz. Las cartulinas y anuncios que portaban ayer monjas o niños no dejan lugar a duda sobre su intención:

“Si la condición para vivir es que exista actividad cerebral, muchos asambleístas están en peligro de autoabortarse”.

"PRD = Asesino".

O las consignas:

"¡En el nombre de la virgen cósmica no pasarán!".
"¡Defiende la vida cueste lo que cueste!".
"Por el asesinato de tus futuros discípulos".
"Por el derramamiento de sangre en toda la nación".

No han faltado las amenazas de muerte para los legisladores y sus familias. Hechos minimizados por el PAN del Distrito Federal, por voz de Mariana Gómez del Campo, prima de la esposa del pelele Felipe Calderón Hinojosa. La novel aprendiz de golpeadora llamó a los denunciantes chillones, cómo si legislar fuera un asunto de machos. No es la primera vez que el PAN utiliza este tipo de calificativos. El ahora senador panista Santiago Creel Miranda, cuando era secretario de Gobernación dijo que Andrés Manuel López Obrador se comportara como “hombrecito” y asumiera su responsabilidad, al momento que toda la maquinaria PRIANista se movió para lograr su desafuero.

Ayer siguió la lista de descalificaciones y el sacerdote Pedro Agustín Rivera –participante de la marcha de apenas 300 personas- declaró que los legisladores perredistas –nadie más- cuentan con una baja escolaridad y si no escuchan a la mayoría ciudadana que rechaza el aborto, perderán su legitimidad y serán llamados espurios.

Sin embargo, las encuestas señalan que a pesar de las campañas de desprestigio como las orquestadas de nueva cuenta por los empresarios, las televisoras y la alta jerarquía católica, los habitantes del DF apoyan mayoritariamente al PRD. Ahora resulta que los panistas y los poderes fácticos se dirán ganadores también el en DF. Que las minorías panistas, pues ningún otro grupo es importante en la capital del país, pretendan hacer su voluntad sobre lo que la mayoría votó, es el colmo. ¿Dirán lo mismo del usurpador? Las mentiras de los sectores más retrasados de México y su verdadero rostro están a la vista de todos. Sólo es ciego el que no quiere ver.



El siguiente es un reportaje tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx

A golpesde miedo

Gloria Leticia Díaz

Ante la inminente aprobación, este martes 24,

de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud para despenalizar el aborto en el Distrito Federal,

la polarización social en la capital del país adquiere tintes similares –toda proporción guardada– a los que grupos de derecha y ultraderecha le imprimieron al proceso electoral de 2006: amagos intimidatorios contra los partidarios de la despenalización, telefonemas insultantes, correos electrónicos con amenazas de muerte, spots en radio y televisión... en fin, toda una campaña de miedo impulsada por

la Iglesia y organismos empresariales que confluyen de nuevo para aplastar una iniciativa laica, democrática y socialmente necesaria...

D

ecenas de organizaciones conservadoras y de corte católico, algunas de ellas presididas por panistas, emprendieron durante la semana una agresiva campaña de “mercadotecnia social” –con tintes semejantes a la campaña del miedo desplegada contra Andrés Manuel López Obrador en 2006– que incluyó spots, espectaculares, desplegados, llamadas telefónicas y movilizaciones para amedrentar a los diputados del PRD y del PRI que impulsan la iniciativa de ley para despenalizar el aborto en la Ciudad de México.

Dignidad Ciudadana. Alianza por la Vida y la Familia, que encabeza las movilizaciones, convocó a la segunda Peregrinación por la Vida, prevista para este domingo 22, a partir de las 10:00 horas. La organización llamó a familias a vestirse de blanco y reunirse en el monumento a la Madre, ubicado en la avenida Sullivan, y de ahí marchar hacia la Catedral Metropolitana “para pedir pacíficamente y en oración por los no nacidos”. “La misa por la vida” será oficiada por el cardenal Norberto Rivera Carrera.

Por su parte, “diputadas y diputados que apoyan la iniciativa” para la despenalización, “feministas de organizaciones civiles” y el grupo Católicas por el Derecho a Decidir convocaron a la “Gran concentración ciudadana y partidista por la despenalización del aborto”, también prevista para este domingo. La jornada se iniciará a las 9:00 con una caminata que partirá del asta bandera del Zócalo y terminará dos horas después en el Hemiciclo a Juárez. Ambas manifestaciones podrían converger en algún punto de los trayectos.

En este ámbito de tensión creciente, los legisladores locales que apoyan la reforma denunciaron haber recibido amenazas de todo tipo, incluidas las de muerte.

“Mientras se acerca la fecha en que se sometan las reformas al pleno (de la Asamblea Legislativa), han ido en aumento en número y en tono las amenazas; pero lo peor está por venir”, advierte el asambleísta Jorge Carlos Díaz Cuervo, del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina e impulsor de una de las iniciativas de reforma.

En espera del pase de lista de la sesión ordinaria del jueves 19, el diputado de Convergencia Alejandro Ramírez revisó los documentos que tenía en su curul. Dice que el martes 17, antes de entrar al recinto fue abordado por cuatro personas, quienes le entregaron un paquete que contenía discos compactos y un documento de tintes religiosos en contra del aborto. También incluía una tarjeta postal firmada por “denmechance” con los teléfonos y correos electrónicos del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, del senador perredista René Arce y de 16 asambleístas, así como un sobre.

Con risa nerviosa, Ramírez mostró a sus compañeros de la Coalición Socialdemócrata (Alternativa, PT y Convergencia) el mensaje contenido en el sobre. En una hoja blanca tamaño carta, impresa con letras mayúsculas se leía: “Costo de sangre. Costo de muerte para los asesinos diputados”.

Dentro del paquete el asambleísta encontró una lista de legisladores capitalinos encabezada por Víctor Hugo Círigo, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF; Jorge Carlos Díaz Cuervo, de Alternativa; Jorge Schiaffino, coordinador de la bancada del PRI; Alejandro Ramírez, y Juan Ricardo García del PT.

Otra parte del mensaje sentenciaba: “Dirigentes de sus partidos en la Asamblea Legislativa, promotores y asesinos de niños indefensos. Aliados de judíos y masones arderán en el infierno. La defensa inicia con sus muertes”.

Antes de este episodio, Ramírez, presidente de Convergencia en el Distrito Federal, sólo había recibido una amenaza de muerte a través de un correo electrónico enviado a todos los diputados que impulsan las reformas para la despenalización del aborto.

Según Díaz Cuervo, la experiencia internacional demuestra que las presiones contra los legisladores eran previsibles. “Creo que las manifestaciones de violencia de quienes están en contra de la despenalización del aborto, van a darse, más que en contra de los legisladores, en contra de clínicas, de médicos y enfermeras, incluso contra mujeres que decidan abortar. Así ha ocurrido en Estados Unidos, en Canadá y en España. Los responsables de los ataques son organizaciones de fanáticos que operan a nivel mundial”.

En varios países, sostiene en entrevista, después de que se legisla en esta materia “viene una estrategia de miedo y de terror, justamente para evitar que los médicos y las enfermeras practiquen los abortos; para que las instituciones públicas y privadas, ante el temor de ser víctimas de atentados, decidan no realizarlos”.



Los “amantes de la vida”



De acuerdo con datos recabados por Alternativa, de 1989 a 2004 en Estados Unidos y Canadá se perpetraron 24 asesinatos, 179 atentados con bombas, 3 mil 370 amenazas de muerte, agresiones, actos vandálicos y correos con ántrax contra partidarios de la despenalización del aborto.

Díaz Cuervo asegura que en Estados Unidos y Canadá las organizaciones más radicales contra la despenalización son Operation Save America; el Ejército de Dios, fundado en 1982; Missionaries to the Preborn, y Human Life International. Esta última tiene vínculos en México con el Comité Nacional Provida, que preside Jorge Serrano Limón, como se indica en la página internet de la asociación estadunidense: www.hli.org.

En este sitio web, Human Life Internacional difunde una alerta por que en la Ciudad de México se pretende reformar las leyes para despenalizar el aborto, por lo que llama a sus afiliados a orar y mandar correos electrónicos a los diputados de la ALDF para manifestar su inconformidad. Proporciona los datos de todos los legisladores y pide a sus integrantes ponerse en contacto con Provida.

El jueves 12, un grupo de casi 30 personas, vestidas de negro y con símbolos semejantes a los usados por los miembros del Ku Klux Klan –un círculo con una cruz en medio–, se presentó en las escalinatas del recito legislativo. Profirieron amenazas de muerte contra los diputados que impulsan las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud, las cuales prevén despenalizar la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, atenuar las penas para quienes lo hagan después y la obligatoriedad para las instituciones de salud capitalinas de practicar los abortos a las mujeres que lo soliciten.

Los integrantes de este grupo dijeron pertenecer a la “Guardia Nacional Mexicana” y estaban encabezados por quien aseguró llamarse Arturo de la Peña. Esta persona acusó a los legisladores de estar “incitando al asesinato masivo” y añadió que este “es un crimen imprescriptible, que tendrá su castigo tarde o temprano y que se paga con la muerte”.

Ante estas amenazas, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Víctor Hugo Círigo, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Agrega que en el 2000, cuando se aprobó la llamada “ley Robles”, que incluyó causales específicas para la despenalización del aborto, hubo amenazas de antiabortistas, pero “nunca se hizo visible un grupo como la Guardia Nacional Mexicana”. Dice que estas son expresiones que sorprenden, pero que también preocupan: “Algunos pensábamos que esa etapa de la vida nacional había quedado atrás, las guerras cristeras y asesinatos por motivos religiosos. Pero resulta que no, que hay brazos armados de las iglesias dispuestos a matar”.

El priista Tonatiuh González Case, quien fue el primer diputado local en presentar una iniciativa para despenalizar el aborto, dice haber recibido amenazas desde noviembre. “Culpo a la Iglesia católica de lo que me ocurra a mí o a cualquiera de mis compañeros, porque los jerarcas han estado incitando a que las agresiones crezcan día con día”. También responsabiliza de la violencia que pueda generarse a la organización “denmechance”, que distribuyó tarjetas con los teléfonos y correos electrónicos de los legisladores y del jefe de gobierno capitalino.

Y exige: “Habría que investigar quién está financiando a esa organización. Podría ser la Presidencia de la República, el PAN o la propia Iglesia, que tiene mucho dinero”.

En entrevista por separado, Víctor Hugo Círigo Vásquez, uno de los legisladores más amenazados por ser el coordinador de la fracción mayoritaria del PRD en la Asamblea, sostiene que el incremento en el número y tono de las amenazas contra los diputados que están a favor de las reformas se origina en “el manto de impunidad” que ha tendido el gobierno de Felipe Calderón hacia sus partidarios de derecha y ultraderecha. Añade que el mandatario ha desdeñado las llamadas de alerta de los legisladores para defender el Estado laico ante los señalamientos “agresivos” que han recibido de representantes de la Iglesia católica.

Asegura que el martes 17 el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, se reunió con representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), pero, en cambio, en dos ocasiones se ha negado a recibir a los legisladores del Distrito Federal. En la primera, dice Círigo, los diputados capitalinos deseaban plantear ante Ramírez Acuña su desacuerdo por la injerencia de un extranjero, el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, en las discusiones de un asunto que atañe sólo a los mexicanos, así como por la presencia de una banda del Ejército Mexicano en el Tercer Congreso Internacional Provida. En este acto, el cardenal López Trujillo condenó la iniciativa para despenalizar el aborto en la capital del país.

La segunda audiencia solicitada por los legisladores a Ramírez Acuña tenía como propósito entregarle una copia de la denuncia penal presentada por Círigo por las amenazas de muerte proferidas por Arturo de la Peña, miembro de la llamada Guardia Nacional Mexicana.

Según los testimonios que recabó Círigo, De la Peña se presentó ante un trabajador de la Asamblea como miembro de esa agrupación y le dijo que ésta contaba con mil 500 afiliados dispuestos “a impedir a toda costa la aprobación de las reformas, y que si era necesario iban a poner bombas. Le comentó que lo que hizo León Toral con Álvaro Obregón no era un homicidio sino una santificación, y que los miembros de su organización estaban dispuestos a ello; que los diputados que estaban marcados éramos el diputado Tonatiuh González Case, el diputado Díaz Cuervo, Isaías Villa y yo”.



“Chillones y chillonas”



El PAN y la Iglesia católica no solamente pusieron en tela de duda las amenazas denunciadas por los legisladores partidarios de la despenalización del aborto, sino que se mofaron de ellos.

La dirigente local panista Mariana Gómez del Campo, pariente de Felipe Calderón, los llamó “chillones y chillonas, chismosos y chismosas”. A su vez, el vocero de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, fustigó a los legisladores que “quieren aparecer como pobres víctimas” de grupos de ultraderecha, y consideró que las amenazas son un montaje y una farsa de los perredistas.

Al ambiente de linchamiento contra esos legisladores, que el jueves 19 aprobaron en comisiones y en lo general las reformas que se votarán en el pleno el martes 24, se suma el llamado que el viernes 20 hizo el Papa Benedicto XVI a los obispos mexicanos a “proteger y defender el derecho a la vida de todo ser humano, desde el instante de su concepción, frente a cualquier manifestación de la cultura de muerte”.

Círigo apunta que las amenazas comenzaron desde que se empezó a ventilar la posibilidad de reformar el Código Penal y la Ley de Salud. La Iglesia anunció que excomulgaría a quienes impulsaran esos cambios a las leyes, y después vinieron los ataques de los hackers a la página de internet de la ALDF.

Se pregunta: “¿Por qué pueden operar esos grupos de odio? Por la impunidad que da un Estado que en lugar de asumirse como laico está consintiendo a estos grupos, y puede hablarse de complicidad por omisión”.

“Nuestro análisis quedó hasta Chespirito, y sabemos que quienes están detrás de sus spots son los poderes fácticos que financiaron la campaña negra y sucia contra Andrés Manuel López Obrador. Pero de éstos de la Guardia Nacional Mexicana, que parecen salidos de una película de horror, lo único que podemos decir es que por sus rollos fascistas y sus emblemas parecen una sucursal del Ku Klux Klan.”

Para Círigo el fondo del debate “es la permanencia del Estado laico, que es lo que nosotros defendemos, o la involución hacia un Estado confesional en el que tengamos una religión y un concepto de moral oficiales, que es lo que pretende imponer Felipe Calderón”.




La siguiente es una colaboración tomada de la misma revista.




El aborto ya no será delito

Miguel Ángel Granados Chapa

En 1931, año de su emisión, el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales definía el aborto, en su artículo 329, como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”. El Código Penal ya exclusivo del Distrito Federal, aprobado en 2002 y en vigor desde 2004, introdujo un leve cambio en esa definición, y ubicó el tipo penal en el artículo 144: “Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo”. Cuando entre en vigor la reforma que se practicará este martes 24 de abril, ese mismo artículo dirá: “Aborto es la interrupción del embarazo después de la duodécima semana de gestación”. Y ese mismo artículo explicará que “para los efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio”.

Una decisión legislativa de última hora, aprobada en comisiones el jueves 19, eliminó el carácter de delito a la interrupción del embarazo (que, por otro lado, conforme una nueva disposición en la Ley de Salud debe ser posible en los hospitales públicos capitalinos) durante el primer tercio de la gestación. En no pocos países la permisividad es mayor, hasta del doble del tiempo fijado en la nueva norma mexicana.

Hasta la semana pasada, la reforma al Código Penal en esta materia se orientaba a incorporar una nueva circunstancia excluyente de responsabilidad en el delito de aborto, añadida a las cuatro ya establecidas. Excluir la responsabilidad quiere decir el delito ocurre, pero se justifica o deja de castigarse a quien lo comete. En la versión original del Código, su artículo 333 rezaba que “no es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación”. Y el 334 admitía lo que la doctrina penal llama “estado de necesidad”: “No se aplicará sanción cuando de no provocarse el aborto la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora”.

El 14 de agosto de 2000, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles, presentó una iniciativa para incorporar una nueva excluyente de responsabilidad, específicamente por malformación congénita. Explicó entonces, por si fuera necesario (y al parecer lo era en aquel momento y hoy) que nadie está de acuerdo con el aborto, que es siempre un infortunio, y que no se trataba de usarlo como medio de planificación familiar: “Ese no es el debate. Nuestra lucha es contra la muerte. Es por la vida de miles de mujeres, por la información y la educación para ejercer de manera plena y voluntaria la maravillosa experiencia de la maternidad y... por el derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos”, dijo.

Cuatro días después, el 18 de agosto, 41 de los 66 diputados, pertenecientes a las bancadas del PRD, el PRI, el PT y Convergencia, aprobaron esa reforma y otra introducida por la diputada Virgina Jaramillo (que equiparó la inseminación artificial no consentida con la violación). De ese modo, a las causales consagradas por el tiempo se agregó como nueva excluyente de responsabilidad la que figura en el inciso III del artículo 148: “Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada”.

La reforma de entonces dispuso también que “los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable”. Así mismo, una adición al Código de Procedimientos Penales confirió facultades al Ministerio Público para hacer factible la interrupción del embarazo en caso de violación.

En la decisión de presentar la iniciativa fue relevante una encuesta realizada por el director de investigaciones del Instituto Nacional de Nutrición, doctor Rubén Lisker (con cuyo nombre fue denominado el miércoles 18 el Departamento de Genética de ese instituto, en un honor semejante al que condujo que el INN se llame Salvador Zubirán). Publicada con el título Actitudes de médicos mexicanos ante el aborto inducido, el sondeo incluyó a 193 internistas, pediatras, ginecólogos y neurólogos de cuatro institutos nacionales de salud: seis de cada 10 consideraron que el aborto debería ser despenalizado en caso de malformación del producto, y ocho de cada 10 en caso de enfermedad genética o letal. Congruente con ese resultado y su propia convicción, el doctor Lisker, que un lustro después obtendría el Premio Nacional de Ciencias, dijo que la presentada por la jefa Robles era “una iniciativa destinada a evitar el sufrimiento humano de seres que pueden nacer con una calidad de vida muy inferior a la que se merecen”.

El propio reputado científico y los restantes miembros del Colegio de Bioética participaron en el debate suscitado por la reforma que culminará pasado el martes 24. Integrado por prestigiados y laureados científicos y académicos, el colegio apoyó sin ambages la iniciativa y aportó las consideraciones de fondo contra la tentativa del conservadurismo católico de criminalizar la despenalización por considerar que la vida comienza en el momento de la concepción:

“Los conocimientos científicos sobre el genoma, la fertilización, el desarrollo del embrión humano y la fisiología del embarazo indican que el embrión de 12 semanas NO es un individuo biológico ni mucho menos una persona, porque: a) Carece de vida independiente, ya que es totalmente inviable fuera del útero; b) Si bien posee el genoma humano completo, considerar que por esto el embrión de 12 semanas es persona, obligaría a aceptar como persona a cualquier célula u órgano del organismo adulto, que también tienen el genoma completo. La extirpación de un órgano equivaldría entonces a matar a miles de millones de personas; c) A las 12 semanas el desarrollo del cerebro está apenas en sus etapas iniciales y no se ha desarrollado la corteza cerebral ni se han establecido las conexiones nerviosas hacia esa región que son indispensables para que puedan existir las sensaciones; d) Por lo anterior, el embrión de 12 semanas no es capaz de experimentar dolor ni ninguna otra percepción sensorial, y mucho menos de sufrir o de gozar.”

En el dictamen del jueves 19 se mantiene intacto el artículo 148, que contiene las circunstancias excluyentes de responsabilidad ya establecidas. Se enmienda el artículo 145 para establecer una pena alternativa a la de prisión, la de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que cometa el delito de aborto, es decir a la que “voluntariamente practique su aborto o consienta que otro la haga abortar después de las 12 semanas de embarazo”.

La reforma del 2000 fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia mediante la acción de inconstitucionalidad por las fracciones del PAN y el Verde en la Asamblea Legislativa. Para echarla abajo se requería el voto de ocho ministros, y como sólo votaron en esa dirección siete de los 11, la ley Robles, como se conoció a la enmienda al Código Penal, quedó en vigor. Es previsible que la operación se repita ahora. El grupo de Acción Nacional no puede por sí solo iniciar la acción de inconstitucionalidad porque cuenta con 17 diputados y se requieren 22 (un tercio de los 66 que integran la Asamblea) para hacerlo. Contará, sin embargo, con los cuatro legisladores del Panal, con el que está indisolublemente aliado, y con los tres del Verde. En caso de que esa vía no se consumara, queda al PAN el recurso de la controversia constitucional iniciado por alguna de las dos delegaciones políticas que gobierna, que en otros casos han sido ya admitidas como partes en ese medio de control constitucional.

No podemos adelantar vísperas en cuanto al curso judicial de la reforma. Pero, por lo pronto, cuando la publique el jefe del gobierno capitalino, el aborto ya no será delito (si se practica en las primeras 12 semanas) porque no es un crimen de por sí.