progressif

lunes, junio 04, 2012

Un problema de Estado*







Tomados de La Jornada, Helguera, hernández y Rocha y El Universal, Naranjo.



Jenaro Villamil


A las dificultades financieras que acucian a Televisa se agregan los embates que este consorcio ha sufrido por parte de los jóvenes agrupados en torno al movimiento #YoSoy132, quienes exigen que se acabe con la manipulación informativa y los acuerdos políticos y comerciales del corporativo con el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. Fiel a su carácter monopólico, el conglomerado propiedad de Emilio Azcárraga se empeña en concretar su alianza con Grupo Iusacell, de Ricardo Salinas, y para ello somete y aplasta a los organismos que, como la Cofetel y la CFC, deberían regular y poner freno a la voracidad de estos gigantes de las telecomunicaciones.

Grupo Televisa hará todo cuanto esté a su alcance a fin de obtener la autorización definitiva de los cinco integrantes de la Comisión Federal de Competencia (CFC) para adquirir 50% de Grupo Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. También debe remontar la “peor crisis de imagen pública” que enfrenta debido a las protestas de los jóvenes universitarios agrupados en torno al movimiento #YoSoy132, que acusan a la televisora de ser monopólica, manipular la información y tener un arreglo político-publicitario a favor del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con fuentes bursátiles, a Azcárraga Jean no sólo le interesa salvar la ambiciosa operación de mil 600 millones de dólares mediante la cual adquirió deuda convertible en acciones para poseer 50% de Grupo Iusacell.

Al Tigrillo, como se le conoce en el mundo empresarial, también le interesa que las críticas en contra de Grupo Televisa no pongan en riesgo su inversión de más de mil 200 millones de dólares en Univisión, la cadena de televisión más importante en habla hispana en Estados Unidos, anunciada desde diciembre de 2010.

Si en Estados Unidos limitan la inversión de Televisa en Univisión, se impediría la consolidación de dos nuevas aventuras empresariales de Azcárraga Jean: crear un canal de noticias en español, al estilo de lo que fue Eco –creado por su padre Emilio Azcárraga Milmo– , y comercializar el Teletón Latino, a semejanza del que se realiza desde hace tres lustros en México.

En menos de un mes, las críticas hacia Televisa han abandonado los círculos de especialistas en derecho a la información para salir a las calles de la Ciudad de México y de otras capitales de las entidades del país. En mayo reciente el periódico The Wall Street Journal publicó dos amplios reportajes que destacan las crecientes protestas en contra del consorcio encabezado por Azcárraga Jean.

El día 23, el diario estadunidense, que es referencia en el mundo financiero, destacó que las protestas de miles de estudiantes se dirigen contra los dos grandes consorcios televisivos, a los cuales acusan de coludirse a favor del candidato que encabeza las encuestas en la elección presidencial.

La nota, firmada por Nicholas Casey y José de Córdoba, subraya que Televisa y TV Azteca controlan 95% de las señales de televisión y que se negaron a transmitir en sus canales de mayor audiencia el primer debate presidencial.

Como respuesta a la ola de críticas, Azcárraga Jean anunció en su cuenta de Twitter:

“Porque #TelevisaTeEscucha transmitiremos el segundo debate presidencial por canal 2. Primera emisión de un debate por este canal.”

El anuncio no modificó la animadversión del movimiento #YoSoy132 hacia la televisora más importante del país. El miércoles 30, miles de estudiantes reunidos en la explanada de Ciudad Universitaria, de la UNAM, tuvieron como principal punto de consenso exigir la democratización del régimen de medios de comunicación masiva en México.

Azcárraga Jean acudió de nuevo a las redes sociales para congraciarse con los jóvenes. El jueves 31, el presidente de Televisa presumió que está a favor de la “tercera cadena” de televisión y respaldó la declaración formulada un día antes por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), Alejandro Puente, uno de los candidatos a senador por el Movimiento Ciudadano que ha sido señalado como parte de la futura “telebancada”.

“De acuerdo con lo dicho por la Canitec ayer. Sí a la tercera cadena de televisión. Lo dije desde hace semanas en The Wall Street Journal”, escribió Azcárraga Jean en su cuenta @eazcarraga.

Un segundo mensaje en Twitter establece un link a la declaración que el presidente del Grupo Televisa realizó el 22 de marzo ante el periódico estadunidense:

“México está cambiando para bien. Televisa también. Así debe hacer alguien con la visión, el talento y el prestigio de Carlos Slim.

“Damos la bienvenida a la competencia en televisión”, afirmó Azcárraga Jean, y se quejó de que Slim, principal accionista de Telmex y América Móvil, “ha peleado con uñas y dientes para bloquear la competencia en telecomunicaciones”.

Azcárraga Jean declaró en esa nota del 22 de marzo que estaría de acuerdo con la licitación de nuevas cadenas de televisión abierta “siempre y cuando las reglas creen un terreno parejo para la competencia”. No especificó a qué reglas se refería.

Las declaraciones de Azcárraga Jean coincidieron con la inauguración de la 81 Convención del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), organismo cúpula de los concesionarios de medios electrónicos.

En esa reunión, Tristán Canales, presidente de la CIRT y candidato de la “telebancada” del PRI al Senado, afirmó que los concesionarios de radio y televisión realizarán “una cobertura de esta recta final de la contienda, con un ejemplo de civilidad, diálogo y tolerancia, para beneficio de todos los mexicanos”.

Frente a Felipe Calderón, Canales, también presidente de TV Azteca, afirmó que están a favor de la competencia en la televisión abierta.


Problema de Estado

 Por lo pronto, el balón está en la cancha de la Comisión Federal de Competencia, el organismo que el 24 de enero pasado resolvió en una sesión privada rechazar por tres votos contra dos la fusión de Grupo Televisa y Grupo Iusacell, por considerar que se creaban incentivos para acrecentar las prácticas monopólicas de las dos grandes compañías televisivas.

Al día siguiente de que se diera a conocer oficialmente la resolución de la CFC (1 de febrero), las acciones de Grupo Televisa bajaron 3.25% en la Bolsa Mexicana de Valores y 2.30% en Estados Unidos, para acumular una pérdida de 12% hasta esa fecha de 2012.

Grupo Televisa y Iusacell interpusieron un recurso de reconsideración para que la CFC modifique su dictamen. El organismo tiene como fecha límite el 15 de junio para dar a conocer su decisión final. Todo parece indicar que entre el 4 y el 11 de junio se efectuará la discusión en el pleno.

Hasta ahora, informes internos de la CFC indican que los tres comisionados que votaron en contra de la fusión se mantienen en su voto: Eduardo Pérez Motta, presidente, Rodrigo Morales Elcoro y Miguel Flores Bernés.

Fuentes internas del organismo revelan que las discusiones con los representantes de Grupo Televisa, encabezados por su vicepresidente Alfonso de Angoitia, han sido muy intensas. La empresa no está dispuesta a ceder la propiedad de ninguno de los cuatro canales que detenta (tres de cobertura nacional) ni tampoco a someterse a regulaciones estrictas en el mercado de contenidos en señal restringida.

La decisión es clave para Grupo Televisa porque los mil 600 millones de dólares ya están invertidos en Grupo Iusacell. La empresa de Ricardo Salinas Pliego se ha negado a concretar una tercera posibilidad: vender 100% de la compañía y así evitar que existan incentivos para que las dos televisoras se alíen en materia de contenidos. En Televisa saben que difícilmente Salinas Pliego estaría dispuesto a devolver una parte de los mil 600 millones de dólares invertidos en una operación anunciada en abril de 2011.

Fuentes internas de la CFC indicaron a Proceso que la resolución final aún no es clara. En todo caso, le correspondería a Grupo Televisa establecer un compromiso para eliminar la alta concentración que mantiene en materia de producción, distribución y comercialización de sus contenidos audiovisuales.

“Televisa se ha convertido en un problema de Estado. Su poder ha vuelto a ser tan incómodo para los distintos niveles de gobierno como ocurrió durante la época de Emilio Azcárraga Milmo”, reflexionó Jorge Álvarez Hoth, exsubsecretario de Comunicaciones durante el sexenio pasado, en charla con este semanario.

Álvarez Hoth, quien trabajó para Grupo Televisa como impulsor de la empresa Sky, la segunda más importante del consorcio, pronosticó que al interior del corporativo deberán hacerse ajustes muy importantes para que el consorcio deje de ser un problema político para el gobierno.

Desde antes que se diera a conocer el resultado de la primera votación de la CFC, Álvarez Hoth advirtió que el mayor riesgo de aprobar una fusión entre Televisa y Iusacell era la creación de un “monopolio de la opinión pública”, ya que ambos corporativos –como un duopolio– controlan los principales espacios informativos, de análisis y de opinión en la televisión abierta, la televisión restringida, la prensa y los noticiarios radiofónicos.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) hizo pública una carta enviada a los cinco comisionados de la Comisión Federal de Competencia (CFC) para expresar su desacuerdo con que se autorice la fusión Televisa-Iusacell.

“Nada ha cambiado en el control del mercado ni en la presencia pública de Televisa y TV Azteca. Al contrario, durante las semanas recientes la sociedad mexicana ha conocido nuevos desplantes de autoritarismo y manipulación de las televisoras”, afirmó este organismo dirigido por Aleida Calleja.

Y agregó: “Sin duda hay presiones fuertes para modificar la decisión de la CFC. El duopolio televisivo acostumbra respaldar sus labores de cabildeo con insolentes chantajes en contra de los funcionarios públicos que no complacen sus exigencias. Frente a tales amagos tendrían que prevalecer las convicciones en la urgencia de enfrentar a los monopolios y para favorecer un mercado capaz de servir y no expoliar a la sociedad mexicana”.

La Amedi exhortó a la CFC a mantener su rechazo a la fusión Iusacell-Televisa, expresado el 24 de enero de 2012, cuando tres de los cinco comisionados se opusieron.

“Sin ser autorizada la concentración, Televisa y TV Azteca ya se coludieron para incrementar las tarifas publicitarias, para negar los espacios publicitarios a competidores de televisión restringida, para repartirse las transmisiones deportivas, para compartir entre sí a conductores y artistas y para no transmitir en cadena nacional el primer debate a la Presidencia de la República.

“La decisión acerca de la fusión Televisa-TV Azteca en el negocio de la telefonía celular ocurrirá en una coyuntura especialmente sensible. No sólo estamos a cuatro semanas de que terminen las campañas electorales. Además, la preocupación por la escasez de opciones en la televisión y las costumbres acaparadoras que controlan ese medio inquietan hoy a importantes grupos de ciudadanos”, remató el comunicado de Amedi.


Subordinación


El proyecto de licitar dos nuevas cadenas de televisión abierta en tecnología digital, así como acelerar el proceso de transición de la televisión analógica a la digital fue enviado a la “congeladora” de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), desde el 25 de enero pasado.

Mony de Swaan, presidente de este organismo colegiado y principal impulsor de ambos proyectos, quedó sólo frente a la oposición de los otros cuatro comisionados: Gonzalo Martínez Pous, Alexis Milo, Ernesto Gil Elorduy y José Luis Peralta Higuera. De los cuatro, sólo este último se ha opuesto de tiempo atrás a la licitación de nuevas cadenas de televisión abierta. Argumenta que es mejor utilizar ese espectro para telecomunicaciones y fortalecer a los medios públicos agrupados en el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), entidad creada por el gobierno de Felipe Calderón.

En los otros casos, todo parece indicar que se trata de una “línea” marcada desde Los Pinos, tal como se deja entrever en la versión estenográfica de la sesión de la Cofetel, celebrada el 25 de enero, y cuya copia obtuvo Proceso.

Durante esa sesión, Martínez Pous, Milo y Gil Elorduy coincidieron en posponer la decisión sobre las nuevas licitaciones y acortar las fechas del “apagón analógico”.

Martínez Pous mencionó que un día antes de la sesión hubo una reunión en la Consejería Jurídica de Los Pinos. Después de ese encuentro, él decidió que no “está completamente resuelto” el asunto de las nuevas licitaciones ni el cambio de fecha del llamado “apagón analógico”.

Acerca de esa reunión el comisionado expresó:

“Lo de la Consejería Jurídica ayer no está resuelto. Fue una junta inicial, donde finalmente tomamos algunos acuerdos preliminares y ellos iban a trabajar para, finalmente, tomar junto con la Secretaría (de Comunicaciones y Transportes) y con nosotros una posición congruente y ver si se puede llevar a cabo o no.”

En el debate, De Swaan insistió en que no existe “impedimento técnico alguno para licitar nuevos canales de televisión. Hoy estamos presentando el programa de licitaciones con los cambios realizados”.

Martínez Pous le recordó al comisionado presidente que en una reunión anterior “acordamos ciertas circunstancias respecto al timming (sic), para poder eventualmente votar este proyecto. Cuando haya el mismo caso que estemos de acuerdo en subirlo, pues lo subimos y lo votamos, más allá de que se lleven a cabo las observaciones”.

Finalmente, cuatro de los cinco comisionados de la Cofetel decidieron en esa sesión del pleno aplazar la decisión de licitar nuevos canales de televisión.

 *Tomado de la revista Proceso.

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